La proliferación de centros privados de dudosa calidad, la clave detrás de los nuevos requisitos para las universidades

El Gobierno ha endurecido los requisitos para crear nuevas universidades ante la eclosión de peticiones de nuevos centros cuyos proyectos tenían una calidad dudosa. El Ministerio de Universidades está recibiendo en los últimos tiempos varias iniciativas para montar universidades privadas de educación online, con proyectos basados sobre todo en la docencia de títulos propios y formación continua, pero sin controles de calidad externos, a tenor de la actual normativa. Para ordenar el sistema y permitir un crecimiento ordenado del sector, Universidades decidió elevar la exigencia de calidad y la obligación de que los centros realicen más docencia básica (entendida como los grados oficiales, sujetos al control de calidad de las agencias oficiales). Para ello van a actualizar la normativa, según han explicado fuentes de la cartera que dirige Manuel Castells.

El nuevo Real Decreto de creación de centros universitarios establece que, para poder llamarse Universidad, un centro, sea público o privado, debe tener una oferta académica amplia (al menos diez grados, seis másteres y tres programas de doctorado de tres áreas de conocimiento diferentes), al menos la mitad de sus estudiantes oficiales deben estar cursando un grado (frente a los másteres y posgrados) y se tiene que dedicar un 5% del presupuesto a la investigación, entre otras medidas. El ministerio ha enviado a las comunidades autónomas el texto para su valoración.

Preocupa en el departamento de Castells el crecimiento de universidades centradas en la docencia, y especialmente las exclusivamente online. Más concretamente, Universidades mira a los centros que han apostado por impartir másteres, una etapa formativa posterior a los grados pensada para la especialización laboral y que son sensiblemente más caros que los grados: el precio de estudiar un máster cuesta de media 31,06 euros por crédito en el caso de los no habilitantes (estos son obligatorios para ejercer en determinadas carreras, como la abogacía o la docencia de Secundaria y por tanto más baratos), lo que es un 82% más caro que el precio del crédito de un grado (17,03 euros). El ministerio quiere que las universidades que quieran ser llamadas así no se centren tan específicamente en esta formación, más rentable para los centros.

En conjunto, el sector universitario privado ha crecido con fuerza en los últimos años. Y al menos 13 de las 37 universidades privadas existentes, más de un tercio, incumplen alguno de los parámetros de docencia, según un análisis realizado por este diario de la oferta y los estudiantes de los centros privados. Estas universidades tendrán cinco años a partir de la entrada en vigor del texto para alcanzar los mínimos que exige Universidades. Si no llegan, explican las fuentes, perderán su condición de Universidad y tendrán que llamarse de otra manera (centro de estudios, por ejemplo).

Los cambios afectarán sobre todo a las universidades privadas más pequeñas, especializadas en la formación en determinadas áreas concretas y que dedican pocos o ningún recurso a investigar, como puede suceder con la CUNEF de Madrid, un (todavía) centro adscrito a la Complutense de Madrid, entre las últimas en obtener la licencia para operar como Universidad aunque todavía no ejerza. Todos los grados, dobles grados y másteres que ofrece este centro pertenecen a la rama de las Ciencias Sociales y Jurídicas. Este centro tendrá que ampliar su oferta si quiere llamarse Universidad. Otras tendrán que modificar la relación de estudiantes de grado y másteres para tener más alumnos en las carreras.

El Ministerio no tiene nada contra estos centros, pero no quiere que se llamen Universidades porque consideran que una universidad es algo más. En el texto del Real Decreto, el Gobierno define las “funciones fundamentales que las universidades desempeñan en las sociedades contemporáneas”, que enumera: “la formación de futuros profesionales; la investigación; la transferencia de conocimiento; la formación de ciudadanas y de ciudadanos; el fomento de la innovación; la contribución al desarrollo social, cultural, económico y territorial; y la generación de pensamiento crítico”. A partir de aquí, sostiene Universidades, es necesario garantizar “unos niveles adecuados [de calidad] especialmente en docencia y en investigación (...). No se puede concebir, en el seno del sistema universitario español, una universidad que no desarrolle plenamente sus actividades de docencia y de investigación”, concluye.

José Manuel Pingarrón, secretario de Estado de Universidades, lo explica así: “Para que una universidad merezca el nombre de tal necesita tener actividad en las funciones fundamentales de una institución de educación superior. Esto tiene que ver con la impartición de las enseñanzas, en un número suficientemente gran para cubrir varias de las grandes ramas de conocimiento, y con la segunda función primordial de la universidad, que es la investigación. El borrador de real decreto clarifica la situación, concreta y establece claramente los criterios mínimos que una institución debe tener en docencia e investigación para tener el nombre de universidad”.

La eclosión de másteres

En los últimos años, la eclosión de los másteres universitarios es evidente. El espacio europeo común de educación superior (el plan Bolonia) trajo consigo, entre otros efectos, una mayor importancia de los estudios de posgrado al reducir la duración de muchos grados de cinco a cuatro años. Los centros privados vieron venir este giro y centraron parte de su esfuerzo en ofrecer posgrados. Y lo lograron, acaparando cada vez más estudiantes de máster en detrimento de las universidades públicas.

Los datos muestran cómo estos estudios de especialización se han disparado desde entonces y el creciente peso del sector privado en esta etapa. España reguló el plan Bolonia en 2007. El curso siguiente había en el sistema universitario un total de 50.421 estudiantes de máster, de ellos un 84,7% en la pública (42.753 personas) y 15,3% en la privada (7.668), según datos del Ministerio de Universidades. Hoy, pasada una década larga de la aprobación de Bolonia, el número de estudiantes de máster se ha multiplicado casi por cinco hasta alcanzar los 234.214 estudiantes. Pero la relación entre la pública y la privada ha cambiado: la Universidad pública ahora cuenta con un 59% de los alumnos de máster (138.414) y la privada un 41% (95.800).

Hay más. En el ministerio preocupa el aumento de las peticiones de creación de universidades privadas a distancia porque, explican, está recibiendo muchos proyectos y algunos de escasa calidad. Este tipo de formación también se ha disparado en los últimos años. Mirando de nuevo específicamente los másteres, la etapa que más inquieta en Universidades, se observa cómo los centros de titularidad particular acaparan estos estudios. También las tornas han cambiado en este apartado. Los 3.213 estudiantes que cursaban un máster a distancia en el curso 2008–2009 se repartían a partes iguales entre centros públicos (1.727 estudiantes, un 53,7%) y privados (1.486, el 46,3%). Hoy la balanza está claramente desnivelada hacia lo privado. De los 63.789 estudiantes que cursaron el pasado año un máster a distancia, el 15,3% lo hizo en una universidad pública frente al 84,7% en una privada.

El Real Decreto que ultima el ministerio también fija unos mínimos que deben cumplir las universidades online (hasta ahora la normativa se componía de dos vagos párrafos que no concretaban medida alguna) para ejercer. Dice el texto legal: “Las universidades de nueva creación o reconocimiento cuya oferta docente vaya a ser fundamentalmente impartida en modalidad virtual o no presencial deberán para cada título oficial especificar: si se articulará docentemente de forma sincrónica o asincrónica, o conjugando las dos modalidades; qué plataforma tecnológica será utilizada como campus virtual docente y sus principales características técnicas y funcionales; qué tipo de equipamientos e instalaciones tecnológicas se dispondrán para el funcionamiento de la actividad formativa; qué equipamientos informáticos deberá disponer el estudiantado para el desarrollo adecuado de su actividad; los sistemas de evaluación generales del aprendizaje y progreso del estudiantado; los sistemas de prácticas académicas externas y si serán no presenciales o presenciales; y qué programación se desplegará desde el inicio y en los años sucesivos de formación del profesorado en habilidades técnicas y metodologías docentes no presenciales”.

Este es el panorama que se van a encontrar todos los centros cuando se apruebe el Real Decreto, actualmente en fase de borrador y de consulta pública para que las partes interesadas realicen las aportaciones que consideren oportunas. La Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), que engloba tanto centros públicos como privados, ve “acertado y necesario” que “se introduzcan criterios calidad académica aceptados a nivel internacional” para crear universidades, según su presidente y rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos.