La pugna por el control de la Comisión de Garantías de Podemos se encona tras un mes de bronca
La II Asamblea Ciudadana de Podemos zanjó la grave crisis abierta en el partido entre sus dos principales referentes, Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. Las urnas depararon un claro resultado en Vistalegre 2. El secretario general logró la mayoría de los asientos en la dirección estatal. Recibió además un amplio respaldo a su plan político y al diseño organizativo. Los gritos de los militantes clamando por la “unidad” del partido parecieron surtir un efecto balsámico.
Pero un detalle se escapó. Un fleco al que se le dio en origen menos importancia de la que ha adquirido con el paso de los meses. Una Comisión de Garantías (CdG) ajena a las familias, independiente, cuyo enfrentamiento con el Consejo de Coordinación amenaza con aguar el inicio del curso político al partido de Pablo Iglesias.
La Comisión de Garantías es el tribunal interno de Podemos. Su misión es dirimir si los actos de los inscritos, desde el secretario general a la última incorporación, cumplen con los estatutos del partido. Debe proteger a los militantes de los posibles abusos de los dirigentes, pero también la integridad de la organización y el respeto interno a los cargos. Ni más ni menos que lo que hacen órganos similares en los demás partidos. Pero Podemos no es como los demás partidos, para lo bueno y para lo malo.
Vistalegre 2 deparó una Comisión de Garantías independiente y ajena a las tres familias que han dominado el partido desde su fundación. O al menos no muy alineada. Su presidenta, Olga Jiménez, lideraba la candidatura Profesionales de la Justicia. Antes, había representado a Podemos ante la Junta Electoral de Madrid en las elecciones de junio de 2016. Formó parte del partido en sus primeros meses de vida como miembro de uno de los círculos sectoriales relacionados con el derecho.
Casi tres años después, Jiménez se ha convertido en el principal quebradero de cabeza del secretario de Organización al rechazar los estatutos elaborados por el equipo de Pablo Echenique, al frente del cual situó a la dirigente Gloria Elizo, precisamente la presidenta de la primera Comisión de Garantías de Podemos.
Este relato de la discordia entre el poder ejecutivo y el poder judicial de Podemos se basa en multitud de conversaciones con dirigentes y personas implicadas en el día a día de la organización.
¿Cuántos miembros tiene la Comisión de Garantías?
La primera decisión de Jiménez calcó la primera de Elizo cuando ocupaba su lugar. Aunque la CdG está formada por cinco miembros titulares y otros tantos suplentes, en 2014 se optó por que los 10 integrantes tuvieran voz y voto. El motivo: la carga de trabajo. La nueva comisión hizo lo mismo y, apenas una semana después de Vistalegre 2, el pleno decidió que estaba formado por 10 personas.
Eso podía contravenir el documento organizativo que ganó la II Asamblea Ciudadana, que señalaba claramente la composición de la CdG.
La decisión de la CdG sin embargo se mantuvo. Si hubo protestas o reclamaciones, nunca han trascendido. Tampoco que se haya anulado aquella resolución, que en principio sigue vigente. En principio, porque la ejecutiva de Pablo Iglesias lo considera ahora un procedimiento nulo ya que contraviene lo aprobado por los inscritos en Vistalegre 2.
La guerra por los estatutos
La importancia de aquella decisión tiene que ver con el control del órgano. Aunque la candidatura de Jiménez domina a priori el pleno, tanto el de cinco como el de 10 miembros, distintas fuentes apuntan a un posible cambio en los equilibrios internos en el pleno de cinco miembros. Un giro que se hizo patente en pleno verano.
En mayo el secretario de Organización, Pablo Echenique, presentó a Garantías un borrador de los nuevos estatutos del partido (aquí, en PDF). Los documentos aprobados en Vistalegre 2 debían transponerse al documento legal que los partidos registran en el Ministerio del Interior. Una labor que el Consejo Ciudadano estatal, dominado por Pablo Iglesias, derivó al Consejo de Coordinación.
Aquí comienzan las discrepancias en las distintas versiones. Unos aseguran que Jiménez no puso ningún inconveniente a dichos estatutos en ese momento y aluden a que modificó en parte el propio reglamento interno del organismo para adecuarlo a los nuevos estatutos. Desde el entorno de Jiménez rechazan la mera existencia de ese borrador y aseguran que la presidenta de Garantías recibió el documento definitivo, ratificado por la ejecutiva, el 26 de julio.
Dos días después, el pleno amplio de la CdG aprobaba el Dictamen 3/2017, cuyo contenido íntegro adelantó eldiario.es. El documento tiraba por tierra los estatutos. En concreto, la normativa relativa a la propia Comisión de Garantías y el nuevo régimen disciplinario que quería poner en marcha Echenique.
Los estatutos, registrados el 4 de agosto ante Interior pese a este dictamen, zanjan la cuestión de la composición de la CdG. “Los suplentes podrán participar en el Pleno con voz pero sin voto”, asegura el documento en su página 45.
En cuanto al nuevo régimen disciplinario del partido, el dictamen exigía su derogación y volver a lo que recogían los anteriores estatutos del partido, que todavía se pueden consultar en su web.
El Dictamen número 3 no alude a otras partes de los nuevos estatutos.
El expediente sancionador: suspensión y ¿expulsión?
En los primeros días de agosto el Consejo de Coordinación abre un expediente sancionador a Olga Jiménez en virtud de los rechazados nuevos estatutos del partido. La iniciativa parte de la propia CdG. En concreto de tres de sus miembros, que se autoconvocaron a un pleno que tomó la decisión.
La ejecutiva del partido tomó la decisión de forma automática, según la versión oficial. Sin conocer la motivación, aseguran desde el Consejo de Coordinación. Y devolvieron el expediente a Garantías para su tramitación y, si procede, la expulsión de Olga Jiménez. La presidenta del tribunal interno de Podemos estaría hoy por hoy, si el expediente es válido, suspendida de militancia.
Desde la dirección del partido aseguran a eldiario.es que los motivos reales del expediente no tienen nada que ver con la bronca por los estatutos, sino por actuaciones previas de Jiménez, quien habría actuado en contra de las normas de Garantías. La tramitación y el nombre de la persona que los instruye son ahora mismo dos de los mejores secretos guardados en Podemos.
No el nombre de quien ha asumido temporalmente el papel de presidente de la CdG: Argiro Giraldo. Ahora mismo, dos personas se autoerigen como presidentes del tribunal de Podemos.
Solución política o judicial
Aunque dos personas se disputan la Presidencia de Garantías, una de ellas ha logrado el apoyo de la mayoría de las comisiones autonómicas de Podemos.
Olga Jiménez logró reunir el jueves en Madrid, en pleno agosto y en apenas una semana, a representantes de 11 de las CdG regionales. Diez de ellas ratificaron el Dictamen número 3 y rechazaron la validez del expediente sancionador abierto contra Jiménez. El comunicado resultante es muy duro con la dirección de Podemos que encarna Pablo Iglesias.
Desde la ejecutiva aseguran que mientras el expediente sancionador siga su curso no tienen intención de pronunciarse. El entorno de Olga Jiménez, así como otras personas que la han conocido en estos tres años, coinciden en que la presidenta de la CdG de Podemos irá “hasta el final”, sin descartar los tribunales de justicia. A menos que antes se alcance una solución política que hoy no se vislumbra, ya que supondría que al menos uno de los principales protagonistas de este duelo, Jiménez y Echenique, deberían reconocer que se ha equivocado.
