El nuevo decreto de vivienda que el Gobierno anunció la semana pasada que aprobaría durante el mes de julio no se ha puesto aún en marcha, pero su convalidación en el Congreso —donde el texto tendrá que someterse a votación en un plazo máximo de 30 días hábiles tras salir del Consejo de Ministros— ya ha comenzado a ponerse cuesta arriba. Este martes, Podemos dejó claro que no tiene intención de votar a favor de ningún paquete de medidas que incluya nuevas exenciones fiscales para propietarios que pongan su vivienda en alquiler. Y esa es, precisamente, una de las exigencias de Junts que el Ejecutivo está dispuesto a satisfacer para intentar lograr el apoyo de los independentistas al decreto, imprescindible para que este se mantenga en vigor tras pasar por el parlamento.

Quien expuso esta línea roja para Podemos fue su secretaria general, Ione Belarra, que este martes aseguró en una rueda de prensa que “nadie puede esperar de Podemos que apoye regalos fiscales a los caseros”. “Ni por activa, ni por pasiva”, dejó claro Belarra, lo cual descarta tanto un voto a favor de un decreto que incluya esta medida como una abstención que facilitara su convalidación. “Así como hay votos imprescindibles en la derecha catalana, también hay votos imprescindibles en la izquierda”, argumentó Belarra para defender la posición de su partido. Y fuentes de la formación morada plantean que, si el Gobierno quiere aprobar estos incentivos fiscales, debería llevarlos al Congreso en un decreto separado al de las medidas de vivienda.

Este posicionamiento de Podemos supone un problema para el Gobierno, uno al que la Moncloa ha tenido que enfrentarse en multitud de ocasiones durante la legislatura: que las mayorías que cose por la derecha se le descosen por la izquierda, y viceversa. Con la actual aritmética parlamentaria, el Ejecutivo no se puede permitir un voto en contra ni de Junts ni de Podemos si quiere convalidar en el Congreso el decreto que ha prometido aprobar durante el mes de julio. Necesita, al menos, el apoyo de uno de los dos partidos y la abstención del otro para asegurarse que el texto salga adelante: cosechar el rechazo o bien de Junts o bien de Podemos daría al traste con el paquete de medidas.

Fuentes oficiales del Ministerio de Vivienda evitan valorar el movimiento llevado a cabo este martes por Belarra argumentando que cualquier declaración pública podría desestabilizar una negociación que ya se prevé enormemente complicada. Y es que el decreto de vivienda que planea el Gobierno, lejos de limitarse a incluir la prórroga por dos años de los alquileres que venzan en 2026 y 2027 —la medida estrella del paquete de medidas que PP, Vox y Junts derribaron hace dos meses—, también contendrá una regulación más restrictiva de los arrendamientos de temporada y por habitaciones o un incremento del IVA a los pisos turísticos, así como los ya mencionados incentivos fiscales a propietarios y también a inquilinos para contentar a Junts.

La estrategia de Vivienda desde que cayó el anterior decreto ha sido la de intentar hacer un encaje de bolillos entre sus socios de izquierdas, encabezados por Sumar, y los de derechas, fundamentalmente el PNV y Junts, para intentar lograr un texto que convenza a todos ellos, algo que ha ocurrido en muy contadas ocasiones a lo largo de la legislatura cuando lo que se han discutido han sido asuntos económicos. Y de ahí que, a juicio del Ejecutivo, todas las piezas del paquete de medidas sean imprescindibles, especialmente en un momento de enorme precariedad parlamentaria del Gobierno y con un Junts que insiste en que el presidente Pedro Sánchez debe dimitir.

Pese a todo, en la Moncloa existe cierta confianza en que, en esta ocasión, es posible lograr el apoyo de los independentistas catalanes al decreto. Y fuentes del ala minoritaria del Ejecutivo, la de Sumar, consideran que, en la recta final de la legislatura y con la posibilidad real de un adelanto electoral para el primer trimestre de 2027, Junts no se puede permitir volver a ser responsable de derribar un paquete de medidas de vivienda, como hizo hace algo más de dos meses junto a PP y Vox. La coalición que lidera Yolanda Díaz, a diferencia de Podemos, se ha abierto a aceptar que se incluyan en el decreto algunas de las reivindicaciones fiscales de los independentistas a cambio de su apoyo a la prórroga de los alquileres y la regulación de los arrendamientos de temporada.

Sumar eleva la presión sobre Junts

Para evitar soliviantar a un Junts que, desde que escenificó hace meses su ruptura con el Gobierno, ni siquiera reconoce negociar nada con el Ejecutivo, el PSOE ha decidido mantener un perfil bajo y no presionar a los independentistas con el decreto. Por el contrario, Sumar sí ha apostado por señalar públicamente al partido que lidera Carles Puigdemont, y este mismo martes la portavoz adjunta del grupo parlamentario, Aina Vidal, también diputada de los Comuns, aseguró estar “convencida de que el PSOE, con el impulso de Sumar, va a hacer lo que debe, y de que Junts debe, esta vez sí, permitir que una regulación que pide la mayoría” de la ciudadanía catalana salga adelante.

“Junts es un grupo con unos intereses inmobiliarios y económicos muy marcados, pero que también debe responder a los intereses de la población a la que representa”, y “en Cataluña el problema de la vivienda es acuciante”, argumentó Vidal. La portavoz adjunta de Sumar también aseguró que los de Puigdemont han de hacer la “reflexión” de que “esta estrategia del no a todo y de bloquearlo todo les ha llevado prácticamente a un sorpasso por parte de Aliança Catalana”, y denunció que “la antipolítica abre las puertas al fascismo, y Junts lo está comprobando en sus propias carnes”. “El hecho de que estén sentados negociando es síntoma de que han hecho esa reflexión”, celebró Vidal.

Además, a diferencia de Vivienda, Sumar sí se mostró crítica con la posición de Podemos, aunque la portavoz adjunta evitó elevar demasiado el tono contra la formación morada. “A estas alturas, todo el mundo entiende que un decreto no es un programa electoral”, deslizó, eso sí, Vidal, que recordó que en el Congreso “existen unas mayorías que son legítimas, nos gusten o no”. “Es legítimo que Junts haya decidido convertirse en representante de la patronal inmobiliaria, y no sería comprensible que pudiéramos sacar adelante un decreto que, entre otras cosas, permitiera que más de tres millones de personas puedan prorrogar sus alquileres o regulara el alquiler temporal y por habitaciones y que un partido de izquierdas, por maximalismo, no lo apoyara”, planteó la dirigente, que aseguró no tener “dudas” de que, al final, “Podemos hará lo que tiene que hacer”.

Castilla-La Mancha va a ser una de las comunidades autónomas más beneficiadas por el contrato de servicios que Casa 47, la empresa estatal de vivienda y suelo, ha adjudicado para la gestión integral del arrendamiento del parque estatal de vivienda. Concretamente, en esta región gestionará 1.383 viviendas de alquiler asequible con un horizonte de dos años.

Fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana han informado a este periódico que todavía se desconocen cuáles son los inmuebles de titularidad estatal que formarán parte de este lote, pero sí han precisado su reparto provincial.

La provincia de Toledo será la más beneficiada, con un total de 844 viviendas; seguida de Guadalajara, con 324; Ciudad Real, con 134; Cuenca, con 29; y Albacete, con 22.     

Se da la circunstancia de que el alquiler asequible es una de las principales demandas en esta comunidad autónoma, especialmente en zonas limítrofes con la Comunidad de Madrid, como la comarca de la Sagra, en Toledo, y el Corredor del Henares, en Guadalajara.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto el acento en varias ocasiones en la necesidad de impulsar el arrendamiento a precios bajos, y es una de las medidas contempladas en su Plan de Acción por la Vivienda. De hecho, ha lanzado ya una nueva convocatoria de ayudas al alquiler con un presupuesto total de cinco millones de euros, destinadas a ayudar a las personas y familias a pagar su vivienda habitual.

Un parque público estatal de alquiler asequible

Las medidas autonómicas vienen ahora impulsadas por Casa 47. Esta nueva entidad estatal de vivienda y suelo (anteriormente conocida como SEPES) se aprobó el pasado mes de diciembre para gestionar el parque público de alquiler asequible. Su nombre hace referencia al artículo 47 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna.

Los precios de los alquileres se fijan en función de lo que la ciudadanía puede pagar, estableciendo un límite máximo: nunca superarán el 30% de la renta media del hogar de la zona. Según el Ministerio, los contratos ofrecen “gran estabilidad”, pudiendo durar hasta 75 años, articulados en una primera fase de 14 años y prórrogas automáticas posteriores.

Básicamente, está orientada a la clase media y trabajadora, específicamente a personas cuyos ingresos anuales se sitúan entre 2 y 7,5 veces el IPREM (aproximadamente entre 16.800 y 63.000 euros anuales).

La entidad asume el control de todo el ciclo residencial: desde la disposición y urbanización del suelo hasta la edificación, entrega de llaves y gestión de los arrendamientos. Las viviendas construidas o adquiridas se mantendrán siempre dentro del parque estatal público, evitando así la especulación.

“El proyecto viene a dar respuesta a la prioridad para el Gobierno de conformar un parque público de vivienda que combata a lo público para garantizar el derecho”, dijo entonces la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

El contrato hecho público ahora por la entidad estatal se ha adjudicado por un importe de 56 millones de euros. Está dividido en cuatro lotes, adjudicados a dos uniones temporales de empresas (UTE) distintas, en un modelo que “prioriza los criterios técnicos en la gestión residencial y el compromiso social sobre los criterios estrictamente económicos”.

¿Qué empresas conforman la UTE del nuevo contrato?

La UTE formada por Emerald Impact, Guinot Prunera, Ingeus y Fantastic 4 Real State ha logrado los lotes 1, de Asturias y Galicia, por 7,7 millones de euros; y 4, que conforman Catalunya, Navarra y Euskadi, con un montante total de 9,98 millones de euros, lo que sitúa el importe total en los 17,68 millones de euros.

La otra unión temporal, gestionada por Serveo Servicios y Factoría Gestión y Consultoría, se ha adjudicado el lote de la Comunitat Valenciana y Murcia, por 16,32 millones de euros, y el de Andalucía, Illes Balears, Canarias, Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid, por 22,12 millones, lo que eleva el total de ambas a 38,44 millones.

La cartera de Casa 47 se nutre de la construcción propia y de la incorporación de viviendas y suelos del Estado procedentes de otros ministerios, como Hacienda, Defensa o Interior; o del 'banco malo' o Sareb, que traspasará 40.000 viviendas y 2.400 suelos con capacidad para albergar otras 55.000 casas.

La apertura de las primeras calles de la Operación Campamento está muy cerca: el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado que este jueves la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid aprobará el proyecto de urbanización de la Operación Campamento, un paso muy esperado por el Ministerio de Vivienda para poner en marcha este nuevo barrio de Madrid, donde se levantarán 10.700 viviendas.

Las cifras de la urbanización son enormes: se actuará sobre dos millones de metros cuadrados de superficie y Casa 47, la entidad estatal que promueve las obras, gastará 383 millones de euros en trazar las nuevas aceras, carreteras y parques del entorno. El Ministerio de Vivienda ya tiene listo el presupuesto para arrancar las obras, confirmó la propia presidenta de Casa 47 a este periódico durante una visita reciente a los trabajos de demolición.

Dentro del proyecto de urbanización están previstas 22 zonas verdes, que ocuparán 154.169 m², entre las que destacan el consolidado pinar del Centro Deportivo Militar La Dehesa y el parque del extremo del noroeste atravesado por el arroyo Valchico. Habrá 8.000 nuevos árboles además de conservar los de gran porte existentes que encajen dentro de la reforma. Además, se mantendrán las instalaciones existentes del Servicio Geográfico del Ejército y Centro Militar de Veterinaria como dotaciones públicas.

El Ministerio de Vivienda trabaja en estos momentos en la demolición de las construcciones que quedaban en los terrenos, un trámite que llevaba bastante avanzado y que confiaba tener listo en septiembre, aunque estos trabajos podrán convivir el inicio de la urbanización, una vez que ya existe la luz verde municipal.

En la Operación Campamento se levantarán 10.700 viviendas. Aunque inicialmente el 65% iban a tener algún tipo de protección, Casa 47 se comprometió a que su totalidad fueran pisos protegidos, la mayoría con alquileres públicos que puedan servir para contener los precios de la vivienda a largo plazo.

Del resto del ámbito, 93.340 m² de edificabilidad se reservarán para comercio y 59.048 m² para oficinas. La superficie para redes públicas es de 1.563.420 m². Entre los principales usos, se encuentra la red local de servicios urbanos (viarios interiores), para la que se dedican 560.980 m²; para espacios públicos arbolados habrá 210.872 m²; para la red local de equipamientos sociales, 180.904 m²; para usos dotacionales públicos se reservarán 147.719 m², y para equipamientos sociales, 23.074 m².

Apenas 48 horas después de abrir un conflicto de competencias contra el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y anunciar su intención de recurrir al Tribunal Constitucional, el presidente andaluz en funciones, Juan Manuel Moreno, se ha comprometido este jueves a cooperar con el Gobierno central en materia de vivienda “con los ojos tapados, sin pensar en el color político”.

Moreno ha coincidido con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez en la entrega de llaves de la promoción Residencial Puerta de Jerez, en Sevilla. Un acto celebrado dos días después de que la Junta iniciara formalmente los trámites para impugnar el plan estatal de vivienda, al considerar que invade competencias autonómicas y condiciona la gestión de las políticas de vivienda.

El dirigente andaluz ha trasladado, no obstante, a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, un mensaje de “máxima cooperación, colaboración y diálogo” para afrontar “el grave problema de acceso a la vivienda que hay en España”, sin aludir al requerimiento al Ejecutivo central aprobado el pasado martes en un Consejo de Gobierno extraordinario, como paso previo a acudir al Constitucional.

Frente a ello, el presidente andaluz ha insistido en la necesidad de colaborar entre administraciones: “Ministra, se trata de que arrimemos el hombro todos, de que cada uno ponga sus recursos para resolver el problema de acceso a la vivienda”, ha señalado. El nuevo plan estatal cuenta con una dotación de 7.000 millones de euros, de los que 1.197 millones corresponden a Andalucía (un 60% de financiación estatal: 718 millones; y un 40% autonómica: 479 millones de euros).

Por su parte, la ministra tampoco ha aprovechado su intervención para lanzar ningún mensaje al presidente de una de las comunidades que ha secundado la estrategia planteada por otras autonomías gobernadas por el PP, como Madrid o Extremadura, que también han iniciado procedimientos que pueden acabar en los tribunales, como ya ocurrió con la Ley estatal de vivienda impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Isabel Rodríguez ha centrado su discurso en la defensa de las políticas de vivienda promovidas desde su departamento, reivindicando la colaboración entre administraciones. “Entre tanto ruido y lío reivindico esta política como la política útil, la que transforma y mejora la vida de la gente”, ha manifestado la ministra. Dirigiéndose a los adjudicatarios de las 137 nuevas viviendas públicas, ha añadido: “Recibís un derecho, un proyecto de vida, y a eso nos tenemos que ocupar todos los equipos de las administraciones públicas. Esta es la fórmula: el acuerdo y la colaboración entre administraciones”.

Tras entregar las llaves a algunas de las familias que van a entrar a vivir en esta promoción, situada en Palmas Altas, ambos dirigentes han mantenido el tono institucional de principio a fin, sin alusiones al conflicto que enfrenta a sus respectivas administraciones.

Cambio de postura

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 se aprobó en Consejo de Ministros el pasado mes de abril, con el beneplácito del Ejecutivo de Juanma Moreno, que aceptó inicialmente la estrategia política del Gobierno de Pedro Sánchez para encarar la crisis habitacional y triplicó los recursos disponibles para aumentar el parque de viviendas, un dinero que gastarán las comunidades.

El proyecto estrella del Ministerio de Vivienda introducía dos novedades. Por un lado, incrementar las ayudas destinadas a la construcción de vivienda pública, especialmente para alquiler asequible. Por otro, blindar de forma permanente la protección de las viviendas financiadas con fondos estatales, de modo que no puedan descalificarse para convertirse posteriormente en vivienda libre.

Ahora Moreno –que está en funciones y ultima con Vox un acuerdo de gobierno– se ha sumado a la vía de otras comunidades gobernadas por el PP para impugnar varios de los requisitos incorporados por el Gobierno al nuevo plan, al considerar que el Ministerio de Vivienda se ha extralimitado en sus competencias. El Ejecutivo andaluz denuncia invasión de competencias y rechaza tanto el reparto de fondos como el grado de intervención estatal en la gestión de los mismos.

“El nuevo sistema de cofinanciación vulneraría el principio de autonomía financiera, ya que restringe su capacidad para decidir el destino de sus recursos presupuestarios. En el caso concreto de Andalucía, implica que la comunidad autónoma tenga que aportar 400 millones más que en el plan anterior, más de seis veces más (6,47), mientras que la contribución del Estado no llegaría a tres veces más de lo aportado”, rezaba el comunicado difundido tras el Consejo de Gobierno.

Imagen de cordialidad institucional

Antes de la intervención del presidente andaluz en el acto junto a la ministra, fuentes del entorno de Moreno han restado peso al alcance del requerimiento abierto esta semana, apelando a que interponer recursos contra normas estatales es una práctica habitual dentro del funcionamiento ordinario entre administraciones cuando existen discrepancias jurídicas o competenciales.

Entre los artículos cuestionados figura además el 153, que supedita a una autorización o incluso a la presencia del ministro la presentación de actuaciones financiadas con cargo al Plan Estatal de Vivienda. La controversia afecta así de lleno a actos como el celebrado este jueves en Sevilla, al conectar con la pugna política entre el Gobierno de Sánchez y el Ejecutivo de Moreno por capitalizar la entrega de llaves de viviendas públicas a familias, algo que llevan años reprochándose mutuamente.

Pese a ese contexto de fondo, el acto de este jueves ha servido como primera escenificación conjunta sin señales visibles de confrontación ni referencias cruzadas, en un clima de cordialidad institucional que contrasta con el choque abierto esta misma semana en torno al principal instrumento estatal para afrontar la crisis de acceso a la vivienda.

La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha exigido este lunes al PSOE y al Gobierno que lleven a votación la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanas (LAU) que busca, entre otras cosas, combatir el fraude en el alquiler de habitaciones y de temporada y frenar las cláusulas abusivas de inmobiliarias. En un comunicado, denuncia que “lleva dos años aparcada en el Congreso por el bloqueo del PSOE”.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, prometió en enero, hace ya cinco meses, que votaría esta medida y reconoció que el desproporcionado aumento del alquiler de temporada tenía que ver con “el fraude”. “Vamos a limitar los contratos de temporada para poner fin al uso fraudulento evidente que se está produciendo”, dijo Sánchez en enero.

“Es imprescindible hacerlo ya, antes de que tengamos que ir a elecciones con la mayoría del inquilinato completamente desprotegido. La legislatura no puede acabar sin que esta ley se haya aprobado”, ha dicho Carme Arcarazo, portavoz de la confederación y del Sindicat de Llogateres catalán. Para presionar, el sindicato ha iniciado una campaña digital de cartas al presidente del Gobierno.

Los contratos de habitaciones, sujetos al Código Civil y que no se consideran de vivienda habitual aunque a veces lo son, y los de temporada, que pueden cambiar de precio cada pocos meses al no estar tampoco sujetos a la LAU, son una de las vías de escape de caseros para vulnerar derechos de inquilinas.

La regulación prevé que en las zonas tensionadas que apliquen el control de precios estén también topados los precios del alquiler de temporada. Además, la temporalidad deberá ser demostrable y si no existe una causa real asociada, el contrato pasará a ser de alquiler habitual, con derecho a prórroga y límites de precio. Las renovaciones sucesivas se considerarán contrato de vivienda habitual.

En cuanto al alquiler de habitaciones, este debe quedar también bajo el paraguas de los controles de precios allí donde se apliquen y los contratos tendrán que ser de entre 5 y 7 años como los alquileres de vivienda habitual.

La nueva ley también contempla la prohibición de cobrar el IBI al inquilino y de que las fincas verticales de propietario único carguen con los gastos de comunidad. Se prohíben gastos encubiertos como el del asesoramiento del inquilino y otras cláusulas como los seguros de impago al inquilino o la indemnización por desistimiento del contrato que obliga al inquilino a pagar por cada año antes del fin de contrato que sale de una vivienda.

La iniciativa fue presentada por Sumar, EH Bildu, ERC y Grupo Mixto y cuenta con el compromiso del PSOE, pero todavía no se ha llevado a votación.

“Vivienda ideal para personal sanitario. A escasos metros del hospital Valdecilla. Cuatro habitaciones. Disponible en julio y agosto. 3.000 euros al mes. Si vas a trabajar este verano en Santander y buscas una vivienda amplia, cómoda y perfectamente ubicada, esta puede ser una excelente opción. Especialmente adecuada para médicos internos residentes (MIR), enfermeros, fisioterapeutas, personal sanitario desplazado o equipos profesionales que necesiten alojamiento temporal durante los meses de verano”.

La irrechazable propuesta de este anuncio -publicado en un popular portal inmobiliario- consiste en pagar 750 euros por una habitación en un piso compartido con otras tres personas. No concreta si quiera los metros del piso, pero sí que cuenta con dos baños “completos” con plato de ducha y mampara, todo un lujo también a compartir entre cuatro inquilinos.

De otro lado, en el grupo de Facebook 'Alojamiento para personal sanitario del Servicio Cántabro de Salud', alguien escribe: “Busco piso en Santander, Torrelavega y alrededores de menos de 600 euros. Soy sanitaria de larga duración”. Son solo algunos ejemplos de lo que una persona en búsqueda activa de vivienda en Cantabria se puede encontrar estos días.

Si bien la normalización de prácticas abusivas dificulta más, si cabe, el acceso a una vivienda de las personas con menos recursos, los desproporcionados precios del mercado del alquiler en Cantabria acentúan a su vez la llamada ‘fuga de talento’.

La crisis de vivienda es ya una realidad para colectivos cualificados como personal sanitario, docentes, empleados públicos o universitarios que ven condicionadas sus decisiones y proyectos de vida a las soluciones habitacionales disponibles (o inexistentes). El impacto es todavía mayor a las puertas del verano, una época en la que los anuncios de alquiler no estacional prácticamente desaparecen de los portales inmobiliarios.

Los médicos MIR que pierde Valdecilla

El alto precio de la vivienda en Santander influyó decisivamente para que Miguel (25 años, Oviedo) renunciara a hacer el MIR en el Hospital Valdecilla. Explica que para un residente de primer año en Santander que realiza dos guardias, el sueldo ronda los 1.600 euros. Cuando el año pasado barajó la posibilidad de elegir Santander como destino para hacer su residencia los alquileres de pisos completos se situaban entre los 900 y 1.000 €, mientras que una habitación en piso compartido no bajaba de los 500 €. Admite que esto hace que sea “muy difícil vivir de forma independiente sin ayuda familiar” o sin ver seriamente mermada la capacidad de ahorro.

En su opinión, el problema principal en Santander no es solo el precio, sino la disponibilidad anual. “Muchos caseros solo alquilan de septiembre a junio, reservando los meses de verano para el turismo. Dado que los residentes suelen incorporarse en el mes de junio, este modelo de alquiler es ”muy limitante“ e incompatible con su vida profesional.

Aunque la vivienda, dice, no fue el único factor, Miguel admite que sí influyó en que decidiera finalmente quedarse en Oviedo.

Profesores interinos destinados a zonas costeras

La situación tampoco es muy halagüeña después del verano. Docentes interinos o sanitarios que llegan en septiembre a municipios como Laredo, Noja, Santoña, Castro Urdiales, Suances o Comillas descubren que apenas hay alquiler anual. Los propietarios prefieren contratos de 9 o 10 meses y deben abandonar la vivienda en junio.

Hay ayuntamientos, centros de salud o colegios que tienen problemas para cubrir plazas porque los trabajadores no encuentran vivienda cerca o porque los alquileres son incompatibles con sus salarios. La cuestión es cómo atraer profesionales a determinadas zonas si no existe vivienda disponible.

Santander, ciudad universitaria cada vez menos accesible

Otra de las preguntas que surgen alrededor del problema habitacional es si puede una ciudad seguir siendo atractiva para estudiantes de enseñanzas superiores o personal investigador si el alojamiento consume una parte creciente de sus becas, salarios y ayudas familiares.

Lorena (23 años, Alicante) acaba de concluir el tercer curso del doble grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual en Santander y a pesar de contar con varias ofertas para hacer prácticas en medios de comunicación este verano, no ha podido quedarse en Cantabria. Su presupuesto no le permite costearse los 1.400 euros al mes que su casera les pide a ella y a su compañera en verano por el piso que comparten en la zona de Puertochico y que durante el curso académico les cuesta 850 €. Ni siquiera el hecho de volver a renovar el contrato de alquiler a partir del mes de septiembre para el curso 2026-27 les ha servido para obtener un trato preferente o cierta rebaja en el periodo estival por parte de la propietaria.

Lorena lamenta que sus decisiones estén totalmente condicionadas por esta situación. “Es triste, porque sabes que estás perdiendo oportunidades por el hecho de no tener donde vivir y piensas ¿y si este tren no vuelve a pasar?”, admite con un tono de resignación que invita a reflexionar sobre en qué momento la sociedad comenzó a fallarle a los de su generación. “Llevo cinco años viviendo en Santander y me acuerdo el primer año de estar mirando pisos con compañeros y había bastantes de 600 o 650 euros y ahora no bajan de 800 u 850” y “también han aumentado mucho los anuncios que directamente solo quieren alquileres temporales”, añade.

La situación de Pedro, estudiante de 4º curso de ADE (Administración y Dirección de Empresas), es similar. El piso que comparte con otros tres compañeros de universidad y por el que pagan 1.400 euros en la zona centro de Santander casi duplica su precio en verano, alcanzando los 2.600 euros de renta. En su caso tiene exámenes de convocatoria extraordinaria hasta el 14 de julio, por lo que está obligado a quedarse y más teniendo en cuenta la distancia que le separa de su lugar de origen, México.

“Tengo unas amigas que me prestan su sofá la primera semana de julio, porque los exámenes extraordinarios acaban el día 14 y yo tengo que dejar el piso donde vivo a finales de junio”. Después, otras compañeras de estudios le acogerán una semana en el salón de su piso de tres habitaciones, en el que vaticina que van a coincidir unos ocho estudiantes expulsados igualmente por la avaricia de los alquileres vacacionales.

La residencia universitaria tampoco es una opción alcanzable para ninguno de ellos. El coste de una habitación tipo estudio se sitúa alrededor de los 800 €, según detallan.

Como a ellos, que están formándose para abrirse puertas en el mercado laboral, la dificultad para alquilar afecta directamente a quienes podrían cubrir vacantes en sanidad, educación o sectores tecnológicos. Y cuando un territorio no puede ofrecer un proyecto de vida a las personas que necesita para sostener sus servicios públicos y su economía, el problema deja de ser únicamente inmobiliario para convertirse en un problema de futuro.

La cuestión es si una comunidad con una alta tasa de envejecimiento como Cantabria -con un 25% de población mayor de 64 años, según el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE)- puede permitirse perder talento por culpa de la vivienda.

Sin mención al problema habitacional

El presidente de CEOE-CEPYME Cantabria, Enrique Conde, lamentaba recientemente esa 'fuga de talento' joven de Cantabria y pedía traer de vuelta a quienes se han marchado, debido -en su opinión- a la “menor capacidad del tejido empresarial regional frente a otras comunidades y a la búsqueda de mayores oportunidades de desarrollo profesional, conciliación, bienestar laboral, inclusión y diversidad” por parte de los jóvenes.

Ante directivos y responsables de Recursos Humanos, Conde reclamaba implantar medidas contra este fenómeno pero sin mencionar el problema de la vivienda. Una omisión significativa en un contexto en el que el encarecimiento de los alquileres y la escasez de oferta se han convertido ya en un factor determinante para fijar o expulsar población joven y cualificada de la comunidad autónoma.

Para David Sanjuan, presidente del Consejo de la Juventud de Cantabria, las cifras contradicen cualquier discurso de optimismo institucional y advierten de un encarecimiento “clarísimo” del alquiler habitacional, que solo en Santander ha subido un 15%. Sanjuan explica que para los estudiantes que buscan una habitación en pisos compartidos, las opciones “han pasado de costar entre 180 y 250 euros a no bajar ahora de los 300-350 euros”.

El alquiler de una vivienda completa supondría más del 90% de los ingresos de los jóvenes cántabros

Según los datos que maneja el Consejo, el coste de una habitación consume ya casi el 50% del salario neto de un joven en Cantabria, mientras que el alquiler de una vivienda completa supondría destinar más del 90% de sus ingresos. Sanjuan critica que esta precariedad se ve agravada por la “especulación” en periodos estivales, donde muchos propietarios optan por expulsar a los inquilinos jóvenes en junio para priorizar el alquiler turístico, más rentable ante un verano que además tiende a alargarse cada vez más por el cambio climático.

Por su parte, Sanjuan es rotundo al reclamar soluciones jurídicas inmediatas como la declaración de “zonas tensionadas”. En su opinión, esta es la única fórmula actual para “destensionar el mercado” y “frenar una especulación que no solo expulsa a los jóvenes de sus casas, sino que está forzando una emigración laboral agravada por la falta de competitividad de los sueldos frente al coste de la vida en la región”, apunta.

Viviendas de alquiler transformadas en alojamiento vacacional

El precio de los alquileres en Cantabria ha aumentado un 33,6% desde 2015, según el Ministerio de Vivienda. En los municipios más poblados (Santander, Torrelavega, Castro Urdiales o Laredo) las subidas rondan entre el 31% y el 35%. Y tal como advierte el Consejo de la Juventud, solo el 13,9% de los jóvenes cántabros está emancipado, llegando Cantabria a liderar la tasa más baja de todo el país en tres de los últimos seis años.  

Además, la desaparición de alquileres de larga duración a favor de alquileres temporales para estudiantes o visitantes es directamente proporcional al aumento de viviendas turísticas registrado en Cantabria durante los últimos cinco años.

Según el INE, la comunidad pasó de 4.886 viviendas turísticas en 2020 a 6.229 en 2025, un aumento del 27,5%, mientras que las plazas disponibles crecieron alrededor de un 32%, hasta superar las 32.000. Todo ello pese a que en 2025 se produjo una ligera reducción vinculada a cambios regulatorios y a la depuración de registros.

La vivienda cooperativa en cesión de uso vive un momento crucial en España. Con tan solo 54 proyectos y 700 viviendas habitadas, 29 en construcción, 216 en marcha y 1.500 en desarrollo sobre el papel, aspira a multiplicarse y llegar a tener en desarrollo 2.500 en 2030. Desde 2020, cuando había 100 viviendas habitadas, se ha multiplicado por 7. El Plan Estatal de Vivienda aprobado recientemente por el Gobierno y las comunidades autónomas contempla que, junto al resto de proveedores sociales de vivienda, jueguen un papel importante en el ‘boom’ de alquiler social que se espera junto a la empresa pública Casa 47. Pero no cuentan con un presupuesto propio y reclaman mejoras legales y fiscales que, por ejemplo, sí que tienen otras organizaciones sin ánimo de lucro o hasta las socimis, sociedades inmobiliarias cotizadas.

“Estamos contentos del reconocimiento al modelo en cesión de uso que supone el Plan Estatal de Vivienda, aunque el despliegue y presupuesto al modelo cooperativo dependerá de cada comunidad autónoma”, comenta a elDiario.es David Guàrdia, de la Red de Vivienda Cooperativa, que se fundó en 2019 uniendo a las diferentes cooperativas de vivienda en cesión de uso en España y que cuenta con el reconocimiento de Housing Europe, la organización representativa de vivienda social a nivel europeo. Pero apunta a un reto para crecer más: mayor prioridad para las cooperativas y otras entidades sin lucro en el suelo público y mejoras fiscales.

Las cooperativas destacan la reciente ley de impulso de economía social aprobada por el Congreso, que define este tipo de cooperativas y las reconoce como especialmente protegidas, con una tributación del impuesto de sociedades del 10%. “Es un avance importante, pero seguimos con el absurdo que se premie con un 0% de impuesto de sociedades las SOCIMI, unas mercantiles obligadas por ley a vaciar la sociedad para repartir dividendos a los mercados, mientras las cooperativas que reinvierten el 100% de los excedentes en vivienda asequible pagamos un 10% de impuestos que se repercute a las personas socias usuarias. Hay que priorizar la función social de la vivienda por encima de la extracción de beneficio privado”, reclama Guàrdia. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero impulsó en 2009 para dinamizar el mercado inmobiliario ante la crisis una ley que permitió que las empresas inmobiliarias que cotizan en Bolsa no paguen impuestos de sociedades y esta ley sigue en vigor.

El impuesto a las socimi, bloqueado

En mayo del pasado año, el PSOE registró una ley para subir impuestos a las socimis y elevarlos al 25%, una medida que incluía también la subida del IVA a pisos turísticos y otras medidas. Esta ley aún no se ha votado ante la falta de apoyos. Pero meses antes, en noviembre de 2024, el PSOE decidió no respaldar a Sumar en las enmiendas presentadas a otra ley sobre fiscalidad y vivienda que también apostaba por subir los impuestos a las socimis.

Además, apunta Guàrdia, “las fundaciones dedicadas a alquiler social también tienen una tributación mejor que las cooperativas, pues no pagan impuesto de sociedades ni IBI, pero en este caso son entidades sin ánimo de lucro y, por tanto, contribuyen a generar vivienda social y asequible como las cooperativas. En este sentido vemos con buenos ojos la propuesta de Ley de Proveedores Sociales de Vivienda para mejorar el régimen fiscal de todas las organizaciones sin ánimo de lucro, incluidas las cooperativas”.

El modelo de la vivienda cooperativa es particular y busca no solo la asequibilidad, sino también reforzar las redes de la vida comunitaria. La cooperativa consigue con los fondos de los socios y la financiación de bancos éticos y cooperativos, como Fiare Banca Ética, afrontar la construcción de vivienda y la posterior gestión de la cesión por uso.

Las viviendas son de la cooperativa y los socios que viven allí contribuyen a pagarla con una entrada que es menor que la habitual en una hipoteca, ya que es un esfuerzo dividido entre todos los socios, y recuperable en caso de baja. Por ello, la cuota posterior es también inferior a la de un alquiler, pues repercute a precio de coste el préstamo hipotecario de la cooperativa. El modelo de cesión de uso es parecido al alquiler, y así es reconocido por los poderes públicos, pero con la diferencia que la persona inquilina es socia de la cooperativa y decide en ella, razón por la que se adjudica el uso de acuerdo a la ley de cooperativas y no con la Ley de Arrendamientos Urbanos, concebida cuando no hay relación entre propietario e inquilino. 

Menos costes si hay cesión de suelo público

La fórmula sirve como vía de escape a los altos precios del alquiler y la compra, pero no siempre son tan asequibles como les gustaría. Al tener que afrontar el coste de la construcción y del suelo, pese a renunciar a los márgenes, los precios a veces se aproximan a los de mercado, sobre todo si no hay ayudas públicas. Por ello, las cooperativas de vivienda reclaman mayor financiación pública y la cesión de suelos públicos, algo que ya es común y da resultado en Catalunya, donde más recorrido y presencia tiene la vivienda cooperativa.

Sostre Cívic, de la que Guàrdia es codirector, es una de las mayores cooperativas, con casi 200 viviendas en convivencia, 400 en promoción y 120 en fase de impulso. Con casi 2.500 socios, la fuerte demanda en comparación con los proyectos disponibles es uno de los principales retos a gestionar, lo cual la vivienda cooperativa usa como argumento para potenciarla más.

Su ejemplo sirve para entender el abanico de precios. Los socios aportan entre un 5% y un 15% del capital inicial que puede variar de los 2.500 euros en los obtenidos por tanteo y retracto a los 35.000 en los más caros de nueva construcción en suelo adquirido por la cooperativa, con cuotas mensuales que pueden ir de los 300 a los 800 euros.

“En muchos municipios de Catalunya y de forma más modesta en otras poblaciones del estado, los ayuntamientos ceden terrenos públicos a cooperativas y eso facilita y abarata los costes y contribuye a generar vivienda social y asequible en un modelo que además promueve la dimensión comunitaria, la sostenibilidad y el fomento de la economía social y solidaria”, resalta Guàrdia.

El plan estatal de vivienda prevé destinar 7.000 millones de euros en los próximos cuatro años, de los que 2.800 millones irán destinados a construcción de alquiler asequible, incluido el modelo en cesión de uso. Paralelamente y al margen de estos presupuestos, debe crecer el parque público promovido por la nueva empresa pública Casa 47 y la vivienda cooperativa, como el tercer sector, espera crecer impulsada por esta iniciativa.

Las fundaciones de vivienda con vocación social negocian también con el Gobierno mejoras fiscales y pactar preferencias para concursos públicos. Competir con el músculo financiero de los grandes fondos internacionales se antoja imposible, pero a cambio pueden abaratar los costes al no tener las ambiciones de rentabilidad que tienen las empresas privadas.

Mientras que en Viena, siempre puesta como ejemplo de asequibilidad en vivienda, un 25% de la vivienda es municipal y un 22% es de cooperativa o social, en Zurich las cooperativas superan el 20% y en Suiza el 8%. Dinamarca es otro país donde tienen un peso relevante.

En España, aunque se publicitan centenares de proyectos de cooperativas de vivienda, muchos son de propiedad y no cesión de uso y la mayoría están controladas por empresas privadas. Son solo una forma jurídica sin la voluntad de cesión de uso o cohousing, ni la vocación social de las cooperativas en cesión de uso. Es por eso que el recuento de la red estatal se queda en 54 proyectos habitados, 29 en construcción, 216 en marcha y 1.500 en desarrollo, porque tan solo se cuentan los proyectos cooperativos en cesión de uso.

Entre los casos extremos de estas falsas cooperativas están las que, tal y como destapó recientemente elDiario.es, compraron suelo público de Madrid para después vender las viviendas a particulares. Aunque debían de destinarse al alquiler social, en la venta la cooperativa explicaba a los compradores que se la podían alquilar a sí misma.

700 euros por una habitación para cuatro personas. Cien euros más al mes por permitir que estén empradonados en ella. Más de trescientos euros por una habitación en un piso insalubre con cucharachas “a patadas”. Son algunos ejemplos de lo que sucede en la trastienda del mercado de alquiler de Cantabria mientras se multiplican los beneficios para los propietarios e intermediarios.

El mapa del alquiler en Cantabria es hoy una mancha roja que asfixia el presupuesto de sus residentes. Desde el año 2015, el precio medio del arrendamiento en la comunidad ha experimentado un incremento del 33,6%, según  los datos de alquileres calle a calle publicados por el Ministerio de Vivienda, cuya comparativa se detiene en el año 2024.

La subida media en Santander alcanza el 35%, el 31% en Torrelavega, el 34% en Castro Urdiales y Piélagos y el 32% en Camargo, los cinco municipios más poblados de la comunidad.  

Esta escalada de precios no es solo una cifra estadística, es la frontera que separa la integración de la exclusión social para cientos de personas. Lo paradójico de esta situación es que, mientras el acceso a una vivienda digna se vuelve una misión imposible para colectivos vulnerables, el sector de las inmobiliarias vive una edad de oro que recuerda a los años de efervescencia de la burbuja (2004-2007).

La franquicia Tecnocasa, por ejemplo, inauguró su primera oficina en Cantabria en abril de 2022 y actualmente ya cuenta con 15 sedes repartidas por la comunidad (doce en Santander, dos en Camargo y una en Astillero), con agentes comerciales captando inmuebles 'a puerta fría', es decir, casa por casa ofreciendo tasar y comprar viviendas. Esta expansión comercial contrasta drásticamente con una realidad de exclusión residencial que ya afecta a casi una cuarta parte de la población.

Un derecho convertido en barrera de exclusión

Según el reciente Informe sobre exclusión y desarrollo social en Cantabria 2025 de FOESSA, la exclusión social en la comunidad en seis años ha pasado de afectar al 10,8% de la población al 14,2%. Esto significa que alrededor de 83.000 personas en Cantabria se encuentran en alguna situación de exclusión.

De todas las dimensiones analizadas, la vivienda es, con diferencia, la más problemática: el 23,2% de la población cántabra sufre algún tipo de exclusión vinculada a su hogar. Es precisamente este escenario lo que ha llevado el pasado 6 de junio a cerca de un millar de personas a participar en la manifestación 'Cantabria para vivir', respaldada por colectivos sociales de diversa índole pero unidos por esta reivindicación a una vivienda digna recogida en el artículo 47 de la Constitución española.

Cáritas, a través de una campaña bautizada como ‘Inmobiliaria La Injusticia’, ha denunciado recientemente que las personas a las que acompañan ni siquiera pueden plantearse acceder a una vivienda completa.

No es solo una cuestión de falta de ingresos, ya que incluso teniendo nóminas, los filtros de los seguros de impago o la exigencia de adelantar varias mensualidades actúan como muros infranqueables.

El hacinamiento ha crecido en España un 43% desde 2018, empujando a 3,4 millones de personas a compartir espacios mínimos, volver a casa de sus progenitores o instalarse en “nanopisos”, según el mismo estudio de FOESSA. La consecuencia es una huida desesperada hacia el alquiler de habitaciones, un mercado a menudo desregulado y plagado de prácticas abusivas.

‘Alquiler de nómina’ y la extorsión por el padrón

En este escenario de necesidad han surgido figuras de explotación que hasta hace poco eran marginales o, incluso, impensables. El testimonio de Jhosseline, una mujer de 33 años y nacionalidad peruana, relata un periplo de supervivencia que ilustra la crueldad del mercado actual. Ella y su familia (marido y dos hijas de 6 y 13 años) llegaron a vivir en un piso compartido con más de 15 personas en la calle Alonso de Santander, donde las condiciones eran insalubres y los conflictos constantes. Pagaban 700 euros por una habitación para los cuatro.

Además, una práctica cada vez más habitual es el cobro de una tasa por empadronarse. Les pidieron 100 euros mensuales más por persona para permitirles figurar en el padrón municipal. “Era una necesidad básica, la puerta para la sanidad o cualquier ayuda, pero no pudimos hacerlo porque sumaba 400 euros extra al alquiler”, explica, “una cantidad inalcanzable para nosotros en ese momento”.

Después de aquello, y ante la imposibilidad de pasar los filtros de las inmobiliarias, la desesperación les llevó a recurrir al conocido como ‘alquiler de nómina’: pagaron 350 euros a un tercero para usar su documentación y poder firmar un contrato de vivienda. Jhosseline admite que tuvo que “negar” la existencia sus hijas y de su marido, fingiendo que solo ella y el titular de la nómina vivirían allí para evitar que el propietario o el seguro de alquiler rechazaran el contrato, ya que “las cláusulas prohibían las mascotas y los niños”. El miedo a ser descubiertos era tal que, durante las vacaciones escolares, sacaba a sus hijas de casa todo el día para evitar que los vecinos se quejaran de ruido y el dueño descubriera que vivían allí.

Actualmente, aunque tanto ella como su marido han regularizado su situación y trabajan en los sectores de ayuda a domicilio y reformas, respectivamente, pagan 1.000 euros por un piso, una situación que define como “sobrevivencia, prácticamente trabajar y sobrevivir”. En su opinión, los precios de hace algo más de tres años, cuando llegaron a España, eran caros pero ahora son “un grito” (expresión peruana para calificar algo de muy exagerado).

Vivir en una habitación sin contrato tras 42 años de trabajo

A sus 61 años, Carlos, natural de Santander y técnico especializado en mantenimiento de ascensores y escaleras mecánicas, representa la vulnerabilidad de quienes, tras una vida laboral extensa y especializada -28 años en una conocida multinacional y un total de 42 años de trabajo-, se ven expulsados del sistema.

Su situación actual, tras haber consumido su prestación por desempleo, es una lucha constante por la dignidad en un entorno hostil. Vive en una habitación por la que paga 320 euros en una casa que él mismo define como “en ruinas”, donde convive con una suciedad extrema, con “cagadas de gatos y cucarachas a patadas”.

Su exclusión no es solo habitacional, sino también de derechos básicos. A pesar de pagar su mensualidad puntualmente, la propietaria se niega a hacerle un contrato y a empadronarle, por lo que no puede desgravar el alquiler. Aunque ha ganado el pasado mes de marzo un juicio en el que se le reconoce su incapacidad permanente, la burocracia retrasa por el momento el cobro de la prestación con carácter retroactivo que ha de abonarle la Seguridad Social y con la que espera poder aliviar su precariedad. La espera le obliga por ahora a sobrevivir con la ayuda de 480 euros (subsidio para mayores de 52 años) y el apoyo de las tarjetas monedero de Cáritas para alimentación e higiene, ya que tiene unos gastos mínimos en medicamentos de unos 60 euros mensuales. Su opinión sobre el mercado de la vivienda es clara: “La única solución real es construir vivienda social”, no solo para venta, sino específicamente “para alquileres asequibles”, opina.

Fadi, la juventud que aspira a “una vida normal”

A sus 28 años recién cumplidos, Fadi, que llegó a España en 2024 desde Túnez en busca de un futuro mejor, tiene alquilada actualmente una habitación de un piso ubicado en la zona santanderina de Cuatro Caminos. Su día a día está marcado por una serie de peculiares restricciones impuestas por el propietario, con el que convive. No se le permite usar la ducha antes de las 10 de la mañana “para no molestar” y solo tiene permiso para lavar su ropa una vez cada quince días. Cuando llegó a esta vivienda le dijeron que podría hacerlo una vez a la semana. Estas reglas dice que limitan su higiene y autonomía, ya que cada mañana tiene que ir a Torrelavega, donde está terminando un curso de hostelería en el que tiene puestas todas sus expectativas laborales, y le gustaría poderse duchar antes de salir de casa.

La vivienda es para él uno de los principales obstáculos en su deseo de progresar: “Solo quiero una vida normal, tomar un café, comprarme la comida y ropa que me gusta y trabajar para ayudar a mi familia”. Fadi agradece insistentemente el acompañamiento que está recibiendo por parte de las profesionales de Cáritas, que no solo le ayudan con el alquiler, sino que se coordinan con otras instituciones como la fundación Diagrama para su formación y la gestión de sus trámites de regularización, cuya solicitud acaba de presentar. Este futuro camarero ansía poder acceder a un trabajo este verano en uno de los sectores clave de la economía de Cantabria, la hostelería, con un déficit de personal que el presidente de los profesionales del gremio, Eduardo Lamadrid, admite como endémico y “difícil de solventar”.

La urgencia de una alternativa social

Mientras en Cantabria el índice de precios ha subido un 38,4% (periodo 2018-2024), por encima del aumento de las rentas familiares (30,7%), el mercado ha empujado a las personas con menos recursos a situaciones de vivienda insegura o inadecuada, que ya afectan al 10,9% de la población (unas 60.000 personas).

La realidad actual muestra que, para muchos residentes en Cantabria, el hogar ha dejado de ser un refugio para convertirse en un escenario de supervivencia donde se alquilan hasta los derechos más básicos.

El Govern central qüestiona els canvis en la llei d'habitatge introduïts pel Consell de Juanfran Pérez Llorca en la llei d'acompanyament als pressupostos. El Ministeri d'Habitatge posa el focus en les reformes del govern popular, introduïdes després de l'escàndol en les adjudicacions d'habitatge protegit d'Alacant, i adverteix que hi ha modificacions que voregen la inconstitucionalitat i no s'adapten a la llei estatal, cosa que podria condicionar els fons del pla d'habitatge.

El ministeri que dirigeix Isabel Rodríguez ha presentat al·legacions a l'avantprojecte de mesures fiscals, que haurà de tramitar-se a les Corts Valencianes en els pròxims mesos i necessita el suport de Vox per a tirar endavant. En l'escrit, al qual ha tingut accés elDiario.es, Habitatge qüestiona els criteris de “vinculació territorial continuada” en les promocions de col·laboració publicoprivada sobre sòl públic, una idea de la vicepresidenta i consellera d'Habitatge, Susana Camarero, que defensa l’“arrelament” per a donar prioritat als veïns de cada localitat en les adjudicacions d'habitatge.

El ministeri considera que aquests criteris suposen “emparar conceptes com el de l'anomenada 'prioritat nacional'”, un concepte que representa “una clara amenaça per a la Constitució espanyola i el seu article 14 i, com a tal, no pot ni ha de ser admés”, exposa. El Govern adverteix la Generalitat que “supervisarà” la redacció de la llei i d'aquests criteris de baremació, que són opcionals per als ajuntaments, “als efectes de garantir que no siguen vulnerats els drets fonamentals al nostre país”.

En les al·legacions, que se centren en quatre punts referents a habitatge, l'Executiu de coalició PSOE-Sumar reclama una revisió del text per a adaptar-lo a la llei estatal. Considera que, si bé els mecanismes de transparència són necessaris després de l'escàndol de Les Naus, falten mecanismes de control i recursos pressupostaris. Així mateix, insta a crear un cos d'inspectors i a dotar les mesures de recursos administratius per a posar-les en pràctica, a més d'incrementar l'oferta d'habitatge protegit.

Les mesures de transparència i publicitat són “clarament necessàries després dels esdeveniments recents derivats de la desregulació aprovada en el procediment d'accés a l'habitatge protegit a la Comunitat Valenciana”, assenyalen les al·legacions, però consideren un error “no aprofitar aquesta modificació per a protegir de forma permanent els habitatges de protecció oficial, ja que la solució estructural a aquesta crisi d'habitatge passa per la conformació d'un gran parc públic d'habitatge a preus assequibles i amb protecció permanent”.

Sobre el registre que han d'elaborar els promotors, la mesura estrela per a evitar l'opacitat en l'adjudicació d'habitatges construïts amb fons públics, l'Executiu central considera que és insuficient i es limita a “un procediment privat”. “No resulta suficient si no va acompanyada de mecanismes eficaços que n'asseguren el compliment real i efectiu en la pràctica administrativa”, assenyala el departament de Rodríguez, que insisteix que els processos no tenen participació pública fins que passen per la comissió de valoració autonòmica.

El Govern recorda que és obligatori que existisquen registres públics de persones demandants “o altres fórmules que garantisquen un procediment objectiu, transparent i públic” en l'adjudicació dels habitatges per a poder optar als fons del Pla Estatal d'Habitatge. Aquest registre existia fins a l'any 2024, quan el Consell, aleshores dirigit per Carlos Mazón, va modificar la llei i el va eliminar. A jutjar per l'escrit del ministeri, els fons públics podrien estar compromesos si l'Executiu no queda convençut amb el registre.

El Gobierno central cuestiona los cambios en la ley de vivienda introducidos por el Consell de Juanfran Pérez Llorca en la ley de acompañamiento a los presupuestos. El Ministerio de Vivienda pone el foco en las reformas del gobierno popular, introducidas tras el escándalo en las adjudicaciones de vivienda protegida de Alicante, y advierte que hay modificaciones que bordean la inconstitucionalidad y no se adaptan a la ley estatal, pudiendo condicionar los fondos del plan de vivienda.

El ministerio que dirige Isabel Rodríguez ha presentado alegaciones al anteproyecto de medidas fiscales, que ha de tramitarse en las Corts Valencianes en los próximos meses y necesita el apoyo de Vox para salir adelante. En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, Vivienda cuestiona los criterios de “vinculación territorial continuada” en las promociones de colaboración público-privada sobre suelo público, una idea de la vicepresidenta y titular de Vivienda, Susana Camarero, que defiende el “arraigo” para dar prioridad a los vecinos de cada localidad en las adjudicaciones de vivienda.

El ministerio cree que estos criterios suponen “cobijar conceptos como el de la denominada 'prioridad nacional”, un concepto que supone “una clara amenaza para la Constitución Española y su artículo 14, y como tal, no puede ni debe ser admitida”, expone. El Gobierno advierte a la Generalitat que “supervisará” la redacción de la ley y de estos criterios de baremación, que son opcionales para los ayuntamientos, “a los efectos de garantizar que no sean vulnerados los derechos fundamentales en nuestro país.”.

En las alegaciones, que se centran en cuatro puntos referentes a vivienda, el Ejecutivo de coalición PSOE-Sumar reclama una revisión del texto para adaptarse a la ley estatal. Consideran que, si bien los mecanismos de transparencia son necesarios tras el escándalo de Les Naus, faltan mecanismos de control y presupuestarios. Insta a crear un cuerpo de inspectores y a dotar las medidas de recursos administrativos para ponerlas en práctica, además de incrementar la oferta de vivienda protegida.

Las medidas de transparencia y publicidad son “claramente necesarias tras los acontecimientos recientes derivados de la desregulación aprobada en el procedimiento de acceso a la vivienda protegida en la Comunidad”, señalan las alegaciones, pero consideran un error “no aprovechar esta modificación para proteger de forma permanente las viviendas de protección oficial, ya que la solución estructural a esta crisis de vivienda pasa por la conformación de un gran parque público de vivienda a precios asequibles y con protección permanente”.

Sobre el registro que han de elaborar los promotores, la medida estrella para evitar la opacidad en la adjudicación de vivienda construida con fondos públicos, el Ejecutivo central cree que es insuficiente y se limita a “un procedimiento privado”. “No resulta suficiente si no va acompañada de mecanismos eficaces que aseguren su cumplimiento real y efectivo en la práctica administrativa”, señala el departamento de Rodríguez, que insiste en que los procesos no tienen participación pública hasta que pasan por la comisión de valoración autonómica.

El Gobierno recuerda que es obligatorio que existan registros públicos de personas demandantes “u otras fórmulas que garanticen un procedimiento objetivo, transparente y público” en la adjudicación de las viviendas para poder optar a los fondos del plan estatal de vivienda. Este registro existía hasta el año 2024, cuando el Consell, entonces dirigido por Carlos Mazón, modificó la ley y lo eliminó. A juzgar por el escrito del ministerio, los fondos públicos podrían estar comprometidos si el Ejecutivo no queda convencido con el registro.

La vivienda pública recupera el pulso en 2026 tras un 2025 en el que cayó la finalización de pisos protegidos. El Ministerio de Vivienda ha publicado los datos del primer trimestre del año, el mejor desde 2012, con 5.215 viviendas protegidas finalizadas, de las que Catalunya ha concluido el 60%, 3.073 unidades. Sin embargo, Catalunya ha dado un bajón en viviendas públicas iniciadas, con tan solo 237 en el primer trimestre, sobre un total estatal de 4.048 en los tres primeros meses que también es la mejor cifra en los últimos 14 años. Las más de 5.000 viviendas del primer trimestre en toda España auguran la posibilidad de que el Gobierno cumpla con su objetivo de finalizar 15.000 VPO al año, cifra que puede verse reforzada con la puesta en marcha de Casa 47, que ha empezado a licitar los primeros lotes de vivienda pública, y con el Plan Estatal de Vivienda, aprobado junto a las Comunidades Autónomas y que prevé 2.800 millones hasta 2030 en construcción de vivienda pública.

Más allá de Catalunya, la Comunidad de Madrid ha construido 1.127 viviendas públicas y, en este caso, no ha dado un bajón en iniciadas, 1.242 en el primer trimestre. Andalucía, la comunidad autónoma más poblada, se queda lejos con tan solo 410 viviendas protegidas finalizadas y 755 iniciadas en los primeros tres meses del año. Entre el resto, todas están por debajo de 200 finalizadas: País Vasco con 154 (y 510 iniciadas), Galicia con 131 (y 36 iniciadas) y Navarra con 117 (y 323 iniciadas) son las únicas con más de 100 viviendas concluidas. Asturias, Canarias y Región de Murcia se han quedado a cero tanto en viviendas públicas iniciadas como en finalizadas en los tres primeros meses del año.

La vivienda pública finalizada se empezó a recuperar en 2024 tras una década de letargo, pero frenó en 2025 y aún está muy lejos del ritmo previo al estallido de la burbuja inmobiliaria. Las 14.371 viviendas públicas de 2024 fueron la mejor cifra desde 2014, pero cayeron a 12.858 en 2025. En los años 90, se llegaron a finalizar 85.028 viviendas públicas en 1997, en la primera década de los 2000 el máximo fue de 62.850 en 2005 y en los años 10 la cosa empezó a caer desde los 53.332 de 2012 a los 17.000 de 2013 y de ahí a cifras inferiores a las 10.000 viviendas públicas anuales desde 2015 hasta 2021.

En cuanto a las calificaciones de viviendas protegidas provisionales, 2024 marcó un récord desde 2011 con 23.976, que puede ser el que ha propiciado el aumento de viviendas públicas finalizadas. En 2025 la cifra cayó a 15.503 vviviendas públicas iniciadas, con un primer trimestre de 1.832 viviendas públicas iniciadas, menos de la mitad que las más de 4.000 del primer trimestre de 2026, por lo que el número de VPOs iniciadas este año debe experimentar también una mejora.

Entre enero y marzo se registraron también cifras récord de licitación pública en vivienda, con 465 millones en el primer trimestre, mejor dato desde 2008.

El problema con la vivienda pública en España es que, a la vez que se va construyendo a mayor o menor ritmo, se van perdiendo las calificaciones de protección. En los últimos cinco años se han perdido 21.400 viviendas públicas y hasta 2030 lo harán 17.000 más, según publicó recientemente Civio con cifras oficiales.

'Moviliza tu vivienda rural'. Es el lema de un programa que busca poner viviendas vacías a disposición de las entidades locales para que puedan ser destinadas al arrendamiento asequible o social, en las zonas afectadas por la despoblación.

El Gobierno de Castilla-La Mancha acaba de publicar una resolución en la que anuncia el lanzamiento de este programa, en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

Hasta el próximo 8 de julio, cualquier ayuntamiento o entidad dependiente (pedanías etc) de la comunidad autónoma pueden manifestar su interés en este proyecto.

La consulta está dirigida a los Ayuntamientos de las zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación y a los municipios afectados por la Disposición adicional sexta de la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural de Castilla-La Mancha, aquellos donde predomine la actividad agrícola, con menos de 2.000 habitantes y que haya perdido población de forma continuada durante los cinco años anteriores al 1 de enero de 2021.

¿A qué deben comprometerse los ayuntamientos?

Según la resolución el interés debe manifestarse a través de un acuerdo en el Pleno municipal o bien por un decreto de la Alcaldía.

Se aceptará la cesión de viviendas vacías susceptibles de incorporarse al programa “Moviliza tu Vivienda Rural” por un plazo de al menos siete años para su alquiler a terceros como vivienda asequible o social.

Además, el ayuntamiento beneficiario declarará de especial interés o utilidad municipal las obras necesarias de habitabilidad, accesibilidad o adecuación por concurrir, entre otras, circunstancias sociales. Y por eso se establecerá una bonificación del 95% a favor de estas en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)

También se eximirá del pago de tasas por el otorgamiento de la licencia para la realización de las obras necesarias de habitabilidad, accesibilidad o adecuación de las viviendas.

Entre otras cuestiones, se implementará un programa de acompañamiento a la integración de los nuevos inquilinos, que puede incluir ayudas o servicios específicos. El ayuntamiento también gestionará los alquileres y seguros de rentas. En estos dos casos, la resolución indica que los ayuntamientos podrán realizar ambas cosas de forma directa o bien a través de otras entidades públicas o privadas.

Las entidades locales podrán incorporar una breve memoria en el que se señale la necesidad de vivienda, en régimen de alquiler, debido a la actividad socioeconómica propia de su territorio.

También podrán adjuntar cartas de apoyo de empresas de su municipio o de su zona en las que pongan de manifiesto las dificultades para incorporar trabajadores a sus plantillas ante la falta de vivienda en régimen de alquiler. En dicha carta de apoyo, las empresas también podrán manifestar su compromiso de aportar financiación al programa 'Moviliza tu Vivienda Rural' del municipio.

El Gobierno repartirá este julio 800 millones de euros entre las comunidades autónomas dentro del Plan Estatal de Vivienda, que comprende un importe total de 7.000 millones de euros para desarrollar distintos proyectos de vivienda de los que el Gobierno aporta el 60% y las comunidades autónomas el 40% restante.

En el caso de Galicia, fuentes de la Delegación del gobierno han concretado a Europa Press que la asignación para 2026 será de 45,6 millones de euros, mientras que la distribución de fondos del plan en todo su periodo de vigencia permitirá movilizar una inversión de 399 millones hasta 2030 para desarrollar políticas públicas de vivienda en la comunidad.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha recordado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que, con este reparto, las comunidades autónomas podrán comenzar a desarrollar “en plenitud” este proyecto durante el segundo semestre del año.

Asimismo, ha recalcado que este primer desembolso corre a cuenta de la Administración General del Estado. Los 4.200 millones de euros estatales serán transferidos durante las cinco anualidades del Plan Estatal, 800 millones en este año y 850 millones los restantes.

Asimismo, ha recordado que este plan tiene efectos retroactivos al 1 de enero, por lo que las comunidades autónomas podrán incorporar todas las acciones que estén enmarcadas en el plan y que se hayan iniciado en 2026.

Al menos un 40% de esos fondos se dedicará a la construcción y adquisición de viviendas, un 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente y el 30% restante a garantizar la protección de los colectivos y territorios que más lo necesiten.

El PEV incorpora mecanismos para blindar la protección permanente de todas las viviendas que se construyan con sus fondos, al tiempo que se garantiza la transparencia en las adjudicaciones de viviendas protegidas a través de una cláusula antifraude. Asimismo, incluye medidas destinadas al fomento de la cohesión territorial e impulsa un sistema de datos públicos para favorecer el acceso de la ciudadanía a información veraz y transparente.

Celebra el acuerdo de Hacienda en materia de vivienda

Asimismo, Rodríguez ha celebrado el anuncio del ministro de Hacienda, Arcadi España, sobre un acuerdo para que los ayuntamientos puedan destinar su superávit a políticas de vivienda no solo para el año 2025, sino para los cuatro años siguientes.

Arcadi España ha señalado así que los ayuntamientos que tengan remanentes del 2025 podrán utilizarlos, en función de sus estimaciones, garantizando una estabilidad y una proyección a largo plazo de las políticas de vivienda durante los siguientes cuatro años.

Rodríguez ha valorado que los ayuntamientos puedan destinar los fondos a políticas públicas de vivienda y que, además, puedan hacerlo durante este plazo.

Los precios de compraventa de la vivienda se asoman a un cambio de ciclo. Pero para quien piensa en comprar, eso no significa que vayan a bajar: los expertos auguran tan solo un enfriamiento de las subidas, que se empieza a reflejar ya en algunas provincias, según las estadísticas de algunos portales inmobiliarios.

El dato clave que apuntan los expertos: la subida de la tasa de esfuerzo (los años de renta bruta necesarios para adquirir una vivienda) ha tocado techo y el comprador no está dispuesto a gastar más. Las subidas del euríbor y la subida de tipos de interés por la guerra en Irán que podría aprobar en unos días el Banco Central Europeo (BCE) también desincentivan la compra y pueden enfriar más el mercado.

Aunque la subida de precios de compraventa es una constante desde 2015 en España, es 2025 el año en que se produce un mayor salto: una subida de precios a doble dígito del 12,5% y una tasa de esfuerzo que desde 2024 a 2025 ha pasado de 7 a 8 años, un máximo desde 2011. 

Inmediatamente después de este techo, el ritmo de compraventa descendió durante tres meses seguidos hasta este mes de marzo, eso sí, desde cifras récord que llevaron a cerrar 2025 con 700.000 ventas de vivienda por primera vez desde 2008. La venta de vivienda nueva ha caído más, un 5,6% más en este primer trimestre que en el del pasado año, y ha precipitado una caída general (incluyendo la vivienda usada) del 2,6%.

Uno de los primeros economistas en alertar de un cambio de ciclo fue Ángel Talavera, de Oxford Economics, aunque lo hizo apuntando tan solo a un enfriamiento en 2027 y no a una caída de precios. Y esa ralentización, pronostica, no se verá este año, cuando espera que los precios sigan subiendo a doble dígito. “Cuando los precios empiezan a subir desacoplados de la subida de rentas, es probable que las compras se frenen”, alerta Talavera con precaución a elDiario.es. 

“A corto plazo, el mercado aún se mueve en cifras muy calientes de precios, no creo que se enfríe rápido y el año puede cerrar de nuevo con un aumento de entre el 10 y el 12% en los precios”, augura Talavera, que cree que de cara al año que viene el aumento podría quedarse entre un 3 y un 7%. El devenir de la guerra puede tener una influencia en las compraventas y en los precios por su impacto en los materiales de construcción y en los tipos de interés a los que prestan los bancos, pero “tan solo una recesión podría llevarnos a una caída de precios en 2027”, sostiene Talavera. 

Para el economista José García Montalvo, “los indicadores más claros son los descuentos en vivienda sobre el precio inicial, que están creciendo” y también “el tiempo que tarda en venderse, que se alarga”. “Existe una clarísima desaceleración y las visiones de mercado son muy diferentes entre comprador y vendedor. Los precios siguen al alza porque el vendedor no quiere ceder. Pero cuando cede lo hace con unos descuentos ya mayores. Tardará, pero los precios pueden bajar en un acercamiento entre comprador y vendedor”, reflexiona.

Las últimas cifras oficiales de precios de compraventa no muestran desde luego una correlación clara entre el freno de compraventas y la caída de precios, que subieron un 7% en marzo respecto a febrero y un 9,7% en comparación con marzo del año pasado, según los notarios. Las cifras del Ministerio de Vivienda muestran una subida anual del 13,9% en el valor tasado de la vivienda libre, que costaría 2.315 euros por metro cuadrado a marzo de 2026 de media en España, esto es, 231.500 euros por una vivienda de 100 metros cuadrados. 

Por si fuera poco, las hipotecas para vivienda alcanzaron su cifra récord desde 2010 en marzo, con 46.661 préstamos, encadenando 21 meses de subidas. La subida del euríbor tras la guerra, con un salto del 2,24% en enero a un 2,7% en mayo, podría enfriar este mercado en los próximos meses. 

Aunque las cifras del Ministerio aún no registran ninguna bajada de precios, sí que lo hacen los datos de los notarios en La Rioja (9,5%) y Navarra (6,8%). También Pisos.com empieza a registrar descensos en Aragón, Murcia, Castilla-La Mancha, Extremadura y Castilla y León, pero estos se miden con respecto a la oferta de venta y sirven solo como termómetro impreciso. “Si bajan los precios en alguna zona, será en lugares de poca demanda como la España vaciada”, opina Montalvo. 

Para anticipar la correlación entre un enfriamiento de la compraventa y una bajada de precios, el director de coyuntura económica de Funcas, Raymond Torres, observa en la última entrada de su blog los casos de Alemania y Francia. En el vecino país galo, tras seis bajadas consecutivas y radicales de compraventas trimestrales (a un máximo del 20% menos en el tercer trimestre de 2023), vinieron seis trimestres de leves caídas de precios, de un 4,8% la mayor. 

En España, una caída mucho más leve de la compraventa en seis trimestres de 2023 no desembocó en una caída de precios. El mercado español aún está lejos del escenario francés, si es que lo llega a imitar: le faltaría un año y medio con un freno en las compraventas mucho mayor al actual para provocar una caída de precios que, por tanto, solo se empezaría a reflejar ya en 2028.

Nadie apunta hacia esa dirección, pero Torres sí que ve una buena noticia que los precios ya no suban por “el fomo”, el miedo a perder la oportunidad de una compra más barata que la futura, que ha acelerado el mercado de compraventa junto a un alquiler asfixiante que no sale a cuenta y se come en ocasiones la mitad del sueldo de las familias. 

La construcción de vivienda se encuentra también estancada y no oxigena la oferta. Y aunque la vivienda pública debe empezar a arrancar a partir de 2027, la mayor parte irá a alquiler y el desajuste entre demanda y oferta hará difícil que empuje los precios a la baja. 

El director de estudios y portavoz de Pisos.com, Ferran Font, ve tan solo “una ralentización” y “una tendencia al alza más moderada” que el año pasado. El presidente de la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (FADEI), Miguel Ángel Gómez, cree que “en las zonas de España muy tensionadas los precios dejarán de subir a doble dígito”, pero “el mercado no se está cayendo”. 

María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, cree que “hay que hablar más de enfriamiento que de contracción”. “La magnitud de esa tendencia descendente dependerá en gran medida de la guerra, por sus efectos sobre los tipos de interés y la incertidumbre”, aporta, y coincide con Talavera en que para ver una caída de precios debería existir una recesión económica que es poco probable, a no ser que la guerra tenga un impacto económico mayor del esperado.

El último informe de CaixaBank Research, del pasado día 28, se muestra “sorprendido al alza” con la subida de precios de la vivienda libre y alerta de que “a pesar del avance de los visados de obra nueva, la producción efectiva sigue siendo insuficiente para absorber la intensa creación de hogares”. 

Los alquileres, mientras tanto, siguen subiendo de manera desenfrenada, aunque algo menos que en los últimos meses y con la excepción de Navarra, donde el tope que aplica su gobierno autonómico permitió una bajada del 7% en un año. Sobre el efecto que este enfriamiento de la compraventa pueda tener en los precios del alquiler, Montalvo es pesimista: “La gente que no va a comprar, seguirá necesitando una vivienda y se irá al alquiler, porque se siguen creando hogares. Como no hay oferta, el precio puede subir aún más”. 

Si la compraventa subió porque el alquiler era inaccesible y eso también provocó que los jóvenes se sirvieran de ayudas de los padres para las entradas con récords de donaciones, ahora es la compraventa la que parece expulsarlos del mercado de nuevo. Un bucle infinito que, mientras no se construya vivienda pública, nunca da como resultado una vivienda barata o al menos asequible.

Tiene Maricarmen Abascal a sus 87 años recuerdos nítidos de su infancia feliz jugando a las cartas con su hermano y sus padres en el salón de su piso de Retiro, que mantiene unas paredes estucadas color salmón que evocan al pasado. También del sereno, “me encantaban los serenos, no sé por qué los quitaron”, que fue quien subió el cuerpo de su padre poco después de morir en el bulevar que hay justo delante. Fue en 1960, él era aún joven, llevaban 4 años en el piso y Maricarmen no sabía que ahí comenzaba de alguna forma el calvario que se activaría en 2020 y prosigue el próximo 3 de junio con el segundo intento de desahucio frente al que espera “mucha gente” movilizada para frenarlo. 

“Las mujeres no podían entonces firmar contratos de alquiler”, cuenta Maricarmen sobre la primera firma del contrato, que hizo su padre en 1956. Al no poder firmar de primeras la madre, fue subrogada con la muerte del marido. Acogida a las rentas antiguas previas al decreto Boyer que acabó con los contratos indefinidos de alquiler, tan solo se permitía una subrogación indefinida, por lo que la muerte de la madre en 2005 terminó con su blindaje. Como segunda subrogada, ya no estaba protegida, pero los antiguos propietarios respetaron su renta antigua. 

También lo hizo Renta Corporación, la inmobiliaria que compró en primera instancia la vivienda en el año 2018 y que le ofreció comprar la vivienda a un precio que no podía asumir. La empresa respetó la negativa, pero vendió la vivienda a la inmobiliaria Urbagestión, que la única opción que le dio en primera instancia era quedarse con un alquiler de 1.650 euros al mes, por encima del triple de lo que paga a día de hoy, unos 500 euros, inalcanzable para alguien que cobra una pensión de 1.400 euros. 

Después de negarse, ya le llegó la orden judicial de desahucio a finales de 2020: “Yo no sé quiénes son estos señores, nunca he hablado con ellos”. El juzgado número 90 de Madrid dio la razón al considerar que cuando se produjo su subrogación, los entonces propietarios del inmueble la aceptaron, “tácitamente” y que los compradores mantienen esta aceptación. Pero la Audiencia Provincial y el Supremo dieron la razón a los propietarios y en 2024 llegó otra carta de desahucio. 

Los dos primeros intentos de desahucio, el último el pasado mes de octubre, fueron cancelados por la justicia ante la presión social. Aunque Maricarmen y el Sindicato de Inquilinas, que le apoya, esperan que suceda lo mismo con el próximo, si no es así pretenden frenarlo plantándose dentro del piso y en la puerta. “Espero que haya mucha gente”, dice Maricarmen, consciente de que su caso indigna a mucha gente. 

Maricarmen ha escrito cartas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que no han sido respondidas. “El Ayuntamiento no va a comprar mi piso y la señora Ayuso tampoco. Quien tiene que comprar mi piso, o poner alquileres indefinidos, es el Gobierno de España. Invierten un dinero que van a recuperar después, pueden ponerlo en alquiler social cuando yo me muera. Y por lo menos no permiten a echar a la gente a la calle”, clama Maricarmen.

Desde la última vez que fue entrevistada por elDiario.es, en octubre del año pasado, Maricarmen ha perdido gran parte de la movilidad y se ayuda de un caminador para moverse. “He tenido un problema bucal que creo que me ha afectado pero también el desgaste, la ansiedad, la angustia de estar luchando. He perdido tanta masa muscular que no puedo casi ni caminar. No me puedo tener en pie. El otro día fui a la manifestación en silla de ruedas, pero al menos fui. Que es lo que tiene que hacer la gente, salir a protestar. Y yo puedo ser la mecha que enciende una primera vela, pero detrás tienen que venir muchas velas y que la gente no se marche” clama. 

Los propietarios, Urbagestión, se escudan en la sentencia del Supremo, que dice que el contrato de arrendamiento quedó extinguido tras la muerte de la madre de Carmen, ya que ella no tiene el 65% de minusvalía que le concedería la posibilidad de una segunda subrogación. Y aseguran que la última renta la pagó Maricarmen en 2024 y que fue de 203 euros y no de 500. 

A pesar del desgaste físico y la angustia de luchar para que no te echen de casa, Maricarmen mantiene una energía intacta y no se deja contagiar por el derrotismo. Y el conocer a una nueva red como el Sindicato de Inquilinas, reconoce, le ha dado fuerzas. “Me han conducido y han estado siempre a mi lado. Es mi familia. Por eso a personas que estén en la misma situación que yo les digo que vayan al sindicato de inquilinas y se informen, que no se vayan por miedo. Porque yo puedo ser una primera vela, pero una persona sola no hace nada, detrás de mí tienen que venir muchas otras velas”, concluye.

La apuesta de las administraciones públicas por la vivienda pública todavía no se refleja en las construidas y entregadas, pero sí que marcan ya hitos en licitación. Durante el primer trimestre de 2026, las Comunidades Autónomas licitaron 465 millones con fondos del Estado para vivienda pública, lo cual equivale al mejor primer trimestre desde 2008, primer año del que se guardan registros en la publicación del Ministerio de Transportes. Es un 44% más que el primer trimestre del año pasado. Las licitaciones directas del Estado están agrupadas en otras obras y las de Comunidades Autónomas tampoco están desglosadas por lo que cada administración invierte en vivienda, de forma que no se publica dónde se han licitado más viviendas. A este ritmo, España aspira a superar los 1.000 millones de euros en licitaciones por primera vez desde 2008.

Fuentes del Ministerio de Vivienda estiman una posible mejora en el segundo semestre por la prórroga de los fondos de los Planes de Recuperación, Transformación y Resiliencia y por la primera entrega del Plan Estatal de Vivienda, pero alertan que las licitaciones dependen de otras variables y del trabajo de las Comunidades Autónomas, por lo que no se puede garantizar esta cifra. Aparte del Plan Estatal, el arranque de licitaciones de Casa 47 también debe sumarse a esta tónica ascendente.

En total, se licitaron 173 millones de euros en vivienda pública en enero, 122 en febrero y 166 en marzo para viviendas familiares públicas. En enero de 2025 se licitaron 163 millones, 26 en febrero y 132 en marzo, hasta alcanzar un total de 323,7 millones en el primer trimestre del año pasado, 141,3 millones menos que en el primer trimestre de este año. Dos años atrás, en 2024, la cifra se hunde a 147 millones, mientras que en 2023 un prolífico mes de marzo permitió unas cifras similares a las actuales con 437 millones.

Si miramos el cómputo anual, ya 2025 marcó un punto álgido desde antes de la burbuja, con 959 millones licitados, por los 750 en 2024 y los 458 en 2023, brusca bajada con respecto a los 800 millones de 2022. De ahí hacia atrás, la licitación pública ha estado por debajo de los 500 millones desde el año 2010, cuando alcanzó los 665 millones. Al punto más bajo de esos años en caída se llega en 2016 con 159 millones, mientras que en 2020 y 2021 se superan los 400 millones.

El incremento de licitaciones públicas se empezó a traducir en la construcción a partir de 2018, cuando se empiezan a superar las 10.000 unidades construidas hasta un máximo de 14.000 viviendas en 2024. No obstante, se desplomó un 22,7% en 2025 hasta las 11.104 viviendas. El tiempo promedio para construir vivienda en España después de su licitación es de entre 18 y 24 meses, por lo que las licitaciones récord de 2026 deben empezar a reflejarse en construcción de obra pública a partir de finales de 2027.

Para entonces, ya debe estar en marcha el Plan Estatal de Vivienda, que prevé 2.800 millones de euros adicionales para construir y movilizar vivienda pública hasta 2030, que se cofinanciará entre el estado y las Comunidades Autónomas. Teniendo en cuenta que construir una vivienda pública cuesta de media entre 80 y 130.000 euros, se puede estimar que los 465 millones licitados pueden servir para construir unas 4.600 viviendas.

El Ministerio de Vivienda ha dado por finalizada la recuperación del silo de Santa Amalia (Badajoz), a través del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos (PIREP), con su inauguración este viernes como nuevo espacio cultural.

La actuación, que ha rehabilitado 737 metros cuadrados, ha estado financiada con fondos Next Generation EU al 77% y ha permitido alcanzar un ahorro energético del 48,2% en el edificio.

La directora general de Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, María Teresa Verdú, ha inaugurado el proyecto de rehabilitación energética integral de dicho silo en el que su departamento ha invertido 885.765 euros. El programa ha permitido transformar equipamientos públicos esenciales como centros culturales, educativos y administrativos, impulsando la rehabilitación integral de edificios públicos en toda España con el objetivo de mejorar la eficiencia energética y la calidad arquitectónica.

La intervención en Santa Amalia ha mantenido la identidad industrial del silo al conservar al máximo la estructura original y mejorar su eficiencia energética. Además, ha dotado al edificio de las instalaciones necesarias para convertirlo en un nuevo espacio multifuncional que albergará un salón social, una cafetería y un museo local, acogiendo actividades culturales, sociales y educativas.

En su intervención, Verdú ha destacado que la rehabilitación de este silo con la ayuda de los fondos europeos “demuestra cómo, a través de la arquitectura y de políticas públicas bien orientadas, se puede transformar el entorno, recuperar patrimonio y mejorar la calidad de vida de las personas, en línea con los principios de la Ley de Calidad de la Arquitectura”.

En este sentido, la directora general ha recordado que “solo en Extremadura se están impulsando 24 actuaciones con una inversión de más de 19 millones de euros a través del Programa PIREP, a los que hay que añadir los más de 80 millones de inversión en rehabilitación y nueva construcción de vivienda del PRTR, y los 210 millones de euros del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 destinados a la región.

A su juicio, estos son un “reflejo del compromiso de todas las administraciones con la transición ecológica y la mejora del parque público edificado”.

Un referente en la región

Para el Ministerio, este edificio de Santa Amalia, ubicado en la entrada de la localidad, ha sido un referente histórico y cultural de la región desde su construcción en la década de 1960. Originalmente concebido como un silo industrial, con el tiempo quedó en desuso y sufrió un considerable deterioro, convirtiéndose en un símbolo de la degradación del paisaje industrial, ha expuesto.

“Ante esta situación, su rehabilitación se hizo urgente, no solo para conservar su legado, sino también para recuperar su valor como elemento arquitectónico”, según ha apuntado.

Según Vivienda, la mejora no sólo ha sido estética y energética del edificio, sino que también ha incorporado una serie de medidas sostenibles, de accesibilidad universal, climatización eficiente y renovación de carpinterías y sistemas.

El acto ha contado también con la presencia del delegado del Gobierno, José Luis Quintana, y la alcaldesa de Santa Amalia, Raquel Castaño. 

Abandonar el hogar familiar nunca ha sido tan difícil para los jóvenes. Y no es una manera de hablar. El alquiler promedio de un piso se come el 98,7% del sueldo de un joven y eso empuja a la tasa de emancipación juvenil a mínimos históricos: solo un 14,5% de los jóvenes menores de 29 consiguieron emanciparse en 2025. El sueldo medio es de 1.191 euros entre los jóvenes y el alquiler medio, de 1.176 euros. A quien se aventurara, le quedarían 15 euros para vivir. La edad media ya alcanza los 30,2 años, según el Observatorio de Emancipación publicado este viernes por el Consejo de la Juventud de España.

Estos 30,2 años ya rebasan incluso la consideración estadística de juventud, alerta el duro informe basado en la Encuesta de Condiciones de Vida del INE. Alerta, además, que el alquiler por habitaciones ha crecido un 85,4% desde 2022, con cifras de Idealista, lo cual permite a los caseros elevar su rentabilidad.

Ni el aumento del salario medio de los jóvenes de un 1,7% hasta los 14.292 euros anuales, ni el mayor descenso del desempleo juvenil desde antes de la crisis de 2008 hasta el 17,2% atenúan una crisis de vivienda en que los precios crecen mucho más que los indicadores laborales.

El precio de compraventa crece también a ritmos altísimos y no es una alternativa al alquiler, sobre todo porque exige una gran cantidad de ahorros para alcanzar el 30% recomendado de entrada para la hipoteca. Con la vivienda protegida estancada y la vivienda libre a un precio medio de 223.000 euros (un 13% más que el año anterior), una persona joven necesita dedicar su salario íntegro durante 15,6 años para comprar en propiedad. Las cifras de precios promedio se disparan aún más en grandes ciudades y áreas metropolitanas.

El alquiler sigue siendo, por tanto, la forma más común de tenencia entre los jóvenes que se independizan, con un 55%, entre los cuales predominan quienes comparten: un 33% frente al 19,7% de jóvenes que se emancipan solas. Todo ello teniendo en cuenta que solo el 25,2% de las personas jóvenes con empleo estaban emancipadas del hogar familiar en 2025, lo que implica más de 7 de cada 10 viviendo aún en el hogar familiar.

En contra de los prejuicios generacionales, existen más personas que estudian y trabajan (un 33% del total de personas ocupadas), que ninis, personas que no hacen ni una cosa ni la otra y que desde que se reactivó la economía han ido descendiendo hasta el 2,2% actual.

Pero los bajos salarios de la juventud y su dificultad de acceso a la vivienda la convierten, tras la infancia, en el segundo grupo más vulnerable de la sociedad. Un 29,3% de las personas jóvenes están en riesgo de pobreza o exclusión social con cifras de 2025, situación que afecta incluso a un 19,9% de las personas jóvenes con empleo.

Entrando al detalle de las cifras de emancipación joven, existen en España 7,3 millones de jóvenes de entre 16 y 29 años, un 1,1% menos que el año pasado y un 17,7% de la población. De ellos, un 86,60% viven en el hogar de sus padres o se benefician de los ingresos familiares, o sea, 6,3 millones de jóvenes. La tasa está 20 puntos por encima de la media europea (que es del 68,5%) y la edad cuatro años por encima, entre los 30,2 en España y la media europea de 26,3. Los hombres se independizan un año después que las mujeres en España: 30,8 contra 29,6 años de media.

Pocos minutos después de que las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP votaran este jueves a favor del Plan Estatal de Vivienda que busca repartir 7.000 millones para políticas de vivienda al mismo tiempo que amenazaban con llevarlo al Supremo por invasión de competencias, el alto tribunal publicaba una sentencia que tumbaba el registro único de pisos de alquiler de temporada y habitaciones por el mismo motivo: las competencias son de las comunidades. El Ministerio de Vivienda acató la sentencia, pero reivindicó la norma y acusó a los gobiernos del PP de que “les molesta más quién persigue el fraude que el fraude”. Esta no ha sido ni la primera ni la última sentencia del Supremo que frena medidas estatales en vivienda a petición del PP: ya son varios los gobiernos autonómicos que amenazan con llevar a la justicia los requisitos que impone el Plan Estatal.

La principal condición cuestionada es la obligatoriedad de que la vivienda protegida (VPO) sea indefinida en todas las viviendas que se hagan con fondos estatales. “Es inconstitucional”, decía el consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, pocos minutos antes de votar a favor del plan en la conferencia intersectorial de este jueves, y amenazaba con llevarlo al Supremo. De hecho, la inconstitucionalidad de que el Gobierno imponga la vivienda protegida para siempre la determinó el alto tribunal tras un recurso de la comunidad en Andalucía en 2024 y la sentencia impidió que esta condición estuviera en la Ley de Vivienda. Pero fuentes del Ministerio advierten que esto es diferente, porque “no se impone a las comunidades que hagan su vivienda protegida indefinida, sino que tan solo aplica a las que se hagan con los fondos estatales”. El Supremo, cuando llegue el recurso, tendrá la última palabra.

Pero el recurso de la Comunidad de Madrid puede no ser el único que llegue al Supremo. La comunidad de Murcia también estudia un recurso ante la justicia y, a preguntas de elDiario.es, también la Junta de Extremadura reconoce que “está estudiando jurídicamente si varias de las medidas incluidas en el plan invaden competencias autonómicas”. Más allá de la vivienda protegida indefinida, el Plan Estatal pone como requisito compartir datos en tiempo real de los precios de los alquileres, algo posible sobre todo en aquellas que recogen las fianzas de los contratos. Lo que pasa es que Andalucía, Extremadura y Murcia ya no recaudan la fianza y permiten a arrendadores y arrendatarios que lo gestionen por ellos mismos.

El problema de los datos públicos de alquiler

“Los datos de los que dispone Extremadura sobre alquileres son estimatorios”, reconocen fuentes de la Junta de Extremadura, que admiten que el requisito de publicar datos oficiales también está siendo estudiado para llevarlo al Supremo. El ejecutivo de Murcia, que tampoco recauda fianzas, asegura que “se ha planteado esta cuestión al Ministerio en diferentes ocasiones y nos han trasladado que en las diferentes comisiones bilaterales se podrán acordar fórmulas para comunicar estos datos”. La forma en que se consigan los datos puede ser otra fuente de tensión para tirar adelante el Plan Estatal.

La sentencia del Supremo sobre el registro único, con todo, avala al Gobierno, ya que aunque tumba el registro único sí que reconoce la competencia estatal de recabar datos de las comunidades, en ese caso sobre los alquileres turísticos y de temporada.

Paradójicamente, la guerra está servida ante el primer gran consenso en vivienda entre PSOE y PP. Una mano la ponen los gobiernos populares para recibir los fondos estatales y la otra la utilizarán para, de nuevo, poner trabas judiciales a los requisitos que pone el estatal.

También afean los populares al Gobierno que exigen a las comunidades multiplicar por seis su aportación de fondos mientras ellos solo la duplican, resultado de la financiación conjunta de los planes que prevén un 60% de aportación estatal y un 40% autonómica. Juntos sumarán 7.000 millones hasta 2030, de los cuales un 40% serán para construcción de vivienda nueva, unos 2.800 millones, mientras que un 30% irán a la rehabilitación y otro 30% a ayudas como el incentivo a propietarios para poner pisos en alquiler asequible, la movilización de vivienda en zonas rurales o las subvenciones a las entradas de hipotecas destinadas a primera vivienda.

El plan contempla ayudas a la industrialización de vivienda para hacerla más sostenible y agilizar su construcción, financiación de vivienda pública para promotores privados, ayudas para urbanizar suelos que incorporen al menos un 40% de vivienda protegida y sumas específicas para constructores en zonas tensionadas. Las comunidades contarán con ayuda estatal para comprar vivienda a particulares y ponerlos en alquiler. También contempla ayudas a personas vulnerables y a mujeres víctimas de violencia de género.

Más allá del Plan Estatal, la tensión por las competencias de vivienda es habitual. Ha impedido que se pueda aplicar el tope a los precios del alquiler en la mayoría de comunidades y en todas las que lidera el PP. En el congreso, el partido de derechas tampoco da apoyo a ninguna de las medidas que se presentan, lo cual sumado al boicot generalizado de Junts hizo que se tumbara la prórroga extraordinaria a los contratos del alquiler y que estén en el cajón medidas como la limitación de compra a los grandes fondos y la subida de impuestos a socimis o la regulación de los pisos de temporada y habitaciones, que sirven a los caseros para burlar la ley.

Andalucía ha aceptado los criterios de reparto de los fondos incluidos en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que prevé una inversión de 1.197 millones de euros, pero a la vez ha anunciado que está revisando “jurídicamente” este acuerdo y deja la puerta abierta a la presentación de un recurso. “No estamos de acuerdo con cómo se ha hecho la financiación”, sentido en el que el Gobierno andaluz en funciones señala que la inversión de Andalucía se “multiplica por seis” mientras que la aportación del Estado lo hace por dos.

Esto es así porque el plan contempla que el Ejecutivo central asuma el 60% de la inversión prevista, mientras que las comunidades autónomas aportarán el 40% restante. Pero esto supone que las autonomías tengan que hacer un esfuerzo mayor que en los anteriores planes, en los que aportaban el 25% del presupuesto y el resto lo ponía el Estado. Con la nueva distribución, el Gobierno aportará 718 millones de euros y eso obliga a la Junta a poner sobre la mesa 479 millones de euros.

La decisión se ha tomado en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, en la que por lo pronto la Junta ha aceptado los criterios de reparto de fondos, que supone un 17,10% para Andalucía, el mismo porcentaje que figuraba en planes anteriores. Así lo ha anunciado la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en funciones, Rocío Díaz (PP), que –eso sí– ha expresado su “disconformidad” por la “obsesión del Gobierno de España por imponer su modelo de vivienda sin negociación ni consenso con las comunidades autónomas”.

Críticas al modelo de financiación

Todas las comunidades del PP han acabado aceptando el nuevo plan, aunque varias de ellas no descartan recurrirlo ante el Tribunal Supremo. Una de ellas es Andalucía, sentido en el que Díaz ha anunciado que los servicios jurídicos de la consejería están revisando el contenido del plan estatal porque “no estamos de acuerdo con cómo se ha hecho la financiación”, dejando abierta la puerta a la asunción de medidas en este sentido.

La consejera en funciones, asimismo, ha cargado contra el calendario, ya que el nuevo plan “debía estar en marcha desde el 1 de enero” y, sin embargo, “llega con casi cinco meses de retraso”, lo que ha condicionado el desarrollo de las convocatorias y ayudas previstas para 2026. De paso, ha reclamado al Ministerio de Vivienda que aumente su participación económica.

Andalucía recibirá hasta 2030 una inversión total de 1.197, de los que 136,8 millones corresponden a la anualidad del presente ejercicio. El objetivo es desarrollar políticas públicas de vivienda en la región. El compromiso que se adquiere es que al menos un 40% de esos fondos se dedicarán a la construcción y adquisición de viviendas, un 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente y el 30% restante a garantizar la protección de los colectivos y territorios que más lo necesiten.

“Consenso histórico”

Y si Rocío Díaz ha denunciado la falta de negociación, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez (PSOE), ha celebrado que el plan supone “una clara muestra” de la “voluntad de diálogo y consenso” del Gobierno central. “Prueba de ese modelo de consenso, diálogo y acuerdo” son las 28 reuniones mantenidas con las comunidades autónomas en torno al contenido del documento, así como los encuentros con entidades, agentes sociales y expertos. Fruto de esos encuentros, se han recibido 365 aportaciones que se han estudiado e incorporado a la redacción final, y hasta el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), ha celebrado el “consenso histórico” entre las comunidades autónomas y el Ejecutivo central.

No lo ve así la consejera en funciones, que ha criticado que “ni siquiera conocemos la valoración del Ministerio de Vivienda sobre las 22 alegaciones que Andalucía presentó en el mes de octubre”. Por eso, ha insistido en que, mientras se aceptan los criterios de reparto de los fondos, se está revisando y estudiando el plan por parte de los servicios jurídicos de la Junta de Andalucía.

De paso, ha cargado contra un plan estatal que considera que está “más preocupado por la foto de una primera piedra o de una entrega de llaves que por ofrecer soluciones reales para el acceso a la vivienda”, en alusión a la advertencia de retirar fondos estatales si no se da visibilidad a la aportación del Ministerio. En ese sentido, ha defendido que “Andalucía siempre ha sido leal, informando en todo momento de las ayudas y promociones”.