La ministra de Igualdad, Ana Redondo (PSOE), ha acusado al PP y a Vox de “censura” tras ser cancelada en Valladolid una obra de teatro sobre Federico García Lorca, quince días antes de su puesta en escena dentro de la Sala de Teatro Experimental del Centro Cultural Miguel Delibes (CCMD), recinto del que es titular y gestora la Junta de Castilla y León.

“El Valladolid de PP y Vox censura a Federico García Lorca. En periodo electoral no es conveniente que Lorca se escuche, no vaya a ser...”, reprocha la ministra, no sin cierta ironía crítica, a través de un mensaje difundido este viernes en su cuenta de la red social X.

El CCMD, a través de su web, ha justificado en “motivos logísticos”, sin precisar su naturaleza, la cancelación de la obra “Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva”, de la compañía Proyecto 43-2, que dirige la actriz María San Miguel. A preguntas de este medio, la artista ha asegurado que no van a hacer declaraciones.

Estaba prevista para el 24 de octubre dentro del ciclo 'Teatro en el Delibes, VI Comunidad a Escena' que alberga ese recinto gestionado por la consejería de Cultura, dirigida por Alberto Díaz Pico (Vox).

En letras amarillas y mayúsculas, la palabra 'CANCELADO' informa en la web del CCMD de esa incidencia debajo del título de la obra, de la fecha, hora, lugar de representación y ciclo escénico al que pertenece.

Reforma integral

Fuentes de la Consejería de Cultura han explicado a EFE que la cancelación se debe a la inminente ejecución, a partir del 23 de octubre, de una remodelación integral de la sala donde se iba a celebrar el espectáculo con el fin de garantizar una programación cultural de calidad “con las debidas garantías para los profesionales, participantes y público”, de seguridad, funcionalidad y para el correcto desarrollo de la actividad.

La reforma, según las mismas fuentes, no sólo afectan a los camerinos sino también al escenario y a otros espacios vinculados de forma directa al funcionamiento de la sala, lo cual exige “las oportunas previsiones organizativas para evitar que su ejecución interfiera en el normal desarrollo de las actividades programadas”.

El CCMD es un complejo cultural formado por un gran auditorio donde ensaya y actúa la Orquesta Sinfónica de Castilla y León (OSCyL); una sala de Música de Cámara con un aforo más reducido; y la sala de Teatro Experimental donde estaba prevista la obra cancelada dos semanas antes de su puesta en escena.

La web de este recinto cultural gestionado por la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León (PP-Vox) informa del proceso de devolución de entradas pero no precisa los motivos (al parecer obras de mejora y adecuación en la sala), tampoco si la obra volverá a anunciarse, ni el periodo durante el cual la sala estará afectada por los “motivos logísticos” argüidos.

Más de 200 personas se han concentrado este domingo en la plaza Mayor de Valdepeñas en la convocatoria del Partido Animalista Pacma para exigir una respuesta urgente de las autoridades ante el caso del vecino bautizado como “el matagatos de Valdepeñas” y denunciado por presunto maltrato animal después de afirmar en un vídeo haber matado a 40 gatos.

La formación política valora el éxito de la convocatoria como una muestra del rechazo ciudadano a las conductas denunciadas y de la preocupación por la seguridad de los animales y de las personas que los protegen en el municipio, que reportan graves amenazas e insultos sexistas a través de redes sociales, ha informado Pacma.

El Partido Animalista considera “de riesgo extremo” la combinación de las declaraciones del denunciado sobre la muerte de gatos, los ataques denigrantes dirigidos a gestoras de colonias felinas y su tenencia de una residencia canina y felina, la cual continúa abierta a pesar de las denuncias.

A juicio de la formación política, estas conductas requieren una evaluación urgente de la peligrosidad y de la necesidad de adoptar medidas cautelares para proteger tanto a las personas afectadas como a los animales que se encuentren bajo su responsabilidad.

Piden respuesta a las instituciones

Además de la concentración de este domingo, PACMA también ha dirigido peticiones de actuación al Ayuntamiento de Valdepeñas, con el que se reunió, a la Guardia Civil, al Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y al Ministerio de Igualdad ante los insultos y comentarios sexistas denunciados contra las cuidadoras de colonias felinas.

Tras la concentración, la formación política insiste en que la preocupación expresada en la plaza debe traducirse en actuaciones por parte de las autoridades competentes.

Reclama que se evalúen las medidas cautelares solicitadas, incluida la protección de los animales bajo responsabilidad del denunciado y la posible suspensión de su actividad profesional relacionada con animales, cuando proceda.

Para PACMA, la movilización de este domingo refuerza la urgencia de una respuesta institucional que atienda el riesgo denunciado y garantice que las gestoras puedan desarrollar su labor con seguridad.

El protocolo de acceso a las viviendas municipales de alquiler del Ayuntamiento de Valladolid para colectivos vulnerables contraviene la legislación sobre violencia de género y debe modificarse para incluir a las víctimas de violencia machista. Esa es la principal conclusión del informe jurídico encargado por Alcaldía el pasado 14 de septiembre, después de que el PSOE desvelase que en mayo se había efectuado un cambio en el protocolo que pasó desapercibido en un primer momento, al sustituir a las víctimas de violencia de género por las víctimas de violencia doméstica.

Para el equipo de gobierno, formado por la coalición PP-Vox, la violencia doméstica incluye la violencia machista, algo que descarta tajantemente el informe. El patinazo jurídico y político del equipo de gobierno se advirtió también por colectivos feministas que habían convocado una manifestación para el próximo domingo para exigir una rectificación. También se planteaba intervenir con un recurso el Ministerio de Igualdad.

“La cuestión planteada debe responderse, desde el punto de vista jurídico, de manera negativa entendiendo, en consecuencia, que el protocolo aprobado por VIVA (la empresa municipal que gestional la vivienda), no se ajusta a lo que resulta de aplicar la legislación sobre violencia de género”, se apunta en el informe.

Además, incide en que la legislación aplicable “obliga a referenciar de manera singular y expresa” a las mujeres víctimas de violencia de género y que esta violencia de género a las mujeres puede manifestarse en el ámbito doméstico y/o familiar pero también en otros diferentes a lo que hay que añadir que la violencia de género según la legislación que se aplica está directamente relacionada con el género interviniendo en ella unos sujetos, tanto desde el punto de vista activo (hombre) como pasivo (mujer o hijos / familiares menores de edad con los que tenga relación) que no son coincidentes con la violencia en el ámbito doméstico y / o familiar. “Dicho de otra manera: en el ámbito doméstico y/ o familiar puede haber violencia de género pero no toda violencia en el ámbito dicho, es de género, a lo que hay que añadir que ésta, la de violencia de género, puede producirse fuera de ese ámbito”.

Entrando en el terreno normativo, señala que en el ámbito de la vivienda se aplica el árticulo 28 de la Ley Orgánica 1/2004 y el artículo 35 de la Ley 13/2010, donde se establecen medidas orientadas a proteger singularmente a mujeres víctimas de violencia de género. La normativa se complementa con la Ley 9/2010, del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León, cuyo artículo 5 considera colectivo de especial vulnerabilidad en el acceso a la vivienda de protección pública y entre otros, a las mujeres víctimas de violencia de género, y hay que tener en cuenta la finalidad de esa ley en los planes de vivienda. Pero es que además, la valoración de “situación de víctima de violencia doméstica o en el ámbito familiar” no da prioridad al colectivo de víctimas de violencia de género por que la puntación que se obtiene en ese apartado es la misma cuando hay violencia doméstica que no se puede calificar como de género. Por todo ello el informe insta a completar el protocolo de acceso a la vivienda de alquiler aprobado por VIVA incluyendo a las víctimas de violencia machista.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero ha considerado que se trata de una victoria sobre todo de las mujeres, y de los colectivos y grupos políticos, además de una derrota “política y jurídica” del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, “por abrazarse a la extrema derecha”.

Andalucía suma ya un total de once asesinatos por violencia machista en lo que va de año tras confirmarse como tal el caso de la mujer de 47 años asesinada por su pareja en La Campana (Sevilla) el pasado sábado. La víctima era española y tenía un hijo menor de edad. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor, pero la víctima sí figuraba en el sistema VioGén por una relación anterior.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende en España a 40 en 2026 y a 1.380 víctimas desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. Así lo ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género en un mensaje publicado en la red social X.

Según datos del departamento, se trataría del undécimo asesinato por violencia de género este 2026 en Andalucía y con ello se convertiría en la comunidad autónoma con más crímenes machistas este año. Le sigue la Comunitat Valenciana con seis casos, Madrid, con cinco casos; Cataluña, con tres, y las regiones de Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Navarra y Aragón, con dos respectivamente. Mientras que Asturias, Castilla y León, Extremadura, Galicia y Murcia, registran uno cada una.

Listado de crímenes machistas en Andalucía

En cuanto a este último caso machista registrado en Sevilla, los hechos tuvieron lugar el pasado día 26 de septiembre, cuando la Guardia Civil detuvo al hombre de 56 años que permanecía atrincherado en una vivienda como presunto autor de la muerte de una mujer de 47 años en La Campana (Sevilla).

En cuanto a las mujeres asesinadas por violencia machista este año en Andalucía, la primera fue en Quesada (Jaén); la segunda el Olvera (Cádiz); la tercera en Alhaurín el Grande (Málaga); la cuarta en Córdoba, la quinta en Málaga, la sexta en Mairena del Aljarafe (Sevilla), la séptima en El Rincón de la Victoria (Málaga), la octava en Mijas (Málaga), la novena en Antequera (Málaga), la décima en Benahávis (Málaga) y esta última en La Campana (Sevilla).

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, se ha remitido al resultado del informe jurídico que anunció en el pleno municipal del pasado 14 de septiembre para ver si finalmente se incluye el concepto de violencia de género en el protocolo de vivienda de la empresa municipal VIVA, sustituido por violencia doméstica en la última modificación.

“Espero que esté en los próximos días, y en función de lo que señale ese informe jurídico, lógicamente procederemos en el órgano que está convocado. Por tanto, estamos a la espera de dicho informe”, ha respondido este viernes a preguntas de los periodistas durante la presentación de una campaña a favor del reciclaje, en Valladolid.

La semana que viene, está prevista una reunión de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid (VIVA), por lo que el regidor ha incidido en que el equipo de gobierno se encuentra a la espera del informe y que actuarán a la vista del mismo.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, anunció este jueves que su departamento estudia un posible recurso contra el protocolo de acceso a la vivienda del Ayuntamiento de Valladolid, tras mantener una reunión en la Delegación del Gobierno de Castilla y León, en Valladolid, con colectivos feministas.

Estas asociaciones, además, anunciaron una gran movilización el 4 de octubre en la Plaza Mayor de la capital vallisoletana para “exigir al ayuntamiento que rectifique”, ya que la aplicación del concepto de violencia doméstica perjudica a las víctimas de violencia machista en el acceso a las llamadas viviendas blancas. Asimismo, estos colectivos reclamaron al Ayuntamiento que les enseñara el informe jurídico que avala el cambio en el protocolo y también el informe de impacto de género

El Tribunal de Cuentas ha detectado “graves deficiencias” en el funcionamiento del las llamadas pulseras de control de maltratadores (Cometa) durante la ejecución del anterior contrato. El organismo ha puesto el foco en el sistema de protección de mujeres víctimas de violencia machista tras la “alarma social” generada por los fallos que se hicieron públicos a finales del año pasado y ha analizado los contratos de 2018, 2021 y 2023. Su conclusión es que los problemas, “si bien fueron finalmente resueltos, han comprometido la seguridad” de las mujeres y que la actuación del Ministerio de Igualdad para solucionarlos no fue suficiente.

En un informe aprobado este miércoles, el Tribunal de Cuentas hace un diagnóstico general del sistema y destaca que estas deficiencias “interrupciones del servicio” se produjeron debido a las “debilidades” en la preparación de los contratos, en las fases de transición entre ellos y en el seguimiento institucional de cómo estaban funcionando. Por eso, recomienda al Ministerio de Igualdad que persiga la calidad del servicio “por encima del ahorro de costes” del servicio. El organismo recuerda que del “adecuado funcionamiento” de Cometa depende la protección y la “estabilidad emocional y mental” de miles de mujeres.

El informe aborda profusamente el problema que puso en el centro de la actualidad el sistema a finales del año pasado. Y que tuvo que ver con la pérdida de información ocurrida a raíz del cambio de empresa adjudicataria, que pasó de Telefónica a Vodafone. Este fallo impidió “dar respuesta a 123 requerimientos” de datos que hicieron los juzgados y que “no fueron atendidos” por la nueva compañía debido a “problemas de descarga”. Según el Tribunal de Cuentas, los burofaxes intercambiados entre las dos empresas durante 2024 “evidencian discrepancias” sobre cuál de las dos tuvo la responsabilidad.

Sin embargo, y a pesar de los fallos detectados, el organismo destaca que la intervención del Ministerio de Igualdad para solucionarlos fue insuficiente. “No consta que se llevara a cabo ninguna actuación para coordinar o arbitrar su solución durante la fase de transición”, afirma la evaluación, que detalla que esta solución se produjo en diciembre de 2024, nueve meses después de haber finalizado la transición y en una fecha que coincidió con un requerimiento que le hizo la Fiscalía al departamento dirigido por Ana Redondo. El Ministerio Público fue el que precisamente advirtió en su memoria sobre 2024 —publicada un año después— de lo que había ocurrido.

En este sentido, el informe destaca limitaciones en el llamado Plan de Transición, que debe acompañar a cada contrato con el objetivo de garantizar que el servicio continúa al término de cada uno. Sin embargo, no se previó en los pliegos de 2018 y 2021 y su inclusión en el de 2023 dependió de una “modificación contractual” posterior. Algo que, para el organismo evaluador, “evidencia deficiencias en la planificación de la contratación y falta de previsión, teniendo en cuenta que el siguiente contrato podía adjudicarse a una nueva empresa, como de hecho sucedió”.

Problemas “no puntuales”

Más allá de la pérdida de información ocurrida en el trasvase entre compañías, el Tribunal de Cuentas informa de “graves deficiencias” en el servicio “prácticamente durante toda la vigencia del contrato”. Los fallos, que habían sido advertidos por las trabajadoras de Cometa en varios momentos, afectaron a la “fiabilidad” de los dispositivos y tenían que ver con errores de geolocalización que “permitieron el acercamiento de los agresores a las víctimas”, con baterías “deficientes” o retrasos en reparaciones.

Según las especificaciones técnicas incluidas en la oferta de Vodafone, las baterías debían durar seis meses, pero “las pruebas reales” solo duraban “semana y media en el mejor de los casos”. El Tribunal de Cuentas ha repasado los informes, notas y actas de reuniones de la Comisión de Seguimiento del contrato y revela que en octubre de 2024 se alertó de un riesgo real de “rotura de stock” de dispositivos, con aparatos que apenas cinco o seis meses después de estrenarlos “presentaban ya un deterioro significativo”.

En cuanto a los fallos de geolocalización, el informe desvela que en enero de 2025 la empresa adjudicataria indicó que analizaría el origen de estos errores, algo que a juicio del Tribunal de Cuentas “ya debería haberse realizado en esa fecha”. Un mes después, en febrero, la empresa “reconoció por primera vez que los saltos de GPS no constituían un problema puntual, sino un fallo sistemático” que “menoscababa la credibilidad del servicio” ante la Policía y que “ponía en riesgo la protección efectiva de las víctimas”.

Los errores de geolocalización continuaron sin resolverse durante los meses siguientes y a partir de mediados de junio ya sí comenzó una “reducción significativa” de los problemas, cuando el contrato “ya se encontraba en su fase final de ejecución”.

El seguimiento de Igualdad

El informe afea a Igualdad que “no hizo un seguimiento adecuado del contrato” y su plan “no fue suficiente” a pesar de que se estaban detectando incumplimientos contractuales. Señala el organismo que a pesar de que en el pliego se previó la celebración de, al menos, una reunión de seguimiento cada cuatro meses, en los primeros siete u ocho meses de contrato “el servicio careció de un mecanismo de seguimiento documentado y periódico”.

En sus alegaciones, el Ministerio de Igualdad y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género defienden que el seguimiento del contrato fue adecuado, sosteniendo que sí se celebraron las reuniones “con regularidad” contempladas en el pliego. La primera en el mes de abril. Para el Tribunal de Cuentas, esta reunión es simplemente “una presentación técnica realizada por parte de la empresa adjudicataria”. Además, el departamento dirigido por Ana Redondo asegura que hubo una “comunicación constante” con la compañía “desde el inicio del contrato” a través de llamadas de teléfono y correos electrónicos.

El organismo lamenta también que el Ministerio “no adoptara medidas de exigencia contractual efectivas” y asegura que los requerimientos de la Delegación del Gobierno “fueron tardíos”. La única sanción impuesta fue la multa de 25.000 euros a Vodafone del pasado mes de marzo por la caída del sistema ocurrida durante varias horas el 11 de noviembre y ya “cuando estos problemas habían tenido repercusión pública y el contrato estaba próximo a su finalización”.

A este respecto, el Ministerio sostiene que las incidencias fueron “puntuales” y que “en ningún caso supusieron incumplimiento del contrato” a excepción de la sanción acordada. Defiende Igualdad que a partir de octubre de 2024 se implementó un “exhaustivo” Plan de Seguimiento con reuniones mensuales que “han permitido requerir en tiempo y forma cada una de las mejoras o correcciones que se han ido detectando de forma inmediata”, apunta el Ministerio, que destaca “los tiempos y la complejidad de las soluciones a implementar” como elemento “a tener en cuenta”.

El pasado mes de mayo, el Gobierno propuso la adjudicación del nuevo contrato a la empresa adjudicataria actual —la UTE formada por Vodafone y Securitas Seguridad España— tras haber anunciado un incremento del presupuesto del 42% y un cambio de pulseras por tobilleras. La propuesta no es aún definitiva.

La asociación vecinal Plataforma Cívica Valle del Oja de Hervías denuncia públicamente como un “absoluto despropósito y la grave dejadez” del Ayuntamiento al ubicar este año la ludoteca municipal, destinada a niños y niñas a partir de los 3 años de edad, en un recinto que, según aseguran, “funciona a todos los efectos como un bar”.

Para la asociación es “inaceptable” que el consistorio haya decidido trasladar un servicio infantil a un local que “no está adaptado en absoluto para menores”, según advierten de un local cuyo uso habitual está destinado a la celebración de cenas, comidas populares y conciertos. Además, describen que durante el desarrollo de las actividades propias de la ludoteca, los niños más pequeños del municipio compartan espacio con una gran barra de bar y multitud de botellas de bebidas alcohólicas totalmente a la vista.

“Esta decisión evidencia una absoluta falta de sensibilidad y responsabilidad por parte del equipo de gobierno”, insisten. Históricamente, en años anteriores, la ludoteca siempre se ha desarrollado en espacios totalmente aptos, seguros y destinados a fines educativos, como es el caso de la biblioteca municipal. “Resulta incomprensible este cambio a un entorno impropio para el desarrollo, cuidado y entretenimiento de niños en edad preescolar y escolar.

Por todo ello, desde la Plataforma exigen la “reubicación inmediata” de la ludoteca a unas instalaciones dignas y acordes a las necesidades de los menores. El servicio de ludoteca de verano en Hervías está financiado por el Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad y en colaboración con el Gobierno de La Rioja.

“Dejadez generalizada ante los problemas del municipio”

La asociación vecinal asegura que esta actuación no es “un hecho aislado”, sino, a su juicio, “un reflejo de la inactividad y falta de control del Ayuntamiento ante diversas cuestiones que afectan al día a día de los vecinos de Hervías”.

En esta misma línea de pasividad, la Plataforma denuncia también la “inacción municipal” ante la aplicación inadecuada de purines en parcelas rústicas pegadas al núcleo urbano. A pesar de los fuertes olores y las continuas molestias generadas a los residentes, el consistorio no ha tomado medidas para comprobar si estos vertidos cumplen con el Decreto 34/2013 del Gobierno de La Rioja. Desde el colectivo vecinal recuerdan que no están en contra del uso agrícola de los estiércoles, pero exigen al Ayuntamiento que abandone su “actitud pasiva”, identifique las explotaciones implicadas y garantice que se respeta tanto la normativa vigente como la calidad de vida de los vecinos.

La cláusula abolicionista de la prostitución que el Ministerio de Igualdad ha incorporado en las subvenciones de trata y violencia machista ha llegado a los juzgados. La Audiencia Nacional acaba de admitir a trámite el recurso contencioso-administrativo que tres asociaciones han interpuesto contra la modificación de los requisitos aprobada este año y que incorporó como novedad la exigencia de que las ONG que quieran presentarse a las ayudas deben declararse abolicionistas de la prostitución.

Será la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia la que deberá estudiar las nuevas bases reguladoras y decidir sobre la medida cautelar solicitada por las tres organizaciones, que reclaman la paralización de los nuevos requisitos mientras se resuelve el fondo del asunto. El BOE publicó el pasado 22 de abril las órdenes ministeriales que obligan a las entidades que concurran a las ayudas a reconocer “expresamente” la prostitución y la gestación subrogada como una “forma de violencia contra las mujeres”.

Se trata de dos subvenciones diferentes que reparten entre ambas 20 millones de euros: unas destinadas a la lucha contra la trata con fines de explotación y sexual, y otras para programas de prevención y sensibilización en violencia machista. El cambio en las bases reguladoras fue conocido el pasado febrero, ante lo que medio centenar de asociaciones se unieron para protestar contra lo que consideran un requisito “inconstitucional”. Entonces ya anunciaron que, si el Ministerio de Igualdad no daba marcha atrás con su propuesta, iniciarían acciones legales.

El recurso, presentado por el Comité de Apoyo a las Trabajadoras Sexuales (CATS), la fundación Ámbit Prevenció y la asociación Genera, considera que los nuevos requisitos “constituyen un condicionamiento ideológico directo” sobre las organizaciones solicitantes de las ayudas que “vulnera” los artículos 14 y 16 de la Constitución. Además de estas, la asociación Stop Abolición también ha presentado paralelamene un recurso con el mismo objetivo: el de tumbar la obligación de declarar que la prostitución es una forma de violencia machista a través de sus estatutos o mediante experiencia previa. Además, las ONG deben firmar una “declaración responsable” en la que lo afirmen.

El Ministerio ha justificado el cambio para “reafirmar el enfoque feminista” de las ayudas basándose en la “perspectiva de género y el enfoque abolicionista”, según el preámbulo de la convocatoria. Una afirmación que para las organizaciones recurrentes supone un reconocimiento “sin ambages” de que “el criterio rector de los nuevos requisitos de acceso no es la capacidad técnica de las entidades solicitantes, sino su alineamiento con una postura ideológica determinada en materia de prostitución y gestación subrogada”. El recurso recalca que la “equiparación” de la prostitución con la violencia sexual “carece de respaldo en el ordenamiento jurídico”.

Por el momento, la Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso sobre la orden que regula las ayudas relativas a la trata con fines de explotación sexual, pero las entidades esperan que haga lo mismo con la de los programas de violencia machista. En ambos casos, han replicado el recurso y piden que se frenen cautelarmente las nuevas condiciones debido a que, de no hacerlo, la exclusión o “penalización” de las ONG que no cumplan la condición “consumará de forma irreversible en cada convocatoria que se celebre” durante el tiempo en que se resuelve el recurso. La Audiencia ha decidido abrir una pieza separada para tramitar esta solicitud.

Preguntado sobre el proceso, el Ministerio de Igualdad apunta a que el cambio de requisitos es “jurídicamente sólido, coherente con el marco constitucional, europeo e internacional vigente y plenamente respetuoso con los principios del régimen de concurrencia competitiva” en las subvenciones. Fuentes de la cartera dirigida por Ana Redondo consideran que es algo “necesario, proporcionado y adecuado” y que la elección de este modelo “va en línea de recomendaciones, resoluciones y evaluaciones del ámbito europeo que señalan, de forma reiterada, que el enfoque abolicionista es el que mejores resultados ofrece”.

La declaración “no se ajusta” al modelo

La Secretaría de Estado de Igualdad ha publicado ya la resolución de concesiones y denegaciones de las ayudas correspondientes a la convocatoria de este año, ya con los nuevos requisitos en vigor. En el caso de las subvenciones para proyectos en violencia machista, doce asociaciones han sido rechazadas debido a que la declaración responsable que aportaron “no se ajusta al modelo” del departamento dirigido por Ana Redondo. Entre ellas está CATS, cuya solicitud también ha sido declinada en el caso de las subvenciones de trata.

Esta organización, que reclama que la prostitución sea reconocida como un trabajo y quienes la ejercen tengan derechos laborales, había recibido en ejercicios anteriores dinero para organizar el ciclo de charlas 'Hablan las prostitutas', con el que buscan “darles voz”, pero este año se ha quedado fuera. Y es que ante el nuevo requisito, este año cambió ligeramente el modelo de declaración y presentó uno en el que afirmaba que sus proyectos están alineados contra la violencia sexual, “incluida la ligada a la prostitución”, en vez de “incluida la prostitución”, como exige Igualdad.

La incertidumbre y las advertencias de “exclusión” de entidades han sobrevolado desde que el BOE publicara la nueva orden mientras que varias asociaciones temían que sus proyectos quedaran en el aire porque, o bien no se definen como abolicionistas o ni siquiera lo han debatido internamente al estar dedicadas a temas que no tienen que ver con la prostitución.

Una de las que mostró su preocupación fue la fundación Àmbit Prevenció, una de las tres recurrentes, que recibió en la convocatoria pasada algo más de 4.800 euros para financiar un proyecto con el que monitorizar qué ocurre con las víctimas después de que denuncien violencia sexual. La fundación lamentaba hace varios meses que el programa tuviera el riesgo de quedarse fuera si Igualdad no modificaba la orden, algo que ha ocurrido finalmente porque no se ha presentado al entender que la declaración responsable era incompatible con sus principios.

Mientras el proceso judicial avanza, las voces críticas con el cambio siguen inmersas en la campaña No al veto ideológico, impulsada por Voces Feministas por los Derechos, que aglutina a investigadoras de veinte universidades públicas. “La campaña defiende que el acceso a fondos públicos debe basarse en la calidad de los proyectos y en la experiencia de las entidades, y no en la obligación de asumir un determinado posicionamiento ideológico como condición para optar a financiación pública”, argumentan.

Las llamadas al teléfono 016, que atiende a las víctimas de violencia machista, aumentaron un 120,8% tras la victoria de España en el Mundial, según fuentes del Ministerio de Igualdad.

En concreto, la franja horaria que experimentó dicho incremento corresponde a la comprendida entre las 23 horas de la noche del domingo 19 —cuando todavía se estaba disputando el encuentro— y las 7 de la mañana del lunes 20, según datos adelantados por el diario El País.

Aunque el domingo, cuando se celebró la final, hubo menos llamadas que los domingos anteriores del mes, las que tuvieron lugar el lunes posterior al partido se incrementaron respecto al mismo día de la semana anterior en un 21,9% .

En cuanto al resto de canales, el lunes también es el mismo día que incrementan más los contactos, puesto que el correo electrónico registró un aumento del 1.000%, seguido por el chat online (60 %) y el Whastapp (8,75 %).

Esta semana se han producido dos crímenes machistas en Málaga y Toledo, lo que ha elevado a 31 las víctimas mortales por la violencia de género en lo que va de 2026, una cifra superior a la de los últimos años, pues en 2025 en estas misma fechas se habían registrado 22 crímenes. Hay que remontarse a 2019 —con 37 crímenes confirmados en estas mismas fechas— para encontrar un dato peor.

Algunos expertos ponen sobre la mesa una posible relación entre el aumento de la violencia y grandes eventos deportivos, que han analizado países como Reino Unido, donde incluso se ponen en marcha campañas públicas cuando hay partidos importantes. Según una investigación de la Universidad de Lancaster, en los mundiales de 2002, 2006 y 2010 la violencia aumentó un 26% cuando el equipo del agresor ganó o empató y un 38% cuando perdió. En España faltan estudios de este tipo.

Quince años después de que José Bretón asesinara a sus hijos de 8 y 6 años tras el anuncio de la que era su pareja, Ruth Ortiz, de que quería separarse, el Congreso debatirá una Ley de Violencia Vicaria, un tipo de violencia machista que consiste en instrumenalizar a los hijos e hijas de las víctimas para hacerles daño, también a ellas. El Gobierno ha aprobado este martes el proyecto de ley para “visiblizar, reconocer, prevenir, sancionar y erradicar” la violencia vicaria, que implica la modificación de diez normas. No existirá un delito específico sino que la violencia vicaria será “una circunstancia agravante por razón de género” que se añadirá al Código Penal. Esta circunstancia aplicará cuando un hombre dañe a los hijos de su pareja o expareja, pero también a menores, hermanos o ascendientes estrechamente ligados a ella, así como a su actual pareja.

La Ley Integral de Violencia de Género incluirá la definición de violencia vicaria, “aquella que, con el objetivo de causar dolor o sufrimiento a las mujeres, se ejerza por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, incluso sin convivencia, sobre sus hijos e hijas o descendientes, así como sobre personas menores de edad o mayores con discapacidad sujetas a su tutela, curatela, acogimiento o guarda y custodia o a otras medidas de apoyo; sobre otros familiares o allegados menores de edad; sobre los ascendientes o hermanos y hermanas de ésta; o sobre su cónyuge o persona a la que esté ligada por análoga relación de afectividad aun sin convivencia”.

La existencia de un agravante y no de un delito específico es un cambio respecto al primer texto que llegó al Consejo de Ministros. Entonces, el anteproyecto de ley incorporaba un delito propio de violencia vicaria, aunque no solo circunscrito a la violencia machista. Se concebía como un delito contra la integridad moral que castigaba a quien “para causar daño o sufrimiento” a su pareja o expareja “cometa sobre sus hijos o personas bajo su tutela” cualquier delito violento o contra la intimidad, el honor, los derechos y deberes familiares o la intimidad. Numerosas asociaciones y expertas alertaron entonces de que esa redacción desplazaba el foco de la raíz de la violencia vicaria y podría aplicarse para otros casos que nada tuvieran que ver.

Tampoco el ministerio de Infancia y Juventud, uno de los coproponentes de la norma junto con Igualdad y Justicia, estaba de acuerdo con los planteamientos del anteproyecto. El texto, que iba a aprobarse hace meses, ha sido objeto de negociaciones entre departamentos y finalmente incorpora la violencia vicaria como agravante de género. Al ser agravamente de otros delitos, solo podrá ser aplicado en los casos en los que al condenado se le apliquen las penas de la parte alta de la horquilla.

Retirada de la patria potestad

Además de ese agravante, el proyecto contempla una nueva pena accesoria sobre quienes publiquen o difundan “mensajes, textos, imágenes u otros contenidos que tengan relación directa” con el delito cometido. Se trata de una pena creada a raíz de la polémica generada el año pasado cuando la editorial Anagrama anunció la publicación del libro 'El odio' en el que José Bretón confesaba los hechos por primera vez. Entonces, la Fiscalía llegó a pedir la suspensión del lanzamiento del libro y, finalmente, la editorial renunció a publicarlo.

El proyecto incluye la retirada automática de la patria potestad cuando haya sentencia firme por un delito grave de violencia de género o algún delito grave contra los hijos. La única posibilidad de recuperarla llegará, no solo tras el cumplimiento de la condena, sino después de que se cancelen los antecedentes penales, es decir, cuando no haya reincidencia. “Un maltratador nunca puede ser un buen padre y eso tiene que tener consecuencias en el orden civil”, ha dicho la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La guardia y custodia y los regímenes de visitas también podrán suspenderse, aunque no de manera automática. La Ley de Infancia ya contemplaba este tipo de medidas, que esta norma pretende reforzar. Podrán suspenderse cuando el progenitor esté incurso en un procedimiento judicial, cuando existan indicios razonables de violencia o cuando pueda “resultar perjudicial” para la salud física, psíquica o emocional de las hijas e hijos. Los jueces tendrán margen de maniobra para razonar excepciones, algo que en la práctica está haciendo que padres incursos en este tipo de procesos obtengan custodias. Eso sí, la escucha a los menores se convierte en una obligación legal de los jueces en todos los procesos, y solo cuando sea imposible esa escucha, serán otras personas allegadas o especializadas quienes hablen en nombre de los menores.

El anteproyecto contempla la puesta en marcha de juicios rápidos para los procesos civiles (que dirimen precisamente asuntos como la guarda y custodia) cuando haya abiertos procedimientos de violencia de género. La madre superviviente podrá solicitar la restitución de los apellidos del hijo o hija fallecido y del resto de hijos, si los hubiera, para eliminar todo vínculo con el otro progenitor.

La estadística de víctimas mortales por violencia por razón de género se ampliará para incluir de manera diferenciada a hijos e hijas, a familiares o allegados, ascendientes, hermanos y hermanas de la mujer, así como a su pareja.

El Ministerio de Igualdad ha confirmado como violencia de género del caso de la mujer de 44 años asesinada en Mairena del Aljarafe (Sevilla) a manos de su pareja el pasado sábado 27 de junio. Con este crimen, Andalucía contabiliza en lo que llevamos de 2026 un total de seis asesinatos por violencia machista.

No existían denuncias previas contra el presunto agresor y la víctima tenía un hijo menor de edad, según ha informado el Ministerio de Igualdad en una nota en la que condena este nuevo feminicidio por violencia de género. La confirmación de este caso eleva el número de mujeres asesinadas por violencia de género a 24 en todo el territorio nacional y a 1.365 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos.

Los agentes que se personaron en el lugar de los hechos el pasado sábado verificaron la existencia de una mujer que presentaba heridas compatibles con el uso de armas blancas. En el interior del domicilio también se encontraba un varón de unos 46 años que también presentaba heridas por arma blanca, “presuntamente fruto de autolesiones que se habría autoinfligido él mismo”, y que fue trasladado a un centro sanitario de la capital sevillana. El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe ha decretado un día de luto oficial.

Llamamiento a la unidad de las administraciones

La ministra de Igualdad, Ana Redondo García, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su “más rotunda condena y su absoluto rechazo” ante este nuevo feminicidio machista. Tanto la ministra como la delegada han instado a que se lleven a cabo todos los esfuerzos posibles desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes por este tipo de violencia.

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, también ha trasladado su pésame a los familiares de la víctima y ha subrayado la importancia de la implicación del entorno más cercano para detectar y comunicar posibles casos de violencia. En este sentido, ha destacado que “familiares, amistades o vecinos desempeñan un papel fundamental a la hora de alertar cuando la mujer, debido al miedo o a su situación de especial vulnerabilidad, no puede acudir por sí misma a los recursos disponibles para denunciar”.

Asimismo, ha señalado que es necesario comprender que “muchas víctimas no pueden manifestar libremente lo que están sufriendo, por lo que cualquier indicio de violencia o comportamiento agresivo debe considerarse suficiente para poner los hechos en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Por su parte, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad en funciones, Loles López, ha condenado en nombre del Gobierno andaluz el presunto asesinato y ha mostrado “su frustración, impotencia y profundo dolor” ante este nuevo caso de violencia machista. La consejera también ha hecho un llamamiento “a la unidad” de todas las administraciones y al conjunto de la ciudadanía andaluza, incidiendo en que “no se subestimen las señales e indicios de que una mujer pueda estar sufriendo violencia”.

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recalcan que el teléfono 016, las consultas 'online' a través del email '016-online@igualdad.gob.es', el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat 'online', accesible desde la página web, funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

O “abandonar” la homosexualidad para formar una familia heterosexual o vivir en castidad para siempre. Son las dos salidas a las que un apostolado religioso, que avalaron varias diócesis españolas, dirige a las personas LGTBI para renegar de su identidad. La iniciativa recorrió entre 2023 y 2024 iglesias y parroquias de la mano de testimonios que aseguraban haber dejado de lado su vida homosexual tras el “encuentro” con Jesús e incitaban al público a seguir sus pasos.

Tras la denuncia interpuesta a principios de año contra el apostolado, ahora el Ministerio de Igualdad acaba de acordar el inicio de un expediente sancionador con una propuesta de multa que suma 75.000 euros.

El dictamen, al que ha tenido acceso elDiario.es, considera que el proyecto incurre en una infracción muy grave tipificada en la Ley Trans y le acusa de “promoción” de métodos o terapias de conversión que tienen “por finalidad modificar la orientación, la identidad sexual o la expresión de género”. En su caso, el apostolado lo ha hecho a través de los eventos y también de material publicado en Internet en diferentes formatos. Preguntado al respecto, el Ministerio de Igualdad ha rechazado hacer declaraciones.

La sanción se dirige contra la impulsora del proyecto, a la que plantea imponer 45.000 euros de multa, y contra la empresa que sitúa como “distribuidora” y organizadora de los eventos, a la que quiere sancionar con 30.000 euros. Las charlas se celebraron en templos y centros religiosos vinculados a siete diócesis españolas y varios curas de la llamada “fachosfera católica” fueron señalados por acogerlas, pero el expediente no se dirige contra ninguna institución religiosa. Ahora, los acusados tendrán 15 días para hacer alegaciones y, en un máximo de seis meses, el Ministerio decidirá si impone finalmente la sanción.

El expediente apunta a la existencia de “una actuación sostenida, organizada y prolongada en el tiempo” dirigida a difundir un mensaje que presenta la homosexualidad “como una condición susceptible de cambio mediante prácticas de naturaleza religiosa”. El discurso se articula específicamente en diferentes formatos y es difundido “a través de testimonios personales y con la participación o apoyo de entidades eclesiásticas” dirigidos a personas LGTBI con el objetivo de “promover itinerarios” que se orientan al “abandono o la renuncia de su orientación sexual o su vida afectivo sexual”.

La propuesta de sanción llega en pleno debate sobre las terapias de conversión, después de que el Congreso haya aprobado este jueves la ley para llevarlas al Código Penal y convertirlas en delito con el voto en contra de Vox y la abstención del PP. Actualmente, están vetadas a la luz de la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, que es la norma que, según el Ministerio de Igualdad, ha vulnerado el apostolado tras ser denunciado el pasado mes de enero por la Asociación Española contra las Terapias de Conversión.

El “retorno” a la cisheterosexualidad

El material analizado es un compendio de vídeos, artículos, entrevistas y charlas hechas públicas durante varios años en diferentes medios de comunicación y plataformas. La mayoría son canales católicos en los que la impulsora de la iniciativa conversa con otras personas sobre la finalidad del proyecto, en ocasiones con títulos como “Homosexualidad ¿se puede salir?”. Según ella misma explicó, su método está dirigido a quienes “quieran abandonar o dejar atrás este estilo de vida” y añadió que la mayoría “no se lo plantean” porque “se les ha inoculado que han nacido así y no van a salir”.

En otro momento, ella afirma que quienes supuestamente han dejado de ser homosexuales “retornan a una heterosexualidad” después de “sanar las heridas”. “Retornan al estado natural”, añade.

En general, el objetivo de las publicaciones es “la difusión del apostolado” y de documentales y testimonios asociados al mismo. Entre otros, está el documental difundido desde el año 2022 en distintas plataformas y que, según el expediente, “propone y promociona” un proceso de “retorno” a la cisheterosexualidad “de tipo religioso” mediante la castidad o el “acercamiento” a Dios.

El vídeo atribuye el origen de la identidad LGTBI a “experiencias traumáticas de la infancia”, como abusos sexuales, carencias afectivas, sentimientos de inferioridad o baja autoestima, así como a la influencia del entorno, los medios o “la normalización” de la diversidad sexual. En este marco, el documental incluye los testimonios de tres hombres que “pretenden evidenciar la posibilidad de modificar la orientación sexual” siempre que exista “un compromiso firme” con el objetivo de “desarrollar atracción hacia personas del sexo opuesto y conformar un proyecto vital de carácter heterosexual y familiar”.

A este ecosistema multimedia se le añade la más de una decena de eventos organizados en siete diferentes diócesis —Archidiócesis de Madrid y Barcelona y las Diócesis de Getafe, Sigüenza-Guadalajara, Valencia, Jérez de la Frontera y Málaga— coincidiendo con fechas cercanas al Orgullo. Los eventos, bajo títulos como “De la 'vida gay' a la vida en Cristo”, se dirigían sobre todo a jóvenes, familias y personas “con dudas” sobre su orientación o identidad sexual y en ellos participaron supuestos “exhomosexuales” que asociaban “experiencias de sufrimiento, rechazo, soledad y confusión personal” a su anterior identidad LGTBI.

Según consta en el expediente, la base de su discurso es que lograron modificar su orientación o identidad “tras un encuentro con Cristo y un proceso de carácter religioso”, de forma que presentaban esta supuesta modificación “como una transformación vinculada a la fe, la oración y el acompañamiento espiritual”. “En definitiva, se difundía la idea de que la homosexualidad o la identidad trans pueden superarse o modificarse mediante la práctica religiosa”, apunta el texto.

Una “estrategia organizada”

Todo lo analizado hace concluir a la Dirección General para la Igualdad Real y Efectiva de las personas LGTBI, organismo encargado del expediente, que los eventos “no constituyen actuaciones aisladas o meramente testimoniales” sino que formaron parte de una “estrategia organizada de divulgación” de mensajes y discursos “asimilables” a las terapias de conversión, “con capacidad de incidir en la dignidad, la integridad moral y el libre desarrollo de la personalidad de las personas destinatarias, especialmente en contextos de vulnerabilidad o conflicto personal”.

Uno de los encuentros fue celebrado en una parroquia de Ciempozuelos (Madrid), en el que participó un hombre que aseguró haber descubierto con médicos, psiquiatras y otros católicos “que lo que había provocado” su homosexualidad fueron “heridas y traumas”, por lo que decidió “dejar el mundo gay” y “ofrecerle” su castidad “a Dios”, algo que, afirmó entonces, “no es poca cosa después de tener un trastorno sexual”.

El apostolado al que propone sancionar el Ministerio de Igualdad ahora se reviste en todos sus vídeos e intervenciones públicas de “acompañamiento y apoyo”.

En 2014, Margaret Wallström era nombrada ministra de Asuntos Exteriores de Suecia y tomó una decisión: poner en marcha una política exterior feminista, es decir, una diplomacia en la que la igualdad de género fuera un asunto central y transversal. Algunas de las medidas de Wallström tuvieron respuesta de países como Arabia Saudí o Israel, que llegaron a retirar a sus embajadores de Estocolmo.

Doce años después, Madrid acoge este martes y miércoles la V Conferencia de Política Exterior Feminista, un encuentro de alto nivel en el que participan 60 ministerios de Asuntos Exteriores de todo el mundo y representantes de organismos y organizaciones internacionales. La cumbre se celebra entre la reacción antiderechos que recorre el mundo y la crítica de la sociedad civil, que pide más coherencia y recursos para que la palabra 'feminista' no sea solo una etiqueta bonita. La mejor prueba de que el mundo de 2026 es muy distinto al de 2014 es que ese país pionero en política exterior feminista, Suecia, ha renunciado a ella desde que en 2022 una coalición conservadora llegara al Gobierno.

Pero, ¿qué significa tener una política exterior feminista? “Implica orientar las prioridades a través de la lente del feminismo y de las mujeres como jugador central en todas las sociedades. Que todas las acciones que se desarrollan dentro de la política exterior, de los vínculos multilaterales, y de la contribución al desarrollo se hagan a través de esta lente para que mejore la consistencia de los derechos humanos y ampliar el concepto de seguridad, que no debería estar centrado solamente en la defensa sino girar mucho más sobre las condiciones dignas de vidas libres de violencia”, explica Susana Malcorra, que fue ministra de Relaciones Exteriores de Argentina y es presidenta y cofundadora de GWL Voices, una organización que aglutina a lideresas de todo el mundo y de la que también forma parte Wallström.

Lejos de ser un movimiento estructurado, prosigue Malcorra, ha sido más bien una iniciativa de diferentes países que han ido sumándose a la idea. “No hay un estándar, hay ciertos principios de funcionamiento y el deseo de ampliar la base”, explica. Ese es uno de los objetivos de la Conferencia de Madrid: avanzar en estándares comunes, hablar de financiación y de cómo hacer frente al retroceso que ya está sucediendo en distintos lugares del mundo.

“Es una apuesta transformadora de algunos países en cómo se entiende su política exterior, en cómo la igualdad puede ser un tema central en el multilateralismo, pensando no solo en la igualdad de derechos entre mujeres y hombres sino en una apuesta transformadora para abordar el mundo desde los principios feministas: transformar los espacios de diálogo, no ver a las mujeres solo como sujetas de protección sino de derechos y como quienes pueden liderar la política, poner en el centro la eliminación de la violencia, acabar con las estructuras que relegan a las mujeres a segundos planes, cómo cambiar realidades requiere de mayor inversión, trabajar en la autonomía económica desde una perspectiva feminista, hablar de derechos sexuales y reproductivos...”, enumera Paola Yáñez, coordinadora general de la Red de Mujeres Afro Latinoamericanas, Afro Caribeñas y de la Diáspora.

Yáñez participaba este lunes, junto a decenas de líderes feministas de todo el mundo, en el Foro de la Sociedad Civil previo a la Conferencia. Distintas voces advertían de la necesidad de cerrar la brecha entre la etiqueta 'política exterior feminista' y la práctica. “No puede haber un feminismo hegemónico que se centre en unas mujeres y olvide a todas las demás, la solidaridad es para todas las mujeres, no solo para unas pocas. No puede haber política exterior feminista si se apoyan las políticas de un país que está llevando a cabo un genocidio y una limpieza étnica”, asegura Paola Salwan, directora de la organización Women Deliver. Salwan urgía a recuperar la financiación para el activismo feminista: “Estamos encantadas de ayudar a contener el fascismo pero necesitamos recursos”.

Varias activistas insistían en el problema actual con la financiación. Aapta Garga, de Women Deliver, aportaba algunos datos: solo el 0,1% de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) va a parar a las mujeres, países como Kenia deben destinar más dinero a pagar los intereses de su deuda que lo que reciben para AOD y la financiación privada también se está retirando de la inversión en proyectos con mirada feminista. “La financiación para investigaciones en feminismo es mínima, menos aún que para el activismo feminista, mucha va para los thinks thanks que piensan bastante similar a como lo hacen las élites o a 'clubes de chicos' antifeministas”, apuntaba Lina Abu Habib, experta de la Universidad de Beirut.

Faye Macheke, codirectora de la organización Awid, avisaba del aumento de gasto en defensa y de la reducción en cooperación. “Las organizaciones antiderechos [sexuales y reproductivos] duplican la financiación que reciben cientos de organizaciones feministas juntas”, señalaba. Macheke cuestiona la mirada desde la que se juzga quién produce conocimiento y quién merece inversión: “Hablamos de algo más profundo, de quién se considera suficientemente creíble para ser apoyado y financiado, y las organizaciones de base no suelen tener la misma consideración que las que tienen grandes estructuras. El conocimiento también se produce en campos de refugiados, en zonas militarizadas o en grupos humanitarios que atienden las crisis de manera directa”.

Una declaración política final

La Conferencia concluirá con una declaración política a la que podrán adherirse los estados. El Ministerio de Exteriores es quien ampara el encuentro. Según el ministro José Manuel Albares, la conferencia busca “avanzar en la consolidación de una diplomacia feminista global, transformadora, inclusiva y guiada por la igualdad” en un contexto internacional marcado por conflictos, retrocesos democráticos y un aumento de las desigualdades. El encuentro abordará las barreras que existen para el liderazgo de las mujeres en instituciones políticas, la presencia femenina en la mediación y mantenimiento de la paz y la seguridad, la feminización de los cuidados o la reforma de la financiación para el desarrollo con perspectiva de género.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el propio Albares inaugurarán la Conferencia, mientras que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que en un inicio no estaba invitada (sí otros cargos de sus departamentos) clausurará el evento el miércoles.

“España es un referente en igualdad y la política exterior feminista es una seña de identidad del Gobierno y vamos a continuar trabajando con todos los países que comparten nuestros valores para hacer frente a la ola reaccionaria que amenaza los derechos de las mujeres. Es una amenaza real que pretende devolvernos a tiempos pretéritos y responderemos dando zancadas hacia delante también a nivel internacional”, asegura Redondo a elDiario.es

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (DGVG), ha propuesto la adjudicación del contrato del servicio de las pulseras telemáticas para maltratadores a la UTE formada por Vodafone España y Securitas Seguridad España, la misma que lo gestionaba hasta ahora y que fue multada por el propio Ministerio con 25.000 euros por la caída del sistema el pasado noviembre.

Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo, el presupuesto base de la contratación es de 71,37 millones de euros, IVA incluido, y un valor estimado que supera los 111 millones de euros, al considerarse dos prórrogas anuales adicionales a los tres años de contrato. Vodafone se ha impuesto así a la otra única empresa que se presentó a la licitación, una alianza formada por Orange y Verisure. Según informa Igualdad, la adjudicación es de momento provisional a la espera de la ratificación de la documentación y de los posibles recursos.

El proceso de adjudicación ha constado de dos fases, una basada en la calidad técnica y otra en los criterios automáticos. En el primer bloque, la UTE de Vodafone-Securitas logró 14 puntos más que la otra compañía, afirma Igualdad, que apunta a “una mayor calidad global en la respuesta técnica, de acuerdo con las conclusiones de la mesa técnica que ha evaluado las propuestas”. También la misma empresa superó a la alternativa en la oferta económica. Según el Ministerio, Vodafone “incorpora mejoras sustanciales en los tiempos de resupuesta críticos”.

Tal y como publicó Europa Press hace unos días, la empresa de telecomunicaciones obtuvo 41,3 puntos en la valoración conjunta frente a los 26,7 de Orange. Además, en cuanto a la oferta económica, la primera presentó un presupuesto de 67,5 millones de euros, algo más barato que los 70,3 de su competidora.

Según ha comunicado el Ministerio, la oferta también ha recibido “la puntuación máxima” al incluirse funcionalidades “avanzadas” en los dispositivos como “la conectividad mediante eSIM, la capacidad de gestión remota de dispositivos y la integración de sensores de movimiento de bajo consumo”. Igualdad ha defendido en los últimos meses que el nuevo contrato incorpora “mejoras” respecto al anterior y después de la grave crisis que atravesó el Ministerio tras los fallos detectados en el sistema, que motivaron la apertura de una investigación interna.

La Fiscalía denunció el pasado noviembre en su memoria anual que a finale de 2024 había ocurrido una pérdida de datos durante la migración de sistemas al cambiar de adjudicataria, que anteriormenta era Telefónica. El Ministerio Público advirtió de que esto había provocado absoluciones y sobreseimientos en casos de quebrantamientos de órdenes de protección, aunque después aclaró que el fallo fue “puntual” y que “las mujeres estuvieron protegidas en todo momento”.

Las denuncias, sin embargo, se amplificaron por parte de las trabajadoras del servicoi, que alertaron de una situación de “caos” y numerosos problemas internos. El servicio llegó a sufrir una incidencia que lo mantuvo inactivo durante el pasado 11 de noviembre que obligó a activar el protocolo de protección de víctimas. El Ministerio impuso una sanción de 25.000 euros a Vodafone por este hecho el pasado mes de marzo.

La decisión del Ministerio de Igualdad de incorporar una cláusula abolicionista de la prostitución a las subvenciones sobre violencia machista y trata ya es definitiva. El pasado 22 de abril, el BOE publicó la orden que modifica los requisitos de estas ayudas y que obliga a las entidades que quieran presentarse a reconocer “expresamente” la prostitución “como forma de violencia contra las mujeres”. La decisión sume en la incertidumbre a buena parte de las organizaciones y deja en el aire sus proyectos porque o bien no se definen como abolicionistas o ni siquiera lo han debatido internamente, al estar dedicadas a cuestiones que no tienen que ver con la prostitución.

“Es un tema que ni tocamos ni vamos a tocar, porque no es oportuno para nuestro trabajo ni las mujeres a las que nos dirigimos. Presentaremos el proyecto y, si no los rechazan por esto, será una pena”, señala la portavoz de la Fundación Secretariado Gitano, una de las entidades que fueron beneficiarias de estas ayudas en 2025 para un programa de prevención de la violencia de género en mujeres gitanas. Esta es una sensación compartida entre las ONG, que desconocen cómo va a aplicar Igualdad los requisitos. Según la orden, deberán reconocer la prostitución como forma de violencia en sus estatutos o “mediante experiencia previa”. Además, la última versión del texto añade una condición más: que firmen una “declaración responsable” en la que lo afirmen.

Uno de los efectos de la orden será que aquellas asociaciones que no cumplan estos puntos quedarán fuera de las ayudas. Es lo que también teme la Plataforma Unitaria contra las Violencias de Género de Catalunya, que recibió algo más de 14.000 euros el año pasado para organizar el Foro contra las Violencias de Género, en el que anualmente reúne a expertas, víctimas e instituciones. Ahora, no sabe si podrá presentarse a la nueva convocatoria. El Ministerio ha aplicado el cambio a dos líneas de ayudas: tanto a las que financian proyectos de “concienciación, prevención e investigación” en violencia machista como a las de apoyo a víctimas de trata.

“Dentro de la plataforma hay 140 entidades, cada una con aproximaciones diferentes. No vamos a posicionarnos en un concepto que no deja de ser un amplio debate incluso en el feminismo”, apunta Ainhoa Morán, su coordinadora, que advierte de que la orden “va a poner en riesgo y a excluir proyectos necesarios”. “Lógicamente, todas estamos en contra de las violencias machistas, pero esto es tratar de imponernos una agenda y una ideología concreta. La prostitución no está así catalogada en ninguna ley y ni siquiera en el Convenio de Estambul”, añade Morán.

También de Catalunya es la fundación Àmbit Prevenció, una entidad que trabaja con víctimas de violencia machista y mujeres que ejercen la prostitución. En la convocatoria pasada se le adjudicó algo más de 4.800 euros del Ministerio de Igualdad para financiar un proyecto con el que monitorizar qué pasa después de una denuncia por violencia sexual. Con ese dinero, ya ha empezado a recopilar información y a coordinarse con los servicios de atención a víctimas de Extremadura, Madrid, Baleares y Catalunya con el objetivo de recabar la participación de mujeres. La idea era ampliar aún más la iniciativa, pero la ONG es consciente de que ya no se podrá presentar a la misma subvención.

La presidenta Mercè Meroño explica que “para nada” se ha planteado la fundación hacer un cambio de estatutos para poder entrar ni tampoco firmar la declaración que exige ahora el departamento dirigido por Ana Redondo. “Tenemos una misión y valores propios, no vamos a ir cambiándolos en función de los intereses del Estado”, apunta Meroño, que recalca que su “prioridad” es “atender a las necesidades de las mujeres desde la diversidad, la proximidad y el respeto sin opinar sobre sus vidas”, algo que “en ningún caso” está por debajo de la posibilidad de obtener una subvención.

Aún así, la presidenta de Àmbit Prevenció lamenta la modificación del Ministerio en unos fondos que reparten unos siete millones de euros desde hace cuatro ejercicios. “Nuestro proyecto, que tiene que ver con la violencia sexual, ¿va a quedarse fuera porque en nuestros estatutos no nos refiramos a la prostitución? Es un cambio arbitrario y una discriminación muy grave”, cree Meroño.

La fundación cuenta con un proyecto llamado 'Siempre Vivas' para asesorar a víctimas de violencia machista y también servicios de acompañamiento a mujeres que ejercen la prostitución, a las que ofrece asesoramiento jurídico y psicológico, además de poner a su disposición un espacio para que puedan descansar, hacerse pruebas o recoger material. También tiene dos recursos asistenciales para mujeres que han ejercido la prostitución y han sufrido algún tipo de violencia. “El enfoque que aplicamos es el basado en los derechos, no intentamos que vaya por delante una determinada ideología, sino que escuchamos a las mujeres y las acompañamos”, añade.

La oposición de las entidades

La polémica por las subvenciones arrancó el pasado febrero, cuando el Ministerio de Igualdad abrió la consulta pública sobre la modificación legislativa. En la memoria de impacto, justificaba los cambios en un intento de “reafirmar el enfoque feminista” de las ayudas en base a la “perspectiva de género y el enfoque abolicionista” de la prostitución. Además, aludía a la necesidad de alinear las ayudas con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, renovado el año pasado por todos los grupos excepto Vox.

Medio centenar de organizaciones de prostitutas y entidades no abolicionistas, con el apoyo de Amnistía Internacional, enviaron entonces alegaciones a la propuesta y advirtieron de que la llevarán a los tribunales si Igualdad no da marcha atrás, al considerarla “inconstitucional”. El Ministerio defendió entonces la orden y apeló a que “no constituye una imposición ideológica”, sino “una manifestación legítima del principio de orientación finalista del gasto público”. Sin embargo, no ha respondido a las preguntas enviadas por este medio sobre cómo van a aplicarse los nuevos requisitos.

Porque una de las sospechas que tienen la decena de organizaciones con las que ha contactado elDiario.es es que, tras las quejas, el Ministerio rebaje las condiciones y, en la práctica, sirva con firmar la declaración responsable que fue incluida después y suavice la exigencia del cambio de estatutos. Aun así, el requisito no convence a los colectivos consultados, buena parte de los cuales prefieren no romper su anonimato a la espera de cómo se concrete la convocatoria. “Está fuera de lugar en una subvención pública. Exigir un posicionamiento en un tema tan complejo y en el que hay diversidad, no conduce al entendimiento, sino a la confrontación”, dice una portavoz .

Entre las ONG que prometen recurrir la orden está el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS), que en los últimos ejercicios ha recibido dinero para montar el ciclo de charlas 'Hablan las prostitutas', con el que buscan “dar voz” a las protagonistas. “Probablemente, no nos podamos presentar porque nos obligan a declarar que la prostitución es violencia per se, algo que desde muchas ONG cuestionamos”, apunta Fuensanta Gual, presidenta de la entidad, que añade: “Otra cosa es que efectivamente haya mucha violencia en la prostitución y, de hecho, de eso van nuestras charlas”.

CATS cuenta también con un programa de asistencia integral a mujeres en contextos de prostitución que recibió ayudas de Igualdad hasta 2020. “Desde entonces nos lo rechazan. Es un proyecto de asistencia y acompañamiento, les damos atención social, jurídica y psicológica. Ahora estamos en pleno asesoramiento por el tema de la regularización extraordinaria”, añade la presidenta de la entidad, que reclama el reconocimiento de derechos laborales para las prostitutas.

Otras ONG están evaluando qué pasos dar cuando tengan que concurrir a las ayudas. La Red de Atención a las Adicciones (UNAD) no modificará sus estatutos, pero sí enviará la declaración responsable, aunque con matices. La condición es que las entidades reconozcan en ella que los proyectos presentados están alineados contra las distintas formas de violencia contra las mujeres “incluidas la prostitución, la explotación sexual y la explotación reproductiva que supone la gestación por subrogación”. Según explica Elisabeth Ortega, adjunta a la dirección de UNAD, la declaración que adjuntarán no se referirá específicamente a ninguna de estas violencias.

La organización confía en que así pueda volver a ser financiado su proyecto Comunidades GPS —que el año pasado recibió 24.500 euros— y que, junto a la Universidad de Salamanca, busca fortalecer la coordinación para dar respuesta a mujeres con adicciones víctimas de violencia machista. “UNAD no cuenta con un posicionamiento sobre prostitución porque somos una red compuesta por 200 entidades con trayectorias y enfoques diversos, no obstante, nuestros estatutos y experiencia reflejan de forma clara nuestro compromiso con los derechos de las mujeres y la atención a las distintas violencias que pueden atravesar”, concluye Ortega.

25 años después de que Dolores Vázquez fuera condenada injustamente por el asesinato de Rocío Wanninkhof, ha sido homenajeada en un acto de reparación este lunes en Madrid. En el marco del Día de la Visibilidad Lésbica, que se celebra cada 26 de abril, el Ministerio de Igualdad ha entregado la Medalla de Promoción de los Valores de Igualdad a la mujer, que pasó 17 meses en la cárcel siendo inocente. El caso fue uno de los mayores errores judiciales de las últimas décadas, profundamente atravesado por el linchamiento mediático y los prejuicios lesbófobos. “Es un día muy especial para mí. Casi 26 años después me siento una persona distinta, sin olvidar, pero lo llevo mejor, mi vida la llevo mejor”, ha afirmado poco antes de entrar al acto.

Vázquez, que ha reconocido haber tenido miedo durante mucho tiempo a la prensa y que no suele hablar con los medios de comunicación, ha hecho unas declaraciones minutos antes del inicio del homenaje a los periodistas que le esperaban a las puertas. “Pasé un calvario que está ahí, pero ahora puedo usar palabras que antes no podía usar. Siempre recordaré este día como un día hermoso y lindo”. La mujer fue condenada en septiembre de 2001 por un jurado popular a 15 años de prisión, sin ninguna prueba y solo en base a supuestos indicios, pero el asesino real de Rocío era Tony Alexander King, que volvería a matar dos años después.

Vázquez ha hecho un repaso sobre los efectos que tuvo para ella lo ocurrido y ha reconocido que espera que “mucha gente” en el día de hoy “pueda entender que era y soy inocente”. La homenajeada ha reconocido que la condena le “destrozó” la “vida entera” y su profesión. Tuvo que dejar de trabajar y se fue a vivir a Reino Unido. “Si miro hacia atrás, veo que no podía ni salir a la calle. Durante tres años y pico no pude ni ir al INEM –el antiguo SEPE– a apuntarme como desempleada para seguir cotizando. No tengo pensión porque me faltaron dos años y dos meses. Recibo una ayuda”, ha afirmado.

La mujer ha contado que cuando salió de prisión lo pasó “muy mal” y que todavía hoy el sonido de los cerrojos de la prisión no le dejan dormir. “Salí muy enfadada con el mundo y con todos. Eso quedó ahí siempre pero lo superé y me siento muy bien. He perdonado hace muchos años porque comprendí que estar enfadada con el mundo me estaba volviendo una persona que no era yo. Estaba en un pozo y no salía. Todo por algo que no había hecho. Pero poco a poco lo fui superando. He aprendido a vivir y a querer”, ha dicho.

Aún así y pese al error judicial, Dolores nunca fue indemnizada. “Pienso que sí, que merezco una indemnización, pero no depende de mí”, ha dicho antes de lamentar que “pese a las calumnias” sobre una supuesta reparación dineraria, “no me han compensada en nada económicamente”. “Es el Gobierno el que tiene que decidir y con buena fe todo es posible”, ha añadido.

Presentado por la abogada Eva Pérez Nanclares, el acto ha comenzado con una actuación musical de Rocío Saiz y una mesa redonda en la que se ha abordado la cobertura mediática y la lesbofobia que guió el caso. En ella ha participado la activista Beatriz Gimeno, autora de La construcción de la lesbiana perversa (Gedisa, 2008), la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTBI+) Paula Iglesias y Marta Redondo, profesora de Periodismo de la Universidad de Valladolid y experta en sensacionalismo mediático.

Acto seguido, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha hecho entrega a Dolores Vázquez de la medalla. “Es un acto de verdad, justicia y reparación. Se cometió una enorme injusticia contigo, un linchamiento social e institucional contra ti, contra tu persona. Es una vergüenza compartida”, ha afirmado la titular del departamento.

Vázquez ha agradecido en varias ocasiones el reconocimiento y, emocionada, ha querido dedicárselo a su familia y a las personas de su entorno que la apoyaron. “Lo recibo no para mí, sino para mi familia, mis sobrinas, mis hermanas, mi madre que ya no está y muchas amigas que han estado ahí y que venían por la noche a verme para que la prensa no los cogiera… Por todo el apoyo que he recibido, entonces y a lo largo de este tiempo”, ha apuntado. Tras recordar el impacto que lo sucedido tuvo para ella y retrotraerse a algunos de los momentos más duros, la mujer ha asegurado: “Es el tiempo de Dolores Vázquez, pero de Loli Vázquez también. Estoy orgullosa de mí misma”.

El caso

Dolores Vázquez había tenido una relación de pareja de varios años con Alicia Hornos, la madre de Rocío. Cuando la joven de 19 años desapareció, en octubre de 1999, ya no estaban juntas, pero eso sirvió a la Guardia Civil para atribuirle un supuesto móvil: vengarse de Alicia haciendo daño a su hija. Fue detenida el 7 de septiembre del año 2000 y desde entonces, mediáticamente comenzó a instalarse un discurso que presentaba a la acusada como una asesina despiadada. Casi cualquier cosa, fuera verdad o no, sirvió para apuntalar esta versión: se usó su físico y se la dibujó como una mujer fría, calculadora y vengativa.

Durante el acto, se ha recordado cómo la investigación de la Guardia Civil nunca recabó pruebas contra ella y montó la acusación en base a supuestos indicios, en algunos casos insostenibles. Los hechos que hacían dudar de la culpabilidad de Dolores Vázquez con claridad –su registro de llamadas desde casa en las horas de la desaparición, por ejemplo– nunca hicieron a la Guardia Civil abrir otras posibles vías de investigación y Dolores Vázquez fue condenada por un jurado popular.

Su abogado recurrió y en febrero de 2002 el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía emitió una contundente sentencia que anulaba el fallo y ordenaba repetir el juicio por “falta de motivación”. El dictamen dejó claro que la condena se había basado en “indicios o inferencias” que ni siquiera los jueces dijeron poder conocer porque no habían sido plasmados con claridad. Vázquez salió de prisión y el juicio pendiente nunca se celebró porque en 2003 el verdadero asesino de Rocío Wanninkhof volvió a matar. Esta vez la víctima fue Sonia Carabantes, una joven de 17 años. Fue detenido un mes después, cuando se comprobó que el ADN del hombre estaba también en una colilla hallada en el lugar en el que había desaparecido Rocío cuatro años antes.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado este jueves que llevará ante la Fiscalía el rechazo a que las mujeres entren en la Cofradía de la Puríssima Sang de Sagunt, lo que ha considerado un “anacronismo” y un “reducto machista, discriminatorio y de desigualdad”.

Redondo ha participado junto a la ministra de Ciencia, Diana Morant, y la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, en una reunión en València con representantes de las mujeres que quieren formar parte de la Cofradía de la Purísima Sangre de Sagunt, que el pasado domingo votó mayoritariamente en contra de incluirlas en esta entidad religiosa.

“Vamos a trasladar esta cuestión a la Fiscalía porque hay una discriminación y una vulneración de derechos y libertades esenciales constitucionales y también reconocidos en las leyes y en la jurisprudencia”, ha argumentado, a la par que ha incidido que les informarán para que “abra un expediente informativo”.

Igualmente, ha anunciado que van a revistar “cómo está inscrita la Cofradía en el registro de entidades religiosas, para ver cómo se ha registrado el estatuto o si no hay, en cuyo caso estamos ante una anomalía que también necesitaría una respuesta”.

Dentro de sus competencias, ha dicho, van a “acompañar” a los afectados y ha recordado que ya han incoado el expediente para retirar a la Semana Santa de Sagunto el reconocimiento de Fiesta de interés Turístico Nacional, que ostenta desde 2004.

Cantabria tiene registradas 1.600 mujeres en el sistema VioGén de protección a las víctimas de violencia machista y una está en riesgo extremo, según los datos que ha facilitado el delegado del Gobierno, Pedro Casares.

“Estas cifras nos tienen que llevar a todos a esa reflexión de seguir trabajando unidos y juntos para acabar con esta lacra. Lo que ha pasado este fin de semana es la punta del iceberg. El asesinato machista es el último eslabón de una cadena terrible de sufrimiento, de dolor, de humillaciones, de vejaciones, de un corredor de la muerte en el que viven muchísimas mujeres”, ha advertido el delegado del Gobierno.

Casares ha hecho un llamamiento para “apartar” a todos los que “hoy siguen negando la violencia machista, que siguen diciendo que hay denuncias falsas, y que siguen banalizando” este problema.

Este último caso de la mujer de 64 años de Pedreña de este sábado se ha remitido a la Delegación contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad, que lo está analizando para su posible confirmación como presunto asesinato por violencia machista, ha explicado. De confirmarse, el número de mujeres asesinadas por violencia de género ascendería a 12 en lo que va de año en España. “Una cada semana, y 10 huérfanos y también dos niños que fueron asesinados por sus parejas para hacer daño a sus madres. Esto es terrible, es muy doloroso, nos duele a todos”, ha afirmado el delegado del Gobierno.

Condenas firmes precedentes en 2011 y 2019

En este caso de Pedreña no había denuncias por violencia de género entre esta pareja, pero el hombre detenido tenía antecedentes por dos casos de denuncias de otras mujeres en los años 2011 y 2019 y en la Comunidad de Madrid.

Tenía condena firme en ambos casos pero actualmente estaban ya inactivos en el Sistema VioGén.

La víctima y el detenido llegaron a Pedreña desde Madrid hace unos cinco años. No estaban casados y no tenían familia en Cantabria. Fue el hombre detenido el que avisó el sábado a la Guardia Civil porque había encontrado a su pareja muerta en el domicilio.

Marina de Cudeyo decreta dos días de luto

El Ayuntamiento de Marina de Cudeyo ha decretado dos días de luto oficial, tras el minuto de silencio que se ha guardado a las puertas del Consistorio, como muestra de condena y repulsa por el presunto asesinato machista.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; la consejera de Igualdad, Begoña Gómez del Río; el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares; el fiscal superior de Cantabria, Jesús Arteaga; y el jefe de zona de la Guardia Civil en Cantabria, Jorge Bodelón, además de miembros de la corporación municipal, representantes políticos y numerosos vecinos se han sumado a este minuto de silencio.

En declaraciones a los periodistas, el alcalde Pedro Pérez Ferradas ha lamentado que se sigan produciendo asesinatos machistas y ha explicado que, aunque el municipio cuenta con casos activos de violencia de género, este caso no estaba registrado.

El alcalde ha recordado que el Ayuntamiento dispone de recursos para ayudar a mujeres que puedan estar viviendo situaciones de violencia y ha animado a acudir a los servicios sociales municipales, donde las víctimas pueden recibir atención psicológica y apoyo de un educador social, incluso sin necesidad de interponer una denuncia previa.

Pérez Ferradas ha explicado también que la pareja se movía en un ámbito social “bastante reducido”, por lo que ha explicado que no les conocía.

El secretario de Estado de Infancia y Juventud, Rubén Pérez Correa, acude a Pamplona con motivo de una reunión de las comunidades autónomas sobre los sistemas de notificación de la violencia contra la infancia. En la capital navarra se inauguró hace pocos meses un centro Barnahus o 'casa de los niños', un espacio “adaptado a la infancia” en el que se centralizan todos los servicios y protocolos ante una denuncia por violencia sexual para facilitar el proceso al menor. En la entrevista con elDiario.es, Pérez Correa lamenta que “miles” de personas que han sufrido este tipo de violencia en etapa infantil no la han denunciado y asegura que el modelo Barnahus “funciona”, que “acelera” los procesos y que “ha venido para quedarse”.

Sobre la ley de Violencia Vicaria, que ha abierto una grieta en el Gobierno entre los ministerios de Infancia y Juventud, Justicia e Igualdad, sostiene que “un maltratador nunca es un buen padre”, por lo que aboga por suspender el régimen de visitas “cuando hay una denuncia de violencia de género”.

Un informe elaborado por Save The Children apunta que cuatro de cada diez procesos judiciales de violencia sexual en menores se prolongan más de tres años, dificultando así su recuperación. ¿Cómo se puede reducir ese tiempo?

Tenemos un serio problema, no solo de proceso judicial largo, sino incluso de información previa, de los pasos que se tienen que dar para hacer una denuncia sexual. La gente muchas veces se encuentra con un montón de ventanillas y administraciones diferentes y lo que estamos haciendo hoy [por el martes] en Navarra es un ejemplo de lo que hay que hacer: un sistema judicial adaptado a la infancia, un mecanismo de denuncia donde todos los servicios y todos los protocolos que entran en una denuncia estén en el mismo edificio. Ese es el modelo Barnahus, un modelo que reduce el tiempo de denuncia y hace que todo el peritaje y toda la parte de prueba preconstituida sirva al proceso judicial, lo que lo acelera mucho y da mecanismos magníficos para que no solo que no se dilate demasiado el proceso, sino que haya denuncias. El informe de prevalencia que hemos encargado habla de un 28% de personas que en etapa adulta dicen que han sido víctimas de violencia sexual en la infancia. Eso refleja que hay miles de personas que no están denunciando o que no han denunciado en etapa infantil.

El mismo informe también menciona el problema de que la víctima tenga que declarar en más de una ocasión, provocando así una revictimización.

Es así. No es lo mismo la casa Barnahus, que parece una escuela infantil, en la que hay muebles infantiles y zonas de juegos, donde se puede hacer desde la generación de la prueba preconstituida, la declaración del menor, el acompañamiento de un equipo de psicólogos e incluso lo que es la exploración forense y la exploración médica. También la declaración en el juzgado a través de una cámara con la presencia del juez y de los abogados de las partes. Creo que es un mecanismo absolutamente central ahora mismo, junto con el hecho de que hemos aprobado una ley de eficiencia del sistema judicial que por primera vez crea las secciones de infancia y adolescencia en los juzgados, con lo cual vamos a acelerar mucho los procesos de protección a la infancia en los procesos del ámbito judicial.

¿Ese modelo soluciona todos los problemas que han venido denunciando las asociaciones de víctimas?

Sin duda, en Europa está funcionando. En Catalunya, que es quien va más avanzada porque tiene ahora mismo 12 centros Barnahus, los primeros indicadores dicen que ese proceso se acelera, que es menos traumático, que las familias pueden acompañar al menor y que el menor está más cómodo para realizar la declaración, que es la que constituye la prueba. La Comisión Europea y el Consejo de Europa ya han dicho que esto es una parte estratégica del sistema de protección a la infancia en el ámbito europeo. 

¿Y va a servir para que haya más condenas? Asociaciones de víctimas venían reclamando la necesidad de que la declaración de un facultativo sirviese como prueba preconstituida.

El entorno donde el menor declara muchas veces genera contradicciones en su propia declaración y con Barnahus se evita eso. No es lo mismo declarar en un edificio vetusto del siglo XIX en sede judicial y que puede provocar que el menor declare algo que sea diferente a lo que declaró en sede policial. Esas contradicciones muchas veces se utilizan por parte de los jueces para no dar validez al testimonio del menor. El hecho de que haya un ambiente protector en todo el proceso de declaración, en la generación de la prueba, que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado también estén dentro del Barnahus, y que sea allí donde hablan y toman declaración al menor, sin duda va a evitar esa falta de pruebas o que el menor incurra en contradicciones y que se desestimen las demandas. Ya está teniendo un impacto muy positivo.

Mencionaba la creación de los juzgados especializados, pero por el momento solo se han anunciado tres.

Por el momento se han anunciado tres porque es cierto que la mayor parte de casos de violencia sexual, cuando es hacia niñas, se están vehiculizando en los juzgados de los juzgados de Violencia de Género. Es un debate que hay ahora mismo: nosotros creemos que no, que tienen que estar vehiculizados en las secciones de Infancia. Se han abierto las tres por el número y volumen de casos, pero es cierto que la revisión es anual. En septiembre se va a volver a revisar este número de necesidades que tiene el sistema judicial y nosotros entendemos que se van a abrir muchas más.

El modelo ha sido recientemente estrenado aquí en Navarra. En otras comunidades ya funciona, ¿se va a extender a todo el país?

Sí, Cantabria también acaba de abrir un centro, en Catalunya se ha abierto otro más en Terrassa, en Las Palmas también, en Andalucía hay varios… Es decir, es un modelo que ha venido para quedarse y el diálogo entre comunidades autónomas está funcionando muy bien. En unos años veremos este modelo como el modelo central. Si nuestras encuestas nos dice que uno de cada cuatro menores han sido víctimas de violencia sexual, tenemos que tener un sistema suficientemente coordinado para la prevención y, sobre todo, para la delimitación de los casos y las condenas.

¿Y cuál es el papel del Ministerio?

De formación y de autoevaluación del modelo. También entendemos que tenemos que poner muchas más garantías en todo el proceso judicial y eso es la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI). Tenemos una ley puntera en el ámbito del derecho comparado, en lo que son leyes de protección de los menores ante la violencia, pero hemos planteado una reforma de la ley, que estamos trabajando ya con el Ministerio de Justicia, de algunos aspectos que tienen que ver con la declaración del menor, no solo en sede judicial, sino también en todos los ámbitos donde interactúa la relación de los menores con personas adultas. 

También creemos que hay que hacer una protocolización del modelo de ajuste en España. Es cierto que cada comunidad está siguiendo unas pautas muy marcadas consensuadas en el ámbito europeo, pero estamos viendo la posibilidad de arbitrar un Real Decreto para homogeneizar la figura del Barnahus en cuanto a procedimientos, dotaciones, etc.

¿Cómo se puede mejorar la coordinación entre instituciones para facilitar el proceso a quien denuncia?

Precisamente le hemos planteado al Ministerio de Justicia la modificación de la LOPIVI por esta cuestión. Nosotros tenemos una muy buena ley, la conocida como 'ley Rhodes', que nace por una persona que ha sufrido abusos y se encontró con esa maquinaria burocrática de tocar muchas puertas, muchas ventanillas. Eso ahora se ha simplificado y se tiene todo en un mismo centro, pero también es necesario tener el mecanismo jurídico bien engrasado. Por ejemplo, tenemos que conseguir que los jueces escuchen al menor de manera muy clara, donde haya causa Barnahus y donde no la haya, donde haya sección de Infancia o donde no haya. Y para eso la LOPIVI tiene que cambiar.

También tenemos que cambiar algunos mecanismos que ahora mismo rigen en el ámbito de la prevención. Por ejemplo, la figura de los coordinadores de bienestar de los centros educativos, que son los que detectan de manera preventiva estos casos, los que pueden derivar a sede judicial y los que pueden establecer un protocolo y un seguimiento. Creemos que en esos mecanismos que se cambian en la LOPIVI se puede facilitar que la denuncia de un menor que es víctima de violencia sexual se dé por la identificación del personal educativo, la figura del coordinador de bienestar como elemento central en el ámbito educativo o el monitor de un centro de ocio y tiempo libre o el monitor o entrenador de un club de fútbol. Y eso sí que requiere una parte muy importante de formación que tiene que desarrollar la propia LOPIVI.

¿Hay ya fecha para llevar la reforma al Consejo de Ministros?

Hemos cerrado una propuesta de texto que le hemos trasladado al Ministerio de Justicia. Estamos trabajando ya esta semana en las reuniones con el Ministerio de Justicia y entiendo que en este primer tramo del año lo vamos a tener porque son cuestiones más técnicas que tenemos que consultar también con el Consejo General del Poder Judicial. Se puede llegar a un consenso en los próximos meses.

En Álava y en Navarra opera un campamento que ha recibido una veintena de denuncias por violencia sexual. Hay una investigación en curso, pero el Gobierno vasco quiere endurecer la ley vasca para que se pidan antecedentes de delitos sexuales. ¿No es algo que ya existe?

Existe, pero es cierto que tenemos que endurecerla mucho más. Ahora mismo un profesor condenado por un caso de violencia sexual, una vez acabada su condena, se puede reincorporar al ámbito educativo. Eso lo queremos endurecer. Vamos a hacer una reforma a algún artículo de la LOPIVI para que las personas que han tenido condenas de este tipo sean apartados de manera indefinida de la posibilidad de volver a ser docentes. Hay docentes que han sido abusadores y, cumplida su condena de inhabilitación, han regresado al ámbito educativo. La LOPIVI dejaba ahí un marco y es lo que queremos corregir, también por petición de los sindicatos, que nos han pedido que se aclare mucho más esta figura por una cuestión de protección a la infancia en el ámbito educativo.

El Gobierno ha chocado por la Ley de Violencia Vicaria, con diferencias entre ministerios. Juventud e Infancia se descolgó del primer texto al considerar que no garantizaba los derechos de las mujeres y los niños y adolescentes. Desde entonces, los ministerios implicados han seguido negociando. ¿En qué punto se encuentra actualmente?

Estamos intentando avanzar un texto, pero nosotros tenemos una premisa, y es que un maltratador nunca es un buen padre. Por lo tanto, para nosotros la suspensión del régimen de visitas cuando hay una denuncia de violencia de género debe estar reconfigurada. Hemos avanzado en algunas cosas, como lo que tiene que ver con la escucha de los menores, pero necesitamos desatascar esta cuestión, que no es solo nuestra visión como Ministerio, es algo demandado por una parte muy importante de la judicatura, sobre todo mujeres, que son las que dicen que están hartas de no poder determinar esas suspensiones muchas veces por falta de corpus jurídico. Aprovechando que es muy necesaria una ley de Violencia Vicaria, intentemos colocar esta cuestión como cuestión central. Y luego no disociar nunca la violencia vicaria como algo endógeno de la violencia de género. La verdad es que en estas semanas de negociación hemos avanzado mucho en un texto de consenso.

Una de las cuestiones en las que más se pone el foco en el Gobierno al hablar de juventud y violencias sexuales es en el consumo de pornografía. ¿Centrar el debate público en el porno puede estar desplazando la discusión de fondo sobre los déficits en educación afectivo-sexual?

Totalmente. Establecer el problema solo sobre la cuestión del porno desdibuja el problema que tenemos de la exposición de los menores en los entornos digitales. Nosotros siempre hablamos de los entornos digitales como elementos muy globales que tienen una incidencia sobre el ámbito educativo, sobre el ámbito afectivo, sobre la salud mental de los menores, sobre el concepto de soledad y la socialización y sobre patrones adictivos de adicciones sin sustancia, bien sea juegos online o juegos de azar. ¿Qué es lo que nos preocupa de la pornografía? La absoluta impunidad con la que operaban los suministradores de contenido pornográfico, sin ningún tipo de prevención y precaución del acceso de los menores. La mayor parte de veces el menor no busca esos contenidos, sino que le llegan a través de mensajería o a través de pop-ups o elementos de diseño de las propias apps. En este sentido hemos querido que la ley de Entornos Digitales haga el eje de protección y el de verificación de edad. 

Hay que volver a una cultura de prevención y de la educación afectivo-sexual en los centros educativos. No se puede permitir ese pensamiento más conservador de “Yo no quiero que mi hijo estudie educación sexual en el centro educativo”. Eso no es un derecho de la familia, es un derecho del menor. Así como un padre no puede prohibir que a su hijo le enseñen matemáticas, no se puede prohibir que le enseñen educación afectivo-sexual porque está teniendo una incidencia tremenda en la salud mental y en la salud afectiva de los menores. No nos corresponde a nosotros ese debate, hay 17 comunidades con competencias, pero nos consta que el Ministerio de Educación, que es consciente de este problema, está trabajando en su conferencia sectorial y con las comunidades para recuperar el currículum educativo en este ámbito y evitar las graves carencias que los menores están buscando en ChatGPT o en otros contenidos en Internet.

Estudios recientes apuntan a que el número de jóvenes que se identifica como feminista está cayendo. Aunque con grandes diferencias entre chicos y chicas, en ellas también parece estar calando el discurso antifeminista. ¿Debería el Gobierno hacer algo distinto a lo que está haciendo para intentar reconquistarles?

A veces somos muy pesimistas cuando hablamos de esta ola conservadora de los jóvenes. El Ministerio de Igualdad ha dado unos datos que dicen que el 70% de los jóvenes están de acuerdo en que sus compañeras cobren lo mismo que ellos y en que tengan sus mismos derechos. Es decir, lo que se considera que son las bases constitutivas del feminismo, los jóvenes de este país las aprueban, pero luego no quieren declararse feministas. Se ha convertido el término feminismo en algo pernicioso, al igual que ha hecho la extrema derecha con el término ‘MENA’. Es cierto que hay un sesgo importante de género, que hay una ola conservadora en algunos jóvenes, pero también es cierto que en este país los jóvenes están posicionados más a la izquierda, aunque luego en el eje de voto se explicite más el voto a Vox, quizás porque hay un voto contestatario que se puede entender como un elemento de protesta.

El Estado tiene que evitar que las redes sociales se conviertan en un elemento de mentira, de manipulación y de tergiversación. Que exista capacidad de verificar los contenidos, las informaciones y que las fake news no campen a sus anchas. También regular que los delitos de odio, los insultos, las vejaciones y las amenazas no puedan estar en los entornos digitales. La ley de Entornos Digitales ya está en fase de cerrar las enmiendas con los grupos parlamentarios y creo que va a ser un cambio de paradigma muy importante con estas cosas.

Se ha generado debate por la propuesta de prohibir el acceso a las redes sociales hasta una determinada edad. ¿Es una medida factible?

El debate tenemos que ponerlo encima de la mesa en los márgenes jurídicos en que nos movemos en España. En España un menor de 14 años ya no puede tener redes sociales porque la Ley Orgánica de Protección de Datos dice que ninguna persona menor de 14 años puede ceder sus datos a un operador privado. Lo que vamos a hacer con la ley de Entornos Digitales es elevarla a 16. No se trata de prohibir el acceso a los menores de 16 años a todas las redes sociales, ese es el modelo de Australia, que no está funcionando porque lo que hace es que se generen unas nuevas redes sociales incluso con menos control. Lo que queremos es obligar al sector tecnológico a que si quiere que operen menores de 16 años, las redes tienen que estar adaptadas. ¿Y cómo se adapta a esa edad? Pues por ejemplo, haciendo que un menor de 16 años no pueda interactuar con un adulto que no esté autorizado por los padres. Por lo tanto, ahí introducimos la cuestión del control parental, que los padres decidan con qué personas adultas pueden interactuar sus hijos en WhatsApp.

Usted ha defendido adelantar la edad de voto a los 16 años. ¿Por qué?

Para que los jóvenes defiendan la democracia tenemos que hacerles partícipes de las reflexiones sobre los valores que sustentan la democracia en este país. Si con 16 años se puede trabajar, se puede tomar decisiones sobre salud sexual, reproductiva y del ámbito sanitario, también se tiene que poder votar. Tener derecho a votar al Gobierno que luego va a arbitrar con los sindicatos y la patronal el convenio colectivo que se me va a aplicar cuando empiece a trabajar con 16 años.

Els familiars de la dona ferida de gravetat per la seua exparella a Eivissa han declarat, mentre el jutge decidia les mesures cautelars per al presumpte agressor als jutjats, que la polsera de control telemàtic que duia la dona “no va sonar” abans que es produís l’agressió; motiu pel qual els cossos de seguretat no van arribar a temps per aturar-la. Una versió que contrasta amb la del Ministeri d’Igualtat, que ha assegurat a elDiario.es haver demanat a l’autoritat judicial encarregada del cas de violència masclista —que ha acabat amb la víctima a l’UCI per un traumatisme cranioencefàlic— l’augment de l’ordre d’allunyament fins als 350 metres en considerar que els cent metres no eren suficients per poder actuar des del servei Cometa —que s’encarrega del seguiment de les anomenades polseres antimaltractament— i des de les forces i cossos de seguretat de l’Estat.

La dona, de 31 anys, es trobava al seu domicili quan la seua exparella, l’ara detingut, es va personar a l’habitatge de Sant Antoni malgrat l’ordre d’allunyament que havia dictat un jutge amb anterioritat. Va ser quan els familiars de la víctima van acudir a la casa, cap a les onze del matí, quan es van adonar del que estava succeint. Tal com ha relatat la seua germana davant els jutjats, en accedir a l’interior del domicili van veure “un telèfon mòbil a terra” i van començar a sentir “cops”, fet que els va fer pensar que el detingut, de 34 anys, li estava propinant una pallissa.

La mare i la germana, agredides

Segons el testimoni de la germana menor de la víctima, de 27 anys, va ser ella la primera que va contactar amb els agents, a les 9.59 hores, quan el presumpte agressor feia ja aproximadament “quinze minuts” que era dins l’habitatge. “Llavors va començar a envestir contra tothom que se li posava al davant”, ha explicat l’afectada, qui, juntament amb la seua mare, de 56 anys, va haver de ser atesa a Urgències de l’Hospital Can Misses per ferides de diversa consideració. Sobretot, contusions i traumatismes de diferent gravetat, segons van informar des de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera.

Agents de la Guàrdia Civil es van traslladar, després de rebre l’avís, al domicili de la víctima, ubicat al municipi de Sant Antoni, però no han volgut especificar a elDiario.es si l’avís provenia del dispositiu de control telemàtic que duia la dona ni cap altra informació sobre el cas per preservar la privacitat de les víctimes i familiars. El cos de seguretat ha afegit que correspon a la investigació policial i a la valoració del jutge extreure aquestes conclusions.

El Ministeri d’Igualtat ha insistit que des del servei Cometa s’han fet totes les comprovacions per corroborar que el dispositiu ha funcionat correctament i han determinat que el sistema telemàtic va funcionar, registrant tots els senyals i permetent una intervenció policial urgent. També han puntualitzat que el sistema està funcionant, en general, correctament malgrat que s’han detectat diversos errors a escala estatal.

De fet, el Consell de Ministres va donar llum verda al gener al nou contracte per gestionar el sistema. Ja estava previst que l’actual contracte, de 30 mesos de durada, finalitzàs al maig, però el canvi arriba després de la crisi que va travessar el Ministeri d’Igualtat pels errors detectats en el seu funcionament després del canvi d’empresa adjudicatària, tal com va informar aquest diari en el seu moment. Entre les principals novetats, s’hi inclou un augment del 42% del pressupost destinat al servei, que va passar de 50 milions a 71, i la substitució de les polseres per turmelleres.

Ingressada amb un traumatisme cranial

Des del Ministeri han explicat que, en el cas de violència masclista d’Eivissa, el problema va ser que l’ordre d’allunyament de cent metres no era suficient, fet del qual ja havien advertit l’autoritat judicial competent. Per aquest motiu, es va sol·licitar per escrit que s’ampliàs aquesta distància de seguretat.

En aquest escrit es recomanava ampliar l’ordre d’allunyament fins als 350 metres, la distància mínima que consideraven recomanable perquè el sistema de seguiment pogués garantir millors nivells de seguretat i més marge d’actuació per part de la Sala Cometa i de les forces i cossos de seguretat de l’Estat. Des de l’àrea de Comunicació del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) han respost a la consulta de elDiario.es que la fase d’instrucció del cas és de “caràcter reservat excepte per a les parts personades en el procediment”.

La víctima va ingressar a les 11.18 hores, inicialment a l’UCI de l’Hospital Can Misses en estat crític amb un traumatisme cranioencefàlic i politraumatismes i, més tard, a les 15.15 hores, va ser traslladada a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, on continua ingressada amb pronòstic reservat i sota estricta vigilància mèdica, segons informacions de la clínica privada.

La mare ha expressat que la família se sent “molt malament” pel que ha passat. El pare, per la seua banda, ha assenyalat que ara el “més important” per a ells és que la seua filla surti de l’UCI. També ha relatat la “fredor” de l’agressor: “En un moment donat va aturar-se per fumar una cigarreta i després va continuar”, ha assegurat, en un episodi que van haver de presenciar quan van arribar al domicili de la seua filla i que afirma, amb la veu trencada, no podrà oblidar fàcilment.

El detingut, acusat d’un cas de violència masclista per l’agressió a la seua exparella, ha passat aquest dimarts a les 9.05 hores a disposició judicial després de dos dies, des de la seua detenció diumenge al matí, al calabós. Hores després, cap a les quatre de la tarda, el titular del Jutjat de la Secció de Violència sobre la Dona del Tribunal d’Instància d’Eivissa número 2 ha acordat el seu ingrés a presó provisional comunicada i sense fiança, a l’espera de l’evolució de la víctima i de l’avanç de la investigació.