El Arzobispado de Valencia se ha pronunciado oficialmente tras la polémica suscitada por la negativa de la Cofradía de la Purísima Sangre de Sagunt (València) a que las mujeres puedan participar en las procesiones, una decisión que se resolvió en una junta general extraordinaria en la que los cofrades votaron mayoritariamente en contra de la modificación de sus estatutos (267 'no' y 114 'sí') con el objetivo de eliminar el sesgo de género.

Tras lamentar Blanca Ribelles, integrante de la Asamblea de Mujeres por una Semana Santa Inclusiva, el silencio del órgano eclesiástico en declaraciones a elDiario.es, fuentes del Arzobispado han explicado que no va a promulgar un “decretazo” para la modificación de los estatutos de la Cofradía de Sagunto.

Además, las mismas fuentes han explicado que “la posible modificación de dichos estatutos debe surgir por decisión de los miembros de la asociación, y la autoridad eclesiástica cree en la conveniencia pastoral de acompañar esta situación buscando caminos de diálogo y comunión”.

Desde el Arzobispado han insistido en que “las cofradías son asociaciones de fieles que se rigen por sus propios estatutos, aprobados conforme al derecho canónico, y no debería ejercerse la disciplina eclesiástica, al igual que ha ocurrido en otras diócesis, en las que se han producido procesos de maduración, sin situaciones de presión, siempre desde el diálogo”.

También el Arzobispado de Valencia cree conveniente “acompañar pastoralmente, promoviendo el encuentro” y ha pedido que estas fechas de celebración de la Semana Santa puedan vivirse “en la fe desde la unidad y en comunión”.

 Como consecuencia de la decisión de la cofradía, el Gobierno ha anunciado que inicia los trámites para revocar la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional.

por su parte, el Ayuntamiento de Sagunt seguirá apoyando el “normal desarrollo” de los actos de la Semana Santa saguntina 2026 y apela al “diálogo y al consenso” para que, en cumplimiento del marco legal actual, la Cofradía “lleve a cabo los cambios necesarios”.

La lluita per la integració de les dones dins de la Confraria de la Puríssima Sang del nostre Senyor Jesucrist de Sagunt se sent “desemparada” per l’arquebisbe de València, Enrique Benavent. Segons explica Blanca Ribelles, integrant de l’Assemblea de Dones per una Setmana Santa Inclusiva, després d’una nova votació en què els confrares han tornat a rebutjar la igualtat dins de la institució i que, a conseqüència d’això, el Govern haja anunciat que inicia els tràmits per a revocar la declaració de festa d’interés turístic nacional, “l’Arquebisbat encara no ha dit res i s’hauria de pronunciar; a Sevilla va ser l’Arquebisbat qui va pressionar, perquè la Setmana Santa és una celebració catòlica”.

Aquesta reclamació de l’Assemblea es recolza en precedents en què la jerarquia eclesiàstica sí que va intervindre per a posar fi a la discriminació per sexe. El cas més emblemàtic és el de Sevilla el 2011, quan l’arquebisbe Juan José Asenjo va promulgar un decret de compliment obligat que imposava la igualtat plena de drets en totes les confraries de l’arxidiòcesi. De manera similar, el 2017 a Zamora, el bisbat va haver d’intervindre d’ofici per a forçar l’entrada de dones en la Congregació de la Passió després d’anys de negatives internes en les urnes. Altres ciutats com Valladolid o Còrdova també han vist com les seues autoritats eclesiàstiques modificaven o unificaven els estatuts de les confraries més conservadores per a garantir que la condició de batejat prevalguera sobre el gènere.

Malgrat aquests antecedents i la gravetat de la situació a Sagunt, l’Arquebisbat de València no ha volgut fer cap mena de valoració sobre la polèmica fins al moment.

Responsabilitat dels confrares i via judicial

Ribelles ha manifestat que sent “llàstima” tant per la votació dels confrares que han tombat la iniciativa com per l’anunci de la pèrdua del títol turístic de la festa. “Però és responsabilitat seua, perquè no compleixen els requisits legals; no era el nostre objectiu, nosaltres l’única cosa que hem buscat és la integració”, ha assenyalat. Davant aquesta situació, la precipitació dels fets en dos dies consecutius i el fort protagonisme mediàtic, Blanca Ribelles ha afirmat que “ara hem de descansar i reflexionar sobre la fase següent de la nostra lluita, que jo entenc que exigeix anar als tribunals per a reivindicar la igualtat”.

No obstant això, els antecedents no preveuen una confiança completa amb l’assoliment d’aquesta reivindicació. Això és perquè el 2022 el Tribunal Suprem (TS) va estimar un recurs de la Confraria de l’Esclavitud del Santíssim Crist de La Laguna (Tenerife) contra la sentència que anul·lava una disposició dels seus estatuts en què s’excloïa les dones de participar en aquesta organització religiosa.

Sobre el suport social i polític al moviment a Sagunt, Ribelles explica que “la gent està dividida, hi ha de tot tant entre els homes com entre les dones”. Així mateix, ha subratllat que no faran cap mena de protesta en els actes destacats de la Passió: “Nosaltres respectem molt la Setmana Santa, no la volem boicotejar”. D’altra banda, també ha assenyalat que “l’Ajuntament no diu res com a institució”, no obstant això, sí que recorda que molts polítics els han donat suport individualment, entre ells el mateix alcalde de Sagunt, Darío Moreno (PSPV), encara que assegura que tenen un suport “transversal” de totes les ideologies i que no volen polititzar la lluita.

La lucha por la integración de las mujeres dentro de la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Sagunt se siente “desamparada” por el arzobispo de València, Enrique Benavent. Según explica Blanca Ribelles, integrante de la Asamblea de Mujeres por una Semana Santa Inclusiva, tras una nueva votación en la que los cofrades han vuelto a rechazar la igualdad dentro de la institución y que, a consecuencia de ello, el Gobierno haya anunciado que inicia los trámites para revocar la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional, “el Arzobispado todavía no ha dicho nada y se debería de pronunciar; en Sevilla fue el Arzobispado quien presionó porque la Semana Santa es una celebración católica”.

Esta reclamación de la Asamblea se apoya en precedentes donde la jerarquía eclesiástica sí intervino para poner fin a la discriminación por sexo. El caso más emblemático es el de Sevilla en 2011, cuando el arzobispo Juan José Asenjo promulgó un decreto de obligado cumplimiento que imponía la igualdad plena de derechos en todas las hermandades de la archidiócesis. De forma similar, en 2017 en Zamora, el obispado tuvo que intervenir de oficio para forzar la entrada de mujeres en la Congregación de la Pasión tras años de negativas internas en las urnas. Otras ciudades como Valladolid o Córdoba también han visto cómo sus autoridades eclesiásticas modificaban o unificaban los estatutos de las cofradías más conservadoras para garantizar que la condición de bautizado prevaleciera sobre el género.

Pese a estos antecedentes y la gravedad de la situación en Sagunt, el Arzobispado de València no ha querido hacer ningún tipo de valoración sobre la polémica hasta el momento.

Responsabilidad de los cofrades y vía judicial

Ribelles ha manifestado que siente “lástima” tanto por la votación de los cofrades que han tumbado la iniciativa como por el anuncio de la pérdida del título turístico de la fiesta. “Pero es responsabilidad suya, porque no están cumpliendo con los requisitos legales; no era nuestro objetivo, nosotros lo único que hemos buscado es la integración”, ha señalado. Ante esta situación, la precipitación de los hecho en dos días consecutivos y el fuerte protagonismo mediático, Blanca Ribelles ha afirmado que “ahora tenemos que descansar y reflexionar sobre la siguiente fase de nuestra lucha, que yo entiendo que pasa por ir a los tribunales para reivindicar la igualdad”.

No obstante los antecedentes no prevén una confianza completa con la consecución de esta reivindicación. Y es que en 2022 el Tribunal Supremo (TS) estimó un recurso de la Hermandad de la Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna (Tenerife) contra la sentencia que anulaba una disposición de sus estatutos en la que se excluía a las mujeres de participar en esa organización religiosa.

Sobre el apoyo social y político al movimiento en Sagunt, Ribelles explica que “la gente está dividida, hay de todo tanto entre los hombres como entre las mujeres”. Asimismo, ha subrayado que no van a realizar ningún tipo de protesta en los actos destacados de la Pasión: “Nosotros respetamos mucho la Semana Santa, no la queremos boicotear”. Por otro lado, también ha señalado que “el Ayuntamiento no dice nada como institución”, no obstante, sí recuerda que muchos políticos les han dado apoyo a nivel individual, entre ellos el propio alcalde de Sagunt, Darío Moreno (PSPV), aunque asegura que tienen un apoyo “transversal” de todas las ideologías y que no quieren politizar la lucha.

Un sacristán de una iglesia de Bétera ha aceptado este lunes una pena de dos años de prisión por un delito de agresión sexual a una mujer con una discapacidad intelectual del 66%, en un juicio celebrado ante la sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia.

Las partes han alcanzado un pacto de conformidad por el que R. R. P. asume también el alejamiento de la víctima durante cinco años a una distancia mínima de 300 metros y la inhabilitación durante siete años para ejercer profesión u oficio que conlleve contacto regular con personas menores de edad. La sentencia, por tanto, es firme.

El Arzobispado de València, representado por un letrado, asume asimismo la responsabilidad civil subsidiaria del pago de 7.000 euros, cifra que ya ha sido consignada casi en su totalidad.

El sacristán ha aceptado la pena de prisión (suspendida a condición de que no delinca en un plazo de tres años y al abono definitivo de la responsabilidad civil) al ser una pena menor de dos años de prisión y no contar el acusado con antecedentes penales.

La “excusa” de la campanilla

“Ejerciendo funciones de sacristán”, el hombre “invitó a la víctima a un cuarto de la sacristía con la excusa de enseñarle como funcionaba la campanilla”, según reza el escrito de acusación del Ministero Fiscal. Además, el sacristán era “sabedor” de que la mujer tenía una discapacidad intelectual del 66%.

“Una vez en la sacristía”, abunda el escrito de la acusación pública, “le tocó con la mano el pecho presionándolo, los glúteos y sus partes íntimas por encima de la ropa”. La víctima “quedó bloqueada y sin poder reaccionar pese a llevar la campanita en la mano y haberse podido defender”. “No obstante”, agrega el fiscal, le mujer le dijo: “Esto es pecado”.

La víctima sufrió “miedo, nerviosismo, rabia y enfado”, concluye el Ministerio Público.

L'Arquebisbat de València va confirmar al docent denunciat per fer teràpies de conversió sexual a persones LGTBI, prohibides per la legislació estatal i autonòmica, al lloc de president del Centre d'Orientació Familiar (COF) 'Mater Misericordiae', segons la documentació de l'entitat a la qual ha tingut accés elDiario.es.

Els estatuts del COF, revelats per Compromís, atorguen àmplies competències a l'arquebisbat per al nomenament del president, l'exclusió dels seus membres, la formació acadèmica i fins i tot per a la dissolució de l'entitat en cas d'escàndol per actuacions de l'associació. Els estatuts, entre les finalitats i les activitats del COF, inclouen els “serveis especialitzats d'orientació, assessorament i teràpia, conduents a afavorir una vida matrimonial i familiar més equilibrada i satisfactòria”.

El llavors arquebisbe Antonio Cañizares, del sector ultraconservador de la jerarquia eclesiàstica, va decretar l'“erecció” del COF com a associació pública de fidels el 2 de maig del 2019, amb la consegüent personalitat jurídica canònica. “Exhorte tots els seus membres al fidel compliment dels fins, amb el desig que aquesta associació produisca abundants fruits en bé de l'Església Diocesana”, afirma Cañizares al document.

El mateix dia, el llavors bisbe auxiliar de València, Antonio Ros (actual bisbe de Santander), va confirmar Federico MV com a president del COF. Es tracta del docent que va reconèixer un reporter de La Sexta que duia a terme teràpies prohibides i que va presidir durant quasi dues dècades l'Associació Catòlica de Mestres de València. La Fiscalia va obrir una investigació sobre les teràpies de conversió sexual prohibides després d'un informe de la inspecció educativa remès per la Conselleria dEducació.

Després de la confirmació de Federico MV com a president del COF de València, l'actual president de la Conferència Episcopal Espanyola (llavors secretari general), va signar el 14 de maig del 2019 la diligència d'autenticació dels decrets d'erecció canònica, d'aprovació dels estatuts i de confirmació del representant legal de l'entitat.

L'actual arquebisbe de València, Enrique Benavent, de tarannà més aperturista, es va distanciar de la polèmica entitat després de l'escàndol de les teràpies de conversió sexual. L'arquebisbat va obrir una investigació interna sobre els fets denunciats i va eliminar de la seua pàgina web el contacte de l'entitat presidida per Federico MV.

El Arzobispado de València confirmó al docente denunciado por realizar terapias de conversión sexual a personas LGTBI, prohibidas por la legislación estatal y autonómica, en el puesto de presidente del Centro de Orientación Familiar (COF) 'Mater Misericordiae', según la documentación de la entidad a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Los estatutos del COF, revelados por Compromís, otorgan amplias competencias al arzobispado para el nombramiento del presidente, la exclusión de sus miembros, la formación académica e incluso para la disolución de la entidad en caso de “escándalo” por actuaciones de la asociación. Los estatutos, entre los fines y actividades del COF, incluye los “servicios especializados de orientación, asesoramiento y terapia, conducentes a favorecer una vida matrimonial y familiar más equilibrada y satisfactoria”. 

El entonces arzobispo Antonio Cañizares, del sector ultraconservador de la jerarquía eclesiástica, decretó la “erección” del COF como asociación pública de fieles el 2 de mayo de 2019, con la consiguiente personalidad jurídica canónica. “Exhorto a todos sus miembros al fiel cumplimiento de los fines, con el deseo de que esta asociación produzca abundantes frutos en bien de la Iglesia Diocesana”, afirma Cañizares en el documento.

El mismo día, el entonces obispo auxiliar de València, Antonio Ros (actual obispo de Santander), confirmó a Federico M. V. como presidente del COF. Se trata del docente que reconoció a un reportero de La Sexta que llevaba a cabo terapias prohibidas y que presidió durante casi dos décadas la Asociación Católica de Maestros de València. La Fiscalía abrió una investigación sobre las terapias de conversión sexual prohibidas tras un informe de la inspección educativa remitido por la Conselleria de Educación. 

Tras la confirmación de Federico M. V. como presidente del COF de València, el actual presidente de la Conferencia Episcopal Española (entonces secretario general), firmó el 14 de mayo de 2019 la diligencia de autenticación de los decretos de erección canónica, de aprobación de los estatutos y de confirmación del representante legal de la entidad.

El actual arzobispo de València, Enrique Benavent, de talante más aperturista, se distanció de la polémica entidad tras el escándalo de las terapias de conversión sexual. El arzobispado abrió una investigación interna sobre los hechos denunciados y eliminó de su página web el contacto de la entidad presidida por Federico MV.

Si bien el arzobispado de València ha tratado de desvincularse del organismo denunciado por el escándalo de las terapias de conversión sexual a personas LGTBI, los estatutos del Centro de Orientación Familiar (COF) 'Mater Misericordiae' vinculan de lleno el polémico ente a la jerarquía valenciana de la Iglesia Católica. El arzobispado se limitó a anunciar una investigación interna. Sin embargo, los estatutos de la entidad, desvelados este martes por Compromís, otorgan al arzobispo, Enrique Benavent, importantes competencias de control de la entidad. El nombramiento del presidente, la exclusión de sus miembros, la formación académica y la sede del COF dependen directamente del arzobispo. También la disolución de la entidad en caso de “escándalo” por actuaciones de la asociación.

El COF se rige bajo la “alta dirección” del arzobispo. De hecho, al arzobispado le corresponde el derecho de visita e inspección de “todas las actividades” de la asociación, la capacidad de suprimir o disolver la propia entidad e incluso el cambio de presidente. “Cuando lo exijan graves razones, el Arzobispo diocesano podrá designar un comisario que, en su nombre, dirija temporalmente la asociación”, según rezan los estatutos.

Entre las “graves circunstancias” figura el “escándalo producido por actuaciones de la asociación”. Tras las denuncias sobre las terapias de conversión sexual de un docente en un centro católico, prohibidas por la legislación autonómica y estatal, la Fiscalía abrió diligencias de investigación penal después de que la Conselleria de Educación aportara un informe de la inspección educativa.

El docente en cuestión, Federico M. V., que reconoció a un reportero de La Sexta que llevaba a cabo terapias prohibidas, preside el COF. También presidió durante casi dos décadas de la Asociación Católica de Maestros de València. 

El arzobispado retiró de su página web los datos de contacto de la polémica entidad después de que elDiario.es desvelara que, a pesar de su investigación interna y de la denuncia de la Conselleria de Educación, seguía ofreciendo el teléfono de Federico M. V. 

Los estatutos del COF indican que la entidad nace con una doble personalidad jurídica: civil y canónica pública, sin ánimo de lucro y “erigida en la Archidiócesis de Valencia”. Fueron firmados ante notario el 2 de mayo de 2019, durante la anterior etapa del arzobispo Antonio Cañizares, por el canciller-secretario José Francisco Colomer Castelló.

La vinculación directa del COF con el arzobispado aparece en varios artículos del documento. Empezando por su domicilio social (en un edifico de la calle de las Avellanas), vinculado al Arzobispado de València. “Cualquier cambio de dirección deberá contar con el beneplácito del Obispo Diocesano y ser notificado previamente a la secretaría general del Arzobispado de Valencia, la cual lo notificará al Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia”, rezan los estatutos.

Entre los fines y actividades de la entidad destacan los “servicios especializados de orientación, asesoramiento y terapia, conducentes a favorecer una vida matrimonial y familiar más equilibrada y satisfactoria”. Además, el COF también se centra en la formación “religiosa y moral de los fieles”, con la prioridad de la “vivencia del matrimonio cristiano, de acuerdo con los principios evangélicos y la doctrina de la Iglesia Católica”, además de la evangelización de “todas aquellas personas que soliciten sus servicios, sin distinción alguna”. 

La “formación permanente”, a cargo de la UCV

La entidad se encarga de la “formación permanente” de sus miembros en coordinación con la sección española del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II, dependiente del Vaticano y cuya sede en España corresponde a la Universidad Católica de València (UCV), un centro privado propiedad del arzobispado.

Fuentes de toda solvencia conocedoras de las interioridades del ente vinculan ese ámbito formativo al máster universitario de Ciencias del Matrimonio y la Familia de la UCV, en el cual ejerce como docente (de la asignatura ética y sexualidad) Juan Andrés Talens Hernandis, un reverendo que, a su vez, es asesor del COF y director del Secretariado para la Defensa de la Vida del arzobispado, que agrupa, además del ente presidido por Federico M. V., a entidades centradas en atacar el derecho al aborto. El COF, según sus estatutos, también imparte cursos de orientación al matrimonio “para quienes voluntariamente lo deseen”.

Los miembros del COF, ya sean de pleno derecho (con voz y voto en las asambleas) o meros colaboradores o simpatizantes deben ser “avalados” por, al menos, dos asociados para luego ser admitidos por la junta directiva. Quedan excluidos los aspirantes que “rechacen públicamente la fe católica” o que hayan incurrido en una censura de excomunión impuesta o declarado, entre otros supuestos de inadmisión.

Presidente “confirmado” por el arzobispo

La asamblea general, reunida una vez al año, elige a los miembros de la junta directiva y al presidente del COF, que debe ser “confirmado” por el arzobispo o por el obispo auxiliar o vicario general con mandato especial para ello, “si procede”. Eso sí, los estatutos de la entidad excluye para el puesto de presidente a quien desempeñe cargos de dirección en partidos políticos sindicatos e instituciones similares en el ámbito municipal, provincial o autonómico.

Por su parte, los miembros de la junta directiva “están llamados, según su propia condición, a llevar una vida santa y a trabajar para que el mensaje divino de salvación alcance a todos los hombres”. Las competencias del presidente incluyen la tarea de “comunicar” al arzobispado la composición de la junta directiva, además del estado anual de las cuentas. Por lo demás, la asamblea también está capacitada para acordar las modificaciones del estatuto “antes de que sean presentadas a la aprobación del arzobispo diocesano”.

El administrador del COF —“obligado a cumplir su función con la diligencia de un buen padre de familia”— se encarga de “rendir cuentas cada año al Arzobispo” de las cuentas para su revisión por parte de los organismos diocesanos competentes, en particular el consejo de asuntos económicos. Además, el consiliario (una suerte de consejero eclesiástico) resulta nombrado por el arzobispo, “previa consulta a la junta directiva, si lo estima oportuno”.

La entidad se financia con las cuotas de sus socios, donativos, subvenciones públicas o privadas o “cualquier otro rendimiento lícitamente adquirido y tributado a Hacienda, si es el caso”.

El Arzobispado de Valencia ha explicado este viernes que está teniendo dificultades para contactar con todas las familias de las 222 víctimas de la dana y hacerles llegar sus invitaciones al funeral que tendrá lugar en la Catedral de València el lunes, por lo que ha pedido que los familiares que quieran participar y no hayan recibido invitación “se dirijan a su párroco o sacerdote más cercano para solicitar la acreditación o llamen al teléfono 963829700”.

La reacción del Arzobispado se ha producido tras las quejas de varios particulares que perdieron a sus parientes en la riada y de diferentes asociaciones de afectados que han asegurado no haber recibido invitación alguna para la ceremonia, según ha informado Levante-EMV.

A este funeral en homenaje a las víctimas asistirán los reyes de España, que han confirmado su presencia, así como representantes institucionales y políticos entre ellos los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados, que han recibido la correspondiente invitación oficial por parte del Arzobispado.

Desde el Arzobispado, en un comunicado, han asegurado que su “deseo e intención al organizar el funeral era que la convocatoria llegara personalmente a los familiares de los que murieron, por eso, cada párroco se ha preocupado de buscar entre sus feligreses y contactar con los familiares de las víctimas”.

“A algunos familiares ya ha llegado la invitación y han confirmado su asistencia, pero no nos está resultando fácil llegar a todos por diversas razones: por la ley de protección de datos no se nos puede facilitar el nombre de las víctimas” y porque “algunos cuerpos aparecieron en pueblos pero no eran de allí”, ha explicado.

Así, la diócesis ha destacado que la Catedral tiene reservada la zona central para los familiares directos de los difuntos, “ya que por ellos es por quienes ofrecemos esta Eucaristía”.

“La comunidad diocesana está desde el primer momento al lado de los afectados de muchas maneras y especialmente rezando por la salvación eterna de los difuntos y el consuelo en la esperanza de los que lloran a sus seres queridos. Muchas gracias por la colaboración y comprensión”, ha añadido.

La página web del Arzobispado de València ha ido borrando algunos de sus contenidos relacionados con el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis (COF) 'Mater Misericordiae' de València, dirigido por el docente Federico M. V., al que varios exalumnos acusan de llevar a cabo terapias prohibidas de conversión sexual a personas LGTBI. Si el pasado 10 de julio, la web arzobispal borró los datos de contacto del COF, incluido el teléfono de Federico M. V., esta semana la reseña de una reunión celebrada el pasado 8 de febrero entre el director y representantes del ente y el arzobispo, Enrique Benavent, ha desaparecido. El enlace indica que la página ya “no existe”. “Es posible que se haya movido o eliminado por completo”, agrega el mensaje de la web oficial.

El Arzobispado de València ordenó una investigación interna sobre las denuncias de los exalumnos del colegio Madre Josefa Campos, centro concertado católico de Alaquàs (València). Además, la Fiscalía abrió diligencia de investigación el pasado 17 de julio, tras la denuncia de la Conselleria de Educación, dirigida por el popular José Antonio Rovira, a consecuencia de un informe de la inspección educativa.  

El COF está dirigido por Federico M. V., quien reconoció ante un periodista de La Sexta que realizaba terapias de conversión sexual a personas LGTBI, prohibidas por la ley autonómica. La entidad cuenta como consejero con Juan Andrés Talens, reverendo director del Secretariado para la Defensa de la Vida del Arzobispado, que incluye a Hazte Oír.

Aunque se trata de una asociación pública de fieles con sus propios estatutos, la sede social de la entidad está registrada en un edificio de la calle de las Avellanas propiedad del Arzobispado de València, según denunció Compromís esta semana. La formación considera que existe una “trama” de terapias de conversión sexual a personas LGTBI que “ha torturado psicológicamente a decenas de personas por su orientación sexual, identidad o expresión de género”.

En la reseña de la reunión eliminada de la página web del Arzobispado de València se presentaba al COF como un “servicio especializado de atención integral a los problemas de las familias que contempla todas las dimensiones de la persona”.

Federico M. V., presidente durante casi dos décadas de la Asociación católica de Maestros de València, explicó a arzobispo Benavent la trayectoria de la entidad, creada en 2014 a modo de “hospital de campaña que acoge y acompaña los sufrimientos de muchas personas y les da una respuesta adecuada a nivel profesional pero también desde el magisterio y la maternidad de la Iglesia que sana los corazones y las heridas y ofrece la oportunidad de una vida nueva”. En la asociación pública de fieles habrían “sido ayudadas” 350 personas.

“Confidencialidad” y “gratuidad”

El COF, según dijo su director, mantiene dos pilares (la “confidencialidad” y la “gratuidad absolutas”) y está formado por un “equipo de 15 profesionales”, entre ellos “varios matrimonios que ofrecen su tiempo y trabajo de forma voluntaria”, además de orientadores familiares, psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, enfermeros, médicos y juristas. La entidad “atiende cerca de 40 nuevos casos al año, además de seguir con los de los años anteriores ya que muchas problemáticas tienen que ser acompañadas a lo largo del tiempo”, según indica la reseña de la reunión eliminada de la página web.

La asociación pública de fieles no hace en ningún caso referencia explícita a las terapias de conversión sexual, simplemente alude a su labor de “acoger, ayudar a discernir y acompañar a la personas o matrimonios que tienen o han tenido sufrimientos en las relaciones interpersonales o en su proceso de maduración”. Sin embargo, el Arzobispado de València se ha desvinculado de plano del COF desde que se destapó que su director ofrecía las terapias prohibidas por ley, con multas de hasta 160.000 euros.

El arzobispo Enrique Benavent sigue así los planteamientos del Papa Francisco, quien en una conversación informal en el marco de una reciente reunión con obispos españoles, de la que informó el diario La Razón, rechazó las terapias de conversión de personas LGTBI.

El Vaticano prohibe expresamente este tipo de terapias homófobas. En 2021, según la revista Vida Nueva, el cardenal prefecto italiano Beniamino Stella, entonces responsable del Dicasterio para el Clero, dijo por escrito a los obispos españoles que no debían secundar, participar o recomendar estas terapias.

Sin embargo, el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, no ha ha seguido las instrucciones del pontífice. Munilla defendió recientemente las terapias prohibidas por ley y denunció el “liberticidio LGTBI” que, en su opinión, se esconde detrás de la investigación ordenada, tras varias denuncias, por la Consellería de Educación.

El obispo ultraconservador afirmó en su programa ‘Sexto Continente’ que “le consta” que Federico M. V. “ha hecho lo que tenía que hacer” y que “la acusación es falsa”.

Calle de las Avellanas, número 12, de València. Es la dirección, a tiro de piedra del Palacio Arzobispal, que figura como domicilio social del Centro de Orientación Familiar (COF) Mater Misericordiae, según indica el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Presidencia. El COF está dirigido por Federico M. V., el profesor del colegio Madre Josefa Campos, centro educativo concertado de Alaquàs (València) que reconoció ante un periodista de La Sexta que realizaba terapias de conversión sexual a personas LGTBI, prohibidas por la ley autonómica. La Fiscalía abrió la semana pasada una investigación tras la denuncia de la Conselleria de Educación, que remitió al Ministerio Público un informe de la inspección educativa después de que varios ex alumnos del centro denunciaran las terapias de Federico M. V., representante legal del COF y presidente durante casi dos décadas de la Asociación Católica de Maestros de València.

El diputado Francesc Roig, portavoz de Igualdad LGTBI de Compromís en las Corts Valencianes, ha denunciado la vinculación del organismo con el Arzobispado de València. Roig recuerda que el edificio que alberga la sede social del ente es propiedad del Arzobispado de València y acoge también las vicarías de evangelización y judicial, el tribunal eclesiástico metropolitano, la agencia de noticias Avan y el semanario Palabra.

El Arzobispado de València retiró de su página web los datos de contacto de la polémica entidad después de que elDiario.es desvelara que, a pesar de su investigación interna y de la denuncia de la Conselleria de Educación, seguía ofreciendo el teléfono de Federico M. V. La dirección de contacto que ofrecía el arzobispado era el Antiguo Convento del Corpus Christi de València, en la avenida de Guillem de Castro.

Se trata de una asociación pública de fieles con sus propios estatutos aunque íntimamente vinculada a la jerarquía valenciana de la Iglesia que, además, cuenta como consejero con Juan Andrés Talens, reverendo director del Secretariado para la Defensa de la Vida del Arzobispado.

Las terapias, a pesar de estar prohibidas por la ley autonómica de igualdad de las personas LGTBI, aprobada durante la etapa del Pacte del Botànic con sanciones de 60.001 a 120.000 euros, han sido abiertamente defendidas por el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla.

“A medida que conocemos testigos de víctimas de estas prácticas tomamos conciencia de la existencia de una auténtica trama que involucraba a una parte de la iglesia católica con determinadas parroquias, sacerdotes, entidades y escuelas desde donde se derivaba alumnado hacia este auténtico centro de tortura psicológica”, afirma Francesc Roig. “A pesar de los esfuerzos del Arzobispado de eludir su responsabilidad, hoy sabemos que esta entidad continúa teniendo su domicilio social en una de las sedes principales del Arzobispado”, agrega.

Una “trama” de “prácticas homófobas”

Compromís ha anunciado una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados sobre la entidad encargada de las “prácticas homófobas”.

“No nos creemos que esto haya estado pasando tanto tiempo sin el conocimiento y apoyo de la jerarquía eclesiástica. Por eso es más importante que nunca la creación de la comisión de investigación propuesta por Compromís en las Corts Valencianes”, dice Roig.

El diputado de Compromís pide “conocer toda la verdad” sobre la “trama que ha torturado psicológicamente a decenas de personas por su orientación sexual, identidad o expresión de género”.

El Arzobispado de València ha retirado de su página web los datos de contacto del Centro de Orientación Familiar de la Diócesis (COF) 'Mater Misericordiae' de València, cuyo responsable está acusado de realizar terapias de conversión de personas LGTBI, prohibidas por ley. Lo ha hecho pocas horas después de que elDiario.es publicara que el arzobispado ofrecía en su pagina web los datos de contacto (incluyendo teléfono, correo electrónico y dirección del COF) a pesar de la investigación interna abierta sobre las prácticas denunciadas por exalumnos del colegio Madre Josefa Campos, un centro educativo concertado de Alaquàs (València). Federico M. V. explicó a un reportero de La Sexta sus polémicas terapias y reconoció que se enfrentaba a multas de hasta 160.000 euros, tal como establece la ley autonómica. Fuentes del Arzobispado de València han confirmado a este diario la decisión de retirar el contacto del ente dirigido por el docente.

La sección de la página web ya solo incluye un apartado relativo al Secretariado Diocesano para la Defensa de la Vida, dirigido por el reverendo Juan Andrés Talens (asimismo consejero del COF de València), que incluye el contacto de la plataforma 'València Sí a la Vida', una agrupación de entidades contra el derecho al aborto. El contracto del ente dirigido por Federico M. V., por el contrario, sigue figurando en la página web de la Conferencia Episcopal Española, en una lista de ámbito estatal de entidades similares.

El Arzobispado de València, en todo caso, ha reaccionado con más celeridad que el colegio concertado católico en el que el docente ejerce de profesor de inglés y en el que supuestamente ofreció a varios de sus alumnos, algunos de apenas 11 años, las terapias de conversión. Desde que el diario Levante-EMV destapó el caso el pasado domingo las denuncias, el centro educativo de Alaquàs mantiene un hermético silencio.

El empleado que atiende el teléfono de contacto del centro educativo asegura que las órdenes de la dirección consisten en no pasar ninguna llamada de los numerosos medios de comunicación que han tratado de obtener la versión del colegio sobre la situación del profesor Federico M. V.

Por otro lado, Vox bloqueó este miércoles una declaración institucional en las Corts Valencianes impulsada por el PSPV-PSOE de rechazo a las terapias de conversión de personas LGTBI. El portavoz del partido de extrema derecha en la cámara autonómica, José María Llanos, adujo que la prohibición de las terapias homófonas ya figura en la normativa estatal y autonómica, ésta última aprobada durante la etapa del Pacte del Botànic.

En diciembre de 2022, Enrique Benavent tomaba posesión de su nuevo cargo como arzobispo de València en sustitución del controvertido Antonio Cañizares. El exobispo de Tortosa marcaba distancias desde el principio con su antecesor -ya en octubre, cuando se hizo público su nombramiento, utilizó el valenciano, su lengua materna, en su carta de presentación a la archidiócesis, una lengua que Cañizares no usaba nunca-, y en una de sus primeras intervenciones como arzobispo ya se encargó de decir que la Iglesia “no es un partido político”, en contraposición a la forma de actuar de Cañizares, que no había decisión del Gobierno o información acerca de la actualidad política y social española sobre la que no expresara su polémico punto de vista (homosexualidad, feminismo, divorcio, aborto, migraciones, Catalunya...).

Una de las decisiones adoptadas por Benavent (nacido en la localidad de Quatretonda, en la comarca valenciana de la Vall d'Albaida) que más ha llamado la atención -probablemente por lo que supone de rupturista con la forma de actuar de su predecesor, Antonio Cañizares- ha sido la edición en valenciano, por primera vez desde el arzobispado de València, de los evangelios. Con esta medida, se pretende “transmitir la fe y la palabra de Dios” en la lengua que los feligreses deseen.

De este modo, tal y como publicaba hace unos días el diario Levante-EMV, se han distribuido 5.000 ejemplares entre las parroquias, colegios católicos y fieles del 'Evangeli per a cada dia 2024' en formato de bolsillo, sobre todo en las zonas valencianohablantes, como la Ribera, la Safor, la Marina e incluso la ciudad de València.

El vicario episcopal y párroco de la Iglesia de la Asunción de Torrent, Jesús Corbí, quien se ha encargado de la difusión de los textos evangélicos, relataba a Europa Press que los textos utilizados para llevar a cabo la edición han sido los de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL); el Llibre del Poble de Déu; los textos de la misa de À Punt; la Biblia Valenciana Interconfessional, además de las aportaciones de los filólogos de la diócesis.

Se trataba de editar unos textos litúrgicos “más ajustados” a la normativa valenciana actual y que así fuera un valenciano “consensuado”. Respecto a si el consenso se basa en las normas de la Acadèmia, el párroco ha indicado que, “de alguna manera, la AVL da su palabra, aunque no sea la última y definitiva, pero la base es esa”.

Demanda de los feligreses

Según relata el párroco del Sagrado Corazón de Patraix y director de la delegación diocesana de Liturgia, Edgar Esteve, en declaraciones a Europa Press, esta idea surge por “la voluntad de los espectadores de la misa en valenciano que se retransmite cada domingo en À Punt de tener los textos para poder seguir” la celebración y para que los miembros de las parroquias que hablan en valenciano “puedan rezar cada día en su lengua”.

“Existen muchos instrumentos para rezar en castellano y el objetivo era transmitir la fe y la manera más efectiva para hacerlo era a través del Evangelio: evangelizar con todos los instrumentos que tenemos y la lengua es uno”, explicaba el sacerdote valenciano, quien comentaba que también se han introducido comentarios elaborados por un grupo de sacerdotes y laicos de la archidiócesis, para que resulte “más fácil su aplicación a la vida del creyente”.

“Queremos dar continuidad a la acción y que esté presente para todos los que lo necesiten y, de alguna manera, ir viendo la necesidad. Tenemos que empezar desde la base, primero con las eucaristías y, si hay demanda, la Iglesia siempre responderá a las necesidades del pueblo de Dios”, ha aseverado Esteve.

“Normalización” de rezar en valenciano

El párroco sostiene que este proyecto se ha desarrollado cuando se ha visto la “necesidad”: “Muchos colegios religiosos, donde cada mañana se hace una plegaria antes de iniciar las clases, lo venían pidiendo y la difusión de la misa de À Punt ha sido muy importante para la normalización de rezar en valenciano”.

La retransmisión de las misas en la televisión pública À Punt han supuesto “un gran impulso” a la liturgia en valenciano que ha hecho que para muchas personas sea una cosa “normal” y no “extraña”, señalaba Corbí. Se trata, en definitiva, de una demanda defendida por una parte “minoritaria” de la Iglesia, una petición de hace “mucho tiempo”.

No obstante, señala que es un proceso “largo” que “tiene que ir dándose con normalidad y sin estridencias”. “Esa es nuestra pretensión porque en otras épocas el uso del valenciano fue conflictivo y problemático”, ha sentenciado Corbí, quien destacaba la “mayor sensibilidad” del nuevo arzobispo, Enrique Benavent.

Críticas de Vox

El expresident Ximo Puig celebraba la noticia con una publicación en redes sociales en la que escribía: “Por fin, 'Evangelios' en valenciano. Hay instituciones que se comprometen con nuestra lengua. A otras les cuesta más. Un paso adelante del arzobispo Enrique Benavent, un valencianohablante bien consciente”.

El portavoz de Vox en las Corts Valencianes, José María Llanos, contestaba a esta publicación también a través de redes sociales: “En palabras del Quijote: 'Con la Iglesia hemos topado'. Es extraño que felicite Ximo Puig, el catalanista, al arzobispo de Valencia. Por favor, que alguien informe a Su Eminencia que ya están traducidos al valenciano los textos bíblicos desde 1984!!!. Aquí somos valencianos, Eminencia”.

Mientras que el también diputado de la formación ultraderechista Jesús Albiol replicaba: “Lamento que la iglesia universal entre al juego político de la izquierda. Por favor, Su Eminencia, no desvirtúe su misión evangelizadora”.

Benavent, quien hace uso del valenciano de forma habitual en sus textos y homilías, ya quiso despolitizar la archiciócesis en su estreno como purpurado cuando quiso dejar claro que, pese a que resulta “legítimo” que mucha gente se comprometa con la política, la Iglesia no “es un partido político”.

El Defensor del Pueblo presentaba este viernes en el Congreso de los Diputados el informe Una respuesta necesaria, un documento de 770 páginas en el que la institución denuncia que la Iglesia ocultó abusos y reconoce dinámicas de ocultamiento y minimización en multitud de congregaciones y órdenes religiosas, al tiempo que reclama la creación de un fondo estatal para el pago de indemnizaciones a las víctimas. Además, la Fiscalía General del Estado, en su memoria de 2022 publicada hace apenas unas semanas daba cuenta de la existencia de alrededor de 150 investigaciones abiertas para esclarecer delitos contra la libertad sexual de menores cometidos en el ámbito eclesiástico, y está previsto que antes de final de año la Conferencia Episcopal Española dé a conocer los datos recogidos por las diferentes diócesis sobre las denuncias de abusos registradas a lo largo de todo el territorio nacional.

Para vigilar que no se cometan abusos en el seno de la Iglesia, siguiendo las directrices del Papa Francisco en primer lugar y de la Conferencia Episcopal después, la archidiócesis de València y las otras dos diócesis valencianas, Segorbe-Castellón y Orihuela-Alicante (la diócesis de Tortosa también acoge a una parte de las parroquias del norte de Castellón) han elaborado diferentes protocolos de prevención y actuación frente a abusos sexuales a menores que han publicado en sus páginas web en la segunda mitad de 2023.

El director de la Oficina de Protección al Menor de la archidiócesis de València, Daniel Juan, presentaba esta semana el documento elaborado por el Arzobispado valenciano, que cuenta con 700 parroquias, 67 colegios diocesanos -el mayor número de Europa- y un centro universitario. Cómo atender a la víctima a través de la escucha y el acompañamiento, cómo prevenir estas situaciones o protocolizar las líneas de actuación en caso de abuso son algunas de las cuestiones que se recogen en el texto que pretende la “reparación integral” de las víctimas “en todos sus aspectos”, tratando de restaurar las heridas sufridas en los ámbitos físico, psicológico y moral, sin dejar a un lado la “presunción de inocencia” de las personas acusadas. No obstante, destacan que es fundamental la detección porque se denuncia un porcentaje muy bajo de abusos.

Además, se incluye un “decálogo” de medidas preventivas en el que se recogen instrucciones como la prohibición de mantener encuentros presenciales o comunicaciones con los menores fuera del contexto pastoral o educativo sin la presencia de los padres o tutores, así como que las interacciones deben producirse por medio de los padres. También están prohibidas las “relaciones preferenciales” con un menor. Sobre las muestras físicas de afecto, “se llevarán a cabo con mesura y respeto y siempre en contacto con zonas 'seguras': hombros, cabeza, brazos, etc. No se abrazará a la fuerza y no se tocarán ni acariciarán jamás las zonas íntimas o erógenas”.

Se deben evitar los encuentros a solas con un menor “sin causa absolutamente justificada”. Si hay que hablar en privado con un menor, “siempre se deberá hacer en un lugar visible”, con las puertas abiertas y comunicándolo a los padres. En los casos en los que se produzcan pernoctaciones (convivencias, excursiones, campamentos...), “nunca un adulto debe compartir habitaciones con menores”. En caso de que un docente, monitor, educador o agente de pastoral experimente “cierta atracción pedófila”, esta persona deberá “dejar su responsabilidad inmediatamente y buscar consejo profesional”.

Por lo que respecta a la selección de personal, será obligatorio presentar un certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales y Trata de Seres Humanos, así como un documento de responsabilidad personal en el que se declarará conocer, aceptar, respetar y cumplir el protocolo de la archidiócesis, así como se promoverá una labor de concienciación y prevención sobre la “maldad” de los abusos sexuales en los ámbitos pastoral, educativo y familiar. En ningún caso, explica el decálogo, deben “ocultarse” o “ignorarse” las situaciones de abuso, ya que ello “sólo sirve para perpetuar el daño causado a las víctimas y aumentar el riesgo de que se produzcan más abusos”.

Documentos similares en Segorbe-Castellón y Orihuela-Alicante

En esta misma línea están redactados los protocolos de las otras dos diócesis valencianas. Así, en el documento de Segorbe-Castellón se especifica que las muestras de afecto físicas han de ser “comedidas y respetuosas” y nunca desproporcionados e insiste en que se evitará estar a solas con menores en despachos, sacristías u otro tipo de dependencias parroquiales, procurando que las puertas estén abiertas y facilitando la visión y la escucha de otras personas, así como que si se debe examinar a un menor enfermo o herido se deberá hacer en presencia de otro adulto. Se prohíben los juegos, bromas o castigos violentos o con connotaciones sexuales, evitando cualquier conducta que implique o sugiera un contacto físico íntimo o desnudos. También se especifica que se respetará la intimidad de las duchas, cuartos de aseo y vestuarios cuando estos estén siendo utilizados por menores.

El documento elaborado para la diócesis de Orihuela-Alicante también se expresa en términos similares e insta, “siempre que se tengan sospechas” de un presunto abuso en las instituciones diocesanas (seminarios, colegios, parroquias, Cáritas...) o actividades organizadas por cualquier entidad que se encuentra dentro del ámbito de la responsabilidad del obispado, a “recopilar el testimonio de la víctima, respetar su intimidad y protegerla, escuchar, ser sensible, dar apoyo y confianza, informar a los padres o los tutores legales” y comunicar a la Fiscalía la denuncia si es considerada verosímil.

En cuanto al clérigo denunciado, se le garantizará “siempre” el derecho a la presunción de inocencia y se “protegerá su reputación”, al tiempo que se le ofrecerá “asistencia espiritual, psicológica y legal”. Al acusado “se le puede apartar del ejercicio como medida cautelar”.

El Arzobispado de Valencia se ha llevado un severo revés a cuenta de los 2,3 millones de euros que el Ayuntamiento de Oliva le reclama para la demolición del Centro Ecuménico Internacional proyectado en una exclusiva zona de la localidad costera y que ha acabado convertido en un amasijo de hormigón y un foco de plagas de mosquitos.

Así, la sección primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) ha estimado un recurso del consistorio, gobernado por Compromís, contra un auto que frenaba la ejecución de un acuerdo municipal que cuantificaba en 2,3 millones de euros el detrimento causado por el arzobispado a la parcela de 25.624 metros cuadrados cedida gratuitamente a la Iglesia cuando gobernaba el PP tanto en Oliva como en la Generalitat Valenciana.

La sentencia considera que “no ha lugar” a la suspensión cautelar del acuerdo del 29 de diciembre del 2020 acordada por la titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Valencia. El arzobispado alegaba que más de 600 parroquia dependen de la archidiócesis pero el fallo reprocha que no ha aportado “ni una sola prueba, ni siquiera de carácter indiciario” que acredite que el abono anticipado de los 2,3 millones de euros “le ocasione en su patrimonio un quebranto económico irreparable” o que “le resulte muy gravoso o imposible hacer frente a ese pago anticipado”. 

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ-CV sostiene que “ante la ausencia total de acreditación” por parte del Arzobispado de Valencia, debe prevalecer el interés general de la administración municipal. El acuerdo municipal requería al arzobispado el ingreso de los 2,3 millones, una cifra que supone el 10% del presupuesto municipal del ejercicio 2020. 

La sentencia, a “efectos meramente cautelares”, no entra a valorar el fondo del asunto pero lamenta que el auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Valencia, que estimó la medida cautelar solicitada por el arzobispado, “no efectúa una verdadera confrontación de los intereses concurrentes aducidos por ambas partes”. La resolución “acoge la medida cautelar sin ninguna prueba de que la ejecución del acuerdo impugnado comprometa la capacidad económica del arzobispado, y sin tener en cuenta que la cantidad de 2.344.146,86 euros supone el 10% del presupuesto municipal de Oliva en el ejercicio 2020”.

Un proyecto “inservible”

La justicia desbloquea así el pago por el fallido proyecto arzobispal que se remonta a 1998, cuando el pleno municipal, bajo el mandato del alcalde popular Enrique Orquín, validó el acuerdo con la Archidiócesis para el proyecto de Centro Ecuménico Internacional en la parcela, situada a tiro de piedra de la urbanización Oliva Nova, que incluye un centro hotelero y un campo de golf. El fallido proyecto consiguió que la Generalitat Valenciana, gobernada por Eduardo Zaplana, inyectara 4,8 millones de euros para iniciar unas obras que, tras sonados retrasos, han quedado completamente abandonadas.

Tras la paralización de las obras de cimentación, que apenas estuvieron en marcha nueve meses, y el fallecimiento del promotor, el jesuita Vicente Sastre, la parcela incluye enormes bloques de hormigón inacabados y supone un perjuicio cuantificado por el Ayuntamiento de Oliva en 2,3 millones de euros.

El consistorio logró recuperar la parcela de propiedad municipal que había sido cedida a una fundación dependiente del Arzobispado de Valencia. Sin embargo, como consecuencia de la reversión de la cesión por las obras inacabadas, el pleno municipal acordó hace casi dos años solicitar al arzobispado el ingreso de los 2,3 millones al ser el proyecto inservible y tener que ser demolido. El acuerdo, ahora avalado por el alto tribunal autonómico, exigía al Arzobispado de Valencia una garantía por el importe reclamado. Contra la sentencia, que no es firme, cabe recurso ante la misma Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ-CV o ante el Tribunal Supremo.

El arzobispo de València, Antonio Cañizares, ha manifestado que, tras la universalización de la educación, los principales problemas los que se enfrenta el sistema es la pérdida de “valores humanos”. Entre ellos el cardenal ha señalado la “politización” de la educación o de la “ideología de género”.

Así se expresaba Cañizares en una carta ante el inicio del curso escolar, quien apuntaba que “hoy el problema de la educación no es ya, gracias a Dios, el de la escolarización”, sino que “pienso que el reto primero y principal es la orientación que demanda la enseñanza; esto es: educar a la persona, hacer posible el desarrollo pleno e integral de la personalidad humana, enseñar y aprender a ser hombre cabal”.

En estas líneas el purpurado realiza su crítica advirtiendo que “nos encontramos con posturas muy contrapuestas que llevan a un tejer y destejer permanente, nada bueno, en normativa y orientación educativa”, en referencia a las diversas reformas educativas realizadas por los gobiernos. Pero especialmente subraya que “se ha politizado e ideologizado en exceso cuanto se refiere a la enseñanza, al sistema educativo. Apoderarse de la escuela, sin pensar en los chicos, en el bien de sus personas, o poniéndola al servicio unos determinados intereses partidistas parece que va siendo moneda corriente, que tanto daña y perjudica”. 

Así entiende que el principal problema del sistema educativo actual es “la visión del hombre que se tiene” , y que “me preocupa, como a muchos, la situación humana y moral que reflejan tantos y tantos niños y jóvenes de hoy”. Asegura así que hay una “quiebra moral y humana” en la sociedad, y que uno de los principales problemas es “no saber ya qué es moralmente bueno y qué es moralmente malo”, lo cual conduce  a que “todo es relativo y casi todo vale; todo está permitido; todo es lo que cada uno decide por sí y ante sí como válido”.

Finalmente Antonio Cañizares concreta los casos que considera preocupantes como “la violencia juvenil callejera, entre pandillas, y aún en la misma escuela; el creciente consumo de drogas y de pastillas de diseño, los embarazos prematuros, los abortos en edades muy tempranas...”. De este modo se pregunta “¿Con qué tiene que ver todo esto?” señalando “el deterioro de la familia, con la educación o no educación que han recibido, con la trivialización de la sexualidad y el pansexualismo envolvente con todos los intereses que están en medio, con la difusión de ciertas formas de vida y pensamiento, con teorías e ideologías, como por ejemplo la de género”.

El cardenal arzobispo de València, Antonio Cañizares, ha mostrado su rechazo a la eutanasia o muerte digna y su despenalización afirmando que se trata de una ley “denigrante”. Esta crítica la incluyó en la tradicional Missa d'Infants de la celebración de la fiesta de los Desamparados en València que quiso dedicar fundamentalmente a la familia.

Cañizares en este aspecto trató temas que iban desde el aborto y la eutanasia, al divorcio de los matrimonios y la violencia machista. Así pidió a la Virgen de los Desamparados que ponga “sus ojos misericordiosos” en “los inocentes no nacidos y eliminados en el seno de sus madres y los seres humanos ya concebidos sometidos a manipulación, instrumentalización y muerte en laboratorios u hospitales o por leyes y proyectos de leyes tan denigrantes como la que se persigue, intenta o proyecta recientemente en España favorecedora de la eutanasia”.

Asimismo, el cardenal Cañizares también puso los divorcios a la misma altura que la violencia machista y la prostitución, pidiendo rogar “por los hijos que sufren la separación de los padres, los matrimonios rotos o en trance de romperse, y las mujeres víctimas de malos tratos hasta la muerte por algunos hombres, por las violaciones o la prostitución”.

El cardenal arzobispo de València, Antonio Cañizares, en su última carta a los fieles ha animado a que marquen la cruz de financiación de la Iglesia en la declaración de hacienda. Para ello ha querido desacreditar las críticas a esta ayuda que aluden a los escándalos de la Iglesia, que van desde los abusos sexuales a casos de corrupción, comparándolos con riñas familiares que no deben afectar a los padres ancianos.

Cañizares afrimaba así que “Soy consciente, y me duele, que hay campañas para que no se haga, para que no se ponga. Acuden a tal o cual caso que consideran injuria, a que si ha habido tal o cual comportamiento de clérigos o de Obispos, en determinados lugares o regiones. ¿Qué tiene que ver esto con la Iglesia, con el bien que hace la Iglesia? ¿Qué me dirían de un hijo que ante una madre o padres ancianos, porque ha habido alguna cosa entre los hermanos, o los cuñados, los sobrinos dijesen: ”Pues ahora ya no contribuyo a ayudar a los padres, a ayudar a la madre“. Pensaríamos con buen sentido que no merecen llamarse ”hijos“. Ése es el comportamiento de algunos que, por no sé qué actuaciones en la Iglesia que a su juicio merecen reprobación, niegan esta contribución”.

Tras esta argumentación el purpurado ha advertido que “negar esta contribución es negar lo que la Iglesia es y hace en favor del hombre, de la sociedad, y de la humanidad entera”. Pero además ha elevado el tono afirmando que “a los fieles cristianos les digo: no neguéis esta ayuda que pide la Iglesia. Negar esta ayuda es un pecado contra la Iglesia, es un no sentirse Iglesia a la que debemos ayudar en todos los órdenes, también en el económico”.

Cañizares no obtante también ha manifestado su deseo por conseguir la “autofinanciación” porque “supondría una Iglesia más libre y más disponible o en disposición plena para evangelizar”. No obstante reconoce que todavía requiere de las donaciones, y que “no se trata de enriquecer a la Iglesia en España o que nade en abundancia, sino simple y sencillamente de que pueda subsistir y llevar a cabo su misión evangelizadora, que siempre habrá de ser en pobreza y austeridad”. Pero esta “misión evangelizadora”, tiene nuevas “exigencias” en los tiempos actuales, señalando así que requieren de instrumentos como “la utilización de medios de comunicación, la formación de agentes de pastoral o la enseñanza”.

Además el arzobispo asegura que “cuando es necesario, la Iglesia diocesana de Valencia, y lo mismo ocurre en otras diócesis, se ve obligada, para poder llevar a cabo algunas obras necesarias, como todo hijo de vecino, a acudir a préstamos de entidades financieras, que como es lógico también tiene sus costos”.

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La Fiscalía Provincial de Valencia ha presentado una querella por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en subvenciones por el caso de los 22 profesores de religión 'zombis' en colegios concertados, que habrían supuesto un dispendió de 9 millones de euros a las arcas públicas valencianas.

La denuncia se produce un año después de que Compromís hiciera publica esta presunta situación irregular que se habría alargado durante 9 años en la época de gobierno del PP, iniciándose con Francisco Camps y continuando con Alberto Fabra hasta 2015 cuando se intentó regularizar la situación.

La querella se ha presentado en la Ciudad de la Justicia de València, lo cual indicaría que, al no presentarse ante el TSJCV, no habría investigados aforados en las Corts Valencines, y por lo tanto no estarían involucrados -al menos de momento- los dos últimos consellers de Educación, Alejandro Font de Mora y María José Catalá, señalados por Compromís, que pertenecen a la Cámara autonómica. Además, entre los nombres a los que apunta la coalición está el actual arzobispo cardenal de València, Antonio Cañizares, pero no ha trascendido ninguno de los nombres investigados.

La denuncia que presentó Compromís detallaba que la Conselleria de Educación estuvo pagando la nómina a 22 trabajadores de la diócesis un sueldo como jefes de departamento de 1.800 euros mensuales al menos durante 9 años. Estas personas figuraban como profesores de religión en centros públicos, donde no los conocían ni los directores ni los profesores, pero en lugar de dedicarse a la docencia trabajaban en las diócesis de València, Oirhuela-Alicante y Segorbe-Castellón

PP e Iglesia

Tras la denuncia que realizó Compromís la reacción de PP y del Arzobispado de València no se hizo esperar y cargaron duramente contra la coalición.

Así la portavoz adjunta del PP en les Corts, María José Català, -quien también fue consellera de Educación durante el periodo investigado- denunció la “obsesión enfermiza de Compromís por desprestigiar la enseñanza de la religión en la Comunitat Valenciana”.

Por su parte  desde el Arzobispado de València se calificó la denuncia de Compromís de “difamatoria” acusando a la coalición de querer “polemizar, descalificar, faltar al honor y calumniar”.

Esta causa vuelve a vincular a la Iglesia con la gestión realizada por el PP durante su periodo de gobierno en la Generalitat Valenciana, despues de salpicar al arzobispo auxiliar de València en la investigación sobre la trama Gürtel sobre la visita del Papa, y también tras conocerse la compra de un inmueble del Arzobispado de València por las Corts Valencianes por un precio muy superior al de mercado.

El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha asegurado este jueves, en el funeral en memoria de Carmen Franco, que la única hija del general Francisco Franco “no conoció ni el miedo, ni el rencor” durante su larga vida y ha elogiado su “humildad y sencillez”. La misa fúnebre ha tenido lugar en la iglesia jesuita de San Francisco de Borja, situada en la madrileña calle Serrano, ante la presencia de familiares, amigos y numerosos allegados que han abarrotado el templo.

En la homilía, el cardenal Cañizares ha destacado la figura de la hija del dictador, de quien ha elogiado su “humildad y sencillez”, así como la “delicadeza de su trato”. “Todos la queríamos y ella quería a todos. No conoció ni el miedo, ni el rencor (...) Se fue sin hacer ruido. Pasó por la vida de puntillas, sin una mala cara, con la sonrisa en los labios. Aprendió a ser fiel en un mundo hostil”, ha valorado el arzobispo de Valencia.

La fallecida era presidenta de honor de la Fundación Nacional Francisco Franco, además de duquesa de Franco, título que le otorgó el Rey Juan Carlos a la muerte del anterior jefe del Estado en 1975.

Carmen Franco (Oviedo, 1926) falleció el pasado 29 de diciembre a los 91 años debido a un cáncer en su domicilio, situado a pocos metros de la iglesia donde se ha celebrado su funeral. Fue enterrada en la cripta de la catedral de la Almudena junto a su esposo.

Entre los asistentes a su último adiós, han estado los siete hijos que la fallecida tuvo con el médico Cristóbal Martínez-Bordiú: Carmen, María de la O (Mariola), Francisco de Asís (Francis Franco), María del Mar (Merry), José Cristóbal, Arancha y Jaime. También han asistido los nietos, entre ellos, Luis Alfonso de Borbón, quien fue el encargado de anunciar la muerte de su abuela a través de las redes sociales.

A la misa han acudido además Jaime de Marichalar, exmarido de la infanta Elena, y el expresidente del Congreso y diputado del PP, Jesús Posada, entre otros.

Mientras este martes el President de la Generalitat, Ximo Puig, se entrevistaba con la Ministra de Agricultura para abordar medidas para paliar los efectos de la sequía, el Arzobispo de València, Antonio Cañizares, ha pedido que se hagan plegarias por la lluvia.

En una exhoratación del cardenal para “orar por el don de la lluvia”, Cañizares ha pedido a los sacerdotes que desde el 19 de noviembre al 17 de diciembre, incorporen estas plegarias en sus misas, especialmente en la de los domingos, además de la oración de Laudes y de Vísperas. También pide que se debe celebrar entre esas fechas una Eucaristía durante la semana, así como también hace la misma petición a las comunidades de religiosos y a los laicos.

Por otro lado del arzobispo, que destaca que la falta de lluvia afecta tanto a la economía como a la salud, también urge a “ser responsables en el uso del agua, a no malgastarla y a compartirla”.

Con todo Antonio Cañizares exhorta a todos “a rezar fervientemente a Dios por el don de la lluvia”, así recuerda que “es una costumbre secular en la Iglesia llevar a cabo rogativas para pedir la lluvia” No obstante el prelado también advierte que “nuestras oraciones, e incluso los ritos que las acompañan y sostienen, no obligan a Dios a concedernos lo que pedimos en ellas. Una cosa es la magia y otra, muy distinta, es la plegaria que nace de la fe”.