Con la llegada Internet, Europa se dejó arrastrar por el método estadounidense, que a su vez se había dejado arrastrar por el método de Silicon Valley: implanta primero y mide las consecuencias después. Es una práctica que promovió una digitalización rápida, pero que trajo consecuencias como la extracción masiva de datos personales sin control por parte de las multinacionales digitales durante años, o la exposición de los menores a los efectos nocivos de los algoritmos de las redes sociales.

En medio de una nueva revolución, la de la inteligencia artificial, Europa ha quedado atrapada entre dos visiones. Por un lado, la estadounidense, que sigue priorizando el método Silicon Valley; y por otro, la china, caracterizada por el férreo control estatal tanto de la tecnología como de los ciudadanos. Son dos potencias que han puesto sus respectivas locomotoras a toda máquina para lograr la supremacía en la inteligencia artificial, mientras que Europa, con pocos desarrolladores destacados, apostó por la regulación.

“Europa está muy atrasada en inteligencia artificial y tiene que desarrollar su propio programa tecnológico y su propio programa industrial”, pide Manuel Castells, uno de los sociólogos más citados del mundo por sus análisis sobre cómo la revolución digital ha reconfigurado el poder, la economía y la vida social. “Pero no necesariamente como lo están haciendo Estados Unidos o China”.

“Vamos con retraso en los contenidos, los usos de la inteligencia artificial y las precauciones a tener con respecto a la velocidad con la que se está desarrollando. Porque aquí hay un tema geopolítico: la inteligencia artificial hoy en día es poder. Estados Unidos está invirtiendo mucho más que en ninguna otra tecnología o industria desde hace mucho tiempo. China también lo ha hecho, es su prioridad absoluta. ¡Incluso un país como Corea del Sur ha proclamado que quiere ser la tercera potencia del mundo! Corea del Sur, no Europa”, ha destacado.

Parte de la ciudadanía está en contra de la IA porque cree que es una máquina que los va a controlar. Pero no es una máquina, son personas. Personas con intereses económicos y políticos que, utilizando una tecnología muy poderosa, nos pueden controlar toda la vida

Manuel Castells

“Una gran parte de la ciudadanía está en contra de la IA porque cree que es una máquina que los va a controlar. Pero no es una máquina, son personas. Son personas con intereses económicos y políticos que, utilizando una tecnología muy poderosa, nos pueden controlar toda la vida”.

Castells ha hecho estas declaraciones tras la reunión del Consejo Asesor Internacional de IA, un órgano consultivo del Gobierno, del que es miembro junto a otros investigadores internacionales como Kate Crawford (cofundadodora de AI Now Institute y autora de El Atlas de la IA), Jerome A. Feldman (Universidad de Berkeley, EEUU), Luciano Floridi (Universidad de Yale), Jeroen van den Hoven (Universidad de Delft, Países Bajos), Carissa Véliz (Universidad de Oxford), Erika Staël Von Holstein (Reimaginar Europa) o Niklas Lundblad (Google).

Para Castells, hay una tercera vía entre la estadounidense y la china. “Incorporando lo que, de manera confusa pero que todo el mundo entiende, llamamos los valores europeos. Los valores de civilización y democráticos, que no sean solamente ni la ganancia de la empresa ni el poder del Estado”, pide el investigador y exministro de Universidades. “Es vital incluir los objetivos sociales y de usos positivos en el propio modelo de desarrollo de inteligencia artificial. No buscar solo la competitividad política o económica, sino la realización social y ética”.

Discernir en qué consiste esa visión “humanística” de la IA, y cómo permitir que dirija su desarrollo tanto en la industria como en la regulación española y europea, es uno de los objetivos del Consejo Asesor. Se trata de una ambición que ya quedó marcada en la ley de IA de la UE, la primera de su tipo en el mundo, aprobada bajo la presidencia rotativa de España.

Una norma que ahora Bruselas ha propuesto recortar. El objetivo, afirma la Comisión, es facilitar el desarrollo de esta tecnología en el continente. La medida, no obstante, llega en medio de una enorme presión por parte de Donald Trump y de las multinacionales tecnológicas estadounidenses.

Sería un mensaje desastroso que la primera ley de inteligencia artificial que se hace en el mundo vaya para atrás

Óscar López — sobre la propuesta de Bruselas de recortar la ley europea sobre IA

“Sería un mensaje desastroso que la primera ley de inteligencia artificial que se hace en el mundo vaya para atrás”, ha declarado Óscar López, ministro para la Transformación Digital, encargado de organizar las reuniones del Consejo Asesor y recibir sus recomendaciones. “El camino debe ser el contrario. De hecho, en septiembre, en la Asamblea General de Naciones Unidas, se acordó que se cree un grupo de alto nivel para que haya una discusión mundial sobre la inteligencia artificial y regulación, un estándar lo más internacional posible”.

El ministro ha revelado que, como impulsora de la redacción inicial, España apoya la actual ley. “El Gobierno de España está de acuerdo con simplificar pero no con desregular. Nuestra posición es 'sí' a la simplificación administrativa. Europa no puede ser un bosque de 27 leyes diferentes que compliquen el desarrollo tecnológico. Pero 'no' a la desregulación”, ha enfatizado.

El papel de España

Carissa Véliz, profesora de la Universidad de Oxford especializada en privacidad e inteligencia artificial, ha destacado el papel de España en la regulación del continente europeo y promover encuentros como el del Consejo Asesor, cuyos miembros no reciben una remuneración económica por su participación.

“España tiene una cultura muy autocrítica, y me parece muy bien y muy sano, pero también hay que identificar cuándo se está haciendo un esfuerzo por hacer las cosas mejor. Por supuesto que se cometerán errores. Por supuesto que los desafíos a los que nos estamos enfrentando son absolutamente titánicos. Pero la ética no sucede por casualidad, sucede porque alguien se sienta a pensar en qué puede pasar, qué puede ir mal y cómo lo evitamos”, ha destacado la especialista: “Estas son las conversaciones más interesantes, más filosóficas y más humanistas que se están teniendo en este ámbito. Y de eso hay que estar orgullosos”.

El cualquier caso, la profesora ha pedido no caer en el determinismo tecnológico al tratar los problemas de la inteligencia artificial. “Todos somos muy conscientes de que hay problemas a los que nos enfrentamos, que son políticos y sociales, y que la tecnología no los va a resolver. Ahí la pregunta es: ¿cómo gestionamos a la tecnología para tener esas respuestas sociales a problemas sociales?”, ha indicado.

Véliz, nacida en México y con nacionalidad española y británica, también ha destacado la encrucijada en la que se encuentra Europa. “Me preocupa, por una parte, la actitud de Estados Unidos, que ha cambiado mucho. Y me preocupa que Europa no tenga suficiente energía para plantarle cara en esa lucha constante”.

Me preocupa que no apoyemos suficiente a las empresas europeas para ser innovadoras. Yo no quiero utilizar Google. Yo quiero una empresa europea que tenga mis valores y que proteja mi democracia

Carissa Véliz

“También me preocupa que no apoyemos suficiente a las empresas europeas para ser innovadoras y para que realmente tengamos alternativas. Yo no quiero utilizar Google. Yo quiero una empresa europea que tenga mis valores y que proteja mi democracia”, ha enfatizado.

Con todo, la especialista ha querido concluir recordando que no todo está perdido. “Lo que me parece positivo es que estamos viendo más valentía por parte de las administraciones públicas de tener un frente que defienda a la ciudadanía. Y eso incluso hace dos años yo no lo veía tan claro”. “Me encanta ver el ánimo de un frente común de decir: bueno, aquí hay una democracia que defender, ¿qué vamos a hacer al respecto?”.

En el vasto currículum de Manuel Castells, una eminencia internacional en el campo de la sociología y la economía, hay todo un apartado dedicado a la política. Su carrera como investigador está marcada por la intersección entre la academia y las políticas públicas, como prueban sus textos sobre los movimientos sociales surgidos en 2011 al calor de la llamada indignación ciudadana por la crisis económica de aquellos años. En coherencia con esa vocación, militó desde joven en la clandestinidad, pasó después por el Partido Socialista y en una etapa más reciente aceptó la petición de Ada Colau para ser ministro de Universidades en el Gobierno como parte de la cuota de los comuns dentro de Unidas Podemos. Por eso sorprendió su reciente artículo en La Vanguardia en el que pedía el voto para el PSC y su presencia en el búnker electoral junto a Salvador Illa la noche del 12-M.  

“Yo no voto a políticos sino a personas que sean políticos y de los que yo me fíe, con los datos en la mano. Y por eso voto a Illa, porque he estado con él en las trincheras de la lucha contra la covid y pude observar su dedicación, su honestidad y sus decisiones siempre basadas en análisis y recomendaciones de los científicos”, anunciaba Castells en La Vanguardia el 20 de abril, en plena campaña para las elecciones del 12 de mayo, en las que finalmente el candidato de los socialistas catalanes salió vencedor. Pocos días después, el exministro aparecía en una foto junto a Illa tomada durante el seguimiento de los resultados de las elecciones, en la sede del PSC.

Ese primer artículo causó cierta sorpresa en los comuns, que interpretan el movimiento como parte de su trayectoria como independiente. Un adjetivo que subraya Castells en respuesta a este diario preguntado por las razones de su salto desde el ministerio en representación de los comuns al apoyo expreso al PSC. “Nunca pasé por los comuns, nunca fui militante ni nada, y dejé muy claro a Ada [Colau] que aceptaba su propuesta de ministro como independiente. Ella se portó admirablemente y me dejó toda la independencia”, explica sobre la decisión que lo llevó a convertirse en ministro de Universidades en el primer Gobierno de coalición desde la vuelta de la democracia. 

El sociólogo recordaba ese momento en su artículo, en el que hablaba además de Colau como la mejor alcaldesa desde su “amigo Pascual [Maragall]”, con quien, recuerda en sus respuestas, militó desde joven y en la clandestinidad en el Front Obrer de Catalunya (FOC) “que fue uno de los núcleos que en democracia formaron el PSC”. 

“Apoyé activamente a Ada en sus tres campañas municipales, incluida la última conmigo ya después de dejar el Gobierno”, recuerda Castells, que sin embargo considera que esta elección en Catalunya era “distinta”. “Creí contribuir mejor a la izquierda apoyando a Illa que es el único que puede articular un gobierno de izquierda sin excluir al independentismo de izquierda”, explica por correo electrónico. 

“Estas elecciones van de otra cosa [oponía ya en su artículo en el diario catalán]. Van de construir una coalición entre socialistas, comunes y republicanos de izquierda. Esta es la base política de la Catalunya del futuro. Y la realidad política indica que Salvador Illa es el único que la puede articular. Por votos y por templanza”.

La trayectoria de Castells, sin embargo y como explicaba en su respuesta, está vinculada al socialismo catalán. El FOC fue uno de los múltiples movimientos que surgieron como respuesta al franquismo, en el que coincidieron personajes como Maragall, Isidre Molas, Jaume Roures o Miquel Roca. Tras su disolución, en 1971, muchos integrantes se dispersaron en otras organizaciones y volvieron a encontrarse primero en la extinta  Convergència Socialista de Catalunya y, más tarde, en la fundación del Partit dels Socialistes de Catalunya. 

“Yo empecé a militar en la clandestinidad, a los 17 años, junto con Pasqual Maragall, Isidre Molas y  otros estudiantes, en el Front Obrer de Catalunya (FOC) que fue uno de los núcleos que en democracia formaron el PSC”, explica Castells. En una entrevista con este diario, daba más detalles sobre aquel episodio. “Me tuve que exiliar a los 20 años [1962]. Mis amigos del Front Obrer de Catalunya, que en parte pasó al PSC, acabaron torturados y en la cárcel. Me dijeron que me fuera a Francia. Luego me expulsaron de Francia por mi participación en el Mayo del 68. Y seguí corriendo hacia adelante”, repasaba.

En sus respuestas, recuerda además que en las décadas posteriores, en los 80 y los 90, fue también miembro del Comité Federal del PSOE, del que se alejó “sin ruido”, cuenta. Aunque estuvo, como recuerda también en aquella entrevista, “con nulo poder, más bien en términos simbólicos para apoyar un proyecto”.

Lo que vino después fue su entusiasmo por los movimientos sociales nacidos en la etapa posterior a la crisis financiera de 2008. La Primavera Árabe en el norte de África, el Occupy Wall Street en Estados Unidos y por supuesto el 15M en España. Un fenómeno sobre el que publicó un ensayo en 2012: Redes de Indignación y Esperanza (Alianza Editorial). 

“Utilicé mi condición de independiente y de conocer a distintas personas para contribuir a tender puentes. Sí que intuí que del movimiento social saldría alguna fuerza política nueva”, cuenta en la entrevista, en la que asegura que los únicos que consiguieron “capitalizar y articular políticamente” la fuerza que había quedado latente en el movimiento 15M –del que estos días se cumplen 13 años– fueron los dirigentes de Podemos.

Es esa vinculación y sus lazos con Catalunya lo que lo acerca a los comuns para que acaben proponiéndolo como su cuota para el ministerio, que dejó a mitad de legislatura “por motivos de salud y prescripción médica”. Lo sustituyó el catedrático Joan Subirats.

Castells sin embargo había labrado un vínculo en esos años con otra persona importante para entender el cambio político que se dio en España durante la última década: Pedro Sánchez, a quien recibió en su casa de California cuando el líder socialista había sido defenestrado por la cúpula de su partido y a quien animó a tratar de retomar la secretaría general, tal y como cuenta en su libro Ruptura (Alianza Editorial).

Castell también protagonizó un momento sorprendente en otras elecciones. En 2021, arropó al candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, durante el seguimiento de la jornada electoral. Pero en esta ocasión, sí ha querido exponer públicamente los motivos para mudar su posición y cambiar su voto de los comunes –a quienes reconocía públicamente su apoyo hasta hace poco– a Illa. “Quiero tomar posición pública en favor de un proyecto y una persona que nos pueden llevar por la senda del reencuentro entre catalanes, sentando las bases para una Catalunya que cuide a su gente y se proyecte en el mundo como un faro de innovación y civilidad, una referencia en las aguas procelosas en que hemos entrado”, razonaba.

Sociólogo, exministro de Universidades y copartícipe de buena parte de los movimientos sociales en España y América Latina del último medio siglo. Manuel Castells (Hellín, 1942), quien también ha participado de cerca en las transiciones digitales y ha escrito numerosos libros sobre comunicación, acaba de publicar un libro, Testimonio (Alianza Editorial) en el que da cuenta de acontecimientos históricos recientes en los que fue actor, desde el Mayo del 68 hasta el ascenso de Allende, el estallido de Chile, la revolución Sandinista o la transición soviética.

“No son memorias”, explica Castells: “Tampoco son crónicas, son mi visión como actor participante en una serie de acontecimientos con carga histórica. Hay raíces históricas en todo esto. Por eso no es un libro sobre el pasado. Es un libro sobre la pervivencia del pasado en aspectos prácticos actuales”.

“Viví Historia”, dice en el libro. ¿Cómo se llega a vivir tanta Historia y cómo se mira hacia atrás después de haber vivido tanta Historia?

En parte es por circunstancias personales. Me tuve que exiliar a los 20 años [1962]. Mis amigos del Front Obrer de Catalunya, que en parte pasó al PSC, acabaron torturados y en la cárcel. Me dijeron que me fuera a Francia. Luego me expulsaron de Francia por mi participación en el Mayo del 68. Y seguí corriendo hacia adelante.

Me politicé muchísimo, a los 16 años, cuando entré en la Universidad de Barcelona. En aquel momento era duro, pero relativamente fácil politizarse: el enemigo estaba claro, una dictadura insoportable. Era director del teatro universitario a los 17 años y me llevaron a la cárcel por representar Calígula por apología de la homosexualidad.

La represión franquista ideológica llamaba a la resistencia, y me situó en el cambio político social, que es una forma de vivir.

También fue mi propia sensibilidad, pasan cosas en todos los sitios. Y me fui orientando hasta estar lo más presente posible en todos los procesos de cambio político, social, cultural, tecnológico.

No es un libro sobre mi vida, es un libro sobre los acontecimientos históricos que de verdad fueron históricos y tuvieron una trascendencia mucho mayor que la vivencia concreta en ese momento, y en los que yo fui actor, participante activo, no solo observador. Todos los capítulos son algo en que yo, como persona, por circunstancias de la vida, en cada momento, he podido ser actor. Actor muy directo, actor junto con otros, pero actor. Eso es vivir Historia.

Y arranca con Mayo del 68. Un movimiento que se convierte en una corriente que luego llega muy lejos.

Mayo del 68 para mí fue un movimiento absolutamente típico de lo que es un movimiento social, que no es un movimiento político. Tiene consecuencias políticas, pero no es un movimiento político. No es para tomar el poder, como las indignadas no fue un movimiento para tomar el poder. Son movimientos para cambiar las mentes, la cultura de la sociedad. Y cuando esos cambios de las mentes se producen, ahí empieza un proceso lento o rápido, dependiendo de las circunstancias, en que poco a poco se van modificando los comportamientos, incluso políticos.

El movimiento de mayo prefiguró los movimientos sociales de nuestra época. No hubo Internet, obviamente, pero sí hubo todos los grandes temas: feminismo, ecologismo, antirracismo, solidaridad internacional, movimiento por la paz, crítica de los partidos tradicionales, crítica de las burocracias sindicales y crítica del capitalismo...

Usted dice que eso es algo que no entienden quienes piensan en el corto plazo o en términos institucionales nada más.

Un cambio político puramente institucional tiene corto recorrido en términos de transformación de la vida de las personas. Ahora, al mismo tiempo, cada movimiento social, como Mayo del 68 o Chile, si no tiene en algún momento una traducción institucional que afecte al sistema político y permita políticas públicas, entonces no tiene un impacto político profundo. Pero eso acaba ocurriendo siempre. Bueno o malo, pero acaba ocurriendo.

La idea de que llegas al gobierno y tienes el poder para empezar es falsa empíricamente

Usted, que ha estado en el Gobierno, ha vivido esa contradicción de que tener el Gobierno no significa necesariamente tener el poder.

Nunca se tiene todo el poder. Nadie, ningún gobierno. Pero tampoco lo tiene la clase capitalista, porque tiene que pactar con los sindicatos; y los sindicatos todavía menos. Las multinacionales tienen mucho poder, pero no todo el poder, puede haber multas; el poder militar es un poder militar, pero responde al poder político; el poder político está atenazado por el Poder Judicial; y el Poder Judicial depende de sectores políticos...

Y el poder mediático es importante. Aunque yo siempre he dicho que los medios no son un poder, sino que son más importantes: son el espacio en el que se juega el poder. No es una empresa mediática la que tiene el poder, pero crea condiciones para que los debates públicos de los que depende después el ejercicio de diversos poderes estén sesgados en un sentido o en otro. Y, en algunos casos excepcionales, con el menor sesgo posible en términos políticos para aumentar la profesionalidad.

Pero, por tanto, la idea de que llegas al gobierno y tienes el poder para empezar es falsa empíricamente.

Y para llegar al BOE hay que pactar con 14.000 cosas. Además, el Estado es una cosa muy seria. En el caso de España lleva siglos, organizándose, con controles internos: para llevar una ley al Parlamento, yo tenía que hacer 32 trámites distintos, y cada uno podía pararla. Es decir, tienes el BOE en la medida en que al final imprime una cosa que has tenido que negociar con todo el mundo, y que en algunos casos se bloquea.

Dice que los medios no son un poder, sino que son el espacio en el que se juega el poder.

Más importante todavía.

Pero, claro, el terreno de juego no siempre es igual para todos.

Ahora hay una nueva situación desde hace unos años, que la comunicación por redes sociales no controlada por los medios y no controlada, que es el gran error de muchos, por las empresas tipo Facebook o Twitter.

¿Por qué no la controlan? Porque su negocio es el tráfico. El 98% de los beneficios de Facebook es publicidad, y el 81% de los beneficios de Google es publicidad. ¿Publicidad qué quiere decir? Audiencia, cantidad y calidad de audiencia.

Además, sabemos que uno de los mecanismos científicamente probado es que la interacción polémica, contradictoria en las redes, aumenta enormemente la dosis de dopamina, que produce una satisfacción y una excitación.

En este sentido, cuando habla de Brasil, cuenta cómo ya el movimiento social que impulsa a Bolsonaro está muy fundamentado en esto que estamos hablando, en las redes.

Recordemos que Facebook nació en 2004 y el smartphone solo se desarrolló en 2007. Estamos casi, casi en la infancia de toda esa nueva era de la comunicación digital. En los años 90, empezó a haber una interacción por Internet, hubo muchos idealistas, incluido yo mismo en California, que pensábamos que esto era la democratización de la comunicación. Y en gran parte es así, porque realmente por fin la comunicación dejó de ser monopolizada por gobiernos o grandes empresas, que siempre habían sido monopolios de comunicación.

Y nos olvidamos un pequeño detalle, que la humanidad entera se metió en esto. Y hay mucho nazi y mucho sexista y mucho homófobo, y mucho autoritario y militarista: entró toda una jauría, y además, como en el caso de Brasil, fuertemente financiado y articulado por poderes, como los hermanos multimillonarios Koch, de EEUU, que financiaron el movimiento pro Bolsonaro para parar el cambio social en Brasil. Salió un movimiento llamado Brasil Livre, directamente fascista, muy bien organizado y muy bien financiado, que ganó técnicamente a través de los bots, y los primeros momentos de inteligencia artificial aplicada a la política en que veías a Lula diciendo cosas horribles. Y esto será cada vez más, conforme se va perfeccionando la inteligencia artificial.

Por tanto, los medios son el espacio de lucha de poder. Pero las redes sociales también. Lo que pasa es que no están directamente controlados por las empresas o por los gobiernos, sino que están activados, por un lado por la sociedad civil, y por otro lado por ciertos poderes fácticos que apoyan y financian sectores reaccionarios de la sociedad.

También dice en una parte del libro que la gobernanza está mediatizada por la comunicación.

Totalmente. Los reyes del mambo en cada ministerio es el equipo de comunicación. Si no aceptas esto, no puedes gobernar hoy en día. La comunicación es central. No es que primero decides y luego comunicas, sino que cada vez más, y eso para mí es un problema, se decide en función de cuál va a ser el impacto comunicativo; como decís ahora, el relato. La narrativa determina el contenido más que al revés.

Yo soy más tradicional de izquierda, y pienso en construir una política en base a objetivos políticos y de transformación social, y entonces ver cómo, desde el punto de vista comunicativo, se puede hacer más eficaz.

Pero no es así como funciona la política. Antes de pensar el contenido hay que pensar qué impacto va a tener ese contenido en la ciudadanía, y por lo tanto, a través de los medios de comunicación. La comunicación es realmente central en todo el proceso político hoy en día. Siempre lo fue, pero hoy más que nunca.

Cada vez más, y eso para mí es un problema, se decide en función de cuál va a ser el impacto comunicativo, el relato. La narrativa determina el contenido más que al revés

Habla también de Chile. En cuatro años se ha pasado de un grandísimo éxito de una izquierda que no había gobernado desde Allende, a perder las elecciones el domingo en manos de la extrema derecha.

Cuidado, no perdieron las elecciones, perdieron la elección a la Asamblea Constituyente...

Es verdad, no son legislativas ni presidenciales. En su libro dice que el Chile de Allende fue la ilusión de poder llegar al socialismo sin violencia, y fue truncado por la dictadura de Pinochet. ¿Qué está pasando ahora en Chile? ¿Acaso las grandes transformaciones chocan con tanta oposición de los poderes que impiden su avance?

Yo estuve muy directamente implicado durante años en la Unidad Popular [de Allende], y por circunstancias de la vida también estuve en los movimientos sociales chilenos del siglo XXI. En el octubre del 2019 yo estaba en la plaza Dignidad, pero no porque quisiera agitar las masas, sino porque estaba dando conferencias en Chile.

Quiero aprovechar vuestra entrevista para desmentir que yo sea un agitador profesional que se pasea por el mundo [risas].

Bueno, no sé si este libro ayuda a ese propósito...

A veces tengo esa especie de giroscopio que me orienta hacia donde pasan las cosas. Pero, bueno, hay dos cosas muy semejantes en Chile. Allende ganó con un tercio del electorado.

Con lo cual tenía 2/3 en contra.

Tenía 2/3 que no iban a apoyar un programa radical de nacionalizaciones y transformación en tres años, que Allende tampoco quería. Eso lo impuso, sobre todo, el Partido Socialista. Los comunistas eran mucho más prudentes.

Y, por otro lado, Boric sale inesperadamente de un movimiento social. Lo designaron los compañeros como candidato a él porque era el único que tenía la edad para ser presidente.

En la elección presidencial, en la primera vuelta, Boric tuvo un 24%. Lo que pasa es que en torno a una movilización antifascista, porque Kast es un pinochetista, gana con un voto histórico. Por cierto, el mayor voto que ha habido para un presidente en la historia de Chile. Por lo tanto, ganó con amplia legitimidad popular, pero no para aplicar el programa del movimiento social. Y, claro, es muy bonito y a mí me entusiasmaba la idea de que la gente normal, los indígenas, las mujeres, las asociaciones de barrios, los sindicatos, pudieran hacer una Constitución en base a una lista de peticiones a los Reyes Magos.

Y la hicieron. Y la Constituyente era muy emocionante, pero no representativa de la sociedad chilena en su conjunto. En el momento en que ese proyecto se intenta legitimar democráticamente mediante un plebiscito, surge la realidad, que la mayoría social no estaba por eso.

¿Qué lección hay en los dos casos? Que una cosa es la legitimidad de gobernar en términos más progresistas, en una trayectoria histórica que finalmente se decanta por esas políticas, en principio. Pero otra cosa es tomar un mandato electoral como un mandato para revolucionar la sociedad a corto plazo. Y eso es similar en los dos casos.

La diferencia es que en el caso de la Unidad Popular estaba la CIA y estaban los sectores mucho más radicalizados de Chile, y acabó como acabó. En el caso del Chile actual, afortunadamente Boric, inmediatamente después de la primera derrota sobre la Constitución, replegó velas, cambió el Gobierno, hizo una alianza con la socialdemocracia chilena y está siguiendo la política de avanzar lo que se pueda.

El lema que había en Chile en la Unidad Popular era “avanzar sin transar”. Y en el que tienen ahora es “avanzar transando cuando hace falta”.

Son dos lecciones muy ligadas.

El proceso constituyente en Chile era muy emocionante, pero no representativo de la sociedad en su conjunto. Cuando ese proyecto se intenta legitimar democráticamente mediante un plebiscito, surge la realidad, que la mayoría social no estaba por eso

Usted dice que la Constitución chilena era más avanzada que la sociedad, aunque emanaba de una asamblea votada por la sociedad.

Una cosa es el voto para que me representen y otro el resultado de esa representación. Y ahora pasa lo mismo. Boric ya se lo ha dicho a la extrema derecha: 'No cometan el mismo error que nosotros. Ustedes ahora pueden hacer una constitución peor que la pinochetista, o igual, pero tendrá que ir a referéndum'. Según lo que ponga en la Constitución, el referéndum lo perderán.

También se ha dicho, en este sentido de que la comunicación influye en la gobernanza, que Boric se ha visto atrapado un poco en el debate de la seguridad y de la inmigración, de una agenda que no es propia y tiene que actuar en un marco más cómodo para el oponente.

Pregúntaselo a mi Gobierno. Yo, un mes después de llegar al Ministerio, tuve que cerrar todas las universidades españolas por la pandemia. Y después, crisis económica; una guerra que nadie se esperaba, e inflación...

Gobernar es navegar un barco en las aguas turbulentas de la sociedad y de la historia. Y eso es incontrolable. Lo más importante es tener claro el rumbo, y ser muy flexible en la adaptación. Porque si mantienes un rumbo en una tempestad que no controlas, te estrellas.

Y luego las élites. Decía sobre Chile que el intento reformista se encontró con la oposición de las élites, que siempre van a estar en contra del cambio.

La derecha lo tiene muy claro. Siempre han sido lo mismo, porque trata de conservar el orden que por la historia ya está establecido. Lo tiene facilísimo. La izquierda lo tiene mucho más difícil, porque tiene que cambiar, pero cambiar a partir de sus sueños, de sus proyectos y a partir también de lo que piensen que se puede ir más deprisa o más despacio. Esa es el eterno dilema que yo he vivido una y otra vez.

Usted también recuerda en el libro cuando le llama Pablo Iglesias, el 29 de diciembre de 2019. Usted ha participado en política desde muchísimos ámbitos, incluso en algún órgano durante un tiempo en el PSOE. Pero, con el paso del tiempo, ¿usted se imaginaba recibir una llamada para entrar en un Gobierno?

No, no, directamente, no. Aunque estuve muy activo, no directamente como político sino como independiente, aunque en los años 80 y 90 estuve en el Comité Federal del PSOE, pero con nulo poder, más bien en términos simbólicos para apoyar un proyecto.

Me entusiasmé con los movimientos sociales, como en España en 2011 y sucesivos, y siempre con la idea de que esto tenía que cristalizar en alguna manera en una opción política, sin destruir el movimiento y la organización social.

Entonces, utilicé mi condición de independiente y de conocer a distintas personas para contribuir a tender puentes. Sí que intuí que del movimiento social saldría alguna fuerza política nueva. De hecho, mis amigos de Barcelona estaban en un partido muy romántico, que se llamaba Partido X, que era un partido que no tenía ni nombre ni ideología.

Y los únicos que realmente consiguieron capitalizar y articular políticamente fueron Podemos. Y ahí Pablo Iglesias ha tenido un papel histórico fundamental. Si me dicen qué actores políticos cambiaron de verdad el panorama político español: Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. Uno a nivel de articular un movimiento social; y Pedro Sánchez, por mover el trasatlántico del PSOE, que es el gran partido español.

A Pablo Iglesias no lo conocía, la verdad, pero lo fui conociendo a través de su programa La Tuerka. Simpatizaba con el hecho de que hubiera una fuerza que salía del movimiento, pero que se planteaba una política de entrar en un Gobierno progresista, de hacer una coalición. Pero no era fácil.

Y, por otro lado, hice una conexión profunda con Pedro Sánchez cuando lo decapitaron, y en 2016 estuvimos hablando en California.

Yo me convencí de que había una posibilidad de crear una alianza entre socialdemocracia y una fuerza nueva políticamente más a la izquierda, que no fueran partidos de extrema izquierda tradicionales que ya habían fracasado.

Y en el proceso intervino usted.

Tuve una interacción paralela con los dos, y vi que sí, que había un acuerdo posible. Pero en la política los egos, sobre todo tan potentes, son muy exigentes. Pero, además, yo no creo que se pueda estabilizar y cambiar España sin estabilizar y cambiar Catalunya. La cuestión catalana no es periférica, es central, y es la gran baza de la derecha. Y aprovechando mis buenas relaciones de siempre con el partido histórico del independentismo catalán, ERC, hice todo lo que pude con una aproximación no explícita, pero implícita, de Esquerra a ese proyecto.

Y Pablo hizo lo mismo con los vascos, con Bildu, pero también, con alguna influencia indirecta, con el Partido Nacionalista Vasco.

Es decir, y ahí coincido con Pablo Iglesias, para mí el bloque de cambio real de una España multinacional que nunca se ha reconocido es la socialdemocracia, la izquierda de la socialdemocracia y los movimientos democráticos, en algún caso de izquierda, de las nacionalidades y regiones. Ese es el bloque. Y es por eso que a menos que se suicide la izquierda, pueden volver a ganar las elecciones, porque hay un bloque de 45 diputados más o menos que nunca van a votar a un gobierno PP-Vox que recentralice a sangre y fuego el país. Eso es clave. Eso se olvida.

Contribuí, muy modestamente, a través de las relaciones personales. La gente se fía de mí porque soy independiente. Nunca me he beneficiado de una carrera política

Yo no soy independentista, pero siempre he estado por el derecho a decidir de Catalunya, como los comunes, que son la gente a la que voto, que es distinto a estar por la independencia.

Además, creo que se han perdido ocasiones extraordinarias de integrar democráticamente el movimiento independentista, como pasó en Quebec y en Escocia. Déjenlos votar. Van a votar y no va a haber nunca una mayoría en la soledad de la urna de decir sí a la independencia de Catalunya.

Se puede jugar a ser mucho más democrático y abierto, a incrementar la autonomía, pero sin negar el derecho a decidir, que es en realidad lo que están pidiendo todos los independentistas. No están pidiendo la independencia, sueñan con la independencia.

Yo sí que contribuí, muy modestamente, a través de las relaciones personales. La gente se fía de mí porque soy independiente. Nunca me he beneficiado de una carrera política y se fían.

En el momento clave de la moción de censura, varias personas pudimos influir en algo, que es lo único que fue un hecho histórico en el que yo participé en la política española.

El hecho histórico no es mi participación o lo que yo hice en la universidad, en realidad lo ha hecho mi amigo Joan Subirats. Sino el hecho histórico es la constitución de un Gobierno de coalición progresista, con la socialdemocracia, la izquierda y con apoyos parlamentarios de los nacionalismos democráticos. Eso no había ocurrido nunca. Y no existe en Europa tampoco. La gente no se da cuenta, pero eso es historia.

Cuando me propusieron por casualidad formar parte de ese gobierno, que me venía muy mal personalmente, entre otras cosas por temas de salud, dije que sí porque era realmente por lo que yo había estado trabajando.

Tiene ese enganche histórico con el Pacto de San Sebastián que impulsó la llegada de la Segunda República.

Exactamente. La historia persiste.

¿Y cómo ve esta disputa en el espacio político entre Sumar y Podemos? ¿Qué cree que pasará?

Me sigo llevando bien con todos, pero en los momentos históricos que yo he vivido en distintos países nunca puedo desechar lo que llamo el deseo de muerte de la extrema izquierda. La polémica entre Podemos y Sumar no tiene ningún sentido ideológico, y es un suicidio táctico y estratégico. Es tan sencillo como esto. No se trata de que desaparezca Podemos o los partidos, sino de que el conjunto de fuerzas que suman articulen una coalición electoral con un programa. La cuestión es muy sencilla: o eso se hace y entonces gana otra vez un gobierno de coalición progresista, o no se hace y gana una derecha extrema con una extrema derecha.

Hay incentivos para el acuerdo, entonces.

Sobre todo hay desincentivos, por eso hablo de deseo de muerte. Es que te mueres directamente como consiga llegar la derecha reforzada por quien manda de verdad en el PP, que es Ayuso, que es derecha de la derecha, más Vox, que es necesario para gobernar.

Estamos, afortunadamente una Europa democrática. Pero cuidado. Son peligrosos. Son muy peligrosos.

Entonces, es evidente que tienen que pactar, ir juntos. ¿Y por qué no lo hacen? Son luchas de poder. No se trata de programas estratégicos. Se trata de listas electorales y reparto de fondos.

Todo el mundo lo sabe, he estado siempre con Yolanda Díaz en toda esta historia, y creo profundamente que acabará habiendo un acuerdo.

En los momentos históricos que yo he vivido en distintos países nunca puedo desechar lo que llamo el deseo de muerte de la extrema izquierda

La cuestión es que Podemos quería hacer el acuerdo ahora para no hundirse en las municipales, porque se va a hundir si no hace nada. Mientras, por el otro lado, hay un ambiente que dice: 'Bueno, Podemos, ¿tú eres el gran partido? Vamos a verlo. Hay unas primarias que se llaman elecciones municipales y autonómicas'.

Y esto a Podemos no le interesa. Quiere llegar a un acuerdo antes para poder ir con más fuerza a la negociación de reparto de poder potencial.

Y hay otra cosa que creo que está jugando en política: nunca se puede despreciar el aspecto personal y los conflictos personales y las heridas del pasado. Y ahí hay una herida personal, que es la la gran discusión y separación entre Pablo y Errejón.

Mi esperanza es que después de las batallas municipales y autonómicas se construya un proceso de hablar seriamente entre amigos y compañeros y compañeras que acabe a tiempo, no el último día como Andalucía, que se vio el desastre, con una coalición electoral sobre un programa y unos acuerdos de reparto de listas y de fondos que tendrá que haber.

Parece ser la condición de posibilidad para revalidar el Gobierno.

Pero yo diría que es más que revalidar, es relanzar. Este Gobierno tuvo que manejar tempestades simultáneas una tras otra, y yo no sé ni siquiera cómo ha sobrevivido.Y con una derecha que se olvidó de todo excepto de ir a destruir esta coalición, porque lo ven como un peligro.

Mientras fuera la alternancia PP-PSOE, PSOE-PP estaba bien. Y están intentando otra vez la misma política, por eso fueron a por Pedro Sánchez. Es decir, hacer una alianza con sectores de derechas del PSOE, que hay muchos. Por ejemplo, un Lambán, que para mí no es socialista ni socialdemócrata, y con un sentimiento anticatalán que ni Ciudadanos. La derecha está jugando otra vez a romper el PSOE. Y ahí es donde yo veo un temple excepcional de Pedro Sánchez, que si sobrevive a los atentados políticos y las trampas que le hacen constantemente puede llegar a ser un gran líder, no solo español, sino europeo e internacional. De momento es presidente de la Internacional Socialista, y la cara del PSOE en América Latina en este momento es francamente progresista.

Hay una prueba de fuego para Pedro Sánchez, que si la supera y gracias a que Sumar sume, puede reeditar un gobierno de coalición progresista que puede haber un salto cualitativo pasadas las grandes crisis.

El Gobierno también juega con un aval con el que la derecha española seguro que no contaba, y es el de Bruselas.

Es que realmente la Comisión Europea es seria. ¿Ellos que ven? Doñana. Yo hace 30 años hice el Plan de Desarrollo Sostenible de Doñana por la misma historia que la Comisión Europea le dijo a la Junta de Andalucía: 'Os vamos a quitar los fondos europeos'. E hicimos un plan, que consistía en cerrar los pozos, porque si no se cierran los regadíos ilegales no hay manera; y en crear una serie de iniciativas para puestos de trabajo alternativos.

Se pueden hacer muchísimas cosas. Pero en cuanto la derecha llega al poder nacional y autonómico, se dedican a cargarse Doñana por votos y por demostrar quién manda en los sectores rurales. Además, es un asunto muy profundo, porque son los pobres contra la sostenibilidad. Es gravísimo.

Ahora que habla de este estudio sobre Doñana, en el libro menciona también cómo ayudaron a formar a los municipios sandinistas en la Nicaragua de 81, más o menos de aquella época hay un libro para las elecciones municipales de Madrid, en el que colabora...

Tamames.

Eso. Iba a decir otros, pero también Tamames.

Sí, bueno, a Tamames le monté yo un muy buen equipo de urbanistas.

¿Cómo recuerda aquello?

Decidí no hacer ningún capítulo sobre la transición española porque hay tantos, cientos y miles de personas que podrían contarlo todo mucho con más conocimiento.

Pero las elecciones municipales de Madrid, donde se produjo la inflexión, fue un gran triunfo democrático. Son las primeras elecciones democráticas municipales, excepto durante la República y en condiciones muy traumáticas y muy extremas. Fue un gran triunfo de la izquierda y en base a políticas municipales y urbanas muy innovadoras, que desarrolló un grupo de arquitectos comunistas fantástico que yo me encontré y con los que Tamames no tenía contacto.

El marido de Manuela Carmena estaba ahí también.

Su marido y gran urbanista Eduardo Leira; el gran líder de todos ellos, Eduardo Mangada. Eran gente de primerísimo nivel internacional. En el mundo se estudiaron y se estudian. El programa municipal que presentó Tamames era un programa de lo más avanzado que he visto. Pero, detrás, había un movimiento ciudadano activo.

Volvemos al principio de la conversación.

Exacto. Es que no es por casualidad. Había un movimiento ciudadano que era donde yo participaba. En el aspecto político del movimiento ciudadano hay un movimiento muy potente que movilizó para ese programa. ¿Y qué pasa? Gana la izquierda, con un gran porcentaje de hasta el 15% de los comunistas, y lo primero que hace la izquierda es desmantelar el movimiento ciudadano...

...las asociaciones de vecinos.

'Ahora son los partidos y ya está, lo otro es populismo', decían. Y ahí se acabó, porque el tejido social era eso, distinto de Barcelona. En Barcelona siguió habiendo un movimiento ciudadano importante, asociaciones de vecinos, estructuras de participación.

Pero en Madrid se lo liquidaron en cuanto pudieron, y eso, otra vez, es la demostración de que los movimientos sociales son esenciales para un cambio. Tienen que llegar de alguna manera a institucionalizar la política, pero tienen que seguir existiendo con una política de tipo distinto: el monopolio de poder por parte de los partidos es la muerte de la base que lo sustenta.

En el libro recuerda cuando estuvo en la URSS a mediados de los 80, y luego cuando volvió como asesor para la transición. ¿La forma en que se hizo esa transición tiene que ver con la Rusia actual y la guerra de Ucrania?

De repente, nos dimos cuenta de por qué no nos hacían caso cuando nos habían llamado: porque querían simplemente una cobertura de gente respetable e internacional para hacer lo que de verdad querían hacer, que era quedarse con todas las propiedades del Estado y repartirlo entre sus amigos. Realmente era un pillaje total.

¿Cómo organizar un sistema que permita mantener todo eso pero de manera más estable? Una nueva ideología: el nacionalismo ruso. ¿Y quién sabía de esas cosas? La KGB. Entonces, ahí aparece Putin. La raíz de todo eso, la descomposición que hubo en la transición soviética, genera un estado mafioso, pero controlado por el KGB, que se asienta en el poder del proyecto imperial, ni siquiera imperial soviético, imperial de Pedro el Grande. Y reconstruir el Imperio. Y se lo cree de verdad. Tenemos Rusia y Putin ultranacionalista para tiempo.

El ministro más atípico del Gobierno, el que desde el primer día criticó la creación de la cartera de Universidades que él mismo iba a ocupar desgajada de Ciencia, se va. Manuel Castells, sociólogo de prestigio internacional, de 79 años, deja el ministerio. Persona de energía sin fin, se marcha por motivos personales, con la salud delicada y el trabajo a medias: deja la reforma de la ley de Universidades enfilada, pero sin aprobar. Su gran reto, acabar con la precariedad de buena parte del profesorado universitario, castigado estos años de crisis, tendrá que concluirlo su sucesor, que será Joan Subirats.

Castells aterrizó en el Ministerio de Universidades como parte de la cuota de Unidas Podemos en el Gobierno, en concreto a propuesta de los Comuns de Ada Colau. Su perfil, un independiente con gran bagaje académico pero alejado de la universidad española en los últimos años –era profesor en la norteamericana Berkeley–, no fue bien acogido por todos. Pero durante los dos años largos que ha estado en el ministerio se ha ganado a estudiantes y rectores, al menos en sus formas. No tanto a los profesores, especialmente a los asociados, esos a los que quería sacar de su precariedad, que nunca se convencieron de las propuestas del Gobierno. El último proyecto que tramitó, la reforma de la ley de Convivencia Universitaria, le alejó sin embargo de profesores y estudiantes, que sintieron traicionado el acuerdo que habían alcanzado cuando se modificó en el Congreso antes de su aprobación definitiva.

La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) ha publicado una nota en la que califica su relación con Castells de “sumamente intensa” y, “aunque las visiones han sido en ocasiones discrepantes, hoy, desde Crue se quiere agradecer a Manuel Castells su sincera y honesta labor”.

El ya exministro fue acusado durante la pandemia de estar desaparecido, aunque la CRUE sostiene que “especialmente positiva ha sido la colaboración mantenida con todo su equipo durante la difícil situación vivida”. Poco amigo inicialmente de las comparecencias, cambió de parecer por las críticas recibidas –o le hicieron cambiar de parecer–, pareció asumir que de nada sirve el trabajo en política si no se comunica y empezó a dejarse ver, dar ruedas de prensa y entrevistas más a menudo. Porque Castells estaba trabajando. En media legislatura consiguió pactar con las comunidades una rebaja de las tasas universitarias, tanto de grado como de máster, que se habían disparado tras la anterior crisis, realizó junto al Ministerio de Educación una reforma de las becas, que se ensancharon, aprobó un normativa redefiniendo –y endureciendo– los requisitos para que un centro se considere universidad, reordenó los estudios universitarios, está en proceso de agilizar las homologaciones de títulos extranjeros y, sobre todo, deja aprobada la reforma del sistema universitaria en el Congreso de Ministros, aunque la tramitación se le ha torcido en los últimos meses. El Ministerio ha informado de que ha sacado adelante 23 leyes o Reales Decretos en estos dos años.

El ministro, que presumía hace unas semanas de que tiene los apoyos suficientes como para aprobar ya mismo la ley, estaba tratando de cuadrar un texto que satisfaga a todas las partes. Por ello tuvo que realizar varias cesiones, como la iniciativa que había propuesto de que los rectores pudieran ser elegidos mediante un comité y no por sufragio universal, entre otras cuestiones que rechazó la comunidad universitaria.

El currículum de una eminencia

El currículum de Castells es el de una eminencia. Hasta 75 páginas que resumen una carrera académica de medio siglo, que incluye docencia en la Universidad de Berkeley (California) –donde es catedrático emérito de Sociología– o en la Universidad de París, etapas como visitante en centros como el Massachussets Institute of Technology (MIT) o la Universidad de Oxford y, en la actualidad, la cátedra de Sociología en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), a la que se incorporó en 2001. En el ámbito de la investigación, y más allá de sus publicaciones, ha sido fundador del consejo científico del European Research Council de la UE. 

Pero su larga trayectoria, como la de tantos intelectuales españoles de su generación, arranca en su etapa como estudiante. Militante antifranquista, tuvo que exiliarse en la década de los 60 en Francia, donde estudió con el sociólogo Alain Touraine, fue joven profesor de la Universidad de París y vivió desde dentro el Mayo del 68, con el líder estudiantil –ahora político de los Verdes– Daniel Cohn-Bendit como alumno.

De la capital francesa saltó a Berkeley, donde se estableció durante años y desarrolló sus estudios sobre movimientos sociales urbanos y, ya en los 90, sobre la sociedad de la información y el poder de las redes y la tecnología. De sus 26 libros publicados, el más reconocido es la trilogía La era de la información: economía, sociedad y cultura (1996-1998).

En paralelo a una carrera repleta además de 'honoris causa', cátedras eméritas y premios por todo el mundo –entre ellos, la Creu de Sant Jordi (2006) y el Premio Nacional de Sociología y Ciencia Política (2008)–, Castells adquirió popularidad en España con la eclosión del 15-M, que le acercaría con el tiempo a la órbita de los 'Comuns'. Fue entusiasta y también estudioso de esa enmienda ciudadana al poder político y económico, bien a través de sus artículos en La Vanguardia o de posteriores publicaciones, algunas de ellas como director del instituto IN3 de la UOC en el que participó el equipo de 'Datanalysis 15M'. Siempre interesado en el papel de las redes y de internet dentro del movimiento, llegó a asesorar al efímero Partido X.

Moderando el discurso

Castells fue moderando su discurso según pasó los meses en el ministerio. Empezó su etapa como ministro acaparando titulares desde que el primer día criticó a su empleador, el presidente Sánchez, por separar los ministerios, o cuando no tuvo reparos en admitir en su primera comparecencia en el Congreso que es “un escándalo” la precariedad de algunos profesores en la Universidad. En la última entrevista que realizó con este diario se le notaba más comedido, dándose incluso un poco de tiempo antes de contestar a alguna pregunta y midiendo más sus palabras.

Desde el Ministerio han recordado que “su prioridad desde el minuto uno” ha sido “la democratización en el acceso a la universidad”, sentido en el que iban todas las medidas que han aprobado. Fuentes de la cartera que dirigía hasta este jueves han explicado que su renuncia ha sido “una decisión reposada que ha tomado por motivos de salud y prescripción médica”. En una entrevista con este diario hace tres meses ya anunció que no repetiría en el cargo. No le ha dado tiempo siquiera a completar la legislatura.

Joan Subirats (Barcelona, 1951) se había visto obligado a jubilarse de la Universidad este verano, cuando dejó la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona. Pero la vida laboral de este catedrático de Ciencia Política de la Autónoma de Barcelona, uno de los cerebros de los comuns, tiene un último capítulo. Subirats sustituirá a Manuel Castells al frente del ministerio de Universidades.

El nuevo titular del ministerio comparte con su antecesor una trayectoria académica de prestigio, pero su perfil es más político. Además de haber ocupado ya puestos de gestión y de salida en las listas electorales, Subirats es una figura reconocida e implicada en el mundo de los comuns desde el origen de la formación allá por 2014.

Politólogo y catedrático de la UAB especializado en gobernanza de instituciones y políticas públicas, Subirats, además de uno de sus ideólogos, llegó a ser portavoz del proyecto Guanyem, embrión del actual partido de Ada Colau. De plena confianza de la alcaldesa de Barcelona, pasó de la teoría a la práctica en 2017, cuando ocupó el comisionado de cultura de la ciudad.

Su ascendente sobre la formación se plasmó primero en el tándem electoral que hizo con la alcaldesa en las municipales de 2019 y después, una vez Colau revalidó la vara de mando, en su ascenso a sexto teniente de alcaldía, responsable de las áreas de Cultura, Educación y Ciencia en el Ayuntamiento de Barcelona entre 2019 y 2021.

Obligado a jubilarse a los 70 años de la Universidad, el pasado verano dejó también su puesto institucional, pero ello no le impidió seguir siendo una de las voces de referencia de este espacio político desde distintos medios de comunicación, entre ellos elDiario.es.

De su paso por el consistorio barcelonés destaca su papel como ideólogo, entre otros proyectos, de la bienal barcelonesa de pensamiento, filosofía, artes vivas, al estilo del Festival de Filosofía de Módena (Italia), que la capital catalana estrenó en octubre de 2017 con un gran éxito de público y que repitió en 2020 aunque con un formato reducido debido a la pandemia.

Lector voraz y gran melómano (acude al Liceu desde hace años), este hijo de lecheros del Raval ya militó en su juventud en los ambientes más progresistas de Barcelona, primero en Bandera Roja y luego en el PSUC. Llegó a estar encerrado en La Modelo por su militancia antifranquista en la Assemblea de Catalunya.

La mayoría de su carrera profesional se ha desempeñado en el ámbito académico. Ha sido profesor visitante en diversas universidades europeas e internacionales y fue el fundador y director entre 2006 y 2009 del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas (IGOP) de la Autónoma de Barcelona. También es autor de numerosos libros de municipalismo, gobernanza y políticas públicas.

Padre de tres hijas, su primer contacto con Ada Colau se remonta a la época en la que la actual alcaldesa era la cara visible de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). El interés de Subirats por los movimientos sociales le llevó tanto a interesarse por el movimiento 15M como a conocer a la que años después sería su jefa en el Ayuntamiento. Ahora afronta el reto de terminar la reforma iniciada por Castells y que soliviantó a buena parte de la comunidad universitaria.

La LOSU le espera en su despacho

El principal reto que se va a encontrar Subirats encima de la mesa cuando desembarque en su despacho del Paseo de la Castellana será acabar de sacar adelante la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). Su antecesor Castells deja el trabajo enfilado: la primera versión del texto se aprobó en el Consejo de Ministros el pasado 31 de agosto.

Pero el anteproyecto se encontró con la oposición de rectores, estudiantes y al menos una parte del profesorado a ciertos aspectos. Cuestiones como la posibilidad de que se designase un comité para elegir al rector, con una cierta semejanza en el proceso a una contratación laboral, o la menor representatividad en los órganos de gestión universitaria que decían sentir los estudiantes alejaron a Castells de estos colectivos y encallaron la ley. Los profesores asociados, los más precarios de todos los docentes universitarios, tampoco estaban satisfechos con las propuestas de la ley para mejorar su situación, pese a que acabar con su situación laboral había sido una de las grandes apuestas del ya exministro.

Tras la previsible y futura aprobación de la LOSU –Castells afirmaba que tenía los apoyos necesarios para sacarla adelante y que si no lo había hecho ya fue en busca de más consenso con rectores y estudiantes–, el siguiente asunto para Subirats será sacar adelante el estatuto del personal docente e investigador (PDI, los profesores de universidad), quizá el gran debe en la gestión del ministro ya retirado.

Castells llegó a mover algo parecido a un borrador del texto, aunque nunca se presentó formalmente a los sindicatos y finalmente él mismo optó por retirarlo para centrarse en aprobar primero la LOSU para luego incluir en ella el estatuto. Los sindicatos denuncian que el estatuto debería estar aprobado desde 2012, según la ley todavía vigente, y que Castells no lo desarrolló porque no estaba de acuerdo con lo que había pactado el exministro Ángel Gabilondo y prefirió hacer otro texto nuevos.

El ministro de Universidades, Manuel Castells, abandona el Gobierno de coalición, según han confirmado fuentes de su entorno a elDiario.es. Castells, miembro del gabinete de Pedro Sánchez a propuesta de Unidas Podemos, dejará de formar parte de la coalición casi dos años después de su incorporación “por motivos de salud y prescripción médica”, según fuentes de su departamento. Castells le comunicó su “decisión reposada” tanto a Sánchez como a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, “hace unos días”. Le sustituirá el catedrático y exconcejal de Barcelona Joan Subirats, tal y como el presidente ha comunicado ya al jefe del Estado.

Castells, de 79 años de edad, entró al Gobierno impulsado por los comunes de Ada Colau, aunque mantenía también relación previa con el presidente del Gobierno. Castells llegó al Ejecutivo desde el ámbito académico internacional en el que publicó investigaciones sobre sociología urbana, movimientos sociales y tecnologías de la información que en su día le valieron para convertirse en un teórico de referencia para el 15-M y sustituyó en la cartera de Universidades al astronauta Pedro Duque, que al formarse la coalición se quedó solo con las competencias de Ciencia. Al recoger la cartera de su antecesor aseguró que no estaba de acuerdo con la “separación” del Ministerio. A pesar de ser propuesto por Unidas Podemos, ha sido un verso suelto, como demostró el 4 de mayo, cuando arropó al candidato socialista Ángel Gabilondo en la noche electoral de los comicios madrileños y no al líder de Podemos, Pablo Iglesias.

Ha sido uno de los ministros con menor proyección pública, aunque deja encarrilada la ley de universidades, el proyecto más relevante de su departamento. El anteproyecto de Ley del Sistema Universitario pretende luchar contra la precariedad docente y la endogamia, fomentar la equidad, asegurar una financiación estable y cambia los requisitos para ser rector. No obstante, Castells tuvo que rebajar sus intenciones iniciales y retirar algunas de sus propuestas más cuestionadas como que los rectores pudieran ser elegidos mediante un comité, entre otras. En una entrevista en elDiario.es definió la norma como “la más feminista de la historia”. Durante su mandato también ha puesto el foco en universidades privadas a distancia que no cumplían unos mínimos de investigación y docencia. En su departamento destacan también “la ampliación de las becas universitarias, tanto en cuantía como en número de beneficiarios así como la reducción de las tasas, eliminando el sistema de horquillas impuesto por el exministro Wert”.

Su sustituto también será una persona de la máxima confianza de la alcaldesa de la ciudad condal: Joan Subirats (Barcelona, 1951), catedrático en Ciencia Política, fue hasta hace unos meses concejal de Cultura y Educación de la corporación municipal. Tiene una mayor relación previa con la política que su antecesor. Además de su experiencia en el Ayuntamiento de Barcelona, estuvo en el nacimiento de En Comú Podem y participó de diversos movimientos sociales.

Columnista de elDiario.es, es especialista en temas de gobernanza, gestión y análisis de políticas públicas, así como en problemas de innovación democrática y sociedad civil.

El relevo en la cartera de Universidades será el cuarto cambio en el Gobierno desde que echó a andar la coalición en enero de 2020. El primer cambio puntual fue por la salida de Salvador Illa al concurrir a las elecciones catalanas y supuso la entrada de Miquel Iceta en Política Territorial en sustitución de Carolina Darias, que asumió Sanidad. Unos meses después abandonó el Ejecutivo el vicepresidente Pablo Iglesias, a quien relevó Ione Belarra como titular de Derechos Sociales y Agenda 2030 y Yolanda Díaz en la vicepresidencia.

Sánchez llevó a cabo una profunda remodelación del gabinete en julio de este año que solo afectó al ala socialista. Las normas de las que se dotó la coalición en el arranque de la legislatura establecen que el peso de ambas formaciones siempre tiene que ser proporcional y que Unidas Podemos decide los cambios que afectan a sus carteras.

El Claustro de la Universidad de Sevilla ha aprobado este jueves una declaración sobre el anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario en la que reclama al Gobierno que la nueva norma que impulsa el ministro Manuel Castell “no reduzca ni condicione” el grado de autonomía de las instituciones académicas, que permita a los claustros decidir en los nuevos estatutos cuál es el modelo de elección del rector y que incluya un compromiso “concreto” en materia de financiación en forma de un plan de incremento del gasto público, con “la garantía de que se alcance la media de inversión pública de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en los próximos diez años”.

Tras más de dos horas de debate, y con un apoyo de 120 síes (82%) frente a seis noes y 21 abstenciones (claustro lo componen 280 miembros), el rector Miguel Ángel Castro ha sacado adelante una declaración que venía marcada por el debate abierto, de nuevo, por una parte de los claustrales en relación al sistema de elección del rector, que, en el caso de la US, es por el Claustro. Sevilla es la única universidad de España que no ha optado por el sufragio universal ponderado, lo que equivale a la elección del rector por el conjunto de la comunidad universitaria.

Castro ha traído al Claustro un borrador de declaración con el objetivo, ha defendido, de “alcanzar un acuerdo en dos aspectos nucleares” para el futuro de la Universidad. “Que dejen a las universidades elegir el camino”, ha dicho, en referencia al sistema de elección del rector. No obstante, el máximo responsable de la US ha presentado un texto para su incorporación a la declaración para que el Claustro redacte los nuevos Estatutos, en el plazo de dos años una vez entre en vigor la Ley de Universidades, y, posteriormente, “sea la comunidad universitaria la que decida por sufragio universal ponderado” su refrendo. “Ponemos al Claustro al mismo nivel que el Parlamento y le damos la palabra a la comunidad universitaria en la ratificación” de los Estatutos, ha remarcado el rector de la US en varias de sus intervenciones durante el debate.

“Injerencias de los poderes políticos”

El catedrático de Económicas Luis Ángel Hierro, una de las voces más críticas estos años con el sistema de elección del rector por el Claustro, ha considerado esta incorporación como “un empujón más” –tras el de acompasar las elecciones al Rectorado con las elecciones a Claustro– en un asunto que la US lleva “años intentando sacar a empujones”. “Algo que hacen todos los demás será por algo”, ha señalado Hierro, aludiendo al sufragio universal en todas las universidades españolas para elegir rector. Los claustrales que han respaldado la declaración institucional lo han hecho argumentado que hay que mandar al Gobierno de España un “mensaje claro” y de “unidad” frente a las “injerencias de los poderes políticos”.

En el texto de la declaración se subraya que “el Claustro considera que deben ser las universidades las que decidan, en un marco legal flexible y asegurando la participación de la comunidad universitaria, tanto el tamaño y la composición de sus órganos colegiados de representación y gobierno, como la forma o sistema de elección de los órganos unipersonales de gobierno”, al tiempo que, sobre el sistema de elección apunta que “parece poco adecuado y rígido tanto el modo de elegir a los decanos o directores de centro, como la propuesta del modo de elección del rector. En consecuencia, el Claustro de la Universidad de Sevilla reclama la inclusión de distintos sistemas democráticos de elección de la dirección de centros y departamentos, así como del rector, asentados todos en la participación y representación de los distintos sectores de la comunidad universitaria y que sea ésta, en ejercicio de su autonomía, quien decida en el Estatuto cuál es la opción adecuada para el mejor gobierno de sus centros y de su universidad ”.

Financiación y Ley de Convivencia

El rector de la Universidad de Sevilla, igualmente, ha explicado en su primera intervención al arrancar el Claustro que va a elaborar un documento, que “confía” que sea respaldado por el resto de sus homólogos en las universidades andaluzas, sobre la propuesta de presupuesto de la Junta de Andalucía para el sistema público andaluz. Ese informe, en el que quedará refleja la “necesidad” de inyectar 280 millones de euros más al presupuesto para universidades para 2022, se presentará a todos los grupos políticos del Parlamento andaluz.

En relación a la propuesta de Ley de Convivencia, sobre la que los estudiantes de la US están convocados por el Consejo de Alumnos a una asamblea –pendiente de ratificación oficial– el próximo 18 de noviembre para acordar un posicionamiento, Castro ha sorteado hacer un pronunciamiento expreso, pero sí ha recordado que el texto final ya estaba consensuado entre el Gobierno, universidades y estudiantes y que ahora las enmiendas presentadas por los grupos políticos que conforman y apoyan al gobierno (PSOE, Podemos y ERC) “lo tumban”.

La formación dual desembarca poco a poco en las universidades españolas. Este modelo, implantado desde hace años en la Formación Profesional y también en universidades vascas y catalanas, que consiste básicamente en poder recibir parte de las enseñanzas directamente en una empresa, cuenta ahora con cobertura legal para todo el sistema. El real decreto de organización de las enseñanzas universitarias, aprobado a finales de septiembre, abre la puerta definitivamente a esta opción. 

Aunque hay un puñado de universidades españolas que ya venían explorando esta vía formativa, con mayor implantación en ámbitos técnicos e industriales, el decreto establece un marco general para todos los campus que quieran desarrollarlo. Las titulaciones oficiales podrán tener una mención dual siempre que el porcentaje de créditos que se desempeñen en la empresa –u otras entidades colaboradoras, como la Administración– sea de entre el 20 y el 40% en el caso de los grados y del 25 al 50% en los másteres. Además, se deberán cumplir otros requisitos, como la firma de un convenio entre ambas partes, en la que se fije el proyecto formativo y los mecanismos de tutoría y de supervisión, y la existencia de un contrato y una remuneración para la actividad laboral que lleve a cabo el estudiante.

Este modelo bebe sobre todo de la experiencia de la Formación Profesional Dual, muy presente en países como Alemania o Francia y que ha ganado adeptos en España en la última década, sobre todo por la mayor tasa de inserción laboral que garantiza. En tan solo dos cursos –con datos del 2019 y 2020–, el número de estudiantes de esta modalidad ha aumentado un 46%, de 22.586 a 32.919, con más de 1.000 institutos involucrados. En Grados Superiores como Industrias Alimentarias, Química o Fabricación Mecánica, los de la dual suponen entre el 13 y el 15%, pero es que en comunidades como Catalunya este porcentaje ya supera el 20% de media en todos los estudios.

En la universidad, los datos son testimoniales, pero van al alza. En Murcia, sus tres campus trabajan para grados duales de cara al curso 2021-2022. En la Universidad de Burgos existe una formación dual a través de la cátedra de la patronal del metal. En Catalunya ha sido la Universitat de Lleida (UdL) la que ha abierto camino con dos grados y cuatro másteres duales, vinculados a una cincuentena de empresas. Y luego está el País Vasco, que ha desarrollado un protocolo para validar estos estudios a través de su agencia de calidad del sistema universitario, UNIBASQ, y dispone este curso de 41 de estas titulaciones (27 de grado y 14 de máster). 

Elevada empleabilidad

“Hay una serie de garantías que hay que cumplir. Más allá del convenio entre universidad y entidades, se asigna un tutor académico y un mentor en la empresa y se hace un proyecto de formación para cada alumno”, explica Laura Vozmediano, vicerrectora de Grado e Innovación Educativa de la Universidad del País Vasco. Según asegura, la tasa de empleabilidad de los que salen de los grados duales es casi del 100%. Esta es una de las principales bazas de quienes defienden el modelo, puesto que garantiza personal cualificado a sectores que lo necesitan y un fácil acceso a un primer puesto de trabajo. 

“No se trata tanto de poner en práctica lo que has aprendido, sino de aprender directamente de los proyectos que se desarrollan en la empresa”, sostiene Ferran Badia, vicerrector de Planificación, Innovación y Empresa de la UdL y autor del informe Promoción y desarrollo de la formación dual en el sistema universitario catalán. Este trabajo fue encargado por la Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP) para facilitar su difusión. 

Pero el salto a la universidad de este modelo, que está en vías de consolidación en la FP, no está exento de polémica. Algunos estudiantes se oponen a su desarrollo, al entender que ya existen demasiados problemas con las prácticas curriculares como para añadir nuevos frentes. Mientras tanto, también hay profesores que cuestionan si los grados universitarios, donde se deben impartir enseñanzas más generales, son el espacio formativo adecuado para este nivel de profesionalización y de vínculo con la empresa.

Supervisión de las empresas

Sobre lo primero se ha pronunciado la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas (CREUP), que directamente exige la retirada del artículo 22 que regula las menciones duales. “Actualmente ya hay fallos con las prácticas. Ahora mismo no hay un seguimiento adecuado para comprobar si el estudiante recibe la formación que debe adquirir en la empresa”, apunta Nico Hernández, de la coordinadora. “No hay control y muchas veces acaban haciendo labores de personal de la empresa y sin cobrar”, añade. 

Este es quizás uno de los mayores riesgos si se extiende rápidamente el modelo, según valora Raül Ramos, profesor de la facultad de Economía y Empresa en la Universitat de Barcelona. “Debe existir un cambio cultural y empresarial suficiente como para que la tutorización sea la adecuada desde la perspectiva académica. Y en los grados hemos visto que se dan situaciones asimétricas, con centros de trabajo que se implican mucho y otros en los que no cumplen al 100%”, expresa este economista.

Aun así, Ramos ve posible un crecimiento de este modelo si se hace mediante planes piloto que evalúen su funcionamiento y una estrategia que vaya más allá de los acuerdos entre empresas y universidades. “No nos olvidemos que la etapa postobligatoria también debe estar orientada a la inserción laboral, no se puede vivir alejado de esto”, aduce este economista.

¿Debe orientarse un grado a la profesionalización?

En este punto, la pregunta no es tanto si los campus deberían vivir o no de espaldas al mercado, sino si los grados universitarios –no ya los másteres– deberían estar tan vinculados a las demandas de los sectores económicos. Para Albert Corominas, catedrático de ingeniería jubilado de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y miembro del Observatorio del Sistema Universitario (OSU), este camino es un error. “Lo que se supone que hacen las universidades es formación académica, que es un tipo de formación que no es mejor ni peor que la profesional [FP], pero tiene finalidades y características distintas”, expone. Y recuerda que el propio real decreto de organización de las enseñanzas universitarias estipula que las enseñanzas de los grados deben ser “básicas”, “transversales” y “generalistas”. 

“Desde un punto de vista de la especialización puede tener sentido”, añade Corominas en referencia a los másteres,  “pero sin exagerar”. Además, este catedrático señala también que el hecho de que sean menciones puede provocar que los estudiantes pasen de la dual a la normal a medio grado, generando situaciones “incoherentes”. Por ejemplo, que se saltaran determinadas asignaturas. Un “agujero formativo”, según lo describen desde el CREUP.

Badia defiende por su parte que ningún estudiante que realice el itinerario dual dejará de adquirir los conocimientos o competencias “troncales”. “Lo esencial del grado lo cursa todo el mundo, con prácticas y trabajos que se evalúan igual que cualquier otro estudiante. Simplemente una parte delas competencias se adquieren en las empresas a través de proyectos diseñados conjuntamente con ellas”, abunda este profesor de la UdL. 

De lunes a miércoles, en la empresa

Para entender cómo es un grado dual, un buen ejemplo es el del grado de Ingeniería de Innovación de Procesos y Productos, del Instituto de Máquina-Herramienta (IMH), adscrito a la universidad vasca UPV y pionero del modelo dual desde hace más de dos décadas. “Es el primer grado dual del Estado”, resalta Ixaka Egurbide, director gerente de este instituto de formación. 

Estos estudios cuentan con una cincuentena de plazas, la totalidad de las cuales hace el modelo dual. A diferencia de otras titulaciones, aquí la estancia en las empresas comienza ya en el segundo trimestre del primer curso. Las firmas son Danobat, RPK, Etxetar… Y muchas son pymes del sector de la mecánica, la manufactura y la fabricación avanzada. 

A partir de esa fase, los estudiantes van de lunes a miércoles a la empresa y, los jueves y viernes reciben clase en la universidad. Pasan aproximadamente un 50% del tiempo en cada espacio, aunque los créditos de la parte dual son solo 66 de los 240. “El primer trabajo es una reunión entre el tutor de la empresa, el de la universidad y el alumno, para definir el perfil de ingeniero que se quiere desarrollar y sus competencias asociadas”, describe Egurbide, que asegura que la participación de la empresa debe ser constante. Cada semestre se hace una evaluación conjunta entre ambos tutores.

A nivel global, quizás la incógnita que queda por desentrañar de este modelo es el contrato laboral de los estudiantes. En las prácticas universitarias existen contratos que deben cotizar a las seguridad social, aunque no están sujetos a remuneración. En la dual, el real decreto no lo aclara del todo: “La actividad formativa desarrollada de forma dual en la universidad y la entidad colaboradora se alternará con una actividad laboral retribuida, a través de un contrato para la formación dual universitaria”, señala, y remite a su mención en el Estatuto de los Trabajadores. Los expertos, sin embargo, creen que habría que desarrollarlo con más detalle. 

“Voy a reclamar con Aragón y con otras comunidades autónomas, en octubre, un sistema de financiación justo para cada persona, para cada español viva donde viva. Proporcionado y moderado. No hablamos de radicalización. Nadie planteaba que la vacuna debía llegar más tarde por vivir en un pueblo. Esa es una victoria del país”.

Así se expresaba hoy el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en Fuentenava de Jábaga (Cuenca), en un acto junto a la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, para reabrir un Centro Rural Agrupado (CRA) que fue cerrado hace casi medio siglo y en el que volverán a estudiar niños y niñas de distintas edades.

La España vaciada no es vaciada porque hay gente, aunque no tanta como en las ciudades y tienen los mismos derechos

García-Page lo ha querido poner como ejemplo de su política para revitalizar el medio rural, tras la recién aprobada Ley regional de Despoblación de la que ahora se prepara una estrategia que ponga nombre y apellidos a las medidas y también, presupuesto. Y de paso ha respondido, de forma velada, a la anunciada intención de la Coordinadora de la España Vaciada de concurrir a los procesos electorales, sin que de momento haya nada decidido.

“La España vaciada no es vaciada porque hay gente, aunque no tanta como en las ciudades y tienen los mismos derechos”, decía Page. En este punto anunciaba su intención de “recuperar un mínimo de retribución de itinerancia para los docentes que tienen que atender un centro rural agrupado y que tengan que estar moviéndose. Porque si no, ni con los vocacionales tendremos oportunidades. Ganaremos la batalla a la despoblación”, aseveraba.

A Pilar Alegría: “Más valdría que llevaras tú las competencias de universidad”

A cuenta de la financiación autonómica, el presidente castellanomanchego asegura que “es posible objetivar los grandes servicios públicos. Es a lo que me dedico, yo no tengo policía autonómica, no tenemos caprichos” y en este sentido ha apostado por recuperar “el nivel de gasto de la Educación, el de hace diez años en relación a la renta y para todas las autonomías”.

Un momento en el que pedía colaboración a la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, aragonesa y maestra de profesión. “Más valdría que llevaras tú las competencias de universidad y no el actual ministro”, ha dicho García-Page en alusión al albaceteño Manuel Castells.

En opinión del jefe del Ejecutivo castellanomanchego, “la Sanidad y la Educación de esta región están sirviendo para que, a la vuelta de un año, sin tener más hijos, porque este no es un tema erótico, vamos a subir en 100.000 habitantes. ¿Por qué viene aquí la gente de otros sitios? Como será que algunos salen corriendo los fines de semana de donde viven... Aquí la educación se presta con mimo”.

También afirmaba que en la región hay “mejor red digital. No es poca cosa. La tenemos mejor que en algunas regiones de Alemania donde acaban de celebrar elecciones. Y España tiene más fibra óptica instalada que Alemania, Italia y Francia juntas. Eso ya es bastante. Vamos a ir al cien por cien de conectividad”.

El Parlamento Vasco ha dado luz verde a la continuación de la ley para el reconocimiento como nueva Universidad de Euneiz, el proyecto impulsado para Vitoria por Josean Querejeta, dueño del grupo deportivo de Saski Baskonia y Deportivo Alavés. La coalición Elkarrekin Podemos-IU se ha quedado sola en la solicitud de la paralización de la iniciativa, para lo que alega por un doble motivo. Por un lado, la ve elitista y con ánimo de lucro; por otro lado, denuncia que incumple con los requisitos académicos mínimos fijados en el más reciente decreto del Gobierno central, en vigor desde finales de julio. Con todo, los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, y también PP+Cs y Vox han tumbado la enmienda de totalidad de la formación de izquierdas contra este proyecto privado. Mientras, EH Bildu se ha abstenido.

El portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, Íñigo Martínez, ha alertado de que se va a “introducir el ánimo de lucro en el sistema educativo” universitario, ahora integrado por dos centros públicos, la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), y dos privados, Deusto y Mondragon Unibertsitatea. Ha recordado también que Querejeta ha ampliado recientemente este proyecto universitario dentro de un plan mayor llamado Araba Sports Capital y que se ha incorporado al listado de proyectos vascos que optan a fondos Next Generation EU. En lo más puramente académico, ha enfatizado que Unibasq (Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco) emitió un dictamen muy crítico sobre esta iniciativa y que la oferta de partida de Euneiz no cumple los mínimos fijados por el Ministerio de Universidad, una de las carteras que Unidas Podemos controla en el Gobierno de España.

Desde la bancada del PNV, Gorka Álvarez ha replicado que Euneiz nace en 2018 y que entonces sí cumplía la normativa vigente, como también la cumplía en marzo de este año cuando se presentó el proyecto de ley requerido para su autorización y creación oficial. Los nacionalistas, que en Álava han dado su apoyo decidido a Querejeta, entienden que Euneiz es “una oportunidad” y que no se puede “ralentizar” más su puesta en marcha. Ahora el horizonte más cercano sería el curso 2022/2023, aunque la promesa inicial era que ya estuviera abierta en el actual. El consejero de Educación, Jokin Bildarratz también ha participado en el debate, pero se ha limitado a resumir y explicar el articulado de la ley, sin mayores consideraciones y delegando en la Cámara los posibles cambios.

El PSE-EE, que gobierna en coalición en Vitoria con el PNV y en Madrid con Unidas Podemos, ha reconocido que Euneiz ahora mismo estaría fuera del marco fijado por la normativa del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Los socialistas, eso sí, han votado a favor y han confiado en que las enmiendas parciales que han pactado con los nacionalistas permitan las “modificaciones” precisas para que encaje “en la nueva legislación de carácter estatal”, en palabras de José Antonio Pastor. Por parte de PP+Cs, Carmelo Barrio, ha insistido en que Euneiz “es una buena noticia para Vitoria y para el País Vasco” y ha considerado que “Deusto y Mondragón también tuvieron sus comienzos con dificultades” para pedir un voto de confianza al plan de Querejeta.

El parlamentario de EH Bildu Ikoitz Arrese ha admitido que Euneiz tiene “más sombras que luces” y que su coalición hace una “decantación indubitada” en favor de la UPV/EHU dentro de la oferta universitaria, pero sus votos no han secundado la paralización del proyecto. También ha criticado el ánimo de lucro del plan y defenderá que el nuevo centro “no reciba dinero público”, aunque no se oponen del todo a su puesta en marcha.

El Ministerio de Universidades echa humo estos días. Las iniciativas parlamentarias del responsable de la cartera, Manuel Castells, se acumulan en el Consejo de Ministros. Y vienen más, anuncia su titular. Entre las ya presentadas está una de las leyes de mayor calado de la legislatura para este Ministerio, la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), destinada a cambiar los campus tras más de 20 años de LOU.

Castells recibe a elDiario.es para hablar de esta ley en su despacho del Ministerio, un espacio modesto y austero, apenas decorado, con vistas sobre el paseo de la Castellana de Madrid. El ministro se defiende de las acusaciones de que su LOSU resta democracia interna a las universidades con los cambios que introduce en el sistema de gobernanza (“los cambios son opcionales y no se pierde más democracia de la que las universidades quieran perder”); defiende que la norma “es la más feminista de la historia” por su carácter transversal, además de la medidas concretas de acción positiva destinadas –en principio, pero no solo– a la mujer; que acabará con la precariedad del más precario de los colectivos universitarios, los profesores asociados; y admite que aunque la financiación acordada para la Educación puede resultar escasa, es un punto de partida sobre el que trabajar.

Al ministro le gusta hablar de la Universidad. Y se nota. A diferencia de algunos de sus colegas, no rehúye las preguntas, acepta ser interrumpido e interrumpe si no está de acuerdo con los periodistas. Durante la clásica conversación informal previa a la entrevista, bromea con que ya nadie le llama el “ministro ausente”, como sucedió durante la pandemia. En cuanto se encienden las grabadoras, el ministro para de hablar y con un “vosotros diréis” da por comenzada la entrevista, que concluirá con una “world premiere”, en sus propias palabras: no seguirá al frente del Ministerio cuando acabe este ciclo. “Una legislatura es más de lo que nunca pensé que pudiera hacer”, confirma. Durante la charla, Castells utilizará indistintamente el masculino y el femenino para referirse a rectores, profesoras o decanos en su conjunto.

La ley cambia bastante el modelo de gobernanza de las universidades. ¿Hay cosas que no funcionan? 

No. Si pensáramos que el modelo actual no funciona lo habríamos suprimido. Depende de si se refieren al procedimiento de la elección del rector o a otra cosa.

[Con la posibilidad de cambiar de sistema de elección de rector] no se pierde más democracia de la que las universidades quieran perder

La elección del rector es una cuestión, la reducción del número máximo de componentes de los claustros es otra, por ejemplo.

Un claustro debe ser operativo para ser eficaz, porque es el origen de la legitimidad de todo lo que se hace en la Universidad, y las grandes asambleas de cientos de personas no suelen ser muy efectivas. Tiene que ser representativo, elegido, pero al mismo tiempo limitado a un número, cien, que es bastante gente.

¿Y en cuanto a la elección del rector? 

Esta ley es el resultado de una interacción de nuestras ideas, propuestas de distintos sectores y del contexto internacional. De hecho, nuestro sistema actual es muy minoritario en Europa. La mayoría son sistemas de elección por parte de un comité especial, y hay otros modelos mixtos. La ley aumenta la autonomía de las universidades: el claustro tiene que elegir los estatutos y los estatutos determinarán cómo se elige el rector. Y si se decide que hay que cambiar el sistema actual, habrá que cambiarlo. Nosotros hemos propuesto un comité –no algo externo a la universidad– en el que el cuerpo profesoral tenga mayoría, los estudiantes estén representados y el Personal Administrativo y de Servicios (PAS) también.

¿Desmiente con esto las acusaciones de falta de democracia que ha recibido de sindicatos, alumnos y otros órganos del mundo universitarios?

Si hablamos de este sistema, no se pierde más democracia de la que las universidades quieran perder. Si cada universidad quiere mantener el sistema actual, lo mantiene y ya está.

¿Entonces usted cree que un comité sí es menos democrático?

No tiene por qué ser menos democrático. Si el claustro es democrático y si las votaciones que luego se producen para elegir a los miembros del comité son democráticas es simplemente un segundo grado de capacidad de decisión. No es menos democrático un parlamento que las asambleas de elección para ese parlamento. Todas las democracias representativas pueden tener un aspecto directo de elección o elegir un cuerpo intermedio que hace la elección final.

La elección de los decanos, que pasa a estar en manos de los rectores, ¿puede restar democracia interna?

Los decanos actualmente son elegidos por las facultades o los directores por las escuelas. Pero finalmente los tiene que refrendar el rector, como todo cargo. Eso no cambia. Lo que cambia es que las facultades en vez de una persona eligen tres. Y el rector escoge una de esas tres. Pero no elige a cualquier persona que no haya sido votada en la facultad. Ese es el único cambio. ¿La razón? Porque hay en muchas universidades conflictos entre rectores y decanos que son bastante paralizantes. No se trata de darle más poder al rector, sino de que pueda tener algo que decir en quién va a ser el decano dentro de la elección democrática de la facultad. 

¿Esto no es quitar un poco de posible oposición? El rector siempre va a elegir al más afín.

No, porque no se trata de que sea la persona que quiere el rector. Es entre tres. Si la rectora tiene un favorito y quiere ponerlo, pero no lo elige la facultad, no lo podrá poner.

La ley cambia los requisitos para ser rector. Antes era imprescindible ser catedrático de Universidad, ahora bastará con ser funcionario, lo cual lo abre a los profesores. ¿A qué responde este cambio?

Se trata de que alguien llegue a ser rector por los méritos y no por el rango. En el caso de los profesores permanentes de la universidad ese mérito es tener tres sexenios, tres quinquenios y además una experiencia de cuatro años en un cargo unipersonal; esto hace que una persona tenga un perfil 'rectorable'. Cambiamos rango burocrático por méritos académicos.

En todo el mundo el mercado privado de la educación superior es de lo más apetitoso y que más rápidamente se desarrolla

¿Y el hecho de que haya profesores titulares con estos méritos académicos que no han llegado a catedráticos no apunta a un problema con el sistema de acreditaciones (que permite ascender en la Universidad)?

La Aneca está despejando el atasco. Pero la idea de que hoy el camino para llegar a profesor titular es muy largo es totalmente cierta. Trabajamos con la Aneca en cambiar criterios, porque con los actuales se llega a titular con 40-45 años. Y ese es el gran problema, el envejecimiento de las plantillas. Solo el 1,5% de los profesores permanentes son menores de 40 años y la edad media del catedrático es de 59 años. ¿Puede ser rectora una profesora? Sí, si cumple los méritos. ¿Puede serlo un catedrático por serlo? No, si no cumple los méritos.

¿Piensa que esto abrirá camino a las mujeres para ser rectoras?

Combinado con la serie de medidas que hemos establecido a todos los niveles con la paridad en las comisiones de selección de candidaturas, sí. Esta ley es la ley universitaria más feminista de la historia, y lo he hecho deliberadamente. A cada nivel hay principio de paridad, hay acciones de discriminación positiva si es necesario. Cuidado, eso quiere decir que si en algún momento hay discriminación hacia los hombres también se corrige. Combinadas las dos cosas debería poder facilitar que se acentúe la tendencia, que ya existe ahora, de tener más mujeres rectoras. Hoy por hoy la proporción es ínfima, como la de catedráticas.

La ley incide en la obligatoriedad de crear protocolos contra el acoso sexual, un aspecto que pese a que ya venía en la anterior norma algunas universidades no cumplen. ¿Se está vigilando el cumplimiento de esta medida? ¿Saben cuántas universidades no los tienen?

Recuerdo que la administración de tutela de las universidades, lo siento, pero son las comunidades autónomas. En la ley de convivencia que está incluida en la LOSU se define como falta muy grave el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Estamos poniendo dientes en las leyes y decretos leyes que estamos haciendo para establecer todas estas unidades de igualdad, diversidad... Luego los reglamentos concretos tendrán que aplicarse en cada caso. Yo creo que las universidades sí están dispuestas a ir por esa vía. Hay una evolución natural, cultural, política y de respeto a la igualdad y dignidad humana. Quedan restos del pasado que esta ley va a contribuir a dejar fuera de la legalidad.

¿Pero sabe el Ministerio en este momento cuántas universidades no tienen el protocolo obligatorio?

Unidades de igualdad tienen todas. Cuántos protocolos dentro de esto hay que preguntárselo a la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), que es la que hace el conteo.

Voy a luchar por incorporar los profesores distinguidos, que existen en todas las mejores universidades del mundo. Es empezar a ser un poco menos provincianos

Ha recordado antes que el control de las universidades corresponde a las comunidades autónomas. ¿Están haciendo su labor?

Unas sí y otras no.

Da la sensación de que las universidades incumplen la ley en muchos aspectos (contrataciones a dedo, concursos de plazas dirigidos, exceso en las ratios de profesores temporales) y nunca pasa nada, no hay responsables.

Tampoco hay que exagerar. Sí que pasa. Pero en este país, y no solo en las universidades, hay cantidad de cosas que no diría que están al margen de la ley, pero no llegan a cumplirla. Las situaciones laborales son cuestión de la inspección de trabajo, que está actuando y actuará. Luego hay otras cuestiones que sí debe ser la autoridad de tutela la que intervenga. Lo importante es que haya un marco jurídico claro y definido y que se pueda respetar.

¿Por ejemplo con los profesores asociados? 

Hay una gran confusión con esto a la que han contribuido algunos medios. Esta ley clarifica, espero que de una vez por todas, lo que son y lo que no y lo que hay que hacer en cada categoría. Los profesores asociados, en la ley anterior y la actual, están definidos como aquellas personas que tienen su trabajo principal fuera de la universidad y que, como son profesionales que conectan la experiencia laboral con la de los estudiantes, pueden dar un número limitado de horas y por contrato laboral establecido por la universidad. Estos son los asociados de verdad y van a continuar. 

Luego hay otras situaciones, dramáticas, que son aquellas personas que bajo esta figura han sido contratadas por razones que conocemos: en un momento aumentó el 25% el número de estudiantes y bajó el 21% la financiación durante la crisis. Las universidades echaron mano de lo que pudieron. Esto es lo que ha creado una bolsa de precariedad, lo que llamamos falsos asociados. Estas personas no tienen seguridad jurídica ni perspectiva de carrera. Ha habido contratos abusivos por las condiciones de trabajo y los salarios que se pagan, muchos por debajo del salario mínimo actual. 

¿Cómo se soluciona esta situación? 

Primero, definiendo lo que es una carrera académica y lo que no. Para estar en la carrera académica –progresar, tener perspectivas profesionales y seguridad jurídica– tienes que tener un doctorado. Sin doctorado no hay nada. Y después, con ese doctorado, mediante comisiones totalmente transparentes de selección, entras en una carrera como ayudante doctor con un contrato temporal, pero de seis años, durante el cual son evaluados para ver cómo van por parte de la propia universidad, y a los seis años tienen que acreditarse como titulares, y entonces ya son permanentes. Eso es una carrera académica.

¿Y mientras llega esta estabilización?

Tenemos varias medidas. Para las nuevas plazas que se vayan creando hacemos una reserva por ley del 15% para los profesores asociados doctores. Y hay muchos doctores, algunos acreditados incluso, pero siguen en esta especie de subproletariado universitario que se ha creado y no puede continuar. La idea es que luego estas plazas, que pueden ser pocas ahora, van a ir aumentando los próximos años. Tenemos un sistema de profesores permanentes tan envejecido que por ley natural en los próximos diez años se van a liberar miles y miles de plazas. Como mínimo en 2030 serán entre el 30% y el 50% de las plazas de profesores permanentes, que son los que estarán entre 50 y 70 años.

¿Se plantearon poner un número máximo de asociados en las universidades?

El tope está puesto. La utilización actual del asociado es ilegal. Pero hay otra medida más. Esto es el 15% de todas las plazas, pero mientras tanto damos una posibilidad para los no doctores –que son la mayoría– con contratos temporales de entre tres y cinco años. Y luego, si tienen un doctorado optan a una plaza, de ese 15% o bien en términos generales. Añadimos algo más: establecemos un criterio que les va a favorecer objetivamente, que es hacer que la experiencia de docencia sea un mérito tan importante como la investigación. También esperamos, porque esto no se puede introducir en una ley, un aumento de las plazas, además de la sustitución natural de profesores. Lo que sí se puede introducir en una ley, y lo hemos hecho, es que habrá durante la próxima década un aumento del gasto educativo de un país hasta un mínimo del 5% del PIB.

Ese 5% de gasto educativo sobre el PIB parece poco ambicioso, lejos de los países con sistemas educativos más reconocidos, que rozan el 7%.

Está por debajo de la UE también. No sabemos la proporción del 5% que le toca al gasto universitario. ¿Qué ventaja tiene establecer ese mínimo del 5%? Que, ambicioso o no, ya está acordado con las comunidades y ya está en la Lomloe [la ley de Educación]. Es una base de partida que no impide que si la economía va [bien] y si hay un acuerdo por fin de prioridad de la Educación y la Universidad, en ese marco puede haber más [contrataciones].

Acabamos con los docentes. Háblenos de los profesores Distinguidos, esa figura que introduce la ley y por la que se podrá contratar sin concurso. Parece una contradicción que una norma que se preocupa por endurecer, objetivizar y dar transparencia a los concursos por las plazas abra una especie de puerta trasera a la contratación a dedo.

Ninguna puerta trasera, la puerta noble. Cualquier universidad que se precie tiene que ser capaz de encontrar una persona de altísimo nivel, nivel Premio Nobel. Y no lo digo por decir, la Universidad del País Vasco tiene contratado con su fórmula un Nobel [George F. Smoot, galardonado con el premio en Física en 2006, se incorporó el pasado año a la UPV/EHU]. ¿Tiene que pasar un concurso y todo eso? No hace falta para los profesores de verdad distinguidos a nivel internacional y que pueden aportar un conocimiento, un prestigio y una capacidad de contacto en la universidad que puede ser transformador en el corto plazo. Como máximo durante tres años y que se elegirán por estatutos de la universidad, que puede ser tan restrictiva o amplia como quiera. Pero tiene que tener sus criterios propios de que esto es excepcional y para gente de altísimo nivel internacional indiscutible. Esto es un profesor distinguido y existen en todas las mejores universidades del mundo. 

Pero no ponen mínimos en la ley.

Ponemos “más alto reconocimiento internacional en su campo” y nadie es tonto. El distinguido tiene que serlo. Y si empiezan a jugar con esto confío en que la simple decencia de la comunidad universitaria establecerá mecanismos correctores. Para mí esto es fundamental porque es la manera de traer gente que internacionalmente sea de un talento excepcional. Las condiciones de contratación serán definidas por la universidad, a gente así no les atraes con un sueldo como los que tenemos en España. Voy a luchar hasta el final por este punto, que es empezar a ser un poco menos provinciano.

Usted dice a menudo que cree en una universidad gratuita. ¿Se plantearon incluir en la ley algún desideratum al respecto o introducir medidas tendientes a la gratuidad?

Decir “tendientes a la gratuidad” no está en la ley porque requeriría un compromiso más profundo. La idea es que la universidad sea gratuita. El argumento siempre ha sido el mismo: si tenemos una enseñanza obligatoria y una sanidad gratuitas, por qué no la Universidad. ¿Es un lujo? Hoy día no, para tener un buen empleo hace falta una educación universitaria. Me preguntan cómo se hace o cuándo. Lo único que sé seguro es que esta legislatura no va a poder ser, pero eso no impide que se vaya avanzando. Y eso es lo que hemos hecho desde el primer momento: bajar los precios públicos de las universidades. 

En particular en Madrid o Catalunya, desde 2011 hubo una llamarada de aumento de precios escandalosa. Parecía imposible moverse de ahí, pero conseguimos dos cosas: por ley ahora la Conferencia General de Política Universitaria, en la que están las comunidades autónomas, establece anualmente precios máximos, de obligado cumplimiento para todos. En segundo lugar, este año nos pusimos con los precios de másteres oficiales, empezando por los habilitantes, los necesarios para un trabajo: no costarán más que los grados. Empieza a surtir efecto en 2022. 

Esta votación la ganamos en la Conferencia General de Política Universitaria por 15 votos a favor, una abstención y un voto en contra. Por cierto, Madrid, que es la que se opuso a esta bajada de precios (que era del 20% en los grados y 30% en los másteres), la tiene que aplicar sí o sí. En su campaña electoral, Isabel Díaz Ayuso puso como objetivo de su presidencia lo que había votado en contra y no podía evitar ya.

Si alguien puede combinar las fuerzas de izquierda manteniendo la relación con el PSOE es Yolanda Díaz

La ley también incluye el decreto de creación de nuevas universidades, que según explicaron responde a la preocupación del Ministerio ante algunas peticiones de creación de universidades de dudosa calidad. ¿Les preocupa el negocio en la Educación, un sector que hasta hace no tanto era un poco ajeno a estas dinámicas?

No solo hacer negocio. En todo el mundo el mercado privado de la educación superior es de lo más apetitoso y de los que más rápidamente se desarrolla. Pero yo ahí hago diferencias. Una cosa es que se creen más y más universidades privadas. Si son de un mínimo de calidad aumenta la oferta educativa y quien pueda se lo paga. Con esto estoy de acuerdo mientras no lo pague el estado. Hay universidades privadas que tienen una buena calidad contrastada. Pero al mismo tiempo, cada vez más y de forma acelerada, ha habido toda clase de proyectos de creación de cualquier cosa, y sobre todo en la enseñanza online. La enseñanza online no tiene por qué ser de segunda clase y puede ser fundamental para lo que yo creo que es otra de nuestras líneas políticas, la formación a lo largo de la vida. Pero la combinación de capitales especulativos y universidades creadas por el mismo fondo de especulación inglés que tenía Telepizza y otras grandes creaciones culturales... 

Esto, recuerdo, lo aprueban las comunidades autónomas, sobre las que el Ministerio no tiene control. Pero si se establecen criterios por ley de lo que no debe ser una universidad, se establece la definición, los indicadores y habiendo medios que informen a la comunidad universitaria es difícil ir contra una serie de criterios elementales. Quien no quiera ajustarse a ello, que la opinión pública, más que el mercado, empiece a ajustar cuentas.

Hablemos un poco de política, ministro. ¿Se ha notado el cambio de liderazgo en Unidas Podemos con el cambio de Pablo Iglesias por Yolanda Díaz?

He leído que ahora manda Yolanda, ¿no?

¿No se ha enterado?

De los problemas de partido internos, no. Pero de que Yolanda dirige la coalición a nivel de Gobierno sería el último del mundo que no se ha enterado.

¿Cree que debería ser candidata al Gobierno?

Creo que las personas solo tienen que hacer algo si se lo creen y lo quieren hacer. Y ella ha dicho por activa y por pasiva que será candidata si construye una coalición de izquierda plural y más amplia de lo que existe actualmente.

¿Repetir legislatura? Nooo. Una legislatura de ministro es más de lo que pensé que podría hacer

¿Usted ve bien una posible integración por ejemplo con Más País o Teresa Rodríguez?

Yo, como soy independiente, no estoy muy al tanto de estos temas. Sumar más que restar es la condición indispensable. Pero hay que sumar lo sumable, si es para pasar el tiempo peleándose, no. Combinar las fuerzas de izquierda manteniendo la relación con el PSOE –que para mí es fundamental y sin eso este país se va al caos–, pero siendo autónomos y desarrollando a la izquierda del PSOE, me parece fundamental. Incluso para el PSOE y el Gobierno de coalición. Y si alguien lo puede hacer es Yolanda Díaz. Solo Yolanda Díaz.

¿Se plantea dejar de ser independiente y entrar en el partido?

Jamás. Estoy súper activo como Gobierno. Yo estoy en otra fase de mi vida, me importa hacer las cosas, soy amigo de todos y ya está. Me propuso Ada Colau, pero sabiendo perfectamente mi independencia y nunca me pidió otra cosa que ser quien yo era, y por eso va bien.

La última. Aunque no depende enteramente de usted, ¿tiene intención de repetir?

¿Legislatura? Nooo. Una legislatura de ministro es más de lo que pensé que podría hacer. Supongo que podría, porque me quiere mucho todo el mundo, pero no. Una legislatura y ya.

Así empieza la última y mejor parte de cualquier clase o ponencia universitaria: cualquier docente espera ­–muy nervioso, si es novato– encontrar al final de su exposición estudiantes con inquietudes y ganas de preguntar. Es en el debate donde sale lo mejor de la vida académica: el personal universitario es muy proclive al cuestionamiento y la discusión. Con la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) de Manuel Castells no podía ser menos y el jolgorio ya está montado: la Ley Castells ha desplazado al COVID en los campus.

El creciente mosqueo y también miedo a la Ley Castells en los campus vuelve a evidenciar que hay dos ideas de universidad muy distintas, y cada vez más distantes: la que manejan políticos y gestores ministeriales, con el apoyo de algunos medios de comunicación y empresarios (¿qué intereses tendrán?), y la de quienes padecemos en aulas y laboratorios la larga carrera académica, en permanente cambio de reglas. Mientras que estudiantes, sindicatos y rectores reclaman presupuestos dignos y soluciones a la precariedad, el ministerio constituido para eso se descuelga con un proyecto de ley unilateral, con un fondo y unas formas que agravan el malestar de una comunidad universitaria muy tocada, maltratada y precarizada durante más de una década. La desconfianza está muy arraigada en los campus y la comunidad universitaria anda revuelta y con muchas preguntas. Un profesor ministro sabe que cuestionar es algo muy académico y podrá entender e incluso perdonar que le hagamos preguntas, que, aunque parezcan impertinentes, a los que enseñamos e investigamos nos resultan pertinentes:

Las primeras son sobre la propia naturaleza y gobernanza de la universidad: si el ministro cree en la educación superior como un derecho y un servicio público, ¿por qué no aparece eso reflejado en su LOSU? Si además cree que debe ser gratuita, aunque no se pueda implementar a corto plazo (lo ha dicho públicamente), ¿por qué no lo articula debidamente, aunque sea una mera desiderata, a futuro? ¿Qué va a hacer con la duplicidad de títulos y cómo articulará la convivencia entre centros públicos y privados en la implantación de enseñanzas? ¿Cuáles son los problemas de la actual gobernanza? ¿En qué mejora la universidad pública la desaparición del sistema democrático y participativo actual en la elección de cargos? ¿Cómo se puede fomentar la participación estudiantil universitaria si se disminuye el número de sus representantes en los órganos colegiados? ¿Quiénes y cómo designarán al grupo de expertos encargado de elegir rector o rectora? ¿Sobre quién recaerá el nombramiento del cupo de externos de ese grupo? ¿Podrán los grupos políticos de los parlamentos autonómicos condicionar la elección rectoral a través de ellos? Y unido a eso, con relación a los requisitos para el rectorado, ¿se va a poner la cosa más dura para llegar a cátedra? Porque la pregunta no es quién, sino ¿cómo es posible que una persona titular de universidad no alcance la cátedra en nuestro país a pesar de tener una carrera con tres sexenios de investigación, tres quinquenios docentes y experiencia en gestión? (En muchas áreas de conocimiento, no hace mucho, bastaba un sexenio y una tesis dirigida para optar a cátedra… cualquiera podría pensar que hoy el número de plazas de cátedra está supeditado al presupuesto de universidades).

Con relación a la carrera, la igualdad de oportunidades y la precariedad, ¿cuánto años se puede llegar a alargar realmente la carrera académica hasta la estabilización laboral? ¿Hay presupuestos y solución de continuidad para el profesorado asociado que actualmente mantiene abiertas aulas y laboratorios? ¿Cómo se asegurará y velará por políticas de conciliación e igualdad efectiva? ¿Cómo garantizar que todo el mundo tenga posibilidad de conciliar y costear los 9 meses obligatorios de estancia para estabilizar su carrera académica? ¿Habrá por fin transparencia en la acreditación y evaluación curricular? ¿Qué requisitos y cupos hay para el nombramiento de profesores visitantes y distinguidos? ¿De veras cree que un registro salarial, adicional al de los portales de transparencia, puede armonizar las retribuciones que ya pueden diferir entre funcionarios, en algunos casos, en más de 20 mil euros anuales, en función de la CCAA? ¿Cómo puede fomentar esta ley la movilidad laboral universitaria si no establece un marco común, si cada comunidad autónoma tendrá un convenio colectivo con una carrera académica distinta, con un marco laboral distinto, con agencias de acreditación diferentes y normativas de selección propias? ¿No agravará esto “la endogamia”? ¿Surgirán “universidades gueto” en regiones menos pudientes o con menos interés presupuestario en la universidad pública?

Nunca ha sentado bien en los campus que se impongan condiciones sin negociación (a la que laboralmente, además, tenemos derecho), y menos aún se entiende que, desde un ministerio que dirige un profesor universitario, se deje a los representantes universitarios fuera del debate sobre las condiciones laborales y el futuro de la universidad.

La coalición Elkarrekin Podemos-IU ha advertido este jueves en el Parlamento Vasco de que la propuesta para la creación de una nueva Universidad privada en Vitoria de la mano del dueño de los clubes Baskonia y Deportivo Alavés, Josean Querejeta, que ahora ha de validar la Cámara incumple de manera flagrante la nueva normativa universitaria estatal. El real decreto mencionado entró en vigor en agosto. El centro, conocido como Euneiz, no alcanza el mínimo de carreras ofertadas y tiene otras carencias académicas graves, según han alertado los representantes de la coalición, Miren Gorrotxategi e Íñigo Martínez Zatón.

Fuentes del PSE-EE admiten que el nuevo real decreto del Gobierno de Pedro Sánchez es vinculante y entienden que tocará ajustar la propuesta de Euneiz en el trámite de enmiendas que ahora se inicia, aunque tendrán que buscar también el equilibrio porque en Euskadi cogobiernan con un PNV, que ha apoyado decididamente este proyecto sobre todo desde sus posiciones institucionales en Álava. Menos indulgentes son los socios de los socialistas en el Gobierno de España -y con responsabilidad en la cartera de Universidades-, ya que abogan directamente por la paralización del plan de Querejeta. En todo caso, la mayoría absoluta con la que el Gobierno vasco cuenta en el legislativo hace previsible que el intento de la formación de izquierdas naufrague.

“Euneiz está lejos de considerarse una Universidad [...]. Cualquier cosa no puede ser una Universidad. Son palabras mayores”, ha enfatizado el parlamentario de IU y de la coalición Martínez Zatón, que es el portavoz de la ponencia legislativa que analiza la puesta en marcha de la nueva Universidad. Elkarrekin Podemos-IU ha adelantado que planteará otras iniciativas para tratar de poner en evidencia las carencias de la propuestas de Querejeta, entre ellas la solicitud de un informe jurídico a los letrados del Parlamento para conocer el grado de cumplimiento de la propuesta de creación de Euneiz en relación a la nueva normativa estatal o un informe del Departamento de Educación. El equipo de Jokin Bildarratz preparó a principios de año la actual propuesta con la normativa entonces vigente y, según Martínez Zatón, debería aclarar si mantiene la luz verde ahora que las circunstancias han cambiado.

No obstante, Euneiz ya nació con polémica y con dudas sobre su viabilidad. La ley llegó al Parlamento con casi tantos informes negativos como positivos. Un ejemplo: la actual rectora de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), Eva Ferreira, emitió un duro dictamen cuando estaba al frente de Unibasq, Agencia de Calidad del Sistema Universitario vasco. Estimaba que Euneiz acumula “debilidades” tales como “titulaciones sin aparente relación entre sí” y que “no representan una oferta completa en ninguna de las ramas en que se enmarcan”. A este organismo le surgen dudas sobre la calidad del programa investigador del nuevo centro, así como por el “insuficiente cumplimiento” de los requisitos de plantilla. Tampoco le queda claro “de qué instalaciones van a disponer”. Según Elkarrekin Podemos-IU, además, no solamente hay problemas de “forma”, sino también de “fondo”. Se está apostando por un centro “privado” y “elitista” cuando “hay una Universidad pública a la que hay que mimar y dotar de fondos”. Sería la quinta Universidad en Euskadi. Ahora dos son públicas, la UPV/EHU y los centros de la UNED, y dos privadas, Deusto y Mondragón.

Asimismo, antes del verano se conoció que Querejeta había logrado colar el plan de Euneiz, aderazado con otras iniciativas vinculadas con el deporte y la salud, en el listado vasco de proyectos candidatos a recibir fondos comunitarios Next Generation EU. El plan en torno a la Universidad se bautizó como 'Araba Sport Capital', está valorado en 64 millones de euros y menos del 50% vendrían de promotores privados. Gorrotxategi ha lamentado que el PNV se empeñe en defender proyectos contra viento y marea frente la normativa estatal y ha citado el precedente de la exploración de gas en la zona de Subijana de Álava, a las afueras de Vitoria.

Veinte años después, España va a reformar la Universidad. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en primera lectura el anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), con lo que el Gobierno da el primer paso para aprobar esta ley, que aún debe pasar un largo trámite.

El texto presentado por el ministro Manuel Castells incluye medidas nuevas y otras ya aprobadas a lo largo de la legislatura en distintos reales decretos. La ley tiene cuatro objetivos, según ha desgranado el responsable de Universidades en rueda de prensa tras el Consejo y se lee en las primeras páginas del borrador: “impulsar una Universidad de calidad, accesible, equitativa e internacionalizada”; “promover una Universidad productora de conocimiento, que esté al servicio de la sociedad y contribuya al desarrollo económico sostenible”; “garantizar que los recursos humanos y financieros del sistema universitario son adecuados y suficientes”; y “asegurar una Universidad autónoma, democrática y participativa, que constituya un espacio de libertad, de debate cultural y de desarrollo personal”.

Más concretamente, la futura LOSU pretende –modificaciones en el Parlamento mediante– acabar o al menos paliar la precariedad docente que asola a la Universidad, establece medidas de discriminación positiva para favorecer el acceso de las mujeres a las plazas (también de los hombres, si están en minoría en un departamento concreto), se busca aumentar la calidad docente, mejorar la financiación de los centros de manera estable o modificar los requisitos para ser rector, entre otras medidas.

“Las universidades se rigen por una ley orgánica de hace 20 años, siendo que ha habido grandes cambios en el mundo y además dos grandes crisis económicas que han golpeado a las universidades públicas”, ha justificado Castells la necesidad de esta norma. Y, poniéndose quizá la venda antes de la herida, ha añadido que la ley “respeta escrupulosamente las competencias autonómicas y la autonomía de las universidades”.

Precariedad laboral

No es el primer objetivo de la ley –si es que los cuatro objetivos tienen un orden de prioridad–, pero probablemente esté entre los más urgentes. El ministro Castells es consciente de la precariedad que campa por muchos campus en los últimos años. Fue el primer titular que dio cuando tomó posesión del cargo y lo reitera habitualmente. “Las limitaciones presupuestarias y las tasas de reposición (...) han provocado situaciones de precarización, un excesivo envejecimiento de las plantillas y otras disfunciones que, en conjunto, han aumentado las desigualdades sociales y han puesto en riesgo la sostenibilidad, el acceso igualitario y la calidad del sistema universitario”, admite la nota de prensa que ha enviado el ministerio este martes.

La situación es que más de la mitad de las universidades incumple la ley en materia de contrataciones por exceso de personal temporal. La figura del profesor asociado, docentes a cinco euros la hora, se ha exprimido hasta alcanzar el 40% en algunos centros ante la imposibilidad de contratar profesores de pleno derecho. De media, uno de cada tres docentes universitarios tiene uno de estos contratos.

Para corregir esta situación, la nueva LOSU reduce del actual 40% al 20% el máximo de contratos temporales que puede tener una universidad a la vez que aumenta del 51% al 55% el porcentaje de funcionarios. Para los asociados con el título de doctor y cinco años de relación con su universidad se reservará el 15% de las plazas convocadas. Los que no tengan la tesis leída podrán acceder a unos contratos de Profesor Contratado No Doctor.

El texto trata de poner coto a los conocidos como “falsos asociados” (esos profesores que no tienen otra actividad profesional, como en teoría exige la ley) exigiendo que puedan acreditar tener otro trabajo y poniendo un límite a su práctica docente en el caso de que lo pierdan. Se trata de esta manera de evitar que haya personas que tengan la docencia con un contrato de profesor asociado como forma principal de vida, algo para lo que estos contratos no están pensados y que sucede habitualmente ahora.

Profesor distinguido, una nueva figura

La LOSU crea una nueva figura universitaria, la del Profesor Distinguido. Por esta figura, las universidades podrán “contratar bajo esta modalidad a docentes e investigadoras e investigadores, tanto españoles como extranjeros, que estén desarrollando su carrera académica o investigadora en el extranjero, y cuya excelencia científica, tecnológica, humanística o artística sea reconocida internacionalmente”.

Este tipo de contrato que suena similar al del profesor visitante, otro coladero de docentes durante las crisis por tener un carácter discrecional. Para estos, la nueva ley se limita a estipular que puedan “contribuir significativamente al desempeño del departamento o facultad”, y pone un año como duración máxima de sus contratos (ahora son dos). Los Distinguidos podrán estar entre uno y tres (excepcionalmente cuatro).

Además, el ministerio crea unas figuras laborales equivalentes al profesor ayudante doctor, titular y catedrático, a las que se accederá por concurso público.

La endogamia

Además, el borrador pretende combatir la endogamia imperante en los campus (más del 70% del profesorado trabaja en la misma universidad en la que leyó la tesis) cambiando las comisiones de selecciones que otorgan las plazas que salen a concurso: se invertirán las mayorías para que haya más personal ajeno a la universidad, que será elegido por sorteo a partir de una bolsa.

Para reforzar esta lucha contra la endogamia, el anteproyecto también contempla que cada convocatoria de plazas que realicen las universidades “deberá ser publicada en el Boletín Oficial del Estado, en el diario oficial de la Comunidad Autónoma correspondiente, así como en una base de datos pública de concursos de personal docente e investigador del Ministerio de Universidades” para que todas las personas interesadas puedan presentarse a esa plaza. Actualmente se dan casos en los que no se publicita una plaza más allá del tablón de anuncios de la Facultad en cuestión para evitar que se presente mucha gente.

Una financiación mínima

Uno de los aspectos clave de la ley. Las dos crisis económicas que ha pasado España (y el mundo) en lo que va de siglo ha dejado a la Universidad temblando. La propia ley recoge algunos datos al respecto: entre 2009 y 2018, el gasto en educación universitaria se redujo un 10%, el doble que el gasto general educativo y tres veces más que el gasto en educación no universitaria. La media de la inversión en educación universitaria osciló en dicho período entre un 0,8% y un 0,9% del PIB, pese a que determinadas comunidades autónomas tuvieron una inversión mayor.

El ministerio fija ahora en la ley que el gasto público para la financiación del sistema universitario debe ser como mínimo del 1% del PIB en los próximos diez años, dentro del compromiso global del Gobierno de que el gasto educativo total alcance el 5%. Ambas cifras sufren en la comparación con el entorno: la media europea en educación universitaria está en el 1,22% del PIB y aunque la general está hoy en el 4,7%, los países nórdicos, referentes educativos europeos, rozan el 7%.

Además, el texto da respuesta, en principio, a una de las reivindicaciones de los rectores: una financiación a medio plazo que no dependa de los vaivenes políticos o financieros. “Se establece la programación plurianual de sus presupuestos mediante un modelo que debe incluir tres ejes: la financiación estructural, que garantice recursos suficientes para los gastos corrientes; la financiación por objetivos, en función del cumplimiento de determinados hitos de carácter estratégico; y la financiación por necesidades singulares, que cubra gastos en los que incurren algunas universidades por sus características específicas, como la insularidad, la dispersión territorial y su presencia en el medio rural”, describe el texto.

Acción positiva para la mujer

Uno de los aspectos en los que más ha insistido Castells durante la rueda de prensa y que aparece a lo largo de todo el texto: “La construcción de una Universidad equitativa impregna el contenido de toda la Ley, en particular, en lo referido al principio de no discriminación por cualquier circunstancia y a la igualdad de derechos entre mujeres y hombres”.

Fuente: Ministerio de Educación

En concreto, la ley recuerda que las universidades deben tener unidades de igualdad y planes de igualdad de género en política universitaria y en recursos humanos, así como un protocolo contra el acoso sexual (algunas de estas medidas ya eran obligatorias). También se establece la creación de un registro retributivo de todo el personal para “identificar y combatir la brecha salarial”.

Más adelante, el artículo 52 establece que “se podrá establecer medidas de acción positiva en los concursos de acceso a plazas de personal docente e investigador funcionario y contratado para favorecer el acceso de las mujeres”, aunque en el siguiente punto del mismo artículo abre el arco y explica que “se podrá establecer reservas y preferencias en las condiciones de contratación de modo que, en igualdad de condiciones de idoneidad, tengan preferencia para ser contratadas las personas del sexo menos representado en el cuerpo docente o categoría de que se trate”. La ley solo menciona específicamente a las mujeres, pero abre la puerta a un tratamiento positivo para hombres según las circunstancias.

El texto también estipula que “en el ámbito de la investigación, se impulsará la reducción de las diferencias de género en las vocaciones científicas y se promoverán proyectos científicos con perspectiva de género, así como la paridad en los equipos de investigación y el aumento de mujeres como investigadoras principales”. A este respecto, la ANECA, la agencia evaluadora de la calidad del sistema, realizó hace unos meses un proyecto piloto sobre sexenios de transferencia que confirmó la brecha de género que existe en este campo.

En este mismo sentido, con la nueva LOSE “se asegura la composición equilibrada entre mujeres y hombres de las comisiones de evaluación o selección”.

Fomentar la calidad docente

“Es una contradicción de que paguen por enseñar pero promocionen por investigar”, ha observado Castells durante la rueda de prensa, en alusión a que en teoría la principal ocupación del personal docente investigador (PDI) es dar clase, pero obtiene mejoras en su estatus laboral investigando a través de los sexenios investigadores. En la docencia solo se tiene en cuenta la acumulación de años a través de los quinquenios, que se traducen en pequeños pluses económicos, pero nada más.

La LOSU –esto ya lo había adelantado hace meses el ministro– quiere reforzar el perfil docente de muchos trabajadores universitarios, para lo que incluye la creación de un sexenio docente, e incluye la evaluación de los méritos docentes, además de los investigadores, a la hora de otorgar las acreditaciones imprescindibles para ejercer. Para la regulación de estas acreditaciones el borrador se remite a un futuro real decreto aún inexistente.

Los estudios

El Ministerio ha destacado que la tasa de abandono de los estudiantes es “elevada”, alcanzando el 21%. Además, ha señalado Castells, solo uno de cada tres universitarios (36%) finaliza sus estudios en el tiempo teóricamente asignado a sus programas. Para mejorar estos datos, y la empleabilidad de los estudiantes, el anteproyecto de LOSU consolida la estructura de grado-máster-doctorado y regula la posibilidad de que las dos primeras etapas puedan incluir una mención dual (que el proyecto formativo se complemente en otra entidad, sea una empresa o una organización social, entre otras) o que se puedan ofrecer grados “con itinerario abierto” para cursar asignaturas de otros títulos oficiales del mismo ámbito de conocimiento, según establece el artículo 10.

También, como parte de la estrategia de internacionalización de las universidades, se anima a los centros a “la creación de títulos y programas conjuntos [con universidades extranjeras y a] la elaboración de títulos y programas conjuntos que incorporen el uso de idiomas extranjeros”.

Los profesores titulares podrán ser rectores

Una de las principales novedades de la reforma, tenga más o menos efecto real: la nueva LOSU eliminará el actual requisito de ser catedrático para llegar al rectorado de una universidad. Castells cambia el rango por méritos, según él mismo ha explicado. Si la norma se aprueba sin cambios en este apartado, para ser rector será necesario ser funcionario y sumar tres sexenios de investigación, tres quinquenios de docencia y “cuatro años de experiencia de gestión universitaria en un cargo unipersonal”. Los mandatos durarán seis años improrrogables, lo cual también es nuevo.

Además, se establecen dos sistemas de elección a rector entre los que tendrá que elegir el claustro de cada centro. El primero es el actual, elecciones mediante. El segundo, nuevo, “en el caso de que así lo recojan los estatutos de la universidad, esta podrá contar con un órgano específico de elección del Rector o Rectora”, según se lee en el documento. El artículo 28 del texto elabora después que este órgano tendrá un 50% de PDI, 10% de estudiantado, 10% de personal técnico o de gestión y administración de servicios y un 30% de “personas externas a la universidad de reconocido prestigio académico, cultural, social, empresarial o institucional locales, nacionales o internacionales”.

El proceso de selección se parece a uno laboral. “El procedimiento de elección implicará un concurso abierto en el que se valorará el currículum, incluidos méritos académicos, de investigación, de gestión y profesionales, y el proyecto institucional de universidad que presenten los candidatos o candidatas, además de la realización de las correspondientes entrevistas”, especifica el texto. Harán falta la mitad más uno de los votos en primera votación o mayoría simple entre dos candidatos en segunda.

La investigación

Que las universidades investiguen es una de las obsesiones del ministro, que a menudo repite que “sin investigación no hay universidad”. Para ello, asienta en la LOSU lo que ya introdujo en su real decreto de creación de centros, y cada universidad deberá dedicar a la I+D+i al menos el 5% de su presupuesto. También obligará al profesorado a realizar la triple función que se le supone: docencia, investigación y transferencia de conocimiento. Esto se logrará estableciendo horquillas mínimas y máximas del régimen de dedicación docente del profesorado.

Ahondando en este concepto, el artículo 58 del texto establece que en las convocatorias de plazas “las universidades reservarán, en cómputo anual, un mínimo del 15% del total de plazas que oferten para los cuerpos docentes de Universidad y el profesorado contratado permanente, para la incorporación de personal investigador doctor que haya finalizado programas de excelencia, autonómicos, nacionales e internacionales, y que hayan obtenido el certificado I3”.

A por la tercera ley universitaria. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario Español (LOSU), una norma con la que el ministro, Manuel Castells, pretende renovar la Universidad 20 años después de la última ley y que se centra, según explicó en rueda de prensa, en la mejora de la calidad de los centros, la situación laboral del profesorado –uno de los grandes problemas en los campus por la precariedad, tras haberlo intentado mediante una norma específica que fue rechazada una y otra vez por la comunidad universitaria–, y otros aspectos como la mejora de la equidad y el acceso, los derechos de los estudiantes o el sistema de elección del rector, que dejará de ser un cargo exclusivo de catedráticos y pasará a serlo por méritos laborales.

El Ministerio de Universidades reconoce en la nota de prensa que ha difundido tras el Consejo de Ministros que las “limitaciones presupuestarias y las tasas de reposición (...) han provocado situaciones de precarización, un excesivo envejecimiento de las plantillas y otras disfunciones que, en conjunto, han aumentado las desigualdades sociales y han puesto en riesgo la sostenibilidad, el acceso igualitario y la calidad del sistema universitario”.

El texto, que probablemente pasará a ser conocido como ley Castells, tiene por delante todavía un buen recorrido parlamentario antes de ser una realidad legal. Tras la aprobación de este martes la ley pasa a consulta pública y de ahí irá al Parlamento con todos sus trámites. Para sacarlo adelante, el Gobierno tendrá que convencer a algunos de sus apoyos habituales en el Congreso.

El anteproyecto también apuesta por un cambio en la manera de enseñar en la Universidad para favorecer “la reflexión”. Se lee en su exposición de motivos: “La autonomía del aprendizaje en un entorno digital permite al profesorado centrarse en guiar la reflexión superando el papel tradicional de control de la memorización, habida cuenta la disponibilidad y accesibilidad de la información a través de Internet”.

Algunas novedades, otras no tanto

Varias de las novedades que ha presentado el ministro durante la rueda de prensa no son tales. Castells ha empezado haciendo referencia a la “mejora de la calidad” de las universidades, aspecto que ya se recoge en un Real Decreto de creación de universidades que ya está publicado en el BOE hace meses. Otra de las patas de la nueva ley, “la vinculación con la economía y el empleo”, se presentó en su momento en la ley de Formación Profesional (FP), que le lleva unas semanas de ventaja a esta en el trámite parlamentario y por la que se facilitarán las pasarelas entre Universidad y FP Superior, y otras atañen a las becas, que van por otro lado.

Una de las principales novedades que recoge la ley es el intento del ministerio por “acabar la precariedad del PDI”, según ha valorado Castells. Para ello, además de algunas disposiciones en lo relativo a la proporción de funcionarios y contratados en plantillas –que ya recoge el decreto de creación de centros–, uno de los principales cambios viene de que las comisiones de selección que otorgan las plazas convocadas tendrán una mayoría de personal ajeno a la universidad, una medida que Castells pretende acabe con la habitual práctica de otorgar estas plazas en su mayoría a gente de la casa (más de un 70% de los profesores universitarios trabaja en la misma universidad en la que obtuvo el doctorado).

Castells también quiere abordar la situación del profesorado asociado, la más precaria de las figuras, totalmente desfigurada respecto a lo que se espera de ella, y la que más ha crecido en los últimos años como consecuencia de la caída de la financiación de los centros. Para ellos, ha explicado el ministro, se reservará un 15% de las plazas convocadas para quien sume cinco años de relación con su universidad. Pero solo para los doctores. Para los no doctores se crea la figura del Profesor Contratado No Doctor, para psersonas que también hayan tenido esta relación de cinco años con su centro pero no tiene el doctorado.

El anteproyecto establece tres tipos de profesorado universitario, con lo que se pretende simplificar la panoplia de contratos que existe ahora: habrá ayudante doctor, titular y catedrático. Según ha explicado Castells, también se creará una carrera laboral equivalente y paralela para no funcionarios. Además, se establece una temporalidad máxima del 20% para el Personal Docente Investigador (PDI, el grueso del profesorado universitario, hasta ahora puede suponer el 40% y de media está por encima) y se establece la posibilidad de que los doctorandos (quienes están preparando su tesis) tengan contratos temporales, limitados a tres años, mientras finalizan su tesis.

Las novedades también alcanzan a la gestión de las universidades. Una de las más llamativas es que Universidades pretende acabar con el requisito de que para ser rector sea necesario ser catedrático, como sucede ahora. “Será funcionario o funcionaria, pero en lugar de rango contarán los méritos académicos en la capacidad de gestión”, ha explicado el ministro. Esto es, cualquier profesor que sea funcionario, tenga tres sexenios de investigación, tres quinquenios de docencia y que además “haya desempeñado cargos de gestión en dirección de la universidad, departamentos, decanatos o vicerrectorías durante al menos cuatro años” podrá optar al máximo cargo universitario, que durará seis años. La nueva ley también permitirá a las universidades mantener el actual modelo de elección o crear un comité de elección que dirija el proceso.

Mejorar la equidad

“La nueva LOSU incorpora diferentes medidas que ponen énfasis en esa equidad, tanto por razones de género como por otras razones”, explica Universidades en su nota. Para ello, se buscará la paridad entre hombres y mujeres en los órganos colegiados, los planes de igualdad, protocolos contra el acoso o un registro salarial para evitar la brecha de género, según refleja el comunicado y ha explicado el ministro. Varias de esas medidas son ya obligatorias para los centros, a falta de los nuevos detalles que puedan aparecen en el texto.

Castells también ha dedicado un minuto al estudiantado, que ha calificado de “la razón de ser de la Universidad”. Ha recordado que Universidades y Educación han cambiado el modelo de becas para que llegue a más gente, se han limitado los precios máximos de las tasas universitarias y ahora se incrementará su participación en los órganos de Gobierno de los centros.

Una batería de medidas

Como se ha comentado, esta norma se complementa con otras, como la que modificará la FP o el Real Decreto de creación de universidades, aprobado hace pocos meses por el Gobierno. Esta norma sustituye a la anterior, aprobada por el exministro José Ignacio Wert en 2015, y básicamente endurece los requisitos para crear nuevos centros y también para mantener los ya existentes, toda vez que tiene carácter retroactivo. Esta actualización responde a la preocupación en el ministerio por la proliferación de universidades de escasa calidad, según explicaron sus responsables, más centradas en el negocio que en la academia.

El nuevo RD pretende que las universidades, públicas y privadas, tengan más oferta académica, más estudiantes de grado (en contraposición a los de máster, más beneficiosos económicamente), más doctores y menos personal eventual y que investiguen más (la mayoría de las privadas apenas dedica fondos a esto). Un estudio del Observatorio del Sistema Universitario de Catalunya estableció que solo 12 de las 81 universidades que evaluó (en España hay 88 actualmente) cumplen actualmente los requisitos que establece este decreto. Habrá que ver si Universidades se aplica en hacerlo cumplir, ya que en este momento solo 18 de esas mismas 81 cumplen las (escasas) condiciones que imponía el decreto vigente hasta hace unos meses y no tuvo consecuencias.

“Vamos a por todas. No es una tarea sencilla, pero lo debemos hacer con mucha alegría”. Así ha cerrado Yolanda Díaz su primer mensaje al grupo parlamentario de Unidas Podemos desde que asumió el liderazgo político del espacio, tras la salida de Pablo Iglesias. Acompañada de la ministra de Derechos Sociales y candidata a suceder a Iglesias en Podemos, Ione Belarra; de la ministra de Igualdad, Irene Montero; del de Consumo, Alberto Garzón; del de Universidades, Manuel Castells; y del presidente del grupo, Jaume Asens, la vicepresidenta tercera del Gobierno ha intentado insuflar ánimos a los diputados tras la marcha del fundador de Podemos. “Vamos a ser decisivas en la próxima década”, ha dicho. “Asumamos la responsabilidad que está ya en nuestra vida”, ha añadido, para reclamar una actuación política menos centrada “en Twitter” y más “en las cosas pequeñas” o “cotidianas”, que son las que importan de verdad a la gente, ha dicho. “La legislatura comienza ahora”, ha enfatizado.

Díaz, quien todavía no ha aceptado formalmente ser la candidata de Unidas Podemos en las próximas elecciones, sí ha asumido este jueves el liderazgo sobre el grupo parlamentario como principal referente del espacio en el Gobierno. La vicepresidenta se ha mostrado “orgullosa” de un espacio político que “ha cambiado la historia”, ha dicho. Y también “de Pablo Iglesias, de lo que representa y de lo que ha hecho: cambiar la historia”, ha añadido. La dirigente gallega, consciente del vacío que deja la marcha del ya ex secretario general, ha reconocido que están “en transición”. “Pablo Iglesias está aquí con nosotras. No tengamos ningún temor. Va a caminar con nosotras, como siempre ha hecho”, ha asegurado.

Pero la también ministra de Trabajo ha dedicado la mayor parte de su discurso a hablar de lo que Unidas Podemos tiene por delante. De los retos pendientes, de cómo quiere que se afronten y de los cambios que pretende acometer. “Comienza una etapa nueva, colectiva”, ha señalado. “Vosotras, vosotros, y mucha más gente que nos va a acompañar, vamos a ser decisivas en la próxima década”, ha apuntado.

“La legislatura comienza ahora”

Yolanda Díaz ha asegurado a sus diputados que “la legislatura comienza ahora”, después de que el Gobierno haya dedicado prácticamente todos sus esfuerzos en luchar contra la crisis sanitaria, social y económica provocada por la pandemia. “Hemos estado volcadas durante más de un año en una gestión que fue difícil, en la que ningún país del mundo tenía experiencia, y que fue dolorosa”, ha recordado. Pero con la inmunidad de grupo comprometida por el presidente del Gobierno para el mes de agosto, Díaz ha dicho que se empieza “a levantar la cabeza, a respirar un futuro que va a ser un poquito mejor para todas y todos”. “Con más optimismo y esperanza”, ha añadido.

Díaz ha querido poner en marcha al grupo parlamentario. “Soy muy exigente y os quiero pedir cosas. Trabajemos mucho y bien. Hay que trabajar más. Tenemos que redoblar las energías porque vamos a seguir haciendo historia”.

La vicepresidenta ha defendido el “escudo social” puesto en marcha a instancias de los ministerios de Unidas Podemos para poner un colchón en la crisis provocada por la pandemia. “Las medidas de protección social que desplegamos, peleando mucho, han demostrado que sí se puede gestionar para la gente”, ha asegurado. Pero ha llegado el momento de “trabajar en una recuperación justa e inclusiva” y en procurar que, a diferencia de lo ocurrido hace una década, no se salga de la crisis “con más desigualdad y precariedad”.

Díaz ha planteado la necesidad de escribir “un nuevo contrato social” en el que haya “varias manos”: de mujeres, de pensionistas, de desempleados para que “la economía esté al servicio de la gente”. “La pandemia ha cambiado nuestras vidas, pero sobre todo el sentido común de época. Vamos a estar a la altura”, ha añadido.

Fin a la “política de Twitter”

Díaz ha mostrado “preocupación” por la “enorme distancia” que siente entre la gente y “la dirigencia pública, la política” . “Sienten que estamos alejadas de sus preocupaciones cotidianas”, ha advertido. Las palabra de Díaz toman más valor pronunciadas a 48 horas del décimo aniversario de 15M. “La sociedad está sufriendo mucho, está resentida y soportando enormes incertidumbres”, ha dicho. “La Política, con mayúsculas, es la herramienta de los pueblos para logar transformaciones en sentido democrático. Hoy como hace 10 años nunca debemos olvidarlo”, ha señalado en otro momento de su discurso.

“Tenemos que atender las cosas pequeñas y cotidianas”, ha dicho. “Estar acompañando a la gente ahí fuera”, ha añadido. Y para eso, ha sostenido, hay que dejar la “política de Twitter”. Díaz ha asegurado que las redes sociales “transmiten ansiedad” a la gente y ha recordado que Ada Colau anunció recientemente que ha abandonado precisamente Twitter. “Ante ese malestar social nosotras debemos generar sosiego y tranquilidad. Sobre todo cuando tienen miedo y están sufriendo. Eso hacen las dirigentes grandes”, ha defendido.

Díaz ha asegurado que “esa política de Twitter” es algo “muy masculino” porque significa estar “pendiente de los ombligos”. “Hemos de preocuparnos de la vida cotidiana. Esto es muy feminista. De las pequeñas cosas que no dan grandes titulares, pero cambian la vida”, ha explicado. Díaz ha planteado algunas medidas aprobadas por los cinco ministerio de Unidas Podemos y que, en su opinión, han recabado menos titulares de los que merecían, como el plan Corresponsables de Igualdad, la subida de SMI, el incremento de las becas universitarias, la reversión de los recortes en materia de Dependencia o la prohibición de la publicidad de casas de apuestas. A veces “dan titulares negativos, pero cambian la vida de la gente”, ha recordado.

“La ansiedad no es buena”, ha insistido. “Ya hay demasiada ansiedad. No somos gente de ruido, trabajamos por el bien común”, ha añadido. “El afuera es lo importante, es nuestra gente, nuestro pueblo”, ha apuntado. Y ha zanjado: “La política de Twitter ha dejado fuera temas importantes”.

No es la primera vez que Yolanda Díaz marca diferencias con los usos que han sido costumbre en Podemos, y en Unidas Podemos. O con la forma de gestionar la organización que se ha venido usando hasta ahora. En su primera entrevista como vicepresidenta, en elDiario.es, la dirigente gallega ya dijo: “Yo no ordeno y mando, quiero un liderazgo no confrontativo y no jerárquico”. Hoy, Díaz ha planteado “liderazgos femeninos” y “feministas” como el de las primeras ministras de Nueva Zelanda y Finlandia, Jacinda Arden y Sanna Marin, o la candidata de los verdes alemanes, Annalena Baerbock. Y ha anunciado un proyecto legislativo que tendrá que desarrollar con Irene Montero, una ley de los usos del tiempo.

La vicepresidenta ha asegurado querer “contar con todos y todas como equipo”, en referencia al grupo parlamentario. Y ha lanzado un “mensaje desde el Gobierno de España”. “Este espacio va a por todas. Vamos a por todas. No es una tarea sencilla, pero lo debemos hacer con mucha alegría. Lo mejor está por hacer. Quedan muchas victorias para la gente de lo común”, ha cerrado su intervención.

Los fondos europeos del Plan de Recuperación asociado a la crisis provocada por la COVID que el Gobierno va a destinar a Educación se van a destinar a digitalizar el todo el sistema, Universidad incluida, a formar al profesorado de todas las etapas, a impulsar la Formación Profesional y a mejorar la equidad de la educación obligatoria mediante la creación de nuevas plazas de Educación Infantil o el refuerzo de programas específicos de apoyo como el PROA.

Los ministros de Educación, Isabel Celaá, y el de Universidades, Manuel Castells, han presentado este miércoles en La Moncloa el destino de esos fondos, una comparecencia que no ha traído grandes novedades (todas las medidas se habían anunciado ya según se han ido aprobando), pero que ha servido para obtener una visión de conjunto del uso de esta partida, que asciende entre ambos ministerios a más de 5.000 millones de euros. También para confirmar aspectos que se han quedado fuera (todos los no explícitamente mencionados), como una hipotética bajada de las ratios, la medida más solicitada por las asociaciones docentes, o anunciar la llegada por fin de los 300.000 ordenadores que Educación anunció que comprarían, que llegarán a algunas comunidades cuando el curso se acaba.

“Han pasado por 32 actuaciones. Adquirimos ordenadores para todo el curso del tiempo, no para un día”, ha justificado la ministra. “Que le lleguen a Madrid en junio no parece tan mal. Nos habría gustado mucho que llegaran antes, pero no ha podido ser. ¿Por qué? Porque los controles del contrato administrativo son tales que nos han traído hasta aquí. Las empresas que han entrado han tenido que tomarse su tiempo. Pero ya está en marcha y es una noticia extraordinaria”, ha sostenido.

Los ministros también han hablado del curso que viene, aunque sin ofrecer demasiadas certezas. Respecto a la etapa obligatoria, Celaá ha anunciado que la semana que viene hay una reunión a tres en la Conferencia Sectorial entre Educación, Sanidad y las comunidades autónomas para perfilar el año académico. Entre las cuestiones a resolver, si se acaba la con la semipresencialidad, que se ha dado sobre todo en los últimos cursos de Secundaria y en el Bachillerato, y el uso o no de mascarillas, ventilación, etc.

Más claro parece este extremo en la Universidad. El ministro Castells ha sostenido que, aunque no se sabe en qué momento de la pandemia va a estar España en septiembre, “la mascarilla la vamos a llevar, las ventanas las vamos a abrir y las distancias se van a mantener”, ha adelantado. También tiene claro el ministro, tras la polémica del primer cuatrimestre, que los exámenes serán presenciales este verano. Como en el caso de Educación, Universidades hablará del curso con las comunidades y los rectores, en este caso durante el próximo mes de agosto.

Respecto a la duración limitada de estas ayudas en su conjunto, ambos ministros han insistido en que lo importante es abrir vías y que luego se continúen. “En 2024 esperamos que la historia no concluya, algunas personas seguirán viviendo”, ha ironizado Celaá. Castells ha defendido la impronta que dejarán los programas: “Las 4.000 personas que se van a recualificar estos años no desaparecen, hemos conseguido instalar capacidad docente e investigadora que desarrollarán en el futuro. Lo mismo pasa con la digitalización, es una transformación total del sistema”.

Ambos mandatarios han coincidido en señalar la, en su opinión, importancia de todos estos programas. “En mi larga carrera no he conocido un plan tan ambicioso que combine ideas innovadoras, principios de equidad y recursos. Es un campo en el que he hecho mucha investigación y es importante”, ha halagado el ministro Castells los proyectos de Educación. Celaá ha defendido que “la profunda reforma del sistema educativo” que emprendió el Gobierno el año pasado se verá “definitivamente impulsada” con el Plan de Recuperación.

Digitalizar el sistema de arriba abajo

Sea cual sea la situación el próximo curso, ambos ministerios contemplan que en algún momento, más inmediato o menos, haya que recurrir a algún tipo de enseñanza a distancia, y se preparan para ello. Buena parte de los fondos de recuperación se van a dedicar a digitalizar toda la infraestructura educativa, desde los colegios hasta las universidades. Educación destinará a ello 1.496 millones de euros, ha explicado Celaá, para instalar y mantener 240.000 aulas digitales interactivas en tres años (más de la mitad de las 425.000 existentes) que, entre otras cosas, permitan la enseñanza a distancia en el caso de que haya que enviar a parte del alumnado a su casa en determinados días, como ha sucedido este año. También se formará a los docentes para que sepan sacar partidos a estas aulas.

También se han adquirido por fin los 300.000 dispositivos (ordenadores y tablets) que se anunciaron al principio de curso para reducir la brecha digital. El pero es que los aparatos llegarán con el curso ya finalizado, hecho que la ministra ha admitido no es el ideal, pero ha sido el más rápido posible en función de los ritmos de contratación de la administración. Universidades destinará 142 millones de euros a mejoras similares.

Mejora de la equidad y la igualdad

Otra de las patas del proyecto del Gobierno. Educación va a aprovechar parte de los fondos para impulsar una de las medidas firmadas en el pacto de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, el aumento de la oferta de plazas públicas del primer ciclo de Educación Infantil, el que cubre entre cero y tres años. Para ello, se destinarán 670 millones de euros a la creación de 60.000 nuevas plazas, bien abriendo nuevas líneas en escuelas ya existentes bien creando nuevos centros. La cifra aún se queda corta respecto a las 240.000 que organizaciones como Save the Children calculan necesarias para universalizar esta etapa, que en España ronda el 40% de escolarización frente al 99% del 3-6.

También habrá un refuerzo del programa de apoyo a alumnos con necesidades educativas PROA, que tiene gran aceptación entre el profesorado. Con los 320 millones de euros dedicados a esta cuestión, PROA llegará a 2.500 centros más, según el Gobierno. También se van a crear un millar de unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar del alumnado con dificultades, que seguirán a las familias y sus hijos durante el curso.

Universidades incluye en este apartado el aumento de las becas universitarias que ya ha anunciado y ejecutado el ministerio (un aumento del 22% en la partida y 90.000 estudiantes más favorecidos), aunque en este caso los fondos no vienen del plan europeo.

Formación del profesorado

Quizá la joya de la corona de Universidades. La cartera de Castells ha aprobado ya tres ambiciosos programas de ayudas a la formación y movilidad del profesorado universitario, dotados con 387 millones de euros, la mayor parte de su presupuesto extra con origen europeo. Son tres programas para jóvenes doctores, para profesorado universitario ya establecido y para la atracción de talento internacional con una duración de tres años. También habrá formación digital para el profesorado, tanto universitario como de Primaria y Secundaria.

El impulso a la FP

La última de las medidas de Educación, quizá la menos mediática aunque se come casi la mitad del presupuesto, 2.075 millones de euros. Un tercio de esta cantidad se invertirá en acreditar las competencias laborales que tres millones de españoles han obtenido mediante la experiencia laboral pero que no tienen reconocidas. Celaá ha cifrado la ambición del programa: en los últimos diez años se han acreditado las competencias de 300.000 personas y su ministerio aspira a hacerlo ahora con diez veces más en apenas tres años.

El impulso a la Formación Profesional se completa con 400 millones de euros para la formación modular de 700.000 trabajadores y desempleados, 200 millones para la creación de una red de centros de excelencia y 254 millones para crear 135.000 nuevas plazas de FP, entre otras medidas menores.

El ministro de Universidades Manuel Castells (Hellín, 1942) ha vuelto a Conectados para conversar con Ignacio Escolar sobre la actualidad política, repasar los principales retos de su ministerio, analizar la situación del gobierno de coalición o la salida de Pablo Iglesias del mismo.

Sobre la candidatura de Pablo Iglesias a la presidencia de la comunidad de Madrid, Castells ha advertido que “a Ayuso hay que tomarla muy en serio”. El ministro de Universidades ha comparado a la candidata popular con el expresidente de EEUU Donald Trump. “Ayuso es al PP lo que Trump al partido republicano”, ha asegurado, añadiendo que “el PP va a pagar un precio muy alto por esta deriva a la ultra derecha”. “El PP es esencial para la estabilidad de la democracia, y Ayuso puede ganar Madrid, pero el PP de Ayuso nunca va a ganar unas elecciones nacionales”, analizaba sobre el viraje de un sector del PP.

El ministro de Universidades ha recordado que tanto el ayuntamiento de Madrid como la comunidad “han sido socialistas” y de izquierdas, y que “Madrid no es genéticamente de derechas” aunque “Ayuso quiera dar esa impresión”. “Madrid tiene una larga tradición democrática, de clase trabajadora, de progresismo de izquierda, de una intelectualidad que no se puede reconocer en las barbaridades que dice esta señora”, ha añadido. 

Madrid tiene una larga tradición democrática, de clase trabajadora, de progresismo de izquierda, de una intelectualidad que no se puede reconocer en las barbaridades que dice esta señora

Castells ha criticado la actitud de la líder del PP madrileño, asegurando que “está en situación de desobediencia institucional” y haciendo un repaso de las decisiones desafiantes que Ayuso ha tomado en la comunidad en discrepancia con el gobierno central y el resto de comunidades. Así, ha denunciado que Ayuso está “utilizando un nacionalismo madrileño antiespañol” y que esto “puede crear una confrontación civil importante en Madrid y a la vez de Madrid con el resto de España”.

Por todo esto, ha puesto en valor la decisión de Iglesias de dejar la vicepresidencia del Gobierno para enfrentarse a Ayuso en las urnas. “Lo que ha hecho Pablo Iglesias es muy valiente, porque hay que ir donde está el peligro en términos políticos y hay que tratar de parar la política de Ayuso antes de que haya más gente que crea que esta es la solución a sus problemas cuando es exactamente lo contrario”, ha explicado. “Iglesias ha vuelto a las bases para tratar de movilizar y enfrentarse al rearme de la extrema derecha en Madrid y a Ayuso, que es un peligro para la democracia”, ha insistido.

Sobre la situación en el gobierno de coalición, Castells ha negado que existan fricciones en el Consejo de Ministros. “Dije desde el principio que no habría ningún riesgo de que se rompiera la coalición y no la hay ni la habrá. Esta legislatura la acaba este Gobierno”, ha respondido tajantemente. Así ha achacado a la derecha el afán de desacreditar al gobierno, porque “no han soportado perder el poder que tenían y saben que van a tardar muchos años en recuperarlo”.

El ministro ha aplaudido a la nueva vicepresidenta Yolanda Díaz, que toma el relevo de Iglesias, y también ha ensalzado su labor como ministra de Trabajo por los acuerdos que ha logrado. Castells ha asegurado que Yolanda Díaz tiene mejor imagen que Iglesias porque este se tuvo que “desgastar” en la confrontación, por lo que tiene un aspecto más “bronco” y de “militante duro”.

La nueva ley de universidades, en septiembre

El ministro también ha respondido a cuestiones relativas a su cartera que le han trasladado los socios y socias de elDiario.es. Muchos han preguntado por la situación precaria de parte del profesorado universitario y si se va a aprobar la nueva ley anunciada por Castells.

Castells ha asegurado que desde el principio “fueron conscientes de su situación” y ha diferenciado entre “profesores asociados y falsos asociados, que fueron contratados por las universidades de esta forma porque no había otra manera por la falta de recursos y no podían trabajar a tiempo completo”.

“La nueva ley orgánica del sistema universitaria estará, el anteproyecto en el consejo de ministros, en septiembre”, ha anunciado sobre el texto que traerá cambios a este colectivo.

También ha asegurado que está tratando de resolver desde su ministerio “que no se valore lo suficientemente la docencia”. “Yo suelo decir que nos pagan por enseñar y nos promocionan por investigar”, ha afirmado en referencia a la necesidad de investigar y publicar para hacer carrera como profesor. Por eso ha asegurado que se va a poner en marcha una reforma para que se baremen no solo los sexenios de investigación, sino también sexenios de docencia y así que se “valorice y remunere la excelencia en docencia”.

Públicas, privadas, presenciales o a distancia, todas casi por igual. La mayoría de las universidades españolas, sean del tipo que sean, no cumplen con alguno de los requisitos que el Gobierno impondrá a estos centros para seguir considerándolos como tales. Solo 12 de 81 universidades evaluadas (en total hay 88, pero de algunas no hay ciertos datos) cumplen todos los mínimos que aparecen en el borrador de Real Decreto que está tramitando el Ministerio de Universidades estos días, según un estudio del Observatorio del Sistema Universitario de Catalunya (OSU) a partir de datos sobre todo del Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU). Más aún, solo 18 de esas mismas 81 universidades cumplen los requisitos actualmente en vigor, según el Real Decreto (RD) aprobado por José Ignacio Wert, más laxo que el actual en cuanto a las condiciones.

Las Universidades van a tener que aplicarse para cumplir con el nuevo RD que prepara el Ministerio que dirige Manuel Castells. El borrador presentado especifica que todos los centros deberán alcanzar los mínimos que se plantean, para lo que tendrán cinco años en el caso de los campus ya existentes, sean privados o públicos, impartan docencia presencial, a distancia o una mezcla de ambas. El espíritu de los cambios que planea Universidades es evitar la proliferación de centros privados de dudosa calidad, especialmente con un modelo de enseñanza online, que se está dando recientemente, según explicaron fuentes del ministerio cuando se presentó el decreto.

Cuando se apruebe el Real Decreto, según el OSU y solo teniendo en cuenta solo los centros propios, no los adscritos, solo cumplirán la ley: la Universidad de Almería, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Granada, la Universidad de La Laguna, la Universidad de León, la Universidad de Oviedo, la Universidad Politécnica de Cartagena, la Universidad Politécnica de Madrid, la Universitat Politècnica de València, la Universidade de Santiago de Compostela, la Universidad de Sevilla, la Universidade de Vigo. De momento, a esos 12 centros todavía se unen la Universidade de A Coruña, la Universidad de Extremadura, la Universidad de Jaén, la Universidad de Deusto, la Universidad de Loyola de Andalucía y la la Universidad Pontificia de Salamanca, que cumplen los requisitos vigentes actualmente pero dejarán de hacerlo cuando se endurezca la normativa (ver gráficos).

“Hay un incumplimiento generalizado de los requisitos vigentes, que además lo están desde hace mucho, se limitan a cinco y a pesar de eso solo 18 universidades de 81 analizadas cumplen”, explica Vera Sacristán, presidenta del OSU y exprofesora de la Universidad Politécnica de Catalunya. Y es un incumplimiento que sale gratis, lamenta: “No ha tenido consecuencias todos estos años”.

Así, el nuevo texto legal endurece los mínimos que las universidades deberán cumplir. Los requisitos contemplados abarcan cuatro grandes aspectos de la Universidad: la oferta docente que deben realizar (al menos diez títulos oficiales de grado, seis de máster y tres programas oficiales de doctorado de tres de las cinco grandes ramas del conocimiento; también contar con al menos un 50% de su alumnado en grados y dobles grados y los matriculados en formación continua no podrán ser el doble o más de los que estudian títulos oficiales); la actividad investigadora (cinco proyectos de investigación concedidos, un 60% de profesores con sexenios aprobados entre los profesores doctores, dedicar al menos el 5% de su presupuesto a la I+D+i); plantilla del Personal Docente Investigador (una relación de un PDI por cada entre 50 y 100 estudiantes, no superar el 50% de PDI temporal); y una serie de requisitos relativos a los centros adscritos a las universidades que la mayoría incumple o no ofrece información al respecto. Estos centros adscritos normalmente son escuelas o entidades similares, casi todos privados, que se unen a una pública para ofrecer sus títulos oficiales bajo ese paraguas.

Sacristán cree que el decreto que tramita el Gobierno es coherente con el sistema universitario español. “El sistema español es conocido por ser un buen sistema para todos. Tiene un nivel alto en general, Merkel pidió ingenieros españoles un momento que les faltaba, a Reino Unido llegaron titulados de enfermería a petición de ellos. El decreto es coherente con esto e intenta mantenerlo en todas las universidades”, valora Sacristán. Respecto a las quejas de las universidades privadas a través del Foro Emilia Pardo Bazán por lo que creen un exceso en la cantidad de requisitos (Stanford no tiene tres áreas de conocimiento o Harvard más másters que grados, aducen), la exprofesora explica que estos centros responden al modelo estadounidense, “de especialización, donde hay un abismo entre por ejemplo el MIT y una población pequeña del medio oeste”, un modelo que difiere del español o europeo.

Desde la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) explican que “comparten la filosofía del proyecto” de Real Decreto y recuerdan que las universidades tendrán un plazo de cinco años para adaptarse. En una nota, la organización lamenta en relación a las plantillas docentes que “se aprecian ahora, y en toda su crudeza, las graves consecuencias que supusieron las políticas de recortes impuestas al Sistema Universitario Español durante la pasada crisis económica”, y recuerda que estas no se han revertido del todo. Y concluyen los rectores: “En otros aspectos, como es el caso de la cualificación del PDI o de la actividad investigadora, es importante resaltar que tanto los requisitos exigidos en el Real Decreto como los indicadores utilizados en algunos informes para la medición del grado de cumplimiento actual de la futura norma, deben precisarse con más claridad. En el Real Decreto, el sistema de medición de la actividad investigadora ni está suficientemente detallado ni responde a un criterio homogéneo y aplicable a todas las disciplinas”.

De Catalunya a Galicia

El grado de incumplimiento, tanto presente como futuro, varía mucho entre Universidades e incluso entre regiones, explica el OSU. Aunque todos los mínimos que establece el Gobierno son igual de obligatorios, hay centros que con una pequeña modificación pasarán a cumplir y otros que lo tienen prácticamente imposible. Entre los primeros se pueden citar las Universidades de Alcalá o Alicante, que solo necesitan bajar ligeramente su porcentaje de PDI temporal; entre los segundos, la Universidad del Atlántico Medio, de Canarias, no llega a uno solo de los 11 requisitos que exigirá el Gobierno (y algunos, como la oferta de doctorados, exigen de varios años para implantarse) o la Fernando Pessoa-Canarias, que sí cumple uno de los requisitos sobre estudiantes.

La situación también varía mucho en función del filtro con que se miren las Universidades. A nivel de comunidad autónoma, por ejemplo, ni una sola de las 12 universidades catalanas (siete públicas, cinco privadas) cumple todos los requisitos actualmente exigibles, siempre según datos del OSU. Le sigue Madrid, donde solo una de las 14 (la Politécnica, pública) llega. En el otro extremo, cinco de las diez universidades andaluzas (una privada y cuatro públicas) están bien. También destaca en el sentido positivo Galicia, que tiene tres universidades y las tres cumplen actualmente (serán dos cuando se apruebe el nuevo texto).

El OSU explica que las universidades públicas fallan principalmente en los requisitos relativos a las plantillas de PDI (33 de 48 públicas fallan aquí), mientras superan las exigencias investigadoras (solo 10 no llegan). Las privadas sí tienen problemas con la investigación (solo una de las 33 estudiadas cumple los tres requisitos que es posible comprobar a partir de los datos públicos, explica el Observatorio), lo cual también repercute en los doctorados y el porcentaje de profesores con sexenios, su punto más flojo, y las plantillas de PDI (nueve cumplen), mientras tienen su punto fuerte en la oferta docente (y aún así más de la mitad, 17 sobre 33, se quedan cortas).

El Gobierno pulveriza las carreras universitarias de tres años y determina que todas duren cuatro, a excepción de los estudios sanitarios, técnicos o títulos conjuntos con otros países europeos, que pueden extenderse más. Es lo que dispone el borrador del nuevo decreto de Ordenación de las Enseñanzas Oficiales en el Sistema Universitario Español, al que ha tenido acceso elDiario.es.

La cartera de Manuel Castells quiere poner fin al polémico sistema 3+2 (tres años de grado y dos de máster) que vio la luz junto al Plan Bolonia durante el mandato del exministro de Educación del PP, José Ignacio Wert. En consonancia con lo aplicado en otros países europeos, se permitió en 2015 que las universidades optasen de forma voluntaria entre 180 y 240 créditos (3 y 4 años, respectivamente) para facilitar supuestamente la internacionalización de los egresados españoles en Europa, ya que es donde está generalizado el sistema 3+2.

Ahora, los centros que los oferten (en su mayoría privados) tendrán un plazo de cuatro años para adaptar sus modalidades de Grado de 180 créditos ECTS a la de 240, de forma que no afecte a los alumnos que habían empezado a cursarlos.

Mayoría en Catalunya, donde critican la medida

Según ha informado el Ministerio de Universidades en rueda de prensa, estas carreras son minoritarias y apenas representan 70 -la mayoría en Catalunya- de las casi 3.000 titulaciones que se ofertan en España. Casi todas pertenecen a la rama de tecnologías y diseño digital, pero también se permitió establecer la fórmula en titulaciones de nueva creación como Gastronomía o Estudios Globales. Con esta medida, Castells pretende frenar la proliferación de grados cortos, centrados en la pronta incorporación al mercado laboral y que ofrecen formación básica de un área que luego se puede especializar durante dos años más.

La propuesta no ha gustado nada a la Generalitat, cuya Secretaría de Universidades puso las bases desde el principio para que los campus fuesen creando grados de tres años si así lo consideraban. Ahora mismo, en Catalunya son 17 de 180 las titulaciones que se imparten con solo 180 créditos –equivalente a tres cursos–, lo que supone un 9,5% sobre el total, aunque a nivel de alumnado sería un porcentaje mucho menor porque se trata de estudios todavía con pocas plazas.

“El borrador va en la dirección opuesta a la que deberíamos ir”, señalan fuentes de la Secretaría de Universidades catalana, que defienden que el sistema debería ser lo suficientemente “flexible” como para permitir la existencia de estudios de tres años siempre que cumplan “los requisitos de calidad”. También las mismas fuentes rebaten el argumento económico al señalar que en Catalunya trabajan para igualar los precios de máster y grado en el modelo 3+2. De momento, los estudiantes pagan lo mismo solo en el primer curso de máster.

El Ministerio ha pedido a los gobiernos autonómicos que reduzcan las tarifas de los másteres, que reclaman más financiación para compensar la bajada, sin lo cual este sistema beneficia a los estudiantes con más recursos.

El 3+2 ha sido una fórmula criticada debido a la diferencia entre el precio de las matrículas de los grados universitarios y los másters, que en este caso resultaban convenientes a efectos de completar la formación. Comisiones Obreras ha criticado a menudo un sistema que, en su opinión, “castiga a los estudiantes con menos recursos y favorece el mercado de títulos de posgrado en universidades privadas”. Así, el decreto de Universidades apuesta por el modelo '4+1', cuatro años de carrera y uno de máster voluntario.

Respecto a la estructura esencial del modelo universitario español, se mantienen las tres etapas, que consisten en Grados de 240 créditos; Másteres de 60, 90 y 120 créditos; y el Doctorado, al que se accede habiendo superado los 300 créditos en las dos etapas formativas anteriores.

Según el departamento de Castells, la experiencia acumulada por las Universidades durante los últimos años y el trabajo de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y del conjunto de agencias de calidad de las comunidades autónomas, “ha guiado un replanteamiento procedimental con el objetivo de, asegurando la calidad de la oferta académica, simplificar los procesos administrativos y la documentación necesaria, para focalizarse en aquellos temas que efectivamente constituyen el núcleo del proyecto académico formativo que es un título oficial de Grado, Máster o Doctorado”.  

En este sentido, ha defendido que la evaluación institucional de los centros “se configura como una pieza esencial en el engranaje del aseguramiento de la calidad de la oferta formativa universitaria y de desburocratización de los procedimientos implicados en el mismo”.

CSIF critica los cambios de postura del Ministerio

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha emitido un comunicado criticando la “política improvisada del Ministerio de Universidades” a la par que exige un “modelo de enseñanza universitaria homogéneo en todo el país”. Aseguran que el borrador de Castells “no introduce ninguna de las reformas más urgentes” del sistema y dicen no entender “sus continuos cambios de opinión que solo generan confusión e inseguridad en la comunidad educativa”.

El sindicato se refiere a que el año pasado el Ministerio no incluyó entre sus planes eliminar el modelo '3+2', sino todo lo contrario. “Mantener estos dos modelos en paralelo puede provocar desigualdad entre el alumnado de distintas comunidades autónomas y problemas de homologación” en los países de la UE.

“Desde CSIF, reclamamos una regulación unitaria, que garantice la igualdad de oportunidades del alumnado con independencia de la CCAA de la que proceda y un sistema de precios públicos que les permita completar sus estudios”, abunda el colectivo.

Información realizada con la colaboración de Pau Rodríguez, desde la edición de Catalunya.