El 21 de marzo de 2018 la ola feminista del 8M más multitudinario, el que marcó para siempre el movimiento en España, todavía no había decaído. Faltaban dos años para que toda la población estuviese confinada en los días más duros de la pandemia, y algo más de dos meses para que una moción de censura (y la corrupción del PP) tumbasen el Gobierno de Mariano Rajoy y auparan a Pedro Sánchez a la Moncloa. Pablo Iglesias y Albert Rivera aún lideraban los partidos que habían cuestionado los cimientos del bipartidismo. En un tiempo en el que Isabel Díaz Ayuso todavía no copaba titulares, el futuro político de una de sus predecesoras al frente de la Comunidad de Madrid comenzaba a resquebrajarse. Y con él se torcía también, o al menos sufría algún bache, el de miles de estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

Cuando elDiario.es comenzó a publicar las informaciones sobre las notas falsificadas en el máster de Cristina Cifuentes, el alumnado se vio sumido en una mezcla de vergüenza, indignación, resignación y en algunos casos hasta reafirmación personal de aquello que ya intuían sobre su propio centro de estudios. Porque aunque estudiantes que conversan con Somos Madrid reconocen el “injusto estigma” que les acarreó, hay quienes no consideran que se trate de un caso aislado, aunque sí “excepcionalmente grave, mediático y dantesco”.

Así lo define Álvaro (26 años), que por aquel entonces cursaba tercero de Periodismo y Comunicación Audiovisual en el campus de Vicálvaro. El centro del escándalo, ya que en él se ubicaba el polémico y ya desaparecido Instituto de Derecho Público. Ahora prepara unas oposiciones al cuerpo de funcionarios del estado, alejado del ámbito en el que se formó.

Es una de las personas que comparten para este medio su visión sobre lo ocurrido hace un lustro y un balance sobre cómo les ha influido en estos cinco años. Álvaro recuerda que, pocos días antes de que saltaran las primeras noticias, entrevistó junto a un amigo al rector, Javier Ramos, para un trabajo de la carrera. El contraste entre las loas a la gestión universitaria del dirigente y el día a día que ellos experimentaban ya le resultó “chocante” de entrada, pero le resultó particularmente evidente cuando se conoció el máster con notas falsificadas de Cifuentes.

Alumnos “vilipendiados” con la eterna “coña del café”

Álvaro creía por entonces, y no ha cambiado de opinión con la perspectiva del tiempo, que el caso Máster “no es más que el síntoma de toda una institución podrida”. Y añade: “Probablemente lo estén muchas universidades de nuestro país y del mundo, pero eso no le quita importancia y gravedad, no es ninguna excusa. Además, creo que la nuestra lo está con especial énfasis. Nos hacemos un flaco favor si usamos eso para restarle peso a las diversas corruptelas que la URJC en particular hizo (y hace). En el resto de mi experiencia universitaria, tanto en la Universidad de Cádiz como en la Universidad Carlos III, el panorama era muy distinto, sobre todo en algo tan básico como sentir que, como alumno, no eres continuamente vilipendiado”.

Menciona otras controversias previas en la Rey Juan Carlos, como la concesión del título honoris causa a Rodrigo Rato (y las reticencias para retirárselo) o los plagios académicos que provocaron la dimisión del anterior rector. Pero nunca hubo tantos focos sobre los campus de la URJC como aquel marzo de 2018. La frase “esta tarde salgo en la tele” dejó se ser excepcional en las aulas. Se convirtió en habitual ver a periodistas alrededor de las instalaciones, microfonando estudiantes que respondían preguntas con rabia, aunque sin dejar de tomárselo con humor: “Nos llegan memes, pero el verdadero meme somos nosotros”, es una de las grandes frases que dejó aquello. Que todavía perdura.

Habla de ello Guillem (27), que por entonces cursaba cuarto de Matemáticas e Informática (grados de los que era representante estudiantil) en Móstoles, otro foco de atención ya que en ese campus se encuentra rectorado: “Con los compañeros de trabajo siempre está la coña cuando tomamos el café”. A nivel puramente profesional dice “tener suerte”, ya que supone que “en muchos sitios donde se preocupan por la imagen pública te descartan más fácilmente”.

En el resto de mi experiencia universitaria el panorama era distinto, sobre todo en algo tan básico como sentir que, como alumno, no eres continuamente vilipendiado

Guillem trabaja como científico de datos mientras prepara su tesis (en la Universidad Carlos III). Cree que al buen discurrir de su trayectoria profesional que ha contribuido su máster de inteligencia artificial (en la Escuela Superior de Ingenieros Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid). “No quise repetir en la Rey Juan Carlos para prevenir”, reconoce. Es, al igual que Álvaro, una encarnación de la sangrante pérdida de alumnado de másteres en la URJC, que alcanza el 40% desde el Caso Cifuentes.

El lugar donde cuecen “todavía más habas”

Con la perspectiva que le otorga haber pasado por otras dos universidades, Guillem sostiene que “en todos los sitios cuecen habas”, aunque en la Rey Juan Carlos “todavía más”. En su memoria lo ocurrido “fue bastante más gordo de lo que se ve en otras partes”, pero coincide con Álvaro en que “llegado un momento no te sorprende nada” porque “había muchas movidas muy turbias en la universidad”.

Asegura que “no le extrañó a nadie que dieran ese paso más de directamente regalar másteres”, en referencia también al caso de Pablo Casado. Lamenta que la gente empezara a conocer el nombre de la universidad, algo diluido entre la oferta formativa de la Comunidad de Madrid, a raíz de estas maniobras. La URJC quedó ligada para siempre, o al menos para un tiempo que alcanza ya los cinco años, a la corrupción y la falta de esfuerzo.

Álvaro no quiere olvidarse de todo el profesorado y el personal “que intenta hacer su trabajo lo mejor posible”, pero considera que es una universidad “oscura” ya desde su origen. Surgió por iniciativa del entonces dirigente autonómico, Alberto Ruiz-Gallardón, que se materializó en 1996. Por aquel entonces era consejero de Educación Gustavo Villapalos, exrector de la Complutense y precisamente un amigo personal de Cristina Cifuentes.

Entre 2002 y 2013, el rector de la URJC fue nada menos que Pedro González-Trevijano, presidente del Tribunal Constitucional hasta el pasado diciembre, durante su etapa más polémica y turbulenta entre acusaciones de injerencia del poder judicial en el legislativo. “Nombres propios surgidos de nuestra universidad como el de González-Trevijano han llegado incluso a denigrar, aún más si cabe, instituciones como el Tribunal Constitucional, y con ello la Rey Juan Carlos”, explica Álvaro.

La URJC después de la tormenta

Javier Ramos revalidó su cargo como rector en marzo de 2021, tres años después de vivir sus días más complicados al frente del puesto. Aunque en un principio respondió con tibieza en una controvertida rueda de prensa donde defendió la integridad de la expresidenta de la CAM y los responsables de la falsificación, pronto inició una investigación interna y acabó confirmando el fraude.

Pese a ello, en su mandato la URJC ha atravesado turbulencias, comenzando con una huelga de estudiantes contra las “prácticas mafiosas de la universidad” en el curso 2018-19, en la que el alumnado llegó a ocupar el edificio de rectorado. Destacan además un caso de acoso sexual en el que no se aplicaron los protocolos oportunos, el enfrentamiento legal con el Instituto de Danza Alicia Alonso o las críticas a la gestión de las clases durante la pandemia, con una importante supresión de la docencia presencial en el curso siguiente al confinamiento también para los estudiantes de primero. Esto dificultó enormemente su introducción en la vida universitaria.

Precisamente en otoño de 2020 Clara (20) comenzó sus estudios en el doble grado de Ciencia Política y Gestión Pública con Periodismo. Su día a día transcurre en la Facultad de Políticas y Jurídicas de Vicálvaro, esa misma que era un auténtico hervidero hace ya cinco años en torno la estatua del Cervantes (ideal para una situación tan quijotesca).

Cuenta que eligió estudiar aquí porque le pilla bien desde su casa y porque le interesaba compaginar esas dos carreras (lo de la URJC con los dobles grados es una historia de amor que empieza a torcerse). Sin embargo, no niega que una tormenta mediática como la del caso Cifuentes “te hace pensar y replantearte cosas”. Afirma estar satisfecha de momento, “especialmente con los compañeros”, aunque “todo se puede mejorar”. Que así sea, siempre que no haya falsificaciones mediante.

La justicia ha archivado la denuncia presentada por la Fiscalía contra Fernando Suárez, exrector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), que tuvo que abandonar en 2017 el puesto después de que elDiario.es desvelase que había copiado en al menos once ocasiones a otros académicos en sus publicaciones. La Audiencia Provincial de Madrid considera que después de “la larga instrucción practicada no resultan indicios de haberse obtenido por el señor Suárez beneficio punible con la publicación de las obras”, según el auto emitido el 23 de noviembre, al que ha accedido elDiario.es. 

El catedrático tenía abierto un procedimiento judicial por un presunto delito contra la propiedad intelectual, que fue archivado por la vía penal en diciembre, según confirman fuentes conocedoras de la causa. La sección número 23 de la Audiencia Provincial ha sido menos contundente contra la actuación académica de Suárez que el juzgado de instrucción que investigó la causa y la prueba pericial encargada por ese juzgado. En ese último informe se llegó a plantear que podía “afirmarse con toda seguridad que los textos de Don Fernando Suárez Bilbao incluidos en los cotejos contienen múltiples e innegables coincidencias no casuales con los textos de los autores señalados en las diligencias”.

Por su parte, el magistrado de instrucción llegó a asegurar que existían “indicios sólidos de la conducta de plagio”, aunque también abogaba por el archivo de la causa porque descartaba que existiese ánimo de lucro por parte del catedrático de Historia del Derecho en la URJC. En ese auto se destacó que “el propósito” del exrector “al plagiar obras ajenas” no era “obtener un beneficio económico”, “sino realizar una carrera profesional a costa del esfuerzo intelectual ajeno”.

Tras un recurso del Ministerio Público, el caso llegó a la Audiencia Provincial, que ha optado por cargar contra la prueba pericial y cuestionar las afirmaciones sobre los “indicios sólidos de la conducta de plagio”. “No ha resultado justificado de la pericial practicada que esa semejanza en los párrafos con los textos que el perito destaca en su informe justifique la existencia de indicios racionales de criminalidad para entender cometido el delito del artículo 270.1 [delitos relativos a la propiedad intelectual] del Código Penal”, apunta el tribunal.

La prueba pericial encargada por el juzgado de instrucción consideró “acreditado de forma indiciaria que el investigado sr. Suárez en 15 libros o artículos, ha plagiado sustancialmente su contenido, al copiar literalmente varias páginas de artículos y libros de otros autores, sin citarlos expresamente”, según recoge el auto emitido en septiembre por el juzgado de instrucción número 35.

Esta afirmación es desmontada por la Audiencia Provincial, que defiende que la “semejanza en los párrafos, no casuales con los textos de los autores señalados en las diligencias no concluyen ni mucho menos el plagio de la obra publicación o texto objeto de análisis y mucho menos que firme tales publicaciones el investigado como propias no siéndolo”. El tribunal destaca que “el concepto de plagio ha de referirse a las coincidencias estructurales básicas y fundamentales y no a las accesorias, añadidas, superpuestas o modificaciones no trascendentales”. 

Mantiene plaza en la URJC

Suárez tuvo que abandonar el puesto de rector debido a la publicación en elDiario.es de al menos once casos en los que había copiado a otros autores. Entre los casos desvelados por esta redacción se encuentra el copia y pega de la tesis de una alumna de la Complutense, también copió a su propio padre, a un profesor de Harvard, a un historiador y rabino de la Universidad Hebrea de Jerusalén o a un exdirector de la Real Academia de la Historia. Por todo ello, Suárez tuvo además que dimitir como vocal de la Conferencia de Rectores, como académico de la Real Academia de la Historia y como director de un prestigioso anuario que publica el Ministerio de Justicia. Actualmente, Suárez mantiene plaza como funcionario, según confirman fuentes universitarias. De hecho, tras desvelarse el escándalo, en 2019 recibió un plus de 2.000 euros por sus “méritos” en la investigación.

El tribunal que ha dictado el auto carga contra las conclusiones del análisis pericial realizado. Por un lado, los magistrados destacan que no se puede “concluir la existencia de indicios racionales de criminalidad de la comisión de un delito contra la propiedad intelectual por el hecho de existir semejanza entre párrafos de textos de historia o artículos sobre el tema a tratar”. Por otro lado, apuntan que no pueden “saber a la vista del citado informe pericial la concurrencia de los dos presupuestos que al menos deben de darse en vía civil para entender la existencia de plagio y es que lo plagiado sea original y relevante”

La “ausencia de rigor” no se puede asumir como plagio

Y finalmente concluyen que echan de menos “una pericial comparativa de los textos” analizados. “La transcripción de una frase ajena, sin la correspondiente nota a pie de página, evidencia una ausencia de rigor en el autor, pero no es incardinable sin más en la figura del plagio típico, que si (sic) lo sería en cambio la reproducción sustancial de parte de un texto ajeno incorporado a la obra propia, la abierta suplantación de la personalidad de un autor respecto de su obra”, añaden citando a varios autores. 

Otro de los puntos en el que se detienen los magistrados es la existencia o no de lucro en la actuación de Suárez. El tribunal concluye que “no parece deducirse” la “existencia directa de un rédito económico; a lo que hay que añadir, que de los distintos perjudicados sólo dos mantienen su personación en actuaciones”.

La defensa del exrector incidió en ese punto para impugnar el recurso de la Fiscalía. Su abogado destacó que Suárez “no ha percibido cantidad alguna” por las publicaciones investigadas, con la salvedad de 1.400 euros “que cobró de una obra publicada por la Editorial Planeta para la que contaba con la pertinente autorización que le había dado su padre”. 

El catedrático “niega tajantemente haberse atribuido como propios artículos y libros escritos por otras personas, sin perjuicio de que en alguno de ellos hubiera coincidencias con el contenido de obras de terceros autores”, según consta en el último auto emitido por la Audiencia Provincial. 

Para la Fiscalía la conducta de Suárez fue “defraudatoria”

Ante el archivo decretado por el juzgado de instrucción, la Fiscalía se opuso a esa decisión, llegando a calificar la actuación de Suárez como una “conducta defraudatoria” centrada “en presentar como méritos propios las obras plagiadas”, tal y como figura en el recurso emitido en octubre, al que ha accedido esta redacción. Asimismo el Ministerio Público insiste en que “sí concurren los requisitos exigidos por el artículo 270 del Código Penal”, porque las editoriales publicaron ejemplares de los libros del exrector de la URJC. 

Al confirmar el sobreseimiento de la causa, la Audiencia expone que toma esa decisión “sin perjuicio de la reserva expresa de acciones civiles a las partes que se consideren perjudicadas”. Sobre el enjuiciamiento de estos hechos por la vía penal, el tribunal destaca que “sólo se incluirán” en este ámbito “las conductas que ostenten una cierta entidad por su potencialidad dañosa quedando relegadas al ámbito civil las demás”.

El abogado que ha representado a los herederos de Víctor Fairen, un académico ya fallecido, cuyos familiares se personaron en la causa, explica que su cliente acepta la sentencia “dentro del marco de la legislación española”, si bien “se lamenta de la falta de una respuesta de la Universidad URJC, que no debería haber dejado impune este tipo de actuaciones, penalizado de forma contundente en otros países”. Para el letrado Jaime Doreste el resultado de este caso es un ejemplo “de lo que decía el filósofo griego Anacarsis: la ley es una tela de araña que atrapa a las moscas y deja pasar a los pájaros”.

“El sobreseimiento se produce porque se entiende que el delito contra la propiedad intelectual requiere un expreso ánimo de lucro. Termina siendo un delito que no se aplica contra gente que ha fundado una carrera académica a base del trabajo de otros, pero a quién sí pilla es a aquellos que, por ejemplo, tienen un locutorio y no pagan las licencias”, lamenta Doreste. Por su parte, el abogado que ha defendido a Suárez asegura que él y su cliente hacen suyos los “acertados asertos y fundamentos legales” de la Audiencia Provincial.

Hoy es el máster de Cristina Cifuentes: dos años después de matricularse aparecen dos misteriosos notables en asignaturas en las que aparecía como No presentada en 2012, entre ellas el trabajo final que supone casi la mitad de créditos.

Pero hay más escándalos en la URJC: por ejemplo, la contratación de su hermana, Margarita Cifuentes, de manera irregular: es profesora visitante en la universidad pública pese a que no cumple ninguno de los requisitos de la LOU, el convenio y los estatutos de la URJC.

Últimamente, la universidad ha afrontado la crisis por los plagios cometido por el exrector Fernando Suárez y la polémica porque la universidad se negaba a retirar el doctorado honoris causa a Rodrigo Rato pese a estar imputado por las tarjetas black. Antes, el mismo rector daba clases en un campus no autorizado, contrataba profesores a dedo retorciendo el sistema (saltándoselo incluso) o esquivaba las sentencias del Tribunal Supremo para readjudicar, a las mismas personas, unas plazas que la justicia había tumbado.

La URJC fue creada en 1996, cuando Alberto Ruiz Gallardón era el presidente de la Comunidad de Madrid y Gustavo Villapalos su consejero de Educación. Se convirtió en ese momento en la sexta universidad pública de la región. Maneja un presupuesto de 122.216.259 euros, según sus propias cuentas, para atender a casi 40.000 alumnos, 605 miembros del PAS (personal de administración y servicios) y 1.434 PDI (personal docente e investigador) repartidos por cuatro campus oficiales y uno no autorizado en el que daba clase el propio rector Suárez.

La universidad se ha convertido en una especie de coto cerrado en el que si desentonas, quedas señalado, relatan de forma anónima varios de sus empleados, que prefieren no dar la cara porque temen por sus puestos de trabajo. 

Vinculación al PP  

Prácticamente desde su inauguración, la URJC es conocida en el mundo universitario de la región como “la universidad del PP”, igual que la Carlos III se asocia al PSOE (porque se creó durante mandatos socialistas) o el campus de Somosaguas de la Universidad Complutense a Podemos (de allí surgió el partido).

En el caso de la URJC, la universidad ha sido noticia por contratar empleados que tienen relación familiar con personas del PP. Entre ellos se encuentran nombres como Isabel Ruiz-Gallardón García de la Rasilla (prima del exministro), Margarita Cifuentes Cuencas (hermana de la presidenta de la Comunidad de Madrid), Isabel Mayor Bastida (sobrina del exministro Jaime Mayor Oreja), o María del Mar Alarcón (cuñada del exnúmero dos de Esperanza Aguirre, Francisco Granados). 

Contrataciones ilegales e irregulares

La política de contratación de la URJC también ha dado que hablar en los últimos tiempos por varias causas. Algunas directamente por ser ilegales.

Por ejemplo, la universidad hizo caso omiso de la tasa de reposición que había impuesto el Ministerio de Hacienda por la crisis (solo se podía reponer al 10% de los funcionarios que se jubilaban) y contrató al menos a 25 personas. El Tribunal Supremo fue anulando una a una todas las plazas: la universidad había excedido la tasa de reposición en un 2.400%.

¿Qué hizo el centro? Ignorar las sentencias hasta que no pudo más (tuvo a un vicerrector ejerciendo pese a que legalmente ni era profesor de la URJC) para luego volver a convocar las mismas plazas (en un teórico concurso público) que están ganando, una a una, las mismas personas a las que les fueron anuladas.

En 2016 la URJC también admitió en los tribunales que había estado pagando 10.000 euros anuales de menos a uno de sus profesores visitantes, pese a que las remuneraciones en la universidad están perfectamente estipuladas por tablas según las categorías.

El caso sacó a la luz una política de contratación de profesores visitantes cuanto menos muy particular. Esta figura, el profesor visitante, permite a las universidades contratar profesionales de prestigio para realizar estancias de manera puntual. Está totalmente regulada por ley en cuanto a las características que deben reunir los profesores en cuestión (prestigio, venir de otro centro, etc.) y no pueden estar más de dos años en el centro.

Su presencia en las universidades suele ser anecdótica, apenas un 1% de los profesores. En la URJC uno de cada cinco docentes (20%) ha sido contratado bajo esta figura, que permite saltarse los concursos y contratar a dedo.

A dedo también se han adjudicado varias plazas tanto de PAS como de PDI según han denunciado en varias ocasiones profesores del centro. Convocatorias en las que no se especifican los requisitos necesarios para presentarse o que solo se hacen públicas en la intranet del centro –cuando deben ser abiertas a todos los ciudadanos del país que puedan presentarse– son habituales en la URJC, según algunos empleados.

El 'horroris' causa Rato

La universidad también estuvo en el disparadero por negarse, durante meses, a retirar el doctorado honoris causa que había concedido a Rodrigo Rato, exvicepresidente económico. Cuando Rato fue detenido acusado de una retahíla de cargos por el escándalo de las tarjetas black, la universidad alegó que no podía retirarle la mención. La presión de estudiantes y algún profesor llevó a la URJC a ceder y anunciar que “estudiaría” el tema. Ocho meses de estudio después, decidió retirar la mención honorífica.

Se le acumulan las malas noticias a Fernando Suárez, exrector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). El juzgado de instrucción nº35 de Madrid ha abierto diligencias previas por un “posible delito contra la propiedad intelectual” contra Suárez por haber plagiado supuestamente 16 textos. Además, el juzgado de lo mercantil nº3 de Madrid ha admitido a trámite otra demanda, también por la vía de la propiedad intelectual, contra las copias del exrector.

Con el paso adelante dado por el juzgado de instrucción, lo más probable es que Suárez tenga que ir a declarar por los plagios, que fueron ampliamente documentados por expertos con páginas enteras copiadas literalmente, pies de notas y erratas incluidas. En su momento, y tras varios días de silencio, el ahora exrector calificó las copias de “disfunciones”. Un portavoz de la URJC se ha limitado a comentar que “Suárez es un trabajador más de la universidad”, que ni siquiera le ha llegado la información y que no tienen “comentarios  al respecto”.

La demanda sostiene que los plagios podrían ser constitutivos de “bien varios delitos de falsedad documental, bien de varios delitos contra la propiedad intelectual”, hechos todos ellos incluidos en el Código Penal, según el texto. El demandante admite que “en función de la calificación por la que se opte, es posible que algunos de los hechos (...) se encuentren prescritos”.

La primera de las demandas, presentada el pasado mes de mayo por un catedrático que prefiere el anonimato, incluye textos de 30 profesores afectados por los supuestos plagios de Suárez, entre ellos uno del doctor Carlos Barros, de la Universidad de Santiago de Compostela. En la demanda, al que ha tenido acceso este diario, después de sostener que la autoría de los citados artículos de Suárez “es falsa”, se destaca que el exrector sacó provecho de ellos.

“Tales textos tienen la naturaleza de documentos oficiales o públicos en atención a que estaban destinados a formar parte de diferentes expedientes administrativos, bien de las universidades convocantes de las plazas de funcionarios docentes a las que concursó” incluyendo su plaza en la URJC, se lee en la denuncia. “Y en su caso sirvieron para otorgarle la plaza al Sr. Suárez frente a otros concursantes o a estimar el complemento por sexenio o trienio de investigación, a diferencia de otros solicitantes cuyas solicitudes pudieron ser desestimadas”, concluye.

Por todo esto, los denunciantes esperan que “estos procesos concluyan en sentencias condenatorias que obliguen a la ANECA (la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) y la CNEAI (la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora) a revisar los sexenios y la habilitación a Cátedra de Suárez Bilbao”. “Espero que se reviertan sus méritos, porque una persona así no merece ser profesor, y menos catedrático o rector”, valora Barros, uno de los afectados. “Sería una justicia ejemplar que ayudaría a tener una universidad libre de corruptela y plagio”.

Silencio y pasividad institucional

Ambos organismos, encargados de velar por la calidad universitaria y de validar y certificar las investigaciones de los profesores para luego conceder los trienios y sexenios de investigación, que se traducen en complementos salarios en las nóminas, optaron por “la callada por respuesta”, lamenta Barros, cuando saltó el escándalo por los supuestos plagios de Suárez y un grupo organizado de profesores pidió a la administración que reaccionara.

La misma actitud de inacción adoptaron el Gobierno de la Comunidad de Madrid, responsable de la política educativa de la región, el Ministerio de Educación (ambos alegaron no tener competencias en aras de la “autonomía universitaria”) y la CRUMA (la conferencia de rectores de universidades madrileñas), aunque esta última acabó condenando los plagios un mes después. “Nos lleva a pensar en una cierta complicidad política de los gobiernos con la situación de Suárez”, reflexiona Barros. “Esto no es tanto un problema individual de cada uno de nosotros sino que afecta al honor de toda la Universidad española. Si un caso tan flagrante queda impune, cualquiera podrá plagiar, incluidos los alumnos”.

El nombre de Fernando Suárez Bilbao saltó a los medios a partir del pasado mes de noviembre, cuando se empezó a publicar que había plagiado diversos artículos a otros profesores y los había presentado como suyos. Aunque se aferró al cargo durante un par de meses, acabó convocando elecciones anticipadas, a las que no se presentó.

Poco después de retirarse de la primera línea recibió la buena noticia de que la URJC había cerrado la comisión interna que investigaba sus plagios bajo el argumento del nuevo rector, Javier Ramos, de que el asunto estaba judicializado y que con eso es suficiente. Ahora los tribunales dan un paso más en la investigación.

Guillermo de Baskerville y su inseparable Adso de Melk disfrutarían de lo lindo si les dejasen pasar una temporada en la Universidad Rey Juan Carlos. Los inolvidables personajes creados por Umberto Eco para El nombre de la rosa encontrarían sin duda un gran placer sumergiéndose en las diferentes tramas que se cruzan en la corta historia de la universidad del sur de Madrid. Plagios, “negros”, amenazas, despidos, denuncias, “cadáveres”, miedos, complicidades, clientelismo, cobardías... Y política, mucha política.

Quizá en esta universidad pública, como en tantas otras de nuestro país, el día que entró la política por la puerta, huyó la inteligencia por las ventanas, dejando los campus llenos de profesores y alumnos, pero vacíos de contenidos. Qué otra cosa podemos pensar cuando después de meses de escándalos por las denuncias de plagio sistemático de Fernando Suárez, el anterior rector, gana las elecciones –celebradas el pasado miércoles– un candidato, Javier Ramos, que como medida estrella de su programa llevaba la garantía de que no investigaría al rector saliente.

Es verdad que tampoco alentaba mucho al voto la otra candidata, Rosa Berganza que, quizá por las prisas, copió una buena parte de su programa de una candidatura de las anteriores elecciones. Ella dice que con permiso, pero si algo se le puede pedir a un candidato, y más en la actual situación de esa universidad, es que al menos sus promesas electorales sean originales.

Lo peor del asunto es que en el centro de este huracán de insensateces están más de 50.000 alumnos que llegaron con la ilusión de formarse, con la esperanza de tener maestros críticos, de poder debatir abiertamente sobre su futuro y se han encontrado con una institución que roza los comportamientos mafiosos y hasta les prohíbe repartir folletos informativos sobre la situación en el campus y pide la intervención de la policía.

Y lo más inquietante es que esta situación de indecencia intelectual (y de la otra) parece que se repite en mayor o menor medida en muchas universidades de España. Algo falla en el sistema. Mucho se ha hablado de los llamados bancos de favores, de las camarillas, del mal funcionamiento de los sistemas de habilitación. Y lo que al final ha quedado, tras diversas reformas, es una universidad pública que poco a poco ha ido derrochando su prestigio.

Ojalá que el nuevo gobierno en minoría del PP sirva por lo menos –ya sería mucho– para que los partidos se sienten a trabajar y alumbren una nueva ley de educación que sirva para acabar de verdad con tantas miserias. Y ojalá, también, y no es broma, que cuando decidamos ponerle el nombre de una persona a una institución educativa esperemos un poco, no vaya a ser que la trayectoria final del elegido acabe siendo más un problema que un privilegio.

Ganó el delfín, se impuso el continuismo, aunque perdió en votos. En una noche electoral mucho más apretada de lo previsto, se confirmaron las quinielas y Javier Ramos, el candidato oficialista, derrotó a la alternativa Rosa Berganza en las elecciones a rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) gracias al voto ponderado: 58,31% frente al 41,69%. Sin embargo perdió en votos: 2.812 frente a los 4.416 de su rival.

La comunidad docente de la URJC avala de esta manera las políticas del anterior dirigente, Fernando Suárez, envuelto en una polémica de plagios que le llevó a adelantar las elecciones y no presentarse, aunque por un margen ajustado. Su antecesor y protector, Fernando Suárez, ganó en 2013 por un porcentaje muy superior, del 67%.

Ramos ha obtenido la mitad de votos totales que Berganza (2.812 votos ha sumado el ganador frente a 4.416 de la aspirante). La victoria de Ramos se ha asentado en el respaldo recibido por catedráticos y profesores (el PDI), frente al rechazo de los alumnos masivo de los alumnos y una cierta división entre el personal de administración y servicios (PAS), según fuentes de la URJC.

El apoyo de los docentes es básico. En las votaciones en las universidades el voto no es igual para todos, está ponderado: el del PDI permanente otorga un 53% del resultado final, el temporal el 15%, el de los alumnos el 21% y el PAS aporta el restante 11%, por lo que los docentes suman un 68% de los votos totales ponderados.

Un toque de atención

Casi nadie en la universidad daba opciones de victoria a Berganza, como acabó ocurriendo. Javier Ramos era el favorito de Suárez y el actual rector controla la universidad. Con un 20% de profesores visitantes —una figura laboral por la que se contrata y despide a voluntad del rectorado— y otros muchos profesionales trabajando también con contratos inestables, la situación no se presta a muchos riesgos, según analizan algunos trabajadores de la universidad, que dan validez a la acusación de Berganza a Suárez de haber creado “una red clientelar”.

Pero, pese a la victoria, en el resultado de las elecciones también hay un importante toque de atención a Ramos, según estas fuentes. Tanto por los votos que han cosechado cada uno de los candidatos —cálculos oficiosos daban a Berganza un 20% de los votos totales una vez ponderados— como por la situación que se está generando en la universidad. Que Berganza haya duplicado en votos a Ramos excede probablemente las previsiones más optimistas.

La presión social y mediática que ha caído sobre la URJC a raíz de los plagios de Suárez y su reticencia a dar un paso atrás o admitir los errores ha provocado el clásico efecto que sufre una comunidad que se siente atacada: muchos, la mayoría de afectos al poder imperante, se han atrincherado en sus posiciones, ovaciones a Suárez incluidas en algún consejo de Gobierno. Pero otros “están hartos de estar en boca de la prensa y ser señalados como el hazmerreír continuamente”, explican trabajadores del centro que conocen la situación. Esta polaridad ha devenido en una situación de cisma en el centro con la que tendrá que lidiar Ramos.

El prestigio del centro se ha visto seriamente afectado a nivel académico por los plagios de Suárez, el manejo que el todavía rector ha hecho de la situación negándose a dimitir y la no reacción desde dentro de la universidad.

En cualquier caso, Ramos hereda una universidad en un alto clima de tensión, como atestiguan la agresión de un catedrático a otro por el asunto de los plagios que relató El Mundo o el hecho de que el actual equipo dirigente llamara a la policía para impedir a unos estudiantes repartir folletos informativos. Eso si finalmente acaba rigiendo, porque una de las mesas electorales abrió casi tres horas tardes, motivo por sí solo para la repetición de las elecciones dos días después, según el artículo 80.5 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General.

También heredará una universidad que ocupa la 38ª posición (de 61) en el U-Ranking, la herramienta de la Fundación BBVA y el IVIE que mide el rendimiento de los centros superiores en España. El nuevo rector tendrá bajo su mando a casi 40.000 estudiantes, 1.400 docentes y 600 miembros del PAS. La URJC maneja un presupuesto anual de unos 122 millones de euros, provenientes en su inmensa mayoría de las arcas de la Comunidad de Madrid.

El futuro rector ya ha anunciado que no realizará acción alguna a cuenta de los plagios de Suárez y que su intención es que la Aneca (la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, de la que no se han tenido noticias durante todo el proceso) o los tribunales ordinarios (que pueden tardar años y solo actuarán en el caso de que alguien lo denuncie) se encarguen de la situación.

El proyecto de Ramos para la URJC pasa por generar y transmitir más conocimiento, pasar de una calidad “buena” a una “excelente” y tener una vocación de servicio público para que la labor que se haga en la universidad esté orientada “al bien de los alumnos y de nuestro entorno”, según ha declarado a La Razón. Observando las fortalezas que este catedrático detecta en el centro también se puede intuir por dónde irán sus esfuerzos de gobierno: Ramos señala “la adaptación a las nuevas demandas con grados flexibles, los dobles grados y la formación multidisciplinar” como activos del centro. Trabajo tiene por delante.

Me llamo Matías Valiente Egea y tengo 30 años. La última vez que me publicaron algo personal fue en un medio local digital de Lorca tras fallecer un amigo en circunstancias trágicas. No tenía pensado escribir este artículo hasta que, un sábado por la noche, en mi cocina minúscula de Foggia (Apulia), durante un descanso en el proceso de candidatura de un doctorado, mi amigo Carlos me lo sugirió. Como siempre en mi caso, el decidir ponerme manos a la obra con el fin de redactar un artículo responde a un estímulo materializado aquí por un tema de la actualidad española que nos asquea a ambos: la aparente responsabilidad del actual rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, el Sr. Fernando Suárez, en numerosos plagios académicos y la impunidad profesional e indiferencia de gran parte de la sociedad española al respecto.

Carlos Martínez Hernández, laureado de la VII promoción de la Licenciatura en Geografía de la Universidad de Murcia, premio nacional de fin de carrera, y a punto de finalizar un doctorado en la misma institución con beca-contrato del Ministerio de Educación, es la base del estímulo. Carlos, exdelegado de la Facultad de Letras de la UMU durante dos mandatos, encarna la excelencia académica, fruto de un trabajo individual constante y de la eficiencia que solo algunos logran alcanzar y mantener, pero siempre por mérito propio. Dentro de poco será doctor aunque esto no le haya impedido posicionarse a mi lado ante el asqueo infinito que sentimos nosotros, y probablemente cientos de miles de españoles universitarios y no universitarios, en lo que atañe al mayor escándalo de hurto de propiedad intelectual y científica desvelado de la historia reciente de la Universidad española.

Por otro lado, yo no me acerco a la excelencia de Carlos, pero he estudiado, siguiendo los sabios consejos de mi madre, emigrante lorquina que reside en Francia desde los años 1960, y que me daba en francés: “tú, estudia, que la vida es dura, y con 15 años yo ya estaba el campo recogiendo uva en las afueras de Nimes”. Así que, siguiendo las sugerencias y máximas de Pepita, estudié.

Me gradué en Estudios hispánicos e Historia en la Universidad de Nimes. Culminando mi proceso de re-emigración a la madre patria, me licencié en Traducción e Interpretación en la Universidad de Murcia, donde sucedí a Carlos en el cargo de Delegado de la Facultad de Letras. Posteriormente, trabajando como mercenario al servicio de numerosas academias de Barcelona me gradúe, a distancia, en Literatura francesa y francés como lengua extranjera en la Universidad de París 3 - Sorbonne nouvelle.

Como los mayores me decían que aprendiendo lenguas iba a tener más oportunidades en la vida y, entre nosotros, era prácticamente lo único que se me daba bien, estudié por mi cuenta italiano e inglés hasta lograr sacarme una certificación oficial nivel C2 en ambos y aprendí gallego y sueco. Los años pasaban, yo seguía trabajando, y precario, como buen hijo de vecino, y estudiando a distancia convencido de que, como decía Pepita, llegaría a ser alguien si me esforzaba. Cursé y finalicé el Máster en Ciencias del Lenguaje y Lingüística Hispánica de la UNED que, debido a una política educativa francamente orientada hacia la democratización del estudio gracias al Sr. Wert, exministro de Educación, no me costó unos 250 euros, como suele costar un máster presencial en Francia, ni 0 euros como cuesta en Suecia, sino que la matrícula, como suele ser el caso para los másteres de Humanidades en la UNED, se elevaba a 1800 euros que, por una suerte inaudita, tuve la suerte de ahorrarme por ser becado.

Partiéndome la crisma me saqué dicho máster mientras impartía clases de francés en una universidad del Estado de Nueva York becado por la Comisión Fulbright. Mientras tanto, y a la espera de defender mi TFM, empecé a postular para un doctorado en Lingüística en una universidad europea y con financiación. Como no soy excelente, las candidaturas fueron y han sido numerosas. Cada una de ellas supone su lote de requisitos, cartas, currículos, referencias, formularios que rellenar en Internet, correos para solicitar información. Cada una de esas candidaturas ha podido suponer un tiempo que oscila entre cinco y diez horas, si no más. En total, han sido cientos de horas que le he dedicado a candidaturas para un bendito doctorado en las universidades de Oslo, Uppsala, Lund, París 7, del País Vasco, Complutense de Madrid, Nottingham, Newcastle, Verona, Gante, Amberes, y las que no recuerdo ahora mismo.

Cientos de horas que no han sido empleadas en visitar el país en el que me encontraba o me encuentro actualmente, en leer más libros, en tocar la guitarra, o en salir con mi cámara a hacer fotos. Es más, en este momento en el que redacto este artículo, vengo de finalizar una candidatura para la Universidad de Westminster, estoy terminando la de Gotemburgo, y me esperan Ulster y Lancaster. Se entenderá que, harto de años de precariedad y sacrificios que me están empezando a parecer insensatos, haya decidido declarar un toque de queda de las candidaturas a finales de este curso si no he recibido una respuesta afirmativa. De ser así, iniciaré el máster que siempre he mirado con recelo, el de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, para desempeñar una profesión que, al fin, con 30 años, me sacará de un pozo que me sigue llevando a pedir dinero de vez en cuando a amigos para alcanzar mis retos académicos.

Recuerdo que estuve entre quienes nos sentamos y dormimos durante varias semanas en las plazas de las mayores ciudades de España en mayo del 2011, pidiendo ingenuamente el fin de una visión de España en la que priman la oligarquía, el bipartidismo, el amiguismo y la corrupción anquilosados en los cimientos y principales estamentos de la sociedad. Sistematicidad, ¿acaso fui ingenuo?

Expuesta la situación que es la mía, he de preguntarme si mi madre es imbécil y me ha mentido todo este tiempo o si el hurto, el desfalco, la mentira y la corrupción se reúnen en España anquilosando tanto el dinero, la política y el mundo de la Universidad en torno a un concepto contenido en un vocablo: sistematicidad.

Hace unos pocos meses, empecé a llevar la cuenta de las pruebas de “copia y pega” del Tartufo que rige la URJC cuyas patrañas salían desveladas diariamente en la prensa digital nacional hasta que la perdí. Perdí la cuenta y aluciné a la par cuando el excelentísimo había colocado su cuño sobre un artículo donde parecía haber plagiado al mismo presidente del tribunal que le había concedido su cátedra. Por último, vomito al ver que meses después de la publicación de las primeras evidencias, el susodicho sigue ostentando su cargo de máximo representante y es la cara de una universidad de la que me daría vergüenza formar parte como alumnado. Dicho sea de paso, ¿qué están haciendo ese alumnado y las delegaciones de alumnos?

Confieso que estuve a punto de apostrofar, como antiguo alumno de la Universidad de Murcia y delegado de una de sus facultades, al Excelentísimo Rector de esa institución, Don José Orihuela, con el fin de preguntarle si el rectorado tenía pensado pronunciarse para condenar al Gúzman de Alfarache académico que está manchando la Universidad española impunemente. No lo hice al bajarme de la nube recordando que no soy nadie.

Mi apellido es Valiente. Posiblemente este proceda de algún hito de algún antepasado llevado a cabo en un campo de batalla septentrional durante la Reconquista. No tengo conexiones, no tengo enchufes y recuerdo ver en mis tiempos algunos apellidos repetidos o triplicados en los listados de los miembros de ciertos departamentos de la Facultad de Letras. Nepotismo y clientelismo para la intelligentia, enchufe y favoritismos para el vulgo. La picaresca de Lazarillo. La sistematicidad del choriceo a la española que contemplamos callados y abarca desde la Gürtel hasta las sillas giratorias, de las cuales se benefician personas como el señor Felipe González, y los plagios compulsivos del rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Son tantos actos indignos de la mención de excelencia y honestidad que aceptamos y toleramos todos los españoles que contribuyen a la farsa y el hazmerreír que somos en la escena internacional.

Dicho lo anterior, es de precavidos no pecar por inocentes y pensar que la picaresca es exclusivamente española. Hace poco, una compañera auxiliar de lengua francesa en el sudeste de Italia, al intercambiar sospechas más que fundadas sobre acciones ilícitas que involucran movimientos de dinero un tanto apestosos en nuestros institutos, me dijo que, en realidad, la mafia verdadera la constituyen los mismos italianos por tolerar todo tipo de comportamientos fraudulentos e ilegales.

En Francia, el expresidente de la República, Nicolas Sarkozy, acaba de ser imputado por supuesta financiación ilegal de campaña con fondos procedentes, entre otros, de la Libia de Gadafi. Así pues, por no hacerle sombra a Salvatore Riina y Bernardo Provenzano, diré que, en lugar de mafia, tal vez seamos nosotros, los españoles, los pícaros por tolerar que un indeseable, hurtador de propiedad intelectual, siga al mando de una universidad pública madrileña.

Aún recuerdo ver, durante mi erasmus en la Universidad de Birmingham, pósteres en los pasillos avisando sobre el riesgo de expulsión y juicio en caso de plagio y/o fraude aseverado durante un examen. Qué lástima que en el caso que nos interesa aquí, mientras simples estudiantes sigan intentando hacer funcionar al ascensor social valiéndose de una tesis de máster auténtica en su integralidad, un rufián bellaco Ginés de Pasamonte, por utilizar referencias y calificativos quijotescos, ostente un cargo público de alta relevancia y prestigio en la URJC con el beneplácito de las autoridades y la sociedad. Parece ser que Fernando Suárez haya decidido reírse hasta el final e, independientemente del cese de su colaboración en algunas publicaciones científicas, cumplirá su mandato al frente de la URJC, mandato al que no se volverá a postular, tal vez, por vergüenza. A estas alturas del cuento —o de la novela picaresca— solo nos queda mirar con esperanza la candidatura de Rosa Berganza, catedrática de Comunicación Política, surgida recientemente de la nada, y que no parece gozar del aval del hurtador público. Hagamos algo para que esto no se repita, pues. Yo escribo este artículo. ¿Qué harás tú?

El todavía rector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid copió de forma “sustancial, literal, total, consciente y mecánica” 111 de las 118 páginas de la obra del catedrático Miguel Ángel Aparicio y utilizó el material en dos artículos que firmó con su nombre como si el contenido fuera original.

Así lo concluye la investigación que encargó en diciembre la Universidad de Barcelona, coeditora de la publicación de Aparicio, cuyos resultados se han conocido este viernes a través de un comunicado firmado por el rector de la institución [ver abajo].

“La obra del Dr. Suárez es una usurpación clara e inequívoca del texto del Dr. Aparicio”, dice el informe la perito. El documento detalla que 67 páginas de 'Estado de Derecho y Administración Judicial' y 44 de 'Revolución y Restauración en la Administración de Justicia (1784-1936)', ambos artículos firmados por Suárez, son copiadas y pegadas del monográfico El status del Poder Judicial en el Constitucionalismo español, una obra que el catedrático ya jubilado de la Universidad de Barcelona publicó en 1995.

La coeditora de esta obra, Edicions UB, apunta en su informe que Fernando Suárez “no podría ampararse en el derecho de cita del artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual”. Y así también lo confirma el catedrático de Derecho Procesal al que la Universidad de Barcelona encargó un informe sobre la posibilidad de acudir a los tribunales por los plagios: “la existencia de plagio es tan evidente que no admite ningún tipo de discusión ni excusa y es procedente el ejercicio de acciones y/o penales”.

Los resultados aclaran que “el único legitimado para hacerlo es el profesor Aparicio”, dado que “los derechos de explotación de la obra ya no son titularidad de la Universitat de Barcelona”. En todo caso, dice el comunicado enviado por el rectorado de la institución, el centro cederá los tres informes –de la editorial, del catedrático en Derecho Penal y de la perito– que incorpora la investigación al damnificado “para que pueda defender sus ideas, su esfuerzo intelectual y su libertad creativa”.

El catedrático Miguel Ángel Aparicio manifestó su voluntad de demandar a Fernando Suárez, pero estaba esperando las conclusiones de la investigación para asegurarse más respaldo jurídico. No es el único académico agraviado por los plagios del rector, de quien se han documentado al menos otra decena de copia y pega.

Fernando Suárez continúa ejerciendo sus funciones como máxima autoridad de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. El escándalo de los plagios provocó que convocara elecciones anticipadas, que se celebrarán el próximo 15 de febrero y que no contarán con su candidatura. A día de hoy, la URJC no ha investigado estos hechos y nunca aclaró si llegó a constituir la comisión de investigación que anunció en noviembre.

El catedrático de Teoría de la Señal y director de la Escuela Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones, Javier Ramos, ha registrado este jueves su candidatura para las elecciones al rectorado de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), según han informado a Europa Press fuentes de su equipo. Es la única formalizada hasta el momento.

El paso adelante de Ramos se daba por seguro en los círculos universitarios de la URJC tras conocerse que el actual rector, Fernando Suárez, no iba a optar a la reelección empujado por la polémica generada por al menos una decena de plagios documentados.

El catedrático, afín a Suárez, quiere centrar su proyecto en reforzar el “buen nivel” de la universidad, que ha sido la que “más ha crecido” en número de alumnos y desplegar una “oferta académica de calidad”, como han señalado desde su entorno. En este sentido, añaden que se va a continuar con la política de implantar más dobles grados en la URJC y mejorar los sexenios de investigación.

Ramos, doctor ingeniero por la Universidad Politécnica de Madrid, tiene cuatro sexenios de investigación y cuatro quinquenios docentes. Coautor de decenas de artículos científicos, ha sido vicerrector para la implantación de los estudios de ingeniería de telecomunicación y dobles titulaciones en la Universidad Rey Juan Carlos. Desde el año 2005 es director de la Escuela Superior de Ingeniería de Telecomunicación.

El candidato crítico

Se espera al menos otra candidatura para disputar el rectorado a Ramos, aunque de momento nadie ha puesto su nombre en el registro. El catedrático crítico José Manuel Vera desmintió hace unas semanas que ya tenga decidido presentarse.

El plazo para presentar candidaturas concluye el 31 de enero, el 6 de febrero se procederá a la publicación definitiva de las candidatura y del 7 al 13 de ese mes se realizaría la campaña electoral. Solo durará cinco días, pese a que varias personas pidieron en el Consejo de Gobierno de la universidad, presidido por Suárez, que se prolongara hasta los 15 que permiten los estatutos de la URJC.

De este modo, los comicios en la universidad tendrá lugar el 15 de febrero y, en caso de ser necesaria una segunda vuelta, tendría lugar el 2 de marzo.

El Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos ha convocado oficialmente las elecciones a rector, adelantadas tras conocerse que el actual plagió a otros autores en una decena de obras, para el próximo 15 de febrero.

Se mantiene así el calendario previsto para este proceso, al que no se presentará Fernando Suárez y cuya campaña electoral durará solo cinco días –del 7 al 13 del mismo mes–, pese a que varias personas en la reunión de este jueves han manifestado estar en contra de estos plazos.

El catedrático crítico José Manuel Vera y la representante de los estudiantes Adelina Grava han solicitado ampliar la campaña hasta los 15 días que permiten los estatutos, extremo que se ha descartado por la mayoría de votos a favor de la propuesta oficial, la de Fernando Suárez. Vera ha esgrimido, según ha sabido eldiario.es, que un mayor número de días permitía un proceso electoral con más garantías. El rector actual ha apelado a la costumbre para justificar la decisión, es decir, que en las últimas tres convocatorias se ha hecho siempre así.

Grava ha asegurado a la Asociación Universitaria de Periodismo, como han comunicado en una nota, sentirse “coaccionada” debido al tono agresivo y las interrupciones de Suárez durante la reunión. “Es la primera vez que veo que se interrumpe a miembros del Consejo cuando tienen la palabra desde que soy miembro”, afirma.

Vera ha aprovechado la reunión del Consejo para desmentir que ya tenga decidido si se va a presentar como candidato, aunque el rector apenas le ha dejado terminar su intervención con el argumento de que el tema no estaba contemplado en el orden del día. En esta ocasión, este orden del día tenía un único punto: la convocatoria de elecciones en la universidad y la fijación del calendario.

Javier Ramos “recogerá el testigo”

El profesor Javier Ramos, afín a Suárez, se mantiene como el posible sucesor del rector con gran apoyo interno, como ya publicó eldiario.es y se desprende del correo que envió la decana Mercedes del Hoyo a sus compañeros de la URJC: “El actual rector no se presentará a las próximas elecciones y el profesor Javier Ramos, hasta ahora director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación, recogerá el testigo”.

Con la convocatoria de elecciones anticipadas, la URJC ha salido al paso de los múltiples plagios documentados del rector, que nunca ha admitido estos hechos públicamente aunque le han costado la salida como vocal de la Conferencia de Rectores (CRUE). De este modo ha quedado en stand by la creación de una comisión de investigación interna sobre el asunto, cuya existencia nunca confirmó la universidad. Tampoco antes del adelanto electoral y tras anunciar que se crearía.

El plazo para la presentación de candidaturas se extiende del 26 al 31 de enero y fuentes del entorno universitario descartan que vaya a haber un tercer candidato. Las urnas se pondrán en las facultades el próximo 15 de febrero y el 2 de marzo se fija la segunda vuelta si ninguno de los candidatos consigue más de la mitad de los votos.

La máxima autoridad de la URJC se elige, según sus estatutos, de forma directa y mediante “sufragio universal, libre y secreto”. El voto es ponderado en función de unos porcentajes determinados según los grupos que votan: el 53% lo representan los profesores doctores funcionarios o contratados con vinculación permanente a la universidad, el 15% los docentes que no reúnen las condiciones anteriores, el 21% los estudiantes y el 11% el personal de administración y servicios.

La Asociación de Estudiantes de Periodismo advierte de que el periodo electoral coincide con el URJCMN, “uno de los eventos más multitudinarios de la universidad”. Se celebrará durante los días 7 y 10 en el campus de Móstoles.

Corrillos, apuntes, y cigarrillos en la puerta de la biblioteca. La normalidad en los espacios comunes de la Universidad Rey Juan Carlos hace pensar que no pasa nada. Nadie diría si se para en medio del patio inmenso custodiado por el rectorado y rodeado de edificios de hormigón que la institución vive estos días su mayor crisis. Nadie pensaría tampoco que se adelantan las elecciones a rector tras conocerse que el actual, que no dimite, plagió una decena de artículos.

Los estudiantes no se han enterado hasta más de 24 horas después porque la universidad no les ha informado. Lo ha hecho vía email y es la primera vez que les remite una comunicación en torno al escándalo de los plagios en más de un mes.

En el correo, el vicerrector de estudiantes asegura a los estudiantes su “más absoluto interés en la pronta aclaración de lo sucedido” para “acabar” con una situación que considera “injusta y desproporcionada” e informa de que, por esa razón, “se ha decidido adelantar la convocatoria de elecciones”. “Con el único objetivo de evitar que esta situación y quienes la propician supongan perjuicio alguno para la URJC y sus alumnos”, añade la nota. Se anunció un consejo de gobierno extraordinario para el 10 de enero que por cuestiones legales se ha tenido que retrasar al día 12.

Los representantes de los alumnos y alumnas en el Consejo de Gobierno afearon en la reunión del pasado martes, con el rector presente, esa “mala comunicación interna”. Hace tres semanas el rector difundió entre los profesores y el personal administrativo un comunicado en el que negaba haber plagiado y calificaba de “disfunciones porque soy humano” los párrafos copiados y pegados sin citar adecuadamente. La nota nunca llegó a los estudiantes. El vicerrector les remitió a eldiario.es para informarse del tema cuando preguntaron por qué se les había excluido de la comunicación.

En el campus de Móstoles, el centro neurálgico de la vida ejecutiva de esta universidad pública, muchos chicos y chicas viven ajenos a lo que está ocurriendo por encima de ellos. “Recuerdo que lo pasaron por un grupo de clase”, dice Álvaro, de primero de Ingeniería de Materiales. A Belén, a su lado, no le suena de nada el asunto.

Vanesa, estudiante de Ingeniería Industrial, aprovecha los rayos de sol para darse un respiro de tanta biblioteca. La puerta concentra toda la afluencia del campus. Desde el 9 de diciembre ya no hay clases y los chicos y chicas van a estudiar o a hacer exámenes. “Me acabo de enterar, pero lo suyo sería que dimitiese”, dice. Otra compañera a su lado asiente.

En el banco de al lado están Lucía y Elena. Elena estudia en el campus de Fuenlabrada y opina que convocar elecciones anticipadas no es suficiente. “Es escurrir el bulto. Y en ningún caso debería presentarse”. Ninguno de los estudiantes consultados saben si votarán o no en las elecciones. No se lo han planteado, dicen.

Los chicos y chicas más involucrados en la representación estudiantil creen que “la única cosa buena del adelanto electoral” es que “las elecciones se van celebrar en febrero o marzo” con la universidad funcionando a pleno rendimiento. “Normalmente se convocan en julio y muchos estudiantes ni siquiera están en Madrid. Por muchas facilidades que nos den eso dificulta mucho la participación”, dice Eduardo, de Periodismo, que espera que en esta ocasión “haya más implicación por el revuelo”.

Fernando Suárez aún no ha hecho público si se presentará o no a los comicios. No lo descarta y lo “pensará en vacaciones”. “Esto que ha hecho es una salida por la puerta de atrás y lo veo capaz de ser candidato”, vaticina Eduardo. El rector continúa negando lo que publican los medios y tiene, como se demostró en el último Consejo de Gobierno, apoyo mayoritario de su equipo. Solo hubo dos voces críticas en la reunión que pidieron la dimisión.

Los profesores consultados por este medio prefieren mantener silencio. Sí reconocen, apenas una hora después de conocerse el adelanto electoral, que la universidad se lo había comunicado. La institución tardó al menos 20 horas más en hacer lo propio con sus más de 40.000 estudiantes.

La universidad comienza a investigar los plagios del rector de la Rey Juan Carlos. Pero no será la URJC quien lo haga. La Universidad de Barcelona, como coeditora de una de las publicaciones de las que Fernando Suárez copia y pega, ha solicitado a uno de sus catedráticos de Derecho Procesal un “informe sobre la viabilidad jurídica de ir a los tribunales en defensa de los derechos editoriales de la UB”. “Si es viable, los ejerceremos”, asegura el rector de la institución en un comunicado difundido este miércoles.

Además, “para analizar a fondo toda la información”, el centro universitario ha pedido “a Ediciones UB un informe detallado de la magnitud del supuesto plagio”, añade la nota, en la que el rector manifiesta su solidaridad con Miguel Ángel Aparicio, el autor damnificado por este plagio y también catedrático –ya jubilado– de la Facultad de Derecho.

Según la información publicada por este medio, Suárez fusiló 58 páginas de la investigación de Aparicio, motivo suficiente para el docente para demandarle por apropiarse de su trabajo. En ese proceso, asegura la UB, Aparicio cuenta con su “solidaridad” y apoyo. “La Universidad de Barcelona le facilitará los diferentes informes que hemos pedido por si son de interés en la defensa individual de sus derechos”, afirma el comunicado.

El libro que coeditó la Universidad de Barcelona en 1995 –obra de Aparicio– lleva por título 'El status del poder judicial en el constitucionalismo español (1808 -1836) y de sus páginas sale, literalmente, un 70% de un artículo que publicó el rector Fernando Suárez diez años después. Suárez solo cita una vez al autor original de quien copia y pega la mayor parte de su escrito.

La nota de la UB, firmada por el rector Joan Elias, recuerda que “una de las primeras lecciones que reciben nuestros estudiantes es que, al margen de las responsabilidades civiles y penales que el plagio pueda comportar, en el ámbito universitario se trata de una de las conductas más deplorables que puede haber, una auténtica lacra”.

Expediente al plagiador plagiado

La Universidad de Burgos decidió en un consejo celebrado el lunes la apertura de un expediente reservado para “aclarar” el caso de plagio del profesor Rafael Sánchez Domingo, el docente que siendo damnificado por los copia y pega de Suárez lo defendió y exculpó. Días después, varios medios publicaron que él también se había apropiado del trabajo de otros colegas.

Por este motivo, el rector de la institución “sin entrar en ningún juicio previo ni de valor, salvaguardando la presunción de inocencia” ha ordenado iniciar “un procedimiento de información reservada con el propósito de recabar la información necesaria para aclarar los hechos”.

En el comunicado, la universidad se salvaguarda en que “no es responsables de eventuales actuaciones irregulares que presuntamente haya podido cometer alguno de sus profesores” y aclara que “no ha participado, de ningún modo, en el proceso de elaboración y publicación de estos trabajos, ni ha contribuido ni tenido conocimiento ni capacidad de control ni de seguimiento sobre sus contenidos”. También señala a ANECA como responsable de poner “determinados filtros” a la actividad investigadora de los profesores.

La Fundación Española de Historia Moderna también ha manifestado su “rechazo a estas prácticas de plagio que abochornan a la comunidad universitaria”. “Sorprende aún más que el autor de los plagios sea en este caso un rector que, como máximo responsable universitario, debe velar por el riguroso respeto a la autoría de los trabajos de investigación”, afirman en un comunicado difundido en su web este miércoles.

La Universidad Rey Juan Carlos, por su parte, continúa sin aclarar si ha llegado a poner en marcha la comisión académica de investigación para analizar los copia y pega de su rector. Los representantes de los estudiantes en el Consejo de Gobierno solicitaron el martes un cronograma de las sesiones de trabajo desarrolladas en esta supuesta comisión, sin obtener aún respuesta.

El único movimiento que ha hecho la institución hasta el momento es anunciar que Suárez convocará elecciones anticipadas el 10 de enero. El rector se reserva para después de vacaciones la decisión de presentarse o no como candidato.

Pregunta parlamentaria al Gobierno

El grupo Unidos Podemos En Comú-Poden-En Marea registró el martes varias preguntas parlamentarias en la mesa del Congreso dirigidas al Gobierno sobre este asunto. Interpela al Ejecutivo para que aclare “qué medidas tiene previsto adoptar el gobierno en relación con las numerosas denuncias por presunto plagio formuladas contra el rector” y pregunta si ANECA y la CNEAI va a “revisar los méritos aportados por Fernando Suárez a efectos de reconocimiento de los sexenios por investigación y la habilitación a catedrático”.

“El gobierno no va a opinar en un asunto que no es un asunto de gobierno”. Son las primeras, últimas y únicas declaraciones del consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael Van Grieken, sobre el mayor caso de plagio conocido en una universidad, el del rector de la Rey Juan Carlos, un campus madrileño financiado por la Comunidad de Madrid con más de 120 millones al año. 

El consejero de Cristina Cifuentes aducía el 15 de diciembre “autonomía universitaria” y no se pronunciaba directamente sobre Suárez o su posible dimisión, aunque aceptaba que el plagio está mal en general. La misma postura de la presidenta autonómica. Esa autonomía impide tomar decisiones aunque no impide hacer declaraciones. 

Van Grieken conoce bien esta universidad: es catedrático de Ingeniería Química allí y además ha sido vicerrector durante diez años con el exrector Pedro González-Trevijano, actualmente miembro del Tribunal Constitucional. También conoce bien al actual rector, Fernando Suárez, porque ambos han sido colegas y este último también era vicerrector en el mismo periodo.

Además, ha dirigido la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), que es el organismo estatal dependiente del Ministerio de Educación encargado de dar los sexenios (pluses por investigación) y acreditar a los docentes. 

Dos plazas de 50.000 euros al año

Siendo vicerrector de la Rey Juan Carlos (de 2003 a 2013), la actuación de Van Grieken en la concesión arbitraria y personal de dos puestos le valió a la universidad una condena de la justicia de Madrid. Era el encargado del área de Investigación y sacó en 2008 una convocatoria de dos plazas de “intensificación de la actividad investigadora”, es decir, reducir las horas de docencia a dos profesores para que se dedicaran a investigar. Esos puestos estaban dotados con 50.000 euros por profesor para un año y los financiaba el Ministerio y la Comunidad de Madrid. 

Según la convocatoria que firmó Van Grieken, a la que ha tenido acceso eldiario.es, la selección de los candidatos se haría “por la Universidad Rey Juan Carlos, que valorará los méritos presentados por los profesores/investigadores”. Lo que pasó en realidad, según sentenció el Juzgado Contencioso Administrativo 31 de Madrid, es que el vicerrector Van Grieken, y solo él, decidió los destinatarios de las plazas, sin más garantía que su criterio personal.

Sin comisión evaluadora y sin que ningún otro organismo o persona valorara a los candidatos o viera su documentación: “No existe en todo el expediente rastro de la intervención de otro órgano que el Vicerrector (...). Se ha producido una sustitución por parte del vicerrector (...) que debió realizarse en el seno de la Comisión de Investigación o subcomisión creada al respecto”, dice el fallo. El expediente, los candidatos, sus currículos, sus méritos, la documentación y la resolución pasó solo por él. 

El demandante fue el profesor David Ríos, entonces también vicerrector, que se había presentado junto a los otros dos candidatos que fueron elegidos por Van Grieken. Ríos, que no fue seleccionado, le disputó más tarde a Suárez el rectorado y es el docente al que el actual rector amenazó. Ahora está en excedencia.

Ríos en su demanda también acusaba al vicerrector de manipular los expedientes e incluir documentación de esos dos candidatos a posteriori. La sentencia confirma que ese expediente no se trató por los cauces normales y que hay documentación que se aportó directamente al vicerrectorado en lugar de hacerse por administración. 

También confirma el fallo que Van Grieken pidió al jefe de servicio de personal los datos de las horas docentes de los aspirantes pese a que eso no estaba entre los requisitos ni recogido en la convocatoria, como había denunciado también Ríos. 

Por toda esa “sustitución” del proceso personificada en el vicerrector, el tribunal ordenó volver atrás la convocatoria en lo que se conoce como nulidad de acto administrativo, que se produce cuando hay un defecto administrativo tan grave que no se puede sanar y hay que volver a repetirlo como si nunca se hubiera producido.

Así, la sentencia conmina a “anular la resolución impugnada por no ser conforme a derecho y ordenar retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior” a la convocatoria. Es decir, repetir el proceso con las garantías administrativas y con un comité evaluador. La sentencia no fue recurrida por la Universidad Rey Juan Carlos, que asumió el fallo.

Se cumplió la sentencia, se nombró una subcomisión evaluadora y la presidió el vicerrector Van Grieken. La decisión de ese órgano fue otorgar esas plazas a los dos mismos candidatos tras una evaluación otra vez de las tres solicitudes. José Aguado y David Serrano fueron los seleccionados en 2012, cuatro años después de la primera selección personal hecha por Van Grieken. 

Fuentes de la Consejería de Educación confirman todo este proceso judicial y puntualizan que “se corrigió la situación” y se da por zanjado, ya que este segundo procedimiento “nadie lo ha dado por erróneo”. Preguntadas las mismas fuentes sobre si puede influir en la gestión del caso del plagio que el consejero sea catedrático de la Rey Juan Carlos, desde Educación se muestran contundentes: “No tiene nada que ver, no influye, hay autonomía universitaria y la posición de la Consejería está en la línea de la Presidencia de la Comunidad de Madrid”. 

El Ministerio de Educación no responde sobre si está revisando o tiene intención de revisar de oficio la habilitación de Fernando Suárez para acceder a la cátedra al conocerse que copió y pegó párrafos de otros autores en una prueba para tal fin que exige que el trabajo sea “original e inédito”.

Tras la consulta de eldiario.es, el departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo tampoco explica si Aneca, el organismo del Ministerio encargado de conceder los sexenios (pluses cada seis años), está investigando si esos méritos se otorgaron al rector de la Universidad Rey Juan Carlos por publicaciones plagiadas.

Según su currículum, Fernando Suárez tiene al menos dos reconocidos hasta 2005. El propio Suárez dijo ante su consejo de gobierno que tiene cuatro sexenios acreditados, lo que le reportaría 600 euros al mes además de su salario.

La encargada de conceder esos pluses es la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), de manera que es el organismo que podría hacer una revisión de oficio –por iniciativa propia o a instancia de parte– sobre si estos méritos se reconocieron sobre la base de unas publicaciones sospechosas de plagio.

eldiario.es se ha puesto en contacto con el Ministerio de Educación en la mañana del lunes y con Aneca –organismo del que espera respuesta hace 20 días– para consultar si van a tomar alguna de estas acciones, sobre lo que no ha obtenido respuesta al cierre de este artículo. Tampoco especifican si ya se han tomado o se va a dejar sin revisión.

Además, Fernando Suárez se presentó a las pruebas de habilitación nacional de catedráticos en 2007. Esa acreditación previa para escalar depende en última instancia del Ministerio de Educación. Entonces y ahora, aunque con ligeros cambios en el procedimiento administrativo.

Desde 2008 los aspirantes no tienen que presentarse a un examen, como tuvo que hacer el actual rector de la URJC. El proceso pasa solo por valorar los méritos de los profesores, una operación que llevan a medias la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) y el Consejo de Universidades, según marca el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios.

Antes de que se aprobara este real decreto, el procedimiento estaba regulado por otra normativa y constaba de dos partes: una valoración de méritos y la presentación de un trabajo “original” e “inédito”. Según la información publicada por este medio, la prueba que presentó Suárez en 2007 bajo este paraguas normativo para obtener el 'carné' de catedrático no respetaría los requisitos esenciales de originalidad exigidos.

Teniendo en cuenta esta premisa, la ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas prevé la posibilidad de que el organismo competente, en este caso el Ministerio de Educación, revise de oficio esa habilitación como “acto de nulo de pleno derecho”, confirman fuentes jurídicas consultadas.

Esta revisión puede hacerse por iniciativa propia o a instancia de parte, es decir, que la pida algún interesado, que en este caso puede ser por ejemplo un competidor por la habilitación en esa misma convocatoria. El paso previo para iniciar el proceso es tener el visto bueno –dictamen mediante– del Consejo de Estado, como contempla la ley.

El ministro Íñigo Méndez de Vigo se desentendió del asunto en el Congreso hace unas semanas y señaló a la Comunidad de Madrid como órgano competente. “La alta inspección del Estado no tiene competencias alguna. Esto escapa a lo mío”, dijo en la Comisión de Educación. En ese momento todavía no se había publicado que el rector Suárez también se sirvió del copia y pega en el examen para obtener el 'carné' de catedrático.

La Universidad Rey Juan Carlos, haciendo valer su autonomía, anunció hace más de tres semanas que abriría una comisión académica de investigación para analizar los plagios aunque a día de hoy no aclara si se ha puesto en marcha. Este martes por la mañana se celebra un consejo de gobierno, el órgano ejecutivo de la universidad, que aglutina a 50 personas. Entre el orden del día no hay ningún punto referido a los plagios o a cualquier medida extraordinaria al respecto.

El rector Suárez utilizó material íntegro sin entrecomillar ni citar adecuadamente de un trabajo de Felipe Pereda, profesor español en Harvard

"La sensación que me queda es que en España el trabajo científico se evalúa más al peso que en términos de originalidad", dice a eldiario.es

"Con qué cara les digo yo a mis investigadores que trabajen si ven que copiando se escala posiciones", se queja Enrique Soria, otro de los catedráticos plagiados

Felipe Pereda trabajó durante 14 años como profesor en la Universidad Autónoma de Madrid. Ahora da clases de Historia del Arte en Harvard, hasta donde han llegado los 10 plagios documentados del rector Fernando Suárez. En uno de esos textos construidos a base de copiar y pegar párrafos de otros hay material íntegro de la actividad investigadora de Pereda sin entrecomillar y sin citar adecuadamente.

“Muchos colegas me lo comentaron y a mí el hecho en sí no me preocupa demasiado. Lo que sí veo alarmante es que esto es un síntoma de algo. La sensación que me queda es que en España el trabajo científico se evalúa más el peso de los trabajos que la originalidad y calidad, empezando por la ANECA [la agencia nacional que evalúa]. ¿Qué tipo de trabajo estamos premiando?”, se pregunta en conversación telefónica con eldiario.es.

Fernando Suárez tiene dos sexenios por investigación reconocidos por Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) hasta 2008, organismo dependiente del Ministerio de Educación. Esto le reporta al mes un sobresueldo de 300 euros. “No conozco al rector pero me preocupa el hecho de que tendamos a hacer producto intelectual como churros para ponerlo en el currículum”, afirma.

El capítulo de la publicación en la que Suárez plagia a Pereda y a otros cinco autores va a ser retirado. Así lo confirmó la Universidad de California, editora de la publicación eHumanista que incluye este contenido, a uno de los agraviados: el prestigioso historiador francés Bernard Vincent.

Pereda asegura que esta “es una reacción dentro de la normalidad” en Estados Unidos. “Aquí es impensable colar un copia y pega en una publicación. La editorial responsable lo manda siempre a tres o cuatro especialistas del ramo para valorar si es publicable, proponer mejoras y detectar posibles plagios. Si se hace como un aquí te pillo, aquí te mato sin tiempo o sin recursos puede pasar esto”, sostiene el profesor de Historia de Arte.

Mantiene, no obstante, que lo que está ocurriendo no significa que “en España se haga lo que a cada uno le da la gana”. Y hace memoria de algunos casos de plagio que terminaron en universidades españolas con la retirada de artículos, como recientemente en la revista Hispania Sacra. “Lo que ha pasado no es el paradigma, ni mucho menos. Y creo que hay que tener bien presente que lo está aquí en juego sobre todas las cosas es el prestigio del investigador. Suárez ha destruido el valor más importante de una persona dedicada a la investigación científica”.

La ética en el trabajo

Pereda no tiene pensado demandarle. Tampoco otro de los colegas investigadores damnificados en el mismo texto de Suárez. Enrique Soria, catedrático de Historia Moderna en la Universidad de Córdoba, asegura que es la primera vez que le pasa “algo así”. “Tengo 10 libros y 100 publicaciones y me ha costado la misma vida. Me cuesta trabajar a todas horas. Ahora con qué cara les digo a mis investigadores discípulos que trabajen como bestias si luego ven que copiando a otro se escala posiciones. ¿Cómo mantienes así la ética en el trabajo?”, sostiene el investigador.

Harvard tiene una relación académica con la Rey Juan Carlos desde 2013 a través de un convenio por valor de 150.000 euros vinculado al Real Colegio Complutense (RCC), en el que también participan otras cinco universidades madrileñas. El rector Suárez aparecía como “investigador principal” en uno de los proyectos dentro del convenio de 2014 pero nunca ha pisado el campus estadounidense. Está previsto que vuelva a codirigir un seminario sobre “dignidad en la vida y en la muerte”, un tema del que no es experto, el año que viene.

El centro universitario que dirige Fernando Suárez anunció hace 20 días que abriría una comisión académica de investigación para esclarecer lo sucedido, pero a día de hoy se niega a informar sobre si efectivamente ese grupo está en marcha. Mientras, se acumulan el número de profesores y estudiantes que piden que se aparte al rector, al menos de forma cautelar hasta que la investigación dé respuestas.

Los copia y pega del rector de la universidad pública Rey Juan Carlos empezaron mucho antes de que asumiera el liderazgo de este campus de Madrid. Fernando Suárez se presentó en 2007 a las pruebas de habilitación nacional de catedráticos –ya extintas– y que consistían en demostrar méritos y conocimiento ante un tribunal de siete personas asignadas por el Ministerio de Educación. 

Si se pasaban esas pruebas, se recibía el 'carné' de catedrático. Con esa habilitación, se podía aspirar a una cátedra en una universidad concreta. Suárez se presentó en 2007, siendo ya vicerrector de la URJC, y lo aprobó. La primera prueba era de méritos, básicamente el currículo, y el segundo paso era la prueba de conocimiento. El real decreto que regulaba estos exámenes nacionales que ya no existen especifica que el trabajo debe ser “original e inédito”.

En esa prueba entregó al tribunal un texto de más de 300 páginas. Lo defendió en una prueba oral y, por cuatro votos contra tres, resultó habilitado en un examen que se celebró en la Universidad a Distancia (Uned) de Madrid y cuyo presidente fue José Antonio Escudero, hombre cercano al padre del rector Suárez –con quien comparte sillón en la Real Academia de Historia– y al propio rector.

Dos años después de ganar esa habilitación, Fernando Suárez le dedica un libro: “A José Antonio Escudero, maestro y amigo”. 

eldiario.es ha tenido acceso al texto que Suárez entregó al tribunal el ahora rector –para serlo es indispensable ser catedrático– y se puede ver que copió y pegó párrafos completos de otros autores. eldiario.es no tiene autorización para reproducirlo, tan solo la página de la foto y el índice.

Tras comprobar el texto y los de los otros autores, se ve que copió literalmente al menos 90 párrafos de otros. Al contrario que en casos de plagio anteriores publicados, donde ni siquiera citaba, en esta prueba sí usa referencias en el pie de página. Sin embargo, no usa comillas ni cursivas, que son los identificadores habituales para referir que se está copiando el texto de otro.

Tampoco cita siempre el libro, porque lo ha citado antes y ya no vuelve a hacerlo pese a que lo fusila. Otras veces (como en la foto), pone la referencia en un punto del texto, pero los párrafos siguientes también están copiados, de modo que parece que ese texto sea suyo.

Al haber más consideración en los pies de página hacia los autores, “en este caso no sería un plagio claro, pero obviamente copiar y pegar no aporta en la investigación científica y académica, es la actitud de alguien que no quiere trabajar mucho”, comenta un experto en propiedad intelectual consultado, al contrario de lo que dice el Real Decreto que pide obra “original e inédita”. En el ámbito académico a copiar y pegar como hace el rector en esta obra sí se le llama plagio, señalan varios catedráticos consultados, y es una de las peores indignidades, sostienen. 

La propia Universidad Rey Juan Carlos tiene un sistema para detectar si los trabajos de los alumnos son copia y pega, y en ese caso el alumno no aprueba.   

Entre los autores de los que calcó material está su propio padre, el historiador Luis Suárez, conocido por ser presidente de la Hermandad Valle de los Caídos y autor de la entrada sobre Francisco Franco en el Diccionario Biográfico Español, donde describía al dictador como “inteligente” y “no totalitario”. 

El hijo copia párrafos completos de 'Historia de España', dirigida por Menéndez Pidal. Usa textos sobre los Reyes Católicos, el capítulo escrito por su padre junto a Juan de Mata Carriazo. De diferentes tomos (la obra tiene dos) coge y va salteando páginas. Son palabras textuales. A veces cita al pie. A veces no. A veces cita lo mismo que citó su padre. 

Pero no es el principal copiado. Del libro de Juan Manuel Carretero Zamora La consolidación de un modelo representativo: Las Cortes de Castilla en época de los Reyes Católicos reproduce muchos más párrafos literales. Carretero Zamora es catedrático de la Universidad Complutense y experto en Castilla.

También utiliza párrafos completos del libro de César Olivera Serrano Las Cortes de Castilla y León y la crisis del Reino (1445-1474). Este autor es doctor por la Universidad Autónoma y científico en el Centro Superior de Investigaciones Científicas. De ese libro también copia un prólogo de Rogelio Pérez Bustamante. También reproduce literalmente párrafos del fallecido medievalista Eloy Benito Ruano (Toledo en el siglo XV).

El cotejo del libro

Este trabajo para el concurso de oposición fue el germen para un libro que publicó en 2009, dos años después de su habilitación como catedrático, el dedicado al presidente del tribunal de su examen. En ese volumen, titulado El origen de un Estado: Toledo, 1480, además hay más textos copiados. Según un cotejo de este libro que circula en el ámbito académico [ver abajo] también copió al historiador del XIX Manuel Colmeiro (Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla) o Miguel Pino Abad.

En la oposición de Suárez, solo él fue habilitado y quedó una plaza desierta, lo que provocó el estupor de algunos miembros del tribunal y también ha generado enfado entre algunos catedráticos, además de la reclamación de un candidato que quedó fuera. Una carta de queja enviada por un catedrático respecto a la prueba refleja que fue polémica y tensa (nota 24 y 25).

eldiario.es ha contactado con la Universidad Rey Juan Carlos para tener la versión del rector sin obtener respuesta.

Se han abierto varias recogidas de firmas diferentes para pedir a Fernando Suárez que deje su puesto tras conocerse que plagió hasta en nueve ocasiones

La promovida por una asociación de estudiantes de la Rey Juan Carlos, Rise Up, ha recogido más de 32.000 apoyos

Un centenar de docentes españoles y de otros países han apoyado la carta pública de cinco colegas plagiados y piden "medidas urgentes para apartarle"

El rector Fernando Suárez tiene a medida que pasan los días más frentes abiertos que reprueban sus plagios, nueve hasta la fecha documentados por eldiario.es. Profesores y estudiantes han abierto varios procesos de recogida de firmas online para pedir su dimisión como máxima autoridad de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Una asociación de estudiantes del mismo centro universitario, Rise Up, ha recabado más de 32.000 apoyos. “Querido rector: Por coherencia, por respeto y por decencia, solicitamos la dimisión efectiva de tu cargo, pues ahora solo perjudicas la imagen de la Universidad y siembras dudas sobre la calidad del trabajo que aquí se realiza cada día por miles de personas”, dice la petición que han abierto en Change.org, donde los universitarios dicen sentirse “enormemente avergonzados” por lo que está pasando.

Recuerdan también que “el plagio es motivo de suspenso directo para cualquier estudiante y un fraude para la comunidad académica y la sociedad” y manifiestan que “Fernando Suárez ya no cumple con los requisitos mínimos para ejercer su labor, pues un alto cargo de la administración debe tener una honestidad y una reputación intachables”.

Un centenar de investigadores se han posicionado, además, a favor de la carta firmada por cinco profesores plagiados por el rector donde los agraviados pedían su salida del Rectorado. Proceden de universidades de toda España y también de fuera, como Reino Unido, Francia, Portugal, Colombia, México, Argentina, Brasil o Perú.

“Demandamos medidas políticas y académicas urgentes para apartarle de su cargo, así como la formación de una Comisión de Investigación realmente independiente cuyas resoluciones sean tenidas en cuenta por la ANECA y el CENAI a fin de revisar sus acreditaciones y sexenios de investigación”, dice la misiva.

Los docentes critican la respuesta de las instituciones, que han ido pronuciándose tibiamente estos días. El Ministerio de Educación le pasó la pelota a la Comunidad de Madrid, cuya presidenta ha eludido pronunciarse: “Mientras la universidad no se pronuncie, el gobierno de la Comunidad de Madrid no va a opinar en un asunto que no es un asunto de gobierno”.

El consejero de Educación madrileño dice que apoya el comunicado de repulsa hacia el plagio firmado por los rectores madrileños (Cruma), aunque remite a la “autonomía universitaria”. Está previsto que la Crue se pronuncie este jueves sobre la cuestión, tras semanas de silencio.

La autonomía universitaria impide a prorio a las instituciones interferir en las decisiones de estos centros. De hecho, es el propio rector la figura competente en la universidad para incoar expedientes disciplinarios, pero eso contraviene la ley 39/2015 al ser una parte interesada en el caso. Si no dimite, le puede cesar el Claustro de la universidad, pero tienen que votar a favor de su marcha 200 de sus 300 miembros.

Rafael Van Grieken comparte el comunicado de condena de los rectores madrileños, pero se escuda en que "prevalece" es la "autonomía universitaria"

La presidenta de la Comunidad de Madrid evitó directamente pronunciarse: "El gobierno no va a opinar en un asunto que no es un asunto de gobierno"

El consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Rafael Van Grieken, ha reconocido este miércoles que comparte el espíritu del comunicado de los rectores madrileños que han condenado el supuesto plagio del rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Fernando Suárez, pero ha recordado que por encima está la “autonomía universitaria” y que debe ser el centro el que debe pronunciarse.

En concreto, ha manifestado que la “autonomía universitaria” es la que “prevalece” a la hora de gestionar el presunto caso de plagio y ha destacado que se ha creado una comisión académica que lo investiga y que una vez tenga las conclusiones, será la propia universidad la que tome “cartas sobre el asunto”.

Van Grieken ha asegurado que comparte “los principios” y el “concepto” del comunicado suscrito por los rectores de la Alcalá, Autónoma de Madrid, Carlos III, Complutense y Politécnica de Madrid, que se han mostrado “preocupados” por los casos de plagio que afectan a Suárez.

El consejero señala que “no es lícito” el “plagio” en el mundo académico y que eso precisamente han querido trasladar el resto de rectores de las universidades madrileñas sobre este asunto.

A su vez, Van Grieken ha indicado que para la Comunidad de Madrid es “importantísima” la “autonomía universitaria”, que “prevalece” en el caso de la investigación a la hora de esclarecer el presunto plagio del rector de la URJC, pues debe ser una “entidad académica” la que analice los posibles plagios de los que ha sido informada. “Desde nuestra perspectiva, respeto total y absoluto a la autonomía universitaria”, ha zanjado el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid.

Van Grieken da un paso con sus declaraciones. Su jefa Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, eludió directamente pronunciarse sobre la cuestión. “Mientras no se pronuncie la universidad, el gobierno de la Comunidad de Madrid no va a opinar en un asunto que no es un asunto de gobierno”, dijo en el programa El Objetivo.

La autonomía universitaria impide a priori a las instituciones interferir en las decisiones de estos centros. Es el propio rector la figura competente en la universidad para incoar expedientes disciplinarios, pero eso contraviene la ley 39/2015 al ser una parte interesada en el caso. Si no dimite, le puede cesar el Claustro de la universidad, pero tienen que votar a favor de su marcha 200 de sus 300 miembros.

La universidad anunció que abriría hace 20 días una comisión académica de investigación que se niega a aclarar a día de hoy si ha iniciado.

Rafael Sánchez Domingo, de la Universidad de Burgos, utilizó decenas de párrafos de la tesis de un docente de instituto y del trabajo de una investigadora

El primer damnificado, Carlos Polanco, es compañero de Sánchez Domingo desde septiembre, cuando empezó a dar clases como asociado en la institución

El rector había plagiado al propio Sánchez en un artículo de 2004, aunque él lo negó y lo exculpó: "Es repugnante la campaña de descrédito contra el rector", dijo a eldiario.es

Rafael Sánchez Domingo, el profesor de la Universidad de Burgos a quien el rector Fernando Suárez plagió, también copió y pegó decenas de párrafos íntegros de otros autores en un artículo sin atribuirlos. Aunque Sánchez Domingo es uno de los damnificados por los copia y pega de Suárez, defendió al rector, negó el plagio que le afectaba y adujo a una “repugnante campaña de descrédito” contra la máxima autoridad de la URJC. 

Ahora se conoce, como ha adelantado el Diario de Burgos, que él también hizo suyo el trabajo de otros dos investigadores en un artículo publicado en 2014, parte del simposio 'El mundo de los difuntos: culto, cofradías y tradiciones', que reunió a un buen número de investigadores en San Lorenzo de El Escorial ese año.

Según un cotejo del ámbito académico al que ha tenido acceso eldiario.es [ver abajo], el trabajo de 25 páginas de Sánchez Domingo contiene decenas de párrafos literales sin entrecomillar de la tesis doctoral de Carlos Polanco, profesor del instituto público burgalés Pintor Luis Sáez que presentó su investigación en la misma universidad –la de Burgos– donde da clase Sánchez Domingo. Desde septiembre, además, trabaja como docente asociado en la institución.

En el artículo, titulado 'El testamento castellano en el siglo XVI: institución jurídica al servicio de la muerte', también copia sin atribuir un trabajo de María del Mar Leal Adorna, profesora de la Universidad de Sevilla.

Sánchez Domingo introduce pequeñas variaciones en los párrafos: cambia tiempos verbales –“otorga” por “otorgaba” o “resulta” por “resultaba”– o modifica expresiones –de “por otra parte” a “por otro lado” o “en cualquier caso” por “en todo caso”–. Cita en seis ocasiones a Polanco en las referencias al pie –muchas calcadas también de los originales– como fuente bibiliográfica y otras tres a Leal Adorno, aunque no lo hace adecuadamente porque ni se refiere a sus trabajos cada vez que toma alguna idea ni entrecomilla la ingente cantidad de párrafos que copia y pega de ellos sin modificaciones.

eldiario.es se ha puesto en contacto con el profesor Carlos Polanco, que ha preferido no pronunciarse sobre este tema. En declaraciones a El Diario de Burgos, Polanco calificaba lo sucedido de “falta de honestidad profesional y respeto a los lectores y a la comunidad científica” y puntualiza que, aunque es lícito utilizar el trabajo de otros para “ver enfoque, ideas o puntos de partida”, no lo es “para fusilarme de esta manera porque la literalidad es absoluta”. El docente avanzaba a este medio que pondrá la cuestión en manos de los servicios jurídicos de la Universidad de Burgos.

Al rector Fernando Suárez y al profesor Sánchez Domingo, con quien eldiario.es ha contactado sin obtener respuesta, les une el Anuario de Historia de Derecho Español –el rector es director y el profesor es asesor– y varios libros en los han participado ambos. También que el rector copió, pegó y se firmó un artículo en el que había contenido literal del profesor Sánchez y que fue publicado en un libro coordinado por el mismo Sánchez. El artículo original del profesor plagiado –ahora también plagiador– se había publicado en el prestigioso Anuario de Historia del Derecho Español, dirigido por el rector de la URJC.

Rafael Sánchez Domingo cuenta con un gran número de publicaciones: artículos de revista, colaboraciones y coordinación de obras colectivas y hasta 11 monografías. También, según el portal Dialnet, ha dirigido una tesis doctoral.

Los plagios documentados firmados por el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Fernando Suárez, van en aumento. Dentro y fuera del centro educativo se mantiene el silencio. El de la Conferencia de Rectores (CRUE) y el del gobierno de la Comunidad de Madrid, del que depende esta universidad. El ministro de Educación se pronunció, tras un primer intento de evasivas, para desentenderse de sus competencias en este tema. Ni los colegas, ni la presidenta Cristina Cifuentes ni Íñigo Méndez de Vigo pueden actuar directamente, pero tampoco han mostrado su rechazo público a los copia y pega de la máxima autoridad de la Rey Juan Carlos.

La autonomía de las universidades impide a las instituciones interferir en las decisiones de estos centros educativos, y así está recogido en la Ley General de Universidades. “Están dotadas de personalidad jurídica y desarrollan sus funciones en régimen de autonomía y de coordinación entre todas ellas”, dice el artículo 2 de la norma.

Esta autonomía vela, en la práctica, por el respeto a la democracia interna de las universidades, dotadas de órganos de gobierno y participación para tomar todo tipo decisiones, como la elaboración de sus propios estatutos, la selección de personal, la admisión, los presupuestos...

El rector es la máxima autoridad de la universidad y la figura competente dentro de la universidad para incoar expedientes disciplinarios. Ninguna otra administración tiene competencias para hacerlo teniendo en cuenta la autonomía universitaria. En este caso, la parte acusada –el rector– reúne toda la capacidad para tomar esas decisiones, de manera que está afectado por una regla de parcialidad con intereses. Esto contraviene, según varios juristas consultados, la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Las mismas fuentes explican que, dado el escenario, el rector podría delegar en facultades de incoar expedientes a algún subordinado cuyas decisiones imparciales estén garantizadas. De momento, la universidad solo ha abierto una comisión académica de investigación sin potestad sancionadora y dirigida por un vicerrector cercano a Suárez.

El grupo está formado íntegramente por profesores de la URJC y emitirá un dictamen que resuelva si hubo o no plagio en los casos documentados por este medio. En cualquier caso, ese informe no tiene por sí solo efecto alguno, aseguran fuentes jurídicas.

eldiario.es se ha puesto en contacto con la URJC para detallar el alcance de las decisiones de esta comisión, pero no ha obtenido respuesta. La universidad tampoco ha informado de si ha puesto ya o no en marcha este grupo de trabajo.

Las revisiones de oficio

De no iniciarse esta vía, varios organismos pueden iniciar revisiones de oficio sobre cuestiones que están estrechamente relacionadas con los plagios documentados. La Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora –dependiente del Ministerio de Educación– es la encargada de escrutar la producción de los investigadores y concederle sexenios, que son reconocimientos que llevan aparejado prestigio y una cantidad económica mensual. Suárez tiene al memos dos sexenios, lo que se traduce en un sobresueldo de 300 euros al mes.

También podría abrir una revisión de oficio la propia universidad si ha nombrado catedrático al actual rector sobre la base de unos méritos que consideran que los plagios tiran por tierra. Basta para ello con que tenga conocimiento de los hechos, y así lo demuestra el hecho de que la universidad haya abierto una comisión académica de investigación para esclarecer lo ocurrido, explican fuentes expertas en Derecho Administrativo.

Moción de censura del Claustro

La institución universitaria tiene mecanismos para hacer mociones de censura a los rectores, y así queda recogido tanto en la Ley Orgánica de Universidades como en los estatutos de la Universidad Rey Juan Carlos. El órgano que las vehiculiza es el Claustro en cualquier momento del mandato por cuatro años siempre que la iniciativa sea presentada por un tercio de sus miembros y apoyada por dos tercios (200 personas de un total de 300, como publicó El Boe nuestro de cada día). Si sale adelante, se cesa automáticamente al rector y se convocan nuevas elecciones. En la URJC quedan seis meses para que se llame a las urnas de forma ordinaria. 

El Claustro, máximo órgano de representación de la comunidad universitaria, está compuesto por 300 miembros, además del rector, vicerrector, secretario y gerente. Los estatutos de la URJC marcan que entre sus componentes tiene que haber 205 profesores, 34 miembros del personal de administración y servicios y 61 estudiantes. Todos son elegidos cada cuatro años –toda la comunidad universitaria tiene derecho a voto– excepto los representantes estudiantiles, que se renuevan cada dos.

El Consejo de Gobierno es el núcleo de dirección de la institución y en él se sientan todos los meses los cargos más cercanos a Fernando Suárez. De los 52 miembros, 16 son designados directamente por él, a otros 16 los elige el claustro, 16 más salen del criterio de los decanos y los directores de institutos y departamentos y dos proceden del Consejo Social. Su presión sobre el rector podría forzarle a dimitir, pero ese no es el escenario actual, aseguran desde dentro de la institución, ya que su cúpula por el momento lo apoya.

En el orden del día de la última reunión, el 25 de noviembre, no figuraba nada relacionado ni con la polémica de los plagios ni con la comisión de investigación que la universidad ha anunciado que va a iniciar, pero el rector leyó un comunicado en el que niega que las evidencias demuestren que hay plagio. Suárez lo llama “disfunciones” y las justifica “porque soy humano”.

Un particular contra otro

Hay una vía más para pedir explicaciones al rector y es la que va a iniciar al menos uno de los autores plagiados, que prepara una demanda civil a Fernando Suárez por incumplir la Ley de Propiedad Intelectual. “En este caso, es un tema a instancia de parte. Los agraviados pueden demandar y llevar la cuestión por la vía civil reclamando los derechos de propiedad intelectual”, explica Carmen Fernández, profesora de Derecho Administrativo en la UNED.

Estos procedimientos están al margen de su condición de funcionario porque son de un particular contra un particular, aclaran otras fuentes jurídicas consultadas por eldiario.es, que dudan de que unos hechos de este calibre puedan terminar, sea por la vía que sea, con la inhabilitación como funcionario de Fernando Suárez.