La contaminación, la presión turística y la mala gestión vuelven a causar estragos en los más de 8.000 kilómetros de costas españolas. Así lo refleja el informe anual de Ecologistas en Acción que, con la ayuda de otros colectivos ecologistas, identifica 48 puntos en situación de desastre ambiental o de amenaza. La principal novedad de esta edición es que, además de denunciar los impactos, propone una veintena de actuaciones para restaurar ecosistemas degradados.

El informe, que se realiza desde 2005, selecciona dos puntos por provincia o ciudad autónoma: uno de ellos elegido por mala gestión y el otro por contaminación. El mismo agrupa una serie de problemáticas que afectan al litoral, aunque admite “no recoger todas, por desgracia”.

Así, 'clava' la bandera en 14 zonas por vertidos, deficiencias en los sistemas de saneamiento y graves problemas de depuración, nueve zonas presentan afecciones a la biodiversidad y ocho han sido seleccionadas por la urbanización de la costa e invasión del dominio público marítimo-terrestre. El resto de banderas se reparten en problemáticas como acumulación de basuras, obras portuarias mal gestionadas, contaminación química, daños al patrimonio histórico y degradación ambiental derivada de la turistificación y masificación.

Propuestas

Sin embargo, el eje central del informe de 2026 es la restauración de la naturaleza. Por ello, propone una veintena de propuestas, que Ecologistas en Acción espera que sean incluidas o tomadas en consideración en el Plan Nacional de Restauración, estrategia que España debe remitir a la Comisión Europea antes del 1 de septiembre de 2026.

Estas tienen el objetivo de recuperar progresivamente los ecosistemas terrestres, costeros y marinos. La asociación explica que la restauración consiste en realizar intervenciones destinadas a restablecer funciones naturales o permitir que los ecosistemas se recuperen por sí mismos una vez eliminadas las presiones.

Las propuestas abarcan desde procesos de desecación para recuperar la condición original de la marisma intermareal de Maqua, en la ría de Avilés, hasta restauraciones ecológicas en el saco interior de la bahía de Pollença, donde se pretende recuperar los hábitats marinos degradados por la presión turística y la urbanización litoral.

Ecologistas en Acción considera que estos procesos representan “una oportunidad histórica para corregir errores del pasado”. Además, señala la “voluntad política” para permitir a la naturaleza “recuperar su espacio”, cuestión que ejemplifica con el caso de La Pletera, en la Costa Brava, donde se ha llevado a cabo un proceso de desurbanización para recuperar el sistema de lagunas litorales y dunas.

Zonas reincidentes

La bandera negra por contaminación otorgada por vertido industrial en la playa de Usgo, en el municipio de Miengo (Cantabria), es reincidente, puesto que también la recibió en 2020, 2021, 2024 y 2025. Según la asociación, el litoral está contaminado por la empresa Solvay, que instaló un colector de ocho kilómetros hasta el acantilado anexo a la playa de Usgo, vertiendo residuos químicos. Los efectos, asegura, se notan en unos 12 kilómetros del litoral.

La situación es similar en El Puertito de Adeje, en Santa Cruz de Tenerife, que lleva tres años consecutivos recibiendo la bandera negra por mala gestión, debido al proyecto de macrourbanización turística Cuna del Alma. Este pueblo costero del suroeste de Tenerife es el último exento de construcciones turísticas y su entorno posee un valor ambiental e histórico “muy elevado”. Por ese motivo, Ecologistas en Acción insiste en que las obras del proyecto “se están produciendo numerosos incumplimientos de la legislación ambiental y de ordenación del territorio vigente”.

Sin embargo, también ha habido mejoras respecto a la edición anterior. La bandera negra almeriense por mala gestión del año 2025, que luchaba contra la urbanización del Salar de los Canos (Vera), ha sido eliminada tras un acuerdo entre el Ayuntamiento y la empresa propietaria de los terrenos.

La Junta de Extremadura ya gestiona de forma electrónica el 91 % de los trámites y procedimientos en su relación con la ciudadanía, lo que la sitúa por encima de la media europea (88 %), merced a las políticas de simplificación digital y administrativa, que incluye la implantación de la Plataforma de Híper Automatización e Inteligencia artificial (IA).

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha presentado este jueves el lanzamiento de la plataforma de Híper Automatización e IA y ha expuesto la evolución de la simplificación administrativa y digital de los últimos tres años.

En dicha rueda de prensa también ha participado el consejero de Cultura, Laureano León, quien ha dado a conocer la iniciativa digital del Agente de Patrimonio Cultural (PatrimonIA).

Plataforma IA

La nueva plataforma de Hiper Automatización e IA es una solución en la nube, contratada por valor de 8 millones de euros y con una duración de tres años prorrogables hasta cinco.

Esta herramienta permitirá ordenar información, detectar retrasos, clasificar documentación, preparar borradores, realizar comprobaciones repetitivas, generar avisos y facilitar que los sistemas se comuniquen entre sí.

El objetivo en el primer año es apoyar la gestión de más de 250.000 expedientes. Una vez consolidado el modelo, la ambición es superar los 350.000 expedientes anuales con apoyo de automatización e inteligencia artificial.

No obstante, tal y como ha remarcado el consejero, “la IA no sustituye el conocimiento de los empleados públicos, lo potencia”.

En estos casi tres años de implantación, y “gracias al trabajo de cientos de profesionales de la Junta”, se han revisado procedimientos, eliminando datos y documentos innecesarios, mejorando formularios, conectando sistemas y automatizando tareas que antes se realizaban manualmente“.

Esta evolución ha sido reconocida por el Gobierno Central a través del Informe de Madurez Digital de las Administraciones en las CCAA, donde Extremadura ha pasado del 45% de los trámites accesibles de manera electrónica al 91 % superando la media europea (88 %).

Datos

Se han simplificado casi 500 trámites y se ha pasado de 100 a 751 accesibles por vía electrónica. Asimismo, se han realizado cerca de 40.000 consultas automáticas a otras administraciones para evitar pedir documentos que ya existen y se han automatizado trámites que afectan a cerca de 75.000 solicitudes, resoluciones o tareas internas.

Santamaría ha incidido en que la transformación digital ya se traduce en beneficios directos para la ciudadanía, pues simplifica trámites y reduce cargas administrativas, como ya ocurre, entre otros numerosos ámbitos, en las ayudas a la natalidad, empleo autónomo.

“La digitalización se extiende a procesos selectivos, ya completamente online, eliminando papel y desplazamientos. Además, los pagos de tasas y tributos se han digitalizado, multiplicándose los pagos electrónicos y facilitando operaciones incluso desde el móvil”, ha explicado.

Santamaría ha anunciado que la próxima semana comenzará el recorrido de participación y contraste de la futura Ley de Simplificación Inteligente de Extremadura.

“Abriremos el borrador a las comisiones sectoriales, al tejido productivo y a la sociedad civil, con el objetivo de culminar este proceso de escucha, mejora y consenso antes de finalizar el año”, ha expuesto.

Se trata de una ley “sin trámites complejos, duplicados o difíciles de entender”, donde la Administración debe pedir una sola vez los datos, consulta por sí misma la información que ya está disponible, “utiliza un lenguaje claro y reduce documentos”, entre otros beneficios.

PatrimonIA

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureno León, ha explicado que PatrimonIA es una innovadora herramienta basada en IA destinada a reforzar la protección, gestión y tramitación de expedientes relacionados con el patrimonio cultural de la región.

La aplicación ha conseguido reducir más de un 95 % los tiempos de tramitación de determinados expedientes.

Entre el 60% y el 70 % de los informes se van a generar de forma automática, y el esfuerzo de recopilación de información se reduce hasta el 90 %, ha apuntado el consejero.

En principio se está aplicando en expedientes de protección del patrimonio cultural que requieren fundamentalmente mucho análisis documental, como son autorizaciones para intervenciones arqueológicas, declaraciones de impacto ambiental y tareas de actualización y consulta del inventario.

No obstante, ya se están realizando pruebas para poder extender el uso de esta herramienta a otro tipo de procedimientos.

Esta herramienta “no sustituye el criterio técnico, sino que lo fortalece, porque libera a los profesionales de tareas rutinarias y les permite concentrarse en el análisis y la toma de decisiones”.

PatrimonIA ya trabaja con cerca de 4.000 expedientes gestionados por la Dirección General de Patrimonio y con información acumulada de los últimos cinco años, lo que permite ofrecer preinformes sobre posibles afecciones, valores o condicionantes de un terreno o proyecto.

“Cuando un ciudadano, un empresario o un promotor inicia un proyecto, necesita certezas y respuestas rápidas; eso es precisamente lo que viene a ofrecer esta herramienta”, ha dicho.

León ha defendido que se trata de un proyecto pionero en el ámbito autonómico, al no existir actualmente otra comunidad que cuente con una aplicación de estas características para la gestión del patrimonio cultural. 

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprobado la concesión de una subvención ordinaria de 6.300.000 euros a la empresa municipal Logroño Deporte, S.A.. Una partida que, como ha apuntado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, se confiere con objeto de cubrir el déficit de explotación derivado de la gestión pública municipal de la sociedad en 2026.

Esta cantidad se reduce en 200.000 euros con respecto al año 2025 (6.500.000 euros) y en 800.000 euros con respecto a 2024 (7.100.000 euros) gracias a la eficiencia administrativa y financiera en la gestión para reducir dicho déficit, así como por la generación de más ingresos propios tras el incremento de la ocupación y la cobertura de actividades de Logroño Deporte (alcanzan el 82%) o el alquiler de espacios para actividades.

A ello ha sumado que “hemos conseguido incrementar y aumentar la ocupación y las actividades de Logroño Deporte, que han aumentado hasta un 82 por ciento”, así “un incremento en cuanto a los alquileres para realizar actividades deportivas”. Ha valorado que “teniendo en cuenta esta gestión, unida a la racionalización del gasto, ese plan de gestión que se ha puesto en práctica en Logroño Deporte ha hecho que los presupuestos de esta entidad cubran el déficit de explotación, pero en 200.000 euros por debajo de lo que fue el año pasado y por debajo de 800.000 euros respecto al año 2024”. “Por lo tanto, quería poner en valor este histórico precisamente para que se vea la evolución en cuanto al desarrollo de Logroño Deporte a nivel presupuestario y a nivel contable”, ha concluido Celia Sanz.

Hace justo una semana denunciaban el uso de una Fundación del Gobierno de La Rioja “como un chiriguito para usar recursos sin control del Parlamento regional”. Este viernes, los socialistas han hecho público un informe de Intervención General que señala “deficiencias relevantes en el control y en la gestión económico-financiera de la Fundación para la Transformación”.

El diputado regional, Miguel González de Legrarra, ha recordado que tras la denuncia de la semana pasada, “por fin se publicó en el portal de transparencia de la Fundación para la Transformación de La Rioja un informe de auditoría de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2024”. Aunque, ha apositllado, “este informe no se ha publicado en el plazo exigido por la Ley”.

Además, “no estamos ante una auditoría independiente, como venía ocurriendo en ejercicios anteriores, ya que el informe lo elabora la Intervención General del Gobierno de La Rioja”. El diputado socialista ha señalado que el contenido del informe “es preocupante y hace saltar todas las alarmas, ya que se basa en otro informe previo realizado por una empresa auditora externa y que, sorprendentemente, no se ha hecho público”. Miguel González de Legarra ha dicho que “con esto, se ha pretendido maquillar o suavizar las conclusiones del auditor independiente, ocultando su contenido real”. De hecho, “es tal el descontrol en la gestión, que la empresa auditora contratada por la Intervención General se ha negado a dar opinión sobre las cuentas de la Fundación”.

A pesar de esto, el informe de la Intervención “no puede ocultar deficiencias relevantes en el control contable y en la gestión económico-financiera de la Fundación”. El diputado socialista ha afirmado que esas deficiencias “se centran en cuestiones como el registro incorrecto de derechos de cobro, la imputación errónea de ingresos de ejercicios futuros, la ausencia de provisiones por litigios conocidos, la falta de evidencia justificativa en partidas relevantes y distorsiones del activo, del pasivo y del resultado del ejercicio”.

Así las cosas, Miguel González de Legarra ha asegurado que la gestión económico-financiera de la Fundación para la Transformación de La Rioja “es poco rigurosa, contiene errores graves en la imputación de ingresos, está dirigida con una clara falta de prudencia en la gestión de riesgos y no se somete a procedimientos de control suficientes”.

El diputado socialista ha insistido en que “esto tiene responsables políticos muy claros y que son el presidente del Patronato, Gonzalo Capellán, y los vicepresidentes Alfonso Domínguez y Belinda León”. Y, junto a ellos, “el responsable de la gestión diaria, el director gerente, Arturo Colina”.

Miguel González de Legarra ha explicado que “las cuentas no se aprobaron ni publicaron en plazo, incumpliendo la legislación vigente y las obligaciones de transparencia que rigen para una fundación pública”. Además, la auditoría externa “se ha ocultado y también es más que probable que se haya hecho fuera del plazo que exige la Ley”. Y la auditoría finalmente publicada “reconoce errores graves, deficiencias de control y una imagen económica que no refleja fielmente la realidad”. Y, todo esto, “en una fundación pública financiada con dinero de todos, es absolutamente inaceptable”. Por eso, desde el PSOE “exigimos explicaciones políticas inmediatas, la asunción de responsabilidades en el Patronato y la adopción de medidas correctoras reales, no cosméticas”

Improvisación, gestión errática, falta de planificación. Son algunos de los calificativos que el portavoz del Partido Riojano en Logroño, Rubén Antoñanzas, ha empleado para describir la política del Ayuntamiento de Logroño en materia de movilidad urbana. En rueda de prensa, el regionalista ha censurado que “el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, está gobernando sin una hoja de ruta clara desde que comenzó la legislatura”. Como ejemplo ha citado la “devolución de más de 7,5 millones euros de fondos europeos, la subida de los tributos, un presupuesto descompensado en 8 millones de euros, recortes en gasto corriente o la movilidad, que parece haber entrado en la era del experimento permanente”.

Y además ha citado el nuevo paso de peatones frente al colegio Jesuitas. “Lo han iniciado en pleno curso escolar, a escasos metros de otros dos pasos, pero lo peor es que no han previsto elevarlo ahora y lo ejecutarán en unos meses. Todo un disparate porque la obra se va a pagar dos veces”, ha denunciado.

Antoñanzas también ha recordado otros casos, como las rotondas provisionales de bolardos en Avenida de Lobete y Hermanos Hircio, “actuaciones improvisadas, que no cuentan con proyecto definitivo ni presupuesto y que son un nuevo ejemplo de despilfarro y marketing”. “Han priorizado salir más veces en la foto que gestionar de forma eficiente los recursos públicos municipales”, ha censurado.

En la misma línea, ha mencionado “el disparate de gastar 4 millones en la movilidad de La Glorieta” y la nueva rotonda de Vara de Rey, “una obra que el alcalde se comprometió a licitar en verano y de la que no sabemos nada”. “La conclusión a la que llegamos es que se anunció como una cortina de humo tras renunciar a San Antón y devolver 2 millones de euros que teníamos para su urbanización”, ha remarcado Antoñanzas.

De otro lado, el portavoz del Partido Riojano ha denunciado “las decisiones erráticas y contradictorias con los carriles bici y la movilidad sostenible”. “Tenemos el carril de Avenida de Portugal, que desaparece, resucita en Bretón de los Herreros y vuelve a caer en desgracia; o el de avenida de Lobete, que se anuncia a bombo y platillo, pero sin plazos, presupuesto, ni el acuerdo necesario con la sociedad del soterramiento para urbanizar toda la calle”, ha lamentado.

“Lo que tiene que hacer el alcalde, como vicepresidente de la sociedad, es reclamar la convocatoria del consejo de administración, en vez de criticar la falta de implicación de Adif, y conseguir la liberación de los terrenos para construir vivienda de protección oficial que tanto necesitan Logroño, sus jóvenes y las familias”, ha incidido.

Antoñanzas también ha recordado el caso de las zonas de estacionamiento temporal ‘beso y adiós’ en los colegios de la ciudad, “una propuesta del Partido Riojano, que primero fue negada por el Gobierno del Partido Popular en el pleno y meses después fue asumida como propia”.  “Todas estas rectificaciones, errores y decisiones improvisadas demuestran que la movilidad en Logroño se está gestionando sin rumbo, ni coherencia”, ha concluido Antoñanzas, quien ha reclamado “una planificación seria, que evite el despilfarro y garantice una movilidad moderna, segura y sostenible para todos los logroñeses”.

Con más de 100.000 hectáreas de monte la comarca de Pinares, que se esparce por cerca de 40 pueblos de Soria y por Burgos, tiene una de las formas de gestión forestal más peculiares de la Península Ibérica: la Suerte de Pinos. Una suerte de 'comunismo forestal' en el corazón de Castilla que ha garantizado tanto la conservación del monte como la supervivencia de generaciones enteras. En 1933, el periodista de la revista Estampa, Eduardo de Ontañón, titulaba: “¡En Burgos y Soria se ha establecido el comunismo!”. En esa pieza, el reportero arrancaba recogiendo la conversación de un párroco y un vecino: “¡Aquí no hay obreros parados ni cuestión social! ¡Aquí cada uno tiene ‘su porqué’! Aquí se reparten por igual los productos de la tierra, y los vecinos vienen a sacar del reparto de 1.500 a 2.000 pesetas anuales. Por eso no hay pobres ni obreros sin trabajo”.

Casi un siglo después este es el modelo que ha garantizado tanto la conservación del monte como la supervivencia de generaciones enteras y que ha hecho que el pinar más grande de Europa resista sin grandes incendios forestales como los que han azotado a las provincias de Ourense, León, Zamora, Salamanca, Ávila o Palencia.

Pero no todo es tan idílico, este modelo se enfrenta a un dilema: ¿Cómo se puede mantener vivo un sistema pensado en el siglo XVIII en un contexto de despoblación, abandono del campo y cambio climático? La Suerte de Pinos necesita una actualización, ya que la falta de limpieza de los montes han hecho acumularse una ingente cantidad de combustible que, sumado a la gran densidad de árboles, hace de los pinares un dragón que duerme en el interior de la montaña.

Una historia de 'privilegios' y supervivencia

El modelo nació en plena Edad Media, cuando la Corona impulsó la repoblación de estas sierras frías, duras y con una población escasa y depauperada. “Los reyes no eran tontos, lo que hacían era repartir una parte de los aprovechamientos para la supervivencia, pero además crear población”, explica Ambrosio Montero, vicepresidente de la Real Cabaña de Carreteros (RCC) y empresario en la industria de extracción de biomasa.

Esa herencia se consolidó en los siglos posteriores, cuando la Marina necesitaba madera para sus navíos y al mismo tiempo debía garantizar que la gente pudiera sobrevivir en unas tierras de montaña, poco aptas para la agricultura. La solución fue singular: un reparto vecinal de los recursos del monte. Cada habitante con arraigo en el pueblo tenía derecho a un lote de árboles, o al beneficio económico de su venta.

Durante siglos, este 'comunismo a la serrana' vertebró la economía y la vida social de la Sierra de la Demanda y de la comarca pinariega.

El sistema no solo proporcionaba ingresos, sino que también servía de red de seguridad comunitaria. “Era como una medida de economía: lo que sacaban del monte servía para mantener ganado, jornales y sustento”, recuerda Montero. Y añade: “El dinero que iba a la caja común del ayuntamiento tenía que ser para desarrollo social del pueblo: agua, luz, calles… por eso se decía que éramos los pueblos más ricos de Burgos. Nada más lejos de la realidad”.

Del reparto al abandono

Nunca fueron los pueblos de la Sierra de la Demanda ricos, fruto de ello las numerosas oleadas de migrantes que, primero, fueron a América y generaciones más tarde tuvieron que salir a países europeos. Poco a poco la madera se ha ido devaluando y lo que reciben los vecinos apenas es más simbólico que un complemento a la economía del hogar.

La pérdida de valor de la madera, la mecanización del campo y la despoblación han erosionado el modelo. Donde antes los vecinos recogían leña, pastaba el ganado y limpiaban el monte para su propio sustento, hoy la mayoría de los recursos quedan sin aprovechar. Y el resultado es un bosque denso hasta el exceso. “El monte está a tope, está capitalizado como nunca, pero es un bosque del siglo XVIII con unas condiciones climáticas del siglo XXI. Ese modelo ya no nos sirve”, reflexiona Montero.

El riesgo de un gran incendio forestal es enorme.“Esta masa en continuo, monocultivo, superdensa, con muchísima biomasa… el día que arda es una bomba de Hiroshima”, advierte el serrano.

Una masa forestal sin gestión

La paradoja es que la comarca presume de no haber sufrido grandes incendios en décadas, pero ese mismo éxito puede volverse en contra. “Estamos teniendo mucha suerte de que no estén pasando cosas graves aquí”, apunta Montero. La acumulación de madera y biomasa convierte a los pinares en un polvorín latente.

La comparación con los incendios recientes en León y Zamora es inevitable. “Sin hacer de menos al sufrimiento que están pasando, los fuegos de León no son nada en comparación con si ardiera esta masa forestal. Aquí se podría formar un pirocúmulo que nadie sabe lo que puede provocar”, explica el vicepresidente de la RCC.

La clave, insiste, está en la gestión. Y ahí el modelo comunitario muestra sus grietas. “Todo el mundo sabe lo que hay que hacer, pero hay que hacerlo. Falta gestión y fondos públicos”, asevera Montero.

Un nuevo modelo

Desde este territorio se plantea un cambio radical en la forma de entender el monte. “Hay demasiada masa, hay que aligerar y seguramente habrá que introducir otras especies. Hace falta una silvicultura de mosaico”, defiende Montero. Esa diversificación permitiría no solo frenar el riesgo de incendios, sino también adaptar el bosque a las nuevas condiciones climáticas y volver a ser un monte atractivo para trabajar.

La comparación con otras infraestructuras públicas es otra de las cuestiones pendientes de las diferentes administraciones públicas: “Si quieres tener medio ambiente y agua, hay que mantener los montes como una infraestructura básica del Estado, igual que hospitales o carreteras”.

Pero la realidad en el territorio va en sentido contrario y es más tozuda: menos guardas forestales, menos cuadrillas, más burocracia y trabas para quienes aún viven en contacto directo con el monte. “De cinco o seis guardas forestales en Quintanar hemos pasado a uno; en toda la comarca de 15 o 16 a cinco”. Una cuestión que ha hecho movilizarse a los diferentes pueblos y que ha hecho convocar una manifestación para este domingo en el comunero de Revenga, perteneciente a Regumiel, Canicosa y Quintanar.

Custodios invisibles

La crítica de Montero, que también la trasladan los vecinos de la zona, no se limita a las instituciones. También señala la falta de reconocimiento a quienes todavía sostienen el medio rural. “La gente del sector primario presta servicios ecosistémicos impagables, y hay que compensarlos para que sigan viviendo aquí”. Se refiere, por ejemplo, al papel del pastoreo extensivo en la limpieza natural del monte.

“Hay que dignificar y reconocer socialmente esos empleos, porque son los que te dan de beber a ti en la ciudad”, relata. “Sin esa base social —advierte— la despoblación terminará por desarmar cualquier sistema de gestión”.

La vinculación entre los vecinos y el bosque, que durante siglos se entendía como algo natural, se ha debilitado. “Aquí el hombre defendía lo suyo porque el monte era su casa. Esa vinculación hay que recuperarla”, apostilla Montero.

La Suerte de Pinos, ahora también Bien de Interés Cultural

En diciembre de 2024, la Junta de Castilla y León declaró la Suerte de Pinos Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial. Se reconocía así no solo el valor económico y ambiental del modelo, sino también su dimensión simbólica como seña de identidad de toda una comarca.

El decreto lo define como una práctica social y jurídica transmitida de generación en generación, que ha permitido la conservación de 100.000 hectáreas de pinares en Burgos y Soria. El reconocimiento llega tarde para algunos, pero al menos supone un intento de revalorizar lo que durante siglos fue la base de la vida comunitaria.

Real Cabaña de Carreteros: la voz reivindicativa de la recuperación del monte

Con el declive de los viejos oficios, la institución se fue diluyendo, pero a finales del siglo XX fue recuperada como asociación cultural. “La Cabaña resurge hace casi 30 años, con motivo del quinto centenario de su fundación”, explica Montero. Primero se trató de una labor de rescate de la memoria: documentales como 'El hombre y el bosque ibérico', la recuperación de la casi extinta raza de vaca serrana —indispensable para el arrastre de las carretas— o recuperar los oficios forestales casi olvidados, como con la fabricación de la pez —producto de los tocones de los pinos para impermeabilizar— en un horno.

Esta asociación se postula para ser voz y hacer de 'lobby' de los pueblos de la comarca. “Los ayuntamientos son los propietarios, las comunidades y el Estado gestionan, pero los propios dueños del monte no tenemos un lobby potente para defender lo nuestro”, denuncia el vicepresidente de la RCC.

La Cabaña mantiene viva esa identidad y exige corresponsabilidad: que la sociedad reconozca y apoye el papel de los municipios y de los habitantes en la custodia de un patrimonio forestal único.

Una encrucijada

El futuro de este “comunismo forestal” está en el aire. Por un lado, cuenta con la legitimidad de la historia, la fuerza de la identidad cultural y la prueba de que, a diferencia de otras zonas, los montes de Pinares han resistido sin grandes incendios. Por otro, se enfrenta al reto de reinventarse para no convertirse en un modelo anacrónico y que haga peligrar la viabilidad de la cada vez más menguante y envejecida población de la comarca.

Montero lo resume con una mezcla de orgullo y preocupación: “La sociedad se tiene que corresponsabilizar. No se trata de culpas, sino de arrimar todos el hombro”.

Porque lo que está en juego no es solo la supervivencia de un sistema de reparto vecinal, sino la continuidad de un paisaje cultural único en Europa, la seguridad frente a incendios devastadores y la posibilidad de que los pueblos de Pinares sigan vivos en un futuro que ya no se mide en siglos, como sí pensaban los pobladores de varias generaciones atrás, sino en décadas y casi en tiempo de descuento.

El Gobierno municipal de PP y Vox en Torrijos -localidad toledana de cerca de 15.000 habitantes- ha decidido invertir medio millón de euros en comprar la plaza de toros del pueblo, hasta ahora de titularidad privada. De hecho, el propio Consistorio alquilaba el recinto de forma anual por un total de 7.000 euros.

Así lo transmitieron en el pleno municipal de julio los representantes del Ejecutivo local, sesión en la que se aprobó el gasto dentro de un presupuesto de un total de 13 millones de euros, que crece en más de un 14% con relación al de 2024.

Laura Félix, concejal de Hacienda y representante de Vox, anunciaba durante el pleno que se había puesto en marcha la gestión para un crédito por un total de 510.000 euros para realizar la adquisición, a la vez que advertía de que se realizan modificaciones en las partidas de gastos, para dar cobertura a la subida de los salarios del personal municipales por ejemplo, “sin perjuicio de los intereses de la operación de préstamo a largo plazo” para adquirir la plaza de toros.

Félix también ha resaltado que el aumento de las inversiones aumenta hasta los 547.000 euros, “fundamentalmente” por el gasto de adquirir el recinto.

Durante el pleno, el PSOE mostró sus reticencias ante la decisión. El grupo municipal advertía de que adquirir la plaza implicaría “sí o sí” una serie de inversiones complementarias, para su adecuación y mantenimiento. “Teniendo en cuenta que el alquiler actual asciende a los 7.000 euros si lo dividimos, nos dan bastantes años de alquiler”, apuntaba el edil Fernando de Miguel a la concejala de Vox en el pleno.

“No se esconden”, lamentaba en declaraciones a este medio el portavoz de IU en la localidad, Raúl Díaz. Sobre todo, resalta el portavoz de la formación que no tiene representación en el ayuntamiento, es una decisión que se toma tras haber quitado “muchos servicios”. “Ahora están invirtiendo para un uso muy puntual”, manifiesta Díaz.

Por su parte, desde Vox defendían durante la celebración del pleno que la plaza de toros “nunca ha sido propiedad del Ayuntamiento”. “Han tenido que pasar 117 años para que sea de todos los torrijeños. Lo han intentado todos los equipos de Gobierno, tanto unos como otros y nunca lo consiguieron”, aseveró la edil de extrema derecha.

“Que lo sepa Torrijos, que el Ayuntamiento con la negligencia de alguno tuvo que pagar casi 60 millones de pesetas sin comprar la plaza de toros estos son datos oficiales”, añadió la concejala. También resaltó que el anterior alcalde, Anastasio Arevalillo del PSOE, llegó a dar su “voto favorable” para la compra del coso taurino.

El nuevo presupuesto, que asciende a un total de 12.976.520 euros, se aprobó con los votos a favor del PP y Vox, con los 6 votos en contra del PSOE. Crece en un 14,4% respecto al de 2024, y la partida que se destinará a la adquisición de la plaza de toros es superior, por ejemplo, a la que se dedica al Centro de Mayores de la localidad.

Buenas noticias para las personas usuarias de los centros La Gota de Leche y La Atalaya en Logroño. Y es que tras varios meses con problemas e incluso cierres, el Ayuntamiento de Logroño ha informado de que ambos espacios volverán a ofrecer sus servicios con normalidad a lo largo de esta semana. Así se ha acordado en la Junta de Gobierno Local celebrada este lunes con carácter extraordinario ha adjudicado los contrarios para los servicios auxiliares y de limpieza de la Gota de Leche y del centro infanto-juvenil La Atalaya a la empresa JIG Easy Services.

En el caso de La Gota de Leche, el contrato adjudicado asciende a 242.669,59 euros (IVA incluido), que se desglosa en dos anualidades:

Respecto del centro infanto-juvenil La Atalaya, el contrato tiene una cuantía de 94.902,34 euros (IVA incluido), que se dividen en dos anualidades:

De este modo concluye el procedimiento urgente de licitación puesto en marcha con la máxima celeridad administrativa posible para que los servicios auxiliares y de limpieza de ambos centros puedan volver a la normalidad a lo largo de esta semana.

Isabel Diaz Ayuso y Carlos Mazón, dos líderes regionales de la misma generación, están en este momento unidos por el juicio político, moral y en los tribunales de su gestión ante una catástrofe. Cinco años después, en Madrid dos ex altos cargos del Gobierno autonómico están imputados por los protocolos de no derivación a hospitales de los residentes en geriátricos públicos y concertados en lo peor de la COVID. Más de 7.000 personas murieron por la enfermedad solos y sin ningún tipo de asistencia. En Valencia, solo medio año después de la DANA, hay dos altos cargos políticos del Gobierno de Mazón imputados por la muerte de 227 personas en la riada. Mazon no está imputado todavía sencillamente porque está aforado.

Con Raquel Ejerique, adjunta al director de elDiario.es y que ha seguido de cerca ambos asuntos, comentamos los paralelismos entre la actuación de los dos responsables públicos cuyas repercusiones les perseguirán para siempre.

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El Gobierno de La Rioja intensifica su apoyo y asistencia a los municipios de más de 2.500 habitantes, con exclusión de las cabeceras de comarca y de Logroño, que gestionan directamente casi 6 millones de euros de fondos europeos Next Generation del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en diferentes líneas de actuación como la eficiencia energética, la mejora del abastecimiento y gestión del agua de boca, la promoción turística, los servicios sociales y la accesibilidad a las instalaciones públicas. 

El director general de Fondos y Relaciones con la UE, Jesús Ángel Garrido, ha mantenido un encuentro con representantes de estos consistorios, que “se enmarca dentro de una red de contactos con todos los ayuntamientos de La Rioja, que fructificó en un convenio con la Federación Riojana de Municipios (FRM), por importe de 300.000 euros, para que las entidades locales de menos de 2.500 habitantes pudiesen tramitar con mayor facilidad los expedientes financiados con los fondos Next Generation”. 

Por otro lado, Jesús Ángel Garrrido ha informado en la reunión de que el Gobierno de La Rioja va a “potenciar el servicio de atención telefónica exclusiva, de manera que los municipios puedan canalizar sus dudas a la hora de gestionar los expedientes, así como agilizar la tramitación de aquellas actuaciones que realizan tanto con la Administración General del Estado como con la Comunidad Autónoma”.  

La nueva Oficina Virtual de Gestión Tributaria ya permite solicitar y consultar los recibos de los servicios de agua y basura, cuyos abonos se deben realizar antes del 5 de mayo siguiendo los cauces habituales (mediante domiciliación bancaria, de manera presencial o a través de la plataforma de Administración electrónica municipal tributos.logrono.es).

Por primera vez, el recibo de agua (que incluye la tasa de suministro, la de abastecimiento y el canon del saneamiento) y el de basuras (en cuyo caso no se aplica la nueva tasa, sino que se reflejará en el recibo del segundo semestre) se girarán de manera independiente para facilitar, entre otras cosas, su gestión digital.

Para ello, desde la Unidad de Gestión Tributaria del Ayuntamiento se ha puesto en marcha el sistema de envío de los recibos en formato electrónico. Así, en el caso de las personas jurídicas (empresas y profesionales) se hace efectivo el requisito que estipula que deben relacionarse electrónicamente con la Administración.

Respecto a las personas físicas, en el caso de que quieran dejar de recibir en papel su recibo, pueden darse de alta en el servicio de notificaciones electrónicas disponible en la Oficina Virtual de Gestión Tributaria, lo que contribuye a reducir el consumo de papel y la seguridad de la recepción del documento, visible desde diferentes dispositivos. Además, desde este apartado el usuario también podrá modificar sus datos personales como, por ejemplo, la dirección de correo electrónico en la que recibir el recibo. 

Contadores de agua

En aquellos casos en que observen que hay algún error en la lectura del contador de agua, los ciudadanos pueden comunicar al Ayuntamiento el dato correcto a través de un sencillo formulario en el que se podrá insertar una imagen del contador.

En este sentido, para evitar desplazamientos de la ciudadanía y ofrecer una gestión más ágil, la Oficina Virtual de Gestión Tributaria cuenta con un formulario para solicitar la revisión y rectificación de la lectura que se puede remitir rápidamente a través del correo electrónico a tributos@logrono.es

De cara a las comunidades de propietarios, que cuentan con varios contadores (uno por cada vecino), a partir de ahora se remitirá un recibo detallado por cada unidad de registro en un envío único y no uno genérico referente a toda la comunidad como se hacía hasta ahora.

Oficina Virtual de Gestión Tributaria

La nueva Oficina Virtual de Gestión Tributaria, que supone un paso más dentro del proyecto de Administración electrónica, comenzó su actividad el pasado mes de febrero de forma gradual, incorporando poco a poco más trámites como, en este caso, el abono de las tasas de agua y basura.

La herramienta, disponible en el enlace tributos.logrono.es y con la que los ciudadanos podrán realizar todas sus gestiones tributarias de forma digital, integra las diferentes fases de la administración electrónica, desde el registro inicial hasta la notificación final de cada trámite.

De este modo, se pueden realizar trámites tributarios de forma inmediata como, por ejemplo, la solicitud de fraccionamiento de deudas, beneficios fiscales, devoluciones del IVTM y excesos, solicitud de prórroga, abono de multas, gestión de tasas y precios públicos, etc., mediante un proceso de autogestión y autoliquidación que facilita al ciudadano liquidar determinadas tasas o impuestos a través de la web.

De esta manera se simplifica el número de unidades que intervienen, a la vez que se racionaliza el trabajo y hace más eficiente la relación tributaria entre la ciudadanía y la Administración.

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a implantar un sistema único de información para la gestión de los tratamientos oncohematológicos en los centros dependientes del servicio regional de salud. Su puesta en marcha se enmarca en el Plan Regional Integral contra el Cáncer que tiene entre sus líneas estratégicas la necesidad de disponer de sistemas de gestión de la información unificados como herramientas para mejorar la calidad asistencial.

El objetivo es la implantación de un software específico que permita tanto una gestión adecuada del proceso oncohematológico completo como una correcta explotación de los datos y resultados en salud, en un entorno corporativo e integrado con el resto de las aplicaciones y sistemas asistenciales del Servicio de Salud. Para ello se realizará una inversión de 2.536.845 euros.

En la actualidad, cada centro cuenta con un sistema de información diferente, sin homogeneidad ni en gestión de la información clínica y farmacoterapéutica, ni en la adecuación de esta a la realidad actual de demanda de información.

Con la adquisición de esta nueva herramienta, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha dispondrá de un sistema único, que abarque todo el proceso asistencial ligado a la medicación oncológica, desde el diagnóstico hasta la administración y el seguimiento del tratamiento.

De esta manera, el sistema debe incluir desde la definición de esquemas o protocolos terapéuticos hasta su posterior validación, preparación y dispensación, así como la administración y seguimiento farmacoterapéutico, dotando a todos los procesos de las herramientas de seguridad y control necesarios.

Plan de Salud regional

El Plan de Salud de Castilla-La Mancha Horizonte 2025 contempla cuatro líneas estratégicas, una de las cuales es el cambio del modelo organizativo del sistema sanitario, para dar paso a un modelo innovador y de calidad para mejorar la atención a las personas, el desarrollo profesional y la calidad y seguridad en la práctica profesional.

En este ámbito, esta línea estratégica tiene, como dos de los objetivos específicos, mejorar la explotación de los sistemas de información para la evaluación de los resultados de salud y la toma de decisiones, y el implantar el uso racional de las nuevas tecnologías de la información.

En concreto, se propone conseguir la interoperabilidad o integración de los sistemas de información para lograr una visión única y regional de todos los sistemas, disminuir la variabilidad en el registro de la información sanitaria para obtener datos útiles y consistentes y proporcionar información accesible y adecuada que facilite la toma de decisiones, tanto para la gestión sanitaria, como para la mejora de la práctica clínica.

En este sentido, y con el avance de la digitalización, la tecnología y la conectividad en todos los ámbitos, se hace patente la necesidad de disponer de un único sistema electrónico de prescripción, validación y administración de medicamentos oncohematológicos, dando lugar a un entorno de trabajo modernizado, eficiente, seguro e interoperable entre hospitales.

Además, el informe sobre las Cifras del Cáncer en España de 2022, realizado por la Sociedad Española de Oncología Médica, estima que la incidencia del cáncer aumentará de los 280.010 casos en 2022 a los 341.000 casos en 2040. Gracias a los avances de los últimos 40 años, el aumento de la supervivencia ha supuesto un cambio de paradigma para estos pacientes, que cada vez controlan más su enfermedad durante años y alcanzan una situación de enfermedad crónica.

Esta situación, ante la demanda del número de pacientes que precisan, no solo atención para el proceso agudo, sino también atención prolongada en el tiempo obliga a los servicios de salud a dotar de la infraestructura digital necesaria para prestar una asistencia de calidad, de seguridad durante todo el proceso y con garantía en la continuidad de los cuidados y seguimiento en el tiempo en todos los ámbitos asistenciales.

Por ello, la adquisición de un sistema regional de información permitirá, además, una explotación de datos y evaluación de resultados a nivel centralizado que facilite la toma de decisiones basada en información real de los resultados en salud en nuestra población, para el diseño y compromiso de políticas de actuación enfocadas en la mejora continua.

Pensábamos en un titular para esta segunda entrega sobre balances de gestión de Nuestro Patrimonio durante el año que termina, en este caso, de la Viceconsejería de Educación, Cultura y Deportes y, realmente, después de meditar qué es lo que falla en cada uno de los servicios dedicados a la gestión del Patrimonio cultural hemos pensado que no podemos seguir repitiendo lo mismo que hemos dicho en otros balances anuales, sino que hemos de buscar el origen de la ausencia de eficacia en la propia estructura de la Viceconsejería, centrándonos en este tema y dejando a un lado las actividades culturales, la gestión del deporte y las políticas destinadas a la juventud.

Creemos, y es nuestra humilde opinión, que la Viceconsejería -en algún momento como Consejería-, bajo un signo político u otro, ha pecado de excesivo dirigismo y de rigidez administrativa, con falta de autonomía y capacidad de gestión de recursos económicos propios para cada uno de los actores de la gestión de nuestro patrimonio cultural.

Un centralismo que hace que se asfixien todo tipo de iniciativas, aporten una rigidez innecesaria en la planificación de cada una de las entidades de gestión ya sean las delegaciones provinciales, los archivos, bibliotecas, parques arqueológicos o los museos dependientes del gobierno regional, aumentando así eficiencia y, sobre todo, la desafección de la ciudadanía como última destinataria de las políticas culturales.

Por supuesto, que hay otros modelos en las distintas comunidades autónomas y en otras latitudes fuera de nuestro país. Desde la externalización de la gestión cultural hasta la estructura que aquí analizamos, que pudiera servir para un pequeño territorio como los territorios uniprovinciales, pero no para una región tan extensa y unos recursos económicos y humanos tan limitados. Prueba de ello es que actualmente presenta altos índices de ineficiencia y una falta de adecuación a nuevas necesidades.

Y no, no se nos puede decir que generalizamos, o que no ponemos ejemplos concretos. Semana tras semana hemos ido trasladando a los lectores y lectoras muestras de buenas prácticas, pero, desgraciadamente, muchos más problemas puntuales, necesidades no atendidas, y no queremos hacer aquí un recopilatorio de ello, lo tienen ustedes en la base de datos digital de esta columna.

Y es que falta planificación -el último Plan digno de ese nombre se realizó hace treinta años y no hemos vuelto a ver algo parecido-, no funcionan correctamente los consejos asesores que señalan la propia normativa con la que se ha ido dotando el corpus administrativo regional, ni la participación ciudadana. Tampoco se ha creado una práctica política de coordinación con las administraciones provinciales o municipales más allá de ejemplos de colaboración puntuales con tal o cual diputación o ayuntamiento.

Y no sólo es responsabilidad de los gestores de la Viceconsejería de Cultura, sino que también hay que señalar la falta de una oposición que realmente cumpla esa función en esta área. Parece que a los partidos políticos la gestión cultural sigue siendo una guinda que adorna el pastel y no un derecho básico de la ciudadanía, tal como señala la UNESCO, las directivas europeas y la propia Constitución española.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha propuesto una reflexión política en el medio plazo que derive en la creación de un “organismo o autoridad independiente” que se encargue de la gestión de grandes catástrofes como la sufrida en España en los últimos días tras el paso de la última DANA, una figura que consiga la “interferencia política cero” a la hora de tomar decisiones.

Durante su participación en un desayuno informativo ha dicho que en todo caso son las autoridades las responsables de dar respuesta a este tipo de fenómenos, pero insiste en que “sería deseable que haya cero interferencia política” por la vía de contar “con una autoridad independiente”.

En este punto, ha celebrado la “coordinación con todas las administraciones públicas” para conseguir trabajar “sin improvisar” en la gestión de la catástrofe en Letur y en Mira.

“Dentro de un orden, nosotros tenemos el drama perimetrado y enfocado”, ha dicho antes de mostrar su solidaridad con Valencia, a cuyos responsables políticos no quiere discutirles su “buena fe”.

Aunque tiene muy claro que esta tragedia tardará en pasar su página, ha expresado cómo le conmueve estar cerca de las personas que más han sufrido la catástrofe, y él que ha podido estar cerca de las familias de las víctimas, ha comprobado la “huella enorme” que dejan las historias de la tragedia.

Una huella que prefiere tener. “Siempre te preguntas en una tragedia si es mejor acercarte al fuego o no. Y siempre es mejor”, ha dicho, antes de enunciar una “lección” que aprendió como gobernante: “Cuando te viene algo inesperado, crítico y sobre todo trágico, el único cálculo político que cabe hacer en una tragedia es no hacer cálculos, porque todo el que lo hace es víctima de esa marrullería”.

Ha indicado que lo primero es “preocuparse por las personas”, después “resarcir los daños” y luego “sacar conclusiones” políticas, judiciales, penales y “organizativas”.

También ha ofrecido la posibilidad de programar una reflexión una vez pase la tragedia para abordar cómo afrontar la gestión de los ríos así como sus crecidas de caudal en momentos de mucha precipitación.

Respuesta del jefe de la UME

El general Javier Marcos, jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), ha respondido a la propuesta del socialista. “Estamos dotados de un marco normativo que funciona perfectamente”, ha resaltado en rueda de prensa.

“Todos los aspectos quedaron suficientemente claros, nos hemos dotado de un marco normativo que funciona perfectamenta, el Sistema Nacional de Protección Civil y Emergencias”, recalcó Marcos, en una comparecencia para explicar el papel que tuvo la UME durante las labores para paliar los efectos de la DANA.

Los sindicatos de la enseñanza pública navarra (Steilas, ANPE, Afapna, LAB, CCOO, ELA y UGT) han pedido al Departamento de Educación que incluya en los presupuestos que se debatirán durante las próximas semanas en el Parlamento foral partidas económicas que ayuden a mejorar sus condiciones laborales, como la bajada de ratios.

En una concentración delante de la Cámara foral han anunciado que el lunes acudirán a una nueva mesa sectorial convocada por el Gobierno de María Chivite en la que esperan que se produzcan “avances” en la negociación. Los sindicatos han anunciado que de no ser así “intensificarán” las movilizaciones con nuevas jornadas de huelga.

“Creemos que es la vía necesaria para poder avanzar y dar respuesta a los problemas que hay planteados en la enseñanza pública. Creemos que es posible, pero también es verdad que tampoco podemos dejarlo mucho más allá, es decir, hay que tomar decisiones y hay que tomarlas ya”, ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación Carlos Rodrigo, del sindicato ANPE.

Ha explicado Rodrigo que hasta la fecha muchas de sus reclamaciones “no han tenido una respuesta convincente o necesaria por parte del Gobierno” de Navarra. “Esas peticiones, algunas de ellas, indudablemente tienen que tener un respaldo parlamentario y un respaldo presupuestario, en el sentido de que tienen que tener financiación. No nos vale acordar nada para luego no tener un respaldo financiero que permita llevar adelante esas reivindicaciones”, ha subrayado, tras mostrar “toda nuestra disposición a dialogar y a intentar alcanzar acuerdos”.

“Creemos que hay margen para alcanzar esas soluciones y para llegar a acuerdos. No cerramos ninguna puerta y estamos abiertos a cualquier tipo de movilización, de continuar trabajando para hacer posible que esas medidas salgan adelante”, ha señalado Rodrigo.

Si puede resultar “sencillo” entender por qué se inundan una y otra vez las mismas localidades cada vez que se produce una gran tormenta, lo que es más “difícil” es encontrar una solución que prevenga los destrozos que provoca el agua. Pero el trabajo en llegar a estas soluciones está ahí, y se está realizando de manera global. Así se ha abordado en el Congreso Internacional 'Water and the Cities' -'Agua y las ciudades'- que ha acogido esta semana la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Castilla-La Mancha, en Toledo.

En su primera edición, el congreso se ha centrado entre la relación que tienen los entornos urbanos con este recurso, poniendo especial énfasis en los retos que tendrán las ciudades ante la gestión del agua en un contexto de cambio climático.

Ya en la ponencia inicial, el profesor Enrique Sánchez resaltaba la importancia de que aunque cada vez va a llover “menos” en términos anuales, sí aumenta la probabilidad de que se produzcan precipitaciones más intensas, más torrenciales. Por eso, Sánchez subrayaba la importancia de contar con una imagen “lo más clara posible” de los eventos a los que se puede enfrentar una ciudad en específico. “Hay que ser conscientes, y eso lo saben en la planificación, donde hay tendencia a que los ríos, los torrentes, los barrancos acumulen agua cuando se producen esas precipitaciones muy intensas en muy poco tiempo”, ha planteado al respecto. “La gestión urbanística tiene que ser consciente de dónde son esos puntos y minimizar el riesgo”, ha añadido.

La profesora Beatriz Larraz, que también dirige la Cátedra del Tajo, explicaba que se deben introducir nuevas propuestas y modelos de gestión, frente a soluciones “clásicas” que “vemos que no funcionan”. En concreto, Larraz hizo referencia al proceso de esponjamiento de la tierra y de cómo el desarrollo urbanístico debe planificarse en conjunto con elementos naturales que ayudan a la absorción del agua. “Siempre y cuando nosotros vayamos haciendo canales y no respetemos las lagunas de inundación, esas zonas que tiene el río para poder expandirse de forma natural, pues es cuando se producen las inundaciones”, expuso la experta.

“Vamos a intentar incorporar estas medidas basadas en la naturaleza para ver si conseguimos algo”, especificaba la directora de la Cátedra del Tajo.

Las soluciones, tras haber “alterado” los espacios fluviales

Raúl Urquiaga, también de la Cátedra del Tajo, expuso en el Congreso las soluciones que se pueden plantear tras lo ocurrido en la región en la DANA de septiembre de 2023 (y también la de 2022). “Lo que hemos valorado es si esas inundaciones han sido agravadas de alguna manera por errores en la ordenación del territorio, en la ordenación urbanística y por la ocupación del espacio fluvial y también por la transformación morfológica de los cursos fluviales. Desde ahí, hay que plantear soluciones”, explica. En concreto, se ha tratado el caso de 18 localidades de Toledo, entre ellas la capital autonómica, donde efectivamente “se ha ocupado y alterado el espacio fluvial”, explica.

“Son estas canalizaciones, cauces soterrados, impermeabilización del espacio fluvial y finalmente la ocupación de las zonas inundables lo que ha favorecido la inundación y sus mayores daños”, recalca Urquiaga. La profesora de arquitectura, Adelaida del Puerto, exponía en el congreso que, por ejemplo, el mismo Hospital Provincial de Toledo está ubicado muy cerca de zonas inundables, lo que abre la posibilidad de que un centro sanitario quede “inutilizado” por una inundación.

“La causa es sencilla de explicar, porque al eliminar vegetación de ribera, lo que se hace es reducir la acción de retención del agua. Entonces se favorece el traslado de la misma, así como de sedimentos aguas abajo. Con estas obras también se incrementa la energía del agua y sus dificultades para liberarla. Es decir, si un río está canalizado, cuando su caudal se sale de su cauce, llega a la zona de inundación y lo hace con mayor intensidad y produciendo mayores daños”, describe Urquiaga. Pero lo “difícil” es intervenir en lugares en los que la ciudad ya se ha construido en el cauce de un río.

“Se ha valorado erróneamente el riesgo [de ocupar zonas marcadas como inundables]. Es algo que vemos de forma generalizada en el centro de la península y, sobre todo, con zonas de ríos con poco caudal o caudales temporales, como es el caso de la provincia de Toledo”, explica el experto. Urquiaga afirma que, efectivamente, “lo más eficiente sería llevarse la ciudad”, pero que la propuesta es establecer medidas que favorezcan la retención y la infiltración del agua, en concreto interviniendo “aguas arriba”.

“Realmente, lo que necesitan los ríos es más espacio y menos regulación, tramos con más vegetación, que es un elemento fundamental. Y lógicamente hay que aprender a vivir con las inundaciones”, asegura, por lo que se deben tener en cuenta medidas de prevención que comienzan con el desarrollo urbanístico. Además, Urquiaga afirma que existen varias soluciones “falsas” como “culpar al río”. “Dicen que el problema es que hay que limpiar los ríos y canalizarlos, pero son medidas contraproducentes que solo sirven para gastar dinero”, concluye.

El alumnado apunta al “desconocimiento”

En las conclusiones, todavía informales, del congreso, la profesora de arquitectura Adelaida del Puerto apuntaba a que se ha perdido parte de la “memoria” del desarrollo urbano de pueblos como el egipcio que sí tenían en cuenta las crecidas de los ríos. A esto, Beatriz Larraz añadía que precisamente esta, la de suavizar las pendientes de las orillas de los ríos, es una de las “principales medidas” a tener en cuenta. El estudiantado presente en el final del congreso comentaba también en la necesidad de trabajar en proyectos que siempre tengan en cuenta las zonas inundables, y en ofrecer apoyo para evitar la falta de conocimiento al respecto en sus propias localidades. “Lo que menos se conoce es lo que tenemos más a la mano”, concluyó la profesora y arquitecta chilena, Sandra Iturraga.

Continúan los ceses o las reestructuraciones en la gestión sanitaria de La Rioja. Ahora le ha tocado el turno a la directora de Enfermería del Hospital de Calahorra, Noelia Vicente. Desde el Ejecutivo regional insisten en que “no estamos hablando de un cese sino de una reestructuración”. Esta semana el portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, aseguraba en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que se están produciendo cambios y que estos se deben a un paso habitual dentro del proceso de integración del Hospital de Calahorra. Sin embargo, y a pesar de formar parte de este paso habitual dentro del proceso de integración, en dicha rueda de prensa no se informó de ningún cambio en la dirección de Enfermería del Hospital de Calahorra, sólo se hizo referencia a la dimisión de la directora médica del centro hospitalario, Teresa Vidao. Tal y como aseguran fuentes del Gobierno de La Rioja, “desde el día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial del Estado, el pasado jueves, la nueva estructura tiene un director médico y una directora de enfermería únicos”

Crisis en la gestión sanitaria

Rioja2 adelantaba el lunes en exclusiva lo que un día después confirmó el portavoz del Gobierno regional en rueda de prensa. Y es que Domínguez compareció ante los medios de comunicación para dar cuenta de los cambios que se están produciendo en el SERIS. Así, reconoció que existe una carta en la que la directora médica del Hospital de Calahorra solicita su cese pero asegura que “fue acordado bilateralmente por la desaparición de este puesto”. Explicaba el martes que “la eliminación de las duplicidades” será una de las principales novedades y por ello habrá únicamente un director médico para ambos hospitales. Ahora también una única dirección de enfermería.

Confirmó también otra información adelantada por Rioja2 este mismo lunes: la destitución de Jesús Álvarez como gerente de Atención Hospitalaria. Su puesto lo ocupará a partir de ahora Corpus Gómez, especialista en gestión sanitaria con amplia experiencia en hospitales de toda España. El consejero ha agradecido a Álvarez “el esfuerzo realizado” y no quiso hacer ninguna alusión a lo que parece a todas luces la causa principal de su destitución primero como gerente del SERIS y apenas unos meses después como gerente de Atención Hospitalaria: los sobresueldos denunciados por el Partido Socialista.

Además, y dentro de esta reestructuración y eliminación de duplicidades, se ha creado una nueva dirección de Calidad y Seguridad del Paciente que estará a cargo del especialista en otorrinolaringología, Pedro Díaz de Cerio. El nuevo director del Hospital de Calahorra será Javier Sanz, un puesto que estaba vacante desde que lo dejó Pablo Ruiz Colás.

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en la Junta de Gobierno Local, ha aprobado el expediente de contratación para el suministro, la implantación y el mantenimiento de un sistema de gestión contable, financiera, presupuestaria y de control, así como la apertura del procedimiento de licitación. Para poder llevarlo a cabo, también ha dado el visto bueno a un presupuesto total de 1.156.641,42 euros (IVA incluido), divididos en cinco anualidades, entre 2024 y 2029.

Como ha resaltado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, “ante el anterior fracaso, este Ejecutivo local decidió dividirlo por lotes porque era la única forma de que esto tuviera una viabilidad y una efectividad en su implantación”. Así, ha recordado que “ya varios lotes que se han ido aprobando”.

“El que hoy se ha dado luz verde corresponde concretamente a la implantación de gestión contable sobre todo”, ha dicho Sanz, quien ha asegurado que “puede en este caso favorecer no solamente a las personas físicas sino también a las empresas y a los autónomos porque por un lado facilitará los trámites administrativos y también agilizará esos trámites”.

En palabras de la portavoz, “el Ayuntamiento de Logroño avanza en la implantación del proyecto de administración electrónica, que supondrá el impulso definitivo de la modernización de los servicios municipales”.

De este modo, con su progresiva implantación “se pretende mejorar la relación de la institución con ciudadanos, autónomos, empresas e instituciones de diferente índole, que van a ver ampliado el catálogo de servicios y mejorada la eficacia en sus tramitaciones”.

Tras la implantación completa del proyecto de administración electrónica, “con una finalización estimada para el primer trimestre de 2026”, los logroñeses “podrán realizar en torno al 90% de sus trámites administrativos habituales de forma virtual”.

Un hecho que “se traducirá en una reducción del 70% de la lista de espera para la atención presencial; del tiempo utilizado para realizar estos pasos administrativos; y en la consecución de una trazabilidad total de los expedientes administrativos y de la reordenación de la información municipal”.

Con todo, Celia Sanz ha especificado que “también podremos decir que la atención presencial en ningún caso desaparecerá, sabemos que una entidad local tiene que tener en cuenta que la cercanía al ciudadano es fundamental”.

“Por lo tanto tengan ustedes la absoluta certeza de que esta administración electrónica, que agilizará los trámites y por supuesto se pondrá al día con las nuevas tecnologías, no descartará en ningún momento esa atención presencial que entendemos que es fundamental”, ha concluido.

La Junta de Gobierno Local de Calahorra ha dado el visto bueno a la licitación de la gestión de la Escuela Infantil Municipal ‘Santos Mártires’ por más de 1,5 millones de euros, un 23,6% más que en 2022. Así, desde el Consistorio de Calahorra dicen que “se ha incrementado el importe porque se quiere mejorar la calidad de este servicio con el refuerzo de la plantilla de personal docente con un profesional más a jornada completa, ampliando el servicio de limpieza y mejorando el servicio de comedor”. El plazo de ejecución del contrato es de tres años, desde el 21 de septiembre de 2024 hasta el 31 de agosto de 2027, con posibilidad de prorrogarlo un año más. Así, los criterios de adjudicación son el proyecto de gestión educativa y organizativa (40%), el precio (25%), las mejoras presentadas (25%) y las mejoras medioambientales (10%).

Pero además, en la Junta se ha sacado a licitación el contrato mayor de suministro y plantación de planta de temporada en distintas zonas de Calahorra. Se divide en dos lotes: el primero es suministro y colocación de ‘tapiz de flor’ o equivalente en los parterres del paseo del Mercada y en la rotonda de la Glorieta de Quintiliano en las temporadas primavera y otoño de 2024. En el segundo lote se incluye el suministro y plantación directa sobre terreno/jardinera de planta en el talud de la calle Minglanillos, los alcorques del paseo del Mercadal y las jardineras del Ayuntamiento y de las calles Grande, Tilos, Sol en las temporadas de otoño y primavera de este año. La duración del contrato será por el periodo comprendido entre el día siguiente a la formalización del contrato, previsiblemente el 5 de junio, hasta el 15 de diciembre de 2024. El tipo de licitación es de 44.808,42 euros, que podrá ser mejorado a la baja. Los criterios de adjudicación son el precio (75%), las mejoras (20%) y el plazo de ejecución (5%).

El PSOE de Don Benito ha denunciado que el cierre del ejercicio económico de 2023 del Ayuntamiento presente pérdidas por valor de 200.000 euros y que el remanente de tesorería se ha reducido en 12 millones de euros desde que gobiernan Siempre Don Benito y el PP.

El vicesecretario local de los socialistas, Manuel Gómez, ha mostrado su preocupación “por el derrotero que está llevando a cabo la gestión del equipo de gobierno” y ha apuntado que el consistorio “está fallando en cosas fundamentales, como por ejemplo manejar de una manera responsable los presupuestos y cuentas municipales”, lo que a juicio del dirigente socialista es consecuencia de una política de “pan y circo”.

Gómez ha criticado que el remanente de tesorería haya pasado de los 30 millones de euros que dejaron en las arcas municipales los socialistas con José Luis Quintana al frente, a los 18 millones que había al cierre del ejercicio económico del pasado año. A eso, además, se le une que el presupuesto de 2023 se cerró con 200.000 euros en negativo.

“El equipo de gobierno muestra su incapacidad para gobernar a costa de quedar los servicios esenciales totalmente marginados, como por ejemplo las obras, que no avanzan, o los parques y zonas verdes, que están deterioradas, además de la limpieza del día a día de la ciudad”, ha agregado.

El responsable socialista ha tachado de “despropósito” la gestión municipal y ha denunciado que desde 2008 el consistorio no presentaba un cierre del ejercicio con resultado negativo. “Esto demuestra que los caprichos de la alcaldesa se resuelven tirando de chequera”, ha apostillado en su intervención.

Sobre los problemas de limpieza de espacios municipales los días anteriores, Gómez ha recordado que en los años 2021 y 2018 el Consistorio de Don Benito fue galardonado con las escobas de oro y plata, respectivamente, por la limpieza del municipio.