El PSC ganaría las elecciones catalanas del 12-M con 41 escaños, y el 29,4% de los votos, y el independentismo perdería la mayoría absoluta de 68 escaños, según un sondeo de la demoscópica Ipsos que publica este domingo La Vanguardia. Junts (29 diputados) y ERC (26) retrocederían en escaños y protagonizarían una lucha enconada por la segunda posición, según el mismo sondeo.

En paralelo, otro sondeo de Sigma Dos para El Mundo pronostica resultados muy similares, con una horquilla de 39-41 escaños para PSC, 26-29 escaños para Junts y 27-28 par ERC. En ambas encuestas, la Cup obtendría 7 escaños, perdiendo dos diputados, mientas que los comunes (Catalunya en Comú) subirían entre 1 y 2 diputados, hasta alcanzar los 9 a 10 diputados.

Por su parte, el PP remontaría claramente en los dos sondeos, pasando de los 3 diputados de 2021 a los 15 diputados, a la par que Vox aflojaría de los 11 diputados actuales a los 8 que le pronostican las dos publicaciones. Cs desaparecería del Parlamento perdiendo los seis diputados. Solo un tripartito de izquierda o un bipartito PSC-Junts tendría mayoría en la cámara catalana, según ambas encuestas.

La publicada por La Vanguardia fue realizada entre el 16 y el 20 de marzo, antes de que Carles Puigdemont anunciara su regreso si tiene opciones de ser investido presidente. En cambio, el sondeo de El Mundo fue elaborado entre el 14 y el 22 de marzo, coincidiendo con el anuncio de Aragonès, el miércoles día 13, de avanzar los comicios catalanes e incluyendo el posible efecto del anuncio de Puigdemont.

Illa, favorito para 'president'

En resumen, el adelanto electoral en Catalunya dejaría un panorama con un PSC que ganaría por primera vez en votos y escaños –y pasaría de 33 a 41 diputados– y un “pinchazo” independentista que le haría ceder hasta 12 escaños y perder la mayoría. ERC retrocedería a siete diputados; Junts, tres; y la CUP, dos. En cuanto a la derecha, sumaría otros tres escaños y el PP sería el gran beneficiado de la desaparición de Cs, pasando de 3 a 15 diputados y avanzando Vox (que cambiaría los 11 escaños por 8).

El sondeo de Ipsos por 'La Vanguardia' también pregunta por el candidato preferido como president de la Generalitat: el 23% de los encuestados apuesta por Salvador Illa, frente al 13% que opta por Puigdemont y un 9% por Aragonès. De hecho, el 77% de los encuestados ve necesario un relevo en el Govern tras las elecciones del 12 de mayo. Por último, un 63% considera negativa la situación política de Catalunya y sólo una tercera parte cree que va en la buena dirección.

Hoy mismo en una entrevista en La Vanguardia, Salvador Illa, se declaraba seguro de su victoria y aseguraba que es el único candidato “que puede conseguir una financiación justa y efectiva, que aporte más recursos a Catalunya”. Por su parte, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha asegurado en una entrevista en El periódico que ERC ya habla con el PSOE del referéndum y vería 'ideal' unir las tablas de partidos y gobiernos, en una clara referencia a un posible pacto postelectoral entre ambos partidos. No obstante, para gobernar la Generalitat precisarían de un acuerdo a tres bandas con otro partido, muy probablemente Catalunya en Comú.

Twitter es uno de los campos de batalla predilectos de los partidos políticos, y Vox sin duda es uno de los que más provecho saca. Desde beneficiarse de la enorme difusión de sus tuits, vídeos y memes hasta quejarse de ser víctimas de la censura de la red social cuando sus mensajes caen en el racismo, la xenofobia o el racismo. Uno de los puntos álgidos de sus desencuentros con Twitter fue cuando, poco antes de las elecciones catalanas de 2021, la red social limitó la actividad de su cuenta por un tuit abiertamente racista contra la población magrebí en Catalunya. Ahora el Tribunal Supremo acaba de avalar esa decisión, que dejó a la ultraderecha sin posibilidad de tuitear durante ocho días, en una sentencia en la que los jueces reclaman una regulación más sólida en cuanto al poder censor de estas plataformas.

El tuit fue escrito por la cuenta oficial de Vox, que a día de hoy acumula más de 450.000 seguidores, el 27 de enero de 2021, pocos días antes de que la fecha de los comicios catalanes fuera fijada para el 14 de febrero y también de que el CIS vaticinase una fuerte entrada de la ultraderecha en el Parlament, que finalmente se produjo con 11 escaños. Una parte de la campaña liderada por Ignacio Garriga se basó en acusar a la población magrebí de cometer casi la totalidad de los delitos en Catalunya.

“Suponen aproximadamente un 0,2% y son responsables del 93% de las denuncias. La mayoría son procedentes del Magreb. Es la Cataluña que están dejando la unánime indolencia y complicidad con la delincuencia importada. ¡Sólo queda VOX!#StopIslamización”, decía el mensaje que un día después fue sancionado por la propia red social por incumplir sus términos de contrato y las cláusulas que prohíben mensajes que difundan el discurso de odio, en este caso contra la población migrante.

Esta campaña islamófoba fue analizada por la Fiscalía de Delitos de Odio, que finalmente decretó el archivo el pasado mes de octubre, y también acabó en manos de la Junta Electoral Central, que poco después avalaba la medida tomada por Twitter. La limitación para no tuitear durante ocho días con la cuenta oficial del partido, entendió la JEC, era una medida proporcionada basada en un contrato privado aceptado por la formación política, aunque reconocía un vacío normativo en España para tratar este tipo de asuntos. La decisión contó con un voto particular de José Miguel Serrano, candidato a la JEC propuesto por Vox en su renovación de 2020.

Ahora ha sido el Tribunal Supremo, con José Luis Requero como ponente, el que ha rechazado el último recurso del partido de Santiago Abascal y ha confirmado la decisión de Twitter de suspender su cuenta durante ocho días. Una sentencia que, en primer lugar, recuerda que se produjo en base a un contrato aceptado por Vox cuando abrió la cuenta, con unas cláusulas “que Vox ahora reputa abusivas y unilaterales pero que aceptó al abrir su cuenta”, recuerda el Supremo. Estas cláusulas, además, no pueden ser anuladas ni por la Junta Electoral ni por el Supremo, tal y como recuerdan los jueces al estudiar esta petición del partido ultraderechista.

Es un caso similar al estudiado por la Audiencia de Palma en 2020 cuando un antiguo candidato de Vox al Senado, José Luis Sánchez Saliquet, recurrió el cierre de su cuenta tras afirmar ante sus 35.000 seguidores que “el 67% de los casos de pederastia los cometen homosexuales”, aunque ese caso se ventiló por la vía civil y el de Vox se ha hecho por lo contencioso al haber ocurrido en el contexto de un proceso electoral, los comicios catalanes de 2021.

El Supremo avala en este caso la capacidad de Twitter para suspender la actividad de la cuenta de Vox aunque reprocha a la red social que lo hiciera sin consultar al partido “sobre la inexistencia de intencionalidad incitadora al odio, omisión relevante”, dicen los jueces. También consideran una contradicción que Vox alegue un daño al partido y sus derechos electorales cuando no presentó ningún tipo de actuación hasta el octavo día de la suspensión: “Vox no reaccionó sino el día en que expiraban los efectos de la limitación, luego poco daño pudo causarle en su campaña electoral si no reaccionó en tiempo instando de la Junta Electoral Central al menos una medida cautelar”, razona el Supremo.

Los jueces también abordan la escasez de regulación en torno a este asunto y el margen de maniobra que tienen las redes sociales para eliminar mensajes o limitar el uso de una cuenta de manera unilateral. La sentencia define como “insatisfactorio” el “escaso tratamiento legal de ese poder censor que se reservan contractualmente las redes sociales, erigidas hoy día en medios de difusión masiva de todo tipo de contenidos, también políticos, con un poder e influencia manifiestos en tiempos electorales”. También consideran escasa la regulación del control que sobre esto puede llegar a tener la Junta Electoral.

Luís Pérez, conocido como Alvise Pérez en Twitter, tendrá que comparecer ante la Justicia por difundir una falsa PCR positiva del exministro de Sanidad y candidato del PSC a la Generalitat, Salvador Illa, durante la pasada campaña de las elecciones al Parlament. La jueza de Barcelona que investiga al tuitero lo ha citado a declarar como imputado por falsedad documental e injurias para el próximo mes de septiembre, han informado a elDiario.es fuentes del caso.

La titular del juzgado de instrucción 33 de Barcelona ha acordado la citación de Pérez como investigado después de la denuncia de la Fiscalía y de Illa contra el tuitero. El jefe de la oposición catalán se personó el pasado mes de junio como acusación contra Pérez con el objetivo es defender su honorabilidad “puesta en cuestión con insultos y mentiras”. Previamente la Fiscalía ya había denunciado a Pérez por los delitos de falsedad en documento privado e injurias al haber difundido una PCR positiva falsa del exministro de Sanidad durante un debate televisivo de las últimas elecciones catalanas.

Según la Fiscalía, la imagen de la PCR falsa fue “íntegramente” confeccionada por el internauta. El propio hospital desmintió el bulo de Pérez y aclaró que el resultado de la PCR publicado era falso y que no había emitido ningún diagnóstico con el número que figuraba en la prueba atribuida falsamente a Illa. En opinión de la Fiscalía, la publicación de la PCR falsa “por un medio masivo como Twitter, que permitía su visionado y redistribución indiscriminada”, fue llevada a cabo por el denunciado en campaña electoral “con el propósito de perjudicar a Salvador Illa en sus legítimas expectativas como candidato a la presidencia de la Generalitat”.

Alvise Pérez tiene más de 220.000 seguidores en Twitter, donde se identifica como analista, y ya ha protagonizado anteriormente polémicas relacionadas con bulos después desmentidos. Se ha convertido en uno de los principales agitadores de la extrema derecha en las redes sociales y antes fue jefe de gabinete del coordinador valenciano de Ciudadanos, Toni Cantó. También difundió un montaje fotográfico falso en el que aparecía un gran cartel con el rostro de Pedro Sánchez y el lema “Un buen ciudadano obedece”, colgado en la fachada de la sede federal del PSOE.

Sus métodos imitan a los de un locutor de la 'alt-right' norteamericana, la derecha que reniega del conservadurismo moderado y que ha dejado los supuestos complejos con los progresistas a un lado para atacar a poblaciones en riesgo de exclusión y disparar a todas horas contra la izquierda. Agita teorías de las conspiración, lanza datos de dudosa comprobación o directamente ofrece información y datos falsos.

Amenaza de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) a ERC y Junts per Catalunya. La presidenta de la entidad independentista, Elisenda Paluzie, ha advertido a los dos partidos de la que ANC dejará de apoyarles en caso de repetición electoral. “Si nos abocáis a nuevas elecciones o si repetís un Govern sin un plan para avanzar hacia la independencia, la ANC nunca más estará a vuestro lado”, ha proclamado Paluzie.

Aunque en los últimos años ha perdido influencia en los partidos independentistas, la ANC sigue siendo un actor a tener en cuenta dentro del elenco soberanista, en especial por su capacidad de movilización. Paluzie ha mandado este mensaje durante una concentración de centenares de personas frente al Palau de la Generalitat, en la plaza Sant Jaume de Barcelona, para presionar a los dos partidos independentistas para que lleguen a un acuerdo a falta de diez días para que se precipite la repetición electoral en Catalunya.

Paluzie ha abogado por un Govern “nítidamente” independentista en consonancia con el 52% de votos obtenidos por las formaciones secesionistas en las elecciones del 14-F y con los postulados de Junts, que rechaza la entrada de los 'comuns' en el Govern.

Según Paluzie, la sociedad civil “está más decepcionada que nunca” al ver que los partidos independentistas “derrochan” el resultado de hace tres meses. “Hemos perdido la paciencia y la confianza”, ha aseverado el vicepresidente de la entidad, el ingeniero David Fernàndez.

Aunque sin la amenaza lanzada este domingo por la ANC, también la otra entidad representativa del soberanismo, Òmnium Cultural, llamó esta semana al acuerdo para evitar la repetición electoral. Su presidente, Jordi Cuixart, instó a los partidos soberanistas a dejar los “linchamientos” y abandonar el “hipertacticismo” en las negociaciones para formar Govern, que se encuentran en crisis por las discrepancias entre Junts y ERC por la presencia de los de Carles Puigdemont en el Ejecutivo.

La semana que empezará este lunes será la última oportunidad para que Junts y ERC superen sus discrepancias, que pasan por la entrada de los posconvergentes en el Ejecutivo, que el presidenciable de ERC, Pere Aragonès, vetó el pasado 1 de mayo. También crea discordia el Consejo por la República, entidad privada controlada por Puigdemont que Junts quiere que sea el espacio donde consensuar la estrategia independentista, pero que ERC en cambio ve como una treta de los posconvergentes para tutelar un Govern presidido por Aragonès.

Tampoco hay acuerdo en el papel que deben jugar los grupos independentistas en Madrid, ni en la estructura del Govern, ni en el reparto de los departamentos, en especial a lo que se refiere a dos de las áreas más codiciadas: la gestión de los fondos europeos y las políticas de comunicación y difusión así como los cargos en los medios públicos de la Generalitat. Si el miércoles 26 de mayo el Parlament no ha investido a un president, Catalunya volverá a votar en julio.

Un acuerdo “de mínimos” que evite la repetición electoral en Catalunya. Este es el compromiso alcanzado por Junts per Catalunya, ERC y la CUP tras una reunión de casi dos horas en el Parlament. En un comunicado conjunto y ambiguo, los tres grupos independentistas han querido mostrar su intención de que la legislatura no fracase antes de empezar. En 14 días se sabrá si lo consiguen.

El encuentro a tres bandas de este miércoles ha sido auspiciado por la CUP tras la reunión de este martes entre Junts y ERC que constató la crisis de la negociación. Los dos partidos mayoritarios del independentismo se reafirmaron en sus discrepancias y Junts trasladó formalmente que solo apoyaría la investidura de Pere Aragonès si entraba en el Govern (lo contrario había dicho hace un mes el secretario general de los posconvergentes, Jordi Sànchez).

Con la confianza entre ERC y Junts por los suelos, la CUP ha intentado pegar las piezas del jarrón roto que es a día de hoy el independentismo. Tras el encuentro los tres partidos han emitido un comunicado conjunto en el que se comprometen a cuatro “puntos de mínimos como base para desatascar” la legislatura. Nada dice el comunicado de la presencia de Junts el en Govern, que Aragonès descartó el sábado y los de Puigdemont insisten en reclamar.

El primer “punto de mínimos” a acordar entre los independentistas lo podría suscribir cualquier partido: “Dar una respuesta a la crisis social y económica que vive el país”. El segundo versa sobre “construir un muro de defensa de los derechos fundamentales y básicos que tienen un amplio apoyo por parte de la sociedad catalana y que no caben en el marco del Estado”, sin más concreción.

En tercer lugar los independentistas apuestan por convocar “una reunión de trabajo para construir un gran Acuerdo Nacional por la Autodeterminación”, una nueva estructura similar al Pacto por el Referèndum de 2016 y que Junts, ERC y la CUP quieren que vaya más allá de los partidos y agrupe a sindicatos y entidades favorables a una “solución democrática” al conflicto catalán. Intentando conjuntar la apuesta por la unilateralidad de Junts y la de la negociación de ERC, el comunicado pactado entre los tres partidos expone “el compromiso inequívoco que desde el diálogo y el embate democrático al Estado se pueda lograr el ejercicio de la autodeterminación y la amnistía durante la próxima legislatura”.

Por último, los soberanistas quieren acordar “un espacio para el debate de la estrategia independentista más allá del marco de la gobernabilidad” tras el tira y afloja entre ERC y Junts sobre el Consejo por la República, la entidad privada controlada por Carles Puigdemont. Junts pretende que el Consejo marque la estrategia independentista, algo a lo que se resiste ERC, que apuesta por el Govern y el Parlament como guías del proceso soberanista.

La vuelta de los independentistas a la misma mesa hace perder opciones a la alternativa de un Govern apoyado por los 'comuns', habida cuenta de la negativa de Ada Colau a suscribir cualquier pacto en el que estén los posconvergentes. La líder de En Comú Podem en el Parlament, Jéssica Albiach, ha insistido desde TV3 en que por ellos “no quedará” en su intento de formar Govern con ERC, si bien ha abierto la puerta a facilitar que Esquerra gobierne en solitario.

Por su parte, el líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, ha pedido a ERC que “levante el cordón sanitario” que planteó a los socialistas antes de las elecciones del 14F y facilite una mayoría de izquierdas liderada por el PSC. “A ellos les interpelo: no sale la vía independentista que está fracasada, dejen al menos que se pueda articular un gobierno de izquierdas y levanten el cordón sanitario que firmaron contra el PSC”, ha dicho en una visita a Mataró (Barcelona). Quedan catorce días para que el 26 de mayo el Parlament quede disuelto por falta de president y se convoquen automáticamente elecciones para el mes de julio.

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha afirmado este que el acuerdo de investidura de los 'comuns' con ERC en Catalunya está “cerca” y se podría cerrar “perfectamente” esta semana. “Por nosotros no será”, ha dicho este martes Asens en una entrevista en el programa 'Cafè d'Idees' de RTVE, en la que ha apostado por una entrada de los 'comuns' en el Govern que los republicanos por el momento rechazan.

Según Asens, los 'comuns' deben entrar en el Ejecutivo catalán para evitar que Junts per Catalunya “gobierne por la puerta de atrás”, si bien ha matizado que su grupo negociará con los republicanos “sin líneas rojas”. “Lo que es importante es ponerse de acuerdo con el programa de investidura, el resto es secundario”, ha apostillado, informa la ACN.

A falta de dos semanas para cumplirse el plazo que llevaría a la repetición electoral en Catalunya, las negociaciones entre los partidos han dado un giro al descartar ERC un gobierno de coalición con Junts y centrar las conversaciones únicamente en un acuerdo de investidura que lleve a un Govern en solitario de los republicanos presidido por Pere Aragonès.

Para este objetivo los republicanos cortejan ahora a los ocho diputados de los 'comuns' en el Parlament, que sumados a los nueve de la CUP y a los 33 de ERC sumarían 50 parlamentarios a favor de la investidura de Aragonès. Ante el 'no' de PSC, Vox, Ciudadanos y PP, que suman 53 diputados, ERC precisaría de cuatro diputados de Junts que votaran a favor de Aragonès y que el resto se abstuvieran, un extremo que el partido de Puigdemont se había comprometido a asegurar para evitar elecciones pero del que ahora se ha desdicho, lo que ha generado tensión interna en la formación.

Asens ha opinado que la apuesta de ERC para gobernar en solitario y dejar la negociación para un gobierno de coalición con Junts es “sincera”, y lo ha visto una “ventana de oportunidad”. “Debemos ser discretos pero rápidos”, ha agregado. El diputado de los 'comuns' en el Congreso ha celebrado que “ERC se emancipe de Junts”, y ha mantenido que la repetición electoral sería una “temeridad” pero que “no es un escenario descartable”, pues “a veces parece” que Junts lo desea para volver a superar en escaños a ERC.

Asimismo, Asens ha tildado de “inimaginable” que el PSC vote en contra de un acuerdo entre ERC y 'comuns' pues, según ha argumentado, “no basta con ganar elecciones”. “La correlación de fuerzas es la que es, no se puede engañar a la gente con una investidura 'fake'”, ha apostillado. Según Asens, desde la Moncloa “verían con buenos ojos” un Gobierno de los republicanos con el apoyo de En Comú Podem. Asens ha subrayado que las prioridades deben ser la salida de la crisis del coronavirus y la negociación en la mesa de diálogo.

En este sentido, ha opinado que para ERC la independencia no es una “prioridad inmediata”. “Es la realidad, no es una condición que ponemos nosotros”, ha sostenido. En relación con el pacto entre ERC y la CUP, Asens ha interpretado que los cupaires dan “una oportunidad” a la mesa de diálogo y ha defendido que los “embates democráticos” deben ser “eficaces” y “deben permitir avanzar”.

Por otro lado, el presidente de Unidas Podemos en la Cámara Baja ha dicho que es “prácticamente seguro” que los indultos a los presos independentistas lleguen antes del verano. Según los cálculos de Asens, el informe del Tribunal Supremo estará “en cuestión de días” en la mesa del Gobierno porque “ya no quedan más trámites”. Sin embargo, Asens ha dicho que no quiere “levantar expectativas”. Sobre la reforma del delito de sedición, Asens también ha opinado que se podría abordar antes del verano.

Nueva causa judicial abierta contra Jordi de la Fuente, dirigente de Vox en Barcelona y miembro del círculo más cercano del líder del partido en el Parlament, Ignacio Garriga. Un juez de Barcelona investiga a De la Fuente por la agresión denunciada por una vecina de la capital catalana durante un mitin de la formación ultraderechista el pasado 1 de febrero en el barrio del Carmel. Además de De la Fuente están imputados otros tres simpatizantes del partido, entre ellos José Luís de Temple y Agustín Montoliu, números nueve y quince de la lista de Vox por Barcelona en las últimas generales.

El magistrado del juzgado de instrucción 11 de Barcelona ha citado a los cuatro investigados para el próximo 11 de junio. No es la primera vez que De la Fuente se ve en un caso penal. Tal y como informó este diario el pasado mes de enero, la Fiscalía pide dos años de cárcel para De la Fuente por el ataque xenófobo a un centro de menores migrantes en el Masnou (Barcelona) en julio de 2019. El asesor de Garriga, según el Ministerio Público, acudió ataviado con un megáfono y coreó junto a más manifestantes gritos de “vamos a por ellos”, “moros de mierda”, “vamos a quemar el albergue” y “os vamos a matar”.

La denuncia contra De la Fuente la ha interpuesto Vicky, una vecina y activista del movimiento vecinal de Nou Barris, a quien representa la abogada Júlia Humet, del despacho Nèmesi Advocades. “Me retorcieron los brazos y me gritaron insultos como 'puta', 'zorra', 'roja de mierda'”, ha explicado Vicky tras comparecer este jueves ante el juzgado para ratificar la denuncia. Según la joven, fue De la Fuente quien la reconoció e instó al grupo de unos diez hombres a atacarla. El letrado de De la Fuente y los otros tres investigados es Juan Cremades, vicepresidente de Vox en Barcelona y que ha ejercido la acusación popular en nombre del partido de extrema derecha en varias causas derivadas del proceso soberanista.

La denunciante apunta a que De la Fuente pudo identificarla porque ya la había reconocido en anteriores manifestaciones de la extrema derecha en el barrio, como por ejemplo las concentraciones islamófobas de varios grupos ultras en contra de la apertura de una mezquita en el barrio. Otros vecinos y activistas del barrio, como Vicky, secundaron concentraciones contra la presencia de la extrema derecha en Nou Barris. En esa causa, la del oratorio, no está acusado De la Fuente, aunque el fiscal pide hasta 10 años de cárcel para un grupo de ultraderecha por su campaña de acoso al centro islámico.

La Fiscalía de delitos de odio está personada en la nueva causa contra De la Fuente, que todavía se encuentra en una fase inicial y que está pendiente de que se terminen de analizar los vídeos de los hechos para poder identificar a más sospechosos así como de un informe forense para evaluar las lesiones y afectaciones en la joven, que el mismo día fue atendida por sanitarios del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y por los Mossos d'Esquadra.

“He denunciado para no permitir la impunidad de los actos violentos de la extrema derecha”, ha explicado la joven. Vicky ha recibido el apoyo este jueves de activistas de Unitat Contra el Feixisme i el Racisme (UCFR) y de Solidaritat Perifèrica, cuya portavoz, Marina Morante, ha llamado a la “unidad frente a las agresiones fascistas y su discurso”.

Aunque debido a su pasado en el partido neonazi Movimiento Social Republicano (MSR) su nombre no figura en ningún lado y no va en las listas, De la Fuente ejerce como vicesecretario de organización 'de facto' de Vox en Barcelona. Fue uno de los asesores más próximos de Garriga durante la campaña de las elecciones generales de noviembre de 2019 y cuenta con la máxima confianza del líder del partido ultraderechista en el Parlament, así como de Juan Garriga, primo del candidato y presidente de Vox en la provincia de Barcelona. Este último incluyó a De la Fuente en los puestos destacados de su candidatura en las primarias del partido, que finalmente acabó ganando.

Cuando este diario preguntó en enero a Vox por su posición en el partido tras conocer la acusación de la Fiscalía, la formación de ultraderecha indicó que De la Fuente “forma parte del equipo” pero que ya no era asesor de Garriga. En noviembre de 2019 se le vio acompañando a Garriga en el plató de TV3 durante el debate entre los candidatos catalanes al Congreso y actualmente sigue participando en actos de campaña del partido. El pasado 20 de diciembre acompañó a Santiago Abascal y al propio Garriga en un acto en Barcelona. También se le ha visto acompañar a Garriga al estadio del Espanyol y en numerosos actos en la ciudad. El pasado 12 de octubre, estuvo con él en la ofrenda floral que Vox hizo en el monumento a Cristóbal Colón.

Además de las dos causas judiciales en las que está implicado De la Fuente, dos diputados de Vox en el Parlament, Mónica Lora y Juan Garriga, están a la espera de juicio por incitación al odio por haber repartido propaganda contra los inmigrantes en varias poblaciones durante las elecciones municipales de 2011, cuando pertenecían al partido xenófobo PlataformaxCatalunya (PxC). La Fiscalía pide su absolución, pero la acusación popular, que ejerce el letrado Hilal Tarkou, en nombre de la asociación Watani de Reus, solicita para ellos cuatro años de prisión.

En el mes de mayo se va a producir la confluencia del resultado electoral madrileño y la investidura, o no, del president de la Generalitat. Estando a la altura del mes de abril a la que estamos y sin noticias de avance en las negociaciones entre ERC y Junts, no parece que la sesión de investidura pueda hacerse en fecha lo suficientemente alejada del 4 de mayo como para no entrar en contacto con los resultados que arrojen las urnas ese día. Da la impresión de que la suerte está echada en el sentido contrario. El nacionalismo catalán no va a tomar una decisión hasta que no disponga de los resultados en Madrid y pueda calibrar el impacto que dichos resultados tienen o pueden tener en el Gobierno de Pedro Sánchez. 

La interferencia de los resultados electorales de Madrid con el proceso de investidura en Catalunya puede resultar difícil de manejar para el Gobierno central a menos que el tripartito de izquierda consiguiera la mayoría parlamentaria para investir a Ángel Gabilondo presidente de la Comunidad de Madrid. Si ocurriera esto último, es evidente que Pedro Sánchez se encontraría en condiciones inmejorables para tomar decisiones que facilitarían la negociación con el nacionalismo catalán o, por lo menos, con la parte del mismo que representa ERC. Una victoria de la izquierda en Madrid facilitaría de entrada los indultos de los presos del procés, con lo que se desinflamaría considerablemente la situación en Catalunya. La continuidad de la legislatura podría darse por descontada.

Pero si, como indican las encuestas, es la derecha de Isabel Díaz Ayuso la que se impone, las dificultades para negociar una salida del laberinto en que ahora mismo se encuentra la integración de Catalunya en el Estado aumentarían de manera considerable. Sería especialmente así, si la victoria de la derecha fuera una victoria rotunda. 

Nadie contaba con esta confluencia cuando se convocaron las elecciones catalanas, pero el paso en falso de la moción de censura en Murcia, ha posibilitado que la Presidenta de la Comunidad de Madrid haya decidido convocar elecciones, alterando con ello la agenda del presidente del Gobierno. De un PP noqueado por el resultado de las elecciones catalanas, hemos pasado a un PP que reta directamente al presidente del Gobierno desde Madrid. Es el PP el que elige el lugar en el que quiere enfrentarse. 

Si Ángel Gabilondo es el presidente de la Comunidad de Madrid después del 4 de mayo, el terremoto en la derecha será de una magnitud enorme. Posiblemente obligará a una refundación política de la derecha española, que iniciaría una suerte de travesía del desierto de duración indefinida. 

Pero si Isabel Díaz Ayuso se mantiene en la Presidencia, mi impresión es que las elecciones del día 4 van a ser el primer paso en la estrategia de poner fin a la legislatura y forzar la convocatoria de nuevas elecciones. El argumento de la falta de legitimidad del Gobierno se volverá a poner en circulación y proliferarán las escaramuzas de todo tipo para que vaya calando entre los ciudadanos. Volveríamos a un clima como el que se vivió en la investidura y en las renovaciones del estado de alarma en el mes de mayo del año pasado.

Con la composición del Congreso de los Diputados no es posible que el PP active con éxito una moción de censura y, en consecuencia, no va a ser por esa vía por la que intentará derribar al Gobierno de coalición. Lo que va a buscar por todas las vías imaginables es la ingobernabilidad del país. 

Hasta la noche del 4 de mayo no sabremos por qué camino puede transitar el sistema político español. Pero la confluencia de las investiduras catalana y madrileña introduce un elemento de incertidumbre con el que no se contaba. 

Ya lo veremos.

Media Europa viene a mear la borrachera en los portales y chaflanes mal iluminados de Madrid entre besos y abrazos, jaleada por las exclamaciones de “Libertad! Libertad!” de la presidenta Díaz Ayuso, el alcalde Martínez-Almeida, los únicos hosteleros de España que no han recibido un euro en ayudas directas del Gobierno regional al cual tanto agradecen y el 40% de los votantes según las encuestas, encantados de vivir en la comunidad líder en contagios e incidencia del virus.

La derecha gana la batalla ideológica que planteó en Madrid desde el primer minuto, mientras la izquierda se despista librando una guerra de marketing que a la derecha le da igual perder. Cada vez que Pedro Sánchez o Pablo Iglesias alertan del riesgo de que gobierne la extrema derecha en Madrid, miles de votantes potenciales de Vox se concentran en el PP para que la derrota les resulte tan dolorosa como incontestable el 4M.

La cuarta ola avanza inexorable mientras, de nuevo, los mismos gobernantes que se escudan en los científicos para las malas noticias deciden ignorarlos para darnos un permiso de fin de semana para Pascua; que disfrutaremos pretendiendo ignorar qué estamos haciendo y cuáles serán las dramáticas consecuencias, listos para indignarnos con los demás cuando venga lo peor.

Se acumulan los retrasos y los incumplimientos de farmacéuticas y gobiernos, la UE prosigue una contienda absurda contra AstraZeneca donde parece importar más la arrogancia de un puñado de burócratas que la inteligencia de asegurar los millones de dosis ahora y hacerles pagar su codicia después, nadie se ha dignado aún en explicar cómo es posible que en las neveras de España se acumularan sin administrar un millón de dosis de su vacuna días antes de que, frívolamente, se suspendiera y reanudara su uso… Nada importa, nada afecta, nada altera la consigna de mantener el objetivo del 70% de vacunación, pronunciada como si fuera una oración y una mentira repetida mil veces nos sirviera igual que la verdad.

Se aprueba un plan de ayudas estatal de once mil millones que todos sabemos que llega con un año de retraso, no da ni para empezar a gastar cuanto deberemos gastar para recuperarnos rápido y bien y, además, se va a repartir tarde, mal y a rastras. El error de siempre: gastar menos hoy que podemos gastar más para llegar a la conclusión de que debemos gastar más mañana, cuando ya no podamos hacerlo.

En Catalunya ya están hablando de ir a votar otra vez, mientras JuntsxCat sigue goleando a una pardilla ERC que nunca debió investir a Laura Borràs presidenta del Parlament sin haber atado la investidura de Pere Aragonés; se da en primero de política, en el curso de Patriotismo, Procesismo y Botiflerismo.

Un único megacarguero mal patroneado en el canal de Suez ha generado un atasco visible desde el espacio y va camino de infartar a la todopoderosa globalización, trastabillar el incontenible avance del comercio mundial y demostrar, de nuevo, que la famosa mano invisible de Adam Smith se hace la picha un lío a la primera dificultad.

Hasta Angela Merkel ha tenido que salir a autoinculparse por los errores cometidos por un puñado de gobernantes regionales paralizados por el miedo a tomar decisiones difíciles, malcriados por el liderazgo responsable de la canciller y acostumbrados a echarle la culpa de todo sin que rechiste.

Las señales en el cielo se multiplican. Hay que estar muy ciego para no verlas o tener muchas ganas de ignorarlas. Ya lo avisó Carolina Durante. Se viene la hostia del año como no nos estemos quietos.

Justo cuando debíamos estar centrados en acelerar la vacunación, evitar y contener la cuarta ola, intensificar y ampliar las exiguas políticas públicas implementadas para la gestión de los impactos económicos y sociales de la pandemia –seguimos muy a la cola en los países de la zona UE15 en gasto público a tales efectos– y engrasar y desarrollar la maquinaria de ideas y administración que necesitamos –y no tenemos– para optimizar con eficiencia los 140.000 millones de ayuda que van a venir de Europa, aquí estamos otra vez, en otra campaña electoral, con todo ralentizado, paralizado, aplazado, suspendido o a la espera del 4M; metidos hasta el cuello en una campaña que más parece un argumento entre cuñados en una boda –socialismo o libertad–, o una discusión entre los mismos cuñados ya entrada la madrugada y rumbo al puticlub –comunismo o libertad–.

Es lo que acostumbra a suceder cuando, en vez de cambiar la realidad para cambiar la matemática electoral, alguien se empeña en hacerlo al revés; que se entra en un bucle que solo puede conducir a la melancolía. La política deja de ser el arte de lo posible para convertirse en el arte de inventarse excusas para convocar de nuevo a las urnas hasta que la gente haga el favor de votar lo que me convenga de una vez.

De poco ha servido comprobar qué está pasando en Catalunya y parecía claro que iba a suceder: acaban de tener elecciones hace poco más de un mes y ya muchos especulan con volver a convocarlas porque no les va bien cómo han votado las catalanas y los catalanes. Con los presupuestos recién aprobados y aún sin ejecutar, con todas las condiciones para agotar la legislatura en orden, ya especulan no pocos en los despachos con adelantar las elecciones generales al poco que hayan votado en Madrid. Bien harían todos en analizar con atención qué acaba de suceder en Italia, justo cuando también se pusieron estrategas y candidatos y líderes de todos los colores se encaminaban alegremente a llamar a las urnas y volver a votar; luego no digan que no estaban avisados.

Decía Joseph Schumpeter, el influyente economista y politólogo austríaco, que las elecciones no son más que un mecanismo de selección de líderes. Cuando una sociedad lleva más de un lustro en bucle electoral, de campaña en campaña y vote otra vez porque le toca, o falla el mecanismo o no consigue seleccionar verdaderos líderes o, como parece el caso de España, ambos. 

El mecanismo se ha convertido en un fin en sí mismo, la única razón que explica todo lo demás. Desde la Gran Recesión, en España parece que votáramos y lo hiciéramos cada vez con más frecuencia únicamente para dirimir quién podrá convocar las siguientes elecciones, no para decidir quién debería gobernarnos y para hacer qué los siguientes cuatro años.

Gobernar no tiene glamour, resulta cansado y endemoniadamente complicado. Todo se vuelven contradicciones, desmentidos y descontentos. Nunca hay suficiente tiempo, suficientes recursos o suficientes ideas y siempre suele contradecirse a una o dos voluntades divinas. No se arreglan las cosas soltando frases ingeniosas con cara de estar muy convencido, muy seguro o muy enfadado, como acontece en una rueda de prensa o en un dúplex televisivo. Gobernar es un trabajo sucio, pero alguien tiene que hacerlo. Para eso vamos a votar. No para ver quién gana sino para decidir quién gobierna, no unos meses, o un año o dos sino cuatro años, toda una legislatura.

Siempre supone una incógnita cuánto podrá aguantar una sociedad viviendo en el límite de sus pasiones y sus vísceras, pero en España puede que no andemos lejos de descubrirlo. Elección tras elección solo una cosa permanece constante: la derecha extrema sale cada vez más fuerte tras cada una. Luego tampoco digan que no estaban avisados.

Se abre la sesión, bienvenidos a la XIII Legislatura catalana. Este viernes a las 10 de la mañana tendrá lugar la sesión de constitución del nuevo Parlament, en unas circunstancias atípicas por la pandemia. Será la primera vez que los 135 diputados catalanes se encuentren juntos, una situación que probablemente no se repita en muchos meses, ya que la Cámara está funcionando de manera semipresencial y no se reúne en pleno asistencial desde hace más de un año. Más allá de las cuestiones relacionadas con la COVID, la ceremonia será la habitual, con una primera Mesa de Edad que abrirá la legislatura y tres votaciones para componer la que será Mesa definitiva.

Como en cualquier evento de este tipo celebrado durante el último año, los organizadores han introducido cambios de formato para garantizar las medidas sanitarias, por lo que la nueva Cámara catalana se constituirá en el auditorio, situado en el patio cubierto que alberga el edificio histórico del Parlament. Aunque la sesión comienza a las 10h, según el guion enviado por los servicios parlamentarios a los grupos, se requiere la asistencia desde las 9:30 horas a algunos diputados para asegurar que todos ellos acceden en orden.

Tal y como se detalla en el manual, tanto el orden de colocación como el de entrada de los diputados irá del grupo mayor al menor, por franjas horarias desde las 9:30 hasta las 9:50 y con medidas de seguridad para evitar el contacto entre ellos. Los asientos serán nominales, solo podrán acceder los diputados y personal parlamentario, se tomará la temperatura a la entrada y el uso de la mascarilla será obligatorio durante toda la sesión.

Aunque para los nuevos diputados se requiere que lleguen media hora antes del inicio del acto, la sede del Legislativo catalán tendrá actividad desde mucho antes. El presidente saliente, Roger Torrent, tiene previsto llegar a las 8:15 horas, cuando será recibido por última vez por la formación de gala de los Mossos d'Esquadra. El que ha sido jefe de la Cámara desde enero de 2018 no repetirá y, si no hay imprevisto, será la diputada de Junts Laura Borràs quien tome su relevo, después del acuerdo alcanzado entre su formación y ERC. Torrent sin embargo volverá a sentarse en uno de los escaños como miembro raso del legislativo, después de haber sido elegido diputado como número tres de Esquerra.

Mesa de edad: Maragall y Vox

La sesión comienza con el secretario general del Parlament, Xavier Muro, como funcionario de mayor rango, leyendo el decreto de convocatoria. Muro formará entonces la Mesa de edad llamando al diputado mayor y a los dos más jóvenes. El representante de más edad repite, en esta ocasión, pues será Ernest Maragall, de 78 años, diputado por ERC, quien ya ocupó ese puesto en la anterior legislatura. Junto a él se sentarán dos secretarios: Alberto Tarradas, de 24 años, diputado de Vox por Girona, y David González, de 26 años, diputado del PSC por Barcelona.

Estos tres diputados deberán tomar una primera decisión polémica, cuando desde Junts reclamen que su diputado Lluís Puig vote por delegación, por encontrarse en Bélgica como parte de la delegación de exmiembros del Govern que se instalaron fuera de España para esquivar la acción del Tribunal Supremo. Se esperaba que los diputados que estuvieran en esta situación fueran dos, el propio Puig y la representante de ERC Meritxell Serret. Sin embargo de forma inesperada, esta última se ha personado este jueves ante el Tribunal Supremo con la intención de instalarse en su vivienda de Catalunya, después de llevar casi cuatro años en Bélgica, por lo que este viernes votará de forma presencial. Carles Puigdemont, por su parte, renunció al acta de diputado catalán el jueves, para mantener el escaño europeo.

La decisión de la Mesa de edad sobre el voto delegado afectará por tanto únicamente a Puig y deberán tomarla entre Maragall, Tarradas y González, por lo que todo apunta a que se desestimará. En la legislatura anterior sucedió algo similar, cuando pese a que en la Mesa de edad había mayoría independentista, a los presos sí se les permitió que pudieran delegar el voto pero no se contabilizaron los de los diputados en el extranjero.

Con la entrada fortuita de un miembro de Vox en la Mesa de edad la irrupción de la extrema derecha en la Cámara catalana será visible desde la primera jornada. Para evitar darle más oxígeno del estrictamente necesario, todos los partidos políticos con representación, a excepción de Ciudadanos y PP, han suscrito un acuerdo en el que se comprometen a aislar a Vox de la vida parlamentaria catalana. Los 117 diputados que suman entre PSC, ERC, Junts, CUP y En Comú Podem han pactado llegar a los acuerdos necesarios entre ellos para evitar que la formación de extrema derecha pueda ostentar representación en la Mesa del pleno, en mesas de comisiones ni coordinar grupos de trabajo o ser redactores de ponencias legislativas, así como también evitar en la medida de lo posible que designen a senadores.

Tres votaciones, la incógnita en la última

Llegados a este punto, se pasa a elegir a la presidenta del Parlament y el resto de la Mesa. Un proceso que se realiza mediante tres votaciones diferentes, todas ellas con papeletas en urna, donde todos los diputados pueden escribir el nombre de cualquier otro diputado. En la primera ronda se elige al presidente de la Cámara, con el sencillo método de que queda escogido el diputado que tenga más papeletas con su nombre. Está previsto que esa persona sea Laura Borràs, que debe recibir los 33 votos de ERC y los 31 presenciales de Junts, 64 en total y, por tanto, cómodamente por delante de la siguiente candidata con más opciones, Eva Granados, que sale de partida con los 33 votos del PSC.

Elegida la presidenta llega la segunda votación, en la que se eligen dos vicepresidencias, primera y segunda. Serán elegidas las dos personas que obtengan un mayor número de votos, en orden. En esta ocasión, quien tiene mejores números para ocupar la vicepresidencia primera es la candidata de ERC, Anna Caula. Esta diputada contaría con los votos de todos los independentistas, 74 en total. La vicepresidencia segunda está asegurada, ahora sí, para la aspirante socialista, Eva Granados, que tendría sus 33 votos y, quizás, algunos de otras formaciones. Eso formaría un Parlament histórico por lo que se refiere a la paridad, con un 47% de mujeres, una presidenta y dos vicepresidentas.

La tercera votación es la más compleja, porque de ella salen cuatro secretarías. El método es el mismo: obtiene la primera silla la persona que más votos obtenga, la siguiente la segunda silla y así hasta ocupar los cuatro puestos. Por eso, en esta votación las cosas están más abiertas y el resultado depende de la coordinación y pactos con los que lleguen los partidos. Lo que es seguro es que el bloque independentista puede conseguir seguro dos puestos en esta votación, mientras el PSC tiene asegurada uno. A partir de aquí, es una incógnita si el independentismo intentará conseguir tres, cederá el resto a En Comú Podem o, incluso, si el PSC es capaz de sumar un bloque alternativo para arrebatar la cuarta secretaría a los independentistas.

Pase lo que pase con la séptima silla, lo seguro es que en la legislatura entrante en la Mesa habrá una mayoría independentista, sea de cuatro o de cinco. Pero, también, que ERC será una formación decisiva pues tendrá la llave de la mayoría, con lo que podrá decantar qué mociones se aceptan y cuáles se rechazan. En la legislatura pasada esta cuestión supuso importantes choques entre Torrent y su vicepresident, de Junts, Josep Costa, que en esta legislatura ha renunciado al escaño.

La XIII legislatura catalana nacerá este viernes, cuando se constituya por primera vez el Parlament surgido de las elecciones del pasado 14 de febrero. Será el hemiciclo más paritario de la historia, con un 47,4% de mujeres, una presencia femenina que se espera extender al conjunto de órganos parlamentarios, incluida la Mesa que se vota el mismo día de la constitución de la Cámara, y también en las presidencias y mesas de las comisiones, que deben ir formándose. Esta será también la legislatura del desembarco de Vox en las instituciones catalanas. Una llegada que, por el momento, ha quedado deslucida después de que se les haya asignado los despachos de la buhardilla de la Cámara, una zona aislada y poco demandada.

Más allá de la ubicación de Vox, entre los grupos grandes el reparto de despachos se ha hecho en función de los resultados: el PSC se quedará con las estancias de Ciudadanos en la última legislatura, mientras que ERC ocupará los despachos que hasta ahora pertenecían a Junts. La irrupción de la extrema derecha en la vida parlamentaria catalana ha supuesto que la mayoría de las formaciones, tanto las de izquierdas como las independentistas, estén buscando fórmulas para minimizar la presencia del grupo de Ignacio Garriga en puestos de responsabilidad. Se espera que Vox no tenga asiento en la Mesa ni tampoco pueda acceder a presidencias de comisiones.

En esta legislatura habrá 64 escaños que tendrán el nombre de una mujer, muy lejos de las 7 que entraron en el primer Parlament que se formó en 1980 tras la recuperación de la democracia. En aquella primera etapa además ninguna diputada formó parte de la Mesa, que fue presidida por Heribert Barrera (ERC). La entrada en la primera mujer en un puesto de alta responsabilidad parlamentaria en Catalunya ocurrió en 1984, cuando Flora Sanabra (CiU) accedió como secretaria tercera. No sería hasta el año 1999 cuando una mujer consiguió el cargo de vicepresidenta, en su caso segunda, un puesto que ocupó la diputada del PP, Dolors Montserrat, madre de la hoy eurodiputada con el mismo nombre. Finalmente, en 2010, llegaría la primera presidenta del Parlament con Nuria De Gispert (CiU).

A menos de 48 horas de abrirse la primera sesión, es un incógnita quién presidirá el Parlament. Por el momento la CUP ha presentado al diputado por Lleida Pau Juvillà, que de entrada cuenta también con el respaldo de ERC, pero ambos grupos se mantienen en negociaciones con Junts, que también aspira a obtener la presidencia. Estos sin embargo no han desvelado aún el nombre de la persona a la que proponen, pese a la insistencia de ERC y la CUP. También el PSC ha hecho su propia propuesta, con el nombre de Eva Granados, que podría alzarse como vencedora si los independentistas no alcanzan un acuerdo y votan por separado.

Antes de votar la Mesa definitiva se constituirá el primer órgano temporal, la mesa de edad, a la que subirá el diputado de ERC Ernest Maragall, como representante de más edad, y Alberto Tarradas (Vox) y David González (PSC), por ser los más jóvenes, con 24 y 26 años respectivamente.

Si bien los despachos están asignados desde la semana pasada, aún no se ha repartido es la posición definitiva en la que se sentará cada grupo en el hemiciclo. Un asunto que en otras legislaturas era de gran interés pero que en esta, marcada por la pandemia, ha quedado en segundo plano por los plenos telemáticos o en los que comparecen solo unos pocos representantes de cada formación. Sin embargo, en el primer pleno, el de constitución, sí es necesario que acudan todos los nuevos diputados, por lo que uno de los patios del edificio ha sido adecuado para acoger la ceremonia guardando la distancia entre los 135 diputados y el resto de medidas de seguridad.

El Parlament ha repartido esta semana una guía infográfica entre los diputados en la que se señala cómo se sentará cada grupo. La entrada también se hará en orden de tamaño, comenzando a llenarse el espacio desde adelante y desde la derecha. Allí se sentará el PSC, que será el primer grupo en entrar, a las 9 en punto. Les seguirán ERC, que se sentará adelante y en el centro, y después Junts, adelante y a la izquierda. Una vez acomodados los tres grupos mayores, continuará el resto en el mismo orden. Antes de las 10 horas deben haber tomado asiento los 135 diputados para iniciar la ceremonia.

Además de la presidencia del Parlament, este viernes habrá otras dos votaciones: para elegir a los dos vicepresidentes y a los cuatro secretarios. Las tres elecciones se realizan escribiendo nombres en una papeleta y se reparten los cargos que haya en juego entre los más votados. Una fórmula que prima el pacto y la distribución equilibrada de cargos entre bloques. Una vez se elija la nueva Mesa, el nuevo presidente o presidenta tendrá hasta el día 26 de marzo para proponer al candidato a la presidencia de la Generalitat y celebrar el primer debate de investidura.

A menos de 72 horas para que se vote la presidencia y composición de la Mesa del nuevo Parlament catalán, por el momento el independentismo no tiene ningún acuerdo. ERC, Junts y la CUP han celebrado este martes su primera reunión a tres, que debía servir para encarrilar un pacto, pero fuentes de las formaciones destacan que por el momento ninguno de los puestos del órgano rector de la Cámara están decididos. Tanto la CUP como Junts mantienen su apuesta por hacerse con la presidencia, mientras ERC se decanta por apoyar a los anticapitalistas. Con todo, las posiciones no están encajonadas y las partes esperan que haya pacto antes del viernes.

Las negociaciones se han desarrollado hasta el momento de forma bilateral, con encuentros siempre entre dos formaciones. ERC y la CUP habían acercado posturas en reuniones previas, en las que los anticapitalistas habían mostrado interés en obtener la máxima jefatura de la Cámara. Una pretensión que los republicanos veían razonable, pero que desplazaba a Junts, a quien le correspondía el puesto por la tradición no escrita de que presidiese la Cámara el socio pequeño de la coalición del Govern.

“En la reunión hemos vuelto a poner sobre la mesa que una de las prioridades de la CUP durante la próxima legislatura es que la futura Mesa del Parlament garantice que en la cámara se puede hablar de todo: ante las amenazas, discursos de odio y coacciones de la extrema derecha y ante las injerencias constante del Tribunal Constitucional, y que la CUP estaría dispuesta para asumir la presidencia del Parlament para garantizarlo”, han recalcado los anticapitalistas en un comunicado tras el encuentro.

Por su parte, en Junts no desvelan su candidato a presidir la Mesa. La formación se resiste a negociar el puesto de máxima autoridad parlamentaria que consideran que les corresponde por derecho propio y para el que algunas voces con ascendencia postulan a la propia número uno, Laura Borràs. Sin embargo, en la delegación negociadora evitan ponerse líneas rojas y consideran que todo puede ser negociado, siempre que ERC esté dispuesta a concederles más control sobre áreas de Gobierno.

Además de Junts y la CUP, también el PSC ha señalado a su propia candidata a la presidencia de la Cámara, Eva Granados, quien con sus 33 diputados podría optar al puesto si el independentismo votase dividido el próximo viernes. También los 'comuns' han hecho una apuesta por su propio aspirante y, en su caso, presentan a su número dos, Joan Carles Gallego. Además de la presidencia del Parlament, este viernes habrá otras dos votaciones: para elegir a los dos vicepresidentes y a los cuatro secretarios. A partir de este momento, el nuevo presidente o presidenta tendrá hasta el día 26 para proponer al primer candidato a la investidura como president de la Generalitat.

“Esta intervención es un alegato a favor del Govern del 3 de octubre, de la vía amplia que queremos construir desde ERC con Junts, la CUP y En Comú Podem”. Con esta frase ha resumido el candidato republicano a la presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, la conferencia que este jueves ha pronunciado desde el espacio Serrahima de Barcelona. Un acto con el que ha abierto la que será la fase central de las negociaciones entre partidos para formar un nuevo Govern. En su discurso, Aragonès ha invitado a todos a centrarse “en el qué y no en el quién”, aunque por su parte ha sido el último intento de atar a la CUP y a los 'comuns' a un pacto de gobierno a cuatro con Junts.

“Se pueden hacer más cosas dentro del gobierno, a pesar de que eso suponga aceptar y digerir muchas contradicciones, que manteniéndose a la comodidad de la oposición”, ha advertido Aragonès, que ha tratado de presentar un proyecto de gobierno estable pero seductor desde la doble óptica del independentismo pactista y la de izquierdas. “Si queremos abrir una nueva etapa, hacer la sacudida que el país necesita, tenemos que salir todos de nuestra zona de confort y no mirar quién sino lo qué”, ha insistido. Desde las primeras butacas seguían sus palabras, además de algunos actores de la sociedad civil, representantes de Junts y de la CUP, pero nadie de En Comú Podem.

Pese a que en estos momentos la formación de Jéssica Albiach ni siquiera está cerca de un acuerdo como el que propone Aragonès, y que la CUP también ha dado muestras de estar poco interesada en entrar al Ejecutivo, el objetivo del líder de Esquerra es mantener la puerta de su proyecto abierta y generar, al menos, una geometría variable que le permita una legislatura más desahogada que la pasada. “Nadie tiene mayoría absoluta”, ha dicho. “Y esto nos obliga a llegar a acuerdos que beneficien a la ciudadanía de Catalunya, como hicimos con los presupuestos de 2020”, ha vuelto a indicar, de nuevo con una apelación a los 'comuns', que apoyaron las últimas cuentas en ausencia de la CUP.

Según ha sostenido Aragonès, un Govern como el que él propone permitiría dar paso a una “nueva Generalitat republicana” capaz de llevar a cabo las “cuatro revoluciones” que ha encumbrado, como son la social, la feminista, la verde y la democrática. Pero para esto, ha indicado, se requiere del concurso de las cuatro formaciones que están de acuerdo con el referéndum y con la libertad de los presos, y que además sumarán en la nueva Cámara una amplía mayoría de casi dos tercios. “¿A quién le da miedo este Govern? Le da pánico a quien quiere que no cambie nada”, ha exclamado.

Aunque la mayoría de los mensajes los ha dirigido hacia los dos partidos a quien está buscando seducir, CUP y 'comuns', el líder republicano no ha evitado las referencias a quien quiere mantener como principal aliado de Govern, Junts. Ante la mirada de Laura Borràs, el que se ha presentado como “aspirante a la presidencia de la Generalitat” ha asegurado que de las negociaciones debe salir “un acuerdo sólido, honesto y generoso”. “Yo estoy poniendo toda la voluntad y energía para el entendimiento”, ha dicho, advirtiendo que el que se forme será el Govern que tendrá en sus manos “el futuro de las nuevas generaciones” pero también el encargado de pilotar una “fase de resolución del conflicto con el Estado”.

Inmediatamente después de mostrar esta voluntad para el acuerdo, el jefe republicano también ha lanzado una advertencia: “Estoy seguro de que nadie jugara la carta de una repetición de elecciones por cálculo electoral”, ha dicho, porque a su juicio nadie entendería un movimiento así en un momento en el que “la crisis no espera”.

Más allá de esto, Aragonès ha marcado las líneas maestras de su Govern, que ha dibujado como actualizado a las necesidades del momento, tanto en el ámbito social y económico, como respecto a la cuestión nacional y la mirada hacia Europa. “No hemos venido a gestionar, hemos venido a transformar, a cambiar inercias y a cambiar el país”, ha proclamado, huyendo de la imagen de político de despacho que en momentos ha proyectado.

Entre sus apuestas para esta nueva etapa, figuran dos nuevos departamentos, ya conocidos, uno de Igualdad y Feminismos y un segundo de Acción por el Clima, de los que por el momento no ha avanzado el contenido. Además ha asegurado que considera que el nuevo Ejecutivo debe “romper con los departamentos estancos”. Una frase que muestra la aspiración de ERC a ir más allá del cambio de carteras con Junts para hacer todo un rediseño de la estructura de la Generalitat, y que les permitirá salir mejor parados en el reparto del poder de lo que podría tocarles sobre el papel.

Más allá de las grandes aspiraciones y de los proyectos novedosos, el discurso de Aragonès este jueves ha subrayado que el nuevo Govern deberá seguir dedicando buena parte de su tiempo a los mismos temas que han protagonizado la legislatura que se cierra ahora, como es la pandemia, la crisis económica, de la que el republicano ha hablado largo y tendido, y del conflicto independentista. Sobre esta última cuestión, que es la que más interesa a Junts pero también a la CUP, el jefe de ERC ha evitado hacer promesas pero ha sacado pecho asegurando que el suyo será un Govern que “sepa utilizar la mayoría” en las urnas “para luchar por la República catalana”.

La líder de los 'comuns' en el Parlament, Jéssica Albiach, ha anunciado este jueves que propondrán a Joan Carles Gallego, el número dos de su candidatura, como presidente de la cámara catalana. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Albiach ha elogiado el carácter dialogante del exdirigiente de CCOO y su capacidad de “superar bloques”.

La propuesta de los 'comuns' se suma a la CUP, que también ha puesto sobre la mesa la posibilidad de presidir el Parlament para defender la soberanía de la cámara ante el Tribunal Constitucional (TC). Albiach ha asegurado que si Gallego preside la institución, se podría hablar “de todo”. Y ha confirmado que los comuns votarán a favor de la propuesta de resolución presentada por los independentistas porque en el Parlament se continúe votando sobre autodeterminación y monarquía.

De cara a la investidura y formación del Govern, mantienen sobre la mesa su propuesta de un Ejecutivo de ERC con los 'comuns' y apoyados desde fuera en el Parlament por el PSC. Esta opción, sin embargo, la descartan de momento los dos partidos inerpelados.

Queda lejos el 14F, donde poco más de la mitad de la ciudadanía de Catalunya dibujó el nuevo mapa político, y los partidos políticos siguen negociando la composición del Govern. Mientras, la cruda realidad sanitaria, social, económica y ecológica cada día es más evidente y preocupante, y las expresiones políticas de ultraderecha y populistas van tomando posiciones en la vida política catalana. 

A pesar de los resultados electorales tienen, como siempre, múltiples lecturas, hay algunas claves para un diagnóstico compartido. La alta abstención explica, más allá del efecto pandemia, la desmovilización de unos y el cansancio y desafección otros. Parece como si la ciudadanía impugne el frentismo de la pasada legislatura. Más de un millón y medio de ciudadanos han desertado de instalarse en ninguno de los bandos de la confrontación, y el azulejo de la política se ha movido en el eje derecha izquierda de manera más nítida que cabe otra condesa. 

El resultado electoral, insatisfactorio para todo el mundo, es la lógica respondida de una ciudadanía que constata que como decía Martí Pol “ninguno de los prodigios que anunciaban taumaturgos insignes no se ha cumplido”. Hoy Catalunya es más pobre y más desigual que hace 10 años y, no solo no ha avanzado nacionalmente, sino que ha retrocedido en autogobierno y reconocimiento institucional. No es que el conflicto nacional se haya fundido, al contrario, sigue vivo y es real, pero la estrategia de supeditar los derechos sociales y los retos ecológicos y digitales en el adelanto de los derechos nacionales, no está dando resultados y genera cansancio y dejación.

El debate del nuevo Gobierno tiene que responder al expresado por la ciudadanía y a la composición real de su representación parlamentaria. El marco institucional tiene que ampliarse, no puede excluir la mitad del arco parlamentario. Las instituciones no pueden seguir instrumentalizadas partidariamente, tienen que querer representar al conjunto de los catalanes y catalanas, no solo a una parte de la ciudadanía.

La constitución de la Mesa del Parlament y del nuevo Govern de la Generalitat tiene que responder a las cuestiones trascendentales que marcarán la legislatura. Será económica y socialmente muy complicada. Y con el conflicto político nacional abierto, nos puede generar una alta frustración social y nos deteriora institucionalmente. Las decisiones sobre la Mesa y el Govern son la imagen del país que queremos.

La Mesa y la presidencia del Parlament tienen que identificar la pluralidad del país y, al tiempo, evidenciar el consenso con los valores democráticos, aislando las expresiones de extrema derecha y ultra populistas que corremos el peligro se instalen en la vida política. No podemos abonar los intentos de repetir dinámicas frentistas, ni a un lado ni a otro. 

El acuerdo de Govern no puede ser un simple reparto de sillas y una nueva relación de jerarquía entre fuerzas políticas para liderar el independentismo. El nuevo Govern, en su composición, tiene que proyectar cuál será la respuesta a los retos complejos que tenemos como sociedad. Es necesario establecer con claridad, y publicidad, las líneas de acción política, en un acuerdo de Govern que anuncie propuestas y medidas, en vez de disputas de sillas y prelación de partidos. 

La negociación de un Acuerdo de Govern tiene que girar alrededor de cinco grandes ejes: a) Plan de Choque que atienda la salud y las ayudas y apoyos que apacigüen la crisis económica y social; b) Medidas de refuerzo del Sector Público, para garantizar el Bienestar y la Cohesión Social y el liderazgo público de las transformaciones económicas; c) Estrategia Industrial concertada, para abordar los retos ecológicos y digital en la necesaria transformación del modo de producir y distribuir, basado en el trabajo digno, la investigación, formación e innovación y el equilibrio territorial; d) Fiscalidad justa, que busque mayores recursos en los ámbitos con posibilidades de mayor tributación e incorpore la fiscalidad verde para reforzar el combate contra el cambio climáticos, y un nuevo Pacto Fiscal con el estado que garantice la corresponsabilidad fiscal, la suficiencia de ingresos y la solidaridad interterritorial; y e) Compromiso para la negociación con el estado del conflicto político, que expresan amplios sectores de la ciudadanía que cuestionan la ensambladura constitucional actual, y la construcción de una acuerdo que pueda ser refrendado por la ciudadanía y obviamente la libertad de los dirigentes independentistas

Estas cuestiones tienen que determinar la configuración del Gobierno. Es el que se tiene que explicar a la ciudadanía. Hay fórmulas para hacerlo posible y es en esta lógica que entiendo la propuesta pública que hace Jéssica Albiach a Aragonés e Illa: Un Gobierno conformado por ERC y En Comú Podem, con el apoyo del PSC. Porque en el nuevo escenario político y con la grave crisis social y económica, hay que asumir compromisos firmes con la ciudadanía para devolver a las instituciones y la política su sentido y abrir espacios en los debates políticos y sociales, donde quepan las críticas, las diferencias y las contrapropuestas. “De nada nos vale”, como dice Martí Pol, “la añoranza o la complanta, ni el toque de displicente melancolía”, tenemos que pedir valentía a las fuerzas políticas para abrir nuevos caminos. 

La ciudadanía tiene que encontrar en la política el vehículo donde explicitar sus malestares, sin tener que recurrir a quemar las calles. Las organizaciones cívicas y sociales tienen que canalizar a través de las instituciones la representación de sus intereses propios, para poder confrontarlos sin miedo a sentirse partidariamente manipulados. Necesitamos una fórmula de Gobierno y de vida institucional donde se puedan construir los consensos, políticos y sociales, imprescindibles por emprender las estrategias que aborden los retos actuales y de futuro, que no su pocos, ni son simples. 

Abrimos una nueva etapa. Un Govern que lidere, que impulse los procesos de concertación social y construya los consensos políticos de una estrategia compartida de país, para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, garantizar la cohesión social, equilibrar la economía y el territorio y resolver los conflictos políticos existentes. Nadie tiene que renunciar a ser quién es, ni a sus horizontes políticos e ideológicos. Pero tenemos que hacer que la política, la negociación y la construcción de acuerdos sean el marco para hacer avanzar los derechos sociales y nacionales y donde se sientan representadas las amplias y varias mayorías del país.

ERC no cree posible poder contar con los votos del PSC para una investidura de Pere Aragonès. Después de que este fin de semana los 'comuns' propusieran un Govern de coalición entre los republicanos y ellos, con el apoyo externo de los socialistas, este lunes la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, ha replicado que este es un escenario que “no pasará”. “Representamos proyectos absolutamente contrario para el país, nosotros tenemos una agenda independentista y de izquierdas, en contra de la represión, y eso pasa por el referéndum y la amnistía. Y aquí el PSC no está, por tanto, no hay nada a pactar ni nada a sumar”, ha asegurado tajante la portavoz.

La formación independentista insiste en un acuerdo de un Govern “cuanto más amplio posible” que a su juicio debería sumar el apoyo de todo el soberanismo, incluido En Comú Podem. Según ha indicado Vilalta, tanto su partido como Junts, CUP y los 'comuns' comparten el rechazo a “la represión y la apuesta por la autodeterminación”, por lo que deben ser fuerzas compatibles. Los de Jéssica Albiach, por su parte, ya han reiterado en diversas ocasiones que son incompatibles con Junts, con quienes no coincidirán en una votación de investidura.

La marcha de las negociaciones entre los partidos han ido subrayando la falta de encaje entre las sumas que pretende ERC y la que prefiere En Comú Podem. Esta última formación ya afirmó la semana pasada que o bien Esquerra aceptaba su propuesta de coalición para hacer un Govern netamente de izquierdas, o los 'comuns' se cerrarían posteriormente a acuerdos globales. “Estaremos en el Govern o en la oposición, ERC debe decidir”, afirman fuentes de En Comú Podem a este medio la semana pasada. El partido de Albiach rechazaba así la fórmula ofrecida por los republicanos para incluirlo en una geometría variable a lo largo de la legislatura

Las cosas están más aplanadas respecto al acuerdo con la CUP. “Algunos encuentros ya están dando frutos”, ha indicado Vilalta, que ha afirmado que ERC se ha comprometido ante los anticapitalistas a estudiar cambios en el modelo policial. Una negociación que no se ha cerrado pero que gira en torno a puntos concretos como una moratoria sobre los proyectiles de 'foam', evitar la actuación de los Mossos en desahucios o retirar acusaciones de la Generalitat contra manifestantes y activistas.

Pese a que hay buena sintonía entre ERC y la CUP, los anticapitalistas ya han mostrado que podrían tener poco interés en entrar al Ejecutivo y preferirían utilizar su influencia para mejorar su presencia en el Parlament. Los anticapitalistas de hecho se plantean presentar candidatura a la presidencia de la Cámara, aunque admiten que no es la única opción. Lo que sí ponen como requisito en la formación independentista es que la Mesa del Parlament tenga una composición que permita al pleno “hablar de todo”, lo que significa no acatar las prohibiciones de debates que pueda hacer el Tribunal Constitucional. Precisamente este lunes la Fiscalía se ha querellado contra el presidente del Parlament, Roger Torrent, y los otros tres miembros independentistas de la Mesa por un delito de desobediencia al permitir la tramitación y votación de una moción sobre la autodeterminación y otra para reprobar al rey Felipe VI, en contra de lo ordenado por el Tribunal Constitucional.

Dada la posición de la CUP, si finalmente los anticapitalistas se cerraran a entrar en el Ejecutivo, a ERC solo le quedaría volver a negociar con Junts el esquema del nuevo Govern. Por el momento, ambas formaciones aseguran que aún no han abordado esta cuestión, aunque en las dos formaciones descartan que puedan llegar al momento de la investidura sin acuerdo. ERC ha anunciado además que este jueves su candidato a la presidencia, Pere Aragonès, pronunciará una conferencia para exponer públicamente las “líneas maestras” del que quiere ser su nuevo Govern.

“Tenemos una oportunidad histórica para configurar un Govern fuerte que se preocupe desde el minuto uno de las necesidades del pais, de acabar con la represión y de culminar el camino hacia la República catalana”, ha asegurado Vilalta, “no podemos malgastar ese resultado histórico”.

Paso adelante de los 'comuns' para desbloquear la formación de gobierno en Catalunya. El Consejo Nacional de Catalunya en Comú ha aprobado este sábado apostar por un Govern entre ERC y los 'comuns' con el apoyo externo del PSC. La coalición entre republicanos y 'comuns' con el apoyo parlamentario del PSC es, según el partido de Ada Colau, la “única alternativa real” para un Ejecutivo de izquierdas.

El propuesto por Albiach sería un Govern en minoría (ERC y 'comuns' solo suman 41 escaños), aunque con el apoyo parlamentario del PSC sí alcanzaría los 74 escaños, seis más que la mayoría absoluta de la Cámara. Más allá de los números, la propuesta de Albiach choca con los vetos cruzados de PSC y ERC y con la intención de sus respectivos líderes, Salvador Illa y Pere Aragonès, de aspirar a la presidencia de la Generalitat. Es la primera vez que los 'comuns', que gobiernan en coalición con los socialistas tanto en el Gobierno del Estado como en el Ayuntamiento de Barcelona, se proponen compartir la Generalitat con ERC, desplazando al PSC a socio parlamentario.

La coordinadora general de la formación, Jéssica Albiach, ha reconocido que no es una fórmula “fácil”, pero ha asegurado que es “la única opción” ante los vetos cruzados entre ERC y el PSC. Pese a las dificultades, Albiach ha pedido un “gesto de generosidad” a los socialistas, la fuerza ganadora de las elecciones, y a ERC para que apueste por un gobierno de izquierdas en vez de un acuerdo con Junts per Catalunya.

Albiach también ha reclamado “inteligencia política” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el objetivo de favorecer la formación de este Govern “progresista”. “Después de las elecciones del 14 de febrero hay el Parlament más de izquierdas desde 1980, por lo que hay números para hacer un Govern progresista”, ha aseverado Albiach, que ha reivindicado su propuesta como “la única opción realista para tener un Govern de izquierdas en Catalunya”.

“No se trata de quien ha quedado primero o quien ha ganado, sino de quien es capaz de articular una mayoría suficiente para formar un Govern progresista”, ha abundado Albiach, que ha instado a ERC a aprovechar “la oportunidad” de pactar con fuerzas de izquierda y que Junts “deje de marcarle el paso”. La líder de los 'comuns' ha asegurado que este domingo trasladará su propuesta a Pere Aragonès, a quien emplazará a “buscar el apoyo el PSC”.

De esta forma, los 'comuns' mueven ficha y vuelven al centro de las negociaciones, que a falta de un mes para agotarse el plazo para celebrar el primer debate de investidura no han conseguido dibujar un candidato con opciones para ocupar la Generalitat. El PSC de Salvador Illa sigue insistiendo en un Govern con los 'comuns', aunque para esta opción requiere de algún socio parlamentario que a día de hoy no tiene. Por su lado ERC continúa con su idea de un Govern de “vía amplia” con la CUP, Junts y Catalunya en Comú, un Ejecutivo imposible habida cuenta del antagonismo entre postconvergentes y 'comuns'.

Hasta ahora las conversaciones entre los partidos no han traído avances sustanciales. Las negociaciones entre los partidos independentistas se han centrado en especial en los Mossos d'Esquadra y el modelo de orden público tras las manifestaciones por Pablo Hasel así como en las acusaciones de la Generalitat contra los detenidos en protestas y disturbios. Ha influenciado en especial la pérdida de un ojo por parte de una manifestante la semana pasado presuntamente por un proyectil de 'foam' de la policía catalana.

La CUP pregunta por el “programa” de ERC y 'comuns'

El resto de partidos ha reaccionado de forma más o menos ponderada a la propuesta de Albiach. La diputada de la CUP Eulàlia Reguant ha instado a ERC y 'comuns' a decir “qué programa” negociarán, y ha remarcado que para los anticapitalistas cualquier pacto pasa por un acuerdo que contemple “un rescate social para que la crisis no la paguemos las de siempre y avanzar hacia la autodeterminación”.

“La prioridad no es la silla sino el programa. Si vemos que podemos avanzar en los objetivos, asumiremos responsabilidades en correspondencia”, ha apostillado su compañero cupaire Carles Riera tras el Consejo Político que la CUP ha celebrado este sábado. La entrada de la CUP en el Govern, según ambos diputados, estará condicionada al tipo de acuerdo al que se llegue con el resto de fuerzas.

Más crítico se ha mostrado el diputado de Ciudadanos Nacho Martín Blanco, que ha arremetido contra la propuesta de Albiach y la ha considerado “una calumnia y un nuevo desastre”. “Por desgracia el PSC y los 'comuns' quieren seguir alimentando el procés y la confrontación entre catalanes, lo que sería muy similar al que hemos tenido los últimos años”, ha sostenido.

O conmigo o sin mí, pero nada de ya veremos. En estos términos se ha plantado el grupo de En Comú Podem en los contactos que ha mantenido con ERC en busca de una fórmula que pueda propiciar una investidura y el futuro Govern. Los republicanos, que tratan de conjugar un bloque que aglutine a las tres formaciones independentistas y a los 'comuns', habían ofrecido a estos últimos que quedaran fuera del Ejecutivo e, incluso, que no dieran apoyo a la investidura de Pere Aragonès, pero que mantuvieran abierta la puerta para negociar los presupuestos y otras grandes leyes de la legislatura. Una fórmula de geometría variable que los de Jéssica Albiach rechazan de entrada. “Estaremos en el Govern o en la oposición, ERC debe decidir”, afirman con rotundidad fuentes de En Comú Podem.

Como ya hicieron en campaña, los 'comuns' han trasladado a todos sus interlocutores que son incompatibles con Junts, no solo para compartir Ejecutivo sino también para llegar a cualquier tipo de acuerdo de investidura. Por el momento, la formación se ha visto con ERC, PSC y la CUP, grupos todos ellos con los que podrían pactar, pero no tienen previsto sentarse con la gente de Laura Borràs. El objetivo del partido es obligar a los republicanos a elegir entre Junts y ellos, lo que significa también entre un Govern solo con fuerzas independentistas o uno solo con fuerzas de izquierdas.

“Si no optan por una mayoría de izquierdas, que no cuenten con nosotros, más allá de que podamos dar apoyos puntuales a alguna iniciativa. Pero serán puntuales, no habrá pactos de legislatura”, expresan estas mismas fuentes, que añaden que En Comú Podem (ECP) no acudirá “a rescatar a ERC en medio de la legislatura” si quedan “atrapados en una pinza” entre Junts y la CUP. Esta última es una de las principales armas que esgrimen los 'comuns'. Durante la la última etapa, Esquerra se desmarcó habitualmente de las otras dos formaciones independentistas, que se decantan con claridad por la unilateralidad. Según entiende ECP, la visión que ERC tiene sobre la legislatura, que desea que dure cuatro años y que tenga la máxima estabilidad posible, no será fácil con un Govern únicamente soportado por Junts y la CUP. Tampoco con un Parlament controlado por el partido de Puigdemont.

La cuestión de la Cámara no es menor. En la última legislatura el Parlament fue en muchos momentos la piscina de barro donde los socios independentistas midieron sus diferencias sobre la estrategia secesionista. Tanto Junts como la CUP apostaron por desobedecer desde el órgano legislativo prohibiciones de los tribunales y no dudaron en llevar al pleno una y otra vez debates que habían sido vetados por el Tribunal Constitucional. ERC consiguió esquivar algunos de ellos, y Roger Torrent tuvo que emplearse a fondo para salir airoso entre la espada de las inhabilitaciones y la pared de los grupos que le reclamaban no acatarlas.

¿Podrá ahora ERC escapar de esa dinámica si, en vez de controlar el Parlament, controla el Govern? Los 'comuns' creen que no y así se lo han expresado a quienes quieren que sean sus principales socios. Con todo, más allá de la voluntad, para el grupo de Albiach no es fácil ofrecer una alternativa cuajada que pueda llevar a Aragonès a la presidencia. Dado el resultado de las elecciones, el candidato de ERC necesita, o bien los votos favorables del PSC, o bien los de Junts, o bien una abstención de ambos. Por esta razón los republicanos miran casi únicamente a un Govern con los posconvergentes. La fórmula que podría ser más deseable para los 'comuns', en cambio, sería un Ejecutivo formado por ERC y ellos. Según sus cábalas, estas es una fórmula a la que el PSC no podría decir que no. Pero los socialistas, lejos de dar ninguna muestra en este sentido, continúan diciendo que buscarán una investidura de Salvador Illa.

Tampoco necesariamente con Illa

Respecto a apoyar una posible candidatura del socialista a la presidencia, ECP también echa el freno. En primer lugar porque no está claro que el exministro podría presentarse a una sesión de investidura si no es propuesto por la presidencia del Parlament, algo que podría no pasar si no reúne suficientes apoyos. Los 'comuns' ya han traslado al PSC que no se conformarán con formar parte de un “bloque de 41”, en referencia a los diputados que suman juntos, que sea incapaz de formar gobierno ni de sacar adelante iniciativas parlamentarias. Illa sabe, porque así se lo han expresado, que corre el riesgo de quedarse solo con el único apoyo de sus 33 diputados si finalmente acabara presentándose a una investidura.

Los socialistas están por el momento centrados en negociar la composición de la mesa del Parlament, que será la primera votación importante. Illa afirma que quiere para presidir la Cámara a una “mujer de izquierdas”, fórmula con la que busca un bloque alternativo al pacto independentista. Este miércoles además, el PSC ha entregado a los 'comuns' una propuesta para abrir al resto de grupos parlamentarios con una estrategia para “cerrar el paso a la extrema derecha” de Vox. En concreto, los socialistas proponen que todos los partidos hagan piña para evitar que la formación ultra ocupe asientos en la mesa, presida comisiones o pueda presentar iniciativas conjuntas.

Por su parte, Esquerra ya ha hecho acuse de recibo de la advertencia de la formación de Albiach. “Son como el agua y el aceite [respecto a Junts]”, reconocen fuentes republicanas, que ya comienzan a hacerse a la idea de que no conseguirán para Aragonès una investidura holgada con cuatro partidos, como llegaron a prever en sus escenarios más optimistas. Para el partido de Junqueras, incluir a los 'comuns' en la fórmula de la gobernabilidad o, mejor aún, en el Govern, significaba tener un contrapeso interno, tanto en la cuestión independentista como para hacer políticas de izquierdas.

Con todo, los republicanos consideran que, aunque no consiguieran un acuerdo de investidura con En Comú Podem, nada está escrito sobre los presupuestos. A su modo de ver, unas cuentas con enfoque progresista y claramente expansivas podrían seducir al partido morado, como ya ocurrió con las últimas, que salieron adelante gracias al apoyo del grupo de Albiach y con reforma de la fiscalidad en clave verde. Según entiende ERC, una cosa es que los 'comuns' no se quieran comprometer ahora y otra que prefieran quedar ligados al PSC durante cuatro años, posición en la que creen que podrían acabar engullidos.

 ERC y Junts han celebrado este martes la segunda de sus reuniones en la negociación para llegar a un nuevo Govern. En esta ocasión, la cita se ha centrado en tratar de acercar posturas en las estrategias de ambos partidos para llegar a la independencia y, por tanto, el camino que el nuevo Ejecutivo defendería de forma unitaria. Esta ha sido una de las cuestiones que más ha separado a los socios de gobierno en la pasada legislatura.

“ERC y Junts han centrado la segunda reunión de las negociaciones en trabajar el consenso estratégico independentista”, ha afirmado la formación republicana en un comunicado. “Los dos partidos trabajan la estrategia compartida para avanzar hacia la república catalana como uno de los principales ámbitos en los que encontrar puntos de acuerdo”, han asegurado. También desde Junts subrayaban este asunto, sobre la que el partido de Laura Borràs ya había tratado de marcar terreno en la anterior cita, cuando habló de una acción política compartida en las cámaras estatales.

Fuentes de los partidos afirman que las reuniones están yendo lentas y que aún no se han abordado en detalle las cuestiones más urgentes, como es la formación del nuevo Parlament. Según los plazos legales, el vicepresident Pere Aragonès tiene hasta el 12 de marzo para convocar la sesión constitutiva, cuando deberán elegirse al presidente de la Cámara y los miembros de la Mesa. Los partidos independentistas, de votar en bloque, pueden mantener el control de 3 de los 5 puestos. Según el reparto tradicional, si la presidencia del Govern es ahora para ERC, a Junts le tocaría la más alta representación parlamentaria, por lo que debería proponer un presidente o presidenta.

Además de la reunión mantenida entre los dos principales partidos independentistas, ERC ha vuelto a reunirse este martes con la CUP, formación con la que inició la ronda de negociaciones y que los republicanos desean convertir en una de las patas sobre las que descanse el nuevo Ejecutivo. En ese caso, anticapitalistas y ERC han comenzando a descender al detalle de la revisión que ambos desean realizar sobre el modelo policial y de orden público en la próxima legislatura. “Un plan de choque para hacer un cambio profundo en el modelo de seguridad”, según han detallado los republicanos, que fuentes de la CUP han definido como un “giro de 180º en la estrategia antirrepresiva”.