El Gobierno repartirá este julio 800 millones de euros entre las comunidades autónomas dentro del Plan Estatal de Vivienda, que comprende un importe total de 7.000 millones de euros para desarrollar distintos proyectos de vivienda de los que el Gobierno aporta el 60% y las comunidades autónomas el 40% restante.

En el caso de Galicia, fuentes de la Delegación del gobierno han concretado a Europa Press que la asignación para 2026 será de 45,6 millones de euros, mientras que la distribución de fondos del plan en todo su periodo de vigencia permitirá movilizar una inversión de 399 millones hasta 2030 para desarrollar políticas públicas de vivienda en la comunidad.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha recordado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que, con este reparto, las comunidades autónomas podrán comenzar a desarrollar “en plenitud” este proyecto durante el segundo semestre del año.

Asimismo, ha recalcado que este primer desembolso corre a cuenta de la Administración General del Estado. Los 4.200 millones de euros estatales serán transferidos durante las cinco anualidades del Plan Estatal, 800 millones en este año y 850 millones los restantes.

Asimismo, ha recordado que este plan tiene efectos retroactivos al 1 de enero, por lo que las comunidades autónomas podrán incorporar todas las acciones que estén enmarcadas en el plan y que se hayan iniciado en 2026.

Al menos un 40% de esos fondos se dedicará a la construcción y adquisición de viviendas, un 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente y el 30% restante a garantizar la protección de los colectivos y territorios que más lo necesiten.

El PEV incorpora mecanismos para blindar la protección permanente de todas las viviendas que se construyan con sus fondos, al tiempo que se garantiza la transparencia en las adjudicaciones de viviendas protegidas a través de una cláusula antifraude. Asimismo, incluye medidas destinadas al fomento de la cohesión territorial e impulsa un sistema de datos públicos para favorecer el acceso de la ciudadanía a información veraz y transparente.

Celebra el acuerdo de Hacienda en materia de vivienda

Asimismo, Rodríguez ha celebrado el anuncio del ministro de Hacienda, Arcadi España, sobre un acuerdo para que los ayuntamientos puedan destinar su superávit a políticas de vivienda no solo para el año 2025, sino para los cuatro años siguientes.

Arcadi España ha señalado así que los ayuntamientos que tengan remanentes del 2025 podrán utilizarlos, en función de sus estimaciones, garantizando una estabilidad y una proyección a largo plazo de las políticas de vivienda durante los siguientes cuatro años.

Rodríguez ha valorado que los ayuntamientos puedan destinar los fondos a políticas públicas de vivienda y que, además, puedan hacerlo durante este plazo.

Los precios de compraventa de la vivienda se asoman a un cambio de ciclo. Pero para quien piensa en comprar, eso no significa que vayan a bajar: los expertos auguran tan solo un enfriamiento de las subidas, que se empieza a reflejar ya en algunas provincias, según las estadísticas de algunos portales inmobiliarios.

El dato clave que apuntan los expertos: la subida de la tasa de esfuerzo (los años de renta bruta necesarios para adquirir una vivienda) ha tocado techo y el comprador no está dispuesto a gastar más. Las subidas del euríbor y la subida de tipos de interés por la guerra en Irán que podría aprobar en unos días el Banco Central Europeo (BCE) también desincentivan la compra y pueden enfriar más el mercado.

Aunque la subida de precios de compraventa es una constante desde 2015 en España, es 2025 el año en que se produce un mayor salto: una subida de precios a doble dígito del 12,5% y una tasa de esfuerzo que desde 2024 a 2025 ha pasado de 7 a 8 años, un máximo desde 2011. 

Inmediatamente después de este techo, el ritmo de compraventa descendió durante tres meses seguidos hasta este mes de marzo, eso sí, desde cifras récord que llevaron a cerrar 2025 con 700.000 ventas de vivienda por primera vez desde 2008. La venta de vivienda nueva ha caído más, un 5,6% más en este primer trimestre que en el del pasado año, y ha precipitado una caída general (incluyendo la vivienda usada) del 2,6%.

Uno de los primeros economistas en alertar de un cambio de ciclo fue Ángel Talavera, de Oxford Economics, aunque lo hizo apuntando tan solo a un enfriamiento en 2027 y no a una caída de precios. Y esa ralentización, pronostica, no se verá este año, cuando espera que los precios sigan subiendo a doble dígito. “Cuando los precios empiezan a subir desacoplados de la subida de rentas, es probable que las compras se frenen”, alerta Talavera con precaución a elDiario.es. 

“A corto plazo, el mercado aún se mueve en cifras muy calientes de precios, no creo que se enfríe rápido y el año puede cerrar de nuevo con un aumento de entre el 10 y el 12% en los precios”, augura Talavera, que cree que de cara al año que viene el aumento podría quedarse entre un 3 y un 7%. El devenir de la guerra puede tener una influencia en las compraventas y en los precios por su impacto en los materiales de construcción y en los tipos de interés a los que prestan los bancos, pero “tan solo una recesión podría llevarnos a una caída de precios en 2027”, sostiene Talavera. 

Para el economista José García Montalvo, “los indicadores más claros son los descuentos en vivienda sobre el precio inicial, que están creciendo” y también “el tiempo que tarda en venderse, que se alarga”. “Existe una clarísima desaceleración y las visiones de mercado son muy diferentes entre comprador y vendedor. Los precios siguen al alza porque el vendedor no quiere ceder. Pero cuando cede lo hace con unos descuentos ya mayores. Tardará, pero los precios pueden bajar en un acercamiento entre comprador y vendedor”, reflexiona.

Las últimas cifras oficiales de precios de compraventa no muestran desde luego una correlación clara entre el freno de compraventas y la caída de precios, que subieron un 7% en marzo respecto a febrero y un 9,7% en comparación con marzo del año pasado, según los notarios. Las cifras del Ministerio de Vivienda muestran una subida anual del 13,9% en el valor tasado de la vivienda libre, que costaría 2.315 euros por metro cuadrado a marzo de 2026 de media en España, esto es, 231.500 euros por una vivienda de 100 metros cuadrados. 

Por si fuera poco, las hipotecas para vivienda alcanzaron su cifra récord desde 2010 en marzo, con 46.661 préstamos, encadenando 21 meses de subidas. La subida del euríbor tras la guerra, con un salto del 2,24% en enero a un 2,7% en mayo, podría enfriar este mercado en los próximos meses. 

Aunque las cifras del Ministerio aún no registran ninguna bajada de precios, sí que lo hacen los datos de los notarios en La Rioja (9,5%) y Navarra (6,8%). También Pisos.com empieza a registrar descensos en Aragón, Murcia, Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León, pero estos se miden con respecto a la oferta de venta y sirven solo como termómetro impreciso. “Si bajan los precios en alguna zona, será en lugares de poca demanda como la España vaciada”, opina Montalvo. 

Para anticipar la correlación entre un enfriamiento de la compraventa y una bajada de precios, el director de coyuntura económica de Funcas, Raymond Torres, observa en la última entrada de su blog los casos de Alemania y Francia. En el vecino país galo, tras seis bajadas consecutivas y radicales de compraventas trimestrales (a un máximo del 20% menos en el tercer trimestre de 2023), vinieron seis trimestres de leves caídas de precios, de un 4,8% la mayor. 

En España, una caída mucho más leve de la compraventa en seis trimestres de 2023 no desembocó en una caída de precios. El mercado español aún está lejos del escenario francés, si es que lo llega a imitar: le faltaría un año y medio con un freno en las compraventas mucho mayor al actual para provocar una caída de precios que, por tanto, solo se empezaría a reflejar ya en 2028.

Nadie apunta hacia esa dirección, pero Torres sí que ve una buena noticia que los precios ya no suban por “el fomo”, el miedo a perder la oportunidad de una compra más barata que la futura, que ha acelerado el mercado de compraventa junto a un alquiler asfixiante que no sale a cuenta y se come en ocasiones la mitad del sueldo de las familias. 

La construcción de vivienda se encuentra también estancada y no oxigena la oferta. Y aunque la vivienda pública debe empezar a arrancar a partir de 2027, la mayor parte irá a alquiler y el desajuste entre demanda y oferta hará difícil que empuje los precios a la baja. 

El director de estudios y portavoz de Pisos.com, Ferran Font, ve tan solo “una ralentización” y “una tendencia al alza más moderada” que el año pasado. El presidente de la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (FADEI), Miguel Ángel Gómez, cree que “en las zonas de España muy tensionadas los precios dejarán de subir a doble dígito”, pero “el mercado no se está cayendo”. 

María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, cree que “hay que hablar más de enfriamiento que de contracción”. “La magnitud de esa tendencia descendente dependerá en gran medida de la guerra, por sus efectos sobre los tipos de interés y la incertidumbre”, aporta, y coincide con Talavera en que para ver una caída de precios debería existir una recesión económica que es poco probable, a no ser que la guerra tenga un impacto económico mayor del esperado.

El último informe de CaixaBank Research, del pasado día 28, se muestra “sorprendido al alza” con la subida de precios de la vivienda libre y alerta de que “a pesar del avance de los visados de obra nueva, la producción efectiva sigue siendo insuficiente para absorber la intensa creación de hogares”. 

Los alquileres, mientras tanto, siguen subiendo de manera desenfrenada, aunque algo menos que en los últimos meses y con la excepción de Navarra, donde el tope que aplica su gobierno autonómico permitió una bajada del 7% en un año. Sobre el efecto que este enfriamiento de la compraventa pueda tener en los precios del alquiler, Montalvo es pesimista: “La gente que no va a comprar, seguirá necesitando una vivienda y se irá al alquiler, porque se siguen creando hogares. Como no hay oferta, el precio puede subir aún más”. 

Si la compraventa subió porque el alquiler era inaccesible y eso también provocó que los jóvenes se sirvieran de ayudas de los padres para las entradas con récords de donaciones, ahora es la compraventa la que parece expulsarlos del mercado de nuevo. Un bucle infinito que, mientras no se construya vivienda pública, nunca da como resultado una vivienda barata o al menos asequible.

Tiene Maricarmen Abascal a sus 87 años recuerdos nítidos de su infancia feliz jugando a las cartas con su hermano y sus padres en el salón de su piso de Retiro, que mantiene unas paredes estucadas color salmón que evocan al pasado. También del sereno, “me encantaban los serenos, no sé por qué los quitaron”, que fue quien subió el cuerpo de su padre poco después de morir en el bulevar que hay justo delante. Fue en 1960, él era aún joven, llevaban 4 años en el piso y Maricarmen no sabía que ahí comenzaba de alguna forma el calvario que se activaría en 2020 y prosigue el próximo 3 de junio con el segundo intento de desahucio frente al que espera “mucha gente” movilizada para frenarlo. 

“Las mujeres no podían entonces firmar contratos de alquiler”, cuenta Maricarmen sobre la primera firma del contrato, que hizo su padre en 1956. Al no poder firmar de primeras la madre, fue subrogada con la muerte del marido. Acogida a las rentas antiguas previas al decreto Boyer que acabó con los contratos indefinidos de alquiler, tan solo se permitía una subrogación indefinida, por lo que la muerte de la madre en 2005 terminó con su blindaje. Como segunda subrogada, ya no estaba protegida, pero los antiguos propietarios respetaron su renta antigua. 

También lo hizo Renta Corporación, la inmobiliaria que compró en primera instancia la vivienda en el año 2018 y que le ofreció comprar la vivienda a un precio que no podía asumir. La empresa respetó la negativa, pero vendió la vivienda a la inmobiliaria Urbagestión, que la única opción que le dio en primera instancia era quedarse con un alquiler de 1.650 euros al mes, por encima del triple de lo que paga a día de hoy, unos 500 euros, inalcanzable para alguien que cobra una pensión de 1.400 euros. 

Después de negarse, ya le llegó la orden judicial de desahucio a finales de 2020: “Yo no sé quiénes son estos señores, nunca he hablado con ellos”. El juzgado número 90 de Madrid dio la razón al considerar que cuando se produjo su subrogación, los entonces propietarios del inmueble la aceptaron, “tácitamente” y que los compradores mantienen esta aceptación. Pero la Audiencia Provincial y el Supremo dieron la razón a los propietarios y en 2024 llegó otra carta de desahucio. 

Los dos primeros intentos de desahucio, el último el pasado mes de octubre, fueron cancelados por la justicia ante la presión social. Aunque Maricarmen y el Sindicato de Inquilinas, que le apoya, esperan que suceda lo mismo con el próximo, si no es así pretenden frenarlo plantándose dentro del piso y en la puerta. “Espero que haya mucha gente”, dice Maricarmen, consciente de que su caso indigna a mucha gente. 

Maricarmen ha escrito cartas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que no han sido respondidas. “El Ayuntamiento no va a comprar mi piso y la señora Ayuso tampoco. Quien tiene que comprar mi piso, o poner alquileres indefinidos, es el Gobierno de España. Invierten un dinero que van a recuperar después, pueden ponerlo en alquiler social cuando yo me muera. Y por lo menos no permiten a echar a la gente a la calle”, clama Maricarmen.

Desde la última vez que fue entrevistada por elDiario.es, en octubre del año pasado, Maricarmen ha perdido gran parte de la movilidad y se ayuda de un caminador para moverse. “He tenido un problema bucal que creo que me ha afectado pero también el desgaste, la ansiedad, la angustia de estar luchando. He perdido tanta masa muscular que no puedo casi ni caminar. No me puedo tener en pie. El otro día fui a la manifestación en silla de ruedas, pero al menos fui. Que es lo que tiene que hacer la gente, salir a protestar. Y yo puedo ser la mecha que enciende una primera vela, pero detrás tienen que venir muchas velas y que la gente no se marche” clama. 

Los propietarios, Urbagestión, se escudan en la sentencia del Supremo, que dice que el contrato de arrendamiento quedó extinguido tras la muerte de la madre de Carmen, ya que ella no tiene el 65% de minusvalía que le concedería la posibilidad de una segunda subrogación. Y aseguran que la última renta la pagó Maricarmen en 2024 y que fue de 203 euros y no de 500. 

A pesar del desgaste físico y la angustia de luchar para que no te echen de casa, Maricarmen mantiene una energía intacta y no se deja contagiar por el derrotismo. Y el conocer a una nueva red como el Sindicato de Inquilinas, reconoce, le ha dado fuerzas. “Me han conducido y han estado siempre a mi lado. Es mi familia. Por eso a personas que estén en la misma situación que yo les digo que vayan al sindicato de inquilinas y se informen, que no se vayan por miedo. Porque yo puedo ser una primera vela, pero una persona sola no hace nada, detrás de mí tienen que venir muchas otras velas”, concluye.

La apuesta de las administraciones públicas por la vivienda pública todavía no se refleja en las construidas y entregadas, pero sí que marcan ya hitos en licitación. Durante el primer trimestre de 2026, las Comunidades Autónomas licitaron 465 millones con fondos del Estado para vivienda pública, lo cual equivale al mejor primer trimestre desde 2008, primer año del que se guardan registros en la publicación del Ministerio de Transportes. Es un 44% más que el primer trimestre del año pasado. Las licitaciones directas del Estado están agrupadas en otras obras y las de Comunidades Autónomas tampoco están desglosadas por lo que cada administración invierte en vivienda, de forma que no se publica dónde se han licitado más viviendas. A este ritmo, España aspira a superar los 1.000 millones de euros en licitaciones por primera vez desde 2008.

Fuentes del Ministerio de Vivienda estiman una posible mejora en el segundo semestre por la prórroga de los fondos de los Planes de Recuperación, Transformación y Resiliencia y por la primera entrega del Plan Estatal de Vivienda, pero alertan que las licitaciones dependen de otras variables y del trabajo de las Comunidades Autónomas, por lo que no se puede garantizar esta cifra. Aparte del Plan Estatal, el arranque de licitaciones de Casa 47 también debe sumarse a esta tónica ascendente.

En total, se licitaron 173 millones de euros en vivienda pública en enero, 122 en febrero y 166 en marzo para viviendas familiares públicas. En enero de 2025 se licitaron 163 millones, 26 en febrero y 132 en marzo, hasta alcanzar un total de 323,7 millones en el primer trimestre del año pasado, 141,3 millones menos que en el primer trimestre de este año. Dos años atrás, en 2024, la cifra se hunde a 147 millones, mientras que en 2023 un prolífico mes de marzo permitió unas cifras similares a las actuales con 437 millones.

Si miramos el cómputo anual, ya 2025 marcó un punto álgido desde antes de la burbuja, con 959 millones licitados, por los 750 en 2024 y los 458 en 2023, brusca bajada con respecto a los 800 millones de 2022. De ahí hacia atrás, la licitación pública ha estado por debajo de los 500 millones desde el año 2010, cuando alcanzó los 665 millones. Al punto más bajo de esos años en caída se llega en 2016 con 159 millones, mientras que en 2020 y 2021 se superan los 400 millones.

El incremento de licitaciones públicas se empezó a traducir en la construcción a partir de 2018, cuando se empiezan a superar las 10.000 unidades construidas hasta un máximo de 14.000 viviendas en 2024. No obstante, se desplomó un 22,7% en 2025 hasta las 11.104 viviendas. El tiempo promedio para construir vivienda en España después de su licitación es de entre 18 y 24 meses, por lo que las licitaciones récord de 2026 deben empezar a reflejarse en construcción de obra pública a partir de finales de 2027.

Para entonces, ya debe estar en marcha el Plan Estatal de Vivienda, que prevé 2.800 millones de euros adicionales para construir y movilizar vivienda pública hasta 2030, que se cofinanciará entre el estado y las Comunidades Autónomas. Teniendo en cuenta que construir una vivienda pública cuesta de media entre 80 y 130.000 euros, se puede estimar que los 465 millones licitados pueden servir para construir unas 4.600 viviendas.

El Ministerio de Vivienda ha dado por finalizada la recuperación del silo de Santa Amalia (Badajoz), a través del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos (PIREP), con su inauguración este viernes como nuevo espacio cultural.

La actuación, que ha rehabilitado 737 metros cuadrados, ha estado financiada con fondos Next Generation EU al 77% y ha permitido alcanzar un ahorro energético del 48,2% en el edificio.

La directora general de Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, María Teresa Verdú, ha inaugurado el proyecto de rehabilitación energética integral de dicho silo en el que su departamento ha invertido 885.765 euros. El programa ha permitido transformar equipamientos públicos esenciales como centros culturales, educativos y administrativos, impulsando la rehabilitación integral de edificios públicos en toda España con el objetivo de mejorar la eficiencia energética y la calidad arquitectónica.

La intervención en Santa Amalia ha mantenido la identidad industrial del silo al conservar al máximo la estructura original y mejorar su eficiencia energética. Además, ha dotado al edificio de las instalaciones necesarias para convertirlo en un nuevo espacio multifuncional que albergará un salón social, una cafetería y un museo local, acogiendo actividades culturales, sociales y educativas.

En su intervención, Verdú ha destacado que la rehabilitación de este silo con la ayuda de los fondos europeos “demuestra cómo, a través de la arquitectura y de políticas públicas bien orientadas, se puede transformar el entorno, recuperar patrimonio y mejorar la calidad de vida de las personas, en línea con los principios de la Ley de Calidad de la Arquitectura”.

En este sentido, la directora general ha recordado que “solo en Extremadura se están impulsando 24 actuaciones con una inversión de más de 19 millones de euros a través del Programa PIREP, a los que hay que añadir los más de 80 millones de inversión en rehabilitación y nueva construcción de vivienda del PRTR, y los 210 millones de euros del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 destinados a la región.

A su juicio, estos son un “reflejo del compromiso de todas las administraciones con la transición ecológica y la mejora del parque público edificado”.

Un referente en la región

Para el Ministerio, este edificio de Santa Amalia, ubicado en la entrada de la localidad, ha sido un referente histórico y cultural de la región desde su construcción en la década de 1960. Originalmente concebido como un silo industrial, con el tiempo quedó en desuso y sufrió un considerable deterioro, convirtiéndose en un símbolo de la degradación del paisaje industrial, ha expuesto.

“Ante esta situación, su rehabilitación se hizo urgente, no solo para conservar su legado, sino también para recuperar su valor como elemento arquitectónico”, según ha apuntado.

Según Vivienda, la mejora no sólo ha sido estética y energética del edificio, sino que también ha incorporado una serie de medidas sostenibles, de accesibilidad universal, climatización eficiente y renovación de carpinterías y sistemas.

El acto ha contado también con la presencia del delegado del Gobierno, José Luis Quintana, y la alcaldesa de Santa Amalia, Raquel Castaño. 

Abandonar el hogar familiar nunca ha sido tan difícil para los jóvenes. Y no es una manera de hablar. El alquiler promedio de un piso se come el 98,7% del sueldo de un joven y eso empuja a la tasa de emancipación juvenil a mínimos históricos: solo un 14,5% de los jóvenes menores de 29 consiguieron emanciparse en 2025. El sueldo medio es de 1.191 euros entre los jóvenes y el alquiler medio, de 1.176 euros. A quien se aventurara, le quedarían 15 euros para vivir. La edad media ya alcanza los 30,2 años, según el Observatorio de Emancipación publicado este viernes por el Consejo de la Juventud de España.

Estos 30,2 años ya rebasan incluso la consideración estadística de juventud, alerta el duro informe basado en la Encuesta de Condiciones de Vida del INE. Alerta, además, que el alquiler por habitaciones ha crecido un 85,4% desde 2022, con cifras de Idealista, lo cual permite a los caseros elevar su rentabilidad.

Ni el aumento del salario medio de los jóvenes de un 1,7% hasta los 14.292 euros anuales, ni el mayor descenso del desempleo juvenil desde antes de la crisis de 2008 hasta el 17,2% atenúan una crisis de vivienda en que los precios crecen mucho más que los indicadores laborales.

El precio de compraventa crece también a ritmos altísimos y no es una alternativa al alquiler, sobre todo porque exige una gran cantidad de ahorros para alcanzar el 30% recomendado de entrada para la hipoteca. Con la vivienda protegida estancada y la vivienda libre a un precio medio de 223.000 euros (un 13% más que el año anterior), una persona joven necesita dedicar su salario íntegro durante 15,6 años para comprar en propiedad. Las cifras de precios promedio se disparan aún más en grandes ciudades y áreas metropolitanas.

El alquiler sigue siendo, por tanto, la forma más común de tenencia entre los jóvenes que se independizan, con un 55%, entre los cuales predominan quienes comparten: un 33% frente al 19,7% de jóvenes que se emancipan solas. Todo ello teniendo en cuenta que solo el 25,2% de las personas jóvenes con empleo estaban emancipadas del hogar familiar en 2025, lo que implica más de 7 de cada 10 viviendo aún en el hogar familiar.

En contra de los prejuicios generacionales, existen más personas que estudian y trabajan (un 33% del total de personas ocupadas), que ninis, personas que no hacen ni una cosa ni la otra y que desde que se reactivó la economía han ido descendiendo hasta el 2,2% actual.

Pero los bajos salarios de la juventud y su dificultad de acceso a la vivienda la convierten, tras la infancia, en el segundo grupo más vulnerable de la sociedad. Un 29,3% de las personas jóvenes están en riesgo de pobreza o exclusión social con cifras de 2025, situación que afecta incluso a un 19,9% de las personas jóvenes con empleo.

Entrando al detalle de las cifras de emancipación joven, existen en España 7,3 millones de jóvenes de entre 16 y 29 años, un 1,1% menos que el año pasado y un 17,7% de la población. De ellos, un 86,60% viven en el hogar de sus padres o se benefician de los ingresos familiares, o sea, 6,3 millones de jóvenes. La tasa está 20 puntos por encima de la media europea (que es del 68,5%) y la edad cuatro años por encima, entre los 30,2 en España y la media europea de 26,3. Los hombres se independizan un año después que las mujeres en España: 30,8 contra 29,6 años de media.

Pocos minutos después de que las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP votaran este jueves a favor del Plan Estatal de Vivienda que busca repartir 7.000 millones para políticas de vivienda al mismo tiempo que amenazaban con llevarlo al Supremo por invasión de competencias, el alto tribunal publicaba una sentencia que tumbaba el registro único de pisos de alquiler de temporada y habitaciones por el mismo motivo: las competencias son de las comunidades. El Ministerio de Vivienda acató la sentencia, pero reivindicó la norma y acusó a los gobiernos del PP de que “les molesta más quién persigue el fraude que el fraude”. Esta no ha sido ni la primera ni la última sentencia del Supremo que frena medidas estatales en vivienda a petición del PP: ya son varios los gobiernos autonómicos que amenazan con llevar a la justicia los requisitos que impone el Plan Estatal.

La principal condición cuestionada es la obligatoriedad de que la vivienda protegida (VPO) sea indefinida en todas las viviendas que se hagan con fondos estatales. “Es inconstitucional”, decía el consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, pocos minutos antes de votar a favor del plan en la conferencia intersectorial de este jueves, y amenazaba con llevarlo al Supremo. De hecho, la inconstitucionalidad de que el Gobierno imponga la vivienda protegida para siempre la determinó el alto tribunal tras un recurso de la comunidad en Andalucía en 2024 y la sentencia impidió que esta condición estuviera en la Ley de Vivienda. Pero fuentes del Ministerio advierten que esto es diferente, porque “no se impone a las comunidades que hagan su vivienda protegida indefinida, sino que tan solo aplica a las que se hagan con los fondos estatales”. El Supremo, cuando llegue el recurso, tendrá la última palabra.

Pero el recurso de la Comunidad de Madrid puede no ser el único que llegue al Supremo. La comunidad de Murcia también estudia un recurso ante la justicia y, a preguntas de elDiario.es, también la Junta de Extremadura reconoce que “está estudiando jurídicamente si varias de las medidas incluidas en el plan invaden competencias autonómicas”. Más allá de la vivienda protegida indefinida, el Plan Estatal pone como requisito compartir datos en tiempo real de los precios de los alquileres, algo posible sobre todo en aquellas que recogen las fianzas de los contratos. Lo que pasa es que Andalucía, Extremadura y Murcia ya no recaudan la fianza y permiten a arrendadores y arrendatarios que lo gestionen por ellos mismos.

El problema de los datos públicos de alquiler

“Los datos de los que dispone Extremadura sobre alquileres son estimatorios”, reconocen fuentes de la Junta de Extremadura, que admiten que el requisito de publicar datos oficiales también está siendo estudiado para llevarlo al Supremo. El ejecutivo de Murcia, que tampoco recauda fianzas, asegura que “se ha planteado esta cuestión al Ministerio en diferentes ocasiones y nos han trasladado que en las diferentes comisiones bilaterales se podrán acordar fórmulas para comunicar estos datos”. La forma en que se consigan los datos puede ser otra fuente de tensión para tirar adelante el Plan Estatal.

La sentencia del Supremo sobre el registro único, con todo, avala al Gobierno, ya que aunque tumba el registro único sí que reconoce la competencia estatal de recabar datos de las comunidades, en ese caso sobre los alquileres turísticos y de temporada.

Paradójicamente, la guerra está servida ante el primer gran consenso en vivienda entre PSOE y PP. Una mano la ponen los gobiernos populares para recibir los fondos estatales y la otra la utilizarán para, de nuevo, poner trabas judiciales a los requisitos que pone el estatal.

También afean los populares al Gobierno que exigen a las comunidades multiplicar por seis su aportación de fondos mientras ellos solo la duplican, resultado de la financiación conjunta de los planes que prevén un 60% de aportación estatal y un 40% autonómica. Juntos sumarán 7.000 millones hasta 2030, de los cuales un 40% serán para construcción de vivienda nueva, unos 2.800 millones, mientras que un 30% irán a la rehabilitación y otro 30% a ayudas como el incentivo a propietarios para poner pisos en alquiler asequible, la movilización de vivienda en zonas rurales o las subvenciones a las entradas de hipotecas destinadas a primera vivienda.

El plan contempla ayudas a la industrialización de vivienda para hacerla más sostenible y agilizar su construcción, financiación de vivienda pública para promotores privados, ayudas para urbanizar suelos que incorporen al menos un 40% de vivienda protegida y sumas específicas para constructores en zonas tensionadas. Las comunidades contarán con ayuda estatal para comprar vivienda a particulares y ponerlos en alquiler. También contempla ayudas a personas vulnerables y a mujeres víctimas de violencia de género.

Más allá del Plan Estatal, la tensión por las competencias de vivienda es habitual. Ha impedido que se pueda aplicar el tope a los precios del alquiler en la mayoría de comunidades y en todas las que lidera el PP. En el congreso, el partido de derechas tampoco da apoyo a ninguna de las medidas que se presentan, lo cual sumado al boicot generalizado de Junts hizo que se tumbara la prórroga extraordinaria a los contratos del alquiler y que estén en el cajón medidas como la limitación de compra a los grandes fondos y la subida de impuestos a socimis o la regulación de los pisos de temporada y habitaciones, que sirven a los caseros para burlar la ley.

Andalucía ha aceptado los criterios de reparto de los fondos incluidos en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que prevé una inversión de 1.197 millones de euros, pero a la vez ha anunciado que está revisando “jurídicamente” este acuerdo y deja la puerta abierta a la presentación de un recurso. “No estamos de acuerdo con cómo se ha hecho la financiación”, sentido en el que el Gobierno andaluz en funciones señala que la inversión de Andalucía se “multiplica por seis” mientras que la aportación del Estado lo hace por dos.

Esto es así porque el plan contempla que el Ejecutivo central asuma el 60% de la inversión prevista, mientras que las comunidades autónomas aportarán el 40% restante. Pero esto supone que las autonomías tengan que hacer un esfuerzo mayor que en los anteriores planes, en los que aportaban el 25% del presupuesto y el resto lo ponía el Estado. Con la nueva distribución, el Gobierno aportará 718 millones de euros y eso obliga a la Junta a poner sobre la mesa 479 millones de euros.

La decisión se ha tomado en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, en la que por lo pronto la Junta ha aceptado los criterios de reparto de fondos, que supone un 17,10% para Andalucía, el mismo porcentaje que figuraba en planes anteriores. Así lo ha anunciado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en funciones, Rocío Díaz (PP), que –eso sí– ha expresado su “disconformidad” por la “obsesión del Gobierno de España por imponer su modelo de vivienda sin negociación ni consenso con las comunidades autónomas”.

Críticas al modelo de financiación

Todas las comunidades del PP han acabado aceptando el nuevo plan, aunque varias de ellas no descartan recurrirlo ante el Tribunal Supremo. Una de ellas es Andalucía, sentido en el que Díaz ha anunciado que los servicios jurídicos de la consejería están revisando el contenido del plan estatal porque “no estamos de acuerdo con cómo se ha hecho la financiación”, dejando abierta la puerta a la asunción de medidas en este sentido.

La consejera en funciones, asimismo, ha cargado contra el calendario, ya que el nuevo plan “debía estar en marcha desde el 1 de enero” y, sin embargo, “llega con casi cinco meses de retraso”, lo que ha condicionado el desarrollo de las convocatorias y ayudas previstas para 2026. De paso, ha reclamado al Ministerio de Vivienda que aumente su participación económica.

Andalucía recibirá hasta 2030 una inversión total de 1.197, de los que 136,8 millones corresponden a la anualidad del presente ejercicio. El objetivo es desarrollar políticas públicas de vivienda en la región. El compromiso que se adquiere es que al menos un 40% de esos fondos se dedicarán a la construcción y adquisición de viviendas, un 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente y el 30% restante a garantizar la protección de los colectivos y territorios que más lo necesiten.

“Consenso histórico”

Y si Rocío Díaz ha denunciado la falta de negociación, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez (PSOE), ha celebrado que el plan supone “una clara muestra” de la “voluntad de diálogo y consenso” del Gobierno central. “Prueba de ese modelo de consenso, diálogo y acuerdo” son las 28 reuniones mantenidas con las comunidades autónomas en torno al contenido del documento, así como los encuentros con entidades, agentes sociales y expertos. Fruto de esos encuentros, se han recibido 365 aportaciones que se han estudiado e incorporado a la redacción final, y hasta el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), ha celebrado el “consenso histórico” entre las comunidades autónomas y el Ejecutivo central.

No lo ve así la consejera en funciones, que ha criticado que “ni siquiera conocemos la valoración del Ministerio de Vivienda sobre las 22 alegaciones que Andalucía presentó en el mes de octubre”. Por eso, ha insistido en que, mientras se aceptan los criterios de reparto de los fondos, se está revisando y estudiando el plan por parte de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía.

De paso, ha cargado contra un plan estatal que considera que está “más preocupado por la foto de una primera piedra o de una entrega de llaves que por ofrecer soluciones reales para el acceso a la vivienda”, en alusión a la advertencia de retirar fondos estatales si no se da visibilidad a la aportación del Ministerio. En ese sentido, ha defendido que “Andalucía siempre ha sido leal, informando en todo momento de las ayudas y promociones”.

La Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana celebrada este jueves ha alcanzado el acuerdo unánime de todas las comunidades y ciudades autónomas para aprobar la distribución final de los fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que darían a Castilla-La Mancha 280 millones de euros en el periodo 2026-2030 para construir vivienda pública y rehabilitar.

El nuevo Plan movilizará una inversión de 7.000 millones de euros, de los que 800 millones corresponden a la anualidad de 2026. En el caso de Castilla-La Mancha, la asignación para 2026 será de 32 millones de euros, mientras que la distribución global movilizará una inversión de 280 millones de euros hasta 2030 para desarrollar políticas públicas de vivienda en la región.

Esta cifra supone 205 millones más que la recibida en el plan 2022-2025. Para recibir tal cantidad de dinero, el Ejecutivo nacional impondrá a Castilla-La Mancha tres condiciones.

La primera es que las nuevas viviendas de protección oficial (VPO) no pierdan su condición en unos años y estén blindadas para siempre. La segunda es que deberá compartir más datos sobre vivienda y facilitar información en tiempo real al Ministerio sobre los contratos de arrendamiento en el registro de fianzas, para conocer el número de alquileres en vigor, su precio, la rotación y la evolución de la oferta de forma trazable y real.

Además, el Gobierno de Sánchez exigirá a las comunidades que cofinancien en un 40% este plan. Las comunidades podrán hacer frente a dicha aportación autonómica con los fondos europeos que reciban para las políticas de vivienda.

Por último, el plan también incluye una cláusula antifraude para evitar escándalos como el sucedido recientemente en Alicante.

Modelo de corresponsabilidad entre comunidades y Gobierno nacional

“Es muy importante el mensaje que hoy lanzamos a la ciudadanía: distintas administraciones de distinto color político nos hemos puesto de acuerdo”, ha subrayado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez.

El nuevo Plan Estatal de Vivienda triplica los fondos que gestionarán las comunidades autónomas y establece un modelo de corresponsabilidad por el que el Gobierno de España aporta el 60% y las comunidades autónomas el 40% restante.

Además, al menos un 40% de esos fondos se dedicará a la construcción y adquisición de viviendas, un 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente y el 30% restante a garantizar la protección de los colectivos y territorios que más lo necesiten.

En ese sentido, el PEV incorpora mecanismos para blindar la protección permanente de todas las viviendas que se construyan con sus fondos, al tiempo que se garantiza la transparencia en las adjudicaciones de viviendas protegidas a través de una cláusula antifraude. Asimismo, el Plan incluye medidas destinadas al fomento de la cohesión territorial e impulsa un sistema de datos públicos para favorecer el acceso de la ciudadanía a información veraz y transparente.

Canarias, junto al resto de gobiernos de todas las comunidades autónomas del país reunidos este jueves en la conferencia sectorial de vivienda, ha aceptado la propuesta de reparto de los fondos del Plan Estatal de Vivienda, por lo que recibirá los importes en los próximos meses y podrá comenzar las actuaciones durante el segundo semestre del año.

Así lo ha confirmado el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana al finalizar la conferencia sectorial, que ha finalizado con una unanimidad ya prevista por la ministra, Isabel Rodríguez, tras declaraciones de los representantes autonómicos.

Desde el Ministerio consideran que el plan es un acuerdo “importante” por su contenido pero también “por el poderoso mensaje que lanza a la ciudadanía”, ya que diferentes administraciones han decidido “remar juntas”.

En declaraciones antes de su participación en la conferencia sectorial, Rodríguez ha declarado que este acuerdo supone una buena noticia “sobre todo para la ciudadanía” que lo está esperando junto a propuestas “eficaces que den certezas y seguridad a lo que hoy es su principal inquietud”.

“Han sido muchos meses de trabajo, de diálogo”, ha indicado Rodríguez, que ha puesto en valor que ha señalado que este plan ha contado con la participación no solo de las administraciones públicas sino también de la sociedad, los agentes del sector y que ha recibido hasta 400 propuestas de entidades sociales

La ministra ha puesto en valor que el plan acordado destina el 40% del presupuesto a aumentar la oferta de vivienda protegida de manera permanente, una cuestión que demuestra que “cuando se quiere y se trabaja en él”, es posible alcanzar acuerdos entre distintas administraciones.

Asimismo, ha descartado que el reparto de los fondos se vea afectado por los diferentes procesos electorales que se han celebrado ni en el caso de que se produjese un adelanto electoral en el Gobierno central. Las comunidades podrían recibir los importes para el mes de julio.

Con todo, desde el departamento ministerial esperan que este acuerdo “marque un punto de inflexión” a partir del que las comunidades autónomas “colaboren de forma leal con el Ministerio de Vivienda” para aplicar todas las medidas de la Ley de Vivienda que sirvan para bajar los precios del alquiler y “frenar la especulación”.

El plan está dotado con hasta 7.000 millones de euros, el triple que el anterior, y blinda las viviendas públicas con carácter permanente.

La propuesta del Ministerio mantiene los criterios de reparto utilizados en el anterior Plan Estatal. Además del 40% para vivienda protegida, el plan destina otro 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente a través de ayudas específicas y el 30% restante irá destinado a ayudas para la emancipación juvenil, la reducción de la tasa de esfuerzo financiero y la intervención en zonas tensionadas.

Además, el plan introduce el principio de protección indefinida de las viviendas públicas, de manera que los inmuebles que se adquieran y promuevan con fondos del plan tendrán la calificación de protegidos con carácter permanente.

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 contempla que el Estado asuma el 60% de la inversión prevista, mientras que las comunidades autónomas aportarán el 40% restante, lo que supone que las autonomías tengan que hacer un esfuerzo algo mayor que en los anteriores planes, en los que aportaban el 25% del presupuesto y el resto lo ponía el Estado.

No a la especulación con la vivienda pública

Este plan nace bajo el “paraguas” de la Ley por el Derecho a la Vivienda y persigue tres objetivos: construir, rehabilitar y proteger.

Para ello, el Gobierno blinda la vivienda pública y protegida para que nunca se pueda especular con ella, condicionando la financiación de viviendas a que estas sirvan siempre al interés general; incorpora la cláusula antifraude en las adjudicaciones y ofrecerá datos públicos sobre el mercado de la vivienda para que no provengan de “portales privados con intereses privado”.

Además, en un ejercicio de gobernanza participativa, el Consejo Asesor de Vivienda analizará el cumplimiento de este plan con carácter anual.

Asimismo, según indicó la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, el plan también realizará una labor fiscalizadora de todas las administraciones para que el Ejecutivo central no pierda el control del desarrollo de las viviendas que son financiadas con dinero público a través de articular canales de transparencia y de acción con carácter semestral para poder hacer seguimiento.

Esfueros por comunidades

En términos absolutos, Andalucía se sitúa como la comunidad con mayor dotación presupuestaria del nuevo plan, al alcanzar los 1.197 millones de euros, lo que supone un incremento de 877 millones respecto al plan previo. Le siguen la Comunidad de Madrid, con 1.113 millones (+815 millones), y Cataluña, con 1.015 millones (+473 millones).

Por su parte, Castilla y León contará con 378 millones de euros del presupuesto, tras sumar 277 millones adicionales, mientras que Canarias alcanzará los 371 millones (+272 millones). Galicia dispondrá de 399 millones, con un aumento de 293 millones, mientras que Castilla-La Mancha, recibirá 280 millones (+205 millones).

A Comunidad Valenciana le corresponderán 798 millones (+558 millones); Aragón, 266 millones (+195 millones); a Islas Baleares, 168 millones (+123 millones); y a Asturias, 231 millones (+175 millones). La Región de Murcia recibirá 308 millones, lo que supone un incremento de 258 millones.

A Cantabria le corresponderán 133 millones (+98 millones); a Extremadura, con 210 millones (+154 millones); y La Rioja, 266 millones (+195 millones).

Respecto a las ciudades autónomas, Ceuta contará con una dotación de 7 millones de euros, lo que representa un aumento de 4,7 millones, mientras que Melilla dispondrá igualmente de 7 millones, con un incremento de 2,8 millones respecto al periodo anterior.

Los gobiernos de las comunidades autónomas del PP votarán finalmente a favor del Plan Estatal de Vivienda, que se vota este jueves por la mañana en conferencia sectorial en el Ministerio de Vivienda y que prevé una inversión conjunta de 7.000 millones de euros para construir, rehabilitar vivienda y repartir ayudas a la ciudadanía. Después de duras críticas de “invasión de competencias” que ha mantenido a su llegada al ministerio, el consejero de Vivienda de Madrid, Jorge Rodrigo, ha hablado en nombre de las regiones presididas por el PP, que son mayoría y las que se mostraron más reticentes al plan, para adelantar el voto favorable de todas ellas. “Las comunidades del Partido Popular vamos a votar a favor”, ha dicho. Pero, al mismo tiempo, ha dicho que se reservan “futuros recursos pertinentes” ante el Supremo por la invasión de competencias.

Rodrigo ha criticado de todas formas que el plan “llega tarde” y que la ministra ha tenido “poco talante democrático”. Ha defendido como “inconstitucional” la imposición de la vivienda protegida indefinida, requisito indispensable para aplicar los fondos estatales que prevén 1.113 millones para Madrid en los próximos cuatro años. Los pactos deben aprobarse después con las condiciones concretas de las comunidades una a una en reuniones bilaterales.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha asegurado que pretende “desplegar cuanto antes” estos fondos que podrían aplicarse ya en el segundo semestre de 2026 y que no se verán afectados, ha pronosticado, por posibles cambios en los calendarios electorales como un adelanto de las elecciones generales. “Para avanzar en este objetivo el acuerdo es fundamental. Lo relevante es que hemos conseguido consenso”, ha defendido, así como se ha mostrado optimista con la posibilidad de llegar a nuevos acuerdos en materia de vivienda en el Congreso que puedan sumar prórrogas a los contratos de alquiler después de que decayera el decreto ley excepcional por la guerra.

El plan prevé una inversión conjunta de 7.000 millones en los próximos cuatro años, de los que el Gobierno aportará un 60% y las comunidades un 40%. El 40% irán destinados a construcción, el 30% a rehabilitación y el 30% restante a ayudas para hipotecas o para propietarios que pongan vivienda en alquiler asequible, entre otras. Para contar con los fondos, existen algunos requisitos como que la vivienda protegida financiada con este dinero sea pública de por vida o que las comunidades autónomas se comprometan a compartir la información sobre los precios de los alquileres.

Esta información oficial se suele basar en los registros de las fianzas, que Andalucía, Extremadura y Murcia ya no piden a los contratos de alquiler. La ministra ha defendido que los datos se pedirán con “respeto a las competencias autonómicas”, pero que espera “que la competencia no sea el impedimento”. “Lo que planteamos es que haya canales públicos” para tener información sobre los precios del alquiler. “Mediante las fianzas, las administraciones nos aportan datos sobre los precios y sobre las cláusulas, para que no sean abusivas. (...) Cuando se habla de la eficacia o no de medidas como el control de precios, se hace sin contraste científico porque solo se puede analizar con datos públicos donde hay fianzas”, ha añadido.

“Andalucía vuelve a encontrarse con un Gobierno de España que trata de imponer su modelo de vivienda. Tendríamos que tener ya el plan en marcha, desde enero, llega tarde”, ha dicho la consejera de Vivienda de Andalucía, Rocío Díaz, que ha criticado que el plan “multiplique por seis” la aportación de la Comunidad y solo “por dos” la aportación estatal. Díaz ha afirmado eso sí que la Comunidad acepta el 17,10% de aportación. “Estamos revisando el contenido jurídicamente”, ha alertado, así como ha criticado que el plan “no ha sido consensuado”, en contra de lo defendido por la Ministra. “En Andalucía presentamos 22 alegaciones a las que no se ha respondido”, ha añadido.

Un grupo de vecinos y vecinas de las viviendas de la calle Yedra, 8 de Toledo, en el barrio del polígono se han concentrado este martes a las puertas de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, donde la ministra de Vivienda Isabel Rodríguez, participaba en la presentación de un libro, para pedir su mediación en un conflicto que pondrá a varias familias en la calle dentro de poco menos de un mes.

El próximo día 9, se producirá el lanzamiento de una familia de cinco miembros por orden judicial y han querido trasladar a la ministra su problemática arropadas por personas que colaboran con la Unión Popular de Inquilinas e Inquilinos.

La historia de la promoción de 148 Viviendas de Protección Oficial (VPO) ubicadas en el barrio del Polígono de Toledo, conocidas popularmente como los “pisos negros”, se dilata en el tiempo desde que se entregaron las llaves entre los años 2012 y 2013.

Una promoción de GICAMAN, la empresa de Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha, concebido como proyecto social que ha derivado en una profunda crisis comunitaria, arquitectónica y judicial, debido a los problemas estructurales y de habitabilidad de estas viviendas que, casi desde el principiio, denunciaron los vecinos.

En el otro lado, la empresa pública reclama alquileres impagados y el conflicto judicial incluye también ocupaciones ilegales de las viviendas.

Hoy quienes las habitan han pedido la mediación de la ministra porque, mientras los residentes y colectivos como la Plataforma de Toledo por una Vivienda denuncian el deterioro de los edificios, piden detener los desalojos, reparar las instalaciones y adaptar los alquileres a la vulnerabilidad económica de las familias, la Administración regional argumenta que la gran mayoría de las viviendas arrastra deudas prolongadas y defiende la necesidad de recuperar los inmuebles para asignarlos legalmente a personas en lista de espera.

“Las familias están a la espera de una solución habitacional porque es urgente. Tenemos el día 9 de junio un desahucio anunciado de una familia con cinco hijos y luego a partir de ahí hay muchísimos avisos de desahucio, uno detrás de otro”, relataba Germán Peiro, uno de los participantes en la protesta.

Asegura que se trata de una cuestión “colectiva” y rechaza las negociaciones individuales. “Se les debe dar una solución política”, ha comentado para, a renglón seguido, acusar a la empresa pública GICAMAN de “dejación de funciones” y de “mala praxis” en la gestión de estas viviendas públicas.

No es el único caso: “Hay acoso a vecinos del Casco Histórico” 

Estas plataformas reclaman seguir dialogando con las familias, en esta y en otras zonas de la ciudad porque, advierten, el de Yedra 8 no es un caso único cuando se habla de problemas con la vivienda.

“Ahora mismo, por ejemplo, en el Casco Histórico, sin decir calles, tenemos varios. No son tanto amenazas como un desahucio, pero sí presiones por parte de nuevos propietarios de edificios para que los inquilinos de años, incluso de 23 años viviendo ahí, se vayan”.

No hablan de negociar el alquiler, explica Peiro, “sino simplemente que se vayan porque lo han comprado y lo van a dedicar a alojamiento turístico” y pone sobre la mesa que “hay bastantes familias aquí en Toledo en esta situación, en el Casco Histórico, y no es una ni dos”.

Palomarejos o pisos troceados para alquilarlos por habitaciones

Después ha citado otro “problema” en el barrio de Palomarejos. “Los pisos grandes, que son muy buenos para familias con muchos hijos, lo que están haciendo es partirlos por habitaciones y alquilarlos por habitaciones a un dinero que es equivalente a lo que costaría solo un piso”.

Habla de “alquileres en fraude” y reclama “una inspección real y efectiva de todos estos fraudes de ley que se están cometiendo”. En este aspecto proponen a las Administraciones públicas que “trabaje con estos caseros que quieren hacer estas divisiones para que no les dejen hacerlo. Es un fraude de ley”, ha insistido.

Pedimos una inspección real y efectiva de todos estos fraudes de ley que se están cometiendo

Piden que Toledo sea zona tensionada

También solicitan que se declare a Toledo como “zona tensionada” porque, asegura, “hay un acoso por parte de grandes tenedores, por parte de grandes empresarios del turismo a las familias que viven en el Casco Histórico”.

Otra de las reivindicaciones pasa por “dar una solución urgente a la escalada de precios absolutamente descomunal que se está produciendo, y que impide que personas que ni siquiera estamos calificadas como vulnerables por parte de los servicios sociales, podamos seguir viviendo en nuestra ciudad”.

Hay que dar una solución urgente a la escalada de precios absolutamente descomunal que se está produciendo, y que impide que personas que ni siquiera estamos calificadas como vulnerables por parte de los servicios sociales, podamos seguir viviendo en nuestra ciudad

Ha puesto como ejemplo “el caso de personas de más de 50 años que se van a ver abocados, después de hacer toda una vida en su casa, a volver a vivir en pisos compartidos, como si fueran estudiantes porque les están echando”.

El compromiso de la ministra para “mediar”

Germán Peiro asegura que tras un breve intercambio de palabras con la ministra, se ha comprometido a mediar, “en el caso concreto de GICAMAN” y los desahucios previstos. “Se ha comprometido a mediar en los desahucios inminentes que hay, a interesarse por el problema e intentar buscarle unas vías de solución”.

Vecinos como él aseguran estar cansados de una respuesta que se repite. “Normalmente nos dicen que no es su competencia. Mira, esto es competencia de todos”, afirma tajante, para rechazar las medidas que se han puesto para la mesa. “No es un problema de construir más, de volver a dar el dinero a los constructores y se trata de darnos ayudas que no resuelven. Dentro de tres años estaremos en las mismas porque los precios van a seguir escalando”.

Una manifestación el 27 de mayo

La Unión Popular de Inquilinos y la Plataforma por la Vivienda Digna de Toledo han convocado una manifestación para el próximo 27 de mayo, a las 10 horas que partirá desde las viviendas vacías de la calle Guadalmena, 86 en el barrio del Polígono, hasta la sede de GICAMAN, pasando por la Delegación Provincial de Fomento.

“Quiero hacer un llamamiento a toda la población de Toledo, da igual el estado que tenga su situación actual, creo que es algo que nos afecta a todas y todos”, señalaba Germán, quien ha pedido apoyo ciudadano. “Que la gente venga a la manifestación, que se den cuenta de que es un problema estructural y sistémico que hay que resolver”, aseguraba.

Dentro del acto, en la sede de la Biblioteca regional de Castilla-La Mancha, la ministra charlaba con el gerente de la empresa pública de Vivienda de Navarra, Javier Burón, que presentaba libro y ambos han reivindicado la necesidad de contar con un parque público de vivienda protegido de forma permanente para no estar sujetos a los intereses de un mercado privado que hay que regular para evitar la especulación.

En este sentido, Burón ha aplaudido la puesta en marcha de instrumentos como CASA 47, la Entidad Estatal de Vivienda, para acompañar a las entidades autonómicas y locales en la conformación de ese parque público, así como para consolidar un modelo en el que la vivienda se considere un derecho y no un negocio.

El Consejo de Ministros autorizará este martes a la recién creada empresa pública de vividenda Casa 47 a licitar por 27,9 millones de euros el mayor plan urbanístico de viviendas públicas de Málaga, según ha podido saber elDiario.es con fuentes oficiales. Estarán, como ya anunció el Ayuntamiento, en el barrio de Buenavista, por un valor de 27,9 millones y que debe albergar hasta 1.362 viviendas de alquiler social, en las que los inquilinos no podrán gastar más de un tercio de su salario, según las normas de la empresa pública.

El Plan General de Ordenación Urbanística del Ayuntamiento de Málaga desbloqueó el pasado 6 de mayo la zona para destinarla al ámbito residencial con dotaciones de equipamientos públicos, zonas verdes y una ordenación orientada a la integración urbana y a la mejora de la movilidad sostenible en el área de Teatinos, situada al oeste del núcleo urbano de la ciudad.

El sector cuenta con 27,24 hectáreas y dedicará una red viaria de 108.206 m², 48.923 m² de zonas verdes, equipamientos públicos y un máximo de 1.362 viviendas distribuidas en 14 parcelas residenciales, con criterios de sostenibilidad ambiental, gestión eficiente del agua y fomento de la movilidad activa.

El Consejo de Ministros, que debe aprobar todos los proyectos de más de 12 millones, aprobará este martes la licitación para que las empresas entren a competir para construir el complejo residencial.

Casa 47 nació el pasado año para erigirse como la nueva empresa de vivienda pública estatal, con presupuesto propio y capacidad de ampliar el parque de vivienda asequible, especialmente de alquiler. Gestionará hasta 40.000 viviendas de la Sareb y absorberá suelo para construir hasta 55.000 más.

El año pasado, Casa 47 lanzó 1.600 viviendas y a principios de año la ministra, Isabel Rodríguez, anunció que licitaría 2.800 inmuebles nuevos durante el primer trimestre.

Paralelamente, avanza la gestión de 4 lotes de 15.000 viviendas en diferentes puntos de España y que repartirán 55 millones entre las empresas, con Solvia, Emerald, Provivienda, Serveo Savills y Habitat 3 como principal finalista.

Entre los proyectos más sonados de la empresa pública están las viviendas del nuevo barrio de Campamento en Madrid, con al menos 10.700 nuevas viviendas en un terreno de 211 hectáreas cedido por el Ministerio de Defensa.

Dos semanas y media después de que PP, Vox y Junts tumbaran la prórroga de los alquileres, la puesta en marcha de otro decreto sigue lejos. No obstante, tanto el Ministerio de Vivienda como Sumar y Junts han empezado a perfilar su posición para intentar pactar un nuevo paquete de medidas de vivienda, aunque la posición de la que parten los tres actores es sensiblemente diferente: Sumar deja claro que no va a renunciar a poner en marcha la prórroga, pero el ala socialista del Gobierno no la ve prioritaria y apuesta por centrar el nuevo decreto en la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones. Junts, por su parte, insiste en que su condición previa para sentarse a hablar es que se acepten sus exigencias en materia fiscal, desde las deducciones fiscales a quienes paguen alquiler o hipoteca al IVA franquiciado para los autónomos.

Sumar lleva semanas presionando públicamente al PSOE para que acepte poner en marcha un nuevo decreto argumentando que, en esta ocasión, hay opciones de que Junts termine apoyándolo si también se incluyen en el texto algunas de sus exigencias. Pese a que los independentistas fueron uno de los partidos que derribó el decreto de prórroga de los contratos de alquiler al mismo precio, en las últimas semanas han mostrado una postura ambivalente y han abierto la puerta, al menos, a hablar. Y, para escenificar este acercamiento, Sumar anunció el lunes de la semana pasada que planeaba “elaborar” una nueva propuesta que incluyera algunas de las exigencias de los de Carles Puigdemont para intentar atraerlos a apoyar la extensión de los arrendamientos.

No obstante, dos semanas después no ha vuelto a haber noticias de esa promesa ni los contactos han dado frutos y fuentes tanto de Sumar como de Junts admiten que sus conversaciones no han registrado avances. “Seguimos con ello”, pero “de momento no hay mucha novedad”, explica un dirigente del espacio que lidera Yolanda Díaz, mientras otro del partido independentista coincide en que no se ha dado “ningún” paso adelante en los últimos días.

El miércoles, eso sí, Junts insistió en que está abierto a negociar sobre vivienda si se respeta su exigencia sobre desgravaciones fiscales. Pero aunque no ha rechazado expresamente hablar de la prórroga de los alquileres o de la regulación de los arrendamientos temporales, los antecedentes no son halagüeños. En el debate de hace dos semanas y media, Junts tachó de “estética” la primera medida. Y durante la tramitación de la ley para regular los alquileres de temporada —que se encuentra varada en el Congreso—, ha intentado descafeinar la norma proponiendo una regulación mucho más laxa que la que planteaba la izquierda.

Sea como fuere, y aunque haya sido Sumar quien más ha presionado públicamente para retomar las conversaciones con Junts, es el PSOE la formación que tiene la sartén por el mango para desbloquear la situación. Como la mayor parte de las reivindicaciones de los independentistas son en materia fiscal, el protagonismo recae particularmente en el Ministerio de Hacienda, que es el que tiene la última palabra en estos asuntos. No obstante, el Ministerio de Vivienda reclama su papel en las negociaciones, y la ministra Isabel Rodríguez ha insistido en los últimos días en que ya ha empezado a mantener contactos con los diferentes partidos y en que existe una “oportunidad” para llegar a un acuerdo con Junts si la formación acepta negociar algunas de las propuestas del Gobierno a cambio de sus reivindicaciones.

El problema es que el Ejecutivo no tiene una posición unívoca sobre cómo debe abordar esa negociación con Junts. Vivienda insiste en que no descarta incluir ninguna medida en el decreto que se negocie, tampoco la prórroga de los alquileres, pero fuentes del departamento deslizan que “lo que se lleve tiene que poderse aprobar”, lo que evidencia su escasa confianza en que los independentistas acepten la prórroga que tumbaron hace tres semanas. Bajo esa argumentación, el ala socialista del Gobierno es partidaria de centrarse en regular por decreto el alquiler temporal y por habitaciones, que el PSOE considera que es el verdadero agujero negro que provoca que el mercado del alquiler se encuentre disparado.

Sin embargo, renunciar a la prórroga de los alquileres es una línea roja para Sumar, que ha defendido esta extensión de los contratos como su medida estrella desde finales del año pasado. Fuentes de la formación que lidera Yolanda Díaz explican que eso no significa que estén en contra de regular el alquiler de temporada y por habitaciones, pero aseguran que ambas medidas, prórroga de los contratos y regulación de los arrendamientos temporales, son igualmente “urgentes e imprescindibles”. De hecho, la propia Sumar presentó el año pasado una ley en esta dirección en el Congreso junto a socios de izquierdas como ERC, EH Bildu o Podemos, y la legislatura pasada Unidas Podemos peleó hasta el final para incluir esta regulación en la ley de vivienda, un extremo que rechazó el PSOE. 

Una diferencia ideológica, no solo estratégica

Lo cierto es que, además de una discrepancia estratégica sobre cómo debe abordarse la negociación, entre las dos alas del Gobierno existe una importante diferencia ideológica en relación al mercado de la vivienda. Al menos una parte del PSOE nunca ha visto con buenos ojos una medida como la prórroga de los alquileres, que consideran que no gusta —e incluso perjudica— a una parte de su electorado. Y buena muestra de ello fue el episodio de tensión que se produjo en el Consejo de Ministros en el que se aprobó el decreto que contenía la extensión de los contratos de arrendamiento, cuyo inicio se retrasó porque los ministros de Sumar se negaron a entrar al mismo si el presidente Pedro Sánchez no accedía a aprobar esa reclamación.

Ese ha sido, tan solo, el ejemplo más extremo de las discrepancias entre las dos partes del Ejecutivo en relación a la vivienda, pero no el único. Estas diferencias se han evidenciado a lo largo de la legislatura con asuntos como los incentivos fiscales a caseros —promovidos por el PSOE y rechazados por Sumar, que, sin embargo, ahora los acepta si es a cambio de que Junts apoye la prórroga de los alquileres— o la propuesta de los de Yolanda Díaz de condicionar la entrega de fondos a las comunidades a que estas apliquen los topes de precios al alquiler. De hecho, Sumar llegó a pedir el pasado octubre la dimisión de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, aunque se arrepintió en apenas unas horas tras el enfado que expresó públicamente el PSOE.

En 2024, último año del que hay datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), los precios de los nuevos contratos de alquiler subieron un 8,8%. Nunca desde 2021 (año desde el que se contabiliza esta variable) los nuevos contratos habían subido tanto. Si en 2021 lo hicieron un 3,5%, en 2022 subieron un 5,3% y en 2023 se moderaron al 4,1%. El acumulado lleva a una subida del 12,9% en cuatro años en los contratos nuevos, por el 10,4% del alquiler en general. La prórroga de los alquileres, precisamente, atenuaría estas subidas porque permitiría a los inquilinos cuyo contrato venza en 2026 o 2027 extender al mismo precio su contrato por dos años.

El Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha (COACM) celebrará el próximo 19 de mayo, en su sede de Toledo, una jornada informativa dedicada a EUROPAN 19, la nueva edición del concurso europeo de arquitectura, urbanismo y paisaje dirigido a jóvenes profesionales menores de 40 años.

La iniciativa, organizada en colaboración con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), servirá para presentar en Castilla-La Mancha la próxima convocatoria de EUROPAN España y acercar tanto a administraciones públicas como a arquitectos, urbanistas y paisajistas las posibilidades que ofrece este programa europeo, “considerado uno de los certámenes internacionales de mayor prestigio e influencia en el ámbito de la arquitectura contemporánea”, según señalan desde el COACM.

Un encuentro para reflexionar sobre cómo habitar y transformar las ciudades

La jornada tendrá lugar el próximo martes 19 de mayo a las 19:00 horas en el Salón de Actos del COACM, en Toledo, y contará con la participación de representantes institucionales, técnicos vinculados a EUROPAN y profesionales que compartirán experiencias desarrolladas en anteriores convocatorias. Intervendrán la decana del COACM, Elena Guijarro Pérez; la consejera técnica del MIVAU Carmen Moreno Balboa; la directora general de Planificación Territorial y Urbanismo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Silvia López Martín; representantes municipales y miembros de equipos premiados en anteriores ediciones del concurso.

El encuentro permitirá profundizar en el contenido de EUROPAN 19, que se desarrollará bajo el lema “Resourcing 2 / La ciudad renacida 2 / Vivir juntos”, una propuesta que plantea reflexionar sobre nuevas formas de habitar y transformar las ciudades desde criterios de sostenibilidad, convivencia ecológica, reutilización de recursos y adaptación a los retos climáticos y sociales contemporáneos.

Además de presentar el funcionamiento y calendario de la convocatoria, la jornada pondrá el foco en la búsqueda de nuevos emplazamientos urbanos en Castilla-La Mancha susceptibles de incorporarse al concurso europeo, promoviendo la participación de ayuntamientos y administraciones interesadas en desarrollar soluciones innovadoras para ámbitos urbanos complejos o estratégicos.

Al finalizar la jornada se ofrecerá un vino español a los asistentes.

EUROPAN constituye desde hace casi cuatro décadas una plataforma europea de reflexión e innovación urbana que conecta a administraciones públicas y jóvenes equipos de arquitectura de distintos países europeos para generar propuestas capaces de afrontar los desafíos de las ciudades contemporáneas. Desde su creación, en 1988, el programa ha movilizado miles de propuestas arquitectónicas y urbanísticas en toda Europa.

En España, el Comité Nacional de EUROPAN está presidido por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y cuenta con la participación de administraciones públicas y entidades vinculadas al desarrollo urbano y territorial.

En una realidad, decenas de inversores en Youtube defienden el alquiler de habitaciones y de temporada porque, en palabras de la especuladora e influencer Paqui Mancilla, “no tienes que esperar 5 años a subir las rentas, cada vez que se marcha alguien, pum, subo el alquiler”.

En otra realidad, que no es paralela, sino transversal, asfixiada por la anterior, miles de trabajadores ven cómo el mercado de habitaciones se precariza, cómo cuartos “de lujo” alcanzan los 1.900 euros mensuales de precio y cómo compartir piso es una necesidad que se alarga cada vez más allá de la vida estudiantil y juvenil.

A sus 60 años, Youssupha Diop lleva 26, desde que llegó a España, compartiendo piso. El propietario de la vivienda que le alquila la habitación, que “tiene al menos cuatro pisos y todos los alquila por habitaciones”, dice, le quiere echar porque “quiere venderlos todos”. “¿Con mi sueldo, adónde voy a ir? Ahora, te piden al menos 600 euros por una habitación o más, la mitad de mi salario o más si no hago horas extra”, avanza, incapaz de afrontarlos pese a su doble empleo. Por la mañana es mediador de Cruz Roja y por la tarde, traductor judicial.

El contrato de Youssupha, como muchos de quienes comparten piso, no está sujeto a ninguno de los derechos de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Esa palabra ni siquiera aparece en la ley y los contratos se firman al margen, por el código civil, por el tiempo y condiciones que se pacte. Una de las exigencias de los movimientos sociales fue que se regulase el alquiler de temporada y el de habitaciones en la nueva Ley de Vivienda de 2023, pero no fue así.

Ahora, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, asegura que se trata de “una prioridad”, pero la regulación lleva meses pendiente de aprobarse, en un contexto de boicot de Junts que dificulta obtener mayorías para casi todo. Algunas comunidades como Catalunya y Navarra han regulado el alquiler de habitaciones y de temporada para vincularlo al tope de precios por ser zonas declaradas tensionadas, pero hay dificultades para aplicarlo, precisamente, porque el contrato de habitaciones elude las leyes de vivienda.

Una sentencia reciente en Cantabria reconoció que si el inquilino de una habitación no tiene otro lugar donde vivir (es también el caso de Youssupha), el contrato debe acogerse a los derechos de vivienda, como por ejemplo las prórrogas obligatorias. En el contrato de Youssupha, se especifica que la habitación es vivienda “habitual” e incluso la subida de precios por el IPC menciona a la LAU. Y hay cláusulas que muestran la vulnerabilidad de estas situaciones como la que establece que el propietario “puede enseñar la habitación a futuros inquilinos” y que para ello “el arrendador avisará con seis horas de antelación y se respetarán los cajones y armarios cerrados”.

La falta de intimidad, con propietarios que se incluyen en el contrato como inquilinos para poder entrar en las viviendas o que simplemente aparecen en el salón cuando quieren porque este lugar común no está estipulado como vivienda de nadie, es uno de los problemas recurrentes entre los inquilinos de esta modalidad. Su intimidad no está protegida, como sí lo está en la LAU. “Me gusta la libertad de poder entrar en el piso, el dinero que se gana con la rotación...es como un hotelito”, dice José Luis del Pozo, otro especulador que realquila habitaciones, en un vídeo de Youtube.

La precariedad arranca en el casting

La precariedad de alquilar habitación, de todas formas, arranca mucho antes de vivir en ella. En Idealista hay más de 8.000 anuncios de habitaciones en la ciudad de Madrid, oferta que supera las 7.700 viviendas habituales enteras en alquiler. Entre ellas, desde alquileres de camas para compartir habitación por entre 100 y 200 euros, ofertas para vivir solo en fin de semana destinadas a trabajadoras domésticas internas que durante la semana viven con la persona dependiente a quien cuidan, y habitaciones “de lujo” que alcanzan los citados 1.900 euros al mes.

En medio de estas, las ofertas más razonables, entre 450 y 550 euros por habitaciones espaciosas y con luz, reciben centenares de propuestas y es habitual que no respondan a las solicitudes y mensajes. Factores como la edad, el género, las afinidades ideológicas, no tener mascota o pasar poco tiempo en casa pueden jugar a favor o en contra en el casting con los compañeros. Si el contrato es de habitaciones (aún existen casos que incluyen al inquilino en el contrato de vivienda del piso, o algunos sin contrato), es probable que además de hablar con los compañeros el aspirante deba entrevistarse con el propietario, cuyo filtro tendrá más que ver con la solvencia económica.

Al no constar en los registros de fianza de vivienda habitual, no existen cifras oficiales sobre los pisos compartidos y el alquiler de habitaciones en España. Una encuesta reciente de Housing Anywhere cifró en el 52% los jóvenes de entre 18 y 34 años que comparten piso, con una tendencia al alza entre los mayores de 34, que alcanzan ya el 28%, según otro estudio de Fotocasa. Este portal también cifra en el 3% de la población la demanda de alquiler de habitación.

El precio medio de la habitación está ya en los 650 euros en Madrid y en 711 euros en Barcelona, precio elevado pero más asumible que un alquiler completo, que se eleva por encima de los 1.100 euros al mes en Barcelona y de los 1.300 en Madrid por pisos de unos 70 metros cuadrados. 

Compartir incluso con buen sueldo

A sus 45 años, Ciro vive en el centro de Madrid, y busca compañero de piso. Paga 1.100 euros y añadirá al contrato a la persona que ocupe la habitación que está libre, que cuesta 580. Trabaja de comercial, sector donde abundan los contratos temporales y está de freelance. “Ahora mismo es imposible para mí alquilar solo, y si tuviera que buscar otro contrato de vivienda ni siquiera me lo darían”, relata.

“Suelo tener buenos sueldos cuando estoy contratado, de entre 35 y 40.000 euros, pero no estoy dispuesto a gastar la mitad de mi sueldo en el alquiler”, dice, con la negociación en curso para la prórroga de su alquiler, que vence en julio del año que viene y que sí que es contrato de vivienda acogido a la LAU. “Si pudiera viviría solo, aunque compartir con amigos está bien. Lo peor es que no dependes de tus propias decisiones. Si alguien decide irse, te quedas tirado”, lamenta.

A las asambleas del Sindicato de Inquilinos llegan decenas de casos de jóvenes que comparten piso o que tienen contratos de habitación. “Este tipo de contrato ha crecido mucho desde la Ley de 2023, para saltárselo, por eso desde un inicio reclamamos que se regularan ambos en la nueva ley”, subraya Víctor Palomo, abogado de CAES que lleva también algunos conflictos con alquiler de habitaciones.

Esta fórmula no solo abarca el alquiler entre particulares o inversores que buscan rentabilizar al máximo los pisos, algunos de los cuales realquilan y pueden sustituir un salón por una nueva habitación. También existen intermediarios que cobran por prestar ciertos servicios y por el anuncio de la habitación.

Uno de los portales líderes en la oferta de vivienda de habitaciones es Spotahome, con 45.000 alquileres firmados en Europa y 24.000 en España, mayoritariamente de habitaciones aunque también alquilan pisos. Su CEO, Eduardo Garbayo, explica que su modelo de negocio parte de las comisiones que pagan propietarios e inquilinos. Estos últimos, reconoce, “no podrían pagar estas comisiones inmobiliarias, pero sí por servicios”, en caso de que estuvieran en la LAU, si bien asegura que no se trata de una comisión, sino de servicios “para garantizar que está todo bien”.

Sus reservas varían de unos pocos meses a más de 5 años y asegura que sus perfiles “son sobre todo estudiantes y jóvenes profesionales”, aunque reconoce que “también están llegando” personas que no pueden acceder a un alquiler por el precio. “Pero el problema es que se están quitando viviendas de alquiler por la inseguridad jurídica”, asegura, desvinculando a quienes negocian troceando pisos de la menor oferta de vivienda y el alza de precios.

Las Oficinas de Rehabilitación de Vivienda de Castilla-La Mancha echarán el cierre el próximo 31 de mayo. Y con ellas, las de toda España, allí donde están habilitadas. No les queda otra. El motivo es que en junio caducan, tras cinco años, los fondos europeos Next Generation con los que estaban financiadas. En concreto, son los vinculados a la línea 2 del Real Decreto de 2021 por el que se regulan los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

¿El cierre será permanente? No si el Gobierno de España consigue una financiación adicional, dentro del reciente Plan Estatal de Vivienda, que sufrague su reapertura o si los gobiernos regionales habilitan igualmente una partida para ello cuando aprueben los decretos de desarrollo, en cada autonomía, del mencionado plan.

Así lo detalla la decana del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, Elena Guijarro. Este órgano profesional ha sido el encargado de habilitar y mantener en funcionamiento estas oficinas en la región, encargadas de facilitar, impulsar y promover las ayudas públicas encaminadas a las reformas de viviendas y edificios, una de las subvenciones sobre vivienda en las que más ha incidido el Gobierno castellanomanchego debido al envejecido parque residencial de la región.

El asesoramiento se dirige a toda la ciudadanía, en concreto a las comunidades de propietarios y a los particulares interesados en rehabilitar energéticamente sus viviendas, pero también se aporta información a los agentes de la rehabilitación y a cualquier profesional del sector.

“Ya sabíamos que esos fondos terminaban a los cinco años y preveíamos su cierre”, afirma la decana, pero explica que ahora, con el nuevo Plan Estatal de Vivienda, es posible que se prorroguen algunas de las ayudas vinculadas a fondos europeos, entre ellas las que mantenían vivas estas oficinas.

Las oficinas han funcionado muy bien y han ayudado mucho. Aunque ya no haya esos fondos, a través del Plan Estatal se puede habilitar una partida para seguir gestionándolas. Y lo están estudiando

Es el motivo por el que tanto el Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, como el Consejo Superior de estos colegios profesionales en toda España y varias consejerías de Fomento de las comunidades autónomas han pedido que se habilite una nueva línea de financiación. “Las oficinas han funcionado muy bien y han ayudado mucho. Aunque ya no haya esos fondos, a través del Plan Estatal se puede habilitar una partida para seguir gestionándolas. Y lo están estudiando”, indica.

De hecho, actualmente, el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos mantiene abierta la denominada Red OAR con fondos propios, que es la que coordina todas las oficinas de rehabilitación en España. “Queremos que eso siga funcionando”, ha destacado.

Además, el Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha mantiene un apartado de información en su web, denominado ‘Rehabilita’, en el que agrupa toda la información sobre estas ayudas, y desde la cual tiene intención de “seguir ayudando y colaborando”, en este caso también con fondos propios.

“Pero en el momento en que se habilite alguna partida adicional que nos pueda financiar, volveremos a abrir las oficinas. Quizás no las siete que hay (una en cada provincia, y otras dos en Puertollano y Talavera de la Reina), pero sí alguna de ellas como la de Toledo, para hacer una asistencia presencial hasta donde podamos”, señala Elena Guijarro.

Una labor “esencial” durante cinco años

Ahora todo queda a expensas de los fondos que se puedan habilitar. Los colegios de arquitectos dejan “la puerta abierta” para “cualquier financiación que se pueda conseguir”. “Aunque no sigamos con la misma estructura y financiamiento de las oficinas como hasta ahora, podíamos seguir ayudando en una labor que durante cinco años ha sido esencial”.

El objetivo, por tanto, de los colegios profesionales es mantener con fondos propios las mencionadas iniciativas al menos hasta final de año. “Y si de aquí a final de año encontramos una fórmula que se pueda gestionar, pues lo mantendremos más tiempo”.

Por último, incide la decana en que Castilla-La Mancha y el resto autonomías, tienen que desarrollar, con un decreto autonómico, el Plan Estatal de Vivienda, y prevé que hasta enero no estará listo en esta comunidad autónoma. Mientras, hay líneas abiertas de ayudas para la rehabilitación y, además, la Consejería de Fomento ha anunciado también nuevas subvenciones destinadas a la accesibilidad. “Nosotros seguiremos apoyando hasta donde podamos”, concluye.

¿Qué dice el Plan Estatal de Vivienda?

El nuevo Plan Estatal de Vivienda, publicado en Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 23 de abril se refiere en alguno de sus apartados, a estas oficinas.

Concretamente, dentro de la línea de financiación de ayudas para el fomento de la rehabilitación edificatoria, la accesibilidad y la renovación urbana y rural, el Ministerio, en el apartado de las cuantías de las ayudas, especifica que será subvencionable hasta el 80% del coste “la redacción de proyectos y dirección técnica o facultativa de las obras, los informes técnicos y certificados, las tramitaciones administrativas”. Y justo después añade que también se incluyen “las actuaciones de los equipos y oficinas de planeamiento o rehabilitación incluidos los agentes y gestores de la rehabilitación”.

Y en otro apartado, el Plan Estatal también señala que la sufragación del coste de las actuaciones subvencionables incluidas en esta ayuda podrá incluir “los de la oficina de rehabilitación”.

El próximo 31 de mayo las oficinas de rehabilitación de vivienda de Castilla-La Mancha echarán el cierre, tal y como ha confirmado la Consejería de Fomento a elDiario.es.

La razón estriba en que el Ministerio de Vivienda que dirige precisamente la castellanomanchego Isabel Rodríguez no puede seguir sufragándolas porque ha expirado el plazo de los fondos europeos Next Generation con las se sufragaban.

Las Oficinas de Rehabilitación de Vivienda se pusieron en marcha en Castilla-La Mancha en junio de 2022 con el objetivo de facilitar, impulsar y promover las ayudas públicas encaminadas a las reformas de viviendas y edificios, una de las subvenciones sobre vivienda en las que más ha incidido el Gobierno castellanomanchego debido al envejecido parque residencial de la región.

Estos espacios realizan trabajos de difusión, información y asesoramiento de las ayudas para la rehabilitación de viviendas que existen en Castilla-La Mancha procedentes de los fondos europeos Next Generation. El asesoramiento se dirige a toda la ciudadanía, en concreto a las comunidades de propietarios y a los particulares interesados en rehabilitar energéticamente sus viviendas, pero también se aporta información a los agentes de la rehabilitación y a cualquier profesional del sector.

Desde la primera inauguración de la oficina de Toledo hace cuatro años, se han ido inaugurando nuevas sedes hasta completar casi una docena: dos en cada una de las cinco provincias y otras en Talavera de la Reina y Puertollano.

Oficinas en las sedes de colegios profesionales de arquitectos

En estas oficinas, habilitadas en muchos casos en las sedes de los colegios profesionales de arquitectos y aparejadores, también se encargan de poner en contacto a los solicitantes de ayudas a la rehabilitación con los más de un millor de “agentes rehabilitadores” de Castilla-La Mancha.

Se trata del modelo “llave en mano” del que había hecho gala el Gobierno regional y que ayer mismo volvía a mencionar el consejero de Fomento, Nacho Hernando, con motivo de la presentación del nuevo 'Plan de Acción para la Vivienda' en esta comunidad autónoma.

Mediante este modelo, toda la carga administrativa y técnica que conlleva realizar una obra de rehabilitación y solicitar y tramitar una ayuda, no recae en ningún caso en comunidades de propietarios y particulares, sino que recae en profesionales del sector, previo pago, eso sí, por sus servicios.

El anuncio del Gobierno castellanomanchego del cierre de estas oficinas por la falta de financiación contrasta con en el Plan Estatal de Vivienda, publicado en Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 23 de abril. Dentro de la línea de financiación de ayudas para el fomento de la rehabilitación edificatoria, la accesibilidad y la renovación urbana y rural, el Ministerio, en el apartado de las cuantías de las ayudas, especifica que será subvencionable hasta el 80% del coste “la redacción de proyectos y dirección técnica o facultativa de las obras, los informes técnicos y certificados, las tramitaciones administrativas”. Y justo después añade que también se incluyen “las actuaciones de los equipos y oficinas de planeamiento o rehabilitación incluidos los agentes y gestores de la rehabilitación”.

Y en otro apartado, el Plan Estatal también señala que la sufragación del coste de las actuaciones subvencionables incluidas en esta ayuda podrá incluir “los de la oficina de rehabilitación”.

Un cierre que coincide con el giro de Page en vivienda

Lo más llamativo es que el cierre de estas oficinas llega justo cuando el Gobierno de Emiliano Gacía-Page ha decidido sumarse al nuevo Plan Estatal de Vivienda y cuando ha anunciado que la rehabilitación de inmuebles y edificios seguirá siendo una de sus prioridades, tanto por la eficiencia energética como por motivos de accesibilidad.

Castilla-La Mancha recibirá unos 280 millones de euros de fondos estatales por su adhesión al Plan Estatal de Vivienda. En su presentación de la 'Agenda de Vivienda' castellanomanchega, el consejero de Fomento anunció 108 millones de euros en ayudas de rehabilitación, lo que equivale a 3.000 viviendas rehabilitadas en Castilla-La Mancha, de los cuales un 54% lo aportará la Junta y el 46% el Estado.

Asimismo, avanzó la convocatoria de nuevas ayudas a la rehabilitación y mejora de la eficiencia energéticas cofinanciada con Fondos FEDER y dotada con 21 millones de euros, que se sumarán a los 29,7 millones de euros ya convocados con los que se espera rehabilitar más de 1.000 viviendas en Castilla-La Mancha. Además, se van a convocar nuevas ayudas a la accesibilidad con una dotación presupuestaria de siete millones de euros.

En este ámbito de la rehabilitación, el consejero afirmó que Castilla-La Mancha se ha convertido en la comunidad autónoma de España que más dinero ha conseguido del programa de 'Rehabilitación energética de edificios en municipios de reto demográfico' (PREE 5.000), con casi 60 millones de euros y con uno de cada tres euros repartidos.

La cuestión es que ahora el Gobierno regional da por cerradas estas oficinas al no obtener para ello los fondos estatales. Con ello descarta que sea la propia Administración autonómica quien los financie, teniendo en cuenta que en la mayoría los casos, como en Toledo, son únicamente despachos habilitados dentro otras instalaciones como los mencionados Colegios profesionales Arquitectos, Ingenieros Técnicos y Aparejadores. 

Tan solo había pasado un día de la votación del Congreso que tumbaba el decreto-ley de prórroga de los alquileres cuando Pedro (nombre ficticio), joven vecino del barrio de Arganzuela de Madrid, recibió una respuesta a su petición de acogerse a esa posibilidad. “Nos respondieron a nuestro burofax con otro burofax que nos decía que el 1 de septiembre nos íbamos a la calle”.

Cuando habla de su primer burofax, se refiere al que enviaron pocos días después de que el pasado 20 de marzo el Gobierno aprobara, en el marco de las medidas económicas de protección al impacto de la guerra en las familias, un real decreto que obligaba a los caseros a prorrogar dos años los contratos que vencieran entre ese momento y el 31 de diciembre de 2027. Se estima que unos 2,8 millones de inquilinos en un millón de hogares están en esta situación.

El propietario de la vivienda en la que vive Pedro ya había dejado caer por mensaje a los tres jóvenes inquilinos de este piso, por el que pagan una renta de 1.390 euros mensuales, que debían irse el 1 de septiembre, cuando finalizaba el contrato, o “afrontar una subida muy elevada de precio”, cuenta Pedro. Por ello, cuando se aprobó el decreto, vieron una oportunidad para quedarse en su vivienda.

El Ministerio de Consumo y los sindicatos de vivienda recomendaron entonces enviar un burofax antes de que decayera el decreto para acogerse a la prórroga, que tendría efecto siempre y cuando el derecho se hubiera activado (mediante dicho burofax) en su etapa de vigencia.

El decreto lo tumbó el Congreso y dejó de estar vigente un mes y poco después, el pasado 28 de abril. Y una parte del sector inmobiliario y los asesores jurídicos que trabajan con ellos aseguran que desde entonces ya no es válido y que tan solo será aplicable para contratos que vencieran antes del 28 de abril, y en ningún caso para los que venzan después. Por ello, los caseros respondieron con otro burofax a Pedro, que augura una batalla legal como la que han advertido algunas voces del sector.

En el comunicado, al que ha tenido acceso elDiario.es, la propiedad dice que antes del 1 de septiembre se deberá proceder a la entrega de llaves después de NO PRORROGAR (así, en mayúscula, negrita y, además, subrayado) dicho contrato, ya que, una vez ha caído el decreto, “no resulta aplicable ninguna prórroga extraordinaria”.

Se avecina batalla judicial

Ante tal respuesta, un adelanto de denuncias y procedimientos judiciales que acabarán de dirimir quién tiene la razón, los sindicatos de vivienda han elaborado instrucciones de cómo responder. No es obligatorio, dicen, contestar de nuevo porque la prórroga es de aceptación obligatoria, pero recomiendan hacerlo (ya no es necesario con burofax) para que quede constancia clara de su postura.

elDiario.es ha hablado con decenas de inquilinos a quienes el contrato les vencía en este periodo y las coyunturas son muy diversas. Desde alguno que se ha ido por la tensión que generó la mera idea del burofax hasta caseros que lo han aceptado de buenas y sin rechistar, pasando por otros a quienes les ha servido para negociar un nuevo contrato o silencios sepulcrales que no dejan muy clara la postura. Algunos de esos silencios se están convirtiendo ya en negativas explícitas.

Es el caso también de Trinidad Cruzado, vecina de Cornellà (Barcelona) de 56 años en un piso en el que vive sola y por el que paga 600 euros. Tiene problemas desde que la gestión de su vivienda pasó del propietario, al que conocía desde la infancia y que falleció, a un administrador de fincas contratado por el hijo del fallecido.

Ya en 2021 se negó a una subida de precio que llevó a que la invitaran a abandonar la vivienda. Llegaron a un acuerdo con la mediación del Sindicat de Llogateres, pero la propiedad le dejó claro que tendría que irse al vencer el contrato, o sea, en julio de este año.

La aprobación del decreto le sirvió como ventana para pedir la prórroga por burofax. En el escrito también solicitó la de tres años recogida en un decreto parecido de 2022, por la guerra de Ucrania, que solo es aplicable en zonas declaradas como de mercado tensionado por las Comunidades Autónomas, como es el caso de Cornellà.

En su caso, la respuesta ha llegado por mail. “Me dicen que no aceptan la prórroga y que me tengo que ir como ya habían dicho”, relata Trinidad. “No me han dado ninguna razón. Llevo viviendo allí 15 años, nunca he dejado de pagar y tengo el piso en perfectas condiciones. Me quieren echar para especular”, sentencia.

También ha recibido un correo Pablo, también nombre ficticio, de Coslada (Madrid). En él, el casero responde al burofax pidiendo la prórroga asegurando tajantemente que “el 27 de mayo será la entrega de llaves”. En su caso, vive con su mujer y su hija y asegura haberse ocupado del cuidado del piso y de una gran parte de las reparaciones e inversiones a las que estarían obligados los caseros. También les han obligado a guardar muebles antiguos ocupando el sótano, “los muebles del conde Drácula”, bromea, después de una bienvenida con chinches en el colchón que encontraron.

La familia llegó al apartamento en 2020 con una mensualidad de 1.200 euros que, con las subidas que se han ido aplicando, se ha elevado a 1.400. En diciembre del pasado año, la propiedad les exigió por burofax digital 1.800 euros (es un chalé con piscina), cuantía que Pablo consideró excesiva, lo que le llevó optar por la vía del burofax. Después de la votación del Congreso, le llegó la negativa de los caseros.

La inmobiliaria Agencia Negociadora del Alquiler, también conocida como Tranquiler y que fue sancionada con multas por cobrar comisiones ilegales por el Ministerio de Consumo, es la que gestiona su inmueble. Fuentes de la empresa aseguran que ven los alquileres “caso por caso”, pero que en general no dan validez al decreto para contratos que vencen una vez ha decaído el decreto en el Congreso. “Eso lo acabará decidiendo un juez”, dicen estas fuentes.

“Que vengan, que me denuncien”

Ante esta tensión, ninguno de los tres inquilinos entrevistados sabe qué pasará, si serán denunciados o si se presentará alguien a recoger las llaves en las fechas anunciadas. “No va a pasar nada. Que vengan, que me denuncien”, dice Pablo. “A mi casa no puede entrar nadie sin una orden judicial”, sentencia Trinidad.

Pedro, por su parte, aún confía en que la propiedad dé su brazo a torcer. “La idea es que acepten la prórroga. Y si no aceptan, tendremos que ver si queremos seguir y pelearlo o preferimos no meternos en ese lío”, resume.

Todos ellos prefieren esa incertidumbre a la indefensión de tener que abandonar su hogar ante la jungla de precios del exterior o afrontar una gran subida para poder continuar, aunque Trinidad reconoce que es “un parche” ante la indefensión legal de los contratos.

“Me afecta, me preocupa la incertidumbre, pero es la única manera”, dice Pablo. Coincide Pedro: “Claro que genera estrés, pero está bien que genere incertidumbre en los dos bandos. Porque no es lo mismo tener inestabilidad en unos ingresos extra que recibes que en quedarte en tu propia casa”, concluye.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha adjudicado las obras para la rehabilitación de las Cloacas Romanas de Calahorra y la urbanización de su entorno a la empresa CITANIAS OBRAS Y SERVICIOS, S.L.U. por un importe de 2.470.296,23 euros, financiados en su totalidad por el Ministerio, en el marco del Programa de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico.

La intervención contempla la consolidación, protección y puesta en valor del tramo de la Cloaca Romana, así como la urbanización y adecuación del espacio público incluido en el ámbito de actuación. Además, en este espacio se generará una nueva plaza y se construirá un equipamiento público.

Está previsto que las obras se inicien el próximo mes de junio y se prevé un plazo de ejecución de 12 meses.

Actuaciones contempladas

Los trabajos van dirigidos a la consolidación estructural y conservación, tanto de la cloaca como de la bóveda del calado de la bodega. Además, se impulsará la creación de una nueva plaza pública, incorporando elementos de sombra y ordenando el espacio de uso colectivo.

En el ámbito de la plaza se dispondrá un equipamiento público integrado por tres volúmenes destinados al acceso a la cloaca, una sala multiusos para actividades culturales y una cafetería. El espacio público se pavimentará con adoquín sobre tierra, preservando la lectura arqueológica del conjunto y manteniendo la continuidad del acceso principal a la plaza desde la calle San Andrés.

La intervención resulta imprescindible para garantizar la preservación del patrimonio arqueológico, mejorar las condiciones de uso y accesibilidad del espacio público y cumplir los objetivos de regeneración del casco histórico, actuando como motor de revitalización social y urbana.

Programa de Rehabilitación Arquitectónica

Esta actuación de protección y salvaguarda del Patrimonio Cultural Español se realiza en el marco del Programa de Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico, que consiste en la ejecución de obras relevantes de rehabilitación del patrimonio arquitectónico español, contribuyendo a la creación, mejora o mantenimiento de equipamientos, dotaciones o servicios de interés o uso público, con los presupuestos propios del Ministerio.

En estos casos, el Ministerio actúa como órgano de contratación de las obras, estando prevista su correspondiente dotación en los Presupuestos Generales del Estado vigentes. Este Programa de Rehabilitación Arquitectónica lleva funcionando desde 1988 y hasta la fecha, el importe invertido acumulado supera los 600 millones de euros.