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La acumulación de cargos de Ramón Espinar dispara la tensión en Podemos Madrid

La Comisión de Garantías Estatal del partido anula sin reunir al Pleno varios puntos de los documentos aprobados en la reciente Asamblea Ciudadana regional, entre ellas la limitación a ostentar más de dos puestos, que ya ha supuesto dimisiones

La presidenta del órgano, Gloria Elizo, defiende que un documento regional no puede "limitar un derecho fundamental como es el derecho al sufragio pasivo"

Los preceptos rechazados forman parte de las propuestas de Adelante Podemos, la candidatura de Rita Maestre que ganó la primera fase del cónclave

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Ramón Espinar, en la tribuna del Senado.

Los problemas en Podemos en Madrid no se zanjaron con las primarias que eligieron a Ramón Espinar como secretario general autonómico. Su triunfo se suma a su condición previa de senador y de diputado autonómico, lo que podría contravenir las normas salidas de la Asamblea Ciudadana regional, que limita la acumulación de cargos. Así lo cree el equipo de Rita Maestre, que perdió en el proceso. Pero la Comisión de Garantías estatal no lo comparte. Dos resoluciones del tribunal interno del partido permiten a Espinar mantener sus puestos. Dichas decisiones no las adoptó el Pleno del órgano de control lo que ha provocado la reacción de algunos de sus integrantes, que se enteraron por la prensa, según han confirmado a eldiario.es.

El sistema asambleario de dos fases se saldó con una paradoja: un equipo impuso sus bases organizativas y políticas y el otro se hizo con los órganos. La dirección resultante debería gestionar unos documentos que no había apoyado en el proceso. Entre otras cuestiones se aprobó una  limitación: una persona, dos cargos, ya sean orgánicos o institucionales.

El nuevo secretario general es, además, diputado autonómico y senador precisamente por designación de la Asamblea de Madrid. Es decir, suma tres cargos. La Comisión de Garantías estatal, en una resolución del 11 de noviembre a la que ha tenido acceso eldiario.es, rebaja dicha prohibición a una "recomendación", tal y como adelantó el jueves El Mundo. Dicha resolución está firmada el mismo día en que se supo el resultado de las primarias.

El texto de la resolución recuerda que el Código Ético estatal no recoge nada al respecto de los cargos y que, por tanto, la "limitación del derecho de sufragio pasivo será reglamentado por el Consejo Ciudadano estatal" por lo que lo aprobado por la Asamblea Ciudadana de Madrid "debe entenderse como una recomendación".

Además, una consulta posterior realizada por el propio Ramón Espinar zanjó el asunto. El Estatuto de Autonomía de Madrid obliga a que los senadores elegidos mantengan su acta de diputado lo que, en opinión del tribunal interno que preside la diputada Gloria Elizo, implica que Espinar en realidad tiene dos cargos, no tres.

Ambas decisiones fueron adoptadas por la Comisión de Deliberación, formada por tres personas, y no por el Pleno de Garantías, con siete miembros. La Comisión de Deliberación la integran Clara Tomás, Denis Maguire y Pablo Fernández. Fernández fue quien registró ante Interior el partido Unidos Podemos, por lo que técnicamente podría contravenir la norma que impide la doble militancia en Podemos.

La misma comisión ya anuló el sistema de elección que salió de la votación de documentos.

La diputada regional y miembro de Garantías Raquel Huerta denuncia a eldiario.es que se enteró de las resoluciones "por la prensa". Aunque Huerta, que se inhibe motu proprio de las cuestiones madrileñas al considerarlo incompatible con su militancia en la región, reconoce la "legalidad" del procedimiento cree que "estas prácticas son inadmisibles en un órgano colegiado".

Huerta asegura sentirse "avergonzada de la resolución que se ha emitido respecto a los documentos de la Comunidad de Madrid. "Garantías debe velar porque se respete la voluntad de los inscritos, no ser un instrumento para subvertirla", insiste. Y recuerda que el Documento de Principios Organizativos aprobado en Vistalegre "establece que la decisión de una asamblea ciudadana territorial solo podrá ser revocada por una asamblea ciudadana de nivel territorial superior". Es decir, en su opinión, por otra Asamblea Ciudadana Estatal. Es decir, Vistalegre 2.

"En este caso", remata, "la Asamblea Ciudadana Estatal no se ha pronunciado sobre ningún régimen de incompatibilidades en concreto" y recuerda que dicho documento organizativo "establece la obligación del CCE de desarrollarlo en un periodo de seis meses, cosa que no ha hecho".

La presidenta de Garantías, Gloria Elizo, defiende la decisión adoptada por le órgano. En conversación con eldiario.es asegura que una norma inferior "no puede corregir a una superior", como ocurriría en este caso. Elizo recuerda que el Código Ético estatal no recoge ninguna limitación y que, por lo tanto, un documento regional no puede "limitar un derecho fundamental como es el derecho al sufragio pasivo".

También defiende la decisión de que fuera la Comisión de Deliberación y no el Pleno de Garantías quien vea este asunto. "Normalmente en Pleno se deciden los asuntos de especial relevancia", declara. Y recuerda que este mismo órgano ha vetado por incumplir la norma estatal la constitución de la Comisión de Garantías en Navarra o Extremadura. En opinión de Elizo, el Pleno, "muy saturado de trabajo", debe conocer principalmente los expedientes disciplinarios y ante el riesgo de que se quiebren los derechos de los militantes. Algo que, cree, no ocurre en este caso.

La información publicada por El Mundo motivó la respuesta unánime de los integrantes de Adelante Podemos con la Gente, el equipo liderado por Rita Maestre y Tania Sánchez en las primarias. En redes sociales (Twitter y Facebook) y en los habituales canales de Telegram, cargos y diputados del partido han arremetido contra la Comisión de Garantías.

El consejero estatal  Jorge Lago aseguraba en un largo texto que "Escudarse en razones técnicas para no cumplir con el deseo democrático de la mayoría de votantes sienta un mal precedente. Hacia dentro y hacia fuera". Por su parte, el responsable de Discurso, Jorge Moruno, dejó escrito: "La Comisión de Garantías se ha distanciado de su propio cometido y de las razones que le dan sentido. Si se ha dado todo un proceso democrático que ha llegado a unos consensos, la Comisión de Garantías debe saber escuchar este mandato. Cuando la voluntad popular se contradice con las normas, lo que debe cambiar son las normas, no la voluntad popular".

En el mismo sentido se pronunciaba el diputado regional Hugo Martínez Abarca.

Espinar también aprovechaba Twitter para dar su opinión.

Desde Anticapitalistas, el sector que confluyó con Espinar para las primarias de Madrid, también se defiende la decisión. La portavoz del Consejo Ciudadano Estatal, Isabel Serra, asegura a eldiario.es que el órgano "está cumpliendo los documentos aprobados en tanto que hay varias personas que han dimitido de sus cargos".

Serra se refiere al portavoz en la Asamblea regional, José Manuel López, quien ha abandonado su cargo en el Consejo Municipal de Madrid para hacerlo compatible con su reciente condición de consejero autonómico. También lo ha hecho el secretario general de Podemos en Pozuelo, Pablo G. Perpinyà, quien también es concejal en el municipio madrileño.

Perpinyá es de Anticapitalistas. Y su decisión también se ha utilizado en la guerra abierta en Twitter entre bandos.

Serra recuerda que "Garantías considera que no tiene tres cargos sino dos" y defiende que Espinar "ha tomado la decisión de respetar" esa interpretación. En su opinión esto demuestra que hay que dotar a Garantías de más independencia: "Hay que avanzar en Vistalegre 2 en este sentido".

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