acusados de delitos de prevaricación continuada por la Fiscalía, que solicita inhabilitación especial para ambos, diez años para la alcaldesa y ocho para su mano derecha en el Ayuntamiento

Acusación

La inhabilitada presidenta de la Comisión de Garantías de Podemos, Olga Jiménez, no va a recurrir la sanción de tres años que le ha impuesto el propio tribunal interno del partido en los órganos de la organización. Sí se plantea, aunque todavía no ha tomado la decisión, recurrir a la Justicia ordinaria. Así lo desvela en una entrevista en El Independiente en la que expone su visión de lo ocurrido desde el pasado mes de julio, cuando estalló una pugna con la dirección estatal de Podemos.

La Comisión de Garantías notificó el pasado día 10 a Jiménez una sanción de tres años de inhabilitación para cualquier cargo interno en el partido. Las normas internas del partido dan 15 días para recurrir dicha sanción en los propios órganos de Podemos. Pero Jiménez descarta que lo vaya a hacer ya que no reconoce la legitimidad del órgano que ella ha presidido desde Vistalegre 2 hasta este mes de agosto.

Jiménez sí deja abierta la puerta a recurrir a los tribunales ordinarios, aunque en la entrevista asegura que todavía lo están estudiando.

“Tengo plazo para recurrir [en los órganos internos], pero como todo esto es un proceso que no hemos reconocido en ningún momento como válido porque desde el primer momento es nulo de pleno derecho, es absurdo recurrir dentro de esto, porque para nosotros es una pseudocomisión”, asegura.

Jiménez deja caer que sí va a recurrir a la Justicia (“no tenemos acceso al correo, pero eso ya se verá en un tribunal real”), pero luego lo rebaja a una posibilidad que está contemplando: “Tenemos que ver las consecuencias de una posible sentencia estimatoria, también desestimatoria, porque esto es derecho y no matemáticas, y qué haríamos en cada caso”. 

En cualquier caso, el conflicto ya está en los tribunales ordinarios a través de una denuncia que interpuso hace ya semanas el sector Profundización Democrática.

La expresidenta de la Comisión de Garantías también ofrece en la entrevista su visión del conflicto. Jiménez asegura que los nuevos estatutos del partido “cambian Podemos” por completo y pone como ejemplo lo que, en su opinión, es una recentralización de la toma de decisiones.

Jiménez, sin embargo, no impugnó los nuevos estatutos al completo. Tampoco se refirió en el Dictamen #3, que terminó de desatar la guerra, a esa supuesta recentralización. Jiménez pretendió anular dos apartados de las normas internas de Podemos, el referido a la composición de la propia Comisión de Garantías (es decir, al órgano que ella dirigía) y el que recoge el régimen disciplinario que, finalmente, le ha sido aplicado.

La guerra abierta en Podemos entre la presidenta de la Comisión de Garantías, Olga Jiménez, y el secretario de Organización, Pablo Echenique, supera otro hito. El tribunal interno del partido ha suspendido de su cargo durante tres años a Jiménez por graves incumplimientos de los estatutos. La resolución, dictada el pasado 23 de septiembre y a la que ha tenido acceso eldiario.es, le ha sido comunicada a Jiménez esta misma tarde y supone además la inhabilitación para representar al partido. Ahora, la ya expresidenta de la Comisión de Garantías tiene 15 días para recurrir por la vía interna o a los tribunales ordinarios.

La resolución es consecuencia del expediente sancionador abierto el pasado mes de agosto por el Consejo de Coordinación, la ejecutiva del partido, a petición de varios miembros de la propia Comisión de Garantías (CdG). La decisión la ha adoptado una Comisión de Deliberación y Decisión formada por tres miembros de la CdG. Entre ellos está Argiro Giraldo, quien se ha disputado con Jiménez la presidencia del órgano desde que fuera suspendida temporalmente de sus funciones mientras se instruía el expediente.

La resolución, de hacerse firme, implicará que Olga Jiménez no podrá optar a ningún cargo en la próxima Asamblea Ciudadana de Podemos ya que, como máximo, se debe celebrar cada tres años.

La comisión considera probados tres incumplimientos por parte de Jiménez, con una sanción de un año por cada uno de ellos. El primero se refiere a la aprobación del Dictamen número 3 que anulaba parte de los nuevos estatutos del partido. En concreto, los artículos referidos a la propia CdG y al régimen sancionador. El resto de preceptos de las normas internas de Podemos pasaron el filtro de Garantías.

La CdG sanciona a Jiménez por “la difusión de su contenido falseando el hecho de su desaprobación y falta de legitimidad” a través de los medios de comunicación “como forma de presión” lo que causó “un grave daño a la imagen” de Podemos.

En segundo lugar, la CdG sanciona a Jiménez por “haber imputado falsamente y sin posibilidad de defensa la comisión de acciones susceptibles de ser calificadas como infracciones disciplinarias”.

El tribunal interno se refiere así al enfrentamiento (“personal”, según su apreciación) que Jiménez mantuvo con la secretaria técnica del organismo cuando esta determinó que la votación en la que se habían anulado los estatutos fue irregular al contravenir los documentos aprobados en Vistalegre 2 y que fijaban la composición del tribunal interno de Podemos.

Lo dejó por escrito en un documento obviado por la todavía presidenta de la CdG.

En tercer lugar, la comisión considera que Jiménez intentó “acceder a datos personales del resto de los miembros de la CdG sin que los mismos tuvieran conocimiento de ello”.

El tribunal se refiere aquí al intento por parte de Jiménez de probar que otra de las personas que forman parte de la CdG había sido elegida sin cumplir los preceptos recogidos por el reglamento de primarias de Podemos.

La resolución puede no terminar con la bronca ya que han sido varias las comisiones de garantías autonómicas las que han mostrado su apoyo a Olga Jiménez. Además, los Consejos de Coordinación de federaciones tan importantes como la Andaluza o la Asturiana también han aprobado resoluciones de apoyo a Jiménez a petición de sus propias comisiones de garantías.

Desde Anticapitalistas, cuya lista fue la tercera más votada en Vistalegre 2, se ha criticado tanto la la forma como el fondo de la gestión que ha hecho el secretario de Organización. Unas quejas que se han expresado en los órganos, especialmente en una reunión de la ejecutiva a comienzos de septiembre, y en público.

Además, los tribunales ordinarios ya tienen sobre la mesa una demanda interpuesta por Profundización Democrática, uno de los sectores minoritarios del partido.

NOTA: En una versión anterior de esta información se aseguraba que Olga Jiménez había sido suspendida de militancia. Ha sido suspendida de su cargo y de la posibilidad de tener otro cargo en Podemos, pero mantiene su afiliación al partido.NOTA

Primero en los órganos, luego en encuentros informales y ahora en público. Anticapitalistas sale al paso de la explosiva situación que vive Podemos por el choque de legitimidades que existe en el seno de la Comisión de Garantías (CdG). La corriente, tercera en votos en Vistalegre 2, coincide con la presidenta del tribunal interno del partido, enfrentada a la dirección de Pablo Iglesias, y considera que los nuevos estatutos “no son válidos”. Pero rechaza el cruce de expedientes de expulsión y la demanda anunciada este martes por un sector minoritario de Podemos.

“Los estatutos actuales no coinciden con los documentos aprobados” en Vistalegre 2, asegura el dirigente madrileño Raúl Camargo en un comunicado remitido a los medios. El secretario político de Ramón Espinar se alinea así con la parte de la Comisión de Garantías enfrentada con el secretario de Organización, Pablo Echenique, quien defiende la validez de los estatutos registrados el pasado 4 de agosto.

Camargo, diputado autonómico, asegura que los nuevos estatutos incluyen “elementos nuevos” que no se debatieron ni votaron en la II Asamblea Ciudadana del partido y que “refuerza un modelo de partido más centralizado y menos garantista”. Y zanja: “Por eso coincidimos con quienes plantean desde Garantías que los estatutos no son validos, deben presentarse unos documentos acordes con las decisiones de la asamblea ciudadana y aprobarse en los espacios pertinentes”.

Quien plantea que los estatutos no son válidos es Olga Jiménez, presidenta electa de la CdG que enfrenta un expediente sancionador que puede terminar con su expulsión del partido. Otra parte de la CdG, la que tramita el expediente, considera a Jiménez “suspendida” de militancia y han designado a Argiro Giraldo como presidente de forma interina.

Anticapitalistas sin embargo lamenta la forma en la que la dirección estatal y la propia CdG están gestionando el asunto. Así lo hizo saber Miguel Urbán el pasado lunes en la primera reunión tras el verano del Consejo de Coordinación, la ejecutiva del partido.

Desde entonces, la tensión no ha hecho más que subir. Al expediente sancionador contra Jiménez se han sumado otros dos. Una denuncia en Madrid, que afecta a Argiro Giraldo y que, según fuentes de la organización en la región, todavía no se ha sustanciado en un expediente efectivo. El otro, adelantado por El Independiente y El Periódico este miércoles, estaría firmado por la presidenta de Garantías suspendida, por lo que para la dirección carece de toda validez. La cadena de choques de legitimidades suma así otro eslabón.

Además, el martes el sector minoritario Profundización Democrática anunció una demanda colectiva contra Podemos.

Anticapitalistas rechaza ese cruce de expedientes y las demandas judiciales. Ya lo hicieron de forma discreta el martes. E insisten ahora. “El problema fundamental y lo que está en cuestión es si tenemos una organización con estructuras democráticas y plurales”, señala la portavoz de la dirección de Madrid, Isabel Serra. La también diputada apuesta por primar “una cultura de la cooperación más que la de la confrontación, sin acudir a los tribunales ni acelerando procesos de expulsión”.

El sector cree que la gestión de conflicto solo “encona aún más el conflicto” y marca la agenda del partido hacia donde no les interesa porque olvida “la razón de nuestra existencia y nuestros objetivos político”.

La posición de Anticapitalistas fue anticipada este martes por el portavoz de la ejecutiva de Podemos Andalucía, la organización que lidera Teresa Rodríguez. Junto a Urbán, Rodríguez es la principal referente de Anticapitalistas en Podemos.

La dirección andaluza estudió el pasado lunes un informe de su Comisión de Garantías. En él, según Pérez, se recogen “razones y argumentos suficientes para entender que esto hay que corregirlo y reconducirlo”. El portavoz insistió en declaración a los medios y en referencia a los estatutos: “Si se han hecho cosas mal hay que arreglarlo”.

Rodríguez mantiene una pugna abierta hace meses con Echenique. Antiguos aliados, la descentralización del partido ha supuesto una diferencia insalvable, de momento, entre ambos. “A la dirección andaluza le preocupa el mandato de la Asamblea de Vistalegre y la Asamblea andaluza”, señaló Pérez. Un mandato que, considera, no se ha recogido en los nuevos estatutos.

El famoso Dictamen 3/2017 de la CdG que tira por tierra los nuevos estatutos, sin embargo, no hace referencia a la ausencia de las cuestiones relativas a la descentralización. Se limita a refutar los apartados que regulan la propia CdG y al régimen disciplinario.

La presidenta de la Comisión de Garantías de Podemos, Olga Jiménez, obvió una votación del propio órgano que limitaba la composición del pleno de tal forma que perdía la mayoría que necesitaba para anular los nuevos estatutos del partido.

El 26 de julio, tres de los cinco titulares acordaron que los suplentes no tuvieran voz y voto en adelante en los plenos del órgano. Jiménez, quien niega esta versión de los hechos, convocó dos días después la votación que tumbó los nuevos estatutos y que abrió la guerra con la dirección de Podemos. En dicha votación participaron titulares y suplentes.

El pasado mes de julio el Consejo de Coordinación de Podemos, la ejecutiva, finalizó el trabajo de transposición de los documentos ganadores en la II Asamblea Ciudadana del partido a los nuevos estatutos, el documento jurídico que la ley obliga a inscribir en el Ministerio del Interior.

Olga Jiménez convocó un pleno de Garantías el 28 de ese mes para analizar el documento y emitir un informe sobre su contenido. Fue el ya famoso Dictamen 3/2017, que rechazaba una parte del articulado de esos nuevos estatutos. En concreto, el apartado referente a la propia CdG y el régimen disciplinario. Esa votación desató la guerra interna que ha terminado con el partido demandado en los tribunales ordinarios.

Pero la CdG se había reunido también dos días antes en un pleno ordinario. Una reunión que existió pero de cuyo contenido las versiones son contradictorias.

Según un informe redactado por la entonces secretaria técnica del órgano, María del Rosario Rodero, ese día se produjo una votación que invalidaría la del día 28. El documento, al que ha tenido acceso eldiario.es, asegura que el 26 de julio la presidenta sometió a votación un dictamen para ratificar una decisión previa en la que la comisión avalaba que titulares y suplentes tuviera voz y voto en el pleno del órgano. Algo que venía ocurriendo desde 2014 con la anterior CdG.

Aquella votación, que se produjo en febrero, no fue impugnada por nadie. Pero ese 26 de julio el mismo pleno de Garantías revirtió su decisión. O lo intentó. Según el informe de Rodero, el dictamen fue rechazado por dos votos a favor y tres en contra. La presidenta perdió así la votación y, con ello, el control del pleno de Garantías.

Entre quienes votaron a favor estaba la propia secretaria técnica, quien compartió candidatura con Jiménez en Vistalegre 2. Tras lo sucedido el 26 y el 28 de julio, Jiménez la cesó en su cargo “por pérdida de confianza”, según explican fuentes próximas a eldiario.es.

Jiménez niega la versión de los hechos que sostiene Rodero y asegura que el pleno del 26 no se votó lo que ella dice que se votó. Según su relato, Rodero intentó incluir en el orden del día un punto para que el pleno se volviera a pronunciar sobre el papel de los suplentes. “Se votó que su propuesta no se incluyera en el orden del día”, zanjan las mismas fuentes.

Rodero justifica en su informe que, según los documentos ganadores en Vistalegre 2, solo los titulares tenían voto. En concreto, cita el artículo 19 del documento Mandar Obedenciendo (PDF), que señala expresamente que “serán miembros de la Comisión de Garantías Democráticas las 5 personas más votadas”.

Además, Rodero recuerda que la CdG actuó de oficio al emitir el Dictamen 3/2017, es decir, sin una denuncia previa. Algo que también contravendría el documento ganador en la II Asamblea Ciudadana, que en su artículo 21 asegura: “La Comisión de Garantías Democráticas actuará exclusivamente a petición expresa de una persona inscrita u órgano del partido”.

Fuentes próximas a Jiménez aseguran que ambos artículos no son aplicables ya que no entran en vigor hasta la correcta inscripción de los estatutos en el Ministerio del Interior. Podemos registró los nuevos estatutos el 4 de agosto, después de la votación del 28 de julio.

El documento apunta la posible causa del expediente sancionador abierto contra Jiménez y que en este momento instruye una comisión de cuya composición difieren sus propios miembros. “Que cualquier actuación de cualquier miembro de Podemos que pretenda atribuirse competencias de otros Órganos o subvertir la voluntad de la Asamblea Ciudadana confundiendo a los inscritos será puesta en conocimiento del Consejo de Coordinación estatal de acuerdo a lo previsto en el vigente procedimiento disciplinario”. Dicho expediente permanece secreto.

La guerra abierta en el seno de Podemos por el enfrentamiento ha llegado a la justicia ordinaria. Si prospera la demanda interpuesta por el sector minoritario Profundización Democrática, será un juez quien determine quién tiene razón: la presidenta de Garantías, Olga Jiménez, o el secretario de Organización, Pablo Echenique.

El conflicto abierto entre la dirección de Podemos y su Comisión de Garantías (CdG) ha llegado a los tribunales. Profundización Democrática, un colectivo minoritario, ha demandado al partido al considerar que la ejecutiva se ha extralimitado en la transposición a los nuevos estatutos de los documentos aprobados por los inscritos en la II Asamblea Ciudadana. Una opción que ya se había deslizado en los últimos días en conversaciones informales entre quienes se oponen a los actos de la dirección de Podemos.

En un comunicado remitido a los medios, el colectivo asegura que la respuesta ofrecida el lunes por el Consejo de Coordinación, la ejecutiva, es “una vía que debía abrirse” como forma de presionar a la dirección de Pablo Iglesias. “La intención es convenir en una sensata rectificación”, sostiene el comunicado.

Pese a ello, Profundización Democrática llama a “toda persona inscrita” en el partido a “sumarse” a la demanda “con el objetivo de defender y salvaguardar los valores democráticos presentes en el ADN de Podemos”.

La demanda se centra en las diferencias que hay sobre la validez o no de los nuevos estatutos del partido. En opinión de los demandantes, “las divergencias entre el documento aprobado [en Vistalegre 2] y los Estatutos son obvias e innegables, ya que contienen importantes adiciones y supresiones sin ninguna justificación”.

Una afirmación que la dirección de Podemos niega categóricamente. El secretario de Organización, Pablo Echenique, defiende el trabajo realizado por el equipo legal del partido en la transposición de los documentos aprobados en la Asamblea Ciudadana y los estatutos registrados el pasado 4 de agosto.

La demanda llega después de que este lunes el Consejo de Coordinación de Podemos ratificara su posición de respaldo a Echenique y pidiera a “cargos orgánicos y públicos” del partido que no tomaran posición púbica sobre el asunto.

Dentro de la ejecutiva de Podemos hay discrepancias sobre la forma en la que se ha gestionado este conflicto, larvado durante semanas, que estalló en pleno verano y que ha terminado por dominar el inicio del curso político del partido.

Desde Anticapitalistas, la tercera opción más votada en Vistalegre 2 y que lideran en Podemos Miguel Urbán y la coordinadora en Andalucía, Teresa Rodríguez, han mostrado su desacuerdo con dicha gestión. Pero no comparten la demanda interpuesta contra la dirección del partido. Fuentes de Anticapitalistas apuntan a eldiario.es: “Creemos que llevarlo a los tribunales no desatasca el conflicto”.

“Para nosotras los estatutos son inaceptables porque plantean diferencias con lo aprobado por los inscritos e inscritas en la Asamblea Ciudadana y por ello vamos a defender esta posición en los espacios de podemos donde participamos”, señalan desde Anticapitalistas. Y zanjan: “Creemos que hay tiempo y capacidad para la rectificación de esos estatutos y para que haya una salida de este conflicto necesariamente dentro del compañerismo y el sentido común”.

Son la tercera fuerza dentro de Podemos. Una de las patas en la fundación del partido. En Vistalegre 2, Anticapitalistas logró el 13,8% de los votos y un puesto en el Consejo de Coordinación, la ejecutiva, de la mano de uno de sus principales dirigentes, Miguel Urbán. Siete meses después, la gestión del conflicto abierto entre la Comisión de Garantías (CdG) y la dirección del partido ha provocado la primera gran discrepancia en la dirección del partido, precisamente en la primera crisis que no se puede leer en clave de familias.

Los disensos han ido creciendo en las últimas semanas y se han puesto en evidencia en la primera reunión de la ejecutiva tras las vacaciones celebrada este lunes, tal y como había adelantado eldiario.es. Aunque de puertas afuera se guarda silencio, distintas fuentes del Consejo de Coordinación confirman a este medio que se ha producido un duro debate sobre la forma en la que se ha desarrollado el conflicto y cómo se le ha dejado crecer a lo largo del mes de agosto.

El enfrentamiento entre el poder judicial y el poder ejecutivo está marcando la agenda del partido en el inicio de un curso político muy agitado, con la cuestión catalana como primer horizonte.

Los miembros del Consejo de Coordinación sí han coincidido “por unanimidad” en “defender la independencia y soberanía de garantías”, según las mismas fuentes. El problema radica precisamente en que ahora mismo dentro de Podemos hay un choque de legitimidades tal que dos personas se disputan la Presidencia de la CdG. Y ni siquiera hay coincidencia en cuántas personas forman el pleno de dicho órgano.

En la dirección de Podemos no solo hay diferencias sobre las “formas”. También sobre el fondo. El secretario de Organización, que está protagonizando el caso, aseguraba en la rueda de prensa del lunes: “Estamos convencidos de que hemos hecho las cosas bien, ajustadas al reglamento y como mandató Vistalegre 2”. Y añadía: “Si en algún momento la CdG dijera que hay que cambiar los estatutos, los cambiaríamos”.

La cuestión de la Comisión de Garantías ha sido el último punto del orden del día de la reunión. La habitual rueda de prensa que ofrecen el secretario de Organización, Pablo Echenique, y la portavoz, Noelia Vera, se ha hecho antes de que la dirección abordara el conflicto, tal y como ha explicado el propio Echenique. Ante los medios, el número dos orgánico del partido lanzaba un aviso a navegantes. “La solución es que hablen los órganos”, aseguraba. “Cualquier cargo debe dejar trabajar a los órganos”, añadía. Y zanjaba: “Es el resultado esperable en cualquier organización democrática”.

El mensaje iba dirigido a los promotores y firmantes de un manifiesto que exige una rectificación al Consejo de Coordinación tanto sobre los nuevos estatutos como sobre el expediente sancionador abierto contra la presidenta de la Comisión de Garantías, Olga Jiménez. Un documento que ha logrado algo más de un millar de apoyos, aunque la seguridad es nula por lo que entre los firmantes podría haber gente que realmente no lo ha hecho, como efectivamente ocurrió con la diputada nacional Sara Carreño. Muchos de los firmantes están relacionados con Anticapitalistas.

Pero no solo iba dirigido contra ellos. El movimiento que, cuando menos, rechaza los modos con los que se ha gestionado el conflicto, crece. Este mismo lunes el Consejo de Coordinación de Andalucía, que lidera la anticapitalista Teresa Rodríguez, tenía sobre su mensa un informe de la CdG autonómica sobre el choque de legitimidades abierto entre los órganos estatales.

De momento, las conclusiones del informe andaluz son secretas. No así las de la reunión que convocó la semana pasada la presidenta de la CdG, Olga Jiménez, con distintas comisiones autonómicas. Una mayoría se alineó con las posiciones de Jiménez.

Sube la marea en Podemos por el enfrentamiento abierto entre la presidenta de la Comisión de Garantías y la dirección estatal. Cargos públicos y orgánicos, entre ellos diputados estatales, han firmado un manifiesto que respalda a Olga Jiménez y exigen a la Secretaría de Organización que dirige Pablo Echenique que rectifique, retire los nuevos estatutos del partido y el expediente sancionador abierto contra Jiménez.

El Consejo de Coordinación del partido, la ejecutiva, se reúne este lunes tras las vacaciones con creciente división entre sus miembros por este asunto. Aunque Echenique ha comparecido ante los medios antes de que se abordara este punto del orden del día, según ha explicado, sí ha respondido a este manifiesto pidiendo a “cualquier cargo público u orgánico” que “deje trabajar a los órganos”. “Es lo esperable en cualquier organización democrática”, ha añadido.

El secretario de Organización ha insistido en que la Comisión de Garantías estudia un expediente contra su presidenta, suspendida temporalmente de militancia por un expediente que ni ella ni sus seguidores reconoce. Echenique también ha ratificado su posición sobre la composición del tribunal interno de Podemos: “El pleno está formado por cinco titulares, como pone los documentos organizativos”.

El manifiesto, Garantías democrátias, separación de Podemos y respeto al mandato de la Asamblea Ciudadana Estatal VAII, ha logrado un millar de firmas en dos días. Entre ellas, destacan el diputado andaluz Juan Moreno Yagüe, quien además es vicepresidente del Parlamento regional y se postuló frente a Pablo Iglesias en la Asamblea de febrero. El grupo parlamentario que lidera Teresa Rodríguez aporta más firmantes: Esperanza Gómez, que es portavoz adjunta, y Francisco Jurado, secretario de Moreno Yagüe.

A la lista de cargos electos firmantes se suman el diputado de Castilla-La Mancha David Llorente, quien lideró la oposición al pacto de Gobierno entre Podemos y el PSOE, Alberto Bolado (Cantabria), Héctor Piernavieja (Asturias) y Fanny Carrillo (Navarra).

También hay firmas de cargos a nivel local, entre las que destaca la de Marta Gómez Lahoz, concejala de Ahora Madrid.

El manifiesto insiste en las posiciones defendidas por la presidenta de la Comisión de Garantías estatal desde que saliera a la luz el conflicto con la dirección de Pablo Iglesias a finales de julio. Según Olga Jiménez y el dictamen que aprobó el pleno del tribunal interno del partido, los nuevos estatutos del partido no cumplen con los documentos votados por los inscritos en la II Asamblea Ciudadana.

La resolución del órgano, cuyo contenido adelantó eldiario.es, cree que la ejecutiva se excedió tanto en el régimen disciplinario como en las normas que afectan a la propia Comisión de Garantías.

La ejecutiva de Pablo Iglesias se reúne este lunes por primera vez desde que estalló un conflicto que está marcando la agenda de Podemos en el nuevo curso político. En el órgano, y en el Consejo Ciudadano estatal, aumentan las voces que piden una solución rápida a un problema que pone en el foco al número dos orgánico del partido, Pablo Echenique.

Precisamente Echenique anunció este domingo su intención de renunciar a su acta de diputado en el Parlamento de Aragón. El secretario de Organización se desliga así completamente de la región, después de haber renunciado a ser reelegido como líder del partido, para centrarse en su trabajo orgánico. eldiario.es avanzó a principios de julio su intención de trasladar la secretaría de dirige a Madrid.

Nota: en una versión anterior de esta noticia, se incluía por error a la diputada en el Congreso por La Rioja, Sara Carreño, como firmante. A pesar de figurar en el listado publicado en la web del manifiesto, Carreño afirma no haber firmado el manifiesto.manifiesto,

El 30 de agosto el presidente del Congreso comparecía en el Congreso de forma extraordinaria. La oposición había forzado a Mariano Rajoy a que explicara su declaración como testigo ante la Audiencia Nacional en el juicio del caso Gürtel. Tras el Pleno, como es habitual, la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, fue asaltada por los periodistas a las puertas del Hemiciclo. Pocas preguntas sobre corrupción. Y muchas, sobre el conflicto abierto entre la ejecutiva de Podemos, a la que pertenece, y su Comisión de Garantías. Un conflicto que marca la agenda de Podemos en el inicio del curso político. Y en la dirección no todos lo asumen como algo inevitable.

El Consejo de Coordinación, la ejecutiva del partido, se reúne de forma presencial este lunes por primera vez desde el pasado mes de julio. Y la primera rueda de prensa del secretario de Organización, Pablo Echenique, portavoz habitual del partido para las cuestiones internas y cuya gestión del enfrentamiento abierto con la presidenta del que Pablo Iglesias llamó una vez el “Tribunal Constitucional de Podemos” ha generado dudas en el seno del partido.

Esas dudas se expondrán en la reunión de este lunes del Consejo de Coordinación, según ha podido confirmar eldiario.es. Estas críticas se expondrán en dos direcciones. La primera es política y gira sobre la propia gestión del conflicto y cómo se ha dejado crecer la bola durante el verano.

La segunda tiene que ver con el fondo de la disputa. En la ejecutiva de Podemos hay quienes creen que la presidenta de Garantías tiene razón, al menos en parte. En los estatutos registrados por Echenique, explican a eldiario.es, se han introducido elementos que no se debatieron y mucho menos votaron en Vistalegre 2. Además, consideran que está en riesgo la independencia y la autonomía del propio organismo que debe velar por el cumplimiento de las normas internas.

Teresa Rodríguez toma partido

La estatal no será la única dirección que analice esta semana el conflicto. El Consejo de Coordinación de Andalucía que lidera Teresa Rodríguez tiene sobre la mesa un informe redactado por su propia Comisión de Garantías sobre el enfrentamiento.

El pasado jueves 11 comisiones autonómicas asistieron en Madrid convocadas por su presidenta estatal, Olga Jiménez. Entre ellas, estaba la andaluza. 10 respaldaron a Jiménez y otra se abstuvo, aunque no se ha comunicado ni cuáles asistieron ni cuál optó por no votar a favor de una resolución que, básicamente, pide a Echenique que dé marcha atrás.

El informe realizado por Garantías de Andalucía fue solicitado por el propio órgano, según ha podido confirmar eldiario.es, a la coordinadora general, Teresa Rodríguez, quien no se opuso.

De momento, las conclusiones de ese documento no se conocen. Tampoco la posición que adoptará la dirección andaluza, que pugna por la estatal por lograr una mayor independencia orgánica.

La II Asamblea Ciudadana de Podemos zanjó la grave crisis abierta en el partido entre sus dos principales referentes, Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. Las urnas depararon un claro resultado en Vistalegre 2. El secretario general logró la mayoría de los asientos en la dirección estatal. Recibió además un amplio respaldo a su plan político y al diseño organizativo. Los gritos de los militantes clamando por la “unidad” del partido parecieron surtir un efecto balsámico.

Pero un detalle se escapó. Un fleco al que se le dio en origen menos importancia de la que ha adquirido con el paso de los meses. Una Comisión de Garantías (CdG) ajena a las familias, independiente, cuyo enfrentamiento con el Consejo de Coordinación amenaza con aguar el inicio del curso político al partido de Pablo Iglesias.

La Comisión de Garantías es el tribunal interno de Podemos. Su misión es dirimir si los actos de los inscritos, desde el secretario general a la última incorporación, cumplen con los estatutos del partido. Debe proteger a los militantes de los posibles abusos de los dirigentes, pero también la integridad de la organización y el respeto interno a los cargos. Ni más ni menos que lo que hacen órganos similares en los demás partidos. Pero Podemos no es como los demás partidos, para lo bueno y para lo malo.

Vistalegre 2 deparó una Comisión de Garantías independiente y ajena a las tres familias que han dominado el partido desde su fundación. O al menos no muy alineada. Su presidenta, Olga Jiménez, lideraba la candidatura Profesionales de la Justicia. Antes, había representado a Podemos ante la Junta Electoral de Madrid en las elecciones de junio de 2016. Formó parte del partido en sus primeros meses de vida como miembro de uno de los círculos sectoriales relacionados con el derecho.

Casi tres años después, Jiménez se ha convertido en el principal quebradero de cabeza del secretario de Organización al rechazar los estatutos elaborados por el equipo de Pablo Echenique, al frente del cual situó a la dirigente Gloria Elizo, precisamente la presidenta de la primera Comisión de Garantías de Podemos.

Este relato de la discordia entre el poder ejecutivo y el poder judicial de Podemos se basa en multitud de conversaciones con dirigentes y personas implicadas en el día a día de la organización.

¿Cuántos miembros tiene la Comisión de Garantías?

La primera decisión de Jiménez calcó la primera de Elizo cuando ocupaba su lugar. Aunque la CdG está formada por cinco miembros titulares y otros tantos suplentes, en 2014 se optó por que los 10 integrantes tuvieran voz y voto. El motivo: la carga de trabajo. La nueva comisión hizo lo mismo y, apenas una semana después de Vistalegre 2, el pleno decidió que estaba formado por 10 personas.

Eso podía contravenir el documento organizativo que ganó la II Asamblea Ciudadana, que señalaba claramente la composición de la CdG.

La decisión de la CdG sin embargo se mantuvo. Si hubo protestas o reclamaciones, nunca han trascendido. Tampoco que se haya anulado aquella resolución, que en principio sigue vigente. En principio, porque la ejecutiva de Pablo Iglesias lo considera ahora un procedimiento nulo ya que contraviene lo aprobado por los inscritos en Vistalegre 2.

La guerra por los estatutos

La importancia de aquella decisión tiene que ver con el control del órgano. Aunque la candidatura de Jiménez domina a priori el pleno, tanto el de cinco como el de 10 miembros, distintas fuentes apuntan a un posible cambio en los equilibrios internos en el pleno de cinco miembros. Un giro que se hizo patente en pleno verano.

En mayo el secretario de Organización, Pablo Echenique, presentó a Garantías un borrador de los nuevos estatutos del partido (aquí, en PDF). Los documentos aprobados en Vistalegre 2 debían transponerse al documento legal que los partidos registran en el Ministerio del Interior. Una labor que el Consejo Ciudadano estatal, dominado por Pablo Iglesias, derivó al Consejo de Coordinación.

Aquí comienzan las discrepancias en las distintas versiones. Unos aseguran que Jiménez no puso ningún inconveniente a dichos estatutos en ese momento y aluden a que modificó en parte el propio reglamento interno del organismo para adecuarlo a los nuevos estatutos. Desde el entorno de Jiménez rechazan la mera existencia de ese borrador y aseguran que la presidenta de Garantías recibió el documento definitivo, ratificado por la ejecutiva, el 26 de julio.

Dos días después, el pleno amplio de la CdG aprobaba el Dictamen 3/2017, cuyo contenido íntegro adelantó eldiario.es. El documento tiraba por tierra los estatutos. En concreto, la normativa relativa a la propia Comisión de Garantías y el nuevo régimen disciplinario que quería poner en marcha Echenique.

Los estatutos, registrados el 4 de agosto ante Interior pese a este dictamen, zanjan la cuestión de la composición de la CdG. “Los suplentes podrán participar en el Pleno con voz pero sin voto”, asegura el documento en su página 45.

En cuanto al nuevo régimen disciplinario del partido, el dictamen exigía su derogación y volver a lo que recogían los anteriores estatutos del partido, que todavía se pueden consultar en su web.

El Dictamen número 3 no alude a otras partes de los nuevos estatutos.

El expediente sancionador: suspensión y ¿expulsión?

En los primeros días de agosto el Consejo de Coordinación abre un expediente sancionador a Olga Jiménez en virtud de los rechazados nuevos estatutos del partido. La iniciativa parte de la propia CdG. En concreto de tres de sus miembros, que se autoconvocaron a un pleno que tomó la decisión.

La ejecutiva del partido tomó la decisión de forma automática, según la versión oficial. Sin conocer la motivación, aseguran desde el Consejo de Coordinación. Y devolvieron el expediente a Garantías para su tramitación y, si procede, la expulsión de Olga Jiménez. La presidenta del tribunal interno de Podemos estaría hoy por hoy, si el expediente es válido, suspendida de militancia.

Desde la dirección del partido aseguran a eldiario.es que los motivos reales del expediente no tienen nada que ver con la bronca por los estatutos, sino por actuaciones previas de Jiménez, quien habría actuado en contra de las normas de Garantías. La tramitación y el nombre de la persona que los instruye son ahora mismo dos de los mejores secretos guardados en Podemos.

No el nombre de quien ha asumido temporalmente el papel de presidente de la CdG: Argiro Giraldo. Ahora mismo, dos personas se autoerigen como presidentes del tribunal de Podemos.

Solución política o judicial

Aunque dos personas se disputan la Presidencia de Garantías, una de ellas ha logrado el apoyo de la mayoría de las comisiones autonómicas de Podemos.

Olga Jiménez logró reunir el jueves en Madrid, en pleno agosto y en apenas una semana, a representantes de 11 de las CdG regionales. Diez de ellas ratificaron el Dictamen número 3 y rechazaron la validez del expediente sancionador abierto contra Jiménez. El comunicado resultante es muy duro con la dirección de Podemos que encarna Pablo Iglesias.

Desde la ejecutiva aseguran que mientras el expediente sancionador siga su curso no tienen intención de pronunciarse. El entorno de Olga Jiménez, así como otras personas que la han conocido en estos tres años, coinciden en que la presidenta de la CdG de Podemos irá “hasta el final”, sin descartar los tribunales de justicia. A menos que antes se alcance una solución política que hoy no se vislumbra, ya que supondría que al menos uno de los principales protagonistas de este duelo, Jiménez y Echenique, deberían reconocer que se ha equivocado.

La pugna entre la Comisión de Garantías de Podemos y la dirección estatal que lidera Pablo Iglesias se encona. La presidenta del tribunal interno del partido, Olga Jiménez, ha logrado este jueves aumentar el respaldo de las comisiones autonómicas. En una reunión celebrada en Madrid, diez de los tribunales regionales han avalado el dictamen del pasado mes de julio que echaba por tierra los nuevos estatutos de Podemos, redactados por el equipo del secretario de Organización, Pablo Echenique.

La reunión fue convocada por Jiménez la semana pasada. En ella, según ha podido confirmar eldiario.es de distintas fuentes, se ha aprobado una resolución que ratifica la validez y corrección del Dictamen 3/2017 de la Comisión de Garantías, cuyo contenido íntegro adelantó este medio y que echaba por tierra el nuevo régimen disciplinario aprobado por el Consejo de Coordinación, la ejecutiva del partido, y que instruyen los propios denunciantes.

La resolución rechaza además el expediente sancionador abierto por la dirección de Podemos a instancias de varios miembros de la Comisión de Garantías, enfrentados con la presidenta. Un expediente que supondría la suspensión de militancia de Jiménez. De hecho, dos personas se disputan ahora mismo el cargo.

La decisión de este jueves devuelve la pelota a la dirección de Podemos. La ejecutiva del partido no se reúne desde julio. A finales de ese mes se anuló una convocatoria prevista cuando ya se había comunicado a los medios. El pasado lunes, día en el que habitualmente se reúne el órgano que dirige Pablo Iglesias, también estaba prevista una reunión, que finalmente no se produjo. Fuentes de la dirección del partido aseguran a eldiario.es que el próximo lunes, 4 de septiembre, sí se reunirá el Consejo de Coordinación.

Los miembros de la ejecutiva del partido han optado por el silencio en este caso. La explicación oficial es que la dirección ha actuado correctamente, que los estatutos se ajustan al procedimiento y que el expediente disciplinario a Jiménez se ha abierto tras una denuncia de sus propios compañeros de Garantías.

Este lunes, deberán afrontar un asunto que solo tiene dos vías de solución, según reconocen en privado dirigentes del partido: política o judicial. Si las partes enfrentadas no alcanzan un acuerdo para desatascar la situación, serán los tribunales los que decidan.

El choque de legitimidades que enfrenta a miembros de la Comisión de Garantías de Podemos entre sí y con el Consejo de Coordinación, la ejecutiva del partido, vivirá este jueves un nuevo capítulo. La presidenta del tribunal interno de Podemos, Olga Jiménez, ha convocado a una reunión en Madrid a los representantes de las comisiones autonómicas para recabar su apoyo frente al expediente sancionador abierto contra ella por la dirección del partido y que podría acabar con su expulsión de Podemos.

La reunión, convocada la semana pasada, se ha dirigido a cada una de las 17 comisiones autonómicas, que elegirá internamente si acude o no y a quién envían como representante. El éxito o no de la convocatoria es un misterio. Además de las fechas en las que se ha producido el enfrentamiento, agosto, los distintos procesos internos abiertos en algunas regiones, como Aragón o Baleares, hace que no todas estén activas.

Jiménez pretende exponer a los asistentes los motivos que le llevaron a promover el que todos destacan como detonante del choque entre el poder ejecutivo y el poder judicial de Podemos: el Dictamen 3/2017. Una resolución de la Comisión de Garantías estatal aprobado a finales del pasado mes de julio y que echa por tierra buena parte de los nuevos estatutos de Podemos redactados por el equipo de la Secretaría de Organización que dirige Pablo Echenique.

El documento, cuyo contenido íntegro publicó eldiario.es, motivó que otros miembros de la Comisión de Garantías considerasen que Jiménez se había excedido de sus funciones, por lo que promovieron un expediente sancionador. El Consejo de Coordinación, que no se ha reunido presencialmente en todo el mes de agosto, aprobó por vía telemática tramitar dicho expediente y devolverlo a Garantías para su tramitación.

Esta decisión supone en teoría la suspensión de militancia de Jiménez, lo que conllevaría que ya no es presidenta de Garantías. Su lugar lo ocuparía entonces Argiro Giraldo. Sin embargo, Jiménez alega que los estatutos en los que se se basa su sanción están refutados por el Dictamen número 3. Por eso ahora mismo dos personas se disputan la Presidencia del tribunal interno de Podemos.

La reunión de este jueves servirá así para determinar los apoyos de Jiménez entre el resto de comisiones de garantías, después de que cinco de ellas hayan aprobado resoluciones en las que explícitamente respaldan tanto a la que consideran presidenta de la comisión estatal como el ya famoso Dictamen 3/2017.

La actual composición fraudulenta de la Comisión de Garantías de Ciudadanos solo ha sido posible por la colaboración del Comité Ejecutivo y del Consejo General

“Si no puedes sobornar a un juez siempre puedes intimidarle” A.C.

La Comisión de Garantías (CdG) es el órgano judicial máximo de Ciudadanos –su Tribunal Supremo– y está encargada según el Art. 3.15.1 de los Estatutos de:

a) Garantizar el cumplimiento de los Estatutos y de los reglamentos del Partido.

b) Asegurar el respeto a los derechos de los afiliados.

c) Velar por la transparencia de las decisiones y de los procesos electorales internos.

d) Servir de segunda instancia en la resolución de los expedientes disciplinarios.

Este es el órgano de Ciudadanos invocado en múltiples ocasiones por los miembros de la Dirección de C's como valedor de la legalidad de las actuaciones del Aparato, de la limpieza de las elecciones internas y como garante del sistema telemático de votaciones de C's.

Sin embargo, en estas líneas denuncio que la Comisión de Garantías de Ciudadanos es un órgano corrupto hasta la médula. Y para vergüenza de sus afilados y descrédito de mi partido este órgano está conformado fraudulentamente, con la colaboración necesaria de todos sus miembros y de los miembros del Comité Ejecutivo y del Consejo General.

Como afiliado de base de Ciudadanos, y no muy partidario de teorías conspirativas, si alguien me hubiese referido, hace unos meses, los hechos que se enumeran a continuación, mi reacción hubiese sido de incredulidad; hubiese pensado que ese tipo de actuaciones son propias de repúblicas bananeras o tal vez de los viejos partidos de la política española, pero no eran posibles en un nuevo partido como Ciudadanos, que representa la nueva política, y que aspira a la regeneración del sistema, incluso que un partido de nuevo cuño como Ciudadanos no le habría dado tiempo para caer en esos vicios. Hubiese concluido que la persona que me lo relataba estaba imaginando los hechos.

Y sin embargo todo lo que sigue a continuación son hechos irrefutables y fácilmente comprobables de fuentes públicas.

Llegado a este punto tengo que hacer una pequeña digresión por exigencia de mis abogados, en este texto se emiten acusaciones de corrupción política dirigidas a varias personas de la dirección de C's, sin embargo debe quedar claro, que no se acusa a nadie de ningún delito. Las actuaciones que aquí se denuncian se realizan en el contexto interno de un partido político, Ciudadanos. La ley que en nuestro país regula a los partidos políticos es tan endeble y ridícula cuando se refiere a estos temas, que probablemente no representen ninguna figura delictiva. Y sin embargo estamos hablando de corrupción al más alto nivel en un partido político, nada puede encajar mejor semánticamente con esta situación que el término “Corrupción Política”.

En el relato que sigue a continuación hay aspectos rocambolescos donde la realidad supera en ocasiones la ficción.

La actual Comisión de Garantías de C's inicia su andadura en la III Asamblea General celebrada el 29 y 30 de Octubre de 2011 en Hospitalet de Llobregat. En este tercer Congreso de Ciudadanos se eligieron a los nueve miembros de la Comisión de Garantías tal y como indicaban los Estatutos, resultaron elegidos por orden de votos recibidos: Laura Diez, Jesús Galiano, Sebastián Moll, Marta Segura, Miguel Sanz, José Gallego, José Luis Sobral, Roger Mazón y Jennifer Piñero.

El Curioso Caso de José Luis Sobral Coro, el Vocal Pródigo de la CdG

En enero de 2015, en los inicios de la expansión nacional de C's, la lista de miembros de la Comisión de Garantías que aparecen en la Intranet de C's, recoge solo siete nombres. Han desaparecido de la lista Miguel Sanz y José Luis Sobral, este último probablemente, como veremos, abandonó Ciudadanos entorno a 2012 con la salida de un amplio grupo de afiliados, incluidos varios miembros del Consejo General que dejaron C's para fundar otro partido, CILUS.

En abril de 2015, Jennifer Piñero también abandona Ciudadanos dejando vacante su puesto de vocal en la Comisión de Garantías. En ese momento este órgano queda reducido a 6 miembros. Los Estatutos de C's requieren que cuando se produzcan tres vacantes en la CdG, como era la situación en ese momento, deben convocarse elecciones, en un plazo máximo de tres meses y entre todos los afiliados para cubrir la tres vacantes existentes (Art. 4.7).

La baja de Jennifer Piñero como vocal de la CdG, nunca fue anunciada y su nombre permaneció en la lista de miembros hasta julio 2015. En un acto de trilerismo político de la más baja calaña el nombre de Jennifer Piñero fue reemplazado por el de José Luis Sobral Coro, el antiguo vocal que había dejado C's en 2012 para dedicarse al establecimiento del partido político CILUS. Este primer acto de corrupción política, según me han informado, se produce después de que un miembro de la Dirección de C's se pusiese en contacto con José Luis Sobral y le ofreciese algún convincente y suculento “argumento” que le hizo prestarse a colaborar en el fraude. No se conoce ninguna reacción de los otros miembros de la Comisión de Garantías aunque es de esperar se sintiesen sorprendidos de la vuelta del vocal pródigo después de varios años de ausencia.

En las Elecciones Autonómicas de Andalucía de Marzo-2015 José Luis Sobral Coro aparece en la lista electoral de CILUS por Cádiz, como recoge el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía –BOJA número 33 de 18/02/2015–. Cuatro meses después aparece como miembro de la Comisión de Garantías de Ciudadanos.

La presencia de José Luis Sobral Coro en la Comisión de Garantías es contraria a los Estatutos y por tanto ilícita. Como consecuencia la composición de este órgano es fraudulenta desde su incorporación en julio de 2015, y todas las decisiones de esta Comisión de Garantías desde entonces son impugnables y probablemente nulas, como lo son todas las elecciones internas que han tenido lugar desde entonces y de las que este órgano es garante.

Hay que notar que, para que este fraude se pudiese realizar José Luis Sobral Coro debió ser 'reincorporado' como afiliado al Partido y su nombre inscrito como miembro de la CdG en la Intranet de C's, actividades todas estas bajo la responsabilidad de la Secretaria de Organización dirigida por el Sr. Francisco Hervías.

Quien comete un fraude impunemente comete otro para beneficio personal

El presidente de la CdG de C's, Jesús Galiano Gutiérrez, fue presentado por el Comité Ejecutivo (CE) en la lista electoral de C's al Parlament de Catalunya en el puesto 12 por la provincia de Barcelona, que fue proclamada en el DOGC Nº-6947 del 1-9-2015, fue elegido diputado autonómico en las elecciones del 27-Sep-2015, y tomó posesión de su acta el 26-Oct-2015. Estos actos del Comité Ejecutivo y de Jesús Galiano Gutiérrez representan una violación de la máxima gravedad de los Estatutos de C's y por partida doble del Art.3.15.11: “Si durante el tiempo que dure su mandato los miembros de la Comisión de Garantías quisieran presentarse como candidatos a alguna lista electoral, deberán renunciar previamente a su cargo, pudiendo retornar a él en caso de no resultar elegidos. Los miembros de la Comisión de Garantías no podrán apoyar públicamente ninguna candidatura del Partido”.

Hay que destacar que este artículo de los Estatutos es uno de los pilares fundamentales de la separación de poderes dentro de la estructurar orgánica de Ciudadanos, elemento central de nuestro Ideario y parte integral de nuestras propuestas electorales.

Jesús Galiano Gutiérrez no ha renunciado a su cargo y continúa siendo el presidente de la Comisión de Garantías. El puesto de diputado del Parlamento de Cataluña conlleva una importante compensación económica. Es razonable pensar que este puesto fuese la respuesta a la pregunta “¿Qué hay de lo mío?”.

Ante esta grave situación, no ha transcendido ninguna reacción de ningún miembro del Comité Ejecutivo, Consejo General o Comisión de Garantías.

Se legisla que un fraude ya no lo es, y para ello se dinamita la separación de poderes

Después de agosto 2015 se propaga dentro del Partido la información sobre la fraudulenta situación de la Comisión de Garantías de C's, que llega a transcender en Twitter. A la Dirección de C's en vez de solucionar esta grave violación de Estatutos, se le 'ocurre' la creativa solución de cambiar la norma, haciendo que lo que antes era una grave violación de Estatutos, ya no lo sea; en el proceso desmantela un elemento central de la separación de poderes dentro de C's permitiendo que el Presidente de la Comisión de Garantías continúe siendo diputado del Parlamento de Cataluña.

En la reunión del Consejo General (CG) del 27-Nov-2015 y utilizando la lamentable y posiblemente ilegal Disposición Adicional Primera de los Estatutos (que permite su modificación sin limitaciones por parte del Consejo General y su inmediata entrada en vigor) se procede a modificar el Art.3.15.11 con el siguiente texto:

Se crea una situación equivalente a que el partido en el Gobierno de la Nación ponga en sus listas electorales al Presidente del Tribunal Supremo y le mantenga como Presidente de este Tribunal una vez elegido como diputado.

A pesar de que la Disposición Adicional Primera permite al Consejo General cambiar los Estatutos de C's sin limitaciones, (hecho que no tiene equivalente en ninguna otra organización) contiene dos requisitos para hacerlo legalmente, el primero es que la reunión sea “en sesión extraordinaria convocada expresamente a tal efecto”. Este requisito no se cumplió ya que el citado cambio de Estatutos se produjo durante una reunión ordinaria del CG y en medio de la resolución de otros asuntos.

Los 8 consejeros generales mágicos que aparecen y desaparecen

El segundo requisito es que este cambio Estatutario debe contar con mayoría absoluta del Consejo General, lo que requiere 36 votos a favor dado que el CG 'debería' contar con 70 miembros.

Estos son los datos del Acta de la Reunión del Consejo General de 27 de noviembre de 2015:

Entre el punto Tercero con 30 consejeros y el punto Quinto de nuevo con 30 se produce la aparición de los 8 Consejeros Mágicos que aparecen solo para votar un cambio estatuario y dar cobertura a cuatro meses de situación fraudulenta de la Comisión de Garantías y cargarse la separación de poderes en C's. Estos 8 Consejeros Mágicos ni tan siquiera se quedaron a votar las enmiendas del Programa Electoral, que era el tema central de dicha reunión.

Hasta que estos 8 Consejeros Mágicos den un paso al frente confirmando su presencia, solo para votar un punto del orden del día, o que alguno de los otros 30 certifique la entrada y salida de un tropel de 8 personas en medio de la reunión, la explicación más razonable es que el acta ha sido falsificada y que no hubo presentes los necesarios Consejeros para efectuar el cambio estatutario. En todo este despropósito de Corrupción Política de primer nivel un acta falsificada es un tema menor.

No es de extrañar que se intentase ocultar una infamia de este tamaño. Nunca se anunció el citado cambio de Estatutos. Los Estatutos sin la modificación permanecieron como los 'oficiales' en la Web de Ciudadanos. El Acta solo se publicó un año después, en Noviembre de 2016, en medio del debate pre-Congresual de la lV Asamblea General, en un acto deliberado para que estos hechos torticeros pasasen desapercibidos.

Quién miente una vez miente dos veces o incluso tres

A lo largo de 2016 se fueron haciendo públicas diversas informaciones sobre el fraude que representa la composición de la Comisión de Garantías, incluido el tercer Comunicado del Grupo de Trabajo TranC'sparencia en la que se vierten graves acusaciones sobre su composición y que nunca fueron rebatidas, ni los miembros de TranC'sparencia expedientados (cosa razonable si las afirmaciones hubiesen sido falsas).

Como consecuencia de esta situación el Presidente de la Comisión de Garantías, Jesús Galiano Gutiérrez produjo un bochornoso 'informe' para consumo interno de la Dirección de C's y que nunca ha sido hecho público. Además, en la resolución de al menos un expediente de expulsión donde se cuestionaba la legalidad de la composición de esta Comisión, se vierten toda una serie de alegatos intentando justificar la participación de Jesús Galiano Gutiérrez y de José Luis Sobral Coro en este fraude. Las afirmaciones que se vierten en ambos documentos sobre este tema son burdas mentiras.

Se afirma que José Luis Sobral nunca dejó de ser vocal de la Comisión de Garantías. Como recordatorio esta es una copia de la pantalla de la Intranet con la composición de la CdG en dos momentos mayo y agosto de 2015.

Sobre la afirmación de que José Luis Sobral Coro fue incluido en las listas de CILUS contra su voluntad, otra mentira; tenemos que indicar que José Luis Sobral Coro era el representante legal de CILUS frente a la Junta Electoral de Andalucía y fue él mismo el que presentó la lista de CILUS por Cádiz en la que estaba incluido, como consta en los correspondientes documentos registrados oficialmente. Hechos todos estos conocidos por Jesús Galiano Gutiérrez y la Dirección de Ciudadanos.

Conclusión

La actuación de la Comisión de Garantías de C's, con Jesús Galiano Gutiérrez a la cabeza y con la colaboración activa de la Secretaría de Organización dirigida por el Sr. Hervías, ha elevado la ignominia de la Corrupción Política dentro de Ciudadanos a niveles difícilmente superables. ¿Qué podríamos decir de la colaboración activa y/o pasiva del resto de los miembros del CE?

Esta Comisión de Garantías está compuesta por un repudiable grupo de personas con una ética política lamentable. Este es el órgano que nos presenta la Dirección de Ciudadanos como garante de la limpieza de todas las elecciones y procedimientos de la IV Asamblea General.

¿A quién pretenden engañar? ... Solo se engañan ellos mismos.

¿Realmente la actual Dirección de Ciudadanos aspira a tener credibilidad entre los votantes y los afiliados con este nivel ético?

La Corrupción Política que penetra los órganos judiciales es la más devastadora porque destruye el mecanismo fundamental de regeneración de una organización o sociedad.

Los afiliados de Ciudadanos nos merecemos una Dirección que no nos engañe y España necesita políticos que no mienta.

La renovación de la Comisión de Garantías de Podemos no se producirá en la II Asamblea Ciudadana del partido a la vez que el resto de órganos. Salvo sorpresa, el actual tribunal interno del partido mantendrá su composición, con la diputada y miembro de la Mesa del Congreso Gloria Elizo a la cabeza, a lo largo de 2017. Pablo Iglesias apuesta por posponer su elección, mientras Íñigo Errejón y Anticapitalistas quieren hacerlo en el proceso de febrero.

El Equipo Técnico que organiza Vistalegre 2 tiene previsto abordar el asunto este jueves, según ha podido confirmar eldiario.es, pero la falta de consenso al respecto obligará a recurrir a la literalidad de las normas, lo que deja a Garantías fuera de la votación.

El referéndum del pasado mes de diciembre marcó las reglas de Vistalegre 2. La consulta definió qué y cómo se votaba. El documento ganador, #Desborda, estaba avalado por Pablo Iglesias, Pablo Echenique, Carolina Bescansa e Irene Montero. En él se recogía el sistema de elección del futuro secretario general, del Consejo Ciudadano y de los documentos políticos y organizativo.

No se mencionaba la Comisión de Garantías, que sí formaba parte de los planteamiento de los otros dos documentos que recopilaron más apoyos, el de Errejón y el del eurodiputado Miguel Urbán.

Estos son los tres sectores que integran el Equipo Técnico, cuya composición negociaron mano a mano Iglesias y Errejón. Cada uno propuso cuatro miembros y los anticapis, otros dos. 10 personas en total que deben aterrizar en forma de reglamento lo votado por los inscritos. Y de forma consensuada, según dijeron en su momento los coportavoces, Pablo Echenique y Clara Serra.

Técnicamente la Comisión de Garantías tiene vigencia hasta noviembre de este año, ya que fue elegida tras el primer Vistalegre, en otoño de 2014, por un periodo de tres años. Precisamente Pablo Iglesias plantea en su documento organizativo que “antes de que hayan transcurrido 9 meses desde la proclamación de los resultados de la segunda Asamblea Ciudadana Estatal, se deberá elegir una nueva Comisión de Garantías Estatal”.

Los resultados de Vistalegre 2 se conocerán el 12 de febrero. Desde Recuperar la Ilusión, el equipo de Errejón, aseguran a eldiario.es: “Es imprescindible elegir una nueva Comisión de Garantías en febrero. Sin una nueva Comisión de Garantías independiente, todo lo que se vote en Vistalegre será papel mojado”.

El debate sobre la Comisión de Garantías se ha mantenido en un segundo nivel. Pero la proximidad de las votaciones, que arrancan el próximo 4 de febrero, obligan a tomar una decisión ya. La inclusión o no de esta elección en la cabina de votación virtual en el sistema de participación de Podemos obligaría a un desarrollo determinado con unos tiempos mínimos de ejecución y prueba.

La Comisión de Garantías de Podemos formó parte de la candidatura Claro Que Podemos, que arrasó en la I Asamblea Ciudadana bajo la batuta del llamado equipo promotor: Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero, Carolina Bescansa y Luis Alegre.

Garantías es el tribunal interno de Podemos y su gestión ha sido foco de críticas casi desde el principio. Mientras el equipo fundador se mantuvo unido las discrepancias eran minoritarias y poco notorias. En el momento en el que las divisiones en la dirección comenzaron, las disputas se trasladaron también a este órgano.

Algunas de las decisiones más polémicas se produjeron a partir del verano de 2016. Entonces, el tribunal interno de Podemos se partió en dos ante la elección de Andrés Bódalo como cabeza de lista por Jaen. El sindicalista agrario afrontaba entonces una condena por agredir a un concejal del PSOE en una protesta. Para la repetición electoral del 26J Bódalo quedó fuera de la papeleta: el Tribunal Supremo había determinado su ingreso en prisión. Su lugar lo ocupó su jefe en el SAT, Diego Cañamero.

La última gran polémica se ha producido en las recientes primarias de Madrid. Y por partida doble. Primero, la Comisión de Garantías anuló el sistema electoral que había ganado las votaciones de documentos, que iban separadas de las listas a la dirección. Después, permitió a Ramón Espinar mantener sus tres cargos: secretario general de Podemos, diputado autonómico y senador por designación autonómica. Garantías entendió que los dos últimos contaban como uno solo al ser imprescindible la condición de diputado para que la Asamblea de Madrid pueda designar sus senadores, según el Estatuto de Autonomía.

Estas decisiones han colmado la paciencia del sector de Íñigo Errejón, que cree que el tribunal actúa de parte de Pablo Iglesias. El secretario general cuenta con más afines que el secretario político en el órgano. Su presidenta, Gloria Elizo, es una de las firmantes del documento organizativo de Iglesias para Vistalegre 2.

Tanto Errejón como Urbán llevan en sus propuestas organizativas un sistema de elección de Garantías basado en candidaturas individuales y ajenas a las listas a los demás órganos. Es decir, que no estén bajo el paraguas de una candidatura a la Secretaría General o el Consejo Ciudadano, como ha ocurrido hasta ahora. Es el sistema que se usó por ejemplo en el reciente proceso de Madrid y que no impidió que los integrsantes del órgano a nivel regional sean afines a su líder, Ramón Espinar.

Desde el entorno del secretario general aluden a la literalidad de la norma ratificada por los inscritos para mantener fuera de la inminente votación este extremo.

La importancia de la Comisión de Garantías en los próximos meses es máxima. O no. Todo dependerá del grado de coincidencia que alcancen los equipos en las negociaciones de las próximas semanas. Un acuerdo amplio tranquilizaría la situación y permitiría una aplicación más tranquila de los documentos, que deben ser trasladados también al ámbito autonómico y municipal.

Pero un enfrentamiento entre listas y proyectos, especialmente entre Iglesias y Errejón, sí podría tener que resolver muchos conflictos.

La renovación o no de la Comisión de Garantías de Podemos a la vez que el resto de órganos en la II Asamblea Ciudadana del partido ha abierto un nuevo debate interno. Las normas generales que definen el proceso no recogen explícitamente que este órgano, el tribunal interno de la organización, sea objeto de elección en Vistalegre 2. La decisión recaerá en el equipo técnico encargado de organizar el cónclave, tal y como adelanta hoy eldiario.es. Será en la reunión prevista para el próximo lunes, según ha confirmado este viernes la coportavoz del equipo técnico, Clara Serra. La dirigente integra el equipo 'Recuperar la Ilusión' que lidera Íñigo Errejón y ha pedido que se renueve el tribunal interno de Podemos con el resto de órganos.

Serra ha presentado este viernes el documento de Igualdad de 'Recuperar la Ilusión'. acompañada de la diputada Ángela Rodríguez y de Errejón. “Apostamos por que se elija la Comisión de Garantías en Vistalegre 2”, ha asegurado la dirigente. Serra ha confirmado que la decisión se adoptará en “una próxima reunión del equipo técnico”, que se reunirá “probablemente el próximo lunes”.

Las votaciones comenzarán en apenas 15 días y el tiempo se echa encima para definir las cuestiones técnicas para la Asamblea. El equipo técnico es una muestra de los equilibrios internos que hay en Podemos: cuatro de sus miembros se alinean con el secretario general, Pablo Iglesias, otros cuatro con Errejón y dos más corresponden a Anticapitalistas.

La actual Comisión de Garantías fue elegida en el primero Vistalegre, en otoño de 2014, por un periodo de tres años en el primer Vistalegre. Como el resto de órganos de Podemos. La convocatoria de la II Asamblea Ciudadana vino acompañada de una consulta entre la militancia que definió el sistema electoral para las primarias. #Desborda (aquí en PDF), como se llamaba, señalaba cómo se elegía al secretario general, al Consejo Ciudadano y los documentos político, organizativo, ético y de igualdad. Pero del órgano que actúa como tribunal interno, nada. Ni una palabra.

El detalle pasó inadvertido. Y ahora es el equipo técnico el que tiene que tomar la decisión. Los 10 miembros de este órgano creado ad hoc fueron negociados por Iglesias y Errejón durante el último Consejo Ciudadano que ha celebrado el partido, justo antes del referéndum.

En puridad, la Comisión de Garantías tiene vigencia hasta noviembre de este año. Y el control del tribunal interno de un partido es de vital importancia en una situación de división como la que se puede plantear tras Vistalegre 2 si no se logra un acuerdo unitario.

La Comisión de Garantías ha sido uno de los órganos que más críticas ha recibido en Podemos. Sus decisiones en determinados casos han enfrentado a las diferentes familias que se han ido formando en el partido con el paso del tiempo. Actualmente es un órgano que preside la diputada Gloria Elizo y tiene como función proteger los derechos de los militantes, de velar por el buen comportamiento de los cargos del partido y de resolver los conflictos estatutarios

La definición de las reglas de la II Asamblea Ciudadana de Podemos se lleva con el más absoluto de los secretos. Las decisiones son de una importancia máxima. La situación de equilibrio que dejó la consulta que marcó las normas generales de Vistalegre 2 hace que cada punto se estudie con el máximo cuidado para evitar que los otros equipos puedan resultar beneficiados. La opción del enfrentamiento está sobre la mesa y cada detalle importa. La propuesta que ganó el referéndum de diciembre, la de Pablo Iglesias, no contemplaba la renovación de uno de los órganos fundamentales del partido: la Comisión de Garantías. Ahora será el equipo técnico, cuya composición negociaron Pablo Iglesias e Íñigo Errejón en solitario, el que tome la decisión de cómo y cuándo se renueva el tribunal interno de Podemos.

La actual Comisión de Garantías fue elegida en el primero Vistalegre, en otoño de 2014, por un periodo de tres años en el primer Vistalegre. Como el resto de órganos de Podemos. La convocatoria de la II Asamblea Ciudadana vino acompañada de una consulta entre la militancia que definió el sistema electoral para las primarias. #Desborda (aquí en PDF), como se llamaba, señalaba cómo se elegía al secretario general, al Consejo Ciudadano y los documentos político, organizativo, ético y de igualdad. Pero del órgano que actúa como tribunal interno, nada. Ni una palabra.

El detalle pasó inadvertido. Y ahora es el equipo técnico el que tiene que tomar la decisión. Los 10 miembros de este órgano creado ad hoc fueron negociados por Iglesias y Errejón durante el último Consejo Ciudadano que ha celebrado el partido, justo antes del referéndum. Su composición es una muestra de los equilibrios que se dan ahora mismo dentro de Podemos: cuatro afines al secretario general, cuatro al secretario político y dos de Anticapitalistas.

El debate se dará próximamente, según ha podido confirmar eldiario.es de fuentes de los tres principales sectores. Sobre la mesa hay dos opciones: que se vote a la vez que el resto de los órganos o con posterioridad. En puridad, la Comisión de Garantías tiene vigencia hasta noviembre de este año. Y el control del tribunal interno de un partido es de vital importancia en una situación de división como la que se puede plantear tras Vistalegre 2 si no se logra un acuerdo unitario.

La Comisión de Garantías ha sido uno de los órganos que más críticas ha recibido en Podemos. Sus decisiones en determinados casos han enfrentado a las diferentes familias que se han ido formando en el partido con el paso del tiempo. Actualmente es un órgano que preside la diputada Gloria Elizo y tiene como función proteger los derechos de los militantes, de velar por el buen comportamiento de los cargos del partido y de resolver los conflictos estatutarios.

En 2015, por ejemplo, se partió en dos ante la elección del cabeza de lista de Podemos por Jaén, Andrés Bódalo. Recientemente, vetó el sistema de votación en las primarias de Madrid y permitió a Ramón Espinar compatibilizar tres cargos internos.

El equipo técnico tendrá que determinar si la comisión se renueva a la vez que los demás órganos o si lo hace con posterioridad. Para ello tendrá que interpretar si los inscritos en Podemos eran o no conscientes de que votaban un documento que dejaba fuera este asunto. En este segundo caso, también deberá fijar si la votación se hace de forma más o menos inmediata o después del verano.

Manifiesto por su “independencia”

La fecha de la elección de la Comisión de Garantías no es el único aspecto que debe fijar el equipo técnico. También cómo se vota. Desde las primarias de Madrid han surgido propuestas que apuntan a un sistema de elección que haga a los miembros de este importante órgano fuera de las disputas internas. Así se hizo precisamente en el proceso madrileño.

La principal idea es que los candidatos no se presenten a la elección como parte de un equipo, sino de forma individual para evitar futuros compromisos de quien resulte elegida.

Además, este jueves se lanzó un manifiesto firmado por dirigentes y cargos públicos de Podemos de las tres principales corrientes del partido que, bajo el título “Una Comisión de Garantías independiente y eficaz”, propone una serie de medidas ante el “amplísimo consenso sobre la necesidad de introducir modificaciones estatutarias que protejan la independencia y la eficacia” de este órgano tanto a nivel estatal como autonómico.

El manifiesto propone un exigente régimen de incompatibilidades, su independencia orgánica y autonomía financiera, que se limiten las remuneraciones y se blinde a sus miembros ante posibles despidos, que existan equipos de mediación y que se publiquen las resoluciones que adopta el órgano.

Entre los firmantes, nombres tan reconocidos como el del diputado y miembro del Consejo de Coordinación Pablo Bustinduy, que integra el equipo de Íñigo Errejón; la consejera estatal Laura Casielles, muy cercana a Iglesias; o el líder de Anticapitalistas, Miguel Urbán.

Junto a ellos, más de 50 personas firman el manifiesto, como Rita Bosaho y Sofía Castañón, próximas a Iglesias; Jorge Moruno, Clara Serra o el diputado Juan Pedro Yllanes, de Errejón; o la portavoz parlamentaria en la Comunidad de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, de Anticapitalistas.

La propuesta iría en el mismo camino de buscar consensos que el Colectivo Mayo 2011 lanzado por Carolina Bescansa y Nacho Álvarez y que aboga por marcar unas reglas mínimas internas que permita suavizar el debate que está sufriendo el partido y que ha tensionado la organización hasta límites nunca vistos desde su fundación.

La Comisión de Garantías Estatal de Podemos ha ratificado la expulsión de la formación en Baleares de la diputada Montserrat Seijas, tal como hiciera el pasado jueves con la también diputada y presidenta del Parlament balear, Xelo Huertas.

Estas expulsiones están relacionadas con la “violación” del código ético del partido, según explicaron desde la formación en su momento, por la amenaza de ambas parlamentarias de votar en contra de los Presupuestos Generales de la Comunidad autónoma para 2017 con el objetivo de favorecer los intereses del consultor de la formación, Daniel Bachiller.

Desde Podemos han confirmado este viernes que la ratificación de la Comisión de Garantías Estatal les llegó a última hora de este jueves cuando se trasladó al Consejo de Coordinación Autonómico.

El Consejo Autonómico de Madrid de Podemos ha emitido un comunicado dirigido a los inscritos en el que pide al Consejo de Coordinación Estatal que reconsidere lo decidido en la resolución del pasado viernes, en la que vetaba el sistema de votación Borda mediante el cual la candidatura Adelante Podemos con la Gente (la liderada por Tania Sánchez y Rita Maestre) ganó la primera fase de las primarias de la comunidad.

En dicho mensaje, también indican que “discrepamos abiertamente de lo establecido por la Comisión de Garantías Estatal, en la resolución que limita la aplicación de los documentos ganadores para procesos ulteriores a este en el que nos encontramos”, así como que su compromiso “desde la convocatoria de esta Asamblea Ciudadana” era dar todo el protagonismo “a los inscritos”, “y así se ha hecho con la intención de que sus decisiones fueran vinculantes y aplicables a todos los procesos posteriores de Podemos Comunidad de Madrid”.

“Con el modelo orgánico aprobado en Vistalegre, desde este Consejo Ciudadano Autonómico no tenemos más instrumentos de reclamación que los ya utilizados. Por eso entendemos que debíamos hacer este comunicado de explicación y disculpa ante el conjunto de los inscritos e inscritas por no haber podido hacer valer nuestra posición”, explican desde el Consejo, cuyo secretario general es actualmente en funciones Luis Alegre, próximo a Pablo Iglesias.

Ayer sábado, la candidatura encabezada por Maestre y Sánchez emitió un comunicado en el que calificaban de califican de “inaceptable” que, tras los resultados, “una institución que debería garantizar el correcto y justo funcionamiento de este proceso niegue la legitimidad de unos documentos elegidos democráticamente por la gente y pretenda instaurar unilateralmente un sistema de votación que ha sido rechazado por ser menos democrático y plural”.

Tras ello, la Comisión de Garantías lanzó otra nota, en la que afirmaban que no habían entrado “ a conocer ni el sistema Borda ni ningún otro de los procedimientos electorales que legítimamente competían en la elección de los Documentos de la Comunidad de Madrid, ni mucho menos ha decidido imponer ni anular procedimiento alguno”. Su función, decían, se había limitado a responder “a la Secretaría de Organización Estatal sobre el obligado cumplimiento del reglamento vigente sobre el proceso interno que se desarrolla en la Comunidad de Madrid y en otros territorios”.

La Comisión pedía además que todas las candidaturas “no sólo respete y hagan respetar las reglas de las Asambleas” sino que tengan “un mínimo conocimiento de marco legal democrático del partido”. Además, juzgaban “de la máxima importancia” que las candidaturas compartan una concepción de la Comisión como un ente con independencia que “excluya las presiones, las exigencias y las actitudes de deslegitimación contra ellas cuando sus resoluciones no se ajusten a lo que en cada caso consideren sus intereses”.

La Comisión de Garantías estatal de Podemos ha resuelto que las primarias de Podemos en Madrid se rijan por el habitual sistema mayoritario que se ha utilizado en el partido desde la fundación hasta ahora. Según una comunicación a la que ha tenido acceso eldiario.es, el tribunal interno de Podemos ha determinado que el sistema Borda, recogido en el documento organizativo que se impuso por votación entre los inscritos en la primera fase de la Asamblea Ciudadana de Podemos Madrid, contraviene los estatutos estatales del partido, por lo que no son de aplicación hasta que estos se modifiquen.

“Utilizaremos un sistema plurinominal mayoritario, como se indica en el Reglamento marco del proceso aprobado por el Consejo de Coordinación Estatal”, asegura la comunicación. La Secretaría de Organización de Podemos que dirige Pablo Echenique ha confirmado a eldiario.es que la resolución dictamina que los sistemas que se aprueben en los documentos de las asambleas, incluida Madrid, tendrán vigencia para la organización de las subsiguientes Asambleas Ciudadanas.

El artículo 28 del Reglamento para el proceso extraordinario de elecciones internas remitido por Organización a los territorios donde se han abierto procesos asamblearios se indica bajo el epígrage “Corrección de los resultados de la votación”: “De acuerdo con el sistema de voto plurinominal mayoritario usado en las elecciones internas de Podemos, saldrán electas las personas más votadas para cada órgano, independientemente del equipo al que pertenezcan, con la única corrección del género que comportará la paridad tal como se indica en el Artículo 4”.

El correo además tercia en otro de los puntos más polémicos de los documentos ganadores, el de “una persona, dos cargos” que, básicamente, indica que cualquier miembro de Podemos Madrid podrá acumular un máximo de dos responsabilidades ya sean orgánicas o electas. Es decir: un consejero autonómico y diputado no podrá ser, además, consejero municipal. Garantías “emplaza a una futura negociación entre las partes implicadas que concrete cómo y en qué casos se aplicará dicha medida”, sin añadir más detalles.

Borda es un método que, básicamente, consiste en asignar a los distintos candidatos una puntuación que va del 34 al 1 (el número depende de la composición del órgano a elegir). Quien acumule más puntos, gana. Un ejemplo de un sistema de este tipo es Eurovisión o las primarias de Ahora Madrid, donse de usó el Dowdall. En el proceso de confluencia municipal Podemos también rechazó de entrada el método de elección, pero al final Ganemos logró salirse con la suya.

El resultado de este tipo de métodos suele ser más proporcional y plural, sobre todo frente al mayoritario aplicado de forma habitual en Podemos.

Un sistema defendido mayoritariamente en Madrid

Los dos principales documentos organizativos que concurrían a la votación que se cerró el miércoles, el de Adelante Podemos con la Gente (que ganó) y el de Juntas Podemos (de Ramón Espinar y Anticapitalistas) recogen el sitema Borda como método de elección para aplicar en Podemos Madrid.

Los documentos organizativos de ambas candidaturas suman 10.115 votos de los 11.538 válidos, un 87,67% del total.

La decisión de Garantías no se puede recurrir a ninguna otra instancia del partido y solo sería revisable por un tribunal ordinario. Supone además que el sistema que se usará en las primarias de Madrid será el mayoritario, con una leve corrección que introdujo Pablo Echenique cuando accedió a la Secretaría de Organización estatal.

Echenique terminó con las llamadas “listas plancha” con el objetivo de mejorar la proporcionalidad. Las distintas candidaturas pueden presentar un máximo de un 80% de los miembros del órgano a elegir, lo que permite que ningún equipo arrase con todos los puestos del Consejo Ciudadano en disputa. Al menos un 20% se lo repartirán el resto de listas.

El final de las listas plancha impide que los electores puedan seleccionar con un solo clic a todos los integrantes de una candidatura. Tendrán que hacerlo uno a uno y podrán mezclar miembros de distintas opciones.

Los resultados de la votación de documentos muestran ventaja de Adelante Podemos con la Gente, la candidatura liderada por Rita Maestre y Tania Sánchez, pero la diferencia no es tan grande como para que en el proceso de primarias Ramón Espinar y Anticapitalistas no puedan darle la vuelta.

Podemos ha expulsado a uno de sus militantes por saltarse el acuerdo de no presentarse a las elecciones municipales. Se trata de Manuel Ortega, quien perdió las primarias a la secretaría general de Podemos Córdoba y lideró una corriente crítica dentro del partido que desembocó en la candidatura de ‘Entre todos, sí se puede Córdoba’ que concurrió a las pasadas elecciones del 24M.

Los hechos fueron denunciados en marzo por la secretaria general de Podemos Córdoba, Juana Guerrero, ante la Comisión de Garantías Democráticas del partido que ahora, una vez pasadas las elecciones y constituido el nuevo Ayuntamiento de Córdoba, ha emitido su resolución para expulsar de la formación a Ortega y otro militante que le acompañó en su acción, Francisco Cerezo.

En su momento, Manuel Ortega conformó la candidatura de ‘Entre todos, sí se puede Córdoba’ como partido instrumental, desistiendo de sumarse a la agrupación de electores de Ganemos Córdoba que sí era apoyada oficialmente por Podemos. Los críticos de Podemos lograron, finalmente, un total de 2.110 votos en la capital cordobesa el 24 de mayo, un número de sufragios que no suponía la representación de concejal alguno en el Ayuntamiento.

Fuentes cercanas a Podemos Córdoba explican que no se ha querido hacer pública esta decisión antes para no interferir en la campaña electoral y no dar más publicidad a la candidatura de ‘Entre todos, sí se puede Córdoba’.

Definitivamente, fuera de Podemos

Así las cosas, ahora, la decisión de la Comisión de Garantías Democráticas de Podemos acuerda la expulsión de Manuel Ortega al entender que los hechos por los que se le denunció son constitutivos “de dos infracciones muy graves consistentes en manipular y atentar contra la libre decisión de los/las afiliados a Podemos o sus órganos de decisión (art- 65.4 c de los Estatutos de Podemos) y no respetar las manifestaciones internas y externas de los compañeros y las compañeras y de los órganos colegiados de Podemos”, explica la formación de los círculos.

Asimismo, la sanción impuesta se argumenta también en “la comisión de al menos tres infracciones graves, consistentes en realizar declaraciones públicas en nombre de Podemos que comprometan a la organización sin contar con autorización del Círculo Podemos al que se está afiliado, el Consejo Ciudadano o el Consejo de Coordinación; suplantar o atribuirse cargos o funciones de cualquier clase o naturaleza que no le corresponda; y desoír los acuerdos y directrices adoptados por la Asamblea Ciudadana, el Consejo Ciudadano o el Círculo Podemos al que se está afiliado/a, al arrogarse las facultades públicas de representación de Podemos”.

Desde los órganos de Podemos Córdoba se aclara que Manuel Ortega puede interponer aún un recurso contra la decisión de su expulsión ante el Pleno de la Comisión de Garantías Democráticas, aunque desde la dirección territorial de Podemos se ha expresado la “satisfacción” por la decisión adoptada y advierten, en este sentido, “que cualquier miembro de Podemos debe respetar en todo momento los documentos políticos, éticos y organizativos que democráticamente se han votado y, en caso contrario, hay que actuar con contundencia. No se pueden permitir comportamientos irrespetuosos y atentatorios contra la organización y sus órganos”, señalan.

Sin embargo, el propio Manuel Ortega ha hecho público este lunes que solicitó su baja en Podemos el día después de las elecciones municipales, el 25 de mayo, motivado “básicamente por hartazgo” de su situación, ha señalado a eldiario.es/andalucia. Ortega indica así que no presentará recurso ante la resolución del partido morado “porque ya no estoy en Podemos” y ha avanzado que quiere “seguir trabajando y proponer que el partido ‘Entre todos, sí se puede Córdoba’ siga” su andadura.