Cifuentes planea compensar a los expresidentes de Madrid tras su despido del Consejo Consultivo
Cristina Cifuentes no ha decidido aún cómo va a solucionar la patata caliente que le ha caído al dejar sin sus cargos vitalicios en el Consejo Consultivo a los expresidentes del Gobierno madrileños, Joaquín Leguina, Alberto Ruiz-Gallardón e Ignacio González, por lo que ingresaban 5.500 euros netos al mes. Según afirma Leguina a eldiario.es, la presidenta regional le adelantó durante la reunión que ambos mantuvieron a finales de julio, que su intención era redactar un estatuto para los expresidentes similar a los que existen en otras comunidades autónomas y que aprobaría “por decreto”. “Cifuentes no tiene por qué pactar la fórmula con la oposición porque los decretos los hace el Gobierno, no los hace la Asamblea de Madrid”, asegura el expresidente regional.
A aquella reunión no acudió Ruiz-Gallardón, como en un principio estaba previsto. El exdirigente del PP, aunque también está molesto por la decisión de Cifuentes, excusó su presencia y, desde entonces, ha guardado un prudente silencio.
El proyecto de ley que consumará la supresión del Consejo fue aprobado por el gobierno regional el 1 de septiembre y será tramitado por la vía de urgencia y en lectura única. Cifuentes se ha visto obligada a echar el cierre a este órgano consultivo en cumplimiento del pacto que firmó con Ciudadanos al inicio de la legislatura para garantizarse su investidura. El anuncio, aunque ya era conocido, ha sentado muy mal a sus antecesores, que lo ven como una claudicación política.
Sin embargo, el único que hasta ahora ha expresado públicamente su enfado ha sido Joaquín Leguina. El expresidente socialista ha criticado a Cifuentes por considerar que la eliminación de Consejo regional es una decisión “absurda” ya que se mantiene en otras comunidades, y “un grave error”. “Solo sirve para echarnos a nosotros de un plumazo”, manifiesta Leguina, en referencia a él, Gallardón y González. Este último apenas lleva dos meses en el cargo, al que se incorporó a sabiendas de que pronto iba a desaparecer. Su decisión indignó a Ciudadanos y provocó un fuerte malestar a la propia Cifuentes.
“Nos están tratando como si fuéramos delincuentes”, opina Leguina. Según sostiene, el Consejo “es muy útil” y “trabajar allí no es ningún chollo como se está diciendo”. “Todo esto es una farsa”. “Los conflictos que nos presentan los ciudadanos suponen muchas horas de trabajo de despacho, aunque solo nos reunamos una vez a la semana”. Además, afirma que el Consejo “ahorra dinero a la Administración” al evitarle “costosos y, en algunos casos, largos litigios”.
Leguina desvela que a finales de julio, cuando se reunió con Cifuente para saber qué iba a pasar con ellos, la presidenta regional le aseguró que tenía pensado aprobar un decreto para impulsar el estatuto del expresidente de Madrid, que ahora no existe.
Fue Gallardón el que, durante su mandato, aprobó un decreto para que los expresidentes regionales –por entonces únicamente Leguina- pudieran tener coche oficial, chófer, despacho y asistente. El decreto no incluía remuneración o dietas de ningún tipo y estaba pensando a medida de Leguina. Gallardón no llegó a desarrollar aquel decreto en un posterior estatuto para expresidentes.
Según fuentes del gobierno regional, la presidenta no se planea otorgar asignación económica a los expresidentes, que tampoco tendrán derecho a indemnización alguna por dejar sus cargos de consejeros vitalicios. Pero Cifuentes sí cree que hay que dar “la dignidad que se merece” al cargo y establecer su reconocimiento protocolario. Para ello, va a estudiar los modelos estatutarios que existen en algunas comunidades autónomas. En Galicia, por ejemplo los expresidentes pueden elegir entre entrar en ese órgano consultivo o cobrar de por vida el 60% del sueldo.
La presidenta regional avanzó hace unos días su intención de consultar todo este asunto con los demás grupos parlamentarios, especialmente con su valedor, Ciudadanos, pese a lo que mantiene Leguina.
El expresidente socialista, de 74 años, asegura que en cuanto entre en vigor el proyecto de ley de supresión del Consejo Consultivo se jubilará. “Yo he trabajado en lo público desde la mili y he cotizado cuarenta y tantos años a la Seguridad Social así que tengo derecho a la pensión máxima. Espero que no me la quiten también”, ironiza. En sus planes entra también seguir escribiendo libros, colaborar en prensa o con una fundación cultural, “porque tengo un currículo bastante mejor que la mayoría de los diputados de este momento”, concluye.
La supresión del Consejo va a suponer un ahorro de 2,3 millones de euros para las arcas de la Comunidad de Madrid. De las 44 personas que hay trabajando en ese organismo y que tendrán que ser reubicadas en otros departamentos de la Administración, once de ellas son altos cargos; cinco, personal eventual, y 28 son funcionarios. Cifuentes ha afirmado que “lógicamente a estas personas hay que seguir pagándoles aunque vayan a realizar otras funciones”.
