Una llamada ha marcado un antes y un después en la asociación Alokairu. Antes de que el resto de la población se enterara de que el Gobierno vasco comprará las 510 viviendas de Benta Berri a la filial del 'fondo buitre' Blackstone Testa Homes, el Ejecutivo les adelantó la primicia. Antxon Pro, vicepresidente de la asociación de Benta Berri, donde residen unas 1.700 personas, le ha contado a este medio que se encuentran “satisfechos” con el resultado de la negociación. Ha destacado la “voluntad política” que ha habido detrás del acuerdo. Ha añadido que un “político”, por el consejero Denis Itxaso, del PSE-EE, ha cumplido con lo que les dijo.

El consejero de Vivienda ha comparecido este miércoles y ha confesado que se ha tratado de una negociación “compleja”, que ha requerido meses de trabajo arduo tanto para él como para su viceconsejero, Miguel de los Toyos, y para su jefe de gabinete, Patxi Arratibel. Itxaso ha explicado que, por el momento, se ha firmado un “memorandum de entendimiento” con Testa Homes, mientras que el acuerdo de compraventa definitivo se espera para finales de este año.

¿En qué consiste? Se necesitarán 100 millones de dinero público para adquirir el vuelo de esas viviendas, porque el suelo ya era de la Administración desde el origen. Había un riesgo real de que en 2028 esas viviendas perdieron la calificación de protegidas, porque son previas a la ley de 2003 que hizo indefinidos este tipo de inmuebles. Ahora residen allí familias que pagan alquileres controlados de entre 600 y 900 euros mensuales.

El pago de los 100 millones de euros se hará por plazos y estará completado en 2028, aunque todavía no se han podido concretar las fechas. De esa cantidad, 31 millones los aportará el Ministerio de Vivienda, Por su parte, Testa Homes, la entidad vinculada a Blackstone, ha explicado a este medio que la compra por parte del Gobierno vasco acaba con una singularidad: tanto el terreno como los inmuebles pasarán a tener un único propietario.

La promoción nació en 1994, se puso en marcha en 1998, pasó de Metrovacesa y Vallehermoso a Merlin y luego ya a la filial de Blackstone. Estos titulares tienen concedido el uso del derecho de superficie hasta 2069 y ya en 2028 sin restricciones, es decir, como si fueran viviendas libres. La compraventa permite incorporar de forma inmediata las viviendas al parque público de Euskadi, sin esperar a 2069 y evitando el riesgo de desahucios del que habían alertado los vecinos.

Aunque se ha mostrado en contra de negociar con fondos buitre, el alcalde de Donostia, Jon Insausti, del PNV, que mantiene tensiones constantes con el consejero Itxaso, igualmente donostiarra, también ha aplaudido la decisión. Pero se ha limitado a felicitar a los suyos: “Me alegra muchísimo de que el Gobierno vasco, liderado por el lehendakari Pradales, haya traído a Donostia una solución clara y concreta”. PNV y PSE-EE gobiernan en coalición en Euskadi pero, desde 2016, los socialistas dirigen Vivienda.

No obstante, también ha querido recordar “la unidad” de todos los partidos políticos presentes en el Ayuntamiento, que han participado en la petición formal al Gobierno vasco para buscar una solución ante la posibilidad de que 1.700 personas fueran desahuciadas. El primer edil ha agradecido la “paciencia y la confianza” que los vecinos de Benta Berri han depositado en las instituciones vascas.

Itxaso, de su lado, ha destacado la “determinación y exigencia” que ha mantenido la asociación Alokairu y también le ha agradecido su “paciencia y confianza”. “Nunca dejaron de ser exigentes, pero nos dejaron trabajar”, ha declarado. Durante los días miércoles 28 y jueves 29 de octubre, Vivienda mantendrá reuniones con Alokairu y la vecindad de Benta Berri.

Según el consejero, esa relación de confianza ha contribuido a mejorar las condiciones de la negociación con el fondo buitre: “Cuando un Gobierno está en apuros, negocia peor”. También ha asegurado haber encontrado un ambiente positivo y colaborativo con Testa Homes, y ha señalado que las primeras negociaciones, desarrolladas en “buen tono”, ayudaron a generar confianza entre los vecinos de Benta Berri.

En la misma línea que el alcalde respecto a las negociaciones con los fondos buitre, Stop Desahucios ha felicitado a la vecindad de Benta Berri por haber conseguido su objetivo tras su “largo periodo de lucha, organización y movilizaciones constante”. La plataforma considera que sus reivindicaciones han garantizado “la estabilidad de sus contratos”. Por su parte, Rosa García, portavoz de Stop Desahucios en Gipuzkoa, ha confesado a este medio estar “contentísima” con la decisión y ha destacado el dato, mencionado también por Itxaso, de que esta es la mayor compra de viviendas que se ha llevado a cabo en el Estado español.

En abril de 2024, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró que “esta va a ser la legislatura de la vivienda”. Habían pasado cinco meses desde la creación del Ministerio de Vivienda, que este noviembre cumple tres años, y un año y un mes de la aprobación de una nueva Ley de Vivienda que, entre otras cosas, preveía topar los precios en las zonas tensionadas. Además, Sánchez llegó a prometer hasta 183.000 viviendas públicas. En esta legislatura, tan solo se han entregado 47.000.

El Banco de España advirtió que existe un déficit de vivienda en España de 750.000 viviendas que crece a un ritmo de 250.000 más cada año. Y los expertos tanto cercanos a la patronal como a los inquilinos coinciden en que la construcción o la movilización de vivienda pública es la única que puede contener los precios del mercado y facilitar el acceso a la vivienda. Esa carencia está entre las causantes de la crisis actual que ha encendido las calles y dificulta también que las administraciones tengan pisos sociales que ofrecer a personas desahuciadas como Maricarmen. El modelo de apuesta total por la vivienda pública es el que triunfa en Viena, donde el 60% de la vivienda es pública y el precio se acaba contagiando en parte al mercado privado. Apenas hay desahucios.

El porcentaje medio de vivienda pública en los países de la OCDE es del 7,1% según un informe del Banco de España y alcanza el 16,4% en Reuno Unido y el 14% en Francia, casi diez veces más que el 1,5% de España. Otros países como Alemania, con el 2,6% o Portugal, con el 1,1%, están lejos de la media. La falta de construcción o de compra y el vencimiento de protecciones son enemigos de esta apuesta en España, donde las Comunidades del PP siguen apostando por pisos protegidos que dejan de serlo al cabo de unos años.

La competencia principal en Vivienda está transferida a las comunidades autónomas y también los ayuntamientos disponen de suelo, por lo que no se puede culpar solo al ejecutivo central. Pero tal y como señala Pablo Tucat, economista experto en vivienda de KSNET, “cabe hacerse la pregunta de por qué Casa 47 no surge antes, es un buen instrumento que aún tiene que desarrollar su potencial”.

La tardanza de Casa 47

La Ley de Vivienda de 2023 prevé un impulso al SEPES, empresa pública de suelo público, para ampliar el parque de vivienda pública estatal. Pero Casa 47 no nace hasta diciembre de 2025 y, aunque la absorción de los pisos de la Sareb y el avance del barrio Campamento le dan un potencial de hasta 110.000 viviendas públicas estatales, ahora mismo tan solo se ofertan 600.

De estas 110.000, 40.000 son viviendas de la Sareb, muchas de las cuales estarán ocupadas, 55.000 serán nuevas en suelo de Sareb (aún por construir) y 10.000 más de la Operación Campamento de Madrid que deberían entregarse allá por 2028. Las cifras coinciden con la estimación que dio la ministra de Vivienda en entrevista con elDiario.es: 100.000 viviendas en los próximos 10 años.

Paralelamente, las comunidades autónomas también se movilizan para detectar suelo público y construir vivienda pública, pero, como el Gobierno, han tardado. En el caso de comunidades como Madrid, además, han apostado por un modelo de vivienda asequible que acaba no siéndolo por los costes extra que empujan al inquilino a precios iguales a los de mercado.

La movilización de suelo y la construcción de obra pública “es una medida lenta”, apunta Tucat, pero advierte que hay “otras formas” de movilizar vivienda pública como “la compra de vivienda usada”. En Catalunya, el derecho a tanteo y retracto le ha servido al Govern para adquirir unas 9.000 viviendas usadas, una de cada cuatro de las que tiene la Agència Catalana d'Habitatge.

Esta fórmula apenas se ha utilizado en otras comunidades y a escala estatal, aunque Casa 47 prevé hacerlo, hasta la fecha la única oferta pública de compra es de 100 millones de euros, con la que con precios de mercado de zona tensionada (a una media de 250.000 euros por vivienda) tan solo se podrían comprar unos 400 pisos.

Más esfuerzo que sus antecesores

Aunque parezca paradójico, el Gobierno de Sánchez es el que más ha hecho desde la caída en picado de la construcción después del estallido de la burbuja por recuperar la vivienda pública, el problema es que lo ha hecho tarde, de manera insuficiente para la magnitud del problema y con unos frutos que aún no se recogen y que bien podría reivindicar un futuro ejecutivo.

Las 47.000 viviendas, a falta de un semestre para completar los cuatro años completos, son sensiblemente superiores a su legislatura anterior, cuando se entregaron 45.000 viviendas públicas, y están muy por encima de las 18.000 de la última legislatura de Mariano Rajoy.

Además, ha triplicado los presupuestos del Plan Estatal de Vivienda, que suma 7.000 millones de euros adicionales hasta 2030 para construir, rehabilitar vivienda y otras ayudas. Aun con estas sumas, el Gobierno sigue gastando tan solo un 0,9% del gasto público en vivienda, y eso que se han duplicado los esfuerzos desde la pandemia. Una parte de esos presupuestos, además, no se ejecutan.

“El contraste con la vivienda pública y libre que se construía antes de la burbuja es enorme y probablemente no sea una comparativa sana, pero sí que debería haber aumentado más”, advierte Tucat, alertando de las trampas del gráfico de evolución. Con el derrumbe de gran parte del sector bancario y de la construcción, el frenazo en seco posterior a la burbuja inmobiliaria ha hecho que España no acabe de recuperar la creación de viviendas, mientras sí que se han creado miles de hogares por la llegada de migrantes que han dinamizado la economía y han cubierto vacantes de empleo.

La dificultad de movilizar suelo finalista, la falta de mano de obra y la lentitud administrativa son apuntados por algunos expertos como claves del estancamiento en la construcción, tanto pública como privada. Esto es lo que lleva al sector a presionar por aprobar una reforma de la Ley del Suelo que agilice trámites, que Podemos finalmente bloqueó de cara al decreto de vivienda aprobado recientemente. El experto en vivienda Ignacio Ezquiaga, sin embargo, apunta en reiteradas ocasiones basándose en informes del Ministerio de Vivienda que muchas empresas y fondos disponen de suelo “dormido” que no activan no por la lentitud burocrática, sino para evitar que los precios bajen al inyectar oferta.

Construcción estancada y descalificación

Pero el bajo ritmo de construcción o compra de vivienda protegida se enfrenta a otro enemigo seguramente peor: las viviendas protegidas que vencen su protección y pasan al mercado. Del millón y medio de viviendas protegidas construidas desde 1991, tan solo 147.000 estaban protegidas para siempre, casi 400.000 ya han dejado de serlo y esa cifra se podría elevar a 700.000 de cara a 2030, según una investigación publicada por Civio.

Contra esto, el Gobierno ha llevado a cabo también una medida “crucial”, según Tucat. Después de que en 2023 el Supremo tumbara un artículo de la ley de vivienda que establecía que la protegida lo fuera para siempre, la ministra de Vivienda vinculó la construcción financiada con fondos del Plan Estatal a que la vivienda protegida lo fuera para siempre y lo ha incluido también en el nuevo decreto. Las Comunidades Autónomas del PP, mientras tanto, siguen haciendo vivienda protegida con plazo de vencimiento, de forma que la vivienda en suelo público acaba pasando a manos privadas pasados unos años.

La movilización política en torno a la vivienda sí que ha conseguido, aunque a trancas y barrancas, que en 2026 su construcción se dispare. Las 11.270 viviendas protegidas finalizadas en junio duplican registros del año pasado y encaminan la cifra hacia un récord desde 2012 de unas 20.000 viviendas, aun lejos de las entre 40.000 y 100.000 anuales que necesita para ir cubriendo su déficit. El punto álgido de la vivienda protegida finalizada llegó en 1997, con 85.000 de las 300.000 que se construyeron (casi un tercio del total), mientras que las 12.858 de 2025, 7 veces menos, representa el 13% de las 92.000 construidas.

Si miramos comunidad a comunidad, Catalunya, Madrid, Euskadi y Navarra, que son cuatro de las comunidades con los precios más elevados, son algunas de las que más han elevado su esfuerzo en vivienda protegida. Madrid finalizó 3.802 viviendas protegidas en 2025 sobre un total de 17.000 viviendas construidas, un 22%, y Catalunya hizo 3.517 sobre un total de 14.000, un 25%. Es Catalunya, además, la que ha pegado el mayor acelerón en 2026: lleva 5.600 viviendas protegidas hasta junio, la mitad del total estatal.

Si nos fijamos en la vivienda libre, que también es importante para oxigenar la oferta en las zonas de elevada demanda, también hay un estancamiento entre las 70.000 y las 80.000 anuales en los últimos años, que mejora las menos de 50.000 anuales de antes de 2019, pero que está lejos de los años locos del ladrillo en que se llegaron a construir 700.000 viviendas entre pública y privada en 2026. Ese extremo no es deseable, pero sí alcanzar un ritmo de entre 90.000 y 100.000 anuales, las que estima el Banco de España necesarias para cubrir con el déficit.

Luces y sombras más allá de la construcción

Más allá de la construcción de vivienda tanto libre como protegida, existen otros motivos que han hecho que en la denominada “legislatura de la vivienda” no mejore el acceso. No todos son culpa del Gobierno central. Las Comunidades Autónomas del PP no han querido acogerse a la zona tensionada que permite topar los precios de alquiler, por lo que el mercado ha disparado sus precios en las principales ciudades.

En cuanto a los desahucios, el escudo que se alargó tras la pandemia y que frenaba los que afectaban a personas vulnerables sin alternativa residencial fue tumbado por el Congreso, que ha sido el gran escollo para desencallar algunas políticas. El propio decreto de vivienda se venía arrastrando desde julio, pero también hacía meses que estaba bloqueada en el legislativo una regulación del alquiler de temporada y de habitaciones.

De todos modos, el Gobierno podría haber incluido en su ley de 2023 estas dos regulaciones, de dos modelos de alquiler que han servido para inversores para evitar la ley y hacer contratos cortos con subidas de precio de año en año. Tampoco estaba entonces en el debate la posibilidad de recuperar un modelo de contratos de alquiler cercano al indefinido, con las prórrogas automáticas que incluye el segundo decreto, que de todos modos no pasará el filtro de la Diputación Permanente.

Este decreto, por tanto, aprobado a última hora de la legislatura, llega tarde para una situación que no se alivió tras la aprobación de la Ley de 2023, si bien sí que los contratos de 5 a 7 años (aprobados en 2019) mejoraron la estabilidad de los inquilinos.

En las Comunidades donde sí que se han topado los precios, “existe una estabilidad mayor del inquilino que está dentro del mercado, pero al que está fuera le cuesta más encontrar piso por la falta de oferta y de rotación”, alerta Tucat. Otro problema que se ha dado en las zonas tensionadas es que el tope parte de unos precios ya muy elevados, los fija el promedio del mercado, por lo que el alivio acaba siendo relativo.

Sea por estos topes o por la subida de los salarios, y aunque no lo parezca por el clima del país, el porcentaje de inquilinos que pagan más del 30% de su sueldo ha caído en los últimos años: tocó techo en 2021 con el 38,5% y ahora es un 12% menos, un 26% del total. Y eso que los nuevos contratos subieron en 2024 un 8,8% los precios de los alquileres. Compartir piso e incluso habitación es a veces la forma que tienen los inquilinos de aliviar esta asfixia.

Sin embargo, la subida de los precios de compra ha llevado a que ya se necesiten dos años de sueldo íntegro para pagar la entrada de una vivienda, cifra que se duplica hasta los 4 en Madrid y Baleares.

Las prórrogas de los próximos dos años deben también reducir la rotación en los pisos de alquiler en toda España y eso puede complicar de nuevo el acceso a viviendas de alquiler de quienes se emancipan o llegan a una ciudad, en las zonas no topadas con el agravante de que los precios pueden subir libremente. El incentivo fiscal a caseros que pongan los pisos por debajo de mercado puede compensar un poco estas subidas. Y esta tensión entre oferta y demanda nos vuelve a llevar al inicio del artículo: generar vivienda pública mediante la construcción o la compra y movilizar vivienda vacía o turística en un país con un 30% de viviendas no principales. Esto último lo intenta con el decreto la posibilidad de aumentar el IBI a pisos turísticos o inhabitados.

El nuevo decreto de vivienda contiene una medida destinada a frenar el sobreesfuerzo de los inquilinos de nuevas viviendas asequibles: prohíbe que gastos extra como garaje o trastero impliquen una subida extra sobre el precio inicial de la vivienda, que acabe suponiendo un esfuerzo mayor del 30 o 35% de los ingresos para los inquilinos de los planes asequibles. Es justamente lo que hace la Comunidad de Madrid con el Plan Vive, tal y como han denunciado sus inquilinos a elDiario.es, que llegan a casi duplicar el precio que pagan sumando además gastos de comunidad y el IBI.

Concretamente, el artículo 14 del decreto de vivienda aclara que “los gastos asociados a los anejos no podrán suponer un incremento del precio de alquiler respecto al determinado para la vivienda de acuerdo con este artículo”. “Tendrá consideración de vivienda asequible aquella cuyas condiciones de precio de venta o alquiler, incluidos todos los gastos asociados al mismo, no supere el treinta por ciento de la renta mediana de la unidad de convivencia habitual del municipio en el que se ubique el inmueble”, determina.

Este nuevo artículo, por ser el último en vigor con respecto a la normativa autonómica de Madrid que sí lo permite, invalidaría el Plan Vive de Madrid, o al menos muchos de sus apartamentos, como proyectos de alquiler asequible. Fuentes del Gobierno estiman que “las Comunidades puede que encuentren formas de mantener estos proyectos o hacerlos en nuevo formato, pero no podrán denominarlos de alquiler asequible”.

El pasado mes de junio, más de 100 vecinos de 9 municipios de Madrid del Plan Vive se asociaron en una plataforma justamente para denunciar los sobrecostes del alquiler en forma de este tipo de gastos, así como todo tipo de problemas de mantenimiento como maleza que crece en los jardines comunes o inundaciones en las goteras.

Desde la asociación cuentan que la asamblea ha crecido ya hasta los cerca de 400 socios y que contando otros implicados hay hasta 600 que han expresado su descontento. Estiman que más del 70% destinan un esfuerzo superior al 35% y que incluso hay una parte que acaba gastando más del 70% de su sueldo al alquiler.

Los inquilinos ya han puesto denuncias, y preparan algunas más, por el cobro del IBI, que la ley prevé que corra a cargo de los propietarios. De hecho, una sentencia de 2023 ya declaró ilegal cobrar el IBI en la vivienda pública.

En el caso más extremo de los costes añadidos al de la vivienda, una persona que pagaba 900 euros de alquiler por un piso de tres habitaciones en Valdebebas, Sergio Montero, llegaba a abonar 1.500 euros al sumar los 60 del IBI, los 200 de comunidad (en el máximo legal), dos plazas de garaje obligatorias a 100 euros cada una, por encima del valor de mercado en el barrio, y un trastero por 80 euros. Eso llevaba a la pareja a gastar la mitad de su sueldo en el alquiler.

En algunos casos que pudo comprobar elDiario.es, el Plan Vive llega a obligar a coger dos plazas de garaje a viviendas pequeñas donde vive una sola persona. Era el caso de Núria, cuyo alquiler se duplica de los 514 euros del alquiler a los más de 1.036 que acaba pagando sumando dos plazas de garaje a 154 y 123 euros cada una (aunque solo tiene un coche), 40 euros del trastero, 150 de comunidad y 56 de IBI. Otro inquilino se veía obligado a pagarlas sin ni siquiera tener coche.

Los sobrecostes, antes incluso de sumar los suministros, llevaban a varios vecinos a pasar de esfuerzos de entre el 20 y el 30% de los ingresos a varios por encima del 40 y hasta del 50%, tal y como pudo comprobar con documentación elDiario.es.

El Plan Vive cuenta ya con 14.000 viviendas de las que 4.875 se han entregado en municipios como Alcorcón, Alcalá de Henares, colmenar Viejo, Getafe, Madrid, Móstoles, San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz y Tres Cantos. En todas ellas hay vecinos descontentos que se han interesado por la acción de la asociación en contra de los cobros.

Blindaje del derecho a compra del inquilino

La Comunidad de Madrid cede suelo público a la iniciativa privada para construir y gestionar el alquiler asequible durante 50 años. Después de ese periodo de tiempo, las viviendas se quedan en manos privadas, por lo que Avalon, socimi de la norteamericana Ares Management, las ha puesto a la venta en paquetes. Y comunicó a los inquilinos que no pueden acceder al derecho de compra preferente que prevé la ley para quien vive de alquiler.

Pero eso también contradice otro artículo del nuevo decreto de vivienda. Concretamente, en la modificación del artículo 3 de la Ley 29/1994, se incorpora que “en las ventas conjuntas se preserva el derecho de adquisición preferente de la persona arrendataria cuando la vivienda sea jurídicamente individualizable, con imputación del precio mediante criterios objetivos, y se impide la renuncia a ese derecho”.

El Plan Vive cuenta con una normativa específica que prevé que “de forma adicional a los importes de rentas indicadas”, se repercutan a los inquilinos los gastos de comunidad (la mayoría tienen jardín, piscina y conserje, lo que eleva el coste) hasta un máximo del 18% de la renta mensual del inmueble.

También precisa que se pueda repercutir el IBI mediante un prorrateo mensual, las tasas de basuras y “cualesquiera otras tasas municipales” con tal de liberar a las empresas de esos gastos.

La normativa prevé que las viviendas con una plaza de aparcamiento y un trastero puedan llegar a suponer un coste máximo del 50% del alquiler de la vivienda y en las segundas plazas de garaje hasta un 40%. Esto ya prevé la posibilidad de que dos plazas de garaje y un trastero puedan suponer un coste adicional de hasta el 90%.

Los abogados de UGT Vivienda, que se han implicado en la denuncia de los inquilinos del Plan Vive contra los cobros, están estudiando el impacto de esta medida tanto en los contratos vigentes como en los que puedan firmar futuros vecinos.

Además de esta concreción con respecto a los gastos anejos al alquiler, el decreto incluye otras medidas para la promoción de vivienda asequible. Entre ellas, la creación de un Fondo de Vivienda de Impacto Social de 400 millones de euros para financiar proyectos de vivienda social por parte de entidades sociales.

También prevé la creación de una línea de financiación de 2.000 millones para constructores de vivienda pública y prevé que toda vivienda pública estatal deba estar protegida para siempre.

Por último, prevé la absorción por parte de Casa 47 de viviendas de otros entes públicos, entre ellas las más de 4.000 viviendas que posee la Seguridad Social.

El decreto de vivienda aprobado el pasado martes por el Consejo de Ministros ha entrado en vigor este jueves, un día después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y justo pocas horas después de la muerte de Maricarmen, la persona que encendió a las calles y precipitó las medidas. Y cambia de un día para otro la situación de unos 5 millones de inquilinos bajo 1,8 millones de contratos que vencen antes del último día de 2028.

Todos ellos cuentan a partir de hoy y por lo menos durante un mes, hasta que se vote en la Diputación Permanente del Congreso, con la posibilidad de solicitar una prórroga de alquiler de dos años que impedirá que su casero le eche de casa para alquilarle a otra persona o bien le suba el precio. Es una prórroga extraordinaria casi idéntica a la que tumbó el Congreso en junio, pero esta vez está garantizado que durará más tiempo, porque en la Diputación Permanente el Gobierno no depende de Junts y el PNV ya ha anunciado que la apoyará.

Así pues, todos los inquilinos con contrato de alquiler en vigor que finalice antes del 31 de diciembre de 2028 podrán solicitar una prórroga de dos años que tendrá obligatorio cumplimiento. Los caseros, por tanto, no podrán subir el alquiler libremente con el cambio de contrato durante estos años a no ser que el inquilino decida irse. Dicha prórroga podrá quedar sin efecto si hay un acuerdo entre las partes para un nuevo contrato o el propietario o familiares necesitan la vivienda para residir. Si se aprobara la prórroga automática indefinida del otro decreto que no está vigente (y que el PNV no aprobará), esta quedará anulada.

Antes de que venzan estos contratos, los precios de alquiler tampoco pueden subir. Las novaciones anuales están congeladas en caso de que el piso esté a un precio por encima del que marca el índice de referencia y topadas a un máximo del 2% en los pisos que estén a un precio por debajo del índice.

Los inquilinos que tengan un contrato en vigor de temporada o de habitaciones, y sus caseros, también verán cómo su situación cambia. No se aplicará en el contrato actual, pero en el futuro, si quieren firmar un contrato de temporada se deberá acreditar con pruebas la temporalidad del inquilino. En caso contrario, el contrato será de vivienda habitual.

En cuanto al contrato de habitaciones, ya no será regido por el Código Civil, sino por la LAU, con la cual cosa tendrá el mismo tipo de protección que el inquilino de una vivienda entera. Principalmente, el tiempo, que será de 5 años como el resto de alquileres, pero también estará protegido de cláusulas abusivas como la de que el casero pueda entrar cuando quiera en la vivienda. En las Comunidades con precios topados,

Los inquilinos vulnerables que estén amenazados de desahucio por impago estarán más protegidos, pero también sus caseros. El nuevo escudo reitera la obligación de las administraciones autonómica y local de ofrecer alternativa residencial a las personas vulnerables amenazadas de desahucio. Si no lo hacen, deberán cubrir las deudas por impago del inquilino, que posteriormente abonará el Gobierno central.

Los inquilinos también estarán más protegidos de desahucios motivados por operaciones especulativas. Como se limita la compra de viviendas a un precio del 70% del valor de mercado o inferior por parte de empresas, se debe reducir de manera considerable la compraventa de casas con inquilino, que en ocasiones motivan estos desalojos forzosos para aumentar el lucro a corto plazo con alquileres más elevados o una venta rápida ya sin inquilino.

Otra cosa que puede mejorar para el inquilino es que, si quiere dejar el mercado del alquiler y comprar una vivienda, podrá pedir un préstamo mediante el programa Tu Casa de hasta 50.000 euros sin intereses al Gobierno, que a través del Instituto de Crédito Oficial se lo prestará con carencia de hasta 30 años mientras dure la hipoteca. Después, podrá abonar el importe durante 10 años a interés cero.

Aunque los decretos de vivienda aprobados este martes replican de manera casi idéntica a los que tumbó el Congreso el viernes, Pedro Sánchez ha anunciado también algunas novedades que no estaban en la última versión y sí que irán en estos textos que tiene que convalidar la Diputación Permanente. Uno de los decretos, el que prevé renovaciones automáticas de contratos de alquiler tan solo entrará en vigor si lo aprueba este organismo. El primero, más amplio, estará en vigor durante un mes y el PNV ya ha confirmado que votará a favor, garantizando que salga adelante. Estas son las principales novedades:

10.000 millones de ayudas para comprar la primera vivienda. Las ayudas para la compra de vivienda del nuevo programa Tu casa ascienden a 10.000 millones de euros, una cuantía que no se había especificado en el anterior decreto, lo cual serviría para dar hasta 200.000 préstamos, ya que la ayuda máxima es de 50.000 euros, a un 0% de interés.

400 millones para los proveedores sociales. Además, se aprueba la creación de un Fondo de impacto social de 400 millones de euros para la promoción de vivienda asequible de proveedores sociales.

Índice de precios obligatorio en los anuncios. Los portales inmobiliarios tendrán que incluir en la oferta el índice de referencia del precio de alquiler de la vivienda, el límite de renta en los municipios que cuenten con tope de precios y la condición de gran tenedor del propietario en caso de que lo sea.

Los buitres, más restringidos. El nuevo texto endurece también las condiciones para la compra de vivienda de los fondos buitre, si bien fuentes del Gobierno aún no detallan cómo.

Pago de costas de la administración por los desahucios. Los pequeños propietarios podrán contar con el pago de las costas procesales por parte de las administraciones en caso de desahucios.

Por lo demás, se mantienen los puntos principales del anterior decreto, con la protección de los desahucios, las prórrogas extraordinarias a los contratos de alquiler, la regulación del alquiler de habitaciones y de temporada como principales medidas.

Los desahucios quedarán suspendidos hasta 2030 para personas vulnerables sin alternativa residencial y, de manera indefinida, las administraciones deberán cubrir el pago de la deuda por impagos de la persona vulnerable amenazada de desahucio al propietario, con tal de cancelarlo, a no ser que sea un propietario con dos o menos viviendas.

La prórroga extraordinaria tan solo se invalidará en caso de que el propietario necesite el piso para él o para un familiar y, si vulnera este precepto e igualmente obliga al inquilino a irse, deberá abonarle un año de alquiler.

El alquiler de habitaciones se regirá por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), de forma que no se firmarán los contratos por el Código Civil como hasta ahora. Esto amplía hasta cinco años el mínimo de tiempo de contrato y protege la intimidad del inquilino, así como evita cláusulas abusivas o pago de honorarios.

También se restringen estos honorarios en el alquiler de temporada, que deberá ir acompañado de pruebas de necesidad temporal del inquilino. Si el contrato se firma sin esas pruebas, pasará a ser indefinido.

Las subidas anuales del alquiler quedan congeladas al 0% en los precios que estén por encima de la media y al 2% aquellos que estén por debajo del índice.

El decreto incluye también bonificaciones fiscales a inquilinos hasta 1.000 euros y a pequeños propietarios que pongan alquileres por debajo de mercado. En el apartado fiscal también se incluye una subida del IVA a los pisos turísticos, que también podrán pagar más IBI si lo decide el Ayuntamiento, y una reducción a la vivienda protegida, que si es estatal será pública para siempre.

Los decretos de vivienda que han tenido en vilo a España, exigidos por miles de personas en las calles hartos de la inseguridad y la asfixia económica de vivir de alquiler, decaerán finalmente tras el 'no' de los partidos de derechas. Incluido el de Junts a ambos decretos, a pesar de haber negociado el primero, y el del PNV al decreto más sencillo y más revolucionario: el que determinaba que los contratos de alquiler se renovaran de forma automática para siempre. Estas son las principales medidas que han sido rechazadas en una sesión tensa e histórica, con protestas de miles de personas a las puertas del Congreso para exigir su aprobación:

¿Qué es un fondo buitre?

En el primer artículo, se establece la limitación temporal de compra a los “fondos buitre”, según dijo el Gobierno, palabra que no aparece en el decreto, donde se habla de “protección de la función social de la vivienda y frente a la especulación”. Para limitar estas transacciones, se fija entidades que tengan como objeto social comprar casas “por un precio inferior al 70% de su valor de tasación de mercado”, entendiendo que el principal objetivo de ello es maximizar el lucro inmediatamente después. Puedes leer más sobre las medidas para vetar su compra aquí.

Suspensión de desahucios

La suspensión de desahucios, artículo segundo del decreto, queda en “suspensión” para “personas vulnerables sin alternativa habitacional”, pero solo hasta el 31 de diciembre de 2030. Si quien desahucia es un fondo como los descritos en el primer artículo, el tribunal estará obligado a suspender el proceso aunque exista sentencia. Pero si no lo es, se prevén compensaciones a los propietarios por los impagos.

En el artículo 5, se modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil e incluye la “enervación extraordinaria”. Esto significa que las Comunidades Autónomas, cuando no se ofrezca alternativa habitacional, están obligadas a cubrir los impagos del inquilino en las viviendas que no sean de grandes tenedores, es decir, con más de 10 viviendas. El Estado, a su vez, compensará a las comunidades por este gasto.

Prórroga extraordinaria

El decreto recupera la prórroga extraordinaria a todos los alquileres vigentes que venzan antes del 31 de diciembre de 2028 en los mismos términos que el contrato en vigor. Ahora bien, para acogerse a ella habrá que estar al corriente de los últimos ocho pagos. Solo si se pactan otras condiciones o si el propietario necesita el piso para él o para familiares no tendrá efecto la prórroga.

Alquiler temporal

La modificación de la LAU obliga a justificar “una causa real y acreditada” para firmar un contrato de temporada y la falta de pruebas o la ampliación de doce meses “sin justificación” convertirán el contrato en uno de vivienda habitual.

Además, el precio de los contratos de vivienda temporal deberá respetar el límite vinculado al Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda (IRAV) para las subidas anuales, que es el que se usa para sustituir al IPC y controlar las subidas de año a año.

Eso sí, la disposición transitoria octava aclara que los contratos de temporada previos a la entrada en vigor de esta ley seguirán acogiéndose a la normativa anterior, sin tanta protección ni obligación de pruebas o transformación automática en vivienda habitual en caso de incumplimiento. En cambio, si se renuevan los contratos de temporada una vez entre en vigor la ley, ya se acogerán al nuevo decreto y deberán aportar las pruebas.

Alquiler de habitaciones

En cuanto al alquiler de habitaciones, este entra en la LAU, y podrá formar parte tanto del alquiler de temporada como de la vivienda habitual. “La suma de las rentas de los contratos parciales vigentes simultáneamente sobre una misma vivienda no podrá exceder de la renta del contrato de arrendamiento unitario de la vivienda completa”, dice el decreto, y hace referencia explícita a las zonas de mercado tensionado, donde el alquiler de pisos por habitaciones deberá respetar los topes a los precios.

Una novedad es que las cesiones de habitaciones por entidades del tercer sector sin finalidad de lucro en programas de acogida quedan excluidas de esta regulación.

Además, la ley obliga a las plataformas de alquiler de corta duración a publicar información veraz y de acorde a esta regulación.

Congelación de alquileres

El decreto recoge en una disposición final una congelación de alquileres en las renovaciones anuales. Solo podrán subir un 2% en caso de que el precio del alquiler sea inferior a la media, delimitada por el Índice de Referencia. Si el alquiler es superior a los precios de referencia, el propietario no podrá subir de ninguna manera el precio en la novación año a año.

Prórrogas automáticas

El segundo decreto, que no se ha hecho público y que se separa para poder negociarlo aparte con los grupos políticos, establece la renovación automática por cinco años (siete si el dueño es una empresa) de los contratos si ninguna de las partes ha comunicado la voluntad de no extenderlo, seis meses antes en el caso del propietario, dos del inquilino. Si el casero no cumple con esa prórroga, deberá pagar una indemnización de un año al inquilino. Si alguien compra la vivienda, el nuevo propietario será el responsable de abonar esa cuantía. Las excepciones que permitirán al propietario no pagar esa indemnización son: que el casero necesite el piso o bien el cónyuge en caso de divorcio, una ausencia no justificada del inquilino durante seis meses, que el inquilino tenga ya otro piso en la misma ciudad, si hay otro contrato entre las partes de cinco años o si el casero es vulnerable. Sobre la prórroga indefinida, que se publicará en un segundo decreto, puedes leer más en este enlace.

Ayudas para la entrada de la vivienda

El Gobierno pone en marcha también un mecanismo en el que, por primera vez, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) gestionará una línea de financiación para particulares para la compra de la primera vivienda, financiada a cargo del Ministerio de Vivienda. El mecanismo “Tu Casa” permitirá financiar la entrada de una hipoteca, por hasta un total de 50.000 euros o el 20% del precio si es inferior, y tendrá un periodo de carencia (es decir, que no será necesario devolverlo) igual al plazo de la hipoteca o por un máximo de treinta años. El préstamo no tendrá intereses.

Eso sí, las viviendas que se hayan adquirido mediante esta financiación tendrá un precio máximo de transmisión: “En las segundas y posteriores transmisiones, dicho precio no podrá superar el precio de adquisición actualizado conforme a la evolución del índice de precios de consumo, pudiendo incorporarse, en los términos que se establezcan reglamentariamente, el valor de determinadas actuaciones de rehabilitación o mejora”.

El texto no determina que esta ayuda sea para jóvenes, como lo eran las ayudas similares aprobadas hasta la fecha, pero deja abierta la posibilidad al decir que se determinará “el objeto, beneficiarios, límites y otras características de la financiación, así como el importe inicial de la línea”.

Deducciones fiscales

El decreto publicado este miércoles incluye las deducciones fiscales para los caseros, que podrán alcanzar el 100% de las rentas que perciban por el alquiler en el caso de que rebajen un 5% el precio del contrato si se dan una serie de condiciones, pero también crea, por primera vez en una década, una bonificación especial para los inquilinos.

Este alivio fiscal para los arrendatarios es mucho más amplio de lo planteado en un primer borrador y, según avanzó la ministra de Vivienda, podría alcanzar a 1,6 millones de hogares. En concreto, el texto crea una deducción del 10% de las rentas pagadas por alquiler para aquellas personas con ingresos de hasta 33.007,20 euros. No será solo para jóvenes ni para residentes en zonas tensionadas, como se planteó en un primer momento.

Pero el texto fija una serie de condiciones para que los inquilinos puedan beneficiarse: en concreto, que al menos durante seis meses del año “ni el contribuyente ni ninguno de los miembros de su unidad familiar sean titulares, de manera individual o conjuntamente, de la totalidad del pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute constituido sobre otra vivienda distante a menos de cincuenta kilómetros de la vivienda arrendada, salvo que exista una resolución administrativa o judicial que les impida su uso como residencia”.

Más IVA a pisos turísticos

El texto incluye dos modificaciones en el IVA con respecto a la normativa actual. Se lo aplica a los pisos turísticos, que hasta ahora no pagaban, y pagarán un 10%, como la actividad hotelera.

Además, los ayuntamientos podrán exigir un 50% más de IBI en las viviendas residenciales que se usen para pisos turísticos y hasta un 100% a quienes tengan cuatro o más pisos turísticos. Pincha en este enlace para leer más sobre los pisos turísticos.

Menos IVA a la vivienda protegida

Con tal de promocionar la vivienda protegida, el decreto rebaja el IVA de esta construcción al 4%. En cambio, aumenta los impuestos a las socimis hasta el 25% sobre los beneficios. Este impuesto se puede reducir un 50 y hasta un 100% si la socimi en cuestión destina parte de su cartera al alquiler asequible.

Vivienda pública para siempre

El Gobierno no puede obligar a que la vivienda protegida autonómica lo sea para siempre, pero sí que lo hace con la vivienda pública estatal, de forma que la “blinda y cierra el margen a la especulación”. Si se vende la casa de Casa 47, el precio no podrá superar el máximo fijado por las viviendas protegidas en la Comunidad Autónoma donde se encuentre.

Además de estas medidas, el decreto incluye la posibilidad de recargos de hasta el 150% del IBI a la vivienda vacía a propietarios que tengan más de dos que hayan estado desocupadas más de tres años.

El otro decreto: prórrogas automáticas

Otro decreto votado aparte que ya sabíamos antes que no saldría porque lo rechazaba el PNV contemplaba la renovación automática y para siempre de los contratos de alquiler, convirtiéndolos en indefinidos. La norma contiene un único artículo que modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos y establece que, una vez llegado el fin del contrato de arrendamiento de las viviendas o alguna de sus prórrogas, y transcurridos al menos cinco años en el caso de particulares y siete con personas jurídicas, si ninguna de las partes ha comunicado la voluntad de no extender el contrato (seis meses, en el caso del propietario, y dos, en el del inquilino), “el contrato se prorrogará obligatoriamente por plazos sucesivos de cinco años, o siete años si el arrendador fuese persona jurídica”.

El texto establece que, en el caso de que el propietario notifique su voluntad de no seguir, estará obligado a indemnizar al inquilino “con una cantidad equivalente, al menos, al importe de doce mensualidades de renta de una vivienda de análogas características a la arrendada”, que se calculará con la base del sistema de referencia estatal “y en ningún caso podrá ser inferior al importe equivalente a una mensualidad de renta por cada año que el arrendatario haya residido en la vivienda”. Esta indemnización, dice el decreto ley que se publicará este jueves en el BOE; se abonará en el momento en que se entregue la vivienda.

La indemnización no será necesaria si el inquilino ha de ser obligatoriamente prorrogado por ley. Y la venta de la vivienda alquilada tampoco evitará su pago: será el comprador quien tenga que asumir el pago de esa compensación.

El decreto ley establece que la indemnización no será obligatoria para el propietario en determinadas circunstancias, “que deberán hacerse constar de forma expresa, detallada y por escrito en la notificación de preaviso”. Esto es cuando el propietario de la vivienda la necesite para uso de vivienda permanente para sí mismo o un familiar, de hasta segundo grado, o su cónyuge en caso de divorcio; cuando el inquilino no haya habitado la vivienda durante al menos seis meses en el año anterior a la notificación “salvo que la ausencia obedezca a causa justificada, como razones de salud, trabajo, estudios o cuidado de familiares”; cuando el inquilino ya disponga de una vivienda “apta para atender sus necesidades, como titular del pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute y pueda ocuparla” en la fecha en que se notifique y en el mismo municipio“.

Hoy no os voy a hablar de vivienda. Creo que ya hemos tenido todos suficiente. Solo haré un breve comentario. Resumiré los decretos en que el segundo, el de las prórrogas indefinidas para siempre, podría ser revolucionario. Y el primero estaba bien pero era más bien temporal y dejaba dudas en el aire: ¿Qué pasa con los precios de mercado en las zonas no topadas? ¿El precio de compra no se toca? ¿Seguirá habiendo desahucios a personas vulnerables? Lo demás lo podéis leer en textos como este que escribí ayer y que tuvimos que tocar con el 'no' de Junts a última hora, bien entrada la noche.

Hoy os voy a contar cómo ha sido la semana, una de las más locas que me ha tocado cubrir como periodista. O quizás me remonto a unos meses atrás. A las visitas a las casas de Maricarmen y Paquita, dos mujeres ancianas a quienes sus caseros pretendían desahuciar. Las dos transmitían fortaleza y paz a la vez y entrar en sus casas era entrar en túneles del tiempo de enciclopedias antiguas y fotos de bodas y milis en blanco y negro, una sensación de túnel del tiempo y regreso a la infancia que seguro que habéis sentido cuando habéis ido a casa de vuestras abuelas. Casa. Hogar. ¿Existe el hogar?

Qué diferente la Maricarmen avispada y cañera que conocí con esa mujer que sacaron en camilla de su casa, que hablaba desde la cama del hospital en el vídeo del Sindicato de Inquilinas. Qué diferente y apenas la separan tres meses. A Maricarmen sus caseros, los jueces y las leyes no solo la han echado de casa, también han destrozado su salud, la han torturado. Y sin embargo hay quien cree, PP, Junts, Vox, que no vale la pena poner sus votos en proteger a gente como Maricarmen o como sus sobrinos, primos segundos o conocidos (sabemos que los cercanos seguramente lo tengan todo resuelto) cuyo hogar depende de un contrato que expira y con el que el casero puede hacer lo que le salga de las narices.

Perdón, he dicho que no iba a hablar de vivienda. ¿Cómo no voy a hablar de vivienda? La cuestión es que para mí todo empezó el pasado martes, 22, camino a The District, adónde me dirigía para intentar detectar las tendencias de los fondos de inversión, para conocer mejor cómo funciona la especulación, y me encontré cosas como ofertas para invertir en vivienda con beneficios de hasta el 101%. La idea en estas ferias para un periodista es intentar ver hacia adónde van las inversiones y contarlo, en nuestro caso con el espíritu crítico que caracteriza a elDiario.es. Una bomba fétida de unos manifestantes que irrumpieron para afear a Ayuso que estuviera allí un día antes del desahucio de Maricarmen empezó a cambiarlo todo. Ella reaccionó con indiferencia y siguió paseando con los inversores, presuntamente especuladores.

Fue un compañero de Somos, Guillermo Hormigos, quien pasó la noche acampado ante la puerta de Maricarmen y fueron ellos quienes cubrieron un desahucio que pasará a la historia. No porque fuera el desahucio más cruel o más duro, ¿quién determina cuál lo es?, hay miles año a año y todos esconden algún drama, enfermedades, familias rotas.

Pero fue un desahucio en camilla, televisado, y que llevaba siendo avisado desde hacía meses, hasta la ONU había pedido al Estado que lo cancelara. Y Madrid convulsionó. Con el desahucio de Maricarmen todo Madrid, y seguramente toda España, o al menos yo y mucha gente, entramos en una especie de estado de delirio incrédulo, no podía ser que aquello que habíamos visto hubiera sucedido, desde aquel día los días, las horas, los pensamientos, los sentimientos, los primeros frescos de la mañana y el calor se entremezclan en la memoria como un jet-lag musgoso y tropical.

La manifestación del sábado desbordó todas las expectativas, el Sindicato de Inquilinas se hizo mayor como el mayor movimiento social de España, y sus jóvenes portavoces a quienes tantas veces se ha infravalorado se convirtieron en actores políticos cruciales para el devenir del mayor problema de la sociedad. Y no solo ellos. En cuanto propusieron acampar en Sol, los rostros de ira se tornaron en sonrisas, la gente recuperó la ilusión, se sintió protagonista, enseguida supieron que estar allí acampados les convertía en actores políticos. Una manifestación de un par de horas, en verdad, no supone ya un modo de presión. Pasa.

Pero estar allí, en pleno centro de Madrid, ante el vaivén de todo el mundo, incomoda. E incomodó más porque la cosa creció de las 90 tiendas de la primera noche a las 2.000 de las últimas. El efecto viralidad de Instagram sustituyó al de Twitter que operaba en el 15M.

De la acampada al Congreso

Pasé la noche en Sol la primera acampada, después me volví a centrar en el decreto, en el Ministerio, en la parte de seguimiento de las políticas públicas. Es una de las cosas que más me gusta de mi trabajo, y que no todos los periodistas, porque depende de lo que te toque cubrir, lo pueden vivir. El pasar del barro, de la calle, a los pasillos de un Ministerio en cuestión de días, a veces de minutos.

En la acampada te contaban historias no solo de alquileres locos, pisos muy compartidos, inmobiliarias que querían comprar la casa al casero, sino que también había un gran sentimiento de empatía. Fue la palabra que usó Tobías, un joven estudiante de FP y camarero de 18 años que hasta con la camisa blanca venía y que ni sabía que era 15M. Vivía con sus padres de un alquiler pagado con estrecheces en Carabanchel, pero se notaba que a él le quedaba lejos emanciparse y que realmente no estaba allí porque le resultara insoportable la idea de no encontrar piso cuando lo intente. Lo que le resultaba insoportable era haber visto a Maricarmen y la sensación de angustia y frustración que crece por todas partes en torno a la posibilidad de una casa, los precios disparados, las goteras sin reparar, las fianzas sin devolver, las hipotecas que nunca finalizan, ¿adónde van? Alguien saca tajada.

“Si los demás están bien, es mejor para ti también”, me decía una manifestante propietaria con una lógica aplastante y diametralmente opuesto al barroco “cuanto peor mejor para todos y cuanto peor para todos mejor, mejor para mí el suyo beneficio político”. ¿Cómo se puede hacer para que la clase política siga conectando con la realidad y la simpleza en su mejor sentido sin perderse en los laberintos de la burocracia y de la apatía que han hecho que este decreto haya tardado seguramente ocho años más de los que debería?

Fue la acampada de Sol la que les hizo a todos correr por un decreto que llegaba muy tarde, con la mayoría de pacientes en la UCI, algunos muertos, como Olga, que se suicidó un mes después de un desahucio.

El lunes me fui a una rueda de prensa en que el Sindicato de Inquilinas lanzó las propuestas de su decreto Maricarmen, que exigieron al Gobierno. Después, me fui a ver a Paquita, otra anciana amenazada de desahucio, que salió de la mano del ministro Bustinduy a pedir cambios en la vivienda y “que se vayan los buitres”. Tengo que decir que, aunque Bustinduy es uno de los políticos que más respeto, no me gustó que saliera a su lado. La foto te la haces cuando tienes la solución, no antes.

El Gobierno ya había dicho que el martes llevarían a Consejo de Ministros un nuevo decreto de vivienda y de allí me fui a la redacción para escribir mano a mano con Dani Ríos, compañero de política, la previa del día de la aprobación del decreto. Llevábamos todo el día esperando conseguir el borrador del decreto y nos llegó a las tantas de la noche, y flipamos con que se quedara tan solo en medidas antidesahucios hasta 2030 y prórrogas del alquiler hasta 2028. Nos dieron las tantas escribiendo, pero una de las cosas más bonitas de estos días en la redacción ha sido compartir momentos, trabajo y también muchas risas, porque pese a los dramas la vida sigue, con los compañeros de política, de Somos y del podcast Un tema al día. Es muy fácil trabajar con ellos y coordinarse, como con mi sección, en la que Álvaro Celorio siempre ha estado al quite y Serafí Del Arco me ha dado la confianza y la tranquilidad que necesitaba en los momentos de crisis.

Aquella noche vi también la imagen espectacular de Amaia dándole el 'decreto Maricarmen' a Pedro Sánchez. Al día siguiente, en las horas antes del Consejo de Ministros, se aceleró la negociación con la presión de Sumar, que consiguió introducir en el decreto las medidas del Sindicato y crear un segundo decreto que convirtiera en estructurales las renovaciones de contrato cada cinco años convirtiéndolos prácticamente en indefinidos. Mi teoría (no lo toméis en serio, por favor) es que Sánchez abrió el decreto de Amaia y le pareció que estaba bastante bien y llamó a la ministra para decirle que le parecía bien que fueran todas las medidas y que por tanto bien podría haber acabado siendo uno el decreto Maricarmen y otro el decreto Amaia.

Total, que al día siguiente me tocaba ir al Consejo de Ministros. Unas semanas antes había entrevistado a la Ministra Isabel Rodríguez y, aunque fue una entrevista muy amable en las formas, fue dura en el contenido. Creo que fui duro porque el Ministerio tiene una gran parte de responsabilidad de que estemos así y la prueba es que este decreto haya tardado tanto en salir. Con voluntad política, habría salido antes. Que es muy difícil con el Congreso como está, pero no es mi trabajo saber cómo sacarlo, es el de ellos.

Entonces estaba allí, sentado frente al Consejo de Ministros, y la ministra se acordó de mí y me sonrío, me saludó, yo todavía andaba con el sueño medio girado de la noche en Sol y el impacto de la acampada. Y de repente estaba en el otro lado de la historia, el que decide, y ya ni siquiera era un extraño o un recién llegado, que al final solo llevo seis meses en Madrid y en elDiario, los he tenido que contar porque llevaba como cuatro meses diciendo que he llegado hace tres meses. La rueda de prensa fue un tanto estrambótica y la ministra tuvo que revolver los papeles, “vaya cacao llevo”, porque el decreto claramente no es que estuviera “por maquetar”, como dijo ella, sino directamente por escribir, como explicó después José Enrique Monrosi.

Martes, miércoles y jueves han sido días de encuentros con la Secretaria de Estado de Vivienda diseccionando el decreto, llamadas a expertos, vueltas y más vueltas a uno y otro punto, horas y horas de trabajo, ríos y ríos no de tinta porque ya no se imprime, pero de bits y letras. ¿Se dice bits aún? Todo para que al final llegue Junts y diga que va a votar en contra. ¿Puedo desllamar a los expertos que me han dedicado su tiempo? ¿Y si un lector tuvo esta semana tiempo para informarse de vivienda y justo a partir de mañana se le complica y se cree que el decreto es válido? ¿Puedo hacer que lo deslean? ¿O lo vuelvo a publicar otra vez poniendo delante “ESTO YA NO VALE”?

Que tumben este decreto, del que uno ha escrito tanto, que le ha hecho a uno volver a creer en el poder de las calles y las plazas, es como para que te coja Christopher Nolan y te rebobine a lo Tenet, como para que coja Michel Gondry y borre la memoria a todo el mundo que lo haya seguido para deshacer el trauma que puede generar la posibilidad de que esta lucha no haya servido para nada. Sobre todo porque ya tenemos el precedente del 15M. Y porque hay, como Paquita, miles de Maricármenes pendientes de desahucio y miles de personas hablando a su psicólogo, si es que lo pueden pagar, de lo que les angustia llegar a final de mes y la posibilidad de llegar aún peor cuando se les acabe el contrato del alquiler.

Los decretos de vivienda que vota este viernes el Congreso tras las protestas por el desahucio de Maricarmen, en medio de una asfixiante crisis de acceso a la vivienda, suponen un avance sobre todo en la protección a los inquilinos, pero presentan algunas sombras sobre su alcance y daños colaterales. Pero ya es casi seguro que ninguno de los dos saldrá adelante. Para empezar, la negativa del PNV al decreto que garantiza contratos indefinidos de alquiler imposibilita un cambio estructural en la vida inquilina. El más amplio, pero menos ambicioso, parecía tener un acuerdo cerrado, pero Junts ha anunciado finalmente este jueves por la noche que votará en contra.

Los expertos advierten de que el decreto amplio y emergencial, que prevé una prórroga de dos años para los contratos en vigor antes de 2028 y la congelación de precios en las novaciones anuales como medidas que afectan a más personas, solo es un parche temporal. Las personas que buscan piso en zonas no topadas, además, pueden abocarse a un mercado más salvaje y que, aunque la protección de desahucios es importante y novedosa, no acabará con los desalojos de personas vulnerables. Además, sin más vivienda asequible no se podrá solucionar el déficit actual y el gran problema de acceso a las casas. 

Aunque el Sindicato de Inquilinas ha centrado sus esfuerzos en pedir el voto a favor y sobre todo en hacer hincapié en “la necesidad de que haya estabilidad” para los inquilinos, voces cercanas sí que aportan visiones críticas. Es el caso del sociólogo Jaime Palomera, que advierte que “seguirá habiendo desahucios y eso causará sorpresa e indignación” y que “la parte de la vivienda asequible queda pendiente y depende de aumentar el presupuesto público”. El panorama es aún peor si el texto, como ya es casi seguro, no se aprueba.

Palomera define este segundo texto como “pensado en actuar sobre la emergencia, aunque tenga algunas medidas más a largo plazo, pero no cambia la visión estructural del modelo de vivienda”. 

“Lo revolucionario es el otro decreto”

El abogado Pablo Feu, experto en vivienda, asegura que “lo revolucionario es el segundo decreto, cambia muchas cosas” y Palomera asegura que “es el que permite a hacer un cambio de calado que asocia alquiler con estabilidad”. “Tanto para el inquilino como para el propietario, es un mensaje de que el alquiler puede ser una forma de vida estable. Y a los mercados se les da un mensaje de que aquí no se puede comprar vivienda sabiendo que vas a echar al inquilino”, asegura. 

Este segundo decreto no se va a aprobar, una vez el PNV ha dicho que votará en contra, pero las primeras prórrogas ya pueden tener un impacto en la demanda y en el precio de las zonas no topadas. Este es el principal argumento de la patronal para criticar el blindaje de los inquilinos, pero lo comparten voces más progresistas o cercanas al inquilino. “El problema no solo será cuántos pisos desaparezcan del alquiler, sino quién podrá acceder a los que permanezcan”, dijo el jueves Miguel Ángel Huecas, presidente de FADEI, la Federación de Asociaciones Inmobiliarias. 

Más lejos fue Asval, patronal de caseros patrocinada por Blackstone y dirigida por la ex Secretaria General de Vivienda del PSOE, Helena Beunza, que pidió directamente anular los dos decretos. 

Con todo y con eso, el mensaje del miedo de las patronales con lo que respecta al precio y a la oferta tiene sentido y se puede cumplir. Una mayor estabilidad en los inquilinos de alquiler, protegidos por una prórroga primero y por renovaciones automáticas después, puede hacer que haya menos pisos disponibles. “El efecto negativo de la ley es que se focaliza mucho en los que tienen un contrato. Los que no tenían nada, siguen sin nada”, dice Feu. 

“La seguridad de quien vive de alquiler y la de quienes buscan piso es diferente. Puede ser que al aumentar la estabilidad se retiren pisos de mercado o suban los precios. Pero no se puede asegurar, porque con mayor estabilidad permites que las viviendas cumplen su función. Proteger los contratos vigentes no resuelve las dificultades de los recién llegados y en las zonas tensionadas donde no hay topes de precio, se tiene que atacar a la asequibilidad, hay que hacerlo con vivienda pública”, desarrolla Palomera. 

El director de estudios de Pisos.com, Ferran Font, con un discurso más cercano a los mercados, asegura que “las medidas pueden desincentivar al propietario”, algo que se puede trasladar al alquiler de temporada. “Veremos si las viviendas que dejen de estar en temporada se trasladan al alquiler residencial o directamente a la venta”, avisa. 

Protección a desahucios, pero no a todos

La protección a desahucios, con su suspensión obligatoria a personas vulnerables si no hay una alternativa habitacional hasta 2030 y la cobertura de la deuda del afectado de manera estructural, es un gran avance porque “responsabiliza a las administraciones” y “habrá muchos más casos protegidos”, dice Palomera. Pero también avisa de que “volverá a haber desahucios de personas vulnerables y esto va a causar sorpresa e indignación”. “No hay certeza de que un desahucio como el de Maricarmen se hubiera podido evitar con este decreto”, dice Palomera. “Muchas veces, para los inquilinos, es muy difícil acreditar la vulnerabilidad ante el juez”, dice. 

Feu cree que “no es un mal principio que la administración supla la insolvencia del inquilino”, y puede “garantizar acuerdos” porque “el propietario es indemnizado y el inquilino se asegura la tutela del estado”, desarrolla. Los caseros vulnerables o con menos de dos viviendas sí que podrán desahuciar, según la ley. “Eso puede tener alguna grieta legal por la desigualdad, pero el legislador tiene que justificar muy bien la relación causa-efecto con la situación de emergencia”, aporta Feu. 

Para Ferran Font, “es un paso adelante que la administración pública asuma la responsabilidad” de los desahucios, “pero la dificultad de ejecutarlos puede desincentivar a la hora de alquilar a personas vulnerables, que se piense que el impago queda mejor protegido”, explica. 

Temporada y habitaciones, un cambio estructural

Más allá del escudo antidesahucios, la regulación del alquiler de temporada y de habitaciones para que queden bajo el paraguas de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) son dos medidas estructurales que protegerán ante el fraude de ley. A día de hoy, quien alquila una habitación lo hace por el Código Civil y no tiene límite temporal y ni siquiera se protege su intimidad, mientras que quien alquila por temporada está expuesto a subidas o a que le echen cuando acaba el contrato, que muchas veces firma aunque tenga una necesidad a largo plazo porque no encuentra otra cosa mejor. 

Los alquileres de temporada deberán probar documentalmente la temporalidad del inquilino y, si no, se convertirán en vivienda habitual. “En algunos municipios evitará que la gente viva con contratos de pocos meses durante años y en zonas tensionadas será ilegal subir del tope”, contempla Palomera, pero advierte que “la eficacia dependerá de la inspección”. Ahí puede haber un gran agujero porque las comunidades del PP no tienen tope a los precios y, además, no tienen interés en inspeccionar que se cumpla la ley, que es su competencia. Fuentes del Gobierno confirmaron que no es su intención crear un cuerpo estatal.  

Como sucede con la vivienda habitual, no habrá ningún control de precios en el alquiler de habitaciones ni en el de temporada, por lo cual tampoco tendrá efecto en las zonas no topadas la parte de la normativa que limita que la suma de habitaciones no pueda superar el precio total de la vivienda. “Son medidas que pueden aportar cierta transparencia, pero la inspección es necesaria”, aporta Font, mientras que Feu recuerda que “en derecho, siempre partimos de la base de que cada ley nace con alguien estudiando cómo saltársela”. 

Unos buitres mal definidos

La limitación de compra a los fondos buitre, centrada a las operaciones que se hagan por un 70% menos que el precio de mercado, “será papel mojado”, lamenta Palomera. “No está prohibiendo a los especuladores comprar viviendas. Y no solo fondos buitres, también hay pequeños actores que se comportan como buitres”, dice. Font cree que al menos esta medida “puede reducir las compras de nuda propiedad o pisos okupados, pero son pisos que si no los compra un fondo que los rehabilite, se pueden degradar”. 

Feu cree que es “importante, aunque muy difícil, darle entidad jurídica al concepto fondo buitre”. “Un fondo es una entidad colectiva que reúne dinero para moverlo y el buitre es una conducta basada en la especulación y la rentabilidad”, define. “Castiga a los que compran inmuebles más baratos porque tienen intención de sacar dinero rápido y eso está bien y es novedoso, pero se puede ir más allá gracias a un estudio europeo que identifica la acción lesiva de estos fondos”, añade Feu. 

Tanto Font como Palomera ponen la lupa en el hecho de que España tan solo gaste el 0,5% del PIB en vivienda social y pública, que debería aumentar a al menos el 1%. El decreto recoge el blindaje de la vivienda protegida, una definición del alquiler asequible que protege más el precio y la absorción de viviendas de la Seguridad Social, entre otras. Además, los planes estatales suman 7.000 millones de euros hasta 2030 para las comunidades, mientras que según detalló la ministra de Vivienda en entrevista con elDiario.es, Casa 47 pondrá en el mercado de alquiler 100.000 casas en los próximos 10 años. 

Todo ello insuficiente por ahora y, sobre todo, sin un impacto inmediato en el mercado de alquiler, a no ser que se empiece a comprar vivienda usada. Casa 47 tan solo ha lanzado una oferta pública de vivienda usada por valor de 100 millones de euros. 

El decreto tiene otras medidas que van más allá del parche temporal, como la subida de impuestos a SOCIMI, el IVA del 10% a los pisos turísticos y la posibilidad de duplicarles el IBI, como también se le podrá subir a las viviendas vacías, y la facilidad para propietarios de movilizar vivienda vacía hacia el alquiler asequible. Pero el gran agujero estará en los que buscan piso, de alquiler o de compra, desprotegidos de la locura de precios allá donde no están topados, que son la mayoría de comunidades autónomas, donde gobierna el PP.

El presidente de la Cámara de Comercio de Navarra, Javier Taberna, ha recurrido en forma de alabanza a la dictadura franquista para criticar los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno y que el viernes deberán ser refrendados por el Congreso de los Diputados. A su juicio son “absolutamente inconstitucionales” y ha destacado que “Franco pensó perfectamente que la propiedad privada era la que realmente podía fortalecer a toda una sociedad”.

Javier Taberna, que ha deseado que los decretos “no salgan adelante” porque considera que “empeorarán” la situación del alquiler ha vaticinado que de ser aprobados provocarán “una huida de las inversiones, una huida absolutamente de cualquier inversión del sector privado”, en un contexto en el que considera “necesaria” la colaboración público privada. “Y esto no va a existir porque no va a haber nadie que quiera tener un piso en alquiler, porque al final pierdes la propiedad”, ha manifestado.

Ha añadido que con los decretos no se logrará aumentar la oferta de alquiler. “Al contrario, lo va a reducir y lo va a reducir drásticamente. Nadie va a querer poner una vivienda en alquiler”, ha señalado.

Además, ha considerado que ambos textos son “anticonstitucionales” porque “según el artículo 33 de la Constitución la propiedad privada es un derecho que puede ser limitado por un servicio público, pero el artículo 53.3 de la misma Constitución lo que dice es que cualquier limitación a los derechos constitucionales necesita una ley”.

“Por lo tanto, el primer elemento de anticonstitucionalidad es que se hace a través de un decreto la limitación de un derecho constitucional como es el de la propiedad privada. Dicho esto, no puedo ser más claro sobre lo que opinamos de estos decretos”, ha añadido.

A su juicio, esta norma “solamente va en favor del que ya tiene un alquiler, y en contra del propietario”. Según ha remarcado, “a los que no tienen alquiler no les mejora” su situación, “al contrario” pues “empeoran la situación de la gente que necesita” un alquiler, que “son, la gran mayoría” jóvenes.

A ellos, ha dicho, “se les empeora” la situación porque “va a haber muchos menos alquileres”, con lo cual “es absolutamente incoherente con el objetivo que parece que persigue el Gobierno”. “La alternativa es, en todo caso, dejar que la propiedad privada se desarrolle”, ha manifestado, tras subrayar que “cuanta más demanda haya, mejor se van a modular los precios, y cuanta más oferta haya, se van a modular los precios”. “Tenemos que construir”.

Para que “haya más alquileres y unos precios asequibles”, ha explicado que “evidentemente tiene que haber más alquileres”. “¿Y cómo hay más alquileres? Fomentando, estimulando que haya esos alquileres, no yendo justamente al que es el propietario”, ha indicado. Según Taberna, el ladrillo “es un refugio del ahorro, siempre lo ha sido”, pero ahora esto “no se da, la gente huye de la construcción” porque con esta normativa “prácticamente te expropian”.

“En definitiva, lo que hay que hacer es facilitar que haya más propiedad privada, facilitar que haya más empresarios”, ha manifestado, tras añadir que “en la época franquista, Franco pensó perfectamente que la propiedad privada era la que realmente podía fortalecer a toda una sociedad”. “Y es así, la propiedad privada yo creo que es buena para todo el mundo”, ha concluido.

Una de las medidas con más alcance del real decreto de vivienda publicado este miércoles tras su aprobación in extremis el martes en Consejo de Ministros es la prórroga extraordinaria para todos aquellos contratos de alquiler que venzan antes de 2029. Afecta a 1.895.676 contratos y a alrededor de 5 millones de personas, según estimaciones del Ministerio de Consumo a partir del panel de hogares, todos aquellos con contrato en vigor hasta el 31 de diciembre de 2028.

Serán bastantes más, puesto que los inquilinos de Euskadi y Navarra también pueden acogerse a esta prórroga, pero, como cuentan con un régimen foral, sus datos fiscales de vivienda no aparecen el panel de hogares de la Agencia Tributaria estatal. En Euskadi hay unos 152.000 hogares de alquiler y en Navarra, unas 45.300 viviendas en esta situación, pero no todas tienen contratos que venzan en esta fecha.

La medida no solo dará tranquilidad a todos aquellos inquilinos con contrato en vigor durante los próximos años, sino que también dará certeza a quienes solicitaron la prórroga durante el mes que estuvo en vigor una medida que, en aquella ocasión, tan solo afectaba a quienes tuvieran contrato hasta diciembre de 2027, un año antes.

La Comunidad Autónoma más beneficiada por esta medida es Madrid, donde 402.082 contratos serán prorrogables gracias al real decreto. Eso supone alrededor de un millón de personas, a razón de una media de 2,5 personas por hogar.

En Catalunya, son 339.088 los contratos prorrogables, unas 847.000 personas, la mayoría de ellos en Barcelona, donde hay 248.053.

La Comunitat Valenciana, con 224.372 contratos y unas 560.000 personas, y Andalucía, con 200.000 contratos y unas 450.000 personas, son las siguientes con más inquilinos que verán aliviado su horizonte cercano.

Galicia cuenta con 111.175 contratos que pueden acogerse al decreto, Canarias con 108.252, Castilla y León con 94.994 y Baleares más de 69.000, seguido muy de cerca por Aragón, con 64.272 contratos prorrogables.

Cierran la lista Castilla-La Mancha (54.744), Región de Murcia (46.819 contratos), Asturias (41.197), Extremadura (30.630), Cantabria (21,180) y La Rioja, con 12.721 contratos.

Todos estos inquilinos, de cualquier forma, verán ampliada su protección si se aprueba el segundo decreto, que prevé renovaciones automáticas de contratos por la misma duración que el anterior, de entre 5 y 7 años, para toda la vida, excepto para aquellos caseros que la necesiten para sí mismos. De otra forma, tendrán que pagar una anualidad de indemnización al inquilino para que se vaya.

El real decreto de vivienda, que ha supuesto un vendaval en la vida política, económica y social, se aprobó con la presión de la acampada de Sol liderada por el Sindicato de Inquilinas y desatada tras el desahucio a Maricarmen, una mujer de 87 años a quien echaron de su casa por un contrato vencido en 2007 que se había dado por prorrogado hasta que se llevó a la justicia.

El real decreto incluye también la regulación por la LAU del alquiler de habitaciones y de temporada, la suspensión de desahucios, el veto de compra a fondos buitre y la congelación de alquileres anualmente. Solo los pisos por debajo del precio medio que marca el índice podrán subir su precio, pero tan solo hasta un 2%.

Los inquilinos que cobren menos de 33.000 euros también podrán deducirse sus gastos de alquiler, así como los caseros que pongan los alquileres por debajo del precio de mercado.

Desde que el 26 de septiembre la marcha por la vivienda en Madrid se convirtiera en una multitudinaria acampada en la Puerta del Sol, miles de personas han tomado las plazas de toda España a modo de protesta. El desahucio de Maricarmen Abascal, la anciana de 87 años a la que Urbagestión echó de su vivienda, ha sido la gota que ha colmado el vaso. Barcelona, Palma, Santander, Las Palmas o Sevilla son solo algunas de las ciudades que han montado acampadas por la vivienda.

La aprobación del decreto de vivienda en el Consejo de Ministros de este martes y su publicación en el BOE no han rebajado las protestas. La acampada de Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo, se montó horas después del anuncio del Gobierno. Aquí hacemos un repaso de algunas de las protestas que se han instalado en las calles (más allá de Madrid).

Madrid

Este miércoles ya eran 1.248 las tiendas de campaña instaladas en Sol. Es, con diferencia, la acampada más grande de todas las que hay en España. Y muchos manifestantes han decidido quedarse a pesar de la aprobación del decreto de vivienda en el Consejo de Ministros. Lo consideran insuficiente. “Es una excusa para que nos vayamos, pero lo que queremos son cosas que nos aseguren una vida digna sin hipotecar nuestras vidas”, le dicen algunos a Guillermo Hormigo y África Gelardo. Dicen que es “un minipasito cuando hay que dar una maratón entera”.

Muchos de los acampados muestran su enfado con el Gobierno central, con la Comunidad de Madrid e, incluso, con el sindicato que organiza la concentración. El ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha exigido ya a la Delegación del Gobierno que desalojen la plaza “en 48 horas”. Pero aunque se les desaloje, los manifestantes dicen que volverán. Hasta que Congreso no apruebe el conocido como 'decreto Maricarmen' –la votación está prevista para este viernes–, las tiendas seguirán ocupando Sol, explican.

Catalunya

Las primeras tiendas aparecieron en la Plaça Catalunya de Barcelona la noche del 29 de septiembre. Fue una iniciativa espontánea, de grupos de barrio, antirracistas y transfeministas. Sin apoyo, en este caso, de los sindicatos de vivienda. Son un centenar largo de personas que, informa Sandra Vicente, ya tienen todo organizado: unos barren, otros preparan las comidas, hay quien atiende a la prensa y quien se mueve por la ciudad para parar los desahucios que hay programados.

“Los decretos no son suficientes”, dice Damià, un joven de 22 años que ha pasado la noche en la plaza. “Nos están dando las migajas y queremos más, porque la moratoria se parece a otras que hemos tenido y, a pesar de ello, sigue habiendo desahucios”.

La idea en Barcelona es permanecer en la plaza hasta el viernes, mínimo. Tienen claro que Junts puede tumbar uno de los dos decretos y, en ese caso, protestarán. Algunos hablan de quedarse “indefinidamente” en Plaça Catalunya: “Pase lo que pase el viernes, el problema de la vivienda no se acabará”.

Andalucía

Aunque se mantienen todavía las acampadas de Sevilla, Cádiz y Málaga, los sindicatos de vivienda en Andalucía calientan ya para las manifestaciones del fin de semana, informa Antonio Morente. Serán convocadas “probablemente este sábado” en toda España.

En Sevilla, este miércoles los acampados en la Plaza de la Encarnación, la de las famosas Setas, celebrarán una nueva asamblea para decidir el futuro de la protesta: si es mejor mantenerla o levantarla. Ya son unas 40 tiendas y más de 150 personas las que se han instalado allí, según el portavoz de la concentración y miembro del Sindicato de Inquilinas, Jaime Jover. El horizonte de la acampada es el fin de semana porque quieren leer en detalle el texto del decreto y ver qué ocurre en la votación en el Congreso de los Diputados.

Más de 300 personas decidieron este martes seguir acampados en la Plaza del Palillero de Cádiz. El Sindicato de Inquilinas dice que el “decreto farsa” no es suficiente. “Una protección con fecha de caducidad no es un derecho, es un aplazamiento”, dicen. Por eso, además de mantener la acampada, han decidido convocar una manifestación este sábado a las 12.00 horas en la plaza San Antonio.

En Málaga, la asamblea de la acampada de la Plaza de la Constitución, que se mantendrá hasta que se tomen medidas contra los inversores “invasores”, se ha sumado al llamamiento de la asamblea de Madrid: convocar una huelga general por la vivienda.

Las más de 100 personas que estaban acampadas ante las delegaciones de la Junta de Andalucía y el Gobierno central en Córdoba, por el contrario, decidieron levantar este martes su acampada. Los organizadores consideran que la reunión del Consejo de Ministro transcurrió como esperaban, sin embargo, han convocado manifestaciones para el fin de semana, informa Jesús Ventura.

Cantabria

Con amenaza de multa se han despertado este miércoles los acampados en Santander. La Policía Local ha informado a los manifestantes de la Plaza Porticada que tienen orden de sancionarles por haberse instalado allí. Son una docena de tiendas y unas 50 personas, informa Olga Agüero.

Frente a estas amenazas, la organización de la protesta ha decidido que las sanciones “se van a colectivizar” para poder pagarlas con la colaboración ciudadana. “Vamos a luchar juntas contra eso”, dicen a elDiario.es Cantabria. De momento, la Policía se ha limitado a identificarles.

La protesta, en principio, se va a mantener. Los acampados consideran que el 'decreto Maricarmen' es un “parche”: “Medidas parciales que no resuelven la raíz del problema”. “Queremos seguir, queremos llamar a la gente a que se sume”, dicen.

Illes Balears

En Palma, la protesta por el derecho a la vivienda mantiene desde el lunes una acampada en la plaza de España, donde los activistas han decidido prolongar la movilización al menos 20 días más, con o sin autorización. La 'Acampada por una vivienda para todos' se mantiene como una acción autónoma y ha planteado nuevas movilizaciones en los próximos días, informa Esther Ballesteros.

La iniciativa ha sido impulsada por la Coordinadora d’Habitatge de les Illes Balears junto a colectivos como Flama y Aurora y cuenta con la participación de integrantes del Sindicat d’Habitatge de Palma y del Sindicat de Llogaters de Mallorca. Los participantes reclaman, entre otras medidas, una rebaja de los alquileres, contratos estables, protección frente a los desahucios, regulación de los alquileres temporales y de habitaciones y límites a la compra de viviendas por fondos de inversión.

Canarias

Lo advirtieron y han cumplido. A los colectivos canarios por el derecho a la vivienda no les iba a valer la aprobación del decreto en el Consejo de Ministros. Dicen que es “descafeinado” y que no recoge sus demandas históricas, informa Gara Santana. Así que en su asamblea, en la céntrica Plaza de la Feria de Las Palmas de Gran Canaria, este martes decidieron que su protesta sería permanente.

Una veintena de tiendas se han instalado ya este miércoles. Y desde la organización recomiendan a quienes quieran participar que lleven casetas, mantas, sacos, esterillas, comida, agua y todo aquello que puedan necesitar durante la noche.

“Prohibición de la compra especulativa de vivienda”, con descuentos superiores al 30%; suspensión de los desahucios de vulnerables hasta diciembre de 2030 sin compensación para el propietario o prohibición de que los grandes tenedores superen el índice de referencia en las zonas declaradas como tensionadas.

Son algunas medidas contra los denominados fondos buitre que incluye el real decreto-ley publicado este miércoles en el BOE, aunque el texto no los menciona expresamente ni los define de una manera general. Habla, como mucho, de “fondos de inversión especulativos” sin una definición clara.

El texto señala en su artículo 1 que toda entidad, con o sin personalidad jurídica, que incluya en su objeto social la adquisición de inmuebles, “tendrá limitada la adquisición de una vivienda, a título gratuito o a título oneroso por un precio inferior al setenta por ciento de su valor de tasación de mercado”.

La limitación será temporal, hasta el 31 de diciembre de 2028, “para garantizar su proporcionalidad” y de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional. Y afectará tanto a viviendas en estado de uso como de viviendas de edificios construidos sobre suelo de calificación residencial que cumplan los requisitos para obtener la cédula de habitabilidad, desde que dispongan de certificado de fin de obra.

Esta “prohibición de la compra especulativa de vivienda”, como la define el texto en su exposición de motivos, tiene excepciones. El veto no afecta a las adquisiciones derivadas de procedimientos judiciales o ejecuciones hipotecarias. La prohibición “no se aplicará a las adquisiciones de propiedad que deriven de procedimientos de ejecución tramitados ante los órganos jurisdiccionales de conformidad con lo establecido en la legislación procesal o de procedimientos de ejecución hipotecaria”, dice el texto.

Esto significa que el decreto no impide que un fondo pueda adjudicarse una vivienda en una ejecución hipotecaria aunque el precio de adjudicación esté por debajo del 70% de la tasación.

El veto tampoco se aplicará cuando las viviendas se destinen durante al menos cinco años a vivienda habitual “a precio asequible o social”; a residencias para personas que necesiten atención sociosanitaria; a las destinadas a residencia de personas pertenecientes a colectivos socialmente vulnerables de entidades del tercer sector; a la protección de víctimas de violencia de género; y si la compradora acredita que se ha adherido a un Código de Buenas Prácticas “acordado con la autoridad competente en materia de vivienda”.

Tampoco se aplicará a operaciones que ya se hayan escriturado antes de la entrada en vigor del decreto, aunque no figuren inscritas todavía.

En lo relativo a la suspensión de los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad que no dispongan de alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2030, el artículo 2 señala que no habrá compensación al propietario durante ese periodo [a diferencia de lo que ocurre con el resto de arrendadores] cuando el dueño de la vivienda sea una “entidad con o sin personalidad jurídica dedicada a adquirir inmuebles o carteras de préstamo hipotecarios impagados por un precio claramente inferior a su valor de tasación de mercado”, y que tenga “el objeto de eludir los mecanismos de función social de la vivienda o maximizar su rentabilidad a través de la desproporción en las rentas de alquiler, en los precios de reventa o por su destinación a finalidades no residenciales”.

El texto establece que en zonas declaradas tensionadas (algo que es competencia de las Comunidades Autónomas), si el propietario es un gran tenedor, el nuevo contrato queda sometido al límite máximo del índice de precios de referencia. Además, no se pueden añadir cuotas, gastos, impuestos u otros conceptos que, directa o indirectamente, permitan superar ese límite.

Esto afecta potencialmente a muchos vehículos inmobiliarios, aunque no exclusivamente a fondos. Si no hay definición expresa de lo que es un fondo buitre, sí la hay para un gran tenedor: aquel con más de diez inmuebles urbanos residenciales o más de 1.500 m² de superficie residencial. Las comunidades autónomas podrán reducir el umbral a cinco viviendas en zonas tensionadas.

“Fondos de inversión especulativos”

La exposición de motivos del decreto publicado este miércoles en el BOE señala que “la ciudadanía que precisa de una vivienda ha de competir en un mercado con diferentes perfiles de ahorro”, desde “familias ahorradoras a fondos de inversión especulativos destinados únicamente a la obtención de la máxima rentabilidad económica de la vivienda”, lo que requiere tener una situación económica “muy favorable” y provoca “la imposibilidad o desplazamiento del acceso a la vivienda en condiciones dignas y de asequibilidad de estas personas”.

Por su parte, el decreto con la renovación automática de los alquileres, que aún no se ha publicado en el BOE, no incluye referencias explícitas a los fondos buitre pero sí para los grandes tenedores, porque les obliga a aceptar una prórroga extraordinaria de un año cuando el inquilino acredite vulnerabilidad social económica. Además, cuando el arrendador sea una empresa, la prórroga ordinaria al vencimiento del contrato será de siete años, y no de cinco.

El segundo decreto en materia de vivienda, que incluye la renovación automática de los contratos de alquiler, lo que en la práctica supone contratos indefinidos, aún no figura publicado en el Boletín Oficial del Estado, al contrario que el primero, recogido desde este miércoles. Está prevista su publicación mañana, jueves 1 de octubre. El retraso se achaca a la limitación temporal de las medidas. No obstante, el texto ya ha llegado al Congreso, ya que debe convalidarse el viernes y el documento debe registrarse en el Parlamento con al menos 48 horas de antelación

El decreto ya publicado (aquí puedes leer su letra pequeña) incluye prórrogas del alquiler hasta diciembre de 2028. Como la última norma publicada es la que prevalece y el segundo decreto habla de alquileres indefinidos, ha de ser publicado más tarde. No obstante, elDiario.es ha tenido acceso a su redacción textual:

El primero y más amplio de los decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros este martes ya es público en el Boletín Oficial del Estado. La letra pequeña aclara algunas de las dudas que quedaron en el aire. El segundo no es público, pero determina que los caseros tendrán que indemnizar con un año de la renta a los inquilinos si no cumple con la prórroga automática, que será indefinida, según el documento al que ha tenido acceso elDiario.es.

¿Qué es un fondo buitre?

En el primer artículo, se establece la limitación temporal de compra a los “fondos buitre”, según dijo el Gobierno, palabra que no aparece en el decreto, donde se habla de “protección de la función social de la vivienda y frente a la especulación”. Para limitar estas transacciones, se fija entidades que tengan como objeto social comprar casas “por un precio inferior al 70% de su valor de tasación de mercado”, entendiendo que el principal objetivo de ello es maximizar el lucro inmediatamente después. Puedes leer más sobre las medidas para vetar su compra aquí.

Suspensión de desahucios

La suspensión de desahucios, artículo segundo del decreto, queda en “suspensión” para “personas vulnerables sin alternativa habitacional”, pero solo hasta el 31 de diciembre de 2030. Si quien desahucia es un fondo como los descritos en el primer artículo, el tribunal estará obligado a suspender el proceso aunque exista sentencia. Pero si no lo es, se prevén compensaciones a los propietarios por los impagos.

En el artículo 5, se modifica la Ley de Enjuiciamento Civil e incluye la “enervación extraordinaria”. Esto significa que las Comunidades Autónomas, cuando no se ofrezca alternativa habitacional, están obligadas a cubrir los impagos del inquilino en las viviendas que no sean de grandes tenedores, es decir, con más de 10 viviendas. El Estado, a su vez, compensará a las comunidades por este gasto.

Prórroga extraordinaria

El decreto recupera la prórroga extraordinaria a todos los alquileres vigentes que venzan antes del 31 de diciembre de 2028 en los mismos términos que el contrato en vigor. Ahora bien, para acogerse a ella habrá que estar al corriente de los últimos ocho pagos. Solo si se pactan otras condiciones o si el propietario necesita el piso para él o para familiares no tendrá efecto la prórroga.

Alquiler temporal

La modificación de la LAU obliga a justificar “una causa real y acreditada” para firmar un contrato de temporada y la falta de pruebas o la ampliación de doce meses “sin justificación” convertirán el contrato en uno de vivienda habitual.

Además, el precio de los contratos de vivienda temporal deberá respetar el límite vinculado al Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda (IRAV) para las subidas anuales, que es el que se usa para sustituir al IPC y controlar las subidas de año a año.

Eso sí, la disposición transitoria octava aclara que los contratos de temporada previos a la entrada en vigor de esta ley seguirán acogiéndose a la normativa anterior, sin tanta protección ni obligación de pruebas o transformación automática en vivienda habitual en caso de incumplimiento. En cambio, si se renuevan los contratos de temporada una vez entre en vigor la ley, ya se acogerán al nuevo decreto y deberán aportar las pruebas.

Alquiler de habitaciones

En cuanto al alquiler de habitaciones, este entra en la LAU, y podrá formar parte tanto del alquiler de temporada como de la vivienda habitual. “La suma de las rentas de los contratos parciales vigentes simultáneamente sobre una misma vivienda no podrá exceder de la renta del contrato de arrendamiento unitario de la vivienda completa”, dice el decreto, y hace referencia explícita a las zonas de mercado tensionado, donde el alquiler de pisos por habitaciones deberá respetar los topes a los precios.

Una novedad es que las cesiones de habitaciones por entidades del tercer sector sin finalidad de lucro en programas de acogida quedan excluidas de esta regulación.

Además, la ley obliga a las plataformas de alquiler de corta duración a publicar información veraz y de acorde a esta regulación.

Congelación de alquileres

El decreto recoge en una disposición final una congelación de alquileres en las renovaciones anuales. Solo podrán subir un 2% en caso de que el precio del alquiler sea inferior a la media, delimitada por el Índice de Referencia. Si el alquiler es superior a los precios de referencia, el propietario no podrá subir de ninguna manera el precio en la novación año a año.

Prórrogas automáticas

El segundo decreto, que no se ha hecho público y que se separa para poder negociarlo aparte con los grupos políticos, establece la renovación automática por cinco años (siete si el dueño es una empresa) de los contratos si ninguna de las partes ha comunicado la voluntad de no extenderlo, seis meses antes en el caso del propietario, dos del inquilino. Si el casero no cumple con esa prórroga, deberá pagar una indemnización de un año al inquilino. Si alguien compra la vivienda, el nuevo propietario será el responsable de abonar esa cuantía. Las excepciones que permitirán al propietario no pagar esa indemnización son: que el casero necesite el piso o bien el cónyuge en caso de divorcio, una ausencia no justificada del inquilino durante seis meses, que el inquilino tenga ya otro piso en la misma ciudad, si hay otro contrato entre las partes de cinco años o si el casero es vulnerable. Sobre la prórroga indefinida, que se publicará en un segundo decreto, puedes leer más en este enlace.

Ayudas para la entrada de la vivienda

El Gobierno pone en marcha también un mecanismo en el que, por primera vez, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) gestionará una línea de financiación para particulares para la compra de la primera vivienda, financiada a cargo del Ministerio de Vivienda. El mecanismo “Tu Casa” permitirá financiar la entrada de una hipoteca, por hasta un total de 50.000 euros o el 20% del precio si es inferior, y tendrá un periodo de carencia (es decir, que no será necesario devolverlo) igual al plazo de la hipoteca o por un máximo de treinta años. El préstamo no tendrá intereses.

Eso sí, las viviendas que se hayan adquirido mediante esta financiación tendrá un precio máximo de transmisión: “En las segundas y posteriores transmisiones, dicho precio no podrá superar el precio de adquisición actualizado conforme a la evolución del índice de precios de consumo, pudiendo incorporarse, en los términos que se establezcan reglamentariamente, el valor de determinadas actuaciones de rehabilitación o mejora”.

El texto no determina que esta ayuda sea para jóvenes, como lo eran las ayudas similares aprobadas hasta la fecha, pero deja abierta la posibilidad al decir que se determinará “el objeto, beneficiarios, límites y otras características de la financiación, así como el importe inicial de la línea”.

Deducciones fiscales

El decreto publicado este miércoles incluye las deducciones fiscales para los caseros, que podrán alcanzar el 100% de las rentas que perciban por el alquiler en el caso de que rebajen un 5% el precio del contrato si se dan una serie de condiciones, pero también crea, por primera vez en una década, una bonificación especial para los inquilinos.

Este alivio fiscal para los arrendatarios es mucho más amplio de lo planteado en un primer borrador y, según avanzó la ministra de Vivienda, podría alcanzar a 1,6 millones de hogares. En concreto, el texto crea una deducción del 10% de las rentas pagadas por alquiler para aquellas personas con ingresos de hasta 33.007,20 euros. No será solo para jóvenes ni para residentes en zonas tensionadas, como se planteó en un primer momento.

Pero el texto fija una serie de condiciones para que los inquilinos puedan beneficiarse: en concreto, que al menos durante seis meses del año “ni el contribuyente ni ninguno de los miembros de su unidad familiar sean titulares, de manera individual o conjuntamente, de la totalidad del pleno dominio o de un derecho real de uso o disfrute constituido sobre otra vivienda distante a menos de cincuenta kilómetros de la vivienda arrendada, salvo que exista una resolución administrativa o judicial que les impida su uso como residencia”.

Más IVA a pisos turísticos

El texto incluye dos modificaciones en el IVA con respecto a la normativa actual. Se lo aplica a los pisos turísticos, que hasta ahora no pagaban, y pagarán un 10%, como la actividad hotelera.

Además, los ayuntamientos podrán exigir un 50% más de IBI en las viviendas residenciales que se usen para pisos turísticos y hasta un 100% a quienes tengan cuatro o más pisos turísticos. Pincha en este enlace para leer más sobre los pisos turísticos.

Menos IVA a la vivienda protegida

Con tal de promocionar la vivienda protegida, el decreto rebaja el IVA de esta construcción al 4%. En cambio, aumenta los impuestos a las socimis hasta el 25% sobre los beneficios. Este impuesto se puede reducir un 50 y hasta un 100% si la socimi en cuestión destina parte de su cartera al alquiler asequible.

Vivienda pública para siempre

El Gobierno no puede obligar a que la vivienda protegida autonómica lo sea para siempre, pero sí que lo hace con la vivienda pública estatal, de forma que la “blinda y cierra el margen a la especulación”. Si se vende la casa de Casa 47, el precio no podrá superar el máximo fijado por las viviendas protegidas en la Comunidad Autónoma donde se encuentre.

Además de estas medidas, el decreto incluye la posibilidad de recargos de hasta el 150% del IBI a la vivienda vacía a propietarios que tengan más de dos que hayan estado desocupadas más de tres años.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el primer decreto de vivienda aprobado el martes por el Consejo de Ministros. El texto incluye la protección frente a los desahucios ampliada hasta 2030; la regulación de alquiler de temporada y habitaciones; la prohibición de la compra de fondos buitre hasta el 2028 y la prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028, entre otras cuestiones.

Ente los principales puntos, se incluye la protección frente a los desahucios, que impide ejecutarlos a personas vulnerables sin alternativa habitacional, se amplía hasta 2030, después de que durante la tarde del lunes el borrador recogiera 2028 como fecha clave. También se refuerza la obligación de ofrecer alternativas residenciales de las administraciones autonómicas y municipales. Consulta el texto íntegro:

Otros puntos destacables:

El segundo decreto recoge la renovación automática de los alquileres y aún no se ha publicado en el BOE si bien ya ha sido remitido al Congreso de los Diputados. Lo reproducimos íntegro a continuación:

La redacción final del decreto de vivienda que se aprobará este martes en el Consejo de Ministros se encuentra aún abierta. El Consejo de Ministros que tenía previsto empezar a las 9.30 ha dado inicio con una hora de retraso mientras PSOE y Sumar negocian bajo la presión de la acampada del Sindicato de Inquilinas en la Puerta del Sol, que cumplió su tercera jornada sin signos de desgaste. Sus organizadores han insistido en que el decreto debe contener sus cinco reivindicaciones y, muy particularmente, la principal de ellas: la renovación automática de todos los contratos de alquiler para que pasen a ser indefinidos.

Pero el último borrador elaborado por el Ministerio de Vivienda, al que tuvo acceso elDiario.es y que era la base sobre la que estaban negociando PSOE y Sumar a última hora del lunes, no incluye la puesta en marcha de estos contratos indefinidos de alquiler reclamados por el Sindicato. Se limita a ofrecer la posibilidad a los arrendatarios de solicitar prórrogas de sus contratos por dos años por la misma renta si estos vencen antes de 2029. No obstante, Sumar se ha alineado con la principal reivindicación del colectivo que se encuentra acampado en la Puerta del Sol (Madrid) y exige que los inquilinos puedan serlo por tiempo indeterminado mientras el casero no necesite la vivienda para sí o sus familiares, un extremo que el PSOE rechaza.

Parece muy complicado, admiten algunas fuentes del ala minoritaria de la coalición, que el PSOE asuma al 100% la exigencia del Sindicato de Inquilinas: que, por defecto, los contratos de alquiler pasen a no tener fecha de fin mientras el propietario no necesite el piso para vivir, lo cual, argumentan, ayudaría a controlar los precios y daría estabilidad a los arrendatarios. Junts, cuyos votos serán imprescindibles dentro de unas semanas para convalidar el decreto en el Congreso, también se encuentra muy lejos de estas posturas. Pero Sumar quiere lograr, al menos, ir algo más allá de la legislación actual y ganar cierta estabilidad para los inquilinos.

No es la única discrepancia que ha expresado el ala minoritaria del Gobierno a pocas horas de que el paquete reciba luz verde: Sumar también critica que la protección antidesahucios que contiene el borrador del decreto se queda corta. Ese borrador limita la protección tan solo hasta finales de 2028, y establece que solo se suspenderían los desalojos en el caso de que el casero fuera una empresa o bien una persona física con tres o más viviendas. Los propietarios con dos pisos o menos podrían desahuciar sin cortapisas. La suspensión no sería permanente: se revisaría cada 12 meses y decaería, como máximo, a los tres años. A partir de ese periodo, si las administraciones no han logrado encontrar una alternativa habitacional al inquilino vulnerable, el desalojo se reactivaría.

Discrepancia en los desahucios

Al contrario que Sumar, Junts cree que el decreto va demasiado lejos y que el escudo antidesahucios debería dejar fuera a los pequeños propietarios que desahucian. Los independentistas denuncian que, a su juicio, el texto “da por buenas las ocupaciones” y deja “sin protección a los pequeños propietarios, dejándolos al mismo nivel que los fondos buitre”, a pesar de que recoge una de sus exigencias: que las administraciones estarían obligadas a cubrir los impagos de las cuotas del alquiler de los inquilinos que no las puedan pagar cuando se suspenda su desahucio, o en su defecto los gastos que acuerde con el casero, siempre y cuando no sea una empresa.

En un comunicado lanzado al filo de las 21.00 horas del lunes, Junts sostuvo que, en esos términos, no podría apoyar el decreto. La formación independentista, no obstante, asegura que quiere que “haya pacto” y que es “el Gobierno español” quien “se aleja del acuerdo trabajado en los últimos días y vuelve a poner en riesgo las soluciones en materia de vivienda”. “Por nosotros no quedará, estamos dispuestos a seguir hablando y trabajando hasta el final para encontrar un texto que dé respuesta a los problemas reales de vivienda”, asegura la formación.

El alquiler por habitaciones, fuera

También generaba discrepancias a última hora del lunes la decisión del PSOE de eliminar de su borrador de decreto la regulación del alquiler de habitaciones, que en la negociación del pasado julio sí que puso sobre la mesa. Fuentes del Ministerio de Vivienda justifican esta decisión asegurando que la medida podría perjudicar a los más vulnerables, pero Sumar asegura que está intentando revertirla porque, dice, “constituye una de las principales vías de entrada de la especulación y los abusos en el mercado del alquiler”.

El borrador sí incluye una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos para establecer que el alquiler de temporada esté sujeto a las mismas restricciones para caseros y ofrezca los mismos derechos a los inquilinos que el arrendamiento ordinario.

También se encuentra en el borrador que se negocia contra reloj en el seno del Gobierno la posibilidad de solicitar una prórroga al mismo precio tan solo de los contratos de alquiler que venzan, como tarde, en 2028, como reclamaba Sumar. Para conseguir esta extensión del alquiler durante dos años el inquilino tendrá que solicitarla dos veces: una primera cuando venza su contrato y una segunda cuando vaya a vencer el primer año de extensión. El casero tan solo podrá negarse a esta prórroga si ofrece al arrendatario la renovación de su contrato o la firma de uno nuevo con un precio rebajado al menos un 5%.

Más incentivos fiscales para caseros e inquilinos

En cuanto a la pata fiscal del decreto, el Gobierno plantea ampliar las deducciones en el IRPF para los caseros, que podrán reducirse hasta el 100% de lo que ingresan por los alquileres en algunos supuestos (ahora es hasta el 90%). En concreto, la ampliación hasta eximir de tributación todas estas rentas es si rebajan más de un 5% el precio del alquiler a sus inquilinos una vez finalizado su contrato previo; o si firman un acuerdo con otro arrendatario y la renta inicial es inferior al máximo fijado por el índice de referencia que elabora el Ministerio de Vivienda.

Este porcentaje se recorta al 95% si se alquila en una zona tensionada a menores de 35 años, o del 90% si solo se cumple el primero de estos requisitos. La deducción actual se amplía al 85% para aquellos alquileres a jóvenes de hasta 35 años.

El alivio fiscal si el casero mantiene el precio del alquiler a un nuevo inquilino, en relación con el contrato previo, será del 50%, en una escala progresiva que se recorta hasta el 15% cuando el incremento de precio sea 'solo' del 20%.

Para los inquilinos, el borrador plantea una deducción solo para aquellos jóvenes que residan en zonas tensionadas con ingresos anuales inferiores a 33.007,20 euros. En concreto, podrán deducirse hasta el 10% de lo que han pagado por el alquiler de su vivienda habitual, hasta un tope máximo de 11.630 euros anuales, en el caso de que los ingresos se sitúen por debajo de 23.007,20 euros al año.

Mientras en varias ciudades de España, centenares de personas se manifiestan y concentran contra el desahucio de Maricarmen, la anciana madrileña que esta semana fue sacada del que ha sido su hogar durante siete décadas, en Toledo, otro caso ha despertado la solidaridad ciudadana.

Rosario, una mujer de 80 años a la que se le ha terminado el contrato de alquiler, tenía que entregar hoy las llaves de su hogar. Viuda, sin hijos, con una discapacidad, y con una pensión que roza los 500 euros mensuales, afronta una situación complicada debido al tensionado mercado de vivienda de Toledo. No obstante, gracias a la “presión popular” se ha abierto la negociación con la familia propietaria y Rosario dormirá esta noche en su hogar.

Decenas de personas se han concentrado en la tarde de este lunes en la toledana plaza de San Justo, para pedir que se encuentre una alternativa habitacional en el barrio del Casco Histórico, donde ella reside. Una concentración para “apoyar y respaldar a Rosario, que no se encuentre sola ante este paso”, apunta Alicia Martínez, miembro del Unión Popular de Inquilinos de Toledo. Rosario lleva viviendo cinco años en esa casa, aunque siempre lo ha hecho en este barrio del Casco Histórico. “Antes podías cambiar fácilmente de casa, se te acababa el contrato y te ibas a otra, ahora te quedas en la calle y es una injusticia tremenda porque te obliga a irte de tu ciudad”. El barrio al que alude la activista es uno de los más codiciados para el negocio turístico en la ciudad.

“Una plaza residencial no resuelve un mercado tensionado”

Esta mañana la concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Toledo -en el que gobierna PP y Vox- explicaba que se le ha ofrecido a Rosario una plaza en la Residencia Social Asistida (RSA) San José, ubicada en el barrio toledano de Azucaica, a varios kilómetros del centro.

Alicia Martínez ha señalado que “la crisis de la vivienda, marcada por un mercado tensionado no se puede resolver ni con plazas residenciales ni con viviendas sociales”. “No se nos puede apartar a las personas de nuestros barrios, de los espacios que nos han visto crecer y desarrollar nuestros proyectos de vida”, ha expresado. Explica que la propuesta del ayuntamiento es “una solución técnica, no una solución humana”.

Desde la Unión Popular de Inquilinas de Toledo también advertían de la “responsabilidad de la Iglesia, una institución con una importante presencia inmobiliaria en el Casco Histórico”. Explicaban que “mientras se destinan inmuebles a nuevos apartamentos turísticos, operaciones hoteleras y venta inmobiliaria, Toledo mantiene además numerosos conventos y edificios religiosos sin uso residencial”.

Además, exigen que Toledo sea declarada zona tensionada y que se intervengan los precios. “Precisamente el pasado lunes el pleno del Ayuntamiento de Toledo, con PP y Vox al frente, volvió a rechazar está declaración, que fue propuesta por IU”, recuerdan.

Martínez pide que Rosario pueda quedarse en su barrio: “Si no puede quedarse en su casa, que tenga una vivienda asequible en su barrio, una vivienda que pueda pagar ella igual que quisiéramos cualquiera de nosotros, de los vecinos que vivimos en cualquier barrio de Toledo y en este caso en el Casco Histórico”.

Negociación abierta con la familia propietaria

Asegura que “gracias a la presión popular” se ha conseguido abrir una ventana hacia la negociación con la familia: “Hemos abierto una negociación con la abogada de la familia de la vivienda de Rosario y están abiertos a escuchar nuestras propuestas”, explica Martínez. Apunta que “Rosario quiere quedarse al menos un año en la casa para que le dé tiempo a encontrar una vivienda asequible para ella en su propio barrio. Añade que para tener ese tiempo ”necesita evidentemente que mañana se apruebe el decreto Maricarmen, que se considere el mercado entero como tensionado por la introducción de los fondos y de la especulación en los mercados de la vivienda“.

“Si nos dan ese tiempo, Rosario podrá alquilar otra vivienda y seguir con sus vecinas con las que pasa el día aquí en los banquitos de la plaza de San Justo. Ella es una persona con cierto grado de discapacidad, pero que se vale por sí misma perfectamente, que baja a la calle, que visita a sus vecinas, que se va al mercado, que se pasa la mañana hablando con las vecinas y que si tú le quitas eso, le estás quitando la posibilidad de seguir viviendo”, matiza.

Martínez asegura que Rosario pasará la noche de este lunes en su casa: “Hoy va a poder dormir ahí, pero no sabemos lo que va a pasar el viernes que viene. Gracias a la presión popular y a todas las personas que nos están apoyando hoy [Rosario va a poder tener más tiempo]. Pero la presión tiene que continuar, concienciando de la necesidad que tiene que haber un cambio estructural y global porque es un problema colectivo”.

Martínez ha apuntado también que el mercado de vivienda en Toledo, y en particular en el Casco Histórico, tiene que “dejar de estar tensionado, que se reduzcan los precios, se liberen apartamentos turísticos y vurelvan a convertirse en residencias”. Exige que “los precios bajen mínimo un 50% para que las personas podamos vivir y desarrollar nuestro proyectos de vida en acasas habitables, no es torres aisladas o en residencias para personas mayores”.

En su opinión, “Maricarmen y Rosario están siendo las puntas de lanza de lo que nos está ocurriendo a todas, que en cualquier momento nos pueden tirar de nuestra casa si se nos acaba el alquiler y no tenemos la posibilidad de quedarnos en nuestros barrios porque con nuestros sueldos no podemos pagar esos alquileres”.

El Gobierno apura las últimas horas de negociación con sus socios y, particularmente, con Junts para aprobar este martes el decreto de vivienda con el que quiere responder al malestar social generado a raíz del desahucio de Maricarmen. El Ministerio que lidera Isabel Rodríguez ha mantenido durante todo el fin de semana abiertas las conversaciones con los grupos para llegar al primer Consejo de Ministros tras el polémico desalojo con un texto ya encarrilado. Y, aunque el paquete de medidas aún no está cerrado, la decisión de no retrasar más su puesta en marcha es firme, habida cuenta de la presión que no afloja por parte del Sindicato de Inquilinas, que ya afronta su tercera noche de acampada en la Puerta del Sol.

Las negociaciones han discurrido a toda velocidad tras el enorme impacto que provocó el desalojo de una mujer de 87 años de su vivienda, en la que llevaba residiendo 70. Lejos de ser un desahucio más, el de Maricarmen ha cobrado en los últimos días categoría de símbolo y ha puesto contra las cuerdas a un Ministerio de Vivienda que lleva desde julio retrasando la aprobación del decreto de medidas para hacer frente a la crisis de acceso a un techo. El ala socialista del Gobierno apostaba hasta el martes pasado —pese a la presión de Sumar— por no dar luz verde al texto hasta tener atados los apoyos para sacarlo adelante. Pero la ola de indignación social y las críticas por su izquierda han forzado al presidente Pedro Sánchez a cambiar de posición.

La intención de Vivienda ha sido, desde la semana pasada, aprobar el decreto el martes. Pero no ha sido hasta este mismo domingo, menos de 24 horas después de la masiva manifestación en Madrid por el derecho a un techo que ha desembocado en una acampada en la Puerta del Sol de la capital, cuando el Gobierno ha confirmado con total certeza que el texto estará listo para esta semana. El propio Sánchez, durante su intervención en un mitin del PSOE madrileño, se dirigió expresamente a la recién desalojada Maricarmen para asegurar el Ejecutivo “está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes” el paquete de medidas al Consejo de Ministros con el finde “empezar a aliviar la situación de emergencia habitacional”.

Este lunes, a primera hora, fuentes del Ministerio de Vivienda han enviado un comunicado en el que reconocen que el Gobierno sigue negociando, pero confirma que se centra en la protección ante los desahucios, “para que no haya una sola Maricarmen más” o la prohibición de la “compra especulativa a los fondos buitre”. Según el departamento que dirige Isabel Rodríguez encima de la mesa también está la “estabilización de los contratos de alquiler” y la regulación de los alquileres de temporada, la aplicación del IVA a los pisos turísticos.

Además, el Gobierno contempla bonificaciones fiscales tanto para inquilinos como para los propietarios “que bajen el precio del alquiler”, así como ayudas para la compra de la primera vivienda, el blindaje del parque estatal de vivienda u otra reducción del IVA a la construcción de vivienda protegida. “La concreción de estos puntos sigue en negociación. El Gobierno está afanándose en construir un acuerdo entre los grupos parlamentarios que responda al clamor social y mejore el acceso a la vivienda de la ciudadanía”, señala Vivienda.

No obstante, fuentes de Sumar también han especificado a primera hora “que el acuerdo sobre el texto sigue muy lejos”. “El decreto debe escuchar el clamor de la calle”, explican desde la coalición, que remarcan que los borradores con los que se trabajan quedan “aún lejos de dar una respuesta clara en puntos muy concretos: una protección completa frente a desahucios, la regulación de temporada y habitaciones, la prórroga de los contratos, atajar el fraude los pisos turísticos, y la renovación de los contratos”.

“No vamos a permitir que se diluyan elementos que son centrales para atajar la crisis de vivienda que sufre nuestro país. A esta hora estamos lejos de tener un acuerdo sobre el texto y vamos a seguir trabajando durante el día de hoy. No vamos a validar un texto que no esté a la altura del momento que exige la ciudadanía”, zanjan.

La confirmación de que el decreto se aprobará finalmente el martes desactiva parcialmente el órdago lanzado el sábado por Sumar, que amenazó con volver a “plantarse” y no entrar al Consejo de Ministros —como ya hicieran los cinco ministros de la formación hace medio año— si la intención de Vivienda era no dar “ya” luz verde al paquete de medidas. Fuentes de Sumar explican que, durante unas horas en el fin de semana, temieron que la Moncloa retrasara la puesta en marcha del texto, aunque finalmente ese no ha sido el caso.

Las conversaciones continúan

En su intervención de este domingo, Sánchez pidió a sus aliados en el Congreso hacer “un último esfuerzo” para que el texto sea convalidado dentro de unas semanas en la Cámara Baja. Pero lo cierto es que el Ejecutivo se va a ver obligado a hacer encaje de bolillos para conciliar las exigencias de sus socios de derechas y las de los partidos de izquierdas.

Aún se desconoce cuáles serán las medidas exactas que se incluirán en el paquete. Y, además, el hecho de que se vaya a aprobar este martes un decreto en el Consejo de Ministros no es el final del camino, sino solo el primer hito del mismo. Una vez recibida la luz verde del Gobierno, el texto entraría en vigor, pero la ley establece que, en el plazo de un mes, tendrá que ser sometido a votación en el Congreso para ser convalidado o derogado. Como ya ha ocurrido en varias ocasiones durante la legislatura, no puede descartarse que la negociación se alargue hasta el fin del plazo, aunque la intención de Vivienda es tener los votos lo más atados posible antes del martes.

Además, el Ejecutivo va a tener que afrontar la presión del Sindicato de Inquilinos, que logró mantener activa la acampada de la Puerta del Sol durante todo el domingo y que ha avisado de que no tiene intención de levantarla hasta que no se apruebe un paquete de medidas ambicioso. El colectivo exige a Vivienda que el decreto del martes contenga cinco puntos: “medidas estructurales para impedir los desahucios”, la regulación de “los alquileres por temporada y por habitaciones”, “la congelación de los precios actuales del alquiler”, “la aprobación de prórrogas efectivas” y “la renovación automática de todos los contratos, para que pasen a ser indefinidos, como ya ocurre en países como Inglaterra”. Sin todas esas medidas, considera el Sindicato de Inquilinos, “este Gobierno no tiene sentido”.

De estas exigencias, el Ejecutivo lleva meses trabajando en la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones para que estén sujetos a las mismas restricciones y normas que los arrendamientos ordinarios, y también se prevé que el decreto incluya la posibilidad de que los inquilinos soliciten una prórroga de sus contratos por dos años al mismo precio. No obstante, parece más complicado que el texto vaya a establecer “medidas estructurales para impedir los desahucios”, puesto que, en todos los escudos sociales aprobados en los últimos años, estas iniciativas han tenido carácter temporal y han tenido que ir prorrogándose. Igualmente, la conversión de todos los arrendamientos en indefinidos tampoco es compartida por el ala socialista del Gobierno.

Convencer a Junts y Podemos

La base sobre la que ha negociado Vivienda con sus aliados durante los últimos días es el borrador de decreto que les envió en el mes de julio. Entonces, ese paquete fue recibido con frialdad por Junts y Podemos, que aseguraron que no estaban dispuestos a apoyarlo en esos términos. Las razones de ambos, no obstante, eran radicalmente diferentes. Los morados rechazaban que incluyera una reforma de la ley del suelo para relajar la regulación para la construcción de vivienda. Los independentistas, por su parte, exigían incluir un número mayor de sus exigencias, como la exención de impuestos a todos los inquilinos —se limitaban esas deducciones a los jóvenes de 18 a 35 años—, la deducción para los pequeños propietarios hipotecados, medidas para facilitar los desahucios exprés o la desgravación de las cuentas de ahorro para la vivienda.

En esta última semana, aunque ha mantenido contactos con todos los grupos, Vivienda se ha centrado en intentar atraer al acuerdo a Junts, que el Ministerio considera el socio más escurridizo. Para ello, el Gobierno ha negociado en los últimos días concesiones a la formación liderada por Carles Puigdemont en materia fiscal, habida cuenta de que los independentistas, por primera vez en meses, han expresado públicamente su voluntad de negociar y han señalado que sus reivindicaciones pasan porque el Ejecutivo asumiera las “medidas concretas” —la mayor parte, de carácter impositivo— que ha ido presentando en los últimos tiempos en el Congreso.

Junts lleva meses exigiendo la puesta en marcha de deducciones por adquisición de vivienda habitual y también para cuentas de ahorro destinadas a la compra de vivienda, así como exenciones para los inquilinos con rentas por debajo de los 33.000 euros anuales por el alquiler de su vivienda habitual. En la misma línea, los independentistas propusieron hace unos meses la reducción al 0% del IVA para la compra de vivienda habitual en el caso de los menores de 35 años, así como la cesión a la Generalitat de los inmuebles de la Sareb ubicados en Catalunya. Algunas de esas medidas, aunque no todas, ya estaban contempladas en el borrador del decreto que el Ministerio de Vivienda hizo llegar a los grupos parlamentarios en julio, si bien para Junts ese texto se quedaba corto.

Además, el viernes pasado trascendió que el Gobierno también estaba negociando con Junts otras dos iniciativas para incluir en el decreto: prohibir la compra de viviendas a los fondos de inversión y vetar los desahucios de inquilinos vulnerables que estén arrendando un piso propiedad de una de estas empresas. Estas dos medidas suponen sendos cambios de posición tanto de Junts como del PSOE. Los socialistas, hace un par de semanas, se abstuvieron en la toma en consideración en el Congreso de una proposición de ley de Sumar que pretendía, precisamente, iniciar la tramitación de una ley para prohibir la compra de viviendas a las personas jurídicas, entre ellas los fondos buitre. Por su parte, Junts tumbó —junto a PP y Vox— a principios de este año el escudo antidesahucios que se encontraba vigente desde la pandemia.

La fórmula que negocia ahora Vivienda con Junts buscaría intentar acercar a los independentistas a un acuerdo, dado que los de Carles Puigdemont se abrirían, por primera vez en meses, a recuperar una cierta protección a los inquilinos vulnerables que no pueden pagar su alquiler. No obstante, la medida tan solo afectaría a las familias que vivan alquiladas en pisos propiedad de empresas y fondos, que son la minoría, puesto que el parque de vivienda en alquiler en España pertenece muy mayoritariamente a particulares.

Para solventar este agujero, el Gobierno negocia también con Junts —como adelantó hace unos días elDiario.es— una solución intermedia entre la demanda de la izquierda de prohibir sine die los desahucios y el argumento de Junts de la inseguridad jurídica para los propietarios frente al fenómeno de la “inquiokupación”: que los desalojos de familias vulnerables de inmuebles propiedad de particulares se paralicen hasta que el inquilino en situación de vulnerabilidad tenga una alternativa, pero que sea la administración competente y no el dueño del piso quien acarree con todos los gastos mientras dure el proceso.

Sumar ha amenazado al ala socialista del Gobierno con no entrar el próximo martes al Consejo de Ministros si no va el decreto de vivienda tras el desahucio de Maricarmen. “El próximo martes el Consejo de Ministros tiene que aprobar un paquete de medidas efectivas frente a la crisis de la vivienda. No valen parches”, han detallado en un comunicado difundido a los medios. “Este país necesita un gran acuerdo en materia de vivienda que impida que ninguna Maricarmen más sea expulsada de su casa y que proteja a los cientos de miles de personas que no llegan a final de mes por culpa de la vivienda”, han defendido.

“El desahucio de Maricarmen y la respuesta de la sociedad civil han mostrado de nuevo en su forma más cruda el gran problema que atraviesa nuestro país: la vivienda. La gran fábrica de la desigualdad de nuestra sociedad. La herida por la que se desangra nuestra democracia”, han explicado en un texto donde recuerdan que hace seis meses ya hicieron lo mismo “para que los ministros del PSOE aceptasen aprobar el decreto que prorrogaba los alquileres”. En marzo, con este movimiento, arrancaron al PSOE un segundo decreto con medidas de vivienda que, finalmente, no prosperó en el Congreso.

Por ello, han defendido que este decreto debe ser “responsabilidad del gobierno del que formamos parte, un Gobierno que nació precisamente con ese mandato”. “El PSOE no se puede poner más de perfil”, ha avisado Sumar que ha recordado que las soluciones llevan “meses sobre la mesa” con “la prórroga reforzada de los alquileres, la protección de las familias frente a los desahucios y a los fondos buitre, la regulación de los usos especulativos de la vivienda como los pisos turísticos y el fraude en los alquileres de temporada o por habitaciones, la recuperación de la vivienda de Maricarmen y la renovación automática de los contratos de alquiler, para que nadie tenga que dejar su hogar porque alguien quiera hacer negocio con él”.

El Ministerio de Vivienda tendría encima de la mesa un decreto con medidas como prohibir la compra de viviendas a los fondos de inversión y vetar los desahucios de inquilinos vulnerables que estén arrendando un piso propiedad de una de estas empresas. El Gobierno se encuentra elaborando contra reloj en contacto con sus socios parlamentarios y también Junts para intentar ponerlo en marcha de cara al próximo martes en el Consejo de Ministros. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ya explicó que se trabaja para llevar este Real Decreto Ley al próximo Consejo.

Desde Sumar han insistido en este comunicado que “la sociedad no va a aceptar respuestas parciales ni medidas descafeinadas frente al drama de los desahucios y ante un problema tan profundo y urgente como la crisis de vivienda”, ya que “hacen falta reformas efectivas e integrales que son ya medidas de consenso social”. “Sin excusas ni rebajas”, han avisado.

Para Sumar, el objetivo está claro: “No vivir pendiente de que le renueven el contrato del alquiler, no tener miedo a quedarse en la calle, que las casas sean para vivir y no para especular”. Sobre todo, con una derecha en frente que “han decidido contribuir una y otra vez al problema”: “Han tumbado en reiteradas ocasiones el escudo antidesahucios, han votado contra cualquier medida que prohíba a unos pocos forrarse a costa de las casas de todos, y, precisamente en una semana como esta, las vemos esconderse”.

Sumar recuerda que siempre han situado la vivienda “en el centro de nuestra actividad política” y lo han defendido “con normas propias y apoyando las iniciativas legislativas de los sindicatos de inquilinos e inquilinas y las plataformas de vivienda”. Este mismo septiembre, llevaron una ley al Congreso para prohibir la compra de pisos a los fondos. La Cámara baja rechazó por segunda vez comenzar a debatir esta propuesta con el voto en contra de PP, Vox y Junts y la abstención del PNV y de los socialistas, quienes dudaron sobre el sentido de su voto hasta el último minuto, aunque su posición no era decisiva.

La paradoja está servida. De las 317 zonas de mercado residencial tensionado declaradas en todo el Estado, sólo dos están en una comunidad gobernada por el PP. Son las ciudades de A Coruña y Santiago, en Galicia. La Xunta las aprobó a regañadientes, cumpliendo una Ley de Vivienda que, al igual que otras autonomías populares, recurrió sin éxito ante el Constitucional y poniendo —según los afectados— numerosas trabas a ambos procesos. Ahora, mientras los candidatos conservadores a esas alcaldías atacan los efectos de la medida, sobre todo sobre el alquiler, al gobierno gallego le acaba de caer una sustanciosa pedrea: 5,1 millones de euros de los 90 que el Ministerio destina a los territorios que han implantado el tope de precios. Las regidoras de Coruña y Compostela quieren gestionar ese dinero, pero Alfonso Rueda les ha dicho que no y que será él quien decida en qué se invierten en cada urbe. La tensión en la zona está servida.

A finales de mayo de 2025, A Coruña (251.000 habitantes, 38 km²) se convertía en la primera ciudad gallega en recibir la luz verde para convertirse en zona tensionada. La Xunta, sin muchas ganas, dijo hacerlo “en cumplimiento de la ley”. Y así era: la urbe herculina cumplía los dos requisitos exigidos: que el coste de la hipoteca o alquiler y los gastos derivados de la vivienda superasen el 30% de la renta media de los hogares y que el precio de esa compra o ese alquiler experimentase, en los últimos cinco años, un crecimiento de tres puntos por encima del IPC. La declaración se consumó dos meses después, en julio. En la nota informativa sobre su decisión, la Consellería de Vivenda no ahorraba críticas a la medida: “no va a solucionar el problema de acceso a la vivienda” porque los “agravó” en los lugares donde se había implantado.

A Santiago (100.000 habitantes, 220 km²), que había iniciado el proceso antes, le costó casi un año más finalizarlo. Tuvo incluso que volver a la casilla de salida después de que los técnicos de la administración autonómica tumbasen su primera propuesta. El anuncio del visto bueno de la Xunta da pistas de cómo fue todo: primero, el portavoz local del PP, Borja Verea, lo dio a entender; después, la prensa lo publicó y sólo entonces, la alcaldesa Goretti Sanmartín (BNG) recibió un telefonazo de la conselleira, María Martínez Allegue. “Agradezco su llamada pero, como la decisión, llega tarde”, declaró después.

Desde entonces, los populares no han dejado de lanzar dardos sobre las consecuencias de la zona tensionada. Lo han hecho Verea y su homólogo coruñés, Miguel Lorenzo —que aspira a arrebatar en mayo el bastón de mando a la socialista Inés Rey—, pero también el gobierno autonómico. Ya a finales de 2024, Rueda tiraba de argumentario en una sesión de control en el Parlamento para asegurar que “la gente tiene miedo de alquilar sus pisos” por culpa de la Ley de Vivienda. Este miércoles, ha querido refrendarlo con los datos de la caída en el número de contratos de alquiler en A Coruña, un 52% de julio a julio –de 734 a 349–, y ha vaticinado que en Santiago pasará lo mismo. La líder de la oposición, la nacionalista Ana Pontón, le achacó que no hablase de otras ciudades: “¿Por qué en Vigo, Pontevedra, Ourense y Lugo también ha bajado la oferta si no hay zonas tensionadas? ¿Será porque la gente está en tan mala situación que no quiere cambiar de piso porque cada vez que lo hace el contrato es más alto...?”.

Lo que Rueda no mencionó fueron los otros efectos de la zona tensionada en A Coruña, los que sí está teniendo sobre el precio. En 2025, el coste de los alquileres se incrementó un 2,6%, frente a la subida del 16,29% en 2024 y del 13,65% en 2023. Según el Observatorio Galego da Vivenda, en junio de 2025 –justo antes de la declaración–, el precio medio de los arrendamientos en la ciudad era de 771 euros; en febrero había caído por debajo de los 704. El diario La Opinión, citando también al Observatorio, publicó que en junio habían vuelto a remontar parcialmente y rondaban los 735 euros.

Repartir los fondos más allá de A Coruña y Santiago

Con estas posiciones enconadas, estaba claro que, en Galicia, la decisión del Ministerio de Vivienda de entregar las subvenciones a las comunidades autónomas y no a las ciudades, iba a suponer una declaración de guerra. Una situación que no se daba en el resto de comunidades donde se está aplicando la ley estatal: Catalunya, Euskadi, Navarra y Asturias, gobernadas o cogobernadas por el PSOE y en las que, en conjunto, suman 315 ayuntamientos con zonas tensionadas frente a los dos gallegos.

“Si la Xunta renunció a hacer directamente sus trabajos, sus estudios y sus planes de medidas y dijo que lo hiciesen los ayuntamientos porque ellos no estaban de acuerdo, parece que lo lógico es que se gestionen esos recursos desde el Ayuntamiento”, reaccionó Sanmartín al anuncio de la ministra Isabel Rodríguez. La conselleira no tardó en darle réplica: “En caso de recibirlos, los fondos serán gestionados por la Xunta de forma correcta”. Y eso, añadió, quería decir que no tendrían que destinarse solamente a las ciudades que obtuvieron la declaración de zona tensionada.

Rueda salió a corregirla, pero el daño ya estaba hecho. Esa quiebra del espíritu del decreto no sólo hizo poner el grito en el cielo a la regidora compostelana, que amenazó con acciones legales. También provocó una carta de la directora general de Vivienda y Suelo, Inés Sandoval, a su homólogo gallego: “Conviene aclarar que la cuantía prevista para Galicia, por importe máximo de 5.112.304 euros, no constituye una transferencia genérica para la política autonómica de vivienda”. “La subvención se prevé a favor de la Comunidad Autónoma de Galicia, pero está específicamente vinculada a las zonas de mercado residencial tensionado declaradas en A Coruña y Santiago de Compostela”, plasmaba negro sobre blanco.

Una vez fijado el ámbito, llega el choque por el uso. El presidente gallego, que insiste en el “fracaso” de ambas ciudades, quiere utilizar los fondos para su propio plan, ese que ha erigido en bandera desde que se convirtió en un ferviente creyente en la vivienda pública. Sucedió en la primavera de 2023, durante su presidencia interina tras la marcha de Feijóo a liderar el PP estatal. Fue entonces cuando Rueda anunció un plan para poner en el mercado 2.000 pisos de alquiler social, una cifra que después duplicaría y que ahora triplica en el horizonte de 2030. En aquel momento llevaba catorce años en el gobierno autonómico, la práctica totalidad como vicepresidente, un período en el que la promoción de vivienda pública fue casi inexistente.

Aunque las cifras oficiales hablan de unos 2.500 pisos –nuevos o rehabilitados– entregados por la Xunta desde 2009, la realidad es que la gran mayoría se pusieron en el mercado en los primeros años de mandato, es decir, cuando finalizaron las promociones impulsadas por el gobierno bipartito (2005-2009). A partir de ahí, las cifras decaen hasta casi desaparecer: una vivienda en 2018, ninguna en 2019, 11 en 2020, ninguna en 2021, tres en ese 2023 en el que Rueda cayó del caballo inmobiliario. Preguntado por ese brusco cambio, afirmó que, hasta ese momento, no habían detectado que existiese esa necesidad. “Qué perspicacia, vaya gurú”, ironizaba este miércoles Pontón antes de recordarle que, de las 1.800 viviendas comprometidas para este 2026, se han entregado 98. Aún así, cada lunes, en su comparecencia tras la reunión del gobierno gallego, el presidente anuncia alguna nueva licitación.

Mientras, las alcaldesas han solicitado al Ministerio que el real decreto deje claro, de forma “rigurosa”, cómo se transferirán los fondos a las comunidades y que controle su entrega “inmediata” a los ayuntamientos. Sanmartín y Rey se reunieron en Santiago el pasado viernes para fijar un frente común. “El papel de la Xunta es facilísimo. Es muchísimo más fácil que ejercer las competencias de vivienda. El papel de la Xunta consiste en recibir los fondos y, al día siguiente, transferir el porcentaje a los ayuntamientos que se establezca en el Real Decreto”, resumía la regidora herculina. Como su colega, defendió “los frutos” de las zonas tensionadas. Y eso que, según sus palabras “son muchos menos de los que nos gustaría por el boicot permanente de la Xunta”.