La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado este jueves que llevará ante la Fiscalía el rechazo a que las mujeres entren en la Cofradía de la Puríssima Sang de Sagunt, lo que ha considerado un “anacronismo” y un “reducto machista, discriminatorio y de desigualdad”.

Redondo ha participado junto a la ministra de Ciencia, Diana Morant, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en una reunión en València con representantes de las mujeres que quieren formar parte de la Cofradía de la Purísima Sangre de Sagunt, que el pasado domingo votó mayoritariamente en contra de incluirlas en esta entidad religiosa.

“Vamos a trasladar esta cuestión a la Fiscalía porque hay una discriminación y una vulneración de derechos y libertades esenciales constitucionales y también reconocidos en las leyes y en la jurisprudencia”, ha argumentado, a la par que ha incidido que les informarán para que “abra un expediente informativo”.

Igualmente, ha anunciado que van a revistar “cómo está inscrita la Cofradía en el registro de entidades religiosas, para ver cómo se ha registrado el estatuto o si no hay, en cuyo caso estamos ante una anomalía que también necesitaría una respuesta”.

Dentro de sus competencias, ha dicho, van a “acompañar” a los afectados y ha recordado que ya han incoado el expediente para retirar a la Semana Santa de Sagunto el reconocimiento de Fiesta de interés Turístico Nacional, que ostenta desde 2004.

Cantabria tiene registradas 1.600 mujeres en el sistema VioGén de protección a las víctimas de violencia machista y una está en riesgo extremo, según los datos que ha facilitado el delegado del Gobierno, Pedro Casares.

“Estas cifras nos tienen que llevar a todos a esa reflexión de seguir trabajando unidos y juntos para acabar con esta lacra. Lo que ha pasado este fin de semana es la punta del iceberg. El asesinato machista es el último eslabón de una cadena terrible de sufrimiento, de dolor, de humillaciones, de vejaciones, de un corredor de la muerte en el que viven muchísimas mujeres”, ha advertido el delegado del Gobierno.

Casares ha hecho un llamamiento para “apartar” a todos los que “hoy siguen negando la violencia machista, que siguen diciendo que hay denuncias falsas, y que siguen banalizando” este problema.

Este último caso de la mujer de 64 años de Pedreña de este sábado se ha remitido a la Delegación contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad, que lo está analizando para su posible confirmación como presunto asesinato por violencia machista, ha explicado. De confirmarse, el número de mujeres asesinadas por violencia de género ascendería a 12 en lo que va de año en España. “Una cada semana, y 10 huérfanos y también dos niños que fueron asesinados por sus parejas para hacer daño a sus madres. Esto es terrible, es muy doloroso, nos duele a todos”, ha afirmado el delegado del Gobierno.

Condenas firmes precedentes en 2011 y 2019

En este caso de Pedreña no había denuncias por violencia de género entre esta pareja, pero el hombre detenido tenía antecedentes por dos casos de denuncias de otras mujeres en los años 2011 y 2019 y en la Comunidad de Madrid.

Tenía condena firme en ambos casos pero actualmente estaban ya inactivos en el Sistema VioGén.

La víctima y el detenido llegaron a Pedreña desde Madrid hace unos cinco años. No estaban casados y no tenían familia en Cantabria. Fue el hombre detenido el que avisó el sábado a la Guardia Civil porque había encontrado a su pareja muerta en el domicilio.

Marina de Cudeyo decreta dos días de luto

El Ayuntamiento de Marina de Cudeyo ha decretado dos días de luto oficial, tras el minuto de silencio que se ha guardado a las puertas del Consistorio, como muestra de condena y repulsa por el presunto asesinato machista.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; la consejera de Igualdad, Begoña Gómez del Río; el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares; el fiscal superior de Cantabria, Jesús Arteaga; y el jefe de zona de la Guardia Civil en Cantabria, Jorge Bodelón, además de miembros de la corporación municipal, representantes políticos y numerosos vecinos se han sumado a este minuto de silencio.

En declaraciones a los periodistas, el alcalde Pedro Pérez Ferradas ha lamentado que se sigan produciendo asesinatos machistas y ha explicado que, aunque el municipio cuenta con casos activos de violencia de género, este caso no estaba registrado.

El alcalde ha recordado que el Ayuntamiento dispone de recursos para ayudar a mujeres que puedan estar viviendo situaciones de violencia y ha animado a acudir a los servicios sociales municipales, donde las víctimas pueden recibir atención psicológica y apoyo de un educador social, incluso sin necesidad de interponer una denuncia previa.

Pérez Ferradas ha explicado también que la pareja se movía en un ámbito social “bastante reducido”, por lo que ha explicado que no les conocía.

El secretario de Estado de Infancia y Juventud, Rubén Pérez Correa, acude a Pamplona con motivo de una reunión de las comunidades autónomas sobre los sistemas de notificación de la violencia contra la infancia. En la capital navarra se inauguró hace pocos meses un centro Barnahus o 'casa de los niños', un espacio “adaptado a la infancia” en el que se centralizan todos los servicios y protocolos ante una denuncia por violencia sexual para facilitar el proceso al menor. En la entrevista con elDiario.es, Pérez Correa lamenta que “miles” de personas que han sufrido este tipo de violencia en etapa infantil no la han denunciado y asegura que el modelo Barnahus “funciona”, que “acelera” los procesos y que “ha venido para quedarse”.

Sobre la ley de Violencia Vicaria, que ha abierto una grieta en el Gobierno entre los ministerios de Infancia y Juventud, Justicia e Igualdad, sostiene que “un maltratador nunca es un buen padre”, por lo que aboga por suspender el régimen de visitas “cuando hay una denuncia de violencia de género”.

Un informe elaborado por Save The Children apunta que cuatro de cada diez procesos judiciales de violencia sexual en menores se prolongan más de tres años, dificultando así su recuperación. ¿Cómo se puede reducir ese tiempo?

Tenemos un serio problema, no solo de proceso judicial largo, sino incluso de información previa, de los pasos que se tienen que dar para hacer una denuncia sexual. La gente muchas veces se encuentra con un montón de ventanillas y administraciones diferentes y lo que estamos haciendo hoy [por el martes] en Navarra es un ejemplo de lo que hay que hacer: un sistema judicial adaptado a la infancia, un mecanismo de denuncia donde todos los servicios y todos los protocolos que entran en una denuncia estén en el mismo edificio. Ese es el modelo Barnahus, un modelo que reduce el tiempo de denuncia y hace que todo el peritaje y toda la parte de prueba preconstituida sirva al proceso judicial, lo que lo acelera mucho y da mecanismos magníficos para que no solo que no se dilate demasiado el proceso, sino que haya denuncias. El informe de prevalencia que hemos encargado habla de un 28% de personas que en etapa adulta dicen que han sido víctimas de violencia sexual en la infancia. Eso refleja que hay miles de personas que no están denunciando o que no han denunciado en etapa infantil.

El mismo informe también menciona el problema de que la víctima tenga que declarar en más de una ocasión, provocando así una revictimización.

Es así. No es lo mismo la casa Barnahus, que parece una escuela infantil, en la que hay muebles infantiles y zonas de juegos, donde se puede hacer desde la generación de la prueba preconstituida, la declaración del menor, el acompañamiento de un equipo de psicólogos e incluso lo que es la exploración forense y la exploración médica. También la declaración en el juzgado a través de una cámara con la presencia del juez y de los abogados de las partes. Creo que es un mecanismo absolutamente central ahora mismo, junto con el hecho de que hemos aprobado una ley de eficiencia del sistema judicial que por primera vez crea las secciones de infancia y adolescencia en los juzgados, con lo cual vamos a acelerar mucho los procesos de protección a la infancia en los procesos del ámbito judicial.

¿Ese modelo soluciona todos los problemas que han venido denunciando las asociaciones de víctimas?

Sin duda, en Europa está funcionando. En Catalunya, que es quien va más avanzada porque tiene ahora mismo 12 centros Barnahus, los primeros indicadores dicen que ese proceso se acelera, que es menos traumático, que las familias pueden acompañar al menor y que el menor está más cómodo para realizar la declaración, que es la que constituye la prueba. La Comisión Europea y el Consejo de Europa ya han dicho que esto es una parte estratégica del sistema de protección a la infancia en el ámbito europeo. 

¿Y va a servir para que haya más condenas? Asociaciones de víctimas venían reclamando la necesidad de que la declaración de un facultativo sirviese como prueba preconstituida.

El entorno donde el menor declara muchas veces genera contradicciones en su propia declaración y con Barnahus se evita eso. No es lo mismo declarar en un edificio vetusto del siglo XIX en sede judicial y que puede provocar que el menor declare algo que sea diferente a lo que declaró en sede policial. Esas contradicciones muchas veces se utilizan por parte de los jueces para no dar validez al testimonio del menor. El hecho de que haya un ambiente protector en todo el proceso de declaración, en la generación de la prueba, que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado también estén dentro del Barnahus, y que sea allí donde hablan y toman declaración al menor, sin duda va a evitar esa falta de pruebas o que el menor incurra en contradicciones y que se desestimen las demandas. Ya está teniendo un impacto muy positivo.

Mencionaba la creación de los juzgados especializados, pero por el momento solo se han anunciado tres.

Por el momento se han anunciado tres porque es cierto que la mayor parte de casos de violencia sexual, cuando es hacia niñas, se están vehiculizando en los juzgados de los juzgados de Violencia de Género. Es un debate que hay ahora mismo: nosotros creemos que no, que tienen que estar vehiculizados en las secciones de Infancia. Se han abierto las tres por el número y volumen de casos, pero es cierto que la revisión es anual. En septiembre se va a volver a revisar este número de necesidades que tiene el sistema judicial y nosotros entendemos que se van a abrir muchas más.

El modelo ha sido recientemente estrenado aquí en Navarra. En otras comunidades ya funciona, ¿se va a extender a todo el país?

Sí, Cantabria también acaba de abrir un centro, en Catalunya se ha abierto otro más en Terrassa, en Las Palmas también, en Andalucía hay varios… Es decir, es un modelo que ha venido para quedarse y el diálogo entre comunidades autónomas está funcionando muy bien. En unos años veremos este modelo como el modelo central. Si nuestras encuestas nos dice que uno de cada cuatro menores han sido víctimas de violencia sexual, tenemos que tener un sistema suficientemente coordinado para la prevención y, sobre todo, para la delimitación de los casos y las condenas.

¿Y cuál es el papel del Ministerio?

De formación y de autoevaluación del modelo. También entendemos que tenemos que poner muchas más garantías en todo el proceso judicial y eso es la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI). Tenemos una ley puntera en el ámbito del derecho comparado, en lo que son leyes de protección de los menores ante la violencia, pero hemos planteado una reforma de la ley, que estamos trabajando ya con el Ministerio de Justicia, de algunos aspectos que tienen que ver con la declaración del menor, no solo en sede judicial, sino también en todos los ámbitos donde interactúa la relación de los menores con personas adultas. 

También creemos que hay que hacer una protocolización del modelo de ajuste en España. Es cierto que cada comunidad está siguiendo unas pautas muy marcadas consensuadas en el ámbito europeo, pero estamos viendo la posibilidad de arbitrar un Real Decreto para homogeneizar la figura del Barnahus en cuanto a procedimientos, dotaciones, etc.

¿Cómo se puede mejorar la coordinación entre instituciones para facilitar el proceso a quien denuncia?

Precisamente le hemos planteado al Ministerio de Justicia la modificación de la LOPIVI por esta cuestión. Nosotros tenemos una muy buena ley, la conocida como 'ley Rhodes', que nace por una persona que ha sufrido abusos y se encontró con esa maquinaria burocrática de tocar muchas puertas, muchas ventanillas. Eso ahora se ha simplificado y se tiene todo en un mismo centro, pero también es necesario tener el mecanismo jurídico bien engrasado. Por ejemplo, tenemos que conseguir que los jueces escuchen al menor de manera muy clara, donde haya causa Barnahus y donde no la haya, donde haya sección de Infancia o donde no haya. Y para eso la LOPIVI tiene que cambiar.

También tenemos que cambiar algunos mecanismos que ahora mismo rigen en el ámbito de la prevención. Por ejemplo, la figura de los coordinadores de bienestar de los centros educativos, que son los que detectan de manera preventiva estos casos, los que pueden derivar a sede judicial y los que pueden establecer un protocolo y un seguimiento. Creemos que en esos mecanismos que se cambian en la LOPIVI se puede facilitar que la denuncia de un menor que es víctima de violencia sexual se dé por la identificación del personal educativo, la figura del coordinador de bienestar como elemento central en el ámbito educativo o el monitor de un centro de ocio y tiempo libre o el monitor o entrenador de un club de fútbol. Y eso sí que requiere una parte muy importante de formación que tiene que desarrollar la propia LOPIVI.

¿Hay ya fecha para llevar la reforma al Consejo de Ministros?

Hemos cerrado una propuesta de texto que le hemos trasladado al Ministerio de Justicia. Estamos trabajando ya esta semana en las reuniones con el Ministerio de Justicia y entiendo que en este primer tramo del año lo vamos a tener porque son cuestiones más técnicas que tenemos que consultar también con el Consejo General del Poder Judicial. Se puede llegar a un consenso en los próximos meses.

En Álava y en Navarra opera un campamento que ha recibido una veintena de denuncias por violencia sexual. Hay una investigación en curso, pero el Gobierno vasco quiere endurecer la ley vasca para que se pidan antecedentes de delitos sexuales. ¿No es algo que ya existe?

Existe, pero es cierto que tenemos que endurecerla mucho más. Ahora mismo un profesor condenado por un caso de violencia sexual, una vez acabada su condena, se puede reincorporar al ámbito educativo. Eso lo queremos endurecer. Vamos a hacer una reforma a algún artículo de la LOPIVI para que las personas que han tenido condenas de este tipo sean apartados de manera indefinida de la posibilidad de volver a ser docentes. Hay docentes que han sido abusadores y, cumplida su condena de inhabilitación, han regresado al ámbito educativo. La LOPIVI dejaba ahí un marco y es lo que queremos corregir, también por petición de los sindicatos, que nos han pedido que se aclare mucho más esta figura por una cuestión de protección a la infancia en el ámbito educativo.

El Gobierno ha chocado por la Ley de Violencia Vicaria, con diferencias entre ministerios. Juventud e Infancia se descolgó del primer texto al considerar que no garantizaba los derechos de las mujeres y los niños y adolescentes. Desde entonces, los ministerios implicados han seguido negociando. ¿En qué punto se encuentra actualmente?

Estamos intentando avanzar un texto, pero nosotros tenemos una premisa, y es que un maltratador nunca es un buen padre. Por lo tanto, para nosotros la suspensión del régimen de visitas cuando hay una denuncia de violencia de género debe estar reconfigurada. Hemos avanzado en algunas cosas, como lo que tiene que ver con la escucha de los menores, pero necesitamos desatascar esta cuestión, que no es solo nuestra visión como Ministerio, es algo demandado por una parte muy importante de la judicatura, sobre todo mujeres, que son las que dicen que están hartas de no poder determinar esas suspensiones muchas veces por falta de corpus jurídico. Aprovechando que es muy necesaria una ley de Violencia Vicaria, intentemos colocar esta cuestión como cuestión central. Y luego no disociar nunca la violencia vicaria como algo endógeno de la violencia de género. La verdad es que en estas semanas de negociación hemos avanzado mucho en un texto de consenso.

Una de las cuestiones en las que más se pone el foco en el Gobierno al hablar de juventud y violencias sexuales es en el consumo de pornografía. ¿Centrar el debate público en el porno puede estar desplazando la discusión de fondo sobre los déficits en educación afectivo-sexual?

Totalmente. Establecer el problema solo sobre la cuestión del porno desdibuja el problema que tenemos de la exposición de los menores en los entornos digitales. Nosotros siempre hablamos de los entornos digitales como elementos muy globales que tienen una incidencia sobre el ámbito educativo, sobre el ámbito afectivo, sobre la salud mental de los menores, sobre el concepto de soledad y la socialización y sobre patrones adictivos de adicciones sin sustancia, bien sea juegos online o juegos de azar. ¿Qué es lo que nos preocupa de la pornografía? La absoluta impunidad con la que operaban los suministradores de contenido pornográfico, sin ningún tipo de prevención y precaución del acceso de los menores. La mayor parte de veces el menor no busca esos contenidos, sino que le llegan a través de mensajería o a través de pop-ups o elementos de diseño de las propias apps. En este sentido hemos querido que la ley de Entornos Digitales haga el eje de protección y el de verificación de edad. 

Hay que volver a una cultura de prevención y de la educación afectivo-sexual en los centros educativos. No se puede permitir ese pensamiento más conservador de “Yo no quiero que mi hijo estudie educación sexual en el centro educativo”. Eso no es un derecho de la familia, es un derecho del menor. Así como un padre no puede prohibir que a su hijo le enseñen matemáticas, no se puede prohibir que le enseñen educación afectivo-sexual porque está teniendo una incidencia tremenda en la salud mental y en la salud afectiva de los menores. No nos corresponde a nosotros ese debate, hay 17 comunidades con competencias, pero nos consta que el Ministerio de Educación, que es consciente de este problema, está trabajando en su conferencia sectorial y con las comunidades para recuperar el currículum educativo en este ámbito y evitar las graves carencias que los menores están buscando en ChatGPT o en otros contenidos en Internet.

Estudios recientes apuntan a que el número de jóvenes que se identifica como feminista está cayendo. Aunque con grandes diferencias entre chicos y chicas, en ellas también parece estar calando el discurso antifeminista. ¿Debería el Gobierno hacer algo distinto a lo que está haciendo para intentar reconquistarles?

A veces somos muy pesimistas cuando hablamos de esta ola conservadora de los jóvenes. El Ministerio de Igualdad ha dado unos datos que dicen que el 70% de los jóvenes están de acuerdo en que sus compañeras cobren lo mismo que ellos y en que tengan sus mismos derechos. Es decir, lo que se considera que son las bases constitutivas del feminismo, los jóvenes de este país las aprueban, pero luego no quieren declararse feministas. Se ha convertido el término feminismo en algo pernicioso, al igual que ha hecho la extrema derecha con el término ‘MENA’. Es cierto que hay un sesgo importante de género, que hay una ola conservadora en algunos jóvenes, pero también es cierto que en este país los jóvenes están posicionados más a la izquierda, aunque luego en el eje de voto se explicite más el voto a Vox, quizás porque hay un voto contestatario que se puede entender como un elemento de protesta.

El Estado tiene que evitar que las redes sociales se conviertan en un elemento de mentira, de manipulación y de tergiversación. Que exista capacidad de verificar los contenidos, las informaciones y que las fake news no campen a sus anchas. También regular que los delitos de odio, los insultos, las vejaciones y las amenazas no puedan estar en los entornos digitales. La ley de Entornos Digitales ya está en fase de cerrar las enmiendas con los grupos parlamentarios y creo que va a ser un cambio de paradigma muy importante con estas cosas.

Se ha generado debate por la propuesta de prohibir el acceso a las redes sociales hasta una determinada edad. ¿Es una medida factible?

El debate tenemos que ponerlo encima de la mesa en los márgenes jurídicos en que nos movemos en España. En España un menor de 14 años ya no puede tener redes sociales porque la Ley Orgánica de Protección de Datos dice que ninguna persona menor de 14 años puede ceder sus datos a un operador privado. Lo que vamos a hacer con la ley de Entornos Digitales es elevarla a 16. No se trata de prohibir el acceso a los menores de 16 años a todas las redes sociales, ese es el modelo de Australia, que no está funcionando porque lo que hace es que se generen unas nuevas redes sociales incluso con menos control. Lo que queremos es obligar al sector tecnológico a que si quiere que operen menores de 16 años, las redes tienen que estar adaptadas. ¿Y cómo se adapta a esa edad? Pues por ejemplo, haciendo que un menor de 16 años no pueda interactuar con un adulto que no esté autorizado por los padres. Por lo tanto, ahí introducimos la cuestión del control parental, que los padres decidan con qué personas adultas pueden interactuar sus hijos en WhatsApp.

Usted ha defendido adelantar la edad de voto a los 16 años. ¿Por qué?

Para que los jóvenes defiendan la democracia tenemos que hacerles partícipes de las reflexiones sobre los valores que sustentan la democracia en este país. Si con 16 años se puede trabajar, se puede tomar decisiones sobre salud sexual, reproductiva y del ámbito sanitario, también se tiene que poder votar. Tener derecho a votar al Gobierno que luego va a arbitrar con los sindicatos y la patronal el convenio colectivo que se me va a aplicar cuando empiece a trabajar con 16 años.

Els familiars de la dona ferida de gravetat per la seua exparella a Eivissa han declarat, mentre el jutge decidia les mesures cautelars per al presumpte agressor als jutjats, que la polsera de control telemàtic que duia la dona “no va sonar” abans que es produís l’agressió; motiu pel qual els cossos de seguretat no van arribar a temps per aturar-la. Una versió que contrasta amb la del Ministeri d’Igualtat, que ha assegurat a elDiario.es haver demanat a l’autoritat judicial encarregada del cas de violència masclista —que ha acabat amb la víctima a l’UCI per un traumatisme cranioencefàlic— l’augment de l’ordre d’allunyament fins als 350 metres en considerar que els cent metres no eren suficients per poder actuar des del servei Cometa —que s’encarrega del seguiment de les anomenades polseres antimaltractament— i des de les forces i cossos de seguretat de l’Estat.

La dona, de 31 anys, es trobava al seu domicili quan la seua exparella, l’ara detingut, es va personar a l’habitatge de Sant Antoni malgrat l’ordre d’allunyament que havia dictat un jutge amb anterioritat. Va ser quan els familiars de la víctima van acudir a la casa, cap a les onze del matí, quan es van adonar del que estava succeint. Tal com ha relatat la seua germana davant els jutjats, en accedir a l’interior del domicili van veure “un telèfon mòbil a terra” i van començar a sentir “cops”, fet que els va fer pensar que el detingut, de 34 anys, li estava propinant una pallissa.

La mare i la germana, agredides

Segons el testimoni de la germana menor de la víctima, de 27 anys, va ser ella la primera que va contactar amb els agents, a les 9.59 hores, quan el presumpte agressor feia ja aproximadament “quinze minuts” que era dins l’habitatge. “Llavors va començar a envestir contra tothom que se li posava al davant”, ha explicat l’afectada, qui, juntament amb la seua mare, de 56 anys, va haver de ser atesa a Urgències de l’Hospital Can Misses per ferides de diversa consideració. Sobretot, contusions i traumatismes de diferent gravetat, segons van informar des de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera.

Agents de la Guàrdia Civil es van traslladar, després de rebre l’avís, al domicili de la víctima, ubicat al municipi de Sant Antoni, però no han volgut especificar a elDiario.es si l’avís provenia del dispositiu de control telemàtic que duia la dona ni cap altra informació sobre el cas per preservar la privacitat de les víctimes i familiars. El cos de seguretat ha afegit que correspon a la investigació policial i a la valoració del jutge extreure aquestes conclusions.

El Ministeri d’Igualtat ha insistit que des del servei Cometa s’han fet totes les comprovacions per corroborar que el dispositiu ha funcionat correctament i han determinat que el sistema telemàtic va funcionar, registrant tots els senyals i permetent una intervenció policial urgent. També han puntualitzat que el sistema està funcionant, en general, correctament malgrat que s’han detectat diversos errors a escala estatal.

De fet, el Consell de Ministres va donar llum verda al gener al nou contracte per gestionar el sistema. Ja estava previst que l’actual contracte, de 30 mesos de durada, finalitzàs al maig, però el canvi arriba després de la crisi que va travessar el Ministeri d’Igualtat pels errors detectats en el seu funcionament després del canvi d’empresa adjudicatària, tal com va informar aquest diari en el seu moment. Entre les principals novetats, s’hi inclou un augment del 42% del pressupost destinat al servei, que va passar de 50 milions a 71, i la substitució de les polseres per turmelleres.

Ingressada amb un traumatisme cranial

Des del Ministeri han explicat que, en el cas de violència masclista d’Eivissa, el problema va ser que l’ordre d’allunyament de cent metres no era suficient, fet del qual ja havien advertit l’autoritat judicial competent. Per aquest motiu, es va sol·licitar per escrit que s’ampliàs aquesta distància de seguretat.

En aquest escrit es recomanava ampliar l’ordre d’allunyament fins als 350 metres, la distància mínima que consideraven recomanable perquè el sistema de seguiment pogués garantir millors nivells de seguretat i més marge d’actuació per part de la Sala Cometa i de les forces i cossos de seguretat de l’Estat. Des de l’àrea de Comunicació del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) han respost a la consulta de elDiario.es que la fase d’instrucció del cas és de “caràcter reservat excepte per a les parts personades en el procediment”.

La víctima va ingressar a les 11.18 hores, inicialment a l’UCI de l’Hospital Can Misses en estat crític amb un traumatisme cranioencefàlic i politraumatismes i, més tard, a les 15.15 hores, va ser traslladada a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, on continua ingressada amb pronòstic reservat i sota estricta vigilància mèdica, segons informacions de la clínica privada.

La mare ha expressat que la família se sent “molt malament” pel que ha passat. El pare, per la seua banda, ha assenyalat que ara el “més important” per a ells és que la seua filla surti de l’UCI. També ha relatat la “fredor” de l’agressor: “En un moment donat va aturar-se per fumar una cigarreta i després va continuar”, ha assegurat, en un episodi que van haver de presenciar quan van arribar al domicili de la seua filla i que afirma, amb la veu trencada, no podrà oblidar fàcilment.

El detingut, acusat d’un cas de violència masclista per l’agressió a la seua exparella, ha passat aquest dimarts a les 9.05 hores a disposició judicial després de dos dies, des de la seua detenció diumenge al matí, al calabós. Hores després, cap a les quatre de la tarda, el titular del Jutjat de la Secció de Violència sobre la Dona del Tribunal d’Instància d’Eivissa número 2 ha acordat el seu ingrés a presó provisional comunicada i sense fiança, a l’espera de l’evolució de la víctima i de l’avanç de la investigació.

Los familiares de la mujer herida de gravedad por su expareja en Eivissa han declarado, mientras el juez decidía las medidas cautelares para el presunto agresor en los juzgados, que la pulsera de control telemático que llevaba la mujer “no sonó” antes de que se produjera la agresión; motivo por el cual los cuerpos de seguridad no llegaron a tiempo para pararla. Una versión que contrasta con la del Ministerio de Igualdad, que ha asegurado a elDiario.es haber pedido a la autoridad judicial encargada del caso de violencia machista -que ha terminado con la víctima en la UCI por un traumatismo craneal- el aumento de la orden de alejamiento a 350 metros al considerar que los cien metros no eran suficientes para poder actuar desde el servicio Cometa -que se ocupa del seguimiento de las llamadas pulseras antimaltrato- y desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

La mujer, de 31 años, se encontraba en su domicilio cuando su pareja, el ahora arrestado, se personó en la vivienda de Sant Antoni a pesar de la orden de alejamiento que había dictado un juez con anterioridad. Fue cuando los familiares de la víctima acudieron a la casa, sobre las once de la mañana, cuando se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Como ha relatado su hermana frente a los juzgados, al acceder al interior del domicilio vieron “un teléfono móvil en el suelo” y empezaron a escuchar “porrazos”, lo que les llevó a pensar que el detenido, de 34 años, le estaba pegando una paliza.

La madre y la hermana, agredidas

Según el testimonio de la hermana menor de la víctima, de 27 años, fue ella la primera que contactó con los agentes, a las 9.59 horas, y cuando el presunto agresor llevaba ya alrededor de “quince minutos” en la vivienda. “Entonces empezó a arremeter contra todo el que se le ponía por delante”, ha explicado la afectada, quien, junto a su madre, de 56 años, tuvo que ser atendida en Urgencias del Hospital Can Misses por heridas de distinta gravedad. Sobre todo, contusiones y traumatismos de diversa consideración, como informaron desde el Área de Salud de Eivissa y Formentera. 

Agentes de la Guardia Civil se trasladaron, tras recibir el aviso, a la vivienda de la víctima, ubicada en el municipio de Sant Antoni, pero no han querido especificar a elDiario.es si el aviso provenía del dispositivo de control telemático que llevaba la mujer ni otra información respecto al caso por la privacidad de sus víctimas y familiares. El cuerpo de seguridad ha añadido que corresponde a la investigación policial y la valoración del juez sacar estas conclusiones. 

El Ministerio de Igualdad ha insistido en que desde el servicio Cometa se han hecho todas las comprobaciones para poder corroborar que el dispositivo ha funcionado correctamente y han determinado que el sistema telemático funcionó, registrando todas las señales y permitiendo una intervención policial urgente. También han puntualizado que el sistema está funcionando en general correctamente a pesar de que se han detectado varios fallos a nivel nacional.

De hecho, el Consejo de Ministros dio luz verde en enero al nuevo contrato para gestionar el sistema. Ya estaba previsto que el actual contrato, de 30 meses de duración, finalizara en mayo, pero el cambio llega después de la crisis que atravesó el Ministerio de Igualdad por los fallos detectados en su funcionamiento tras el cambio de empresa adjudicataria, como informó en ese momento este diario. Entre las principales novedades, se incluyó un aumento del 42% del presupuesto destinado al servicio, que pasó de ser de 50 millones a 71, y la sustitución de las pulseras por tobilleras.

Ingresada con un traumatismo craneal

Desde el Ministerio han explicado que, en el caso de violencia machista de Eivissa, el problema fue que la orden de alejamiento de cien metros de la víctima no era suficiente, algo que ya habían avisado a la autoridad judicial competente. Motivo por el cual se pidió que se aumentara esa distancia de seguridad a través de un escrito a la autoridad judicial. 

En ese escrito se recomendaba ampliar la orden de alejamiento a 350 metros, la distancia mínima que consideraban recomendable para que el sistema de seguimiento pudiera asegurar mejores niveles de seguridad y mayor margen de actuación por parte de la Sala Cometa y por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Desde el área de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB) han contestado a la consulta de elDiario.es que la fase de instrucción del caso es de “carácter reservado excepto para las partes personadas en el procedimiento”. 

La víctima ingresó a las 11.18 horas, en primer lugar, a la UCI del Hospital Can Misses en estado crítico con un traumatismo craneal y politraumatismos y más tarde, a las 15.15 horas fue trasladada a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, donde continúa ingresada con pronóstico reservado y bajo estricta vigilancia médica, según informaciones de la clínica privada.

La madre ha expresado que la familia se siente “muy mal” por lo ocurrido. El padre, por su parte, ha señalado que ahora lo “más importante” para ellos es que su hija salga de la UCI. También ha relatado la “frialdad” del agresor: “En un momento dado paró para fumar un cigarro y luego continuó”, ha asegurado, en un episodio que tuvieron que presenciar cuando llegaron al domicilio de su hija y que asegura, con la voz quebrada, no podrá olvidar con facilidad.

El detenido, acusado de un caso de violencia machista por la agresión a su expareja, ha pasado este martes a las 9.05 horas a disposición judicial tras dos días, desde su detención el domingo por la mañana, en el calabozo. Horas después, alrededor de las cuatro de la tarde, el titular del Juzgado de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Eivissa número 2 ha acordado su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza, a la espera de la evolución de la víctima y del avance de la investigación.

Más de 50 organizaciones se han unido para denunciar el cambio que el Ministerio de Igualdad quiere aprobar para vetar a las entidades que no se declaren abolicionistas de la prostitución de dos de las subvenciones públicas que concede periódicamente. Los colectivos han presentado alegaciones a la consulta pública que el departamento dirigido por Ana Redondo abrió para explicar las modificaciones de las bases y advierten de que, si el ministerio no da marcha atrás, tomará “las acciones legales oportunas” contra la decisión. Las objeciones han sido suscritas por 54 entidades.

Las ayudas afectadas son las que Igualdad otorga para programas de concienciación, prevención e investigación de la violencia machista y para el apoyo de víctimas de trata. A través de dos órdenes ministeriales, el ministerio pretende modificar sus bases reguladoras para reclamar a las asociaciones que, si quieren concurrir, deben reconocer “expresamente” la prostitución “como forma de violencia contra las mujeres” o bien en sus estatutos o acreditando experiencia previa. Un cambio que los colectivos que han impulsado las alegaciones califican de “inconstitucional” y consideran “contrario” al principio de igualdad, de neutralidad ideológica y pluralismo democrático.

“Esta exigencia supone imponer una posición ideológica concreta como requisito para acceder a fondos públicos y vulnera principios básicos que deben regir cualquier política pública en un Estado social y democrático de derecho”, ha apuntado Cumbre Sánchez, mediadora comunitaria del Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS), en una rueda de prensa convocada junto a otros colectivos para oponerse al cambio. Entre ellos hay organizaciones de trabajadoras sexuales como el sindicato OTRAS o AFEMTRAS, pero también entidades no abolicionistas como la Asamblea Feminista de Madrid, Acción en Red, Alianzas Rebeldes, La Laboratoria o Voces Feministas por los Derechos.

Las convocantes, apoyadas también por Amnistía Internacional, exigen al Ministerio de Igualdad que “elimine” las exigencias que pretende introducir en las ayudas públicas y garantice que “que los criterios de concesión sean exclusivamente técnicos, objetivos y no discriminatorios”. Los colectivos se reconocen “comprometidos de forma firme e inequívoca” con la lucha contra “todas las formas de violencia”, incluida la trata y la explotación sexual, y “precisamente por eso” consideran “imprescindible” lo que definen como un “intento de instrumentalizar políticas públicas destinadas a la protección de víctimas para imponer una determinada agenda ideológica”.

El ministerio justifica los cambios propuestos en un intento de “reafirmar el enfoque feminista” de las subvenciones en base a la “perspectiva de género y el enfoque abolicionista” que “orientan” las políticas públicas que lleva a cabo, apunta en la memoria de impacto de la modificación legislativa. La nueva redacción incorpora a las condiciones que ya regían en convocatorias anteriores la exigencia de acreditar que las entidades tienen entre sus fines y objetivos su oposición a “otras formas de violencia hacia las mujeres, incluidas la prostitución, la explotación sexual y la explotación reproductiva”.

Una obligación que los colectivos creen que “tendrá consecuencias” porque, entre otras cosas, “reducirá el número de entidades” que podrán acceder a las ayudas públicas, independientemente de cuál sea su posición sobre la prostitución. “Excluir a aquellas que no tienen una posición abolicionista debilita los recursos y los medios para intervenir en contextos de gran complejidad. En muchos colectivos lo que existe es una diversidad de posiciones, obligarles a que tengan uno concreto es un ataque al derecho a la libertad de asociación”, ha esgrimido Justa Montero, de la Asamblea Feminista de Madrid.

“Independientemente de si nos declaramos abolicionistas o proderechos, muchas organizaciones de las que no hemos sumado preferimos centrarnos en lo que sí nos une”, ha añadido Mamen Briz, portavoz de Alianzas Rebeldes, que ha calificado la posición del ministerio de “antidemocrática” porque “ahonda en el estigma y la exclusión”.

Mónica Martín, secretaria general de OTRAS, y Ninfa Meza, de AFEMTRAS, han lamentado, además, que la decisión se haya tomado “sin consultar” a las organizaciones formadas por prostitutas. “Habéis tomado decisiones desde vuestros cómodos despachos, con vuestros sueldos fijos, sin tener una idea real de nuestras necesidades ni de nuestra realidad. ¿Por qué nos estáis excluyendo de las decisiones que afectan directamente a nuestras vidas?”.

Igualdad defiende el cambio

Fuentes de Igualdad aseguran que las bases de la convocatoria que quiere aprobar son “jurídicamente sólidas, coherente con el marco constitucional, europeo e internacional vigente”. El departamento dirigido por Ana Redondo responde así a las exigencias de las asociaciones, apuntando a que considerar la prostitución una forma de violencia machistas “no constituye una imposición ideológica ni una restricción indebida de la concurrencia competitiva, sino una manifestación legítima del principio de orientación finalista del gasto público hacia fines de igualdad y de protección de los derechos humanos en línea con las orientaciones estratégicas” del ministerio.

Las mismas fuentes señalan que la orden es “necesaria, proporcionada y adecuada” y aclaran que “se ha optado de manera expresa por un modelo abolicionista de la prostitución” que asegura que “va en línea” con recomendaciones y resoluciones de ámbito europeo que “señalan que el enfoque abolicionista es el que mejor resultados ofrece para reducir la demanda de prostitución, disminuir la trata con fines de explotación sexual, proteger a las mujeres y avanzar en igualdad entre mujeres y hombres”.

Las organizaciones que se han unido para alegar contra la medida y que destacan que la prostitución “no está tipificada como delito” apuntan, por su parte, a que los instrumentos internacionales de derechos humanos como el Convenio de Estambul “no califican la prostitución en sí misma como una forma de violencia, sino que instan a combatir la violencia, la explotación y la trata desde un enfoque basado en derechos humanos, sin discriminación ni estigmatización”.

Desde Voces feministas por los derechos, una red de investigadoras en prostitución de una veintena de universidades públicas que se ha unido a las alegaciones, sostienen que “no existe un consenso académico internacional en considerar toda prostitución como violencia machista per se” y consideran el paso dado por el ministerio como “una instrumentalización política de un debate importante, no una decisión basada en la evidencia científica”.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido que el Ministerio de Igualdad impida el acceso desde España a las webs de 13 empresas que ofrecen y realizan prácticas comerciales ilegales sobre gestación subrogada. Se trata de compañías con sede fuera de la Unión Europea.

En España la gestación subrogada no está permitida por ley, y el Gobierno lleva años tratando de limitar también la publicidad que hacen las empresas que ofrecen estos servicios en el extranjero. Los magistrados de lo civil de Tribunal Supremo fueron muy claros con este asunto en una sentencia de 2022: “Las madres y los niños son tratados como simples mercancías”.

Según informa la Fiscalía en una nota de prensa, se trata de una actuación coordinada entre las Fiscalías de Madrid y Barcelona “en virtud de denuncias presentadas por entidades privadas y públicas, y en las que ha intervenido el Defensor del Pueblo”. Ya el pasado mes de noviembre una actuación pionera de la nueva sección de la Fiscalía encargada de la defensa de los consumidores logró el cierre, por primera vez en España, de tres webs dedicadas a publicitar la gestación subrogada.

En el decreto de la Fiscalía, al que ha tenido acceso elDiario.es, se indica que las actuaciones llevadas a finales de 2025 ya se han conseguido cerrar varias webs y en otros casos se han iniciado procedimientos civiles por publicidad ilícita. Pero añaden que en el curso de esas actuaciones se ha detectado “otras entidades situadas fuera del territorio de la Unión Europea, que realizan prácticas comerciales sobre gestación subrogada, accesibles y visitables en su web desde España”.

En el decreto se listan esas empresas, que tiene sedes sobre todo en Estados Unidos, pero también en Israel, Canadá, Georgia, Ucrania, México y Colombia. “Las actuaciones tienen por objeto la exigencia de responsabilidad en el ámbito de los servicios de la sociedad de la información, en defensa del derecho fundamental de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, y de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios frente a prácticas comerciales ilegales”, añade la nota.

Fuentes del Ministerio de Igualdad apuntan a que “analizará” el escrito con la Abogacía del Estado, pero recuerdan que esta lleva “más de un año trabajando intensamente en este asunto por vía judicial”. El departamento dirigido por Ana Redondo señala que el Instituto de las Mujeres, que tiene el mandato de actuar ante la publicidad ilícita de gestación subrogada, elaboró un informe el año pasado contra varias agencias que publicitaban estos servicios prohibidos en España y lo puso en conocimiento de la Abogacía “para que ejerceria acciones por vía judicial”. Añaden, además, que este informe fue también “solicitado” por la Fiscalía.

Las mismas fuentes señalan sobre la petición directa del Ministerio Público que el Instituto “tiene competencias para iniciar acciones” enmarcadas en el ámbito publicitario, pero “no tiene capacidad administrativa de bloquear webs”. “El ministerio ha demostrado en los últimos años un alto compromiso con la persecución de la explotación sexual reproducitiva”, sostienen. El pasado mes de abril, el Gobierno modificó la instrucción que permitía inscribir en España a niños nacidos en el extranjero por gestación subrogada, una vía que se abrió en 2010.

El Ministerio de Igualdad quiere incluir un nuevo requisito para las asociaciones que pretendan acceder a dos de las subvenciones que concede periódicamente: que se declaren abolicionistas de la prostitución. Así lo especifica en las órdenes ministeriales que quiere aprobar para modificar las bases reguladoras de las líneas de crédito, en las que asegura que reclamará a las entidades que quieran concurrir que reconozcan “expresamente” la prostitución “como forma de violencia contra las mujeres”. Las subvenciones afectadas son las que otorga para programas de concienciación, prevención e investigación de la violencia machista y para el apoyo a víctimas de trata.

Ambas ayudas públicas se regulan en dos órdenes que el departamento de Ana Redondo quiere actualizar y que están en fase de audiencia pública hasta este lunes. Los cambios son más amplios y afectan a varios ámbitos, pero, en general, buscan “reafirmar el enfoque feminista” de las subvenciones en base a “la perspectiva de género y el enfoque abolicionista”, justifica el Ministerio, que apunta a que estos son dos elementos que “orientan” sus políticas públicas. Para ello, pretende reformar el artículo que establece los requisitos que deben cumplir las asociaciones para acceder las ayudas.

Así, a las condiciones que ya regían en convocatorias anteriores y que tienen que ver con la promoción de la igualdad, la perspectiva de género, los derechos humanos y la prevención y erradicación de la violencia de género, se añaden además “otras formas de violencia hacia las mujeres, incluidas la prostitución, la explotación sexual y la explotación reproductiva”. La nueva redacción apunta a que ello, o bien está recogido “entre los fines y objetivos” de los estatutos de la entidad, o esta debe “acreditarlo fehacientemente, por cualquier medio admitido en derecho”.

La primera de las órdenes regula las ayudas destinadas a poner en marcha proyectos de “concienciación, prevención e investigación” de la violencia contra las mujeres y la segunda está dirigida a programas de apoyo a mujeres o niñas víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y sus hijos e hijas. Según el Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026 del Ministerio, son las dos líneas de ayudas que mantiene la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y que no están dirigidas a una entidad en particular, como la Fundación Anar o la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Las transferencias a comunidades y ayuntamientos para la atención a víctimas y para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género se gestionan aparte.

Igualdad explica en los documentos que acompañan la consulta pública que los cambios se producen después de “un proceso interno de evaluación” tras las últimas convocatorias en el que “se ha constatado la necesidad” de “impulsar la perspectiva feminista” para “alcanzar la igualdad y transformar el sistema patriarcal”. “Las modificaciones propuestas se orientan a garantizar la máxima calidad de los proyectos, asegurar la capacidad técnica y reforzar los principios de objetividad, coherencia e igualdad en la concurrencia competitiva”, añade el texto.

El Ministerio justifica que “es necesario adaptar la orden de bases a un nuevo marco” para alinearla “con todas las formas de violencia contra las mujeres en su sentido más amplio” y con la renovación del Pacto de Estado. Precisamente es este último objetivo el que asegura que se pretende lograr con la inclusión de la prostitución, según la memoria de impacto de las modificaciones legislativas. Los cambios incluyen también el deber de acreditar que las entidades cumplen con las obligaciones de prevención de la violencia sexual contenidas en la ley del solo sí es sí o contar con Plan de Igualdad si tienen más de 50 empleados.

Además, la convocatoria de subvenciones para los proyectos de prevención y sensibilización contra la violencia machista, con la que se repartieron en la última convocatoria casi siete millones de euros, incorpora como criterio para valorar a las entidades si la actividad principal del programa “se alinea de forma clara” con alguna de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, renovado el año pasado por todos los grupos excepto Vox.

La intención de Igualdad ha provocado la oposición de varias asociaciones, que han presentado alegaciones, y las preguntas parlamentarias de Sumar. Preguntado por ello, el ministerio afirma que “se revisarán” las objecciones y añade que los cambios impulsados “han pasado todos los filtros legales pertinentes” y “son coherentes con la línea política del ministerio”.

Igualdad ahonda así en la posición abolicionista que el PSOE mantiene sobre la prostitución y que hace ya cuatro años cristalizó en el compromiso de impulsar una ley integral. Redondo se ha comprometido en varias ocasiones con llevarla cuanto antes al Consejo de Ministros, pero aún está pendiente. Es este un tema que atraviesa al movimiento feminista e incluso al propio Gobierno, en el que conviven diferentes posiciones. Los socialistas, de hecho, no lograron los apoyos suficientes en el Congreso en las anteriores ocasiones en las que intentaron aprobar una ley para perseguir el proxenetismo y que incluía medidas como las multas a los clientes.

“Una imposición ideológica”

El Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS) ha promovido un documento de alegaciones al que se han adherido otra treintena de colectivos y más de un centenar de personas a título individual, en el que reclama al ministerio que “reconsidere” la redacción propuesta porque “introduce una calificación normativa no prevista en el marco legal vigente” y que es “contraria” a principios como el pluralismo, la objetividad administrativa o la neutralidad ideológica.

Las alegaciones apuntan a que los cambios “conculcan” la seguridad jurídica porque incluir la prostitución como una forma de violencia hacia las mujeres junto a otras conductas “claramente tipificadas como violencia” –como son la explotación sexual y reproductiva– “genera una indeterminación conceptual incompatible” con el principio, consideran. El texto sostiene que la prostitución “no está tipificada como delito” en España ni existe “una definición legal estatal que la califique como violencia de género” ni tampoco “se ha establecido normativamente su erradicación como objetivo jurídico autónomo”.

Las entidades reconocen que comparten “los objetivos” de las órdenes sobre prevención y erradicación de la violencia machista, de la trata y de “cualquier forma basada en el género”, pero creen que los cambios “introducen un condicionamiento ideológico indirecto”. Por eso, proponen una redacción alternativa en la que, a la frase “otras formas de violencia contra las mujeres”, se añada “incluidas las que se ejercen en contextos de prostitución y la explotación reproductiva”. Lo contrario, apuntan, supone “anticipar una opción normativa no consolidada legislativamente”, algo que es “impropio del ámbito reglamentario y contrario al principio de jerarquía normativa”.

“El Estado no puede utilizar el régimen de subvenciones como un mecanismo indirecto para imponer una visión doctrinal concreta ni para redefinir conceptos jurídicos que no han sido establecidos por el legislador”, añaden las asociaciones en un manifiesto público.

Organizaciones feministas como la Asamblea Feminista de Madrid también han presentado alegaciones al proyecto en el mismo sentido y alertan de que un cambio de estas características “dejaría fuera” a asociaciones feministas en las que “no se ha llegado a un acuerdo” al respecto de la prostitución. “Porque es un tema que no es objeto de debate, porque hay diferentes posturas o porque tienen una posición” que no es abolicionista.

En sus alegaciones, estas entidades –varias de las cuales han suscrito también las de CATS– reclaman que se retire el precepto, que consideran inconstitucional. “La introducción de una determinada interpretación política o ideológica como condición de acceso a fondos públicos es incompatible con el mandato del artículo 103.1 de la Constitución, que impone a la Administración Pública el deber de servir con objetividad a los intereses generales y actuar con sometimiento a la ley”.

Sumar también se ha referido al asunto en varias preguntas registradas en el Congreso, en las que afirma que la modificación “genera dudas jurídicas” y también sobre “su impacto negativo en la eficacia de las políticas públicas al excluir a entidades con amplia experiencia contra la violencia hacia las mujeres”.

El grupo plurinacional de Sumar ha presentado en el Congreso una batería de preguntas escritas para que el Gobierno adopte medidas frente a las amenazas que sufren las trabajadoras del servicio de atención telefónica del 016, que depende del Ministerio de Igualdad. 

Entre las amenazas y las agresiones verbales recurrentes destacan expresiones como “os vamos a matar” y “ojalá os quemen vivas”, entre otros insultos de carácter machista. A pesar de que estas llamadas tan sólo suponen al 0,14% del total que reciben, según los datos de Igualdad, representan “un riesgo para la integridad física y emocional de las trabajadoras”, señalan desde Sumar, e inciden en que este servicio proporcionado por el Ministerio se subcontrata a una empresa externa, que es seleccionada a través de concurso público. A partir del próximo 5 de marzo se conocerá el lugar desde el que se presta este servicio, como contempla el contrato adjudicado el pasado 13 de noviembre de 2025.

Atención psicológica y protocolos

En las cuestiones planteadas, el grupo plurinacional pregunta sobre los mecanismos de denuncia o de seguimiento legal para quienes llaman a este servicio con la finalidad de acosar o amenazar a las trabajadoras, también sobre las previsiones del Ministerio en el desarrollo de alguna modificación que permita proteger la confidencialidad y la ubicación de las empleadas, la contemplación de ampliar y mejorar la atención psicológica de las afectadas, o la existencia de protocolos de coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad para prevenir y actuar ante estas incidencias. 

Para las trabajadoras de este servicio es psicológicamente agotador, y el miedo que experimentan ante la violencia verbal aumenta por la inquietud de la puesta en conocimiento público de la ubicación de su puesto de trabajo en las próximas semanas. Esta realidad que podría poner en riesgo su seguridad física, según declaran.

En el actual contexto de proliferación de un discurso promovido desde partidos y movimientos de ultraderecha, las trabajadoras reciben a diario mensajes manifiestos sobre la presunta desprotección que sufrirían si el partido de Abascal llega al poder: “¿Quién os va a proteger si Vox gana?”, les preguntan. Una de las afectadas afirma que estas amenazas las reciben cada dos o tres días.

El Gobierno ha reiterado su “compromiso firme, contundente y rotundo ante cualquier violencia, acoso o agresión contra las mujeres” después de la investigación publicada por elDiario.es y Univisión sobre las denuncias de agresión sexual de extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias contra el cantante. “Vamos a trabajar y seguimos trabajando para que no haya ningún espacio de impunidad en ningún ámbito de la sociedad y desde luego no vamos a mirar hacia otro lado jamás ante cualquier situación como este caso”, ha respondido la portavoz, Elma Saiz, en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros.

La portavoz, que ha asegurado que “el trabajo periodístico” le merece “muchísimo respeto”, se ha limitado a situarse “siempre al lado de las víctimas”. Moncloa ha medido mucho sus respuestas sobre las denuncias en las que dos mujeres relatan haber sufrido violencia sexual por parte del cantante cuando trabajaban como internas en sus residencias de Punta Cana (República Dominicana) y en Lyford Cay (Bahamas).

Saiz ha sorteado las preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de que el Gobierno retire a Julio Iglesias la Medalla al Mérito en las Bellas Artes con la que se le condecoró en el año 2010. Tampoco ha querido dar su opinión sobre el planteamiento de Más Madrid, que ha pedido tanto al Ayuntamiento como a la Comunidad que le quiten sus condecoraciones.

La portavoz ha aprovechado, eso sí, para arremeter contra la ultraderecha porque “son negacionistas de la violencia de género”. “Es importante que seamos contundentes contra esa lacra y no blanqueemos a la ultraderecha”, ha apostillado.

Por su parte, el Ministerio de Igualdad pide que “se investigue, se aclare lo sucedido y se llegue hasta el final” tras las acusaciones las antiguas trabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias.

Ambas mujeres, que utilizan nombres ficticios para proteger su identidad, describen un contexto de control, intimidación y acoso continuo por parte de Iglesias, que, según sus testimonios, sufrieron presiones para mantener encuentros sexuales y relatan vejaciones físicas, verbales y humillaciones. Los hechos ocurrieron en 2021, cuando el cantante tenía 77 años. “A esa casa hay que llamarla la casita del terror porque es un drama, una cosa horrible”, sostiene Rebeca, una de las entrevistadas.

Periodistas de elDiario.es y Univision se han puesto en contacto en repetidas ocasiones y por diferentes vías con Julio Iglesias y con su abogado, sin obtener respuesta a las preguntas que estos medios le hicieron llegar por email, mensajes telefónicos y cartas entregadas en sus residencias. En un comunicado público posterior a la publicación de esta información, el cantante ha negado “haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer”.

“Esclavitud del siglo XXI”

La noticia ha provocado una cascada de reacciones, entre ellas la de la vicepresidenta segunda del Gobierno Yolanda Díaz, que ha calificado de “escalofriantes” los testimonios y agradece la denuncia “a las mujeres valientes y a las periodistas” de elDiario.es que han trabajado en la investigación. “Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente”, ha dicho a través de Bluesky.

El Ministerio de Cultura ha considerado que las informaciones son “perturbadoras” y “repugnantes”; además de apuntar a una vulneración “muy grave” de los derechos de las mujeres y de los derechos humanos. Ante estos hechos, la cartera liderada por Ernest Urtasun sostiene que no cabe ni la “tolerancia” ni la “equidistancia”.

También valora que lo más importante ahora es que la Justicia haga su trabajo e investigue “hasta el final”, y recuerdan que las mujeres que han denunciado “no están solas” y cuentan con el apoyo del Gobierno. Desde el Ministerio aseguran que la protección de las víctimas es una prioridad y lanzan un mensaje “inequívoco”: “Tolerancia cero contra cualquier forma de abuso y todo el respaldo a quienes se atreven a denunciar”.

Fuentes del grupo parlamentario Sumar en el Congreso han recalcado su apoyo a las denunciantes y reclaman también que se investiguen las acusaciones. “Estamos con las víctimas, como no puede ser de otro modo. Que se investigue y caiga todo el peso de la ley, sea quien sea”, sostienen desde la formación.

En la misma línea se ha expresado la diputada de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, que ha calificado de “gravísimos” los hechos y “un ejemplo más de dominación por parte de privilegiados: hombres blancos y ricos sobre mujeres en una relación de superioridad”, apunta la parlamentaria en referencia a la situación de poder de Julio Iglesias ante sus empleadas, mujeres del servicio doméstico internas.

“Es importante que se rompa el silencio”, ha dicho la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que ha calificado lo relatado por las extrabajadoras “no solo de violencia sexual” sino también de “explotación laboral” y “esclavitud del siglo XXI”. “Se acabó la impunidad, los agresores van a caer”, ha añadido Belarra, que ha reclamado al Gobierno que “empiece a aplicar la ley del solo sí es sí para que las víctimas tengan apoyo”.

La exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha asegurado en X que la investigación, en la que elDiario.es ha estado inmerso durante tres años, describe “servidumbre con rasgos de esclavitud y de trata”. “Se mezcla la violencia sexual con otras violaciones de derechos: explotación, control de la intimidad, comunicaciones, salud...por el 'dueño y señor'”. Las reacciones se suman a la petición de Más Madrid, que ha reclamado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y a la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que retiren a Julio Iglesias el título de Hijo Predilecto y la Medalla de Oro.

En los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, las responsables de Igualdad celebran la investigación de elDiario.es sobre una realidad a menudo “invisibilizada” y que permanece “en la oscuridad del hogar”, sostiene Lola Navarro, vicesecretaria general de UGT. “Es vital que se saque a la luz lo que sufren muchas mujeres todos los días, tanto empleadas del hogar como trabajadoras de ayuda a domicilio”.

“El trabajo dentro de los domicilios nos vulnerabiliza, nos convierte en presas de hombres machistas y violentos bajo el paraguas de q esos domicilios son inviolables y la Inspección de Trabajo no puede entrar”, afirma Carolina Vidal, secretaria confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de CCOO, que reclama que “deben ponerse en marcha sistemas y recursos y herramientas que intervengan en las relaciones laborales del empleo del hogar”.

Con información de Marta Borraz, Alberto Ortiz, Laura Olías e Irene Castro.

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Las trabajadoras del 016 —el servicio de información y asesoramiento jurídico sobre la violencia de género que depende del Ministerio de Igualdad— llevan años sufriendo llamadas machistas y amenazantes por parte de hombres. “Os vamos a matar”, “ojalá que te violen” o “¿quién os va a proteger si Vox gana?”. Algunas trabajadoras dicen que reciben una cada dos o tres días, otras que es a diario: “Lo hemos normalizado, pero esto es una mierda y no podemos más”.

Para esas trabajadoras es psicológicamente desagradable y agotador recibir insultos y amenazas prácticamente todos los días, pero ahora se suma un miedo real sobre su seguridad física. El nuevo contrato para el servicio incluye que la ubicación concreta desde la que atienden esas llamadas.

El servicio se adjudica cada cuatro años mediante concurso público a una empresa externa a través del Ministerio de Igualdad. Uno de los cambios entre el anterior contrato y el nuevo, que se ha adjudicado el 13 de noviembre de 2025, es que se ha hecho pública la sede del edificio, lo cual ha generado una mezcla de miedo, inquietud y perplejidad entre las trabajadoras. Seis de ellas han aceptado hablar con elDiario.es con la condición de mantener su anonimato, por lo que todos los nombres de los testimonios son ficticios.

“Eres una zorra”, “ojalá te apuñalen cuando salgas de trabajar”, “os vamos a matar”, “ojalá que te violen”, “ojalá os quemen a todas vivas”, son los insultos y amenazas más violentos que pueden llegar a recibir. El actual pliego de prescripciones técnicas, que regula cómo debe funcionar el servicio, incluye en su protocolo de gestión de las llamadas una derivación para aquellas consideradas “maliciosas”. La solución descrita en el contrato consiste en desviar la llamada “a una grabadora convenientemente configurada y cuya locución avisará al llamante de que, por el contenido de su mensaje, el número de teléfono y su llamada están siendo registrados”, de acuerdo con lo que dispone el Reglamento europeo sobre protección de datos. Sin embargo, en este punto finaliza la protección a las trabajadoras, según explican seis de ellas.

“Las llamadas maliciosas, si son amenazantes, se tienen que tipificar como tales, pero no hay ningún protocolo de seguridad por parte de la empresa”, afirma Irene. Para ella se trata de algo muy desagradable pero no muy preocupante. La cuestión es que el 5 de marzo de 2026 empieza el nuevo contrato, que incluye el traslado a un edificio de Madrid, cuya dirección es pública. “El problema es que ahora ese idiota [que nos amenaza] va a saber dónde estoy”, reconoce. “Lo hemos hablado con nuestra jefa, pero no está dispuesta a absolutamente nada”, lamenta Paula. Se refiere a las responsables de Atenzia (Servicios de Teleasistencia, S.A.), la empresa adjudicataria tanto del contrato en vigor como del que se inicia el 5 de marzo. “Este cambio puede ser un punto de inflexión”, añade la afectada.

El servicio del 016 está estructurado en dos departamentos especializados: uno de información general y otro de asesoramiento jurídico. Cuando dé comienzo el próximo contrato, el primero se dividirá en dos: información general y atención psicosocial.

El servicio de información general funciona las 24 horas del día, todos los días del año. Las trabajadoras de esta área facilitan atención e información personalizada, adaptada a las circunstancias de cada mujer. A partir del contenido de su consulta, es informada sobre sus derechos, prestaciones, ayudas y recursos a los que puede acceder en caso de ser víctima de las diferentes formas de violencia de género, también a sus hijos e hijas. El asesoramiento incluye información sobre el lugar de prestación de los derechos, servicios de emergencia y asistencia, atención, acogida, apoyo, recuperación integral, etc. Además, esta área también atiende las llamadas puntuales que “por razones de emergencia” y por la situación de violencia contra las mujeres referida requiera “una atención psicosocial inmediata”.

En cuanto al servicio jurídico, funciona todos los días del año, de ocho de la mañana a diez de la noche. Atiende las llamadas que necesitan asesoramiento en materia de asistencia sanitaria (en particular, en casos de agresiones y delitos contra la libertad sexual); penal (derecho a denunciar, tipo de delito, posibilidad de pedir medidas cautelares, orden de protección, etc.); civil (separación y divorcio, conflictos familiares, custodia, pensión, etc.); laboral; medidas integrales de atención y asistencia a las víctimas de delitos y extranjería (residencia en España, inmigración, asilo), así como en materia de protección de datos personales. El nuevo contrato, que empieza el 5 de marzo de 2026, ha sido adjudicado por 2,3 millones de euros a Servicios de Teleasistencia. S.A., sociedad que opera bajo la marca de Atenzia.

“Hemos normalizado las amenazas”

Las trabajadoras consultadas lamentan que no hay respuesta institucional ante los insultos y las amenazas. Según su versión, ni por parte de la empresa, ni por parte del Ministerio de Igualdad. Ante una llamada de este tipo, afirma Lucía, se activa una locución que afirma que se recogen los datos, pero que solo se trata de una “medida disuasoria”. “Ni el Ministerio ni la empresa ponen denuncias ni investigan nada”, asegura. “Prácticamente todos los días que trabajo [recibo amenazas]”, responde. En una de las últimas que recuerda hubo un hombre llamando y amenazando durante todo el día. La mayor parte de las empleadas consultadas aseguran que se trata mayoritariamente de hombres de entre 40 y 60 años.

Julia, otra empleada del servicio, cree que son hombres que creen que no tienen los mismos derechos que las mujeres u hombres cuyas parejas son víctima de violencia de género. “Y se creen con el derecho de llamar al teléfono y amenazarnos también”, explica. En una de esas llamadas, recibe el siguiente mensaje: “El día que me cabree os vais a enterar”. Aunque supone una carga psicológica y emocional evidente, hasta ahora no sentía miedo real porque alguien fuera a ejecutar sus amenazas. La ubicación del edificio no es pública. “Da miedo que todo el mundo sepa dónde trabajas”, reconoce. “Lo hemos normalizado, pero esto es una mierda y no podemos más”, afirma Vero, otra de sus compañeras.

En el actual contexto de legitimación del discurso de odio promovido por partidos y movimientos ultraderechistas en todo el mundo, reciben mensajes explícitos sobre la presunta desprotección que sufrirían si Vox llegara a gobernar. “¿Quién os va a proteger si Vox gana?”, les preguntan.

“No todos los días, pero cada dos o tres, sí”, explica Teresa, otra de las afectadas. “La inquietud principal no es tanto la amenaza en sí, sino que se haga pública la ubicación del edificio”, reconoce. Esta trabajadora, como el resto de sus compañeras entrevistadas, asegura que ahora mismo no hay posibilidad real de ejecutar las amenazas, pero si finalmente el 016 se traslada a Alcorcón, la situación podría cambiar. Ella, como otras empleadas del servicio público, lamentan que su opinión no importe. “Lo hemos comentado de manera más informal con nuestras jefas, pero no nos han preguntado qué nos parece”, atestigua y añade que en el pliego de condiciones del servicio, ya adjudicado, tampoco figuran recursos económicos específicos destinados a garantizar la seguridad.

Consideran, además, que el motivo principal por el cual no se pueden comunicar directamente con el Ministerio de Igualdad es porque las responsables de la empresa que gestiona el 016 no están a favor. Por esta razón, afirman no estar seguras de que el Ministerio esté al tanto de la situación, y temen posibles represalias de la empresa adjudicataria —en forma de despedidos— por hablar con este diario.

“Desconozco si va a haber seguridad, pero aunque la hubiera, el personal no te va a acompañar hasta el metro”, señala Julia. Durante las vacaciones es cuando hay “muchos repuntes de llamadas”, tanto por parte de mujeres que narran diferentes episodios de violencia hacia ellas, como de los propios hombres amenazando e insultando a las trabajadoras. También reciben más llamadas de este tipo coincidiendo con determinados momentos políticos, como cuando se aprobó la ley integral contra la violencia de género, más conocida como “ley del solo sí es sí”, o la ley trans.

“Un día entró un señor en el edificio”

Algunas de las trabajadoras recuerdan un episodio concreto: cuando un hombre entró en el edificio en el que trabajan actualmente. Subió hasta la primera planta, donde ellas trabajaban: “Entró un señor hasta la planta uno, intentó abrir la puerta y nos acojonamos”, afirma.

Las trabajadoras consultadas por este hecho, atestiguan que este hombre pudo encontrar la puerta entreabierta, o alguien la abrió pensando que se trataba de un trabajador de la empresa. En el edificio hay otro servicio, de atención a personas mayores, que nada tiene que ver con el 016. Según el testimonio de las empleadas preguntadas, cuando informaron a sus superiores, la respuesta que recibieron es que se encerraran con llave. Lo que pedían, en cambio, era poder teletrabajar. “La solución que nos dieron fue subir a la tercera planta a trabajar con los de teleasistencia”, indica Paula. “Pedimos volver a casa —como durante la pandemia— o seguridad, y seguridad dijeron que no iban a poner, por lo que basándonos en lo que hemos vivido, no pensamos que vaya a haber seguridad en el nuevo edificio”.

A este hecho se suma que, aunque el 016 cuenta con servicio de atención psicológica, no se produce con la continuidad que necesitan, ni tampoco de forma individualizada, según su versión. “A veces se hacen dinámicas grupales muy puntuales pero no me aporta nada en relación con mi bienestar. Mi psicóloga me la pago yo”, afirma Lucía y añade que necesitan una atención “más continua e individual”. “No entran en detalles: cómo te afectan las llamadas, si estás agobiada o sobrecargada emocionalmente”, lamenta.

En estas sesiones, en las que se abordan aspectos como el burnout, Paula asegura que hay “falta de directrices claras”. “En una jornada te puede decir que alargues las llamadas y en la siguiente que tienes que acortar”, detalla. “No hay seguimiento real porque después no vuelven a preguntarte cómo estás”, asegura Julia. Es decir, entre una y otra sesión, no preguntan a las trabajadoras sobre cómo se sienten debido al peso emocional que soportan por su trabajo. “No es un espacio personal”, apunta Teresa, que explica que en cada sesión se escoge un tema pero que se trata de una atención teórica y general.

Finalmente, piden que su opinión sea tenida en cuenta cuando se toman decisiones que puedan afectar a su bienestar, como ocurre con el traslado a Alcorcón a partir de marzo, un cambio que fue redactado en los pliegos, pero que no tuvo consenso. “Uno de los aspectos que más me quema de mi trabajo es que no cuenten con nosotras para participar en la toma de las decisiones”, concluye una de ellas y añade que se trata de un problema “estructural”, no “puntual”.

El Ministerio minimiza las amenazas

elDiario.es ha consultado al Ministerio de Igualdad sobre por qué razón se hacía pública la ubicación del edificio donde se prestará el servicio, y si existía algún informe o fundamentación técnica que respaldara esta decisión. Fuentes del Ministerio se limitan a responder que durante el desarrollo del nuevo contrato “se prevé que la prestación del servicio se traslade al Centro Estatal de Coordinación del Servicio de Atención y Protección a las Víctimas de Violencia de Machista situado en Alcorcón”. Las mismas fuentes detallan que este contrato entrará en funcionamiento próximamente, y que las instalaciones serán responsabilidad y gestión del Ministerio. “Por tanto, se dejará de prestar en edificios privados de la empresa adjudicataria”, indican.

El Ministerio no aclara si ha informado o consultado a las trabajadoras del 016 sobre la decisión, y sus posibles implicaciones en materia de seguridad, y responde que “garantizará que la prestación del servicio se realice en las mejores condiciones para el personal, al mismo tiempo que se desarrollarán al máximo los recursos públicos”.

Sobre si se van a aplicar medidas de seguridad a partir de marzo de 2026, tanto en el edificio como en su entorno, debido a las amenazas que sufren a través de las llamadas, el Ministerio asegura que en 2025 esas llamadas “representaron un 0,14% del total”. “Las llamadas de contenido malicioso y/o toda comunicación de contenido inapropiado se gestiona según el protocolo habilitado a su efecto: se procede a derivar la llamada a una locución que informa sobre las actuaciones legales derivadas del uso indebido del servicio”, afirma. “En caso de producirse una situación grave, se establecería comunicación urgente con la DGVG (Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género) para acordar las medidas necesarias a tomar según el caso”, responden.

Este diario también ha consultado si existen mecanismos que garanticen que las trabajadoras puedan expresar sus preocupaciones sobre su seguridad y condiciones laborales, sin temor a sufrir represalias laborales —incluido el despido—. El Ministerio responde que se contemplan “reuniones de seguimiento individuales y grupales con cada miembro del equipo”. “En estas sesiones se abordan cuestiones de índole profesional y personal relacionadas con el servicio para la mejora del mismo y el bienestar del equipo”, apuntan. Además, indican que la comunicación anónima con el personal responsable del servicio, con el personal directivo de la empresa adjudicataria e incluso con la DGVG “siempre es posible”.

Por último, sobre el servicio de atención psicológica de las trabajadoras, el Ministerio explica que se realizan sesiones individuales y grupales para garantizar el bienestar emocional de las trabajadoras. Estas sesiones “tienen una periodicidad mensual y trimestral que se va adaptando en función de las necesidades del servicio y de las propias trabajadoras”. Así, afirman que la responsable de formación, calidad y supervisión psicológica dispone de un teléfono accesible para todas las trabajadoras en el que pueden contactar con ella para tratar cualquier situación que consideren necesaria “de manera urgente y ordinaria, de forma telefónica o presencial”. Finalmente, no consideran necesario “reforzar o modificar el servicio, pues no se han constatado quejas oficiales sobre el mismo hasta la fecha”.

Este diario ha enviado siete preguntas a Atenzia, la empresa adjudicataria, que ha declinado comentar nada. En su defecto, han remitido a enviar cualquier consulta relacionada con el servicio del 016 a un correo electrónico de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

El uso por parte de la Xunta de la protección de las víctimas de violencia de género como argumento político en su negociación con el Gobierno sobre la dotación de la unidad de policía adscrita, ha dado un nuevo giro. El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, el mismo que había amenazado al Ministerio del Interior con retirar a los agentes autonómicos de esas labores de protección si no se aumentaba el número de efectivos, se ha esforzado en el Parlamento en negar que eso pudiese suponer que las víctimas quedasen sin protección, “ya que lo estarían por la Policía Nacional”. Las palabras de Calvo, refrendadas por Alfonso Rueda, provocaron toda una tormenta política en la que llegó a intervenir la ministra de Igualdad mientras la alcaldesa de A Coruña, la socialista Inés Rey, pedía su cese inmediato.

La réplica de Calvo llegó en un terreno cómodo: el pleno de la Cámara gallega en respuesta a una pregunta de su compañera Paula Prado, la número dos del PP gallego, sobre las negociaciones con Madrid para aumentar una plantilla que ha caído a 338 agentes, 136 menos que los que tenía en 2013, durante el gobierno de Rajoy, cuando aspiraba a lograr los 500 “que nos pertenecen por catálogo”.

Prado se interesó por la “dramática” situación que vive la unidad y que pone en peligro competencias “muy importantes” como la de la protección a las víctimas de violencia de género, “que cada días on más en Galicia y, concretamente, en la provincia de Lugo”, en una poco velada alusión a las denuncias de acoso contra el presidente de la diputación lucense y alcalde de Monforte, el socialista José Tomé.

Calvo respondió atacando a PSdeG y BNG, grupos que no tenían opción de tomar la palabra, a los que acusó de “decir mentiras” como “que íbamos a dejar desprotegidas a las víctimas de violencia de género”. “Hay que tener cuajo y mucha cara política para decir eso y quedarse tan ancho” porque “eso no es verdad”.

Sin embargo, en su segunda réplica, volvió a repetir palabra por palabra los mismos argumentos. “Somos la única comunidad autónoma con una unidad adscrita que asumió esta función”. Lo hizo, según recordó, en 2018, un momento de “gran demanda” en el que Galicia “tenía una unidad mucho más dotada”. Entonces, se comprometieron “a echar una mano”, pero la situación ha cambiado.

“¿Qué harían ustedes si no llegan? ¿Dejar de prestar un servicio para el que no tienen competencia? Pues claro que sí”, se respondió a sí mismo. Pero, esta vez, añadió. “Si dejan de ser protegidas por el cuerpo adscrito, lo estarán por el de la Policía Nacional. Nunca dejarán de estar protegidas”.

La indignación del Gobierno y de la oposición

Las palabras iniciales de Diego Calvo provocaron una escalada de reacciones políticas. El primero en reaccionar fue el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, quien consideró “intolerables” las declaraciones del conselleiro, ya que las víctimas “no son moneda de cambio ni instrumento de chantaje político”. Poco después se sumaba el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, para quien Calvo traspasó “todas las líneas rojas” al usar a las víctimas como arma política con unas amenazas “indecentes y vergonzosas”.

Los socialistas reclamaban a Rueda que se posicionase sobre las afirmaciones de quien, de facto, ejerce a menudo como su número dos en la Xunta. Lo mismo pedía el BNG, primera fuerza de la oposición. A través de su diputado Iago Tabarés acusaba a Calvo de “cruzar todos los límites de lo admisible en la estrategia de confrontación de un PP cada vez más radical”.

Mientras, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, respondía también a través de las redes sociales. “No vamos a consentir amenazas”, escribía en X, donde aseguraba que exigirían “el cumplimiento de la Ley contra la violencia de género y la correcta ejecución de los fondos del Pacto de Estado”. A ella se sumaba la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey –una de las figuras que ha liderado el manifiesto de mujeres socialistas crítico con la actuación de la cúpula gallega en el caso Tomé– y reclamaba la dimisión de Calvo por “irresponsable”.

La respuesta de Rueda llegó el lunes siguiente y fue un apoyo total a su conselleiro. Para el presidente gallego, con menos efectivos que cuando se llegó al acuerdo, para el presidente gallego resulta “absolutamente lógico pensar que no se puede prestar este servicio”.

Diferencias económicas

El telón de fondo de esta polémica en la que la Xunta ha introducido a las víctimas de violencia machista es una negociación estrictamente económica sobre el coste de la ampliacón de una unidad de policía adscrita que está bajo mínimos.

El convenio inicial, ya caducado, establecía que Madrid sufragaría los sueldos y Galicia los gastos de funcionamiento de un cuerpo que sigue formando parte de la Policía Nacional. Sin embargo, ante la caída del número de efectivos –visible en el abandono por parte de la policía autonómica de la vigilancia de edificios oficiales como la sede de la Xunta o el Parlamento–, Interior puso sobre la mesa una nueva propuesta: un convenio, como el que ya se aplica en Andalucía, en el que cada administración se hace cargo del 50% del gasto en personal.

La contraoferta de San Caetano fue aceptar ese nuevo escenario pero sólo para las nuevas incorporaciones y que el Ministerio siguiese pagando el 100% de los sueldos de la plantilla actual. Esa posición llevaba meses en vía muerta, hasta que Calvo puso sobre la mesa el órdago de las víctimas que ahora pretende retirar como si nunca hubiese existido.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha respondido al anuncio de la Xunta de que dejará de utilizar a la policía autonómica para proteger a las mujeres víctimas de violencia machista si el Ministerio del Interior no aumenta el número de plazas de esa unidad adscrita. En un mensaje en la red social X, Redondo ha asegurado que su departamento no va a consentir “amenazas” y que exigirán “el cumplimiento de la Ley contra la violencia de género y la correcta ejecución de los fondos del Pacto de Estado”.

Fue el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, quien este jueves anunció que la policía autonómica se limitaría a realizar las labores de su competencia y ejemplificó las que dejaría de cubrir —“somos la única comunidad que ejercía esa función”— usando el caso concreto de las víctimas de violencia machista. Lo hizo en el marco de las negociaciones con Interior para renovar un convenio con el que el ejecutivo autonómico pretende aumentar el número de efectivos de los 388 actuales hasta 500. Las diferencias proceden de que la Xunta quiere cambiar las condiciones actuales: en lugar de pagar el coste al 50% entre ambas administraciones, propone que sea Madrid quien se encargue de sufragar las nuevas plazas.

El primero en responderle, sólo horas después, fue el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, quien exigió a Calvo que rectificase su actitud “intolerable” y pidió al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que lo desautorizase, porque lo contrario significaría que el ejecutivo autonómico “está dispuesto a poner en iresgo la protección de las víctimas de violencia machista para presionar en una negociación con el Estado”. Para él, “las víctimas no son una moneda de cambio ni un instrumento de chantaje político”.

No tardó en sumarse el líder del PSdeG. Para José Ramón Gómez Besteiro, la Xunta “traspasa todas las líneas rojas” al usar a las víctimas como arma política. Tildó de “indecentes y vergonzosas” las palabras de Calvo a quien acusó de emplear su proteccion para “presionar al Ministerio y evitar la firma del convenio de la policía adscrita caducado desde 2008”.

La postura del conselleiro —a última hora de la mañana del jueves, Rueda todavía no había hablado del asunto— indignó también al BNG. Su diputado Iago Tabarés se sumaba a la petición de los socialistas para que el presidente desautorizase a Calvo —a quien acusó de “cruzar todos los límites de lo admisible en la estrategia de confrontación de un PP cada vez más radical— y ”garantizase“ la protección de las víctimas. Además, achacó a la ”sumisión“ de la Xunta a ”los dictados de Génova“ su renuncia a contar con una policía gallega ”similar a las de Euskadi, Cataluña, Navarra y Canarias“.

Tres mujeres en solo tres días. Es la concentración de asesinatos de violencia machista que ha ocurrido en España desde el pasado lunes. Casi al mismo tiempo que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, presentaba la mayor operación estadística que se hace en nuestro país sobre este problema, una mujer de 39 años era asesinada en Torrijos (Toledo) y su pareja, de 45, era detenida. Era el tercero de los casos acumulados en los últimos días tras empezar la semana un asesinato por día.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están actualmente investigando el crimen como un asesinato por violencia machista y el Ministerio de Igualdad lo mantiene bajo investigación. Según ha publicado EFE, el presunto autor se encuentra actualmente ingresado en la UCI del Hospital Universitario de Toledo después de que se hiriera a sí mismo tras la agresión. Fuentes de la investigación citadas por la agencia apuntan a que los hechos ocurrieron delante de dos de los tres hijos que la pareja tenía en común.

En lo que va de año han sido asesinadas 42 mujeres que han dejado 23 huérfanos menores de edad. Según la Macroencuesta de Violencia sobre la Mujer presentada este miércoles, casi una de cada tres mujeres en España ha sufrido en algún momento de su vida violencia de género por parte de su pareja o expareja, más de seis millones de mujeres. Se calcula que en casi dos millones niños, niñas y adolescentes viven en hogares marcados por la violencia machista.

El último asesinato confirmado por el Ministerio de Igualdad es el de una mujer de 29 años en Alicante a la que mató su pareja, de 34, antes de suicidarse. Según informaron fuentes de la investigación a EFE, la mujer tenía una hija menor de edad y compartía piso con su asesino, pero se encontraba en trámites de separación. De acuerdo con las cifras que maneja la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, un 40% de las mujeres asesinadas este año estaban en este punto.

La materialización o verbalización de la separación es, de hecho, uno de los factores que puede acabar desencadenando la agresión. ¿Por qué? Porque los agresores perciben que pierden el control, que es el fin último de la violencia machista, según han analizado las expertas. “Lo que hay detrás es el control de las mujeres y este se hace más brutal cuando anuncian su intención de dejar la relación”, apunta el Consejo General del Poder Judicial en uno de sus análisis de casos.

Ya confirmado en la estadística está también el asesinato ocurrido el lunes en Torrejón de Ardoz (Madrid), donde una mujer fue asesinada por su pareja con el que tenía dos hijas de 13 y 17 años. La pareja estaba registrada desde 2022 en el sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, VioGén, con riesgo “no apreciado” y en estos momentos este caso constaba como “inactivo”.

Un 30,3% de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia machista por parte de hombres con los que mantienen o han mantenido una relación de pareja. Son seis millones y medio de mujeres contra las que sus parejas han ejercido en algún momento de su vida maltrato físico, sexual, psicológico o económico. Así lo señala la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2025 hecha pública este miércoles por el Ministerio de Igualdad, la séptima hecha hasta la fecha y la operación estadística de más envergadura que se hace en nuestro país sobre violencias machistas.

“La violencia machista sigue siendo una realidad prevalente, transversal, estructural y que condiciona la vida de muchas mujeres. Es una violencia crónica en nuestra sociedad”, ha apuntado la ministra Ana Redondo. Por tipos de violencia, el 12,7% de las mujeres mayores de 16 años ha sufrido violencia física o sexual (9,2% y 7,7% respectivamente), lo que se traduce en más de dos millones y medio de mujeres. Casi el 80% asevera que la violencia ocurrió en más de una ocasión. La encuesta se ha realizado a un total de 11.800 mujeres, lo que a juicio de la ministra permite “hacer una panorámica” global de la violencia machista.

La encuesta pregunta por varios tipos de violencia, entre ellos, la económica, que engloba conductas como usar las tarjetas de crédito y pedir préstamos a su nombre sin su consentimiento, impedirle el acceso a la cuenta bancaria o controlar de forma excesiva el gasto que realiza. El 11,7% de las encuestadas afirma haber soportado este tipo de maltrato por parte de su pareja en algún momento de su vida, una violencia “silenciosa” pero “devastadora” que “limita su autonomía y en muchas ocasiones, su posibilidad para salir de la violencia”, ha dicho la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza. Si se suma en el cómputo el imago de pensiones alimenticias cuando hay hijos o hijas comunes, el porcentaje aumenta al 13,5%.

La macroencuesta publicada este miércoles refleja también que el 20,9% de las mujeres residentes en España ha sufrido violencia psicológica en algún momento de su vida y el 25,1% violencia psicológica de control. La estadística revela que las violencias se van entrecruzando y en muchos casos ocurren al mismo tiempo: prácticamente en la totalidad de los casos (96,6%) en los que hubo violencia física o sexual, también la hubo psicológica o económica.

El estudio analiza si las mujeres han denunciado la violencia sufrida y concluye que solo el 16,8% han acudido ellas mismas o alguien de su entorno a la Policía o al juzgado. El informe ahonda en los motivos y destaca dos principales: la mitad dice que no denunció porque “lo resolvió sola” y el 32% no lo consideró necesario o le dio poca importancia. Sin embargo, el 41,4% de ellas sí han recurrido a algún tipo de recurso o servicio asistencial y la inmensa mayoría, el 71,7%, se lo contó a alguna persona cercana. El informe calcula que más de un millón de niños, niñas o adolescentes viven en hogares en los que la mujer sufre algún tipo de violencia.

“La violencia machista es también una cuestión de salud pública”, ha advertido Perza al presentar los datos sobre conscuencias que tiene la violencia en la salud de las mujeres. Así, casi la mitad de quienes revelan ser o haber sido víctimas en algún momento de sus vidas (1,6 millones de mujeres) siguen teniendo en la actualidad secuelas físicas o psicológicas derivadas. Las víctimas “presentan una salud significativamente peor” que las que no lo son: entre quienes han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja o expareja, el la probabilidad de haber tenido intentos de suicidio se mulitplica por 11.

El 14,5%, víctimas de violencia sexual

La Macroencuesta analiza lo que ocurre fuera del ámbito de la pareja o expareja y concluye que el 14,5% de las mujeres residentes en España que son mayores de 16 años (tres millones) han vivido algún episodio de violencia sexual en algún momento de sus vidas. En el 7,4% de los casos, es decir la mitad, ocurrió cuando eran menores de 15 años, revela la estadística, que apunta también a que el 98,3% de las víctimas afirma que el agresor fue un hombre.

Si se analiza el vínculo que tenían agresor y víctima, se concluye, al igual que en estudios previos, que la mayor parte de la violencia fue perpetrada por hombres conocidos, sobre todo en el caso de los tipos “más graves”, describe la encuesta. Por eso, nueve de cada diez encuestadas que han sido víctimas de una violación en algún momento, señalan a alguien de su entorno como agresor: un cuarto directamente a un familiar, mientras que el 62% apuntan a un amigo o conocido. El 68,5% de ellas asegura que la agresión sexual se produjo en una casa y solo el 16% apunta a zonas abiertas como la calle o un parque.

Sin embargo, apenas se denuncia. Solo lo hace el 4,9%. La Macroencuesta explica que, en comparación con la de 2019 esta cifra ha disminuido debido a que en el ítem de violencia sexual se han incluido explícitamente los tocamientos no consentidos en “genitales, pechos, culo o labios”, una conducta que “casi no denuncia”, esgrime el informe, que divide la violencia sexual en: violación, intentos de violación y otros tipos de violencia sexual. Este cambio metodológico explica también que el porcentaje de mujeres que han sufrido violencia sexual haya ascendido con respecto a la última Macroencuesta, que lo situó en el 4,6%.

Entre los motivos más mencionados para no denunciar se encuentra, en el caso de las violaciones, el de que era una niña cuando sucedió y la vergüenza, causas que citan cuatro de cada diez víctimas seguidas de no conceder importancia a lo sucedido, temor a no ser recída o miedo al agresor (con porcentajes superiores al 20%). En el caso de otros tipos de agresiones sexuales, se coloca como primer motivo para no denunciar el no darle la suficiente importancia a lo ocurrido, algo que mencionan casi la mitad de las víctimas.

La encuesta dibuja un mapa de las violencias machistas en el que también destaca el acoso sexual, que relatan casi cuatro de cada diez mujeres (el 36,2%). Según el Ministerio de Igualdad, el entorno digital “se ha convertido en escenario” de la violencia machista, sobre todo entre la juventud. El 12,2% de las mujeres aseguran que han sufrido algún tipo de acoso mediante tecnologías: el 9% con connotaciones sexuales y el 8,4% sin ellas. Las mujeres más jóvenes son quienes más lo han sufrido: el 28% de las que tienen 16 y 17 años y el 35% de entre 18 y 24 responden afirmativamente.

El Ministerio de Igualdad y las comunidades autónomas han llegado a un acuerdo este lunes para aprobar el procedimiento común para la acreditación administrativa de las situaciones de violencia sexual. La medida, que estaba pendiente desde la entrada en vigor de la ley 'del sólo sí es sí', permite a las víctimas que hayan sufrido agresiones sexuales acceder a derechos y prestaciones sin necesidad de que hayan presentado denuncia, un sistema que ya existe desde hace años para las víctimas de violencia de género en el seno de la pareja o expareja.

Según ha informado el departamento dirigido por Ana Redondo en un comunicado, la acreditación administrativa de víctima de violencias sexuales acordada en la Conferencia Sectorial facilitará el acceso a los derechos, recursos y servicios reconocidos en la normativa estatal y servirá en todo el territorio español.

El artículo 37 de la ley especifica que, a ojos de la Administración, será una víctima de violencia sexual quien tenga sentencia condenatoria, una orden de protección o cualquier otra resolución judicial que declare la existencia de la agresión o acuerde una medida cautelar a favor de la víctima, o bien por el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima.

Pero, además, recoge otras vías de acreditación sin necesidad de denuncia: mediante informe de los servicios sociales, de los servicios especializados en igualdad y contra la violencia de género, de los servicios de acogida destinados a víctimas de violencia sexual de la Administración pública competente, de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social o por sentencia recaída en el orden jurisdiccional social.

El Ministerio de Igualdad ha explicado que podrán solicitarla las mujeres y menores de edad víctimas de violencia sexual y quienes ejerzan su representación legal. De esta forma, tendrán acceso a la medida las víctimas que no hayan presentado denuncia previa, aquellas cuyo procedimiento judicial haya sido archivado o sobreseído, quienes hayan interpuesto denuncia y el procedimiento penal esté en trámite, o las que cuentan con sentencia condenatoria firme con pena o penas ya extinguidas por cualquier causa, siempre que haya transcurrido el plazo de cinco años a contar desde el día siguiente al de su notificación.

La acreditación con título administrativo tendrá una vigencia de cinco años, a contar desde el día siguiente a su emisión o desde que la víctima cumpla la mayoría de edad si la acreditación se emitió siendo esta menor de edad. Transcurrido ese plazo de cinco años, podrá solicitarse nuevamente.

Cruce de acusaciones entre PSOE y PP en la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) por el bloqueo de una declaración institucional con motivo del 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Por primera vez la institución en la que están representadas los ayuntamientos no tendrá un texto consensuado por la decisión de los alcaldes de Alberto Núñez Feijóo de introducir una crítica a la gestión del Ministerio de Igualdad en la crisis de las pulseras telemáticas de control de maltratadores, que los socialistas han rechazado.

“Por primera vez en la historia, los 7.000 municipios de España se quedan sin manifiesto de apoyo a las víctimas de violencia machista por culpa del PP. El PP de Feijóo ha traspasado una línea crítica: ha roto un consenso histórico en la FEMP y se ha alineado con Vox contra las mujeres”, ha denunciado la alcaldesa socialista de Alcorcón, Candelaria Testa, que ha asegurado que el texto se había pactado previamente en Junta de Portavoces, en comisión y entre la Presidencia y la Vicepresidencia.

“No entendemos por qué el PP decidió de repente que ese texto ya no era suyo”, agrega en un comunicado.

El argumento del PP es que “el PSOE se ha desmarcado”. “No ha querido hacer un mínimo de autocrítica con la pésima gestión que ha tenido el Ministerio de Igualdad con las pulseras telemáticas”, señala la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

La pretensión de los representantes locales del partido de Feijóo era introducir un párrafo que “exigía que no volviesen a producirse estos errores, que no volvieran a dejar en riesgo a las mujeres”. “Esta mínima autocrítica al Gobierno ha sido suficiente para impedir que saliese adelante la declaración institucional en algo tan crítico e importante como estar unidos en la lucha contra la violencia contra la mujer”, afirma Chueca.

“Están poniendo por delante al Gobierno de Sánchez que a sus vecinos. Lamentable, pero es lo que ha sucedido”, apuntala la regidora conservadora mientras que los socialistas lamentan la introducción de “disputas partidistas” en un tema como este. “Es imperdonable”, zanja Testa.

La Comisión Europea va a hacer un análisis de la licitación de las pulseras telemáticas para la protección de las víctimas de violencia de género que puso en marcha el Ministerio de Igualdad, dirigido por Ana Redondo. Esta evaluación se ha conocido tras una respuesta del comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, a una pregunta parlamentaria del eurodiputado de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé.

Bruselas pretende auditar este gasto ya que se pagó con fondos Next Generation, que corresponde a un hito de la octava solicitud de pago, con lo que no tiene fecha asignada ya que ahora España está pendiente de la sexta solicitud de cobro de los fondos.

En su respuesta al eurodiputado de Vox, Dombrovskis recuerda que los Estados miembros son los responsables de la ejecución de sus planes de recuperación y resiliencia, que “incluye garantizar que todos los procedimientos de contratación, también la pública, cumplan plenamente la legislación nacional y el Derecho de la Unión”. Además, el comisario económico puntualiza que los pagos de los fondos responden al cumplimiento de los requisitos correspondientes a los hitos y objetivos.

En su pregunta el eurodiputado de ultraderecha denunció el deficiente uso de los fondos europeos para financiar el contrato de pulseras telemáticas por 35 millones de euros que ganó la oferta presentada por Vodafone y Securitas (Cometa).

Este martes el sistema que monitoriza las pulseras de control de maltratadores (Cometa) ha sufrido un fallo que ha provocado que los dispositivos dejaran de funcionar correctamente durante varias horas. El Ministerio de Igualdad aseguró que, en cuanto tuvo constancia de la incidencia, las víctimas fueron contactadas para alertarles del fallo del sistema, así como las fuerzas y cuerpos de seguridad para garantizar la protección de las mujeres. 

La polémica saltó el pasado septiembre cuando  la Fiscalía aseguró que un error técnico durante el trasvase de datos a la nueva empresa adjudicataria del servicio Cometa hizo que, durante meses, se perdieran los datos anteriores a marzo de 2024. Este falló provocó una “gran cantidad” de absoluciones y sobreseimientos de agresores debido a que los juzgados no podían contar con la información sobre sus movimientos. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, puntualizó en que los problemas “fueron contados” y los cifraba en el 1% de los casos, aunque el Poder Judicial no ofreció datos concretos.

El sistema que monitoriza las pulseras de control de maltratadores (Cometa) ha sufrido un fallo este martes que ha provocado que los dispositivos dejaran de funcionar correctamente durante varias horas. El Ministerio de Igualdad asegura que, en cuanto tuvo constancia de la incidencia, las víctimas fueron contactadas para alertarles del fallo del sistema, así como las fuerzas y cuerpos de seguridad para garantizar la protección de las mujeres. El botón del pánico -que hace saltar una alarma prioritaria- del que disponen las víctimas ha estado activo en todo momento, también la posibilidad de hacer o recibir llamadas así como las alertas por proximidad.

El fallo se producía este martes por la mañana y el Ministerio de Igualdad activaba el protocolo de protección “previsto ante este tipo de acontecimientos, avisando tanto a todas las víctimas de violencia sexual y de violencia de género que cuentan con este dispositivo, como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de forma que se garantizara la protección de las víctimas”, asegura el departamento de Ana Redondo. El servicio está en manos de una UTE entre Vodafone y Securitas Seguridad España desde finales de 2023, cuando se hicieron con la nueva licitación del contrato, hasta entonces en manos de Telefónica.

La ministra y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez-Perza, han estado en contacto con las empresas y han acudido personalmente a la Sala Cometa en la que trabajan las operadoras “para conocer de primera mano la incidencia”. Igualdad asegura que ya se ha detectado el origen del problema y que el sistema “está en proceso de recuperar la normalidad”.

“La ministra de Igualdad quiere dejar claro a las víctimas, con las que se solidariza, que el sistema de protección va más allá de los dispositivos telemáticos e incluye una red institucional de protección con multitud de profesionales que garantizan su seguridad incluso ante una incidencia tecnológica”, dice el comunicado del Ministerio. “Se trabaja desde la discreción y la sensibilidad que merece este servicio. Además, investigaremos hasta el final y, si hace falta, tomaremos las acciones oportunas”, ha señalado Ana Redondo.

La polémica

En septiembre, el funcionamiento de las pulseras provocó un terremoto político que llevó a la reprobación de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en el Congreso. Todo comenzó con un párrafo en la última memoria de la Fiscalía: el Ministerio Público aseguraba que un error técnico durante el trasvase de datos a la nueva empresa adjudicataria del servicio Cometa (una UTE formada por Vodafone y Securitas) hizo que, durante meses, se perdieran los datos anteriores a marzo de 2024. Eso, proseguían, había provocado una “gran cantidad” de absoluciones y sobreseimientos de agresores debido a que los juzgados no podían contar con la información sobre sus movimientos. Se trataba de casos en los que se acusaba al agresor de haber quebrantado una orden de alejamiento, no de los procedimientos por violencia de género en sí.

Tras el revuelo, la Fiscalía aclaraba que el fallo había sido puntual y que “la mayoría” de los procesos fueron reabiertos y “resueltos posteriormente” una vez se recuperaron los datos. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, también insistía en que los problemas “fueron contados” y los cifraba en el 1% de los casos, aunque el Poder Judicial no ofreció datos concretos. Ocurrió a raíz del cambio de empresa adjudicataria del servicio, que pasó de Telefónica a una UTE de Vodafone y Securitas Seguridad España en octubre de 2023, aunque en la práctica fue a principios de 2024 cuando el nuevo sistema comenzó a funcionar y, según las trabajadoras, a “dar fallos”.

A partir de ahí, sin embargo, salió a la luz que el cambio de empresa adjudicataria había disparado las incidencias del sistema. “Las y los operadores estuvimos desde el principio del cambio de empresa avisando de los fallos”, aseguraba a elDiario.es una trabajadora, que explicaba que algunas de las incidencias tenían que ver con la geolocalización de los dispositivos o con “señales que llegan tarde” a Cometa.

Aunque este tipo de incidencias ya sucedían a veces, varias empleadas y exempleadas confirmaron que el cambio de adjudicataria supuso un punto de inflexión. El servicio siempre había estado en manos de Telefónica, que no se presentó al concurso público que el Ministerio de Igualdad licitó en 2023. Cometa quedó, finalmente, en manos de una UTE de Vodafone y Securitas Seguridad España (la única oferta que se presentó al concurso), que pusieron en marcha su sistema a comienzos de 2024.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, aseguró que el sistema nunca había dejado de funcionar y de proteger a las víctimas, y señalaba que buena parte de este exceso de alarmas se había producido porque los nuevos dispositivos tenían más sensibilidad que los anteriores y había llevado tiempo ajustar su funcionamiento. “En todo momento la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género trabaja con el operativo que se está desarrollando y hemos estado trabajando codo con codo con la empresa. Hemos estado en todo momento insistiendo en que había que corregir, en que había que mejorar. Pero hay una cosa muy importante: la tecnología falla, en este servicio y en cualquier otro. Cuando se produce una incidencia técnica, hay protocolos de reacción inmediata. Junto con el dispositivo, hay todo un protocolo, todo un servicio muy complejo a disposición de la seguridad de las víctimas”, explicaba Redondo en una entrevista.

Actualmente, 4.515 hombres portan una de estas pulseras. Se trata de acusados o condenados por agresión sexual o por violencia de género. Los dispositivos están conectados a la sala Cometa, desde la que trabajan las operadoras –la mayoría son mujeres– que gestionan las alertas y la comunicación con víctimas, agresores y fuerzas y cuerpos de seguridad.

Andalucía contabiliza once mujeres asesinadas por violencia machista en lo que llevamos de 2025, tras confirmar el Ministerio de Igualdad como asesinato por violencia de género el caso de una mujer de 47 años en la localidad onubense de Moguer.

El Ministerio ha elevado a 34 las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año, y a 1.329 desde 2003, fecha desde la que existen registros oficiales, tal como han confirmado desde el departamento de Ana Redondo. Por comunidades, Andalucía cuenta este año, hasta la fecha, con el mayor número de asesinadas por violencia de género, con once casos.

Le sigue Asturias y Extremadura, con tres; Canarias, Cataluña, Galicia, Madrid y Murcia, con dos; y Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Navarra y La Rioja y País Vasco, con uno cada una.

Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo, la víctima es una mujer de 47 años, asesinada presuntamente por su expareja este domingo 2 de noviembre. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, de 56 años. Asimismo, la víctima confirmada este lunes es la primera asesinada por violencia de género en noviembre.

El cuerpo sin vida de la mujer con “signos evidentes de violencia” fue localizado en la noche de este domingo en la localidad onubense de Moguer. Fuentes de la Guardia Civil han informado de que la mujer era una trabajadora de una finca.

En cuanto a las mujeres asesinadas por violencia machista de este año en Andalucía, la primera fue de Benalmádena (Málaga); otra de Martos (Jaén); la tercera de las víctimas fue en Cartaya (Huelva); la cuarta de las víctimas fue en Marbella (Málaga); la quinta en Fuengirola (Málaga); la sexta en Almería; la séptima de las víctimas en Motril (Granada); la octava en el barrio de Valdezorras (Sevilla); la novena en el barrio de Sevilla Este (Sevilla); la décima en Marbella (Málaga), y esta undécima en Moguer (Huelva).