A la motosierra, más motosierra. El nuevo recorte del Gobierno de Javier Milei deja a la salud pública en estado crítico. Frente al ataque contra un derecho esencial y bajo el lema “la salud no puede esperar”, miles de trabajadores sanitarios han marchado este miércoles desde el Ministerio de Salud argentino hasta la Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires, después de que el Ejecutivo ultraderechista anunciara la reducción de 63.000 millones de pesos (más de 38 millones de euros) en las partidas destinadas a este sector para este año.

Se trata de un recorte de los fondos dirigidos al fortalecimiento de los sistemas provinciales de salud y afecta a la distribución de medicamentos, insumos y tecnología médica. Y se suma al desmantelamiento de programas esenciales que ha habido durante los dos años y medio de gestión de La Libertad Avanza –el partido ultra de Milei–, cuyo impacto afecta principalmente a los sectores más vulnerables: personas mayores, con discapacidad, en situación de pobreza y con enfermedades graves o crónicas. Además, el ajuste resta dinero a la lucha contra el cáncer, al Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (encargado de los trasplantes), a la distribución de vacunas y la prevención de enfermedades de transmisión sexual –que están creciendo, como la sífilis–.

Norma Chiacho, enfermera de un hospital público, lo resume así a elDiario.es: “La situación es crítica desde que asumió Milei: recortes de insumos, salarios bajísimos, el mío no llega a un millón de pesos (600 euros) y sobrecarga de trabajo, porque la clase media ya no puede pagar privados y viene al hospital público y estamos colapsados. Este Gobierno nos está matando”.

El Ejecutivo también anunció que reemplazará el programa 'Remediar' por un esquema enfocado solo en patologías cardiovasculares. Remediar está vigente desde el año 2002 y distribuye alrededor de 70 medicamentos en 8.000 centros de salud de todo el país, con unos 19 millones de beneficiarios con enfermedades crónicas.

Macarena Sabin Paz, coordinadora del equipo de Salud y vida independiente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), señala a elDiario.es que la disolución de áreas clave como la Dirección Nacional de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) provocó muertes por falta de acceso a medicamentos oncológicos. “Durante los primeros meses de 2024, el Gobierno decidió desmantelar el Instituto Nacional del Cáncer y disolver la DADSE, que era un área específica para brindar tratamientos, medicamentos oncológicos y de altísimo costo, y se murieron 60 personas con cáncer esperando recibir sus medicamentos”.

En esa línea Cristina Ceruli, directora del Hospital Piñeiro de Junín, en la provincia de Buenos Aries, señala el efecto del recorte de planes por parte del Estado nacional. “El programa de salud sexual está casi desierto, no nos mandan preservativos, ni anticonceptivos. El programa de salud perinatal se ha desmantelado, ha aumentado la mortalidad infantil del 6% y también creció la mortalidad materna. El ajuste que hace en salud se traduce en muerte”.

El último dato oficial revelado es de 2024, el primer año del Gobierno ultra, y como informó este medio, indica que la tasa de mortalidad infantil llegó a 8,5 muertes por cada 1.000 niños nacidos vivos. Ello se traduce en un aumento del 6,25% en comparación con el registro de 2023, cuando el indicador era de 8 muertes por cada 1.000.

Es por eso que la experta Sabin Paz agrega otro dato preocupante, para un Ejecutivo que no duda en aplicar la motosierra, que es la baja en los índices de vacunación. “La mitad de los niños de menos de 5 años no tienen el esquema de vacunación completo, que evita enfermedades graves como la tos convulsa, que ya tiene 14 bebés fallecidos. Hubo rebrotes de sarampión, enfermedades que no eran un problema epidemiológico para Argentina”.

Una semana después de la multitudinaria protesta de los universitarios, los trabajadores sanitarios se han concentrado frente a la Casa Rosada en Buenos Aires y también ha habido marchas en otras ciudades de Argentina, en provincias como Chaco, Jujuy y Entre Ríos. Es que la salud y la educación públicas van de la mano. Los hospitales que dependen de las universidades públicas ya han advertido que, si el Ejecutivo no envía los recursos previstos en la Ley de financiamiento universitario, los centros médicos “en un mes y medio ya no podrán funcionar”.

Se trata de un claro mensaje en las calles contra el ajuste de un Gobierno que sigue los pasos de la Administración de Donald Trump y ha retirado a Argentina de la Organización Mundial de la Salud, a pesar de los nuevos problemas a nivel internacional, como el brote de hantavirus.

Qué empeño del PP por inocularnos, a la gente de Andalucía, el virus del desánimo. Qué afán el de Moreno Bonilla por autonombrarse ya presidente de la Junta para que quienes ansiamos una alternativa que nos proteja de sus políticas demos la esperanza por perdida y este domingo 17 no vayamos a votar. Y cómo lo vi venir y, ya la semana pasada, os advertí de que, hecho un liante, nos iba a intentar distraer. Vaya maniobra de marketing lanzar un videoclip, para tapar lo importante. Mientras, además, intentaba censurar canciones reivindicativas del Carnaval de Cádiz, amordazar el cantar de nuestro pueblo (que podéis oír aquí).

En verdad, la gente votamos; la gente decidimos. Y la campaña electoral ha demostrado que, al fin, hay la alternativa que pedíamos frente al privatizador Bonilla, destructor de lo público e impulsor de desigualdad.

La duda puede estar, y está entre ciudadanía progresista, en a cuál de las tres izquierdas es mejor votar para evitar un tercer mandato de Moreno, letal para los servicios públicos. Letal para gente, con nombres y apellidos, como las mujeres, víctimas de cáncer, que esta semana han contado sus casos en un emocionante #MeToo sanitario. Porque, como han alertado los científicos, durante la Junta de Bonilla, de 2019 a 2024, en Andalucía ha habido 3.701 muertes por cáncer que podían haberse evitado.

La duda puede ser a cuál de las tres izquierdas votar. Pero no si quedarnos en casa. Porque, como el bulle bulle progresista pedía, el PSOE ha puesto al frente a la Montero, IU-Sumar y Podemos se han unido en Por Andalucía con Maíllo y Adelante Andalucía, con José Ignacio García, suma votantes nuevos, abierta a cooperar.

Lo que no se puede dudar es si quedarnos en casa o ir a votar:

Hay mimbres para dar la sorpresa. Y Andalucía es maestra en sorprender.

Andalucía soberana

Sorprendimos en la Transición cuando se nos quiso imponer ser una autonomía de segunda, frente a Cataluña, Galicia y País Vasco. Y, entonces, al negarnos, determinamos el carácter igualitario de la estructura autonómica española. Pero también fuimos imprevisibles hace menos:

Igual que en las autonómicas de 2012, Javier Arenas (PP) ganó pero no gobernó y en las de 2018 ganó Susana Díaz (PSOE) pero quien gobernó fue Moreno Bonilla (PP), apoyado por Cs y Vox, este 17M, las izquierdas de PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía pueden ganar o sumar lo bastante para, juntas, gobernar.

Nada impide que este domingo 17M, de nuevo, las y los andaluces contradigamos esa supuesta reelección de Moreno que dictan encuestas que en el pasado ya se equivocaron.

Amigas víctimas de los recortes

Seguro que hay andaluzas y andaluces que votaron a Moreno y ahora sufren cáncer o conocen a quien lo padece por el desastre de los cribados, fruto de sus recortes en sanidad pública. Sólo en mi casa, como escribí la semana, mi madre y yo tenemos, cada una, a una gran amiga afectada, y ambas descubrieron su enfermedad, aún a tiempo de tratarla, gracias a que la periodista Mercedes Díaz (SER) destapó las negligencias de la Junta.

Seguro que incluso andaluzas y andaluces que en su día votaron a Moreno Bonilla ahora tienen cáncer o conocen a quien sufre esa u otras enfermedades agravadas por sus recortes. E indignados por las mentiras y el frívolo videoclip con que él quiere tapar la verdad, este 17M van a votar a quienes sí pongan los medios para salvar a los enfermos.

Esta semana, mi amiga afectada por el retraso en diagnóstico y tratamiento de cáncer, la lúcida profesora de Periodismo de la Universidad de Sevilla, María Lamuedra, ha dado el paso de contar su caso, dentro del #MeToo sanitario.

¿Cómo, además de haber causado tanta enfermedad y sufrimiento con tal de beneficiar el negocio de la privada, Moreno se permite mentir y decir que él querría indemnizar a las afectadas pero se lo impiden sus servicios jurídicos? ¿Cómo sigue negando que hayan muerto mujeres por su política sanitaria, cuando le constan seis casos, entre ellos los de Carmen Ríos, Inmaculada González y Purificación Fernández?

¿Cuántos estamos en peligro por el uso de material sanitario caducado, como el que, esta semana, ha desvelado el compañero Néstor Cenizo de elDiario.es Andalucía que ha pasado, impunemente, en el hospital comarcal de la Axarquía (Málaga)?

Cantar y bailar está genial. ¿A quién no le gusta? Pero queremos estar sanas y tener a nuestra gente sana con nosotras para compartir la vida y la fiesta. Cargarse a posta la sanidad pública y celebrarlo cantando, pese al dolor de las víctimas y sus familias es ofender y herir. A los afectados y a cualquiera con la más mínima empatía y sensibilidad.

A mí no se me va de la cabeza mi añorada amiga, fundadora y directora de elDiario.es Andalucia, Lucrecia Hevia. Lucre, muerta de cáncer, a los 49 años, el 7 de julio de 2025, no hace ni un año, mientras su hermana, con la misma enfermedad, pero viviendo en Bilbao, se ha salvado. Lucre, promotora del mejor periodismo y sociedad, por lo que la APS nos invita a cuantos más mejor a firmar para que le pongan una calle en Sevilla, como faro democrático. No sé si ella podría haberse librado de morir tan joven, como debieron hacerlo las 3.701 víctimas de cánceres evitables en Andalucía entre 2019 y 2024. Pero, como la vi padecer el deterioro sanitario público, no se me va del pensamiento.

Juan Manuel Moreno, que la conocía, que le negó sistemáticamente entrevistas hasta que esta campaña electoral, al fin, ha decidido darnos la primera, cuando ya era tarde para que se la hiciera ella, debería recordarla, como a todas las damnificadas por sus políticas. Cortarse un poco. Ser más respetuoso.

Frente a su frivolidad y su doble cara, votemos. Votemos por las que ya no están y para protegernos quienes seguimos vivos, de enfermedades y desigualdad. Votemos, votemos y votemos, esperanza y progreso. Acallemos, con nuestros votos, los dañinos cantos de sireno. Y alcemos nuestro propio canto, comprometido con cuidarnos.

En el año 2012, el Gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha aprobó varios recortes, justificados en la crisis financiera de 2008. Entre otras medidas, suspendió la carrera profesional sanitaria en la comunidad, congelando el reconocimiento el pago de nuevos grados de carrera para los trabajadores del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Lo hizo mediante la Ley 1/2012 de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales.

Hoy 14 años después, otro gobierno, el que encabeza el socialista Emiliano García-Page, ha firmado un acuerdo con siete sindicatos para recuperar ese derecho perdido. Lo hace, eso sí, once años después de llegar a la Presidencia de Castilla-La Mancha, reconociendo que le gustaría haberlo hecho “antes”.

El mismo Partido Popular que suspendió la carrera profesional sanitaria es hoy el más crítico, paradójicamente. Tras el acto de firma de un documento entre el Gobierno regional y los sindicatos que sienta las bases para reactivarla, el vicesecretario de Comunicación del PP de Castilla-La Mancha y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes, Santiago Serrano, dice que “no es ningún logro del PSOE, sino la consecuencia de 11 años de engaños de Emiliano García-Page a los profesionales sanitarios”.

Lo que ha criticado no es que su partido suspendiera el derecho, sino que haya sido “un recorrido marcado por promesas incumplidas, excusas y negativas reiteradas”, y ha lamentado que no se hiciera antes.

Hasta ha atribuido a la “presión” del propio Partido Popular, junto a sanitarios y sindicatos, que se vaya a recuperar y lo considera “un acto de justicia que se ha hecho demorar demasiado tiempo”.

El PP no se cree los argumentos del Gobierno regional para la demora y cita la “supuesta necesidad de una ley específica, la falta de financiación o incluso la advertencia de recortes en personal e inversiones. Todo era falso y Page solo buscaba justificar la inacción”, en su opinión.

La decisión “nefasta” para la Sanidad que tomó un Gobierno del PP

Para rematar la crítica, Serrano ha dicho que la demora, aunque no la supensión de la carrera profesional, ha tenido consecuencias “nefastas” tanto para los profesionales como para los pacientes de Castilla-La Mancha y que eso ha afectado “directamente a la calidad asistencial”, sin citar el papel jugado por su partido en todo este proceso.

Para Santiago Serrano, el PSOE no debe usar la medida como “propaganda” y cree además que debe entenderse como “una obligación que el Gobierno regional ha incumplido durante más de una década”.

En una pirueta dialéctica y sin citar en su momento la responsabilidad del PP en esta cuestión llega a hablar de la “rectificación obligada” de “errores que han perjudicado gravemente a la sanidad de Castilla-La Mancha”.

Que se recupere, que sea para todos los grados y para todos los profesionales, y que por fin los sanitarios de Castilla-La Mancha no tengan que sentir que están menospreciados

Paco Núñez — Presidente del PP de Castilla-La Mancha

En la misma línea se pronunciaba después el presidente regional del PP. Paco Núñez celebraba hoy el pacto logrado hoy por el presidente regional, Emiliano García-Page, para recuperar la carrera profesional sanitaria en la región, si bien ha dicho que la “pena” es que llegue no solo once años después de lo prometido, sino además tras 63 votaciones en Cortes de Castilla-La Mancha con otros tantos rechazos socialistas en los últimos años, según recoge Europa Press.

“El Partido Socialista de Castilla-La Mancha ha votado que no a una carrera profesional que llega después de muchas mentiras”, ha dicho a preguntas de los medios, asegurando que primero se dijo que haría falta una ley, ahora no, o incluso “que habría que despedir a trabajadores”.

Ha recordado también las palabras del presidente García-Page al vincular en su discurso del Debate sobre el Estado de la Región del pasado año esta recuperación a un nuevo modelo de financiación autonómica.

Lo importante para Núñez, en todo caso, es “que se recupere, que sea para todos los grados y para todos los profesionales, y que por fin los sanitarios de Castilla-La Mancha no tengan que sentir que están menospreciados”.

En 1994, el Albaicín, uno de los barrios más importantes de Granada, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sus calles, sus vistas a la Alhambra, su encanto, su vida y su magia, han hecho de este lugar un espacio obligatorio de visita. Sin embargo, desde hace ya más de 20 años, su belleza, como mayor virtud, se ha convertido también en su mayor enemigo porque ha atraído tanto turismo que la gentrificación y la pérdida de identidad y servicios está ahogando a los lugareños. Una pérdida de servicios que está a punto de cobrarse lo que para muchos sería su “golpe mortal”: el cierre del centro de salud más accesible del barrio.

La Junta de Andalucía tiene previsto clausurar el ambulatorio de Fortuny-Velutti, situado en la calle Tinajilla precisamente desde 1994 y que da servicio a más de 8.000 vecinos del Albaicín. Se trata, junto con el ambulatorio ubicado al lado del mirador de San Nicolás, del edificio que da cobertura sanitaria a un barrio notablemente envejecido y que necesita de este recurso. Paradójicamente, su ubicación actual era temporal porque se trasladó a la espera de buscar un nuevo emplazamiento, que ahora directamente se desecha. Además, a diferencia del de San Nicolás, el de Fortuna-Velutti, se sitúa a las faldas del barrio del Albaicín, por lo que para llegar a él no es necesario subir y bajar las cuestas que sí rodean al ambulatorio de San Nicolás. Algo relevante teniendo en cuenta la edad y los problemas de movilidad de quienes suelen recurrir a un centro de salud.

No obstante, la Consejería de Salud lo cerrará para trasladar a sus 8.000 pacientes a otro centro situado en Gran Capitán, a pocos minutos a pie del actual consultorio, pero lo suficientemente lejos y desconectado por transporte público como para suponer un problema de desplazamiento para los usuarios. El argumento oficial de la Junta es que el traslado se realiza porque el actual centro de salud está en un edificio alquilado y que no está adecuado a las necesidades de los usuarios por haberse quedado pequeño. Pero la realidad que describen pacientes y asociaciones difiere de esa hipótesis.

Un cierre sin vuelta atrás

Desde la Junta de Andalucía dan por hecho el cierre antes de verano. En respuesta a las preguntas planteadas por elDiario.es Andalucía, el Ejecutivo autonómico evita hablar de alternativas y presenta la clausura como un mero “traslado” inevitable. “El consultorio Fortuny Velutti se traslada al centro de salud Gran Capitán para mejorar la atención sanitaria en condiciones más adecuadas”, señalan desde el Distrito Sanitario de Atención Primaria Granada-Metropolitano, que asegura que no habrá cambios en los profesionales de referencia ni en la continuidad asistencial.

Según la Consejería, el local de Tinajilla, de 442 metros cuadrados, “no permite cumplir adecuadamente con los estándares asistenciales actuales” debido a la falta de espacio, las consultas compartidas y la ausencia de servicios complementarios. Frente a ello, el centro de Gran Capitán ofrece “instalaciones amplias, equipamiento renovado, servicios diagnósticos, una zona materno-infantil humanizada y un SUAP operativo las 24 horas”. Un relato de mejora que choca con la percepción de quienes viven en el barrio.

Las asociaciones vecinales del Albaicín y del Bajo Albaicín llevan meses alertando de que el problema no es la calidad del centro de destino, sino la pérdida de un servicio esencial dentro del propio barrio. “No se trata sólo de dónde te atienden, sino de poder llegar”, señalan desde el movimiento vecinal, que recuerda que el Albaicín es uno de los barrios con mayor índice de envejecimiento de la ciudad. Para muchas personas mayores, bajar hasta Gran Capitán implica recorrer tramos largos, mal comunicados y, en algunos casos, impracticables sin ayuda.

Ese es el caso de Belén López, una vecina del Albaicín desde hace más de 20 años. Vive en pleno Paseo de los Tristes y a sus 63 años está teniendo que acudir más de lo deseable al centro de salud de Fortuna-Velutti. Niega el argumento de la Junta de que el ambulatorio no pueda dar el servicio que necesita el barrio: “Es un centro pequeño, pero funciona bien. Normalmente está tranquilo, no hay aglomeraciones ni colapsos, y las citas van mucho mejor que en el centro al que nos quieren trasladar”.

“Nunca he visto la sala de espera llena. Voy bastante al centro de salud y tengo fotos de distintas horas del día en las que está prácticamente vacío”, explica Belén. Esta vecina, que pertenece también a la asociación Albayzín Habitable, que lucha por acabar con la gentrificación del barrio, considera que la Junta ha optado por un planteamiento que ignora los problemas de movilidad y el envejecimiento de los lugareños. “Dicen que el centro de Gran Capitán está a siete minutos andando, pero no tienen en cuenta a las personas con movilidad reducida, a la gente mayor o a quienes van enfermas. Para nosotras no es un centro de salud operativo”.

Problemas asociados

Además, denuncian que la Junta obvia propuestas alternativas trasladadas formalmente, como la adecuación del actual espacio, la búsqueda de otro local dentro del barrio o una reforma que permita mantener el servicio en una zona accesible. “No se ha estudiado ninguna opción real para que el Albaicín no pierda su centro de salud”, insisten. Desde la Mesa por la Sanidad Pública de Granada, Marta García va más allá y entiende que falta voluntad política porque los traslados previstos no tienen en cuenta distintas problemáticas.

Sin ir más lejos, el hecho de que los usuarios de Fortuny-Velutti pasen a estar en Gran Capitán no solo supone el cierre del centro de salud, sino que se olvida que la ubicación estratégica del primero es una ventaja. Además, como la Junta pretende trasladar parte de los pacientes de Gran Capitán al futuro centro de salud que también se plantea en La Rosaleda, García no tiene tan claro que muchos usuarios vayan a querer marcharse. “Deberían mirar mejor los cupos y mantener al menos Fortuny como un consultorio asociado a Gran Capitán”, propone. Por otro lado, denuncia la “opacidad” con la que se han tomado las decisiones: “No nos ofrecen información y se ignoran nuestras propuestas”.

No obstante, el cierre del consultorio Fortuny-Velutti no es un hecho aislado. Para muchos vecinos se enmarca en un proceso más amplio de vaciado del barrio, donde cada vez es más difícil encontrar comercio de proximidad, vivienda residencial o servicios públicos básicos. La presión turística y el auge de los pisos turísticos han transformado el Albaicín en un escenario cada vez más orientado al visitante y menos pensado para quien lo habita. La desaparición de un centro de salud histórico se suma así a una cadena de decisiones que empujan a los residentes a marcharse.

“Sin centro de salud, el mensaje es claro: este barrio no está pensado para envejecer en él”, lamentan los vecinos. Un mensaje que contrasta con el discurso institucional de planificación y mejora, pero que conecta con una realidad cotidiana de escaleras, cuestas, autobuses inexistentes y servicios que se alejan.

Mientras la Junta defiende que el traslado forma parte de una reorganización “progresiva y dialogada”, en el Albaicín crece la sensación de que la decisión está tomada y que el diálogo llega tarde. Para un barrio que ya ha visto cómo su vida cotidiana se diluye entre souvenirs y apartamentos turísticos, el cierre de su centro de salud más accesible se vive como algo más que una reorganización sanitaria: como otro paso hacia un Albaicín sin vecinos.

Sonia, Ana, Teresa, José Miguel, Genoveva, Antonio o Carmen son los nombres tras los datos que evidencian que la situación de la atención primaria en Almería está desbordada. Ellos, como más de 36.000 ciudadanos que viven en la periferia de la capital almeriense, padecen a diario la falta de recursos que hacen que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) tenga un tapón que afecta a los ambulatorios y que deja sin una atención eficaz a los vecinos. Algo que reconoce, con matices, la propia Junta de Andalucía.

Cansados de la situación, un grupo de ellos, encabezados por Antonio Galdeano, han recogido más de 3.000 firmas y se han personado ante la Delegación de Salud de Almería para que escenas y situaciones impropias del año 2025 dejen de producirse en atención primaria. Consultorios que no abren desde hace meses por problemas en la infraestructura, personas con movilidad reducida que deben trasladarse muy lejos de sus domicilios o el problema común al del resto de Andalucía: la demora para ser simplemente atendidos por el médico de cabecera que se va a más de una semana de espera en la mayor parte de los casos.

Sonia lo intentó la semana pasada. La aplicación le avisó de que alguien la llamaría “en un máximo de 72 horas”. La llamada llegó, sí, pero para decirle que fuera a las siete de la mañana y que hiciera cola porque sólo había cuatro citas disponibles para ese día. “Y luego las salas de espera están vacías. Pero vacías del todo. No lo entiende nadie”, lamenta. Una situación que se repite una y otra vez: pedir cita, esperar entre 10 y 14 días y, si la cosa se complica, acabar en urgencias. Todo mientras la Consejería de Salud había prometido que las citas se darían en menos de 72 horas.

Caos asistencial

Pero la realidad, según denuncian en Marea Blanca Almería, es otra muy distinta: “Nunca se encuentran citas en menos de 7-10 días”, señalan, con ejemplos de demoras que alcanzan los 14-20 días en varios centros de la capital. En los barrios y pueblos que rodean Almería, la situación se agrava aún más. A San José sólo llega una médica por las mañanas y el retraso mínimo en obtener cita es de una semana. En El Pozo de los Frailes, dos días de consulta por semana implican dos semanas de demora.

Y en localidades como El Barranquete, Albaricoques, Los Escullos o La Isleta del Moro, el médico sólo pasa una vez cada siete días. Si alguien sufre una urgencia fuera del horario establecido, debe esperar a que una ambulancia llegue desde El Toyo o Níjar. En una población envejecida, esto no es sólo un problema de gestión: es un riesgo para la salud, según denuncian los vecinos de la zona.

José Miguel, uno de los lugareños afectados por la falta de medios, lo resume: “Somos pueblos pequeños, sí, pero también somos personas. Y aquí la sanidad se ha quedado sin sitio”. En Albaricoques, el consultorio se cerró hace más de seis meses tras derribar el edificio anterior. No hay alternativa habilitada. La única atención primaria con la que cuentan es con la de un número de teléfono que no siempre se coge a tiempo.

Mientras todo esto ocurre, los hospitales viven su propio colapso. Un joven de 29 años, con un sinus pilonidal infectado y drenado en dos ocasiones, tenía programada una cirugía. Sin embargo, se suspendió porque no había tiempo en quirófano debido al retraso acumulado en intervenciones previas: “Se suspende intervención quirúrgica por prolongación de quirófanos previos que ocasiona una falta de tiempo para la correcta realización”, reza el parte médico al que ha tenido acceso este medio. Un caso más que ilustra que el tapón empieza en los centros de salud y termina en los hospitales.

Agotamiento vecinal

Antonio Galdeano explica que la plataforma vecinal que se está plantando contra la Junta de Andalucía surgió porque “esto se ha vuelto continuo y permanente”. Falta de cobertura de bajas, rotación constante de médicos sustitutos o cupos desbordados. Cabo de Gata ronda las 1.900 tarjetas por médico, Retamar llega a las 2.000, muy por encima de la recomendación legal de 1.200. El resultado: un médico de familia que ya no es “el de siempre”, el que conoce tu historial, sino un profesional distinto cada vez y, demasiadas veces, lejano y desconocido.

Desde el Distrito Sanitario de Almería, sin embargo, rechazan que la raíz del problema esté en la falta de personal. Aseguran que la plantilla está “cubierta y reforzada en los últimos años” y que las demoras responden a un “nuevo modelo asistencial” que reduce las consultas por médico -de 60 a 35 al día- para una atención “más personalizada y de calidad”. También anuncian futuras ampliaciones de consultorios y desdoblamientos de cupos en La Cañada, Retamar y Cabo de Gata, con la promesa de ir “de la mano de vecinos y profesionales” para lograr una atención “cercana, equitativa y de calidad”.

Pero los vecinos insisten: llevan desde julio pidiendo una reunión con la Delegación de Salud. La solicitud se reiteró en septiembre. “Silencio total”, denuncia Antonio. Y mientras esperan esa respuesta que no llega, siguen sumando firmas, siguen levantando la voz y siguen recordando que la sanidad pública no debería depender de madrugar para hacer cola, vivir cerca de un consultorio que permanezca abierto o tener la suerte de que ese día haya médico.

Porque para Sonia, Ana, Teresa, José Miguel, Genoveva y tantas otras personas, no hay nada más básico que saber que, si un día se levantan con dolor, su centro de salud va a estar ahí. Y que va a responder.

Podemos Castilla-La Mancha denuncia que el Gobierno de Page, a través de la aprobación de los presupuestos generales de 2026, realiza “recortes sociales, medioambientales y feministas” y también “aumenta progresivamente las privatizaciones en sanidad y educación”. Estos presupuestos ascienden a 12.903 millones de euros, un 1,5% más que en el año 2025.

En ese sentido Irene Arcalá, coordinadora autonómica de Podemos, señala que “estos presupuestos implican una continuidad del legado privatizador de Cospedal, dan la espalda a las necesidades de la clases populares de la región y profundizan la lógica neoliberal de privatización y recortes de servicios públicos”.

Arcalá ha alertado de “las nuevas privatizaciones del PSOE y Page en sanidad, de 5 millones y en Educación, de 2,5 millones, que demuestran que están asumiendo la culpabilidad del escándalo de las mamografías confirmando que su modelo es destinar el dinero de todas y todos a quienes especulan con nuestra vida y nuestro futuro”.

En el sentido de lo anterior, la coordinadora de la formación morada en la región considera “inadmisibles los nuevos recortes que vuelve a haber otro año más”. Podemos justifica sus afirmaciones en “los datos de reducción de presupuesto respecto al del año anterior en partidas como promoción y protección social de las mujeres para entidades locales, gestión y protección de espacios naturales, transporte terrestre, y protección y defensa de los consumidores con recortes porcentuales de un 0,2%, 17%, un 7% y un 3% respectivamente.” Además, Podemos pregunta “por qué ha bajado ese 0,2% en 51.500 euros respecto a 2025 la partida destinada a promoción y protección social de las mujeres para entidades locales, y espera que el gobierno regional confirme que no se merman los servicios públicos de prevención, actuación y protección frente a violencias machistas y las iniciativas de educación afectivo-sexual a nivel local”.

Por último, los coordinadores de Podemos en la región, han querido “desear felices fiestas a la ciudadanía de Castilla-La Mancha y han hecho un balance general de este año 2025 destacando ”el trabajo continuo de Podemos en desenmascarar un gobierno regional que hace políticas de derechas, proponiendo un modelo de región transformador, democrático, social, ecologista y feminista que frene a las derechas y pueda generar más derechos y felicidad para toda la gente en la región“.

Entidades sociales como Cesida, Apoyo Positivo o Médicos del Mundo, entre otras, denuncian “un preocupante desmantelamiento progresivo del compromiso político y económico por parte de la Comunidad de Madrid” mientras, aseguran, viven una “situación límite” por el “repunte de prácticas de riesgo y el aumento de infecciones de transmisión sexual”. En un manifiesto remitido a la Dirección General de Salud Pública y la Consejería de Sanidad, las asociaciones exigen una reunión con esta última para encontrar soluciones que puedan “garantizar la viabilidad, eficacia e impacto de la respuesta comunitaria frente al VIH, las ITS y la atención de los colectivos vulnerables”. 

Según datos de Madrid Salud, la cifra de personas admitidas a tratamiento por 'chemsex' ha escalado desde los 50 de 2017 a 512 en 2022. Los últimos datos reflejan que el 99,1% de los atendidos son hombres. Las ITS no han dejado de aumentar en España en las últimas décadas, según el Ministerio de Sanidad. Desde el inicio de los 2000, se observa un aumento en la incidencia de infecciones de ITS como la gonorrea, la sífilis y la clamidia, especialmente en hombres jóvenes.

“Las entidades comunitarias nos encontramos ante una tormenta perfecta: aumento de la demanda social, complejidad creciente de las situaciones que abordamos y una drástica reducción o ausencia de financiación pública para sostener nuestros programas. Esta situación puede comprometer la respuesta comunitaria del VIH en la región”. El chemsex o sexdopaje —el uso intencional de drogas, principalmente metanfetamina, GHB/GBL y mefedrona en largas sesiones de sexo— es uno de los fenómenos crecientes que, según señalan las asociaciones, carece de una respuesta adecuada: se entrelazan “consumo de sustancias, prácticas sexuales en grupo, exclusión social, y violencia sexual o psicológica, todo ello en ausencia de dispositivos públicos preparados para abordarlo integralmente”.

Señalan que los recursos públicos de la Comunidad de Madrid destinados a estas dos cuestiones —prevención del VIH y atención a usuarios de chemsex— “han sido, en el mejor de los casos, residuales y, en el peor, inexistentes”. Reyes Velayos, presidenta de Apoyo Positivo, explica que desde 2018 el presupuesto que dedica la comunidad a este tipo de proyectos no ha subido de los 500.000 euros. Sin embargo, desde entonces el número de asociaciones ha incrementado, por lo que deben repartir esa dotación entre más entidades resultando en que se reduzcan notablemente las cuentas de cada una. Por ejemplo, los 30.000 euros que recibía Apoyo Positivo en años anteriores, ahora se reducen a 18.000 euros, según asegura Velayos. 

“Los profesionales comunitarios están desbordados”

Además, por el convenio de acción e intervención social, deben afrontar estos recortes presupuestarios mientras incrementan los salarios del personal sociosanitario que trabaja para las asociaciones: hasta un 12% en los últimos 10 años. A esta disminución de fondos se le suma la situación de precariedad que denuncian en el manifiesto: los equipos profesionales comunitarios “se encuentran desbordados en las tareas de gestión, coordinación e intervención dentro de los programas, asumiendo tareas y recepción de casos por encima de los objetivos e indicadores presupuestarios en los proyectos, ya que no hay una respuesta eficaz desde la administración pública”, dicen.

Aunque en años anteriores las asociaciones podían presentar ante la administración un número ilimitado de proyectos que quisieran realizar financiados por el IRPF y gestionados por la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, ahora, denuncia Velayos, sólo tienen permitido presentar un máximo de tres. En el caso de apoyo Positivo, esta restricción les ha llevado a sacrificar un proyecto de sensibilización sobre chemsex, una práctica que, de hecho, fue declarada como problema de salud pública en Madrid en 2017. 

Otra de las cuestiones que critican son las “barreras administrativas y burocráticas” que dificultan el acceso a los programas de prevención y atención de ITS a los colectivos más vulnerables como las personas migrantes, así como la “falta de información y formación de los profesionales sanitarios de atención primaria y de urgencias médicas” en distribución de tratamientos preventivos contra el VIH para personas en riesgo de contraerlo como la PrEP (profilaxis preexposición). 

“La invisibilización del VIH en la agenda política madrileña no sólo perpetúa el estigma, sino que vulnera los derechos fundamentales de quienes viven con el virus y de aquellas personas que se encuentran en situación de riesgo”, añade el comunicado. 

El servicio de urgencias del Hospital de San Pedro está sufriendo en las últimas semanas constantes situaciones de saturación y colapso. El sindicato CSIF ha denunciado este lunes la “enésima saturación” del servicio: “A las 12.30 horas de hoy lunes 7 de julio la situación vuelve a ser descorazonadora tanto para pacientes, como para familiares y trabajadores que están extenuados por la excesiva carga de trabajo que llevan días soportando”.

A este problema se ha unido un fallo en el sistema informático por el que llaman a los pacientes de urgencias a consultar entre las 14 y las 16 horas que ha provocado que el personal tuviera que salir a llamar a los pacientes. Desde Salud han confirmado este problema como un “fallo puntual” y aseguran que se ha solucionado “sin incidencia asistencial”.

En este sentido, afean a los responsables de la sanidad riojana que “no es que no pongan solución, es que no siquiera la reconocen como un problema”. Los datos que aporta el sindicato sobre la situación actual dejan muestra de la situación con tres ambulancias en espera, “una de ellas con paciente en camilla que ya lleva media hora esperando a ser atendido”.

Según CSIF hay ⁠27 pacientes pendientes de ingreso, sin cama de hospitalización asignada porque no hay camas disponibles mientras los controles de las plantas 3D y 4C siguen cerrados. Las salas de observación y de prehospitalización están llenas y se está abriendo el espacio conocido como “toriles” porque no hay otros disponibles.

CSIF exige a la Consejera de salud que “deje de mirar para otro lado y ponga de una vez por todas solución a este problema que está enquistado en la sanidad riojana” y reclama que “por su habitualidad no se puede permitir que se considere normal”. El sindicato subraya que “la solución” es la contratación de más personal: “Es inconcebible que en épocas de mayor demanda sanitaria no se contrate a mas trabajadores para cubrir las vacaciones, sino que lo que se haga sea cerrar controles y distribuir esas personas por el resto de servicios del hospital para cubrirlas”. Mientras, la consejera de Salud responsabiliza a los pacientes del cierre de camas diciendo que no se quieren operar en verano.

Se creó el 13 de marzo de 2025 y desde entonces no han parado. La Plataforma SOS Hospital de Calahorra mantiene intacto el motivo de su creación: dar visibilidad de primera mano a lo que está ocurriendo en el Hospital de Calahorra. María Monllor es una vecina de Calahorra, usuaria del Hospital y miembro de la plataforma. “No se puede parar porque nos jugamos mucho, estamos hablando de vida o muerte”, asevera. Un motivo de peso por el que las personas que forman parte de la plataforma continúan organizando actividades. Las últimas, la asamblea de ayer martes en Calahorra y la concentración simultánea de este miércoles para proteger el Hospital en Alfaro, Arnedo y Calahorra.

Más de 250 personas acudieron a la asamblea celebrada en el Parador de Calahorra, personas, cuenta Monllor, que“nos trasmitieron sus dudas y preocupaciones y que no entienden que se haya reducido el número de enfermeras, no comprenden el organigrama actual del Hospital y ya están padeciendo el retraso de consultas y las derivaciones a clínicas privadas además de las advertencias a los que se niegan a ser derivados a estos centros privados”. Retrasos en las consultas e incluso desaparición de las mismas. Y es que en la asamblea de ayer martes hubo personas que también relataron sus experiencias como una señora que contó el caso de su hermano, paciente de oncología que tiene pautadas revisiones cada tres meses. “Este paciente ha sido derivado a Logroño y según el testimonio de su hermana, nunca fue atendido porque la cita de la consulta desapareció”.

El Hospital de Calahorra, calcula Monllor que atiende al 24 por ciento de la población de La Rioja, “está en juego la desaparición de ese centro” y que esto no ocurra es lo que ha motivado la creación de esta plataforma en la que además de usuarios, también hay profesionales de la medicina. “Los profesionales sanitarios también nos están ayudando, de hecho hay muchos que forman parte de la plataforma porque están viendo que lo que se está haciendo con el Hospital de Calahorra no está bien, no es correcto y no es cuestión de salarios ni de turnos, porque estamos hablando de profesionales a los que les gusta su trabajo”.

Alertan del final: "el cierre del hospital de Calahorra sin necesidad de ninguna orden oficial"

“Menos personal de enfermería, menos operaciones y más derivaciones a clínicas privadas, sin jefaturas en Calahorra por lo que todo se decide en Logroño, menos especialistas por lo que nos obligan a realizar más viajes al Hospital San Pedro de Logroño” esta es la realidad en el Hospital de Calahorra tal y como la describe esta usuaria y miembro de SOS Hospital de Calahorra. Una realidad, que alerta, ya está teniendo consecuencias. “Cada vez hay más pruebas y consultas derivadas a Logroño sin sentido alguno con el objetivo de vaciar el hospital y además esta situación está generando una sensación de decepción y frustración entre los profesionales que puede que les anime a irse a otras comunidades por lo que, de seguir así cada vez habrá menos servicios en Calahorra”. Y el resultado final, alerta, “el cierre del hospital de Calahorra sin necesidad de ninguna orden oficial”.

A lo largo de este tiempo, Monllor recuerda que se han reunido con miembros de la Consejería de Salud e incluso con la titular de la misma, María Martín. Encuentro que ha calificado de “absurdo e inútil”. El viernes 11 de abril, y después de la multitudinaria manifestación de finales marzo, la Plataforma se reunió con la consejera Martín. “Fue una pérdida de tiempo porque siguen pensando lo mismo y no aceptan ninguna propuesta e incluso asegura que muchas de nuestras afirmaciones son mentira”. De hecho, en la comparecencia parlamentaria del pasado 31 de marzo la consejería insistía que “es totalmente falso que vayamos a desmantelar el Hospital de Calahorra. Lo digo rotundamente, pero además demuestro con datos que no solo no lo vamos a desmantelar, sino que lo estamos reforzando”. E incluso culpó al gobierno de Andreu de las carencias en el Hospital de Calahorra y aseguró que su Gobierno, el Gobierno del PP, está solucionando estas carencias.

Las dos posturas continúan enfrentadas y sin visos de acercamiento. Y mientras una parte asegura que se está reforzando el hospital de Calahorra, la otra continuará saliendo a la calle. Este miércoles han organizado una concentración simultánea “para proteger el Hospital de Calahorra” en Cervera del Río Alhama, Arnedo, Alfaro y Calahorra.

Los recortes de la administración Trump en la infraestructura de investigación sanitaria de Estados Unidos tendrán un gran impacto en la lucha global contra el cáncer, hasta el punto de que podrían detener algunos ensayos clínicos y líneas punteras de investigación. Bajo las órdenes del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) liderado por Elon Musk, el Gobierno prevé la eliminación de unos 1.200 puestos de trabajo en los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) y ha cancelado cientos de subvenciones, además de recortar un 15% en los llamados “costes indirectos”.

Esta situación está repercutiendo ya en muchas líneas de investigación contra el cáncer, no solo en Estados Unidos, sino a escala global, puesto que los NIH son el principal financiador mundial de estos programas y los plazos para aprobar las partidas presupuestarias llevan meses posponiéndose. Según un reciente artículo publicado en la revista Nature, la inversión anual de los NIH es de 47.000 millones de dólares, 25 veces más en subvenciones que el siguiente mayor financiador, la organización benéfica Wellcome. Esta financiación permite a los investigadores centrarse en problemas científicos durante cuatro o cinco años y han sido clave en el desarrollo de la inmunoterapia y otros avances clave contra el cáncer.

Según CBS News, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) prevé despedir o prejubilar paralelamente a casi una cuarta parte del personal, unas 20.000 personas, muchos de ellos implicados en la investigación contra el cáncer. “Nos preocupa que estos mandatos generalizados puedan borrar décadas de progreso en la lucha contra el cáncer”, asegura a este medio Anjee Davis, directora del grupo de defensa de los pacientes Fight Colorectal Cancer. Su organización denuncia uno de sus miembros, que recibe tratamiento para cáncer colorrectal en etapa IV, ha visto cómo el ensayo clínico en el que iba a participar se canceló de la noche a la mañana. “Ese es solo un ejemplo”, señala. “Hay muchísimos más”.

Medios especializados como STAT news denuncian que la investigación contra el cáncer está sufriendo “efectos devastadores” por otras vías, como los recortes en el Consorcio de Investigación en Salud de Defensa, que dedica unos 750 millones de dólares anuales de fondos federales para investigación contra el cáncer. El borrador del presupuesto para este año no incluye fondos para el cáncer de páncreas, uno de los más mortales y para el que no hay tratamientos, así como para otras investigaciones contra el cáncer de riñón o pulmón. 

Un régimen de terror

Entre los especialistas estadounidenses y europeos consultados por elDiario.es hay reticencias a hablar en público por miedo a las represalias. “Dado que están revisando ordenadores y teléfonos celulares de investigadores que viajan a EEUU, mejor no menciones mi nombre”, pide uno de ellos. “La situación está tan mal que ahora nadie se atreve a decir nada”, añade otro veterano investigador, que trabaja en Alemania. “Voy a EEUU y me preocupa qué puedo llevar en mi ordenador y en mi móvil, como cuando te vas a China”. 

Voy a EEUU y me preocupa qué puedo llevar en mi ordenador y en mi móvil, como cuando te vas a China

El temor se extiende en todos los ámbitos: en las reuniones de máximo nivel se comenta que Francis Collins y otros altos cargos del NIH han renunciado por miedo a que Trump y los suyos les persigan judicialmente. Algunos medios estadounidenses, como The New York Times, hablan de “caos y confusión” en los NIH como consecuencia de las medidas tomadas por el DOGE, y aseguran que se han recortado cientos de subvenciones altamente competitivas solo por incluir términos como “minorías”, “transgénero” o “SIDA”. 

Según denunció el portal ProPublica, a los empleados del Instituto Nacional del Cáncer se les ha prohibido publicar sin supervisión información sobre temas “controvertidos” o “sensibles” como las vacunas o el autismo. Esto explica por qué muchos investigadores europeos que trabajan en colaboración con el NIH están cambiando sus currículos y eliminando toda referencia a proyectos relacionados con la diversidad o igualdad, ante la posibilidad de que les penalice.

“Nerviosos y alerta”

“Por lo que me dicen mis colaboradores de NIH, por el momento los despidos del Departamento de Salud están afectando más a personal administrativo que científico, aunque los científicos están —obviamente– nerviosos y alerta”, explica un investigador español que trabaja con colegas al otro lado del Atlántico. De momento, multitud de convocatorias se han ido retrasando, sembrando la incertidumbre entre miles de científicos a nivel internacional, cuyos proyectos dependen total o parcialmente e esta financiación.

“Están paralizando todas las grants (subvenciones)”, indica otro experto. “Los programas de doctorado americanos están contratando la mitad de gente que antes y por primera vez están poniendo una cláusula en la que se indica que pueden dejarlos colgados a la mitad, algo que no habían hecho nunca”. 

El otro gran impacto es el recorte de los ‘gastos indirectos’ de las universidades y hospitales, que son muy importantes y afectan al día a día, indican las mismas fuentes. Esta decisión acaba de ser paralizada por un juez, pero se espera una pronta apelación por parte del Gobierno. Según un reciente artículo en Science, en 2023, los NIH invirtieron casi 9.000 millones de dólares en costes indirectos, destinados a apoyar a los laboratorios, estudiantes y personal. La falta de presupuesto para este personal puede afectar a los ensayos clínicos, porque muchos de ellos necesitan un seguimiento que se financia por esta vía.

Si el salario de médicos y técnicos que siguen los efectos de determinado fármaco en los pacientes depende de que reciba un proyecto del NIH, igual no pueden seguir con ello

“Si el salario de médicos y técnicos que siguen los efectos de determinado fármaco en los pacientes depende de que reciba un proyecto del NIH, igual no pueden seguir con ello”, indica uno de los investigadores consultados. “Yo creo que los ensayos clínicos punteros de las farmacéuticas no están particularmente en peligro”, opina otro experto. “Lo que es posible es que resulten afectados otros tipos de ensayos, los que denominamos ensayos académicos o ensayos independientes, que dependen exclusivamente de la financiación pública”.

En las últimas décadas ha aumentado la supervivencia y el beneficio de los tratamientos contra el cáncer, pero esta nueva política puede producir un parón, recuerda un especialista. “Seguramente, durante unos años no va a haber un crecimiento tan fuerte para tumores generales, pero quizá si en un montón de tumores muy agresivos en los que la única esperanza para quienes los padecen o sus familias es que uno de estos ensayos clínicos tenga éxito”. Por ahí vendrá uno de los mayores impactos, a su juicio, que es el golpe psicológico de saber que para su tipo de cáncer no hay nadie trabajando por falta de apoyos. “En otras palabras —resume—, saber que no tienen esperanzas”.

Aranceles y tratamientos 

La otra gran espada de Damocles que se cierne sobre los enfermos de cáncer son los aranceles, por la escalada de precios que podría afectar a los tratamientos. De momento, la administración Trump ha decidido dejar fuera a los fármacos europeos, pero ya ha amenazado con incluirlos en el pack de productos con cargas arancelarias en un futuro. “La decisión del Gobierno de Estados Unidos de no gravar con nuevos aranceles los productos farmacéuticos es una buena noticia, porque los medicamentos son un bien estratégico y vital para el bienestar de la sociedad”, aseguran desde la Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica.

El 24% de los insumos importados provienen de EEUU. Este impacto aumentaría los costes de producción y haría que la producción en Europa fuera menos competitiva

Asociación Nacional Empresarial de la Industria Farmacéutica (Farmaindustria)

En Farmaindustria expresan su “preocupación” por cómo va a impactar la subida de aranceles anunciada por EEUU y la respuesta de la UE para otros componentes necesarios en la fabricación de medicamentos, ya que el 24% de los insumos importados provienen de EEUU. “Este impacto aumentaría los costes de producción y haría que la producción en Europa fuera menos competitiva”, indican. “Es necesario que la Comisión Europea dialogue con el Gobierno de EEUU para mitigar los riesgos”.

Creemos que esta situación creada por la decisión de aumentar los aranceles va a impactar en los investigadores en cáncer

Asociación Española contra el Cáncer (AECC)

Aunque todavía es pronto, indican desde la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), sí sabemos que las medidas de la administración Trump van a tener efectos en materia de tratamientos, ensayos clínicos o investigación en cáncer . “Desde la asociación nos gustaría conocer cuáles son los planes que tienen la Unión Europea y el Gobierno de España para que estos aranceles no perjudiquen a las personas enfermas y se garantice que seguirán recibiendo el mejor de los tratamientos posibles”, aseguran. “Creemos que esta situación creada por la decisión de aumentar los aranceles va a impactar en los investigadores en cáncer y en este sentido, nuestra asociación está preparada, no solo para que retorne el talento español, sino para importar talento y que pueda desarrollar su trabajo en España”.

Calahorra ha salido hoy a la calle en una multitudinaria manifestación en defensa del Hospital de Calahorra contra de la “reestructuración” que ha preparado y definido el Gobierno de La Rioja. La plataforma SOS Hospital había convocado esta movilización a la que han asistido unas 5.000 personas -según los convocantes- detrás de una pancarta que decía “Volvemos a salvar nuestro hospital”, recordando las protestas de 2012 para frenar la privatización.

La manifestación ha recorrido las calles de Calahorra desde la Plaza del Raso hasta la plaza del Ayuntamiento, donde han leído el manifiesto. Esta movilización, que llega después de las protestas a las puertas del hospital y que ha contado con amplio respaldo de la ciudadanía, ha reclamado el mantenimiento de la actividad quirúrgica y las camas del hospital después de la integración en la sanidad pública riojana.

En el manifiesto, SOS Hospital de Calahorra ha alertado que la situación del hospital comarcal, que atiende a un cuarto de la población de La Rioja, “es crítica”. “El futuro de nuestro hospital se ve amenazados por decisiones políticas erróneas y recortes injustificables”, han subrayado desde la plataforma.

También han denunciado la falta de diálogo y transparencia de la Consejería de Salud. “Tras la integración (en el Servicio Riojano de Salud), el silencio más absoluto, la Consejería le dio la espalda al hospital, a sus trabajadores y a toda la población de La Rioja Baja, cerraron cualquier canal de diálogo y transparencia, cerraron las comisiones del hospital y todos sus grupos de trabajo”. Así mismo han denunciado que hayan “liquidado a un molesto e incómodo Comité de Empresa, a todos los órganos de gestión y dirección hospitalaria y a los mandos intermedios encargados de coordinar”.

La plataforma ha alertado en el manifiesto del “cierre de camas y la reducción de las coberturas de enfermería” y de la falta de contratación de profesionales: “no se cubren vacantes, no se cubren jubilaciones, no se cubren excedencias y no se convocan procesos de selección para poder contratar médicos”. Finalmente, también han denunciado que muchas cirugías, “que bien se podría hacer en Calahorra”, dicen, se concierte a clínicas privadas.

SOS Hospital de Calahorra ha considerado que el plan del Gobierno de La Rioja supone “un retroceso de 25 años en servicios sanitarios en La Rioja Baja”. Para la plataforma, creada por sanitarios y usuarios, los planes del Gobierno son “un modelo caótico, hipercentralizado, donde todo se decide y ejecuta en Logroño”. “Con la salud no se experimenta, con la salud no se juega, la sanidad no se vende, la sanidad se defiende”, han destacado.

Se cumplen 18 años de la aprobación de la Ley de Dependencia. Se vendió por parte del gobierno de Zapatero con mucha ambición: se habló de una verdadera revolución desde el punto de vista social. ¿Cuál es la realidad con el paso del tiempo? Pues que es una ley que ha ayudado a mucha gente pero que no ha llegado a muchas otras que la necesitaban urgentemente. En muchas familias lo hemos vivido: listas de espera eternas y a veces, la macabra paradoja de que la ayuda queda otorgada cuando la persona que la necesitaba…. ya ha fallecido.

Hablamos con algunas de estas personas. Por ejemplo, con Teresa. Loncha, su hija, tiene Síndrome de Rett y su familia ha recibido las prestaciones de la Ley de Dependencia durante muchos años. También hablamos con Yolanda Fernández y con Carmen Navarro. Ambas son cuidadoras de familiares que tienen algún tipo de discapacidad y que están a la espera de una resolución de la Ley de Dependencia. Además, hablamos con la periodista de elDiario.es que cubre la información sanitaria y de derechos sociales Sofía Pérez Mendoza.

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“El objetivo de la reunión es informaros de los cambios en la planificación del trabajo afectando a vosotos que sois los responsables”. Así comenzaba la reunión en la que la directora del Hospital de Calahorra informaba a la plantilla de los cambios en los turnos y en número de camas. A pesar de que este lunes el Gobierno de La Rioja negaba rotundamente los recortes, el audio al que ha tenido acceso Rioja2 y que recoge íntegramente el contenido de la reunión mantenida la pasada semana en el Hospital, deja claro que se reducirá tanto el número de enfermeras por turno como el número de camas.

En esta reunión, en la que intervinieron la directora del Hospital de Calahorra, Patricia Martín, la directora de enfermería de atención hospitalaria, Teresa Sufrate y la directora de recursos humanos del SERIS, Begoña Lema (esta última a través de una pantalla por videoconferencia), se explicaron los cambios organizativos aprobados de la mano del Gobierno de La Rioja y de los que “se ha informado” al comité de empresa. “La justificación en la que se basa este cambio en la cartelera la hemos resumido en que disponíais antes de unas carteleras con unos excesos y débitos horarios muy importantes que no se podían mantener”, argumentaban las responsables.

“¿En qué sistema de gestión os habéis fijado para tener el mismo número de enfermeras en el turno de la noche que en el de la mañana en una planta con tantas especialidades?”, preguntaba una enfermera de la primera planta tras escuchar las explicaciones de la dirección, “estamos a la cola de Europa en ratio de enfermeras pero es que a nivel de España, La Rioja también está a la cola. Se os llena la boca con los cuidados pero nos hacéis trabajar así”. Tras un sonoro aplauso a esta intervención, la única respuesta a esta pregunta por parte de la dirección hospitalaria fue que “se están equiparando las ratios a otros centros hospitalarios”. “Pues aumentad el personal en el San Pedro, no lo reduzcais aquí”, respondían las trabajadoras. Alegaba además la dirección que la ocupación en dicha planta de hospitalización es muy baja a lo que respondían de nuevo las quejas del personal.

“¿Cuántas camas se van a quedar entonces en la primera planta?”, preguntaba otra trabajadora. “24 camas”, respondía la dirección. Es exactamente lo que denunciaban este lunes CCOO y el PSOE, la reducción de 39 a 24 camas en la planta quirúrgica; y lo que negaba de forma tajante tanto el gerente del Servicio Riojano de Salud, Luis Ángel González, como el portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez.

Se reduce por tanto el número de enfermeras por turno y el número de camas en una planta quirúrgica que recoge hasta media docena de especialidades con pacientes que van desde los bebés prematuros en incubadora hasta las personas de más de 90 años.

Será el próximo lunes, 3 de febrero, cuando el comité de empresa se siente con la dirección del centro hospitalario para negociar estas medidas con las que, a día de hoy, nadie excepto el Gobierno de La Rioja parece estar de acuerdo.

La Junta de Personal del Hospital Universitario de Toledo ha lamentado este miércoles “recortes salvajes e inaceptables” en materia de contratación por parte de la Consejería de Sanidad y del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM).

Los seis sindicatos que integran esta entidad -SATSE, USAE, CCOO, CSIF, UGT y USICAM- han explicado que se ha “ordenado” el frenazo a las contrataciones a partir de octubre y hasta el próximo 31 de diciembre.

Es un paso más en la denuncia sostenida que los trabajadores sanitarios vienen trasladando a la opinión pública desde hace ya varios días: hay un “bloqueo” en los contratos aunque el Gobierno de Castilla-La Mancha dice que eso es “falso”.

Hoy la presidenta de la Junta de Personal del Área número 1 de Toledo, Esmeralda Díaz, arropada por decenas de profesionales de este hospital, ha detallado cómo se les ha trasladado la medida en una sala que se quedaba pequeña y por eso hubo críticas porque la Gerencia hospitalaria no permitió el uso del salón de actos. También ha advertido de las repercusiones que podría provocar la decisión del SESCAM, tanto para los trabajadores como para los usuarios del servicio público sanitario.

“Según nos han informado -desde la Gerencia del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo-, solo se procederá a la contratación de personal en el Área Hospitalaria en los servicios de urgencias, UVI, admisión y quirófanos”.

Se trata de una situación que afectaría a “todas las categorías” de personal de los hospitales de Toledo -incluidos el Hospital Provincial, el del Valle o el de Parapléjicos, que integran el llamado Complejo Hospitalario de Toledo-. Además, apunta que “en el Área de Atención Primaria se suprimirán las sustituciones de permisos y descansos reglamentarios en aquellas zonas asistenciales donde haya más de un profesional sanitario de la misma categoría (médico o enfermero)”.

“Ya lo vivimos con Cospedal”

“Parece que ha habido reevaluación de objetivos porque ha habido gasto excesivo”, opinan. Recuerdan que, salvando las distancias, “estos recortes ya los vivimos con Cospedal en 2012 y la gente no lo ha olvidado. Si seguimos manteniendo esta situación, la gente tampoco va a olvidar”, han advertido.

Ayer mismo y tras varios días en los que los sindicatos han estado reclamando, el consejero de Sanidad salía a la palestra para rechazar las acusaciones. Fuentes del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha tacharon de “falsos” los argumentos sindicales en declaraciones a elDiarioclm.es y el consejero Jesús Fernández Sanz volvía a insistir asegurando que “es falso” que haya un bloqueo en las contrataciones sanitarias en la comunidad autónoma. 

Para el 1 de octubre el sindicato CSIF ha convocado concentraciones a las puertas de los hospitales de la región. Fernández Sanz sugiere que hay un “clima interesado” en las acusaciones y en el anuncio de movilizaciones.

En este sentido, la portavoz de la Junta de Personal del Hospital de Toledo ha reconocido, en consonancia con los datos que ofreció el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz este martes que, en el año 2023, “por directrices de la Unión Europea (UE), se estabilizaron contratos eventuales que pasaron a ser de interinidad, y que además este verano, ”aunque no al 100%, sí se ha contratado a personal para hacer las sustituciones“.

Sin embargo, el pasado día 11 de septiembre, la Junta de Personal fue convocada a “una reunión informativa” por parte de la Gerencia para anunciar las medidas que les había trasladado previamente el SESCAM que se ponían en marcha. Una cita de la que solicitaron un acta por escrito de lo que les habían comunicado y que indican que no les han facilitado.

“Están revisando cualquier contrato que surja. Se tiene que justificar y autorizar desde arriba, por lo que no va a haber una cobertura inmediata y hasta que se autorice se seguirá trabajando bajo mínimos”, ha destacado Díaz en una comparecencia en la que parte del personal del hospital planteaba también sus dudas entre las preguntas de los profesionales de los medios de comunicación.

“Economía de guerra”

Así, subrayan que “las medidas de contención de gasto”, o de “economía de guerra” -como afirman que lo han definido quienes han dado la orden- adoptadas se reflejarán progresivamente durante los próximos meses, una vez se acaben los contratos de sustituciones este mes de septiembre. “Se producirán situaciones muy preocupantes, que alterarán en gran medida el funcionamiento de las unidades, centros y servicios sanitarios”, ha apuntado la presidenta de la Junta de Personal.

En concreto, advierten de que, si esta situación “se consolida y perdura en el tiempo”, repercutirá en la “disminución de presencias de profesionales por turno” o el aumento de “las listas de espera, las esperas en las salas de consultas, el riesgo de errores, el estrés laboral -que desencadena en patologías como ansiedad o agotamiento físico y psicológico-, de conflictos y del mal clima laboral”.

Hasta el momento, desde que les han trasladado esta medida, apuntan que en el Hospital de Toledo “ya hay servicios afectados”. “En cocina no hay suficiente personal y en los paritorios hay siete u ocho matronas menos. La reanimación por cesárea se ha tenido que pasar a la sala general”, ha citado como ejemplos. “Habría que invitar al consejero a que lo viera”, han comentado.

Firmas, movilizaciones, denuncias o tribunales

Tras poner de manifiesto esta medida de contención del gasto, que “puede poner en serio peligro la seguridad asistencial, así como también la seguridad laboral de los propios trabajadores”, han enumerado las acciones sindicales que plantean llevar a cabo “en defensa del servicio sanitario público que el Área Hospitalaria y de Atención Primaria debe ofrecer a la ciudadanía”.

En este sentido, indican que “a cada paso que el SESCAM, a través de sus gerencias, vayan contrario al interés asistencial y profesional, la Junta de Personal consensuará sus propias medidas de contención a las mismas, con escritos a todos los niveles sanitarios y regionales, recogida de firmas o movilizaciones”. “Y si siguen sin escuchar a los trabajadores y a no respetar su trabajo y sus derechos laborales, elevaremos nuestras denuncias ante la inspección de trabajo, el defensor del pueblo o hasta los tribunales si es necesario”.

Sobre la concentración anunciada por CSIF de cara al próximo 1 de octubre en los hospitales de la región la portavoz de la Junta de Personal del centro toledano ha dicho que contará con el apoyo del resto de sindicatos representados. Ha matizado que “cada uno puede ejercer como quiera” pero sostiene que “todos deberían de actuar unidos”, sin confirmar que vayan a secundar esta movilización.

Respecto a cómo afectan los concursos de traslados externos en la posible falta de personal en algunos servicios del Complejo Hospitalario de Toledo, donde hay “unos 8.000 trabajadores”, precisan que el SESCAM convoca cada dos años los mismos para ir a otras gerencias. “Eso no repercute en un aumento de plantillas”, precisan, aunque indican que los profesionales que los solicitan disponen de un período de baja -de un mes- que si ha afectado ya que, por ejemplo, “en Atención Primaria solo se ha cubierto donde se quedaban sin profesionales”. “Si hay otros, se quedan sobrecargado atendiendo a usuarios o cerrando agendas”, reconocen.

El Gobierno regional pide “paciencia”: hay concurso de traslados en marcha

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha insistido este miércoles en que el Servicio de Salud castellanomanchego “no está despidiendo a nadie” y ha pedido “paciencia” tanto a los profesionales como a la ciudadanía ante el concurso de traslados que está en proceso actualmente.

Según recoge Europa Press, Padilla ha reconocido que el sistema sanitario es “muy complicado” de gestionar y cada día se destina “mucho esfuerzo, mucho presupuesto y mucho personal”.

Dicho esto, ha aclarado que más de 8.000 profesionales del SESCAM se tienen que mover en un concurso de traslados que está en proceso actualmente y en el que esos profesionales -ha recordado- tienen un tiempo para incorporarse a esas plazas. Así, ha pedido “un poco de paciencia” tanto a los profesionales como a la ciudadanía y cuando se resuelva todo el concurso de traslados, cuando esté todo el mundo incorporado y cuando haya vuelto todo el mundo de vacaciones, “veremos si realmente faltan o no” profesionales.

Este jueves el orden del día del Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha incluye un debate general relativo a la política general llevada a cabo por la Consejería de Sanidad en relación con la atención sanitaria en la región. Casi con toda seguridad las protestas de los sanitarios de la comunidad autónoma estarán muy presentes.

El 62% de las plazas de Atención Primaria de Aragón han quedado sin cubrir tras último llamamiento del Gobierno de Aragón y dos de cada diez plazas en los hospitales también quedaron vacantes. La situación sanitaria se le está enquistando al Gobierno de Jorge Azcón y los problemas se extienden por todo el territorio, desde centros de salud de la capital aragonesa a zonas rurales como Ejea o Utrillas, donde las plantillas están bajo mínimos y las protestas son continuas.

El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros ha criticado la “desidia y el desinterés” del Gobierno de Aragón: “La Consejería de Sanidad sigue sin resolver esta problemática y obvia que la atención sanitaria de los ejeanos debe ser una prioridad para las administraciones públicas”, explican en una nota de prensa.

El pasado mes de junio el Consistorio ejeano volvió a solicitar al Gobierno de Aragón la cobertura inmediata de las cinco plazas de médicos de atención continuada vacantes, además de un aumento del presupuesto destinado a la Atención Primaria y Comunitaria. Tres meses después, la situación se ha agravado y todas las plazas del concurso de traslados quedaron vacantes y ya se acumulan ocho puestos sin cubrir, más una baja y una nueva reunión.

Algo similar ocurre en Caspe, donde la plantilla del centro de salud se ha visto reducida a la mitad tras el concurso de traslados de médicos y una baja, por lo que ahora solo hay cuatro profesionales ejerciendo la medicina, cuando debería haber siete. Tras el concurso de traslados de la semana pasada no se ha solucionado la situación y siguen quedando desiertas dos plazas de medicina comunitaria, dos de médicos de atención continuada y una de pediatria. En esta localidad los médicos y médicas están atendiendo entre 60 y 70 pacientes al día, con una lista de espera de dos semanas.

El Ayuntamiento caspolino ha instado al Gobierno de Aragón a “garantizar el personal suficiente” mediante una moción aprobada en el útimo pleno por unanimidad. La Comarca Bajo Aragón-Caspe va en la misma línea y va a aprobar una moción para pedir al Gobierno de Aragón que aumente las contrataciones y acelere las adjudicaciones de profesionales para los centros de Caspe y Maella, además de buscar una solución ante la problemática falta de médicos de atención primaria en el medio rural. Este martes un millar de vecinos se concentraron en la localidad para solicitar que se revierta esta situación y presentar quejas ante la Consejería de Sanidad. Según informa el Gobierno de Aragón, la situación en Caspe ha mejorado con la contratación de dos médicos residentes que ejercerán en la localidad.

Las protestas se suceden a lo largo y ancho de Aragón. En Mas de las Matas se han quedado desiertas las tres plazas de médico de familia que prestan servicio en los catorce consultorios de la zona de salud, lo mismo sucede en Montalbán, donde hay concentraciones convocadas para hoy ante la “delicada” situación de sus centros de salud tras el último concurso de traslados.

Montalbán pertenece a la zona de salud de Utrillas y es el punto elegido para la protesta en la comarca de las Cuencas Mineras. En esta localidad el horario de atención se ha reducido, pasando de cinco horas diarias a dos para las 1.180 personas censadas. Este mismo recorte se aplicarña el Martín del Río. CHA denuncia que los “pequeños pueblos de la comarca solo recibirán atención médica una o dos horas por semana, generando una situación insostenible”.

Utrillas solo contará con cuatro de los 12 médicos de plantilla, es decir, permanecen vacantes ocho plazas de medicina de familia y otras cuatro de medicina de atención continuada. El Ayuntamiento de Utrillas, así como el Movimiento de Acción Rural (MAR) considera han criticado la situación. El delegado del sindicato médico Fasamet en Teruel, Mariano Lozano, afirmó que el centro de Utrillas queda en una situación “catastrófica” y los de Aliaga y Santa Eulalia en “muy mala”.

Plazas ofertadas

Desde el Departamento de Sanidad y el Servicio Aragonés de Salud aseguran que se están aplicando medidas para hacer “más atractivas” las plazas de Atención Primaria y que se está estudiando la situación de todos los municipios afectados para tratar de llegar a una solución similar a la de Caspe. En los llamamientos celebrados esta semana en el Servicio Aragonés de Salud se han ofertado tanto las plazas que han quedado vacantes fruto del último concurso de traslados, como todas las que estaban libres, también las que llevan sin ocuparse meses y años, con el objetivo de que si algún profesional estuviera interesado en ellas, tuviera la posibilidad de elegirlas. “Hemos dado todas las oportunidades y hemos sido flexibles, pero tendremos que ser más imaginativos”, ha comentado el consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero Flores.

De hecho, ha asegurado, “estamos valorando nuevas actuaciones, al tiempo que queremos incidir en la necesidad de prestigiar la Atención Primaria rural”. Bancalero Flores ha estimado que para lograr que los especialistas quieran trabajar en el medio rural también se ha de dar a conocer mejor el trabajo en ese ámbito. Para eso, ha estimado que hay que acercarla a los estudiantes de los grados de Medicina o Enfermería y a quienes van a elegir una plaza MIR y EIR.

Además, ha abogado por que todos los especialistas de Familiar y Comunitaria hagan rotaciones de formación durante su periodo de residencia en el medio rural. “Pero para eso, necesitamos que el Ministerio de Sanidad incluya esa opción en el Programa Oficial de la Especialidad y también que flexibilice la acreditación de los centros rurales como docentes”.

Centro de salud del Actur

El Centro de Salud Amparo Poch, ubicado en el barrio zaragozano del Actur, dejó este martes de prestar el servicio de atención continuada y serán los centros de salud de cada zona los que atiendan las urgencias hasta las 20:00. Esto provocó una protesta vecinal a las puertas del centro. Los ambulatorios del Actur, Arrabal, Picarral, Barrio Jesús y La Jota asumirán las urgencias con los equipos de Atención Primaria de lunes a viernes, y los pacientes del centro de salud de Parque Goya se derivarán a la MAZ.

Las urgencias de fin de semana y de noche pasarán a ser atendidas en el Hospital Provincial de Zaragoza. La gerente del Salud, Ana Castillo, reconoció en una entrevista en Buenos días Aragón, en Aragón TV, que no cuentan con profesionales suficientes “para cubrir todas las plazas” y aseguró que las urgencias de este centro hospitalario se reforzarán.

La portavoz socialista, Lola Ranera, ha acusado al Gobierno del PP de convertir en un “caos” la sanidad de la Margen Izquierda de Zaragoza, al “recortar los servicios de Atención Continuada del Centro de Salud Amparo Poch y saturar las urgencias hospitalarias”.

Tras una reunión del Consejo de Salud de Zona en Ejea de los Caballeros, Castillo recordó que las carencias en Atención Primaria se vienen arrastrando desde hace años, es más asegura que “el año pasado fueron el 58 %, prácticamente el mismo porcentaje” y asegura que “al haber mayor oferta de plazas que número de profesionales, estos eligen los equipos de Atención Primaria o las Urgencias y lo que se quedan vacantes son las de los MAC o médicos de Atención Continuada”, y los puestos de difícil cobertura“.

Hospitales

En el ámbito hospitalario se han cubierto el 80% de las vacantes de plazas temporales ofertadas por el Gobierno de Aragón, pero no ha sido así en atención primaria, donde solo se han cubierto el 38% de las plazas, la mayoría que han quedado libres son de atención continuada. El Servicio Aragonés de Salud ofertó la semana pasada más de 500 plazas temporales, 318 en el área hospitalaria y 235 de atención primaria.

Sin embargo, hay hospitales como el Obispo Polanco de Teruel que también adolecen la falta de médicos. Este centro tiene desiertas las tres plazas de otorrinolaringólogo. También hay plazas vacantes en otras especializades como Rehabilitación, Rayos X, Dermatología y Oftalmología.

Desde el Departamento de Sanidad explican que todas las plazas que se han quedado vacantes en los llamamientos “se van a sacar de forma inmediata a la bolsa de empleo del Salud para que sean ocupadas”.

El malestar ha regresado a los centros de salud en Catalunya, si es que alguna vez se llegó a disipar. A las dificultades habituales de hospitales y Centros de Atención Primaria (CAP) para cubrir la carga de trabajo en verano, se le suman este año ajustes presupuestarios adicionales en grandes hospitales, como Vall d’Hebron o Clínic y la disminución de sustituciones en algunos centros de salud. 

La falta de presupuestos para 2024, que ha obligado a prorrogar los de 2023, el fin de algunos refuerzos de la pandemia o la política de distribuir los recursos de los grandes centros hacia otros más pequeños están entre las razones de estos ajustes. Pero los sindicatos, que ya organizaron protestas antes del verano, consideran que se debe a una mala planificación del departamento de Salud y a un problema endémico de falta de personal.

Desde la Administración sanitaria, por su parte, defienden que el presupuesto para la sanidad catalana no ha dejado de crecer en los últimos años. El conseller de Salud en funciones, Manel Balcells, asegura que prevén cerrar 2024 con un gasto de 15.400 millones de euros, un 6% más que en 2023, y recuerda que el pasado ejercicio se alcanzó el III Acuerdo del Institut Català de la Salut (ICS) con los sindicatos que supuso una inyección de 320 millones.

Sin embargo, los representantes de los trabajadores les acusan de mala planificación. “No es que este año haya recortes, es que regresamos al escenario anterior al covid, cuando los presupuestos eran insuficientes y año tras año no se podían hacer las sustituciones y coberturas necesarias”, señala Xavier Lleonart, secretario general de Metges de Catalunya. 

Ajustes en Vall d'Hebron y Clínic

El primer centro que dio a conocer la necesidad de ajustarse el cinturón fue el más grande de Catalunya, el Hospital Vall d’Hebron, con 11.000 profesionales y que atiende a casi un millón de pacientes al año. Su gerente explicó que debían reducir en 33 millones su gasto corriente, en parte dejando de prorrogar los contratos a unos 200 empleados eventuales correspondientes a la campaña de invierno.

“Se ha contratado a menos personal del que suele ser habitual para cubrir el verano, sobre todo de enfermería y técnicos sanitarios”, señalan fuentes sindicales del hospital. “Nos preocupa el día a día, porque ya vamos justos y puede ocurrir como en agosto pasado, que hubo un pequeño brote de covid, o hace dos años, que ocurrió lo mismo con uno de gastroenteritis”, añaden. “Si esto vuelve a ocurrir, se colapsará el hospital”, advierten. 

Los planes de Vall d’Hebron para este verano contemplan un cierre de camas superior al de ejercicios anteriores, del 25% del total, así como una mayor reprogramación de operaciones no urgentes. Lo mismo ocurre en otros como el Hospital Clínic, también en Barcelona, o el Josep Trueta, de Girona. 

El Clínic buscará el ajuste mediante el cierre en agosto –urgencias incluidas– de uno de los centros de su consorcio, el Hospital Plató. Y lo mismo hará el Hospital del Mar con el de l’Esperança. Los pacientes y la actividad se redistribuirán a los hospitales matriz. 

“El personal del Hospital Plató que no haga vacaciones en agosto vendrá a trabajar al Clínic, a la casa madre, y así la gerencia se ahorra contratar a sustitutos y personal eventual”, señala Àlex Duque, de CCOO en el centro. Este sindicalista advierte que existe el riesgo de que aumenten las listas de espera.

No obstante, fuentes de Salud aseguran que la atención sanitaria no se verá lastrada y defienden que el presupuesto para hospitales como Vall d’Hebron o Clínic ha aumentado en 10 y 26 millones respectivamente. “Disponemos de más dinero que nunca y se ha hecho más actividad que nunca”, defendió Balcells a principios de verano. 

Desde la Generalitat argumentan que la disminución de los recursos disponibles en verano ya se vio compensada por una actividad quirúrgica y una reducción de listas de espera superior a la habitual durante el primer semestre. Al mismo tiempo achacan la contención presupuestaria a la necesidad de repartir mejor el personal disponible.

“Estamos trabajando por la equidad territorial, y eso significa que los grandes hospitales deben permitir que los de tamaño medio o pequeño también tengan personal”, justifican fuentes de Salud. Pero a ello responden los sanitarios que en Vall d’Hebron y en el Clínic, por ejemplo, tienen que hacer frente a la misma carga de trabajo.

“El problema es estructural”

“En realidad, el problema no es el verano, porque casi siempre pasa lo mismo. El problema es estructural, porque no se invierte lo suficiente para las necesidades de la población”, denuncia Ignacio Montoya, del sindicato de enfermería SATSE. El portavoz reconoce mejoras recientes, como el acuerdo laboral con el ICS, pero advierte: “El dinero no lo es todo. Los trabajadores no tienen calidad de vida, se ven obligados a doblar turnos y están cada vez más expuestos a agresiones por el descontento creciente de la población”. 

En el otro ámbito sanitario por excelencia, Atención Primaria, los ánimos están igual de caldeados, aunque en función del centro. Salud mandó una circular a algunos de sus equipos directivos para informarles de que no podían contar con refuerzos de sustitución para los meses de verano. Al no haber personal disponible, por falta de profesionales, estas bajas se cubrían con turnos extra de los propios sanitarios, lo que se conoce como autocoberturas, pero es eso lo que la Administración instó a recortar por falta de presupuestos de 2024. 

“Estamos tan acostumbrados a la precariedad que ya no nos sorprende”, arranca Lleonart. Recuerda el secretario general de Metges de Catalunya que en general los médicos cubren las vacaciones con horas extra. “Entre guardias y quirófanos de tarde algunos acaban haciendo un 150% de jornada”, afirma. “No tenemos personal ni para salir a la calle a protestar”, se lamenta Montoya, de SATSE, que augura movilizaciones en otoño si no cambia el panorama.

Igual que en la atención hospitalaria, Salud también niega que vaya a notarse esa reducción de sustituciones en algunos centros. Sin detallar cuáles son, fuentes del departamento añaden que en conjunto la plantilla de profesionales aumentará este verano en 253 efectivos, destinados sobre todo a aquellas regiones con mayor presión turística.

La consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, ha reprobado las concentraciones convocadas por Extremadura por la Sanidad Pública en contra del recorte en los presupuestos regionales destinados a políticas sociales, debido al momento para hacerla y a haber “mezclado conceptos” sobre la financiación.

Extremadura por la Sanidad Pública ha convocado concentraciones en varios puntos de la región el 31 de enero para denunciar el recorte en los presupuestos regionales de 2024 de 400 millones de euros del sistema de Financiación Autonómica (SFA) “que deberían de ir para sanidad, educación y dependencia”.

Según ha detallado el colectivo, “a pesar de recibir 600 millones de euros más del Sistema de Financiación Autonómica (SFA)”, en el proyecto de presupuestos presentado “sólo se destinan entre 160 y 180 millones a políticas sociales”, por lo que “se restan 400 millones para desviarlos a otras partidas presupuestarias”, cuando “deberían ser destinados a Sanidad, Educación y Dependencia”.

Sobre estos datos, García ha criticado que han “mezclado conceptos cuando hablan de la financiación”, pues este año su departamento roza los 3.000 millones de euros de presupuesto, 108 millones más que en el ejercicio anterior.

Además, ha defendido que los presupuestos presentados por el Ejecutivo para 2024 son los mayores de la historia de Extremadura y con “mayor carga social”, pues siete de cada diez euros van a servicios sociales, sanidad y educación. “No compartimos el momento, pero respetamos como no puede ser de otra manera su decisión”, ha concluido la consejera. 

Extremadura por la Sanidad Pública ha convocado concentraciones en varios puntos de la región el 31 de enero para denunciar el recorte en los presupuestos regionales de 2024 de 400 millones de euros del sistema de Financiación Autonómica “que deberían de ir para sanidad, educación y dependencia”.

La portavoz del colectivo, Concha Ortiz, ha invitado a la ciudadanía a sumarse a las concentraciones que han convocado en Badajoz, Montijo (Badajoz), Navalmoral de la Mata y Miajadas (Cáceres) por la mañana, y Valencia de Alcántara (Cáceres), Don Benito, Olivenza y Almendralejo, Badajoz por la tarde.

Esta concentración se realizará el día anterior al inicio del debate de los Presupuestos Regionales de Extremadura en la Asamblea “para denunciar la traición a las necesidades principales de los extremeños”.

Según ha apuntado, “en presupuestos anteriores, Extremadura recibía a través del Sistema de Financiación Autonómica (SFA) una cierta cantidad de dinero, que se destinaba a políticas sociales”. Sin embargo, este año, a pesar de recibir 600 millones de euros más del SFA, en el proyecto de presupuestos presentado “sólo se destinan entre 160 y 180 millones a políticas sociales”, por lo que “se restan 400 millones para desviarlos a otras partidas presupuestarias”, cuando “deberían ser destinados a Sanidad, Educación y Dependencia”.

La plataforma defiende que saldrán “de nuevo a las calles a luchar para dejar de sufrir las consecuencias de la senda tomada por anteriores gobiernos regionales con la privatización de prestaciones sanitarias, el desmantelamiento de nuestra atención primaria, la falta de plazas MIR, PIR, EIR, etc”.

También ha enumerado “la escasez de médicos y pediatras, rutas eternas en ambulancias mal dotadas, listas de espera mortales, el abandono de las residencias sociosanitarias y de nuestras abuelas y abuelos, abandono de las personas dependientes, y abandono del cuidado de la salud mental de la ciudadanía”.

Además, según Ortiz “con estos presupuestos injustos aumenta la precariedad del personal sanitario, tanto el público, como el de las contratas privadas, y se profundiza también en el abandono de las zonas rurales y en la despoblación de Extremadura”.

Por todo ello, proponen que con esos 400 millones de euros que se desvían a “otras partidas” cumplan objetivos como incrementar el presupuesto sanitario hasta llegar a la media europea de 2.658 euros por habitante al año, aumentar el gasto en atención primaria hasta que suponga un 25% del total o incrementar el gasto en inversión hospitalaria.

Por último, ha exigido aumentar el presupuesto destinado a los cuidados de larga duración, a la dependencia y a la salud mental, así como controlar el gasto farmacéutico. 

Las diputaciones de Badajoz y Cáceres asumirán la inversión necesaria para llevar a cabo los proyectos de los consultorios rurales de Zurbarán, Cedillo, Cristina e Higuera de la Serena en el marco del Plan de mejora de las infraestructuras de Atención Primaria.

Los presidentes de las Diputaciones de Badajoz y Cáceres, Miguel Angel Gallardo y Miguel Angel Morales, respectivamente, han pedido al Ejecutivo regional que “cambie de opinión” en torno a la decisión de no invertir el millón de euros inicialmente contemplado para estos proyectos. “Si se mantiene el criterio sectario de discriminar a estos municipios”, las diputaciones afrontarán esta inversión, con cargo a convenios con la Junta de Extremadura donde las instituciones provinciales aportan fondos, ha explicado Morales.

Cada diputación sufragará la inversión en sus respectivas provincias, en el caso de Cáceres el proyecto del consultorio en Cedillo, en relación al cual Morales ha manifestado que es “mentira que no dé tiempo a realizarse esta dotación -con una inversión de más de 200.000 euros-, pues el proyecto está realizado y presentado en la Consejería correspondiente, con un plazo de ejecución que no va más allá de cinco meses y, por tanto, con plazo suficiente para ejecutarlo antes de 2025.

Por su parte, Gallardo ha lamentado los “atropellos” detectados por ambas diputaciones (gobernadas por el PSOE) durante las últimas semanas por parte del “nuevo ejecutivo regional de PP y Vox”, y en este sentido ha afirmado que estas entidades siempre han mostrado su “lealtad institucional”, pero ésta “no puede ir solo en una dirección”.

En el caso de los proyectos de consultorios descartados ha pedido que “se dé marcha atrás” en relación a esta decisión, pues “no resolverá ningún problema” en relación al cumplimiento de los requisitos previstos por estos fondos europeos, pero sí “provocará una gran problemática en el mundo rural” al descartarse estos proyectos -algunos de obra nueva, otros de reforma- “tan importantes” para las zonas implicadas.

Ambos presidentes provinciales han coincidido en lamentar el “intento” del Ejecutivo autonómico “de invisibilizar” a las diputaciones, entidades “muy importantes” para el mundo rural extremeño.

Eso en el plano institucional, pero también ha habido este lunes reacciones políticas a la negativa de la Junta de Extremadura a reformar y mejorar estos consultorios rurales, aunque desde el PP asegura que “no se dejarán de hacer”.

La secretaria de Organización del PSOE de Extremadura, Marisol Mateos, ha afirmado que ya han llegado los “primeros recortes” a los centros de salud de atención primaria en Extremadura fruto del “caos” en el que está inmerso el Gobierno regional. En concreto, ha acusado al Ejecutivo de estar modificando el plan de mejora de las infraestructuras de atención primaria, de modo que los vecinos Zurbarán, Cedillo, Cristina e Higuera de la Serena no tendrán consultorios médicos en sus localidades pese a ser inversiones “que ya estaban contempladas en el plan y que tenían su presupuesto”.

Desde Unidas por Extremadura, su portavoz, Irene de Miguel, ha considerado que la presidenta del Ejecutivo regional, María Guardiola, “no ha aprendido nada” de la etapa del Gobierno de José Antonio Monago, en la que ella fue alto cargo, ya que ha empezado la legislatura eliminando la construcción de cuatro consultorios rurales.

A su juicio, eliminar esos cuatro consultorios es un “error mayúsculo” y ha considerado que es “intolerable” que los “recortes” empiecen por donde más se necesita, como son las áreas rurales.

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, ha afirmado que el departamento enviará este viernes por escrito “las propuestas que se acordaron ayer en la reunión” con el Sindicato Médico y que este responderá “en 48 horas con su valoración”. “Hoy, aquellos acuerdos, aquellas concreciones a las que se llegó en la reunión de ayer se les va a pasar por escrito al Sindicato Médico y ellos nos van a contestar en 48 horas con su valoración. Esto realmente es proponer, acercar posturas e intentar llegar a un acuerdo, que es lo que estamos diciendo desde el principio”, ha indicado este viernes, en respuesta a los medios de comunicación antes de una comparecencia parlamentaria, según informa Europa Press.

Induráin ha incidido en que “hay unas propuestas con el Sindicato Médico pero luego hay una batería de propuestas que tienen que ver con el sistema sanitario, sobre todo con el marco de la Atención Primaria”. A su juicio, estas son “ambiciosas, abarcan a todos los colectivos, y tienen que ver con un aumento de profesionales, autonomía organizativa, gestión del trabajo”. Tras añadir que “también está en trámite una Mesa General”, ha subrayado que “ha habido reuniones con los distintos foros sindicales y profesionales”.

Preguntada sobre si tras la reunión de este jueves ven más cerca la desconvocatoria de huelga, prevista para el 1 de febrero, la consejera ha señalado que en dicho encuentro “hubo un clima positivo, de acercamiento, y creo que eso va a favorecer”.

“Avances” en las negociaciones

Por su parte, la presidenta de Navarra, María Chivite, ha destacado los “avances” producidos este jueves en las negociaciones con el Sindicato Médico y ha afirmado que espera “que se vayan concretando esos acuerdos” para evitar la huelga, convocada para el 1 de febrero. “Continuamos con las conversaciones y con las negociaciones, ayer hubo un nuevo avance, como el propio Sindicato Médico ha reconocido, y esperamos seguir hablando, dialogando, poniendo puntos en común y buscando lugares de encuentro para evitar esta huelga”, ha señalado este viernes.

En declaraciones a los medios de comunicación, ha indicado que se convocará la Mesa Sectorial de Salud y la Mesa General de Función Pública, y “esperemos ratificar estos acuerdos”. En respuesta a los periodistas sobre si esa ratificación tendrá lugar antes del 1 de febrero, la presidenta ha manifestado que “tiempo al tiempo, vamos a ir viendo, ayer se produjo un avance y espero que se vayan concretando esos acuerdos”. Además, ha señalado que por el momento no hay fechas para una nueva reunión, pero “me consta que siguen trabajando”.

Por otro lado, ha explicado que la supresión de la exclusividad “es una reivindicación que tiene el Sindicato Médico” y que “es un elemento más que hay encima de la mesa para la negociación”. “Hay que entender el concepto de la exclusividad en un contexto muy concreto, que es el de escasez de profesionales, y que perdemos ventaja competitiva con otras comunidades que no lo tienen, ninguna de nuestras comunidades vecinas lo tienen, pero, como digo, es un elemento más de la negociación”, ha remarcado.