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Los miles de urinarios que inundaron Valencia por la visita del Papa, en una causa por corrupción 11 años después

A la pieza de Gürtel pendiente de juicio que implica a Cotino se suma otra causa judicial sobre el funcionamiento de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias que puede alcanzar a Camps y al obispo auxiliar Esteban Escudero

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Urinarios instalados con motivo de la visita de Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006.

Urinarios instalados con motivo de la visita de Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006.

Fueron un símbolo de la desmesura que rodeó la organización de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006. Las calles de la ciudad y los epacios próximos a los actos previstos se llenaron de hileras de urinarios móviles. Todo el aparato político del PP, con Francisco Camps en la presidencia de la Generalitat, Rita Barberá en la alcaldía de Valencia y Juan Cotino como gran impulsor del evento, se aplicó a anunciar una auténtica invasión.

Se estimaba que un millón de peregrinos llegarían a la ciudad. No fue así y la mayoría de los 7.000 sanitarios instalados (para las Fallas, que abarrotan Valencia, el Ayuntamiento coloca apenas algunos cientos de váteres móviles) se quedaron sin utilizar. Más de una década después, los 3,1 millones de euros gastados en su alquiler forman parte de una nueva causa por corrupción abierta en un juzgado de Valencia.

La juez investiga supuestos delitos de prevaricación y malversación en relación con las contrataciones realizadas por la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, según informó el diario las Provincias. Y ya ha comunicado que les afecta, entre otros, a Francisco Camps y al obispo auxiliar de Valencia, Esteban Escudero.

La investigación se basa en un informe encargado por el nuevo gobierno del Pacto del Botánico a principios de 2016 a la Intervención de la Generalitat Valenciana sobre los contratos de la Fundación V Encuentro Mundial de Las Familias. La fundación estaba formada por el arzobispado de Valencia, entonces desempeñado por el fallecido cardenal Agustín García-Gasco, la Generalitat que presidía Camps, el Ayuntamiento del que era alcaldesa Barberá y la Diputación de Valencia, que presidía otro político del PP, Fernando Giner.

El arzobispado apenas aportó los 10.000 euros iniciales a una fundación que funcionó como si fuera privada cuando su financiación procedía en casi su totalidad del erario público. Solo en urinarios, mochillas para los peregrinos y publicidad gastó más de 14 millones de euros. El suministro, colocación y mantenimiento de los sanitarios, de los que fue responsable la firma Acciona, costó 3,1 millones de euros.

La causa, sobre la que pesa la amenaza de la prescripción de algunos de los posibles delitos, por la década larga transcurrida, no es la única investigación judicial que afecta a los fastos organizados para la visita del Papa. Entre las diversas piezas del caso Gürtel, hay una en la que está imputado el exdirector general del la Policía, exconseller y expresidente de las Corts Valencianes Juan Cotino, auténtico factótum del acontecimiento, además de los miembros de la trama que dirigían Francisco Correa y Álvaro Pérez, El Bigotes, y el exdirector general de la extinta Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) Pedro García.

En esta causa, pendiente de que la Audiencia Nacional resuelva la recusación del magistrado designado para juzgarla, se depuran responsabilidades por la contratación de las pantallas gigantes y la sonorización de los actos de la visita del pontífice, que costaron 7,4 millones de euros a RTVV cuando, en realidad la Gürtel se apropió al menos de 3,3 millones.

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