Hay algo que me ronda desde hace tiempo cada vez que veo una actuación drag atravesada por referencias a la cultura y el imaginario que nos rodea a les andaluces: la sensación de estar viendo algo nuevo y, al mismo tiempo, algo que ya conocía. Una peineta, una mantilla, una bata de cola o un lip sync de una copla son solo la superficie. Es la forma de entender el escenario, el humor, el cuerpo o el exceso lo que me resulta familiar.

Quizás por eso me cuesta ver el drag en Andalucía como una simple importación cultural llegada de otros lugares. A veces da la impresión de que ciertas narrativas lo sitúan como una expresión heredera casi exclusivamente de referentes anglosajones o de escenas urbanas concretas. Pero cuanto más pienso en ello, más difícil me resulta sostener esa idea.

Andalucía no ha sido históricamente un espacio drag, y sus expresiones culturales tampoco pueden leerse sin más como tal. Pero muchas de ellas comparten con el drag ciertos mecanismos, como el artificio, la exageración, o la posibilidad de convertirse temporalmente en otra cosa. Basta con pensar en el Carnaval de Cádiz, un espacio de inversión simbólica donde el disfraz permite decir lo que no puede decirse en otros contextos y donde la sátira funciona como crítica social. O en la copla, donde las emociones rara vez aparecen contenidas, sino llevadas al extremo y teatralizadas. Incluso la religiosidad popular convive con una estética donde la emoción, la teatralidad y la ornamentación ocupan un lugar central.

A estas expresiones populares se les ha negado legitimidad por ser consideradas excesivas o poco sofisticadas. Algo parecido ha ocurrido históricamente con expresiones queer como el drag. Los procesos son distintos, pero la raíz es la misma: las jerarquías culturales que desvalorizan lo emocional, lo popular y lo no normativo.

Hay cierta tendencia a otorgar más valor cultural a aquello que parece contenido, discreto o distante que a aquello que desborda emoción. En el caso andaluz, esto se ha traducido muchas veces en lecturas que reducen determinadas expresiones culturales a la exageración, el exceso o el adorno. Una simplificación construida históricamente desde fuera que, en muchos casos, también terminamos interiorizando desde dentro.

No resulta extraño que artistas drag encuentren refugio e inspiración en la copla, la Semana Santa, el humor popular o el exceso barroco. Ya que estas formas culturales comparten con el drag mecanismos como la transformación, la exageración o la posibilidad de habitar temporalmente otros lugares y otras identidades

Sin embargo, algo está cambiando. Lo andaluz ha pasado de ser un estigma a convertirse en una estética. Lo vemos en la presencia cada vez más frecuente de imaginarios andaluces en campañas de moda y publicidad, en las ferias convertidas en contenido para redes sociales o incluso en ciertos usos del acento andaluz que hoy suenan atractivos cuando durante años fueron motivo de corrección constante. Pero esta revalorización rara vez viene acompañada de contexto. En muchas ocasiones las imágenes y los símbolos aparecen desligados de las experiencias y las historias que les dieron sentido.

Y ahí surge la gran contradicción. Mientras determinados elementos culturales andaluces ganan visibilidad, algunos de los espacios donde nacieron y se construyeron cambian su forma de existir. Las ferias dejan de entenderse como espacios festivos locales para convertirse en imaginarios exportables, como fue el intento de organizar Madrilucía. La Semana Santa se consume como producto visual desligado de su tejido comunitario, aumentando su privatización. Y los centros históricos se transforman en escenarios turísticos, produciéndose una pérdida progresiva de la vida vecinal.

Lo que se pierde en ese proceso de consumo masivo es precisamente lo que hace interesantes a las fiestas populares andaluzas: su carácter de comunidad y performativo. En ellas se actúa, se representa, se exagera, se negocian identidades y se suspenden temporalmente ciertas normas sociales. Y esto es lo que les permite que sean, también, territorio de disidencia. Por ejemplo, en los últimos dos años, La Peña Travesti ha organizado eventos en la caseta La Marimorena durante la Feria de Abril de Sevilla, apropiándose de uno de los escenarios más reconocibles del imaginario festivo andaluz para convertirlo en un espacio de celebración, visibilidad y comunidad. Una demostración de que nuestra cultura nunca fue tan ajena a lo queer como a veces se ha querido hacer ver.

Por eso no resulta extraño que artistas drag encuentren refugio e inspiración en la copla, la Semana Santa, el humor popular o el exceso barroco. Ya que estas formas culturales comparten con el drag mecanismos como la transformación, la exageración o la posibilidad de habitar temporalmente otros lugares y otras identidades.

Artistas que vuelven a mirar hacia las tradiciones y lo popular para preguntarse qué puede hacerse con ello hoy: reivindicar lo kitsch, mezclar música urbana con memoria popular, dialogar con el archivo cultural propio. Es un proceso de reapropiación, de recuperar y releer materiales culturales que durante mucho tiempo parecían pertenecer a otros relatos y abrirlos con nuevos códigos

Esa conexión se vuelve especialmente interesante en Andalucía porque aquí las identidades nunca han sido tan estables. Muchos de los elementos que asociamos con lo andaluz han cambiado de significado constantemente dependiendo de quién los mira y desde dónde lo hace. Nuestra historia cultural está llena de símbolos que pasaron de ser cotidianos a convertirse en estereotipos.

Desde hace más de una década hay toda una generación reconstruyendo nuestra identidad cultural desde antes de que fuera rentable y se volviera algoritmo. Artistas que vuelven a mirar hacia las tradiciones y lo popular para preguntarse qué puede hacerse con ello hoy: reivindicar lo kitsch, mezclar música urbana con memoria popular, dialogar con el archivo cultural propio. Es un proceso de reapropiación, de recuperar y releer materiales culturales que durante mucho tiempo parecían pertenecer a otros relatos y abrirlos con nuevos códigos.

Quizás por eso muchas propuestas drag andaluzas resultan tan reconocibles incluso cuando parecen completamente nuevas. Cuando mezclan imaginarios religiosos con estética popular, juegan con referentes folclóricos o toman símbolos tradicionalmente rígidos, hay en ellas ecos del barroquismo andaluz, del humor popular y de ciertas formas de teatralidad cotidiana que, al aparecer en escena, generan reconocimiento antes que extrañeza.

Esta mirada hacia atrás no empieza ahora. Ocaña lo hizo décadas antes desde ese mismo lugar, tomando los materiales de la cultura popular andaluza y reorganizándolos desde un cuerpo que desbordaba lo normativo. Lo que está pasando ahora tiene ese eco. Quizás Andalucía siempre fue un poco drag. Y quizás la escena actual no sea tanto una novedad como una forma de, por fin, visibilizarlo.

Turquía ha vetado un crucero con 2.000 pasajeros del colectivo LGTBIQ+ a bordo, incluida la artista de Broadway Patti LuPone, después de que las autoridades locales declararan que el comportamiento de los pasajeros no se ajustaba a la estructura de la sociedad turca ni a sus “valores morales”.

El barco Scarlet Lady de Virgin Voyages zarpó de Atenas, Grecia, el 5 de julio para lo que se anunciaba como un “viaje épico exclusivamente gay” de diez días, organizado por Atlantis, una compañía estadounidense que ofrece cruceros y vacaciones para personas LGTBIQ+. Estaba previsto que atracara en el puerto turco de Kuşadası el 7 de julio, para luego continuar su viaje a Estambul.

Sin embargo, las autoridades de la provincia turca de Aydin, donde se encuentra Kuşadası, publicaron un comunicado en internet en el que afirman que el crucero fue fletado por “grupos conocidos por comportamientos que no se ajustan a la estructura de nuestra sociedad ni a nuestros valores morales”. Agregan que la llegada del barco ha sido “cancelada” después de que “provocara una gran preocupación pública”: “No existe absolutamente ninguna posibilidad de que el grupo en cuestión visite nuestra provincia para un evento de esta naturaleza”.

Según Rich Campbell, presidente y director ejecutivo de Atlantis Events, la empresa ha podido atracar cruceros de este tipo en Estambul y Kuşadası 13 veces en los últimos 25 años.

LuPone, la artista de 77 años ganadora del premio Tony que actuará a bordo, expresó el pasado sábado su consternación por la noticia: “Al crucero Atlantis en el que actuaré la semana que viene se le ha prohibido la entrada a Turquía”, escribió en Instagram. “Un barco, un barco magnífico, lleno de hombres gay. Y yo. Nos han denegado la entrada a Turquía simplemente por quiénes van a bordo”.

“Estoy furiosa, pero seguiré navegando, ya que el barco hará escala en otros puertos. Estoy lista para actuar para todos los maravillosos hombres de este crucero Atlantis, que se merecen mucho más que esto”, ha afirmado.

Campbell ha declarado a la cadena CNN que estaba conmocionado por la decisión y que era la primera vez en sus 36 años de historia que al Atlantis se le decía explícitamente que no podía atracar en ese puerto por sus pasajeros. “Es bastante sorprendente, la verdad”. “La razón es que se trata de un grupo gay. Me preocupa mucho que un país decida qué turistas pueden entrar y cuáles no”, ha agregado.

“Cuando llegamos al puerto, el barco parece uno más”, ha dicho al medio USA Today. “No somos una manifestación del orgullo gay, ni una marcha, ni una organización, ni una declaración política de ningún tipo. El crucero se anunció hace un año, no es nuevo”. También ha señalado que su compañía no había logrado “convencer a las autoridades turcas”, a pesar de las numerosas llamadas a la Embajada estadounidense en Turquía.

El barco hará escala en El Cairo y Creta, en lugar de en Turquía. El Gobierno turco de Recep Tayyip Erdoğan, de corte islamista y conservador, aún no se han pronunciado al respecto.

La homosexualidad no está castigada en Turquía, pero la homofobia está muy extendida. El propio presidente Erdoğan describe con frecuencia a las personas LGTBIQ+ como “pervertidos” y una amenaza para la familia tradicional.

La marcha del Orgullo de Estambul, que en su día fue un evento vibrante con miles de participantes, ha sido prohibido cada año desde 2015 por el Gobierno conservador turco.

En el año 2000, el entonces ministro de Turismo se disculpó después de que la policía impidiera a más de 800 turistas homosexuales de un crucero entrar en Kuşadası y en las cercanas ruinas romanas de Éfeso. “Espero que puedan completar su viaje sin problemas”, declaró Erkan Mumcu. “No podemos discriminar por la orientación sexual de las personas”, dijo entonces.

Las calles de Madrid han vuelto a llenarse este sábado con motivo del Orgullo LGTBI. A pesar del calor, la multitudinaria manifestación ha sacado de casa a decenas de miles de personas —un millón, según los organizadores— que desde primera hora de la tarde ya se agolpaban en el paseo que separa Atocha de Colón, donde ha culminado pasadas las 21.00 horas. Banderas arcoíris, pancartas, música y un ambiente que acostumbra a mezclar lo festivo y reivindicativo convierten la cita en toda una declaración de intenciones frente a la ola reaccionaria global que amenaza los derechos LGTBI.

Bajo el lema “¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia”, la manifestación ha empezado a andar pasadas las 19.00 de la tarde. En la pancarta de cabecera caminaban Paula Iglesias y Ronny de la Cruz, presidentes de la Federación Estatal LGTBI+ y de COGAM, junto a figuras como la ministra de Igualdad, Ana Redondo, la ministra de Sanidad, Mónica García, la comisionada de los 50 años de España en Libertad, Carmina Gustrán, el ministro Óscar López y personalidades LGTBI de diferentes partidos, entre ellos Víctor Gutiérrez, del PSOE, o Carla Antonelli, de Más Madrid.

La cantante Zahara o el actor Raúl Tejón también encabezaban la protesta en una edición en la que, tras los bloques de las organizaciones en defensa de los derechos LGTBI marchaban un total de 47 carrozas, algunas de empresas, también de partidos políticos y otras de distintos colectivos sociales.

Antes, los colectivos que cada año organizan la protesta han querido dejar claras las intenciones: “Los derechos no están grabados en piedra y no vamos a permitir que nos los quiten”, ha dicho Ronny de la Cruz, presidente de COGAM, poco antes del inicio de la marcha.

El activista ha recordado que el Orgullo “nació para ser incómodo y molestar” y ha afeado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, su “falta de respeto” hacia la movilización. “Es increíble e insoportable. Un año más nos ha decepcionado con su campaña institucional. Le pedimos a él y a todas las fuerzas que aspiran a gobernar el Ayuntamiento que el año que viene convoque acto institucional oficial”.

Paula Iglesias, presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, ha afeado al Partido Popular su abstención a la ley que convierte en delito las terapias de conversión. “Demuestra de qué lado de la historia está”, ha apuntado la activista, que ha afirmado que la sociedad española “va a frenar el odio” que, a su juicio, enarbola la ola reaccionaria global. “Hoy vamos a llenar las calles de Madrid para seguir reivindicando nuestros derechos y celebrando nuestra existencia porque celebrarla es también un acto revolucionario”.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, también ha criticado al Partido Popular que no haya votado a favor de ninguna de las leyes estatales en materia LGTBI que se han tramitado desde hace dos décadas: “Que no nos engañen, aquí ha habido quienes desde el primer momento hemos votado leyes que reconocen derechos y quienes siempre han votado en contra y han recurrido al Tribunal Constitucional todos los avances”, ha afirmado antes de comenzar la manifestación en Madrid.

La titular de Igualdad ha reivindicado la cita como “una gran fiesta de la ciudadanía” y ha celebrado que España haya sido elegida por la asociación internacional ILGA como el mejor país europeo para las personas LGTBI. “Hoy celebramos lo que somos: un país diverso e inclusivo”, ha dicho recordando que “venimos de una dictadura” en la que las leyes perseguían a las personas homosexuales y trans.

Con el “A quien le importa” de Alaska, la marcha ha partido pasadas las 19.00 horas de su punto de inicio, donde cientos de personas abarrotan los márgenes de la riada arcoíris en la que cada año se convierte la cita.

Tras la pancarta de cabecera, decenas de colectivos, organizaciones, sindicatos, partidos políticos y personas a título individual venidas de toda España marchan por los derechos LGTBI. Entre ellos está Andrés, un chico de 25 años que ha venido desde Burgos específicamente para asistir al Orgullo: “A defender nuestros derechos”, dice tajante. “Aquí en Madrid es diferente, pero en España hay muchas ciudades y pueblos en los que no se puede vivir con la misma libertad”, asegura.

Irina, Camila y Lisa han venido al Orgullo porque consideran que el colectivo LGTBI sufre aún altas tasas de rechazo y discriminación. “Sigue habiendo acoso, lesbofobia y transfobia”, señala Irina, que se define como bisexual y pansexual. La joven lamenta que la ultraderecha “esté yendo contra las personas migrantes” y cree que ese es motivo también para estar aquí: “Todas las diversidades están incluidas en esta bandera”, afirma señalando a la insignia arcoíris con la que ha venido.

Frente a ola que amenaza los derechos LGTBI asegura que “no vamos a dejar que nos digan cómo tenemos que ser” y pronostica que el colectivo LGTBI “seguirá luchando y gritando”. En este contexto, le preocupan especialmente los niños y niñas, que, asegura, “deben poder crecer con libertad”.

“Queremos ser libres y con derechos”, dice su amiga Camila, que lleva los colores de la bandera arcoíris pintada en ambas mejillas. La joven ha salido este sábado al Orgullo “para expresar cómo soy” y “sentirme libre por mi forma de ser”, sostiene.

La variedad de organizaciones y colectivos que marchan en el Orgullo es seña de identidad de la movilización, convertida en una expresión de diversidad. Entre ellos está la Comunidad Cristiana LGTBI de Madrid (Crismhom), que lleva una pancarta propia que reza “20 años de fe, Orgullo y comunidad”.

Los miembros del grupo entonan lemas y portan pancartas que defienden la convivencia entre la religión y la identidad LGTBI y reclaman derechos en la Iglesia Católica: “Ames a quien ames, Dios te ama”, “Jesús nunca excluyó a nadie” o “La Iglesia también es LGTBI”, claman.

En otra zona de la manifestación, Susana y Angy son amigas y han venido por primera vez al Orgullo de Madrid, al que conocen por “ser uno de los más importantes del mundo”. Ellas son colombianas y nunca antes habían tenido la oportunidad de asistir: “Hay que estar en la calle para defender nuestros derechos. Es lindo ver cómo miles de personas salen para mostrar su diversidad”, apunta la primera mientras mira a su alrededor.

Como para ellas, para muchas personas, esta es la primera movilización LGTBI a la que asisten. Otras llevan ya décadas marchando en una protesta que por primera vez salió a las calles de Barcelona en 1977, con una España recién salida de la dictadura. “Desde hace casi 50 años hay personas que han decidido salir a las calles para dejar de ser discriminadas y apaleadas. Un día más, volvemos a salir recordando su valentía y recogemos y ampliamos sus reivindicaciones”, ha mencionado Ronny de la Cruz, presidente de COGAM, poco antes de que diera comienzo la movilización.

Niños, niñas y familias LGTBI también se manifiestan en este Orgullo para reivindicar igualdad real. “Mi familia es igual aunque tenga dos mamás”, claman los integrantes de Galehi, la Asociación de Familias LGTBI.

Marian y Almudena tienen dos mellizos de ocho años que corretean a su alrededor. “Los derechos cuesta mucho conseguirlos y es muy fácil que nos los quiten”, dice la primera, que alude al “auge de la extrema derecha” y al riesgo de la situación actual. “Con el odio que están generando es muy fácil que alguien nos diga que no somos una familia, cuando somos una como otra cualquiera”.

Almudena coincide y asegura que salir a la calle sigue siendo necesario porque “hay gente que quiere que volvamos a perder derechos y eso no se puede consentir”. “Para dar voz a todo eso estamos aquí”, zanja.

Entre los asistentes al Orgullo hay una inmensa mayoría de personas LGTBI pero también las hay que no pertenecen al colectivo pero ven importante estar aquí. Es el caso de Blanca y Juan, que tienen dos hijos de 9 y 11 años y han venido desde Almería para enseñarles lo que es. “En casa trabajamos mucho la diversidad, que está bien que cada uno pueda ser lo que quiera o vestirse como desee. Hay cosas que les llaman la atención y preguntan y yo creo que es importante que tomen conciencia de estos temas”, afirma Blanca.

Leticia es una de las miembros de la batucada Batuka Tuka, que ha venido desde Palencia para animar la manifestación. La mujer reconoce la importancia del Orgullo por “la diversidad que representa” y lo ve especialmente necesario en “zonas vaciadas” como las que hay en Castilla y León. Leticia no pertenece al colectivo, pero ha venido para “apoyar al movimiento”.

“Mientras dependa de la suerte, hay que seguir viniendo”. Con esas palabras explica Daniel las razones que hay detrás de haber asistido en familia al Orgullo este año. Pero el motivo principal se llama Yeray y es su hijo de 19 años, que es trans. “Es necesario desde el momento en que no pueden vivir con la normalidad de otras personas”, explica. Su hijo, dice, “está teniendo suerte en su día a día”, pero “me fastidia tener que hablar de suerte”. “Al final sus derechos dependen mucho de con quién se encuentran y mientras dependa de eso hay que seguir visibilizando”, sostiene con una camiseta que reza “Los derechos trans son derechos humanos”.

Finalmente, a su llegada a la plaza de Colón, el manifiesto leído por los colectivos organizadores ha apuntado contra la “ola reaccionaria” y ha defendido que, frente a ella, la comunidad LGTBI no mostrará “ni miedo ni silencio”.

“Vivimos un momento decisivo. Nos encontramos ante una ofensiva organizada contra nuestros derechos”, han afirmado al tiempo que denuncian que la ofensiva ultra “cuestiona nuestras identidades” y “nos señala como amenazas”. “Quieren devolvernos al armario, pero respondemos con Orgullo. Frente al odio respondemos con memoria y resistencia. Porque nuestros derechos son derechos humanos y no se negocian”, han clamado.

Las razones para visibilizarse y reivindicar este Orgullo han cristalizado en varios informes publicados en las últimas semanas. Aunque las encuestas apuntan a altos niveles de aceptación al colectivo LGTBI en España, conviven con rechazo y discriminación. Es algo de lo que son conscientes quienes pertenecen al colectivo, pero no solo: un 75% de la población ha presenciado ataques físicos y verbales hacia ellos, según el CIS. Según el informe 'Estado del Odio 2026', los avances en derechos caminan paralelamente al rechazo, que en los últimos años ha encontrado “grietas por las que calar en la sociedad”. El sondeo reveló que el 54% de las personas LGTBI habían sufrido discriminación o rechazo en el último año.

Es “un guion reaccionario” que se pensaba superado. Así define ILGA Mundo, la mayor organización LGTBI a nivel global, la ofensiva contra los derechos de gays, bisexuales, lesbianas y trans que la ultraderecha ha desplegado en los últimos años y que está teniendo éxito en diferentes ámbitos. Si bien durante años el ascenso de este discurso fue visto como una amenaza, los retrocesos se palpan ya y se concretan en un patrón común replicado en varios países.

Con la vista puesta en ello, el movimiento LGTBI ha salido a la calle este Orgullo en todo el mundo para reivindicar sus derechos. En España, el colofón a las manifestaciones críticas y las organizadas en decenas de pueblos y ciudades desde el 28 de junio será este sábado en Madrid, en la marcha estatal que reúne a gente de todo el país y que este año llevará por lema “¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia”.

ILGA monitorea desde hace casi cinco décadas el estado de los derechos LGTBI en el mundo y en sus últimos análisis advierte de que, tras una época marcada por los avances y la consolidación de libertades, surgen intentos coordinados de ponerles freno. “Cada vez más, los líderes y movimientos autoritarios intentan controlar lo que ocurre con nuestros cuerpos y cómo nos movemos por el mundo. Después de décadas en las que se reconocieron de manera decisiva las vidas de las personas queer, el avance está desacelerándose y, en algunos países, incluso retrocediendo”, explica la directora ejecutiva de la asociación, Julia Ehrt.

En 2025, el número de países que consideran delito ser homosexual aumentó por primera vez en una década: mientras Santa Lucía derogó la legislación que penalizaba las relaciones entre personas del mismo sexo, Níger y Burkina Faso las aprobaron por primera vez en su historia. Además, Trinidad y Tobago revirtió el dictamen de 2018 que despenalizaba la homosexualidad y volvió a declararla ilegal. En 1990, el año en que la OMS dejó de clasificarla como enfermedad, 114 países miembros de la ONU la criminalizaban, ahora son 65, uno más que un año antes.

La inclusión de las identidades LGTBI en el Código Penal es la punta del iceberg y se entrelaza con la reacción a los avances en países de Europa, América Latina y Estados Unidos, en los que la extrema derecha aumenta su poder e influencia social y política. A pesar de que las legislaciones que reconocen derechos no se han detenido, ILGA apunta a un contexto internacional que camina “a dos velocidades”, con territorios que avanzan y otros que frenan en seco.

La hoja de ruta

La estrategia, sin embargo, ya no es la de cuestionar explícitamente la homosexualidad. En sociedades con altos niveles de aceptación social, el modus operandi es otro: las organizaciones internacionales describen una hoja de ruta que tiene que ver con “desplazar el debate de la igualdad” hacia la “protección de los menores” o los “valores familiares” presentando como amenaza, por ejemplo, la educación en diversidad. Estas políticas y discursos suelen limitar la visibilidad pública del colectivo, restringir el reconocimiento legal o familiar y presentar las leyes LGTBI como un producto de la agenda ideológica de la izquierda.

“En los gobiernos que han cambiado de posición hacia la ultraderecha hemos visto este tipo de iniciativas. Ya no son tan directas, pero tienen consecuencias. La tendencia es sembrar desconfianza, usar informaciones falsas contra la evidencia científica y difundir narrativas que buscan atacar la educación sexual argumentando que lo que induce es a la manipulación o que busca sexualizar a los niños”, explica desde Colombia Cristina Rosero, abogada del Centro de Derechos Reproductivos en su filial en América Latina.

La experta reconoce que tras la victoria del ultra Abelardo de la Espriella en Colombia, el último país en sumarse a la lista de los ganados por la ultraderecha, hay “preocupación” por lo que puede venir. “Ha hecho declaraciones en las que parece inclinarse por limitar derechos. En su programa no hay ninguna iniciativa relacionada con prevenir la homofobia y la transfobia o mejorar la vida de las personas LGTBI, pero además ha afirmado su intención de retirar a Colombia de los espacios regionales de derechos humanos que son clave. Estaremos vigilantes”, señala.

En Chile, el ultraconservador José Antonio Kast no tardó ni un mes desde que asumió la presidencia en tomar una decisión en este sentido: decidió no respaldar la declaración de derechos LGTBI de la Organización de Estados Americanos (OEA). En Argentina, Javier Milei ha impulsado reformas en la pionera Ley de Identidad de Género con el objetivo de vetar los tratamientos —habitualmente bloqueadores hormonales— que suelen utilizar los adolescentes trans. ILGA advierte de un “empeoramiento de las condiciones de vida” de las personas LGTBI en el país. Además, Nayib Bukele prohibió a finales de 2025 el uso de la “x”, la “e” o el “todos y todas” en las escuelas.

Si hay un colectivo que se ha convertido en foco recurrente del discurso y las iniciativas de la extrema derecha es el de las personas trans, a las que “se ataca obsesivamente con los mismos argumentos trillados que se utilizaron contra lesbianas, gays y bisexuales durante décadas”, apunta Julia Ehrt. En Reino Unido, el Tribunal Supremo ha dictado que las mujeres trans no entran en la categoría legal de “mujer” y en Hungría, el expresidente Víktor Orban vetó el reconocimiento legal del género. En Portugal, los partidos de derechas junto a los ultras de Chega han iniciado los trámites para recortar la ley trans del país.

Leyes que se reproducen

Paradigmática es la situación en Estados Unidos, donde “un número sin precedentes de leyes antitrans se están considerando en todo el país”, apunta ILGA. La Corte Suprema ha decidido avalar que los nuevos pasaportes muestren el sexo asignado al nacer y el pasado marzo anuló la prohibición de las terapias de conversión en menores. Según Amnistía Internacional, durante el segundo mandato de Donald Trump se presentaron 616 proyectos de ley antiLGTBI, de los cuales 74 fueron aprobados. El presidente, además, ha firmado órdenes destinadas a “restablecer la verdad biológica”, definiendo el sexo como “una clasificación inmutable: hombre o mujer” y ha recortado programas gubernamentales de atención a personas LGTBI.

Los límites a la visibilidad LGTBI en el espacio público son otra de las puntas de lanza de la ofensiva. Su máxima expresión son las llamadas “leyes antipropaganda” que, a imitación de la rusa, rigen en Hungría y recientemente se han aprobado en países como Azerbaiyán, Bielorrusia, Bulgaria, Eslovaquia, Georgia, Kazajistán y Rumania. La presión se incrementa en otros países como Italia, Francia y Alemania, donde los programas de educación sobre igualdad y diversidad “han sido cuestionados públicamente o restringidos”, señala la organización en su último informe anual.

En España, el discurso de Vox también se ha centrado en criminalizar la formación LGTBI en las aulas y en intentar vetar, en ocasiones con la aquiescencia del PP, los símbolos arcoíris y actos públicos. Los recortes de las leyes LGTBI y Trans en la Comunidad Valenciana y en Madrid se han producido en un escenario marcado por los pactos entre las derechas —el último, en Andalucía, no menciona al colectivo LGTBI—, que en ocasiones han arrastrado a los populares en la batalla ideológica en la que la ultraderecha enmarca este tipo de normas. Tanto Vox como el PP mantienen recurrida en el Tribunal Constitucional la Ley Trans y han prometido que la derogarán si gobiernan.

Sin embargo, el retroceso no es solo cosa de legislación y se filtra más allá. Según el informe que acaba de hacer público la consultora LLYC con motivo del Orgullo, el apoyo público a la diversidad ha sufrido “un repliegue general”. Tras analizar 15 millones de noticias, 202 millones de mensajes en X y contenidos de 12 países, el trabajo concluye que la cobertura mediática sobre temas LGTBI ha caído a un ritmo del 10% trimestral desde 2023. Además, desde entonces, las empresas que cuentan con políticas de inclusión son un tercio menos y los mensajes en X de apoyo al colectivo se han reducido a la mitad. Por el contrario, el discurso de odio digital, afirma la consultora, “se ha disparado” un 38%.

Asegura que “celebra” los derechos del colectivo LGTBI “allí donde gobierna” y sostiene que España “ha avanzado de manera ejemplar en derechos y convivencia”. Son algunos de los mensajes que el Partido Popular ha lanzado en los últimos días, en un intento por presentarse a sí mismo como garante de la comunidad LGTBI en pleno Orgullo. Lo que no menciona la formación de Alberto Núñez Feijóo es su amplio historial de votos en contra de todas las leyes estatales de protección al colectivo ni los recortes en las normas autonómicas o las ocasiones en que se ha dejado arrastrar por Vox en su batalla ideológica.

La primera manifestación la hizo el vicesecretario de Educación e Igualdad del partido, Jaime de los Santos, que se nombró “del PP y maricón” y dijo sentirse “muy orgulloso” de ambas, durante el debate en el Congreso para penalizar las terapias de conversión de homosexuales, bisexuales y trans. La ley salió adelante con los votos de todos los grupos excepto Vox y el PP, que se abstuvo. Según justificó después, lo hizo para “mejorar” el texto en el Senado, donde sigue tramitándose la norma que plantea cárcel para quien aplique estos métodos calificados de “tortura” por Naciones Unidas.

De los Santos convirtió su intervención en un elogio a presidentes y alcaldes del PP que, supuestamente, son punta de lanza en defensa del colectivo LGTBI. Entre ellos, José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid —“la capital del Orgullo con más de 30 años de gobiernos del PP”, dijo—; María José García Pelayo, la regidora de Jérez de la Frontera, donde la bandera arcoíris “lleva colgando 25 años”, o María José Catalá, de Valencia, que definió como “epicentro de la lucha por los derechos del colectivo”. ¿El motivo? Que la ciudad acoge el evento deportivo Gay Games, que los colectivos LGTBI llaman a boicotear por haber sido “vaciado de valores” y “servir” al pinkwashing.

A ello se sumó unos días después el manifiesto publicado el 28 de junio en el que el partido conservador afirma que el Orgullo “es memoria, presente y futuro”. “Memoria de quienes sufrieron incomprensión, rechazo, violencia o silencio por el simple hecho de ser ellos mismos. Presente de una sociedad española que ha avanzado de manera ejemplar en derechos y convivencia. Y futuro porque aún queda camino por recorrer para erradicar cualquier forma de discriminación o intolerancia”, añaden.

A pesar de sus votos

Se olvidan los populares de que ese avance en derechos ha sido posible a pesar de sus posicionamientos sobre las leyes que los han consagrado. El PP se opuso desde el principio a la reforma del Código Civil que permitió el matrimonio entre personas del mismo sexo, votó en contra en el Congreso —salvo Celia Villalobos— e hizo pinza con la Iglesia Católica para capitanear una guerra sin cuartel contra la norma que llevó a las calles a miles de personas en 2005. Bajo el lema “La familia sí importa”, obispos, dirigentes del PP y líderes de los sectores más ultracatólicos se oponían a los derechos de una parte de la población.

La cruzada no terminó con la aprobación de la ley. Los populares la recurrieron al Tribunal Constitucional “por desnaturalizar” el matrimonio y las declaraciones homófobas de sus representantes no cesaron. El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz aseguró que “la pervivencia de la especie no está garantizada” y varios diputados autonómicos y alcaldes llegaron a comparar el matrimonio homosexual con “la unión entre un perro y una señora” o definirlo como “una ley contra natura”. Era el mismo PP que, durante la tramitación de la norma, llevó al Senado al psiquiatra Aquilino Polaino, que defendió que a las personas LGTBI “se les puede ayudar con terapia reparativa”.

Cuando regresó a Moncloa, el partido dejó de cuestionar en público la ley, después de que la inmensa mayoría de la sociedad hubiera ido aceptándola sin mayor problema. A pesar de que las personas LGTBI siguen enfrentándose a rechazo y exclusión, la reciente encuesta del CIS sobre diversidad señala que para el 71% de la población el avance de sus derechos “beneficia a toda la sociedad” y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud Sexual, la aceptación de las parejas LGTBI se ha duplicado en 16 años y alcanza ya al 88% de la ciudadanía.

Con el matrimonio igualitario a un lado del discurso —ni para celebrarlo ni atacarlo—, el PP ha centrado su batalla en los últimos años en la última legislación LGTBI aprobada a nivel estatal: la llamada Ley Trans. La norma, que también provocó una enorme brecha en el seno del Gobierno, del propio PSOE y del movimiento feminista, vio finalmente la luz en febrero de 2023. De nuevo, con el voto en contra de los de Feijóo, que han vuelto a echar mano del Tribunal Constitucional para recurrirla y que han prometido derogarla si llegan a gobernar.

Ya en 2007 el PP había rechazado la norma que hizo posible que las personas trans pudieran modificar su nombre y sexo legal sin necesidad de operarse, que era el requisito que se imponía entonces. Ahora, la ley permite que cambien sus datos sin pasar por tratamientos hormonales y un diagnóstico psicológico, las condiciones vigentes hasta la entrada en vigor de la Ley Trans.

El arrastre de Vox

Con el paso de los años, la derecha fue dejando atrás el debate sobre el matrimonio igualitario y el apoyo del PP a las leyes autonómicas LGTBI comenzó a ser desigual entre territorios, pasando a respaldarlas en algunos e incluso impulsarlas. La irrupción de Vox, sin embargo, cambió ese equilibrio. Aunque la extrema derecha evita cuestionar la orientación no heterosexual de forma explícita, utiliza otras direcciones para llegar al mismo destino y así ha convertido la derogación de las leyes LGTBI, la denuncia de la “ideología de género”, el “adoctrinamiento” en las aulas o el rechazo a los símbolos del Orgullo en una de sus principales banderas.

Es en este marco en el que el PP se ha visto condicionado, específicamente allí donde ha dependido de los votos de la ultraderecha para gobernar, lo que ha cristalizado en exigencias en esta materia en comunidades y ayuntamientos. Los pactos con la ultraderecha han soliviantado a los colectivos LGTBI por ser una formación que “desprecia” al colectivo, decían los asistentes hace unos días a la marcha del Orgullo de Mérida. A la protesta acudió la presidenta María Guardiola, que recibió gritos de “hipócrita”.

El PP lleva días repitiendo que los derechos LGTBI son “una línea roja” en las coaliciones de gobierno, pero hay ejemplos que apuntan en una dirección diferente.

En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, las derechas pactaron recortes a la Ley Trans autonómica: eliminaron los contenidos a la diversidad sexual y abrieron la puerta a que las terapias de conversión fueran voluntarias. También llegaron a acordar crear una sección específica para los libros LGTBI en las bibliotecas, a raíz de una propuesta de Vox a imagen y semejanza de la Hungría de Orbán. Detrás de estas medidas, la extrema derecha enarbola un discurso que dibuja a las personas gays, lesbianas, bisexuales y trans como una amenaza para los niños y niñas.

En el ámbito de la visibilidad, varios ayuntamientos y comunidades gobernados por las derechas han vetado la colocación de banderas arcoíris en las fachadas de los edificios institucionales. En Madrid, Almeida se ha negado de forma reiterada a poner la insignia desde que está al frente del consistorio y ha reducido la representación simbólica al izado de una bandera en la plaza Pedro Zerolo sin apenas repercusión. También polémica ha sido la campaña municipal de este año, criticada por asemejarse a una por el “día del madrileño” por exhibir objetos castizos con los colores del arcoíris bajo el lema “Orgullosamente de Madrid”.

El veto a las banderas también ha ocurrido en otros ayuntamientos, como Valladolid o Guadalajara, donde el intento del PSOE se ha topado con la oposición de PP y Vox un año más. En Totana (Murcia), ambas formaciones no solo han pactado suprimir la colocación de la insignia, sino que han llegado este año más lejos y han suprimido todos los actos institucionales referentes al Orgullo.

En algunos casos, el PP ha impulsado cambios sin que mediaran negociaciones con la ultraderecha. Así ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso gobierna con mayoría absoluta. La presidenta ejecutó a finales de 2023 un recorte en las leyes LGTBI y Trans de la región, lo que fue visto por los colectivos y la oposición como el “primer retroceso” en materia LGTBI. ILGA, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex, lo señaló como uno de los “pasos atrás” más relevantes. Ayuso, que en 2022 cargó contra tener que “aguantar” el Orgullo “todo el mes”, ha eliminado además del organigrama la Subdirección General de Igualdad LGTBI.

El Gobierno central del PSOE y Sumar ha reaccionado a las modificaciones de las legislaciones autonómicas con recursos ante el Tribunal Constitucional, que ya ha suspendido de forma cautelar varios de los artículos aprobados recientemente. A la espera de que se pronuncie definitivamente y tome también una decisión sobre la Ley Trans estatal tras los recursos de las derechas, los populares insisten: “Vamos a seguir luchando por los derechos de todos, queramos a quien queramos, seamos del colectivo o no”.

Aquella noche supuso el principio del fin de algo terrible. Al instante, la mirada de Paco Martínez Zambrana (1964, Torrevieja, Alicante) viajó como un relámpago por toda la sala para colisionar de lleno con la de su hermana y su cuñado. El estruendo fue indecible.

Era 1983 y estaba subido a un escenario en un pub de ambiente de Murcia, el Piscis. Llevaba un vestido despampanante y estaba a punto de comenzar su show. Su familia llevaba meses sin saber nada de su paradero. “No sé cómo me encontraron”, cuenta. Más tarde, mientras él lloraba, ambos le dijeron: “No hagas esto más”. Se referían, exclusivamente, a su desaparición.

Aquella noche supuso el principio del fin de algo terrible porque Paco pudo comenzar a desentumecerse. “Esa situación me estaba matando, porque yo no quería eso. Yo quería ser yo, pero sin tener que ocultarme de nadie, y menos de la gente que quería”, explica. Al llegar a su casa en Torrevieja, sus padres se alegraron de verle. Lo demás fue insignificante al lado de su regreso.

En ese momento Paco tenía 19 años. Hacía cuatro que la persecución legal de la homosexualidad en España había cesado, pero quedaban otros cinco para que lo hiciera la Ley de Escándalo Público, utilizada en la práctica para seguir reprimiendo la diversidad sexual. “Era todo muy difícil. Muy, muy difícil”, dice. Es una frase que repite cada pocos minutos. Cuando lo hace, su cuerpo se encoge, se retrae.

En una videollamada, Paco, cuyo nombre artístico es Denisse Zambrana, y Ferran Morenilla Galán (1997, Castelló de la Ribera, València), cuyo nombre drag es Ferrxn, se conocen. 

Cuando Ferran nació, el transformista alicantino tenía 33 años:

F: Yo le dije a mis padres que era gay con 6 años, viendo ‘Aquí no hay quien viva’.

P: ¡Fíjate!

Pese a que la vida de Ferran, asegura, ha sido ciertamente más liviana, en su día a día también ocurren cosas que le recuerdan que necesita permanecer vigilante:

F: El otro día las asociaciones LGTBIQ+ de aquí de València mandaron una alerta porque estaban haciendo “cazas de maricones” en el río por la noche. Es un grupo de Núcleo Nacional que va con patinetes. Pegaron a siete u ocho personas. A tres o cuatro las dejaron inconscientes. 

P: ¿Por qué ese odio? Si en realidad, ¿qué hacemos nosotros?

F: Yo creo que, por mi vivencia, en realidad no hay tanto, pero el poco que hay es muy extremo. Hay gente muy radicalizada. 

P: También hay que tener en cuenta que hoy en día todo es más visible. La información está más ahí. En mi época, por ejemplo, si nos mataban en una esquina, pues nos habían matado, ya está, y a lo mejor no salía en el periódico. Ahora tenemos más derechos.

La mayoría de la sociedad sí ha cambiado y ahora acepta más lo gay, lo lésbico, lo bisexual, pero según Lucas Platero, doctor en Sociología, docente en Psicología Social y activista LGBT, sigue “costando más” lo travesti, lo trans, lo no binario: “Parece que nos cuesta mucho más cuando lo que se mueve es lo relativo al género y no a la sexualidad, porque nos relacionamos mucho más con el género de las personas que con la sexualidad”.

Del transformismo podemos aprender a estar en la vida con mucha más diversión, a reírnos un poco de nosotros mismos

Lucas Platero — doctor en Sociología y activista LGBT

Muchas personas, además, aún siguen sin entender muy bien qué es eso del transformismo, qué es eso que ahora llaman drag. “En realidad, pensamos que son solamente hombres gays haciendo drag y no es verdad, no es exactamente eso”, explica Platero. En el mundo drag puede haber todo tipo de personas independientemente de su orientación sexual o de su identidad de género. Un ejemplo son los drag kings.

El transformismo se sirve de elementos como la vestimenta o el maquillaje para copiar un personaje —más común en el transformismo de la primera mitad del siglo XX, que se inspiraba mucho en las folclóricas— o para construir uno desde cero para hiperbolizar o desdibujar rasgos del género —más común en el drag actual, que tiene mucho de crítica social y de ruptura de límites—. Detrás de esos personajes hay artistas, bailarines, humoristas, cantantes. “Del transformismo podemos aprender a estar en la vida con mucha más diversión, a reírnos un poco de nosotros mismos”, opina Platero.

Ser artista transformista nacido en el franquismo

Cuando Franco murió, Paco tenía 9 años y aún le quedaba una década para conocer a Denisse. Para ese momento, la dictadura había estado casi cuatro décadas asfixiando a las personas del colectivo y las travestis lo habían dado todo para que no se las consiguiera borrar. “No podemos olvidarnos de las redadas, de las palizas, de las persecuciones, del miedo, pero si había redadas es que había travestis en ese sitio y finalmente no pudieron borrarlas”, explica Anto Rodríguez, doctor en Investigación en Artes, Humanidades y Educación y autor de ¡Eres tan travesti! Breve historia del transformismo en España.

Esa sociedad era horrible. No podía concentrarme en los estudios porque tenía miedo de ir al instituto, de coger el autobús

Paco Martínez Zambrana — Artista transformista

A Paco le cuesta mucho hablar de su infancia y adolescencia, pero quiere hacerlo porque cree que es importante. “En aquella época yo era el maricón del pueblo. Era ‘el maricón Zambrana’ y era igual donde yo fuera, lo que intentara, siempre acababa igual. Esa sociedad era horrible. No podía concentrarme en los estudios porque tenía miedo de ir al instituto, de coger el autobús”. 

“Abusaban de ti de todas las maneras posibles, sexualmente también. Ya no solo personas de mi edad, en el colegio, sino también mayores. Ahora la gente puede hablar de todo eso, pero yo antes no podía”, recuerda, y rompe a llorar. “Era el mayor de todos mis hermanos, pero eran ellos quienes me tenían que defender. Todo eso te marca. La música y los libros eran mis únicas vías de escape. Es que era todo muy, muy, muy, muy, muy difícil. Muy difícil”, insiste.

Le encantaba la palabra “platónico” porque era lo único que conocía. Hasta los 16 años —cuando pilló a dos chicos besándose en los baños de una discoteca— no tuvo ni idea de que dos hombres podían estar juntos. “En un primer momento me asustó. Pensé: ‘Están pecando, eso no se puede’”. 

Más tarde tuvo que hacer el servicio militar: “Eso fue también lo que me mató. Por la sospecha de que era homosexual un día me despertaron a las cuatro de la mañana, me desnudaron y me pintaron todo el cuerpo con pintura azul”. Sin embargo, dice, la música le salvó otra vez. A partir del tercer mes estuvo de cornetín de órdenes, ya que sabía tocar la trompeta, y eso le dio cierta protección.

Una vez salió de allí, decidió romper con todo. Se fue a Murcia, y al poco tiempo descubrió un pub gay, el Piscis. “Aquello de llamar, que se encendiese aquella luz y que abrieran la mirilla para ver si eras homosexual o te conocían es que se me ha quedado clavado”, afirma. 

Allí vio un show de transformismo y decidió que era eso a lo que se quería dedicar. Su primer vestido se lo confeccionó un amigo modista con los retales de unos vestidos de novia. Por eso, primero se llamó Bianca, después, Dadá, y, finalmente, Denisse Zambrana. Pasó por locales de Murcia (Piscis, D’Angelo Music Hall, Metropol), Alicante (El Jardinetto, Rosse), Benidorm (Adonis, Sala Sabrina, Doña Josefa), Barcelona (Barcelona de Noche, Teatro Apolo, TATU), o Canarias (Teatro Paradies), y trabajó para figuras como Ana Lupez o Dino Diana, pero nunca llegó a pisar Madrid. La Movida le quedó lejos.

Para la sociedad era un “maricón pintado” y, más tarde, por el estigma del sida, un “apestado”. “Lo poco que yo creía que se había abierto la sociedad, en ese momento se volvió a cerrar el doble. Yo perdí al mayor amor de mi vida por ese tema. Se suicidó sin decir nada porque supo que había contraído el VIH. Yo di negativo. Fue algo que me marcó mucho”, explica con pesar.

En el año 95 le surgió una oportunidad en Alemania con el teatro Chez Nous de Berlín, que le llevó de gira por el país, y continuó allí su carrera, logrando ser una figura reconocida del circuito del travestismo alemán bajo el nombre de Die Tante Aus Alicante (“La tía de Alicante”). Ahora trabaja principalmente para el cabaret Pulverfass, en Hamburgo, y para el espectáculo itinerante Zauber der travesti. Desde los 19 años no ha dejado de dedicarse a esto, y ese es, dice, el mayor logro de su vida. 

Ser artista drag nacido en los 90

Cuando Paco estaba estableciéndose en Alemania, Ferran daba sus primeros pasos en Castelló de la Ribera (València). “Es un pueblo súper normal, súper pequeñito”, explica. 

Debido a que no tuvieron Internet en casa hasta que sus padres comenzaron “a estar mejor de dinero”, no tuvo acceso a más información que la que ofrecía la televisión hasta los 15 y se preguntaba si habría personas como él en la vida real, más allá de en la serie de ficción Aquí no hay quien viva.

En su pueblo la gente de su edad nunca le ha molestado. “También es verdad que a mi padre en el pueblo lo respetan mucho. Yo creo que a mí eso fue algo que me protegió, pero la verdad es que para ser un pueblo pequeño, la gente es respetuosa”, afirma.

Pero otras zonas rurales de España, especialmente aquellas comidas por la extrema derecha y aisladas, no tienen esa suerte: “Yo he actuado en sitios así, donde niños que no tendrían ni diez años nos han dicho, durante el mes del orgullo: ‘Eres un maricón, por tu culpa todo mi pueblo está lleno de la bandera esta de mierda. Os vamos a matar’”.

“Nuestras realidades siguen siendo, en muchos casos, una tómbola. Especialmente la de las personas LGBTIQ+ de clase trabajadora. Tengo un amigo al que su padre intentó quemarle vivo. Estoy segura de que si me siento en la mesa con la gente con la que yo iba a la ESO, a prácticamente nadie se le ha muerto un amigo, pero la peña trans, por ejemplo, se suicida constantemente. Yo conozco a muchas 'Venenos', he enterrado a muchas 'Venenos' y continuaré enterrando a más 'Venenos'”, lamenta.

Según datos de 2024, el 30,6% de las personas LGTBIQ+ vive en riesgo de pobreza, 10 puntos más que la población general, y se estima que un 7,28% ha sufrido situaciones de sinhogarismo por su orientación sexual o su identidad de género, según el informe Estado socioeconómico: Estado LGTBI+ 2024 de la Federación Estatal FELGTBI+.

“Acaban de decir que España está en el primer puesto del ranking de aceptación al colectivo, y yo sí lo creo, pero aún veo también en muchos chavales mucho sufrimiento. La gente muchas veces sigue condicionando su apoyo un poco a si encajas o no encajas en las normas”, afirma Platero.

Pese a que a Ferran no le acosaron las personas de su edad, sí lo hicieron sus profesores, cuando pasó dos años en un colegio católico: “Tenía una profesora que, cada vez que yo leía un término que podía asociarse a algo mínimamente fálico, le daba un ataque de risa. Otra dijo delante de todos que la homosexualidad algún día se podría prevenir modificando el ADN y la gente podría ser normal”.

En esos años también le prohibieron la entrada a una cripta del colegio: “La excusa que me pusieron era que yo no estaba confirmado, pero yo no era la única persona que no estaba confirmada en mi clase y sí que era la única que no podía entrar”.

A la que me giré a coger el cubata ya lo tenía encima. Me tiró al suelo y comenzó a pegarme

Ferran Morenilla — Artista drag

Años después, entró en la universidad y hoy tiene el título de arqueólogo pero, antes de lograrlo, se fue de Erasmus a Nápoles, y allí sufrió una agresión homófoba. “El chico nada más hacía que mirar. No lo conocía de nada y me saltó la alarma. Le dije a mi amiga: ‘Vámonos’. A la que me giré a coger el cubata ya lo tenía encima. Me tiró al suelo y comenzó a pegarme. Otro chico voló sobre mí y lo apartó”.

En su día a día nota los estragos de aquella noche, sobre todo, en que siempre va por la calle mirando al suelo. Intenta hacer el menor contacto visual posible con la gente. 

Al regresar a España después de su Erasmus, fue a ver a una amiga a su primer show drag y aquello le fascinó. Un día, esa amiga le llamó y le propuso presentarse a un concurso de la localidad de nuevos talentos. “Le dije: ‘Venga, va, te voy a decir que sí’, y la cosa es que gané”. 

Ahí comenzó su carrera artística, que despegó con fuerza desde el minuto uno. “Cuando no llevaba ni un año haciendo drag, yo ya tenía contactos por toda España y me movía por donde yo quisiese. Tuve la suerte de crearme un hueco, en parte, porque no había nadie haciendo las cosas hablando valenciano, y aquello llamaba la atención. Me empezaron a llamar de la televisión, de la radio y de un sello de comedia que me permitió hacer giras”, cuenta.

Además, comenzó a autogestionar en València, junto a la artista drag Miss Nacha Boheme, un cabaret llamado Canapé Chucrut, el cual ya lleva 35 ediciones. Tiempo después, concursó en Drag Race España, un talent show televisivo de drag queens, y, al hacerlo, su carrera dio “un volantazo”. Su temporada se emitió en agosto del año pasado y desde octubre está en una “gira infinita” por toda España.

Pese a los episodios de discriminación que sufrió, Ferran es, sobre todo, una persona que se toma la vida con humor y con ligereza, que confía en la mayoría de la sociedad, y que ha conseguido con creces ser él mismo.

La gran sombra del drag: la precariedad

En el mundo drag hay todas las luces y colores del mundo, pero también algunas sombras. La principal, la precariedad. “Mis amigas del sector y yo hablamos muy en serio de que cuando seamos viejas seguramente tendremos que buscar una casa para vivir todas juntas y contratar una cuidadora para todas, porque vamos a tener unas jubilaciones de mierda, ya que la mayoría de veces trabajamos en B”, explica Ferran.

P: En el momento que yo llegué aquí a Alemania, me di cuenta de que aquí te tratan como un artista, no como un maricón pintado. Por eso me quedé, aunque me hubiera gustado tener en España lo que he tenido aquí. La gente va a ver el show y no tiene que estar borracha. Son personas de todas las edades que, simplemente, van a ver un espectáculo.

F: Qué maravilla. Aquí hay problema de promoción. El público está predispuesto, los que no están dispuestos son los promotores, es la gente que pone el dinero. Y por eso a nosotras no nos queda otra que autogestionar muchas movidas. Además, los guiris, sobre todo, esperan de ti que seas un mono de feria, pero estos últimos años nos estamos encargando de educar mucho al público, y creo que estamos haciendo un buen trabajo.

P: Al escuchar tu historia, tengo esperanzas de que vaya a mejor. ¿Por qué no? Si lo ha logrado un país cuadrado como es Alemania...

“Podemos apoyar a las artistas drag y a las personas del colectivo, principalmente, escuchándolas. Preguntándoles qué necesitan, qué nos quieren contar, y de qué manera quieren contar con nosotros”, expone el autor de ¡Eres tan travesti!. Su libro termina así: ¡Vivan las travestis, las drag queens, los transformistas, los drag kings y todes les demás! Y cuidado para nuestras drags, travestis y transformistas“. 

Cuatro décadas después de aquella noche en el Piscis que lo cambió todo, el padre de Paco tiene, a un lado de la cama, una foto de él como Paco y, al otro, otra de él como Denisse. El de Ferran lleva una pulsera LGBTIQ+ en la muñeca y, a cualquiera que se le ocurre criticarla al entrar en su barbería, lo echa. Las cosas han cambiado, sí, pero hay otros datos igual de relevantes que urge no desatender: Las agresiones al colectivo LGTBI subieron más del doble en 2024 y, en 2025, un 16% de las personas LGTBI sufrieron ataques físicos o verbales, y más de la mitad experimentaron incidentes de odio y rechazo. 

Haciendo honor a quienes hace 57 años se levantaron contra la represión policial en el pub neoyorkino de Stonewall Inn, el Orgullo Crítico ha vuelto, como cada 28 de junio, a tomar las calles de Madrid. Marcando distancia con el multitudinario Orgullo Estatal, que se celebrará el próximo 4 de julio, plataformas, asambleas, organizaciones y personas a título individual han marchado en la tarde de este domingo por el barrio madrileño de Carabanchel bajo el lema “¡Contra el capitalismo colonial, todas las desviadas a las barricadas!”.

La marcha ha querido recordar que el movimiento por los derechos LGTBI “nació en los márgenes” y ha denunciado que esta subversión histórica “ha sido secuestrada por las grandes marcas”, dicen sus impulsores en referencia al MADO, como se conoce al Orgullo que durante una semana se celebra en Chueca y los alrededores y que se organiza en colaboración con algunas empresas. Ante ello, reivindican una “liberación colectiva” en la que “el origen, el cuerpo, la productividad o el dinero” no decidan “nuestra calidad de vida”.

Bajo las altas temperaturas de la capital, el Orgullo Crítico se ha convertido en un símbolo de diversidad, en el que la interseccionalidad toma un papel clave: no solo reclaman derechos para el colectivo LGTBI, también para las personas racializadas o las infancias. Denuncian “el racismo, la misoginia y el capacitismo”, señalan el “genocidio” en Palestina y apuntan a la “degradación deliberada del espacio público”. La crisis de la vivienda es parte fundamental de sus reivindicaciones: “El MADO es un modelo de ciudad escaparate que consolida turistificación y gentrificación despojándonos de nuestros barrios cuando la vivienda nos está costando la vida”, señalan.

Antes de las 19.00, la hora de inicio de la protesta, ya se agolpan en el punto de inicio los manifestantes, que en tono alegre y reivindicativo, han ido uniéndose en grupos de amigos u organizaciones. Óscar, de 27 años, esperaba a que diera comienzo la protesta y a que “quizá en un rato” llegaran sus amigas. Acudió a la marcha con pantalón corto y un top que dejaba ver su tripa. “Es la primera vez que salgo con este look. Para mí es importante esta manifestación porque debemos tener el derecho a ser cómo somos. Fuera no me siento libre de poderme mostrar como realmente soy, siempre hay comentarios o miradas. Todavía hay muchas cosas que tienen que cambiar”, afirma.

Lo mismo pensaba Lola, que llevaba una bandera trans atada a la cintura. “Tenemos que reivindicar nuestra manera de estar en el mundo porque aún es difícil visibilizarse”, explica esta mujer trans de 46 años. Ella también ha salido a la calle para “demostrar la lucha y la fuerza” de un colectivo que es diana de la ofensiva ultraderechista a nivel global: “Me preocupa. Nosotras vivimos con una libertad que creo que a esta gente le molesta porque les hace mirarse a sí mismos. Les da rabia que no sigamos la norma porque ellos la siguen y tampoco son felices”, opina la mujer.

El Orgullo en los barrios

Un año más este Orgullo alternativo ha querido “descentralizar” la protesta y llevarla a un barrio del Sur de Madrid, en este caso Carabanchel. “Detrás de esas ventanas también hay lesbianas”, “detrás de esos balcones hay muchos maricones” o “detrás de esos portales también hay bisexuales”, entonaban los manifestantes mientras los ojos curiosos de los vecinos y vecinas se asomaban a las ventanas, la mayoría con el clásico toldo verde que pinta buena parte de los edificios madrileños. Algunos sacaban el móvil para grabar, otros apludían o saludaban y hay quienes pasaban de largo. “Abajo las fronteras, queremos más bolleras”, clamaban los asistentes.

Tras la pancarta de cabecera, han marchado diferentes bloques y colectivos. Le seguían las infancias trans y las personas racializadas. Detrás, un rótulo que reza “Frente a la deriva militarista, vicio y autogestión” con la que se manifiesta el bloque de personas bisexuales. Neru, es una de ellas: “Hay que seguir saliendo todos los años, no solo para reivindicar los derechos conquistados, sino para recordarnos que en cualquier momento podemos perderlos. Vivimos un auge militarista y de ultraderecha que nos pisa los talones y esto es una demostración de fuerza de que estamos aquí, no vamos a dar un paso atrás y seguiremos estando para defender nuestros derechos las veces que haga falta”.

Muchas personas jóvenes, pero también mayores y familias con sus hijos e hijas, avanzaban al ritmo de música y batucada en una riada teñida de los colores del arcoíris. Los llevaban pintados en las caras, en lazos en sus muñecas, en abanicos o en los calcetines. “Que viva la lucha del pueblo palestino”, gritaban al unísono. Neru destacaba la “interseccionalidad” de esta manifestación que es, como cree que debe ser “la lucha”. “Hay un trabajo institucional que está bien hacer, pero nosotras tenemos que seguir en la calle con las putas, las locas y las personas migrantes. No podemos conformamos, sino dar un paso adelante a por todo lo que nos falta por conseguir”, explica.

El pensamiento de que el masivo Orgullo que se celebra cada año el primer sábado de julio se ha “capitalizado” era compartido entre los asistentes. Claudia, que es cubana, observa esta “deriva” desde hace años. “Esta es una manifestación convocada desde las periferias y que huye del capital y los intereses monetarios que se lucran visibilizándonos”, asegura al tiempo que reconoce que espacio está “más alineado” con su identidad como “mujer migrada y bollera”.

Las personas LGTBI siguen enfrentándose en España a situaciones de rechazo y discriminación. Lo apuntan quienes pertenecen al colectivo, pero también lo ven quienes no: un 75% de la población española reconoce haber presenciado ataques físicos o verbales contra ellos o ellas, según la encuesta sobre diversidad sexual hecha pública el pasado jueves por el CIS. Más de la mitad, lo ha hecho “con frecuencia” en el último año. El informe ‘Estado del Odio 2026’, de la Federación Estatal LGTBI, apunta en la misma dirección y destaca que, junto a los avances en derechos, el rechazo ha encontrado en los últimos años “grietas por las que calar en la sociedad”. El 54% de las personas LGTBI encuestadas señalaba entonces que habían sufrido alguna situación de acoso o discriminación en el último año.

Esta se deja ver también en forma de terapias de conversión, una realidad que ha estado en el centro de la actualidad la última semana debido a que el Congreso ha aprobado la ley que convierte su práctica en delito y las castiga con penas de cárcel. “Me decían que tenía que sanar mi herida”, explicaba Iván León a este medio sobre la terapia religiosa que sufrió cuando tenía 17 años para intentar modificar su orientación homosexual.

Con solo una mochila, una camisa y un pantalón, Kary Rojas Lanuza tuvo que abandonar a los 26 años su vida tal y como la conocía. Era de noche cuando cruzó la frontera de Nicaragua el 7 de abril de 2019. No fue una decisión meditada ni una aventura buscada, sin embargo, esa huida era “muy necesaria”.

Así lo comparte en una entrevista a elDiario.es, donde asegura que detrás quedaron su familia, sus amigos, su trabajo y un país que, según denuncia, dejó de ser seguro para él por motivos políticos y por pertenecer a la comunidad LGTBIQ+.

Ahora, a sus 33 años, vive en Zaragoza y, aunque trabaja como encargado de un restaurante, continúa ejerciendo el activismo en defensa de los derechos humanos y de la diversidad porque “no hay que olvidar que la lucha sigue”.

“Salí huyendo porque tenía miedo de que me detuvieran de manera arbitraria, sin derecho a defenderme”, recuerda. Tras cruzar la frontera llegó a Costa Rica junto a quien hoy es su esposo. Allí, lejos de sentir alivio inmediato, recibió el golpe de la realidad: “Cuando llegué a San José me puse a llorar porque me di cuenta de que había perdido todo. Mi familia, mi trabajo, mis cosas, todo aquello por lo que había luchado”.

Aquella primera noche en Costa Rica la pasó sin saber dónde dormiría ni qué iba a comer al día siguiente. Apenas llevaba unos pocos colones en el bolsillo. “No conocía a nadie, no sabía qué organizaciones podían ayudarme. Fue un proceso muy duro, física y emocionalmente”, sostiene.

Su historia forma parte de una realidad global que afecta a millones de personas. Según datos del Consejo General de Trabajo Social, más de 117 millones de personas viven actualmente desplazadas por guerras, violencia o persecución. En Aragón, la Oficina de Asilo y Refugio afirma que se registraron 5.694 solicitudes de protección internacional durante 2025 y en lo que va de 2026 ya se han sumado otras 1.262.

No obstante, detrás de cada cifra existe una historia individual marcada por pérdidas, incertidumbre y resistencia.

Precisamente por eso insiste en que todavía existe mucho desconocimiento sobre qué significa ser una persona refugiada, ya que “mucha gente piensa que salir de tu país tiene que ver con buscar una vida mejor económicamente, pero detrás hay violencia, persecución y una vulneración de derechos que muchas veces permanece invisible”. Para Kary, escuchar cada historia es la única forma de comprender realmente qué supone abandonar toda una vida de un día para otro.

Seis años aprendiendo a sobrevivir

Kary permaneció seis años en Costa Rica. Allí encontró apoyo en organizaciones internacionales y entidades sociales que le ayudaron a acceder a formación y empleo. Sin embargo, también conoció de primera mano la discriminación, la xenofobia y las dificultades burocráticas que afrontan muchas personas refugiadas.

“La gente cree que migrar o refugiarse es una cuestión económica, pero detrás hay violencia, persecución y vulneración de derechos. Eso muchas veces no se entiende”, lamenta.

Pese a las dificultades, logró salir adelante. Ahora, ni siquiera él encuentra una explicación sencilla a su capacidad para reconstruirse una y otra vez. “A veces ni yo mismo comprendo cómo he sido tan resiliente”, admite.

Reconoce que gran parte de ese proceso no habría sido posible sin el apoyo de organizaciones que le acompañaron desde los primeros días del exilio. “Me ayudaron con formación, con orientación laboral y hasta con apoyo económico cuando no tenía nada. Gracias a ellas pude empezar a reconstruir mi vida”, dice. Aquella experiencia también transformó su manera de entender el futuro: “Hoy ya no tengo miedo a empezar de cero. Uno sabe dónde nace, pero no dónde muere”.

En 2024 fue seleccionado para un programa de reasentamiento impulsado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y ACNUR, lo que le permitió trasladarse a España.

Una nueva vida en Zaragoza

La llegada a España supuso un cambio radical. Kary destaca el acceso a la sanidad pública, las oportunidades laborales y una integración que considera más sencilla que en otros lugares donde ha vivido.

“Aquí me han dado oportunidades que nunca pensé tener. He podido demostrar mis capacidades y acceder a responsabilidades laborales que en otros países no conseguí”, explica.

Sin embargo, también señala obstáculos que continúan afectando a muchas personas refugiadas, como la homologación de estudios. “¿Cómo vas a traer documentos homologados si has salido huyendo de tu país y el propio Estado que te persigue dificulta o elimina esos registros?”, se pregunta.

Otra de las grandes dificultades ha sido la reunificación familiar. Su esposo permaneció durante un tiempo en Costa Rica, separado de él. Finalmente pudo llegar a España solicitando protección internacional, aunque el proceso estuvo lleno de trabas administrativas. “Cuando llegué aquí me afectó mucho emocionalmente estar solo. La reunificación debería ser más ágil para quienes ya hemos conseguido rehacer nuestra vida”, admite.

El activismo como herramienta de resistencia

Además de refugiado, Kary es activista LGTBIQ+. Considera que, aunque España ha avanzado enormemente en derechos, la lucha continúa. “Seguimos trabajando para que no haya retrocesos y para que se respeten los derechos que tantas personas conquistaron antes que nosotros”, subraya.

Para él, la visibilidad es importante para las nuevas generaciones, no solo como una cuestión de representación, sino como una forma de proteger y acompañar a quienes todavía viven situaciones de discriminación.

También recuerda que muchas personas LGTBIQ+ refugiadas siguen enfrentándose a una doble discriminación. Explica que conoce a personas que, además de huir de la persecución, han tenido dificultades para acceder a tratamientos médicos o han sufrido rechazo tanto por su orientación sexual como por su condición de migrantes. En este sentido, denuncia que “a veces no sabes si te están discriminando por ser extranjero o por formar parte de la comunidad LGTBIQ+. Al final todo se mezcla”.

“Las celebraciones también son una conmemoración de quienes ya no están y de quienes lucharon para que hoy tengamos derechos. Tenemos la responsabilidad de continuar ese legado”, añade.

Aunque reconoce que el país que dejó hace años ya no existe, sigue imaginando un regreso. No habla de recuperar el tiempo perdido, sino de reencontrarse con sus raíces, con su madre -a la que lleva nueve años sin abrazar- y con el lugar donde creció. “Sé que ya no será igual porque yo también he cambiado, pero todavía tengo esperanza de volver. Me gustaría que hubiera un verdadero Estado de derecho y que todas las personas fuéramos respetadas”, comparte.

Hoy define la libertad de una manera sencilla y alejada del concepto abstracto: “Es poder alzar la voz, poder decir que algo no es justo, que están violentando mis derechos, y que nadie me lo prohíba”.

Mientras llega ese momento, continúa construyendo su futuro en Zaragoza. Y cuando mira hacia atrás, hacia aquel joven que una noche de abril de 2019 cruzó la frontera con apenas una mochila, no siente lástima sino orgullo. “Le diría que ha sido muy valiente, que ha resistido muchas cosas y que ha logrado salir adelante”, remarca.

Quizá por eso tampoco tiene dudas sobre qué le diría al Kary de dentro de diez años, una persona que espera que haya seguido defendiendo su libertad y que haya encontrado la paz lejos de la burocracia que todavía hoy le persigue.

“Le diría que lo logró. Que no fue fácil, pero que lo logró”, concluye este joven, cuya historia refleja la de tantas personas que, pese a perder un país, nunca han permitido que les arrebataran la esperanza ni la libertad de seguir siendo quienes son.

Los 'Gay Games', una suerte de olimpiadas con perspectiva LGTBI, arrancan este fin de semana en València con un sabor agridulce. El evento internacional, que fue proyectado por la socialista Pilar Bernabé como concejala de Deportes, llega tres años después de gobierno de PP y Vox con numerosas críticas de los colectivos LGTBI y los partidos de izquierdas, que se han desvinculado de la organización.

La competición, que se desarrollará del 27 de junio al 4 de julio, lo hará con una inauguración en la que solo estará representada una parte del espectro político. La alcaldesa de València, María José Catalá, ha pedido unidad en torno al evento y su deseo de proyectar una ciudad “diversa y feliz”, algo que choca con las reformas de las leyes LGTBI y Trans que han acometido PP y Vox en las Corts Valencianes o su rechazo en el Congreso a sancionar las llamadas terapias de conversión.

Así lo ven desde Lambda, el principal colectivo LGTBI de la ciudad. “Nos borran de los presupuestos y dejan sin financiación servicios específicos como Orienta o l'Armari de la Memòria. También han votado en contra de una propuesta para investigar los casos de terapias de conversión en colegios concertados de la provincia de València que desde hace unos días ya son delito en España”, señalan en declaraciones a elDiario.es, en las que recuerdan la eliminación de referencias en las partidas presupuestarias, como ya informó este periódico.

El colectivo tiene clara la lista de agravios de estos tres años de gobierno en la Generalitat y en el Ayuntamiento de Valencia. Según resume Airto Granell, coordinador general de Lambda en el País Valencià: “Han intentado mandar los libros de temática LGTBI a una sección aparte en las bibliotecas, nos han excluido de los consejos consultivos Trans y LGTBI, han eliminado la comisión parlamentaria de políticas LGTBI en les Corts, han modificado la ley trans valenciana...” señala. Así, “con esta situación política, los Gay Games tal y como los ha organizado el ayuntamiento son una campaña turística para blanquear su imagen, con la alcaldesa en la inauguración, cuando ha votado a favor de las modificaciones de la ley trans valenciana. Es pura hipocresía”, denuncia.

Lambda, junto a otros colectivos, consideran que apoyar esta edición de los Gay Games es una contribución al blanqueamiento — un “pinkwashing”— de las políticas ultra. “Para las entidades LGTBIQ+ que en su inicio lideraban el proyecto, los Gay Games eran algo más que un simple torneo deportivo: una oportunidad para celebrar la diversidad, desde el deporte y el activismo. Después de que la derecha y la extrema derecha se apropiasen de los juegos, no queda NADA de aquel proyecto activista y diverso”, señala el comunicado emitido por la coordinadora.

La dirigente popular manifestó en vísperas de la inauguración que le gustaría “que se disfrutaran unos Gay Games a la altura de la ciudad que los acoge. Valencia es diversa, alegría, ilusión, deporte y sinceramente me gustaría que la imagen de Valencia fuera la de una Valencia diversa y feliz”. Desde la organización se remiten a las declaraciones de la alcaldesa, que no entró a valorar el rechazo. Días antes, el vicesecretario de Igualdad del PP, Jaime de los Santos, afirmó que “no se ha dado ni un solo paso atrás en ninguna de las comunidades autónomas en las que se ha gobernado con Vox”.

La competición aúna 39 disciplinas deportivas que se desarrollarán en distintos espacios municipales de la ciudad, entre las que ha incluido las singularidades valencianas como la pilota y el colpbol —de exhibición no competitiva—. El evento se promociona como “una oportunidad única para vivir la diversidad, el respeto y la celebración en un encuentro donde cada persona es bienvenida”.

La oposición municipal ya manifestó que no acudiría a la inauguración, como tampoco lo hará la delegada del Gobierno. Compromís y el PSPV, en línea con los colectivos LGTBI, rechazan la “hipocresía” que supone el evento, que se organizó en su etapa de gobierno. La concejala Luisa Notario afirmó que “no asistiremos a una inauguración que quiere tapar una realidad lamentable: València ha pasado de ser una ciudad referente en derechos LGTBIQA+ a ser una ciudad donde el gobierno municipal retira símbolos LGTBI, paraliza planes, cancela servicios, desprotege a niños y niñas y ahoga económicamente a las entidades”. Además, los socialistas denuncian la “invisibilización” del evento: “No hay ninguna pancarta, ni iluminación”, señala el concejal Borja Santamaría.

Luan Maestre tiene 20 años. Es un joven transexual no binario que recuerda, todavía emocionado, cómo pasó de sentir que no encajaba en la sociedad hasta, al fin, dar con una comunidad que le apreciaba. Sucedió hace cuatro años, en su instituto, durante la visita de una educadora social de la asociación LGTBI+ de las Illes Balears, Ben Amics. “Aquello me marcó muchísimo, porque después contacté con ella y me ofreció participar en un grupo donde empecé a hacer amistades”, cuenta. “Desde entonces me abrí más a un movimiento que antes no sentía como algo propio”, explica, como uno de los más de cuarenta voluntarios de la entidad que están terminando de cerrar los últimos detalles de este Orgullo.

Sin embargo, Maestre percibe este año un cambio profundo en el modo en que se vive esta reivindicación en la ciudad, un giro que, a su juicio, no puede separarse del conflicto institucional en torno a su organización. “El año pasado hice voluntariado ayudando a organizar la manifestación, las mesas informativas y después la verbena. Este año hemos tenido que juntarnos más porque se nos ha apartado de una parte de todo aquello que reivindicamos”, relata. “La gente está muy enfadada, con muchas ganas de cambiar las cosas y de movilizarse”, añade.

Su testimonio abre una grieta más íntima dentro de un conflicto que, en paralelo, se ha ido trasladando cada vez con mayor fuerza al terreno administrativo y político. La verbena del Orgullo en Palma, que solía realizarse tras la manifestación del 28 de junio, ya no se celebrará bajo el modelo de coorganización entre el Ayuntamiento y Ben Amics que se había mantenido durante una década. El Consistorio, gobernado por el Partido Popular (PP) con el apoyo de Vox, ha impulsado una fiesta este 27 de junio sin contar con la entidad LGTBI+, que denuncia como un gesto de “pinkwashing” a través de un “tardeo turístico” que viene a significar, según Ben Amics, la “ruptura unilateral de un modelo histórico de colaboración”.

El Ayuntamiento de Palma ha impulsado una fiesta sin contar con la asociación LGTBI+ de las Illes Balears, Ben Amicsm que denuncia como un gesto de 'pinkwashing' a través de un 'tardeo turístico'

Para una parte del activismo, el conflicto trasciende la organización de una verbena y afecta al propio significado político del Orgullo. Según Maestre, la estrategia municipal busca proyectar una imagen de apoyo al colectivo, pero sin contar con él. “Incluso más frustrante que recibir una negativa directa es que te ignoren, porque de esta forma se lavan la cara”, sostiene. “Es precisamente lo que está pasando con la verbena que proponen. Lo hacen excluyendo a las asociaciones que llevan años trabajando y luchando por los derechos del colectivo. Simplemente hacen una fiesta para parecer LGTBI+ friendly, pero la realidad es que no lo son”, concluye. 

Simplemente hacen una fiesta para parecer LGTBI friendly, pero la realidad es que no lo son

Luan Maestre — Miembro de Ben Amics

Crónica de una cancelación anunciada

Según Ben Amics, el cambio no es solo organizativo, sino el resultado de una “obstaculización administrativa sostenida” que se ha ido repitiendo en los últimos años. El origen del conflicto en esta ocasión se remonta a inicios de año. “El 27 de enero enviamos la petición de ocupación de vía pública para organizar la verbena, en febrero enviamos un correo, en marzo enviamos dos más y finalmente en abril comunicamos abiertamente que el Orgullo estaba en riesgo porque el Ayuntamiento no nos respondía”, relata Jan Gómez, coordinador de Ben Amics, quien apunta que “legalmente, se supone que el silencio administrativo para este tipo de trámites es negativo a los 90 días, por lo que el 27 de abril nuestra solicitud ya estaba denegada de facto”.

El 27 de enero enviamos la petición de ocupación de vía pública para organizar la verbena, en febrero enviamos un correo, en marzo enviamos dos más y finalmente en abril comunicamos abiertamente que el Orgullo estaba en riesgo porque el Ayuntamiento no nos respondía

Jan Gómez — Coordinador de Ben Amics

“Incluso el reglamento de participación ciudadana del Ayuntamiento establece que las propuestas ciudadanas que realizan entidades que están inscritas en el registro municipal de entidades tienen que tener una respuesta en un máximo de 30 días. Hablamos de cuestiones que están en la norma sobre papel, no de si el alcalde es más LGTBIfóbico o no, algo que podría ser subjetivo y a valorar”, añade Gómez. 

La defensora de la Ciudadanía de Palma ya ha aceptado investigar el caso tras la queja formal presentada, según la entidad Ben Amics

Tras ser consultado por este periódico, el Ayuntamiento de Palma remite a sus comunicados de los días 5 y 9 de mayo, donde lamentaban “que Ben Amics renuncie a la celebración de la verbena del Orgullo pese a las garantías, alternativas y apoyo ofrecidos por el Consistorio” tras haber asegurado su “voluntad” de coorganizar la verbena con la entidad. En este sentido, el Ayuntamiento afirmó haber “remitido un requerimiento a Ben Amics” para que confirmase su participación, según el Consistorio.

Ben Amics afirma haber respondido al requerimiento, alegando que “estaba fuera de plazo administrativo”, y señala errores de forma y contenido en el documento, como la “propuesta de una fecha para la celebración para el 27 de enero, fecha de nuestra solicitud inicial y no de la verbena a organizar”, según Jan Gómez. Todos estos hechos se encuentran recogidos en una carta enviada recientemente a la Defensora de la Ciudadanía de Palma, que ya ha aceptado investigar el caso tras la queja formal presentada, según la entidad. 

Asimismo, el Ayuntamiento refiere al pleno celebrado el reciente 25 de junio, donde la regidora de Igualdad, Lourdes Roca, reafirmó el “compromiso” del equipo del gobierno con el colectivo, asegurando que “una entidad [Ben Amics] no puede apropiarse del Orgullo y del movimiento LGTBI, por mucho que sea la de referencia” y que “fueron ellos quienes quisieron romper las negociaciones desde el primer minuto”. “Entiendo que la anterior legislatura se paseasen como perro por su casa dentro de este Ayuntamiento y se les dejase hacer lo que querían, pero ya está bien”, concluyó Roca.

Ante este escenario de máxima tensión, Ben Amics ha decidido mantener la manifestación del Orgullo el 28 de junio en Palma, que terminará precisamente frente al Ayuntamiento, pero trasladará a otras zonas de la isla algunas de sus actividades previstas, como la gala de premios Siurell i Dimoni Rosa, que tendrá lugar este 27 de junio en Manacor. La histórica verbena, sin embargo, está completamente cancelada por parte de la entidad, que rechaza el nuevo modelo propuesto por el consistorio.

En el trasfondo del conflicto se encuentra también un marco normativo que, según explican desde Ben Amics, ha condicionado desde hace años la organización de este tipo de eventos en el espacio público. La entidad sitúa el origen de estas dificultades en la reforma impulsada durante el Govern de José Ramón Bauzá (PP) en 2013, con la aprobación de la Ley 7/2013 de régimen jurídico de instalación, acceso y ejercicio de actividades en las Illes Balears, que reforzó los requisitos de autorización y la carga administrativa para la celebración de eventos en vía pública, especialmente aquellos de gran aforo o impacto en la movilidad y la seguridad. Según la lectura que hace la asociación, este marco habría endurecido la gestión de lo que de forma genérica se denomina “macroeventos”, complicando la organización de celebraciones como la verbena del Orgullo.

Un año después, en 2014, Ben Amics aceptó formalizar la coorganización con el Ayuntamiento de Palma, un modelo que, según recuerda Jan Gómez, “nunca ha sido sencillo” y que ya entonces iba acompañado de la petición de crear una comisión específica para la organización del evento. Desde la entidad explican además que la gestión del Orgullo se ha vinculado habitualmente al área de Igualdad del Consistorio, una decisión que cuestionan. En palabras del coordinador de Ben Amics, “sería más razonable que recayera en el área de Participación Ciudadana, con mayor experiencia en la organización de eventos de gran formato”.

Un pulso por la historia del movimiento LGTBI+

De esta manera, Ben Amics y otras organizaciones mantienen el pulso en defensa de un Orgullo más contundente en un momento donde hay mucho en juego: “La historia del movimiento LGTBI y la preservación de su fecha más emblemática, que es la celebración del día del Orgullo”, según manifestó Gómez en rueda de prensa el pasado 1 de junio. Una frase que hace alusión al hecho de que el Ayuntamiento de Palma haya decidido organizar su fiesta por el Orgullo el 27 de junio, cuando, según Gómez, siempre han defendido “la celebración el 28 de junio, cayese en el día que cayese”, respetando el homenaje histórico a la fecha de la Revuelta de Stonewall en 1969 que marcó el inicio del movimiento moderno por los derechos LGTBI.

Para las entidades del colectivo, el debate se enmarca en un contexto donde la discriminación continúa siendo una realidad palpable. Según datos del Ministerio del Interior, Baleares registró 57 delitos e incidentes de odio en 2023, un 46% más que el año anterior. Ocho de ellos estuvieron vinculados a la orientación sexual o la identidad de género. En este contexto, las asociaciones defienden que el Orgullo mantiene una función política y reivindicativa que siempre va más allá de su dimensión festiva. Una preocupación que comparte Natalia Astuácas, activista feminista y defensora de los derechos LGTBI originaria de Costa Rica, que llegó a Mallorca hace cuatro años. Desde entonces, explica, había percibido las islas como un “espacio más seguro” que su país de origen, aunque asegura que en los últimos años ha comenzado a detectar cambios que le preocupan. 

En este sentido, asegura que “todo empieza con discursos de odio, con determinadas declaraciones, y después se normaliza que desaparezcan de la agenda pública actividades y reivindicaciones LGTBI+. Sabemos perfectamente dónde pueden conducir esas dinámicas”. Asimismo, la activista alerta sobre el hecho de que “lo que está ocurriendo en Palma no es un hecho aislado. Lo estamos viendo en otros lugares de España y también en otros países, responde a una estrategia política más amplia y no únicamente a un conflicto local”. 

Lo que está ocurriendo en Palma no es un hecho aislado. Lo estamos viendo en otros lugares de España y también en otros países, responde a una estrategia política más amplia y no únicamente a un conflicto local

Natalia Astuácas — Activista feminista y defensora de los derechos LGTBI

De esta forma, la polémica por la celebración del Orgullo se suma ahora a la lista de las últimas quejas manifestadas por Ben Amics en el último año, como la eliminación del área LGTBI municipal, la supresión de subvenciones para proyectos dedicados al colectivo, la eliminación de campañas de sensibilización, el bloqueo de los talleres de PalmaEduca, así como el reciente pulso judicial del presidente del Parlament balear Gabriel Le Senne contra el izado de la bandera LGTBI o la cancelación del Aniversario del Bar Flexas de Palma.

La construcción de un Orgullo revolucionario

“A nosotros el Ayuntamiento de Palma nos sorprende poco”, cuenta Ll. V., uno de los portavoces de Orgull Crític Mallorca, que prefiere identificarse únicamente mediante sus iniciales. “Entendemos que mucha gente se haya llevado las manos a la cabeza, pero no nos sorprende que actúe como lo que es, una pata del Estado español, el mismo que reprime movimientos sociales, envía fuerzas policiales contra huelgas o mantiene centros de internamiento de extranjeros”, asevera.

El Orgull Crític de Mallorca cumple ahora dos años como un bloque alternativo a la manifestación oficial por el Orgullo. “Nos organizamos por la falta de un espacio que situara la lucha LGTBI+ dentro de una lucha más amplia y desde una izquierda revolucionaria contra el auge reaccionario que estamos viviendo”, según su portavoz. En este sentido, el bloque crítico ha convocado una manifestación el mismo 28 de junio para “resistir contra la reacción, el retroceso de derechos y la amenaza fascista” donde, además de la marcha, tendrá lugar la lectura de un manifiesto y habrá actuaciones de artistas locales LGTBI+. Asimismo, el mismo día también tendrá lugar una fiesta en el Parc de la Mar de Palma organizada por la asociación transfeminista Egua de Troia, que contará con actuaciones de Maria Khan, L.E.G.S. DosRombos y Jordi Maranges.

El último rifirrafe: acusaciones y denuncias

Recientemente, el choque entre Ben Amics y el Ayuntamiento de Palma ha escalado hasta situarse de lleno en el plano político y mediático. La entidad LGTBI+ ha anunciado que denunciará al Consistorio por la vía administrativa y judicial por posibles “irregularidades y tráfico de influencias” en la organización de la fiesta del Orgullo, ya que la promoción del evento se habría realizado antes de que el Ayuntamiento de Palma adjudicara formalmente el contrato menor a la empresa organizadora AgenciaCom, que ha rechazado hacer declaraciones para esta pieza de elDiario.es.

El Ayuntamiento respondió pocas horas después con la publicación del programa de su verbena del Orgullo, prevista para el 27 de junio, con conciertos, actuaciones drag y espacios de animación. Para Cort, el evento mantiene “su carácter festivo y abierto a la ciudadanía”, aunque ya sin la coorganización con la entidad LGTBI+. El conflicto ha derivado además en acusaciones cruzadas sobre presuntas presiones a artistas. El Ayuntamiento de Palma ha denunciado en un comunicado “amenazas” a varios participantes en la verbena, asegurando que han recibido “llamadas y mensajes para intentar frenar su actuación”. 

En este sentido, la regidora de Igualdad, Lourdes Roca, ha afirmado que “ni este Ayuntamiento ni los artistas del Orgullo pueden aceptar amenazas de una entidad que debería defender la libertad, la diversidad y el respeto”, según el comunicado del Consistorio. Desde Ben Amics rechazan estas acusaciones y sostienen que su actuación se ha limitado a “trasladar a los artistas el contexto del conflicto” y las supuestas irregularidades en la contratación. A su vez, el Consistorio ha anunciado la revisión de los expedientes administrativos de las últimas diez ediciones del Orgullo, incluidos los vinculados a barras y actividades económicas asociadas. 

Mientras tanto, en el tejido asociativo LGTBI+ se abre un escenario de incertidumbre: una parte del colectivo teme una pérdida de capacidad de incidencia en el contenido político del Orgullo, mientras otra interpreta la ruptura como una oportunidad de replantear la relación con las instituciones. En este contexto, la edición de este año se celebra ya sin el modelo de coorganización de la última década, en un escenario que se consolida como un espacio de disputa sobre quién organiza el Orgullo, pero también sobre quién define su significado. 

La primera vez que Iván León acudió a una supuesta terapeuta fue por recomendación del sacerdote de su parroquia. Acababa de pasar de 1º a 2º de Bachillerato y atravesaba una etapa difícil: en casa las cosas no estaban del todo bien, su padre estaba en paro y a él le atravesaban las dudas sobre su futuro. Nunca había ido al psicólogo, así que cuando le dijeron que aquella persona podría ayudarle, le pareció bien. Lo que se encontró, sin embargo, no fue ninguna conversación a cerca de lo que le ocurría. La primera pregunta que le hizo la mujer es si salía con chicas, quiénes eran sus amigos o si hacía deporte.

Aquellas no eran preguntas inocuas. “Todo fue girando poco a poco hacia el porno, la masturbación, en si pensaba en chicos o chicas cuando lo hacía... Yo lo que supuestamente tenía que hacer era desarrollar mi masculinidad, que estaba dormida y por eso era inseguro. Me decía que tenía que hacer cosas de hombres. Nada de eso se sostenía, pero en aquel momento yo no lo vi”, cuenta Iván varios años después sobre lo que hoy sí nombra como “terapia de conversión” para personas LGTBI. En su caso, aquello se hacía llamar “itinerario” religioso y fue impartido en el Obispado de Alcalá de Henares (Madrid) bajo la dirección del polémico José Antonio Reig Plá.

Lo que vivió Iván fue una de las formas que han ido adoptando este tipo de métodos para modificar la orientación sexual o la identidad de género de las personas en los últimos años. Lejos de su imagen más reconocible —el encierro forzado o los intentos explícitos de “curar” la homosexualidad mediante tratamientos —, hoy parte de esas prácticas se dan en espacios disfrazados de “acompañamiento” emocional, espiritual o psicológico que comparten objetivo: 'reparar' algo que se presupone dañado.

“Hay un pensamiento compartido de que en España esto no ocurre, pero la realidad es que hay redes de personas hipermovilizadas actuando en la clandestinidad para modificar la orientación sexual o identidad de género. El problema es que sigue siendo una forma de violencia invisibilizada, que se produce de forma ajena al escrutinio público fundamentalmente en espacios religiosos o clínicos”, explica Saúl Castro, abogado de la Asociación contra las Terapias de Conversión.

Iván hace referencia al modus operandi: “El discurso se va filtrando gota a gota, hasta que acabas viendo la orientación sexual como algo traumático. El eje de todo era intentar sanar las supuestas heridas de la masculinidad a las que asociaban la homosexualidad, o como ellos lo llamaban 'atracción hacia el mismo sexo”, explica el joven, que apunta a que, en su caso, la supuesta terapeuta —bióloga de formación– le insistía en que su “problema” tenía que ver con la autoestima y la relación con los demás.

“A nivel físico no destacaba mucho, era más bien gordito, y me decía que mi herida era que en el fondo envidiaba a otros hombres que nunca llegaría a ser”, recuerda sobre las sesiones a las que estuvo acudiendo. Paralelamente, el obispado organizaba charlas o convivencias en las que se impartía esta doctrina, que tiene muchos puntos en común con el apostolado acogido en varias diócesis que el Ministerio de Igualdad ha propuesto sancionar con 75.000 euros. Su discurso atribuye también la homosexualidad a “heridas o traumas” de la infancia como abusos sexuales o carencias afectivas y promueve para las personas LGTBI un “retorno” a la heterosexualidad o vivir en castidad.

Los “límites difusos”

Este tipo de métodos han vuelto esta semana al centro de la actualidad después de que el Congreso haya dado el visto bueno, con el voto en contra de Vox y la abstención del PP, a la ley que los convierte en delito y que castiga con penas de cárcel a quienes los practiquen. La norma —que puede sufrir cambios ahora en el Senado— incluye finalmente que el consentimiento del afectado no impedirá perseguir penalmente estas prácticas, al entender que existe un fuerte condicionamiento por contextos de presión, vulnerabilidad o estigma.

Este ha sido uno de los puntos que ha provocado buena parte del choque político durante la tramitación, pero también todo lo que tiene que ver con cómo identificar hoy una terapia de conversión. La derecha ha intentado que solo sean delito las de “naturaleza coercitiva” y cuando no haya consentimiento de la víctima, algo que, de momento, ha sido rechazado por el pleno.

Durante el debate, Vox llegó a acusar al resto de grupos de querer “eliminar la posibilidad de que alguien pueda dudar de su homosexualidad” o meter en la cárcel a los sacerdotes a los que “los homosexuales acuden a pedir ayuda porque han decidido libremente que quieren vivir acorde a su fe”.

El alcance de las terapias de conversión ha sido analizado por el Experto Independiente de Naciones Unidas contra la discriminación LGTBI, que en un informe de 2020 concluye que siguen siendo una amenaza global basada en tres enfoques: médico, psicoterapéutico y religioso. El estudio denuncia que se han transformado en un “blanco móvil” para eludir las restricciones legales, de forma que los proveedores suelen “renombrar sus servicios o modificar estrategias de comunicación”. En este esfuerzo, la dimensión espiritual se ha vuelto clave: la ONU apunta a que los actores religiosos operan a menudo en un espacio “de límites difusos” pero igualmente dañinos.

“Normalmente, se camuflan más en este tipo de espacios de carácter religioso. Esto es lo que me he encontrado en consulta, lugares de culto en los que hay una apuesta clara a través de charlas, retiros, talleres y orientación de intentar que la persona no heterosexual se reconduzca”, coincide Paloma Salamanca, psicóloga experta en terapia de afirmación LGTBI.

Iván acabó en uno de ellos en 2014 porque, a pesar de que sus padres no eran religiosos, él sí participaba en la parroquia de su barrio. La captación, apunta, suele ser por diferentes vías. “Tengo constancia de que hay gente a la que se lo buscaban sus padres o familias y luego formas un poco más sutiles, que te proponen una ayuda por pasar una mala racha y acaba siendo una terapia de conversión. También había gente con problemas para aceptar la homosexualidad que acabó allí metida”, recuerda el joven, que tenía entonces 17 años y pasó otros cinco más en la diócesis rodeado del mismo discurso. Según el informe de la ONU, la inmensa mayoría de víctimas son jóvenes: el 80% tiene menos de 24 años.

Para Iván, una de las cosas más destacables es que al principio el ambiente era “muy propositivo y amigable” y apunta a lo que las voces expertas señalan como una “adaptación” de las terapias en los últimos años a través, entre otras cosas, de un nuevo lenguaje. “En un inicio el discurso es medianamente razonable, te hablan de desarrollar tu masculinidad, pero también de aprender a desarrollarte en la vida y lo venden como una ayuda y apoyo. En Alcalá jamás hablaban de curar la homosexualidad ni de esta como una enfermedad. Era más comprable”, afirma Iván.

“Tenía que confesar si me masturbaba”

Sin embargo, el abanico de conductas y prácticas “es muy amplio”, apunta Castro. En Valencia, el arzobispado suspendió la actividad de un centro de orientación familiar denunciado por intentar cambiar la homosexualidad mediante oraciones, actividad física y fármacos inhibidores del deseo sexual. La 'coach' Elena Lorenzo tendrá que sentarse en el banquillo por ofrecer cursos para “recuperar la heterosexualidad” y, en Navarra, el centro evangélico Vida Nueva, situado en Ciriza, está siendo investigado judicialmente por torturas, coacciones y explotación laboral tras la investigación de Newtral.

Varios testimonios acusan al centro de rehabilitación de grupo “sectario” y describen castigos ligados a tareas de limpieza, una férrea disciplina, vigilancia constante de su intimidad y comportamiento y prácticas que, según sus denuncias, buscaban moldearlas hacia una idea de “mujer decente”, es decir, heterosexual. El Gobierno navarro ha excluido al centro del registro de servicios sociales de la comunidad.

Mónica, que prefiere usar un nombre ficticio y es una de las denunciantes, salió de allí a los 22 años —ahora tiene 42— tras pasar una década ingresada por orden de su madre. Cuenta que, entre otras cosas, sufrió, el intento de conversión de su bisexualidad y también de su expresión de género masculina. “Un día me metieron en una sala y me dijeron que no me preocupara si empezaba a convulsionar o me salían espumarrajos por la boca porque eran los demonios saliendo. Lo que hicieron fue ponerme las manos por el cuerpo y orar largo rato para que supuestamente se fueran los demonios de la homosexualidad y la rebeldía”, afirma Mónica.

El discurso de la homosexualidad como algo negativo estaba presente de forma continua, según apunta. “Tenía que confesar si me masturbaba pensando en mujeres y me castigaban limpiando”, cuenta. En 2015, Mónica salió de allí. Preguntado al respecto, Vida Nueva niega los hechos y califica las acusaciones de “difamaciones” por parte de personas “resentidas” con el centro. Defiende que su función es la “acogida y rehabilitación” de personas en “exclusión social” y que con aquellas que no son heterosexuales “no se realiza ninguna terapia, tratamiento o programa para modificar su orientación”.

Las consecuencias de haber sufrido una terapia de conversión permanecen incluso años después, apuntan las voces expertas. Así lo remarca la ONU en su informe, en el que apunta a que los intentos de “patologizar y negar la existencia” de las personas LGTBI y “provocar autoodio” tiene efectos “profundos en su integridad y bienestar físicos y psicológicos”. Salamanca coincide: “A nivel de autoestima y legitimidad tiene un daño muy importante y se ven secuelas de tipo traumático. A estas personas al final les están empujando a ocultar o cambiar lo que son y desde ahí hay una afectación personal, social y familiar a todos los niveles”.

Iván reconoce que con los años ha podido “ir reconociendo” mucho de lo que vivió entonces y afirma que, tras salir, pensó que estaba mejor de cómo se encuentra ahora. “Me he dado cuenta de que muchos temas de autoestima o de formas de relacionarme vienen de ahí. Para ese discurso, las relaciones homosexuales siempre son de interés, de abuso y de poder así que, aunque no lo pienses de forma consciente, siempre está ahí esa amenaza. Según ellos, ser homosexual solo tenía dos caminos: o ser violentado toda la vida hasta acabar suicidándote o ser tú el corruptor de otros y tener una vida de miseria”.

O “abandonar” la homosexualidad para formar una familia heterosexual o vivir en castidad para siempre. Son las dos salidas a las que un apostolado religioso, que avalaron varias diócesis españolas, dirige a las personas LGTBI para renegar de su identidad. La iniciativa recorrió entre 2023 y 2024 iglesias y parroquias de la mano de testimonios que aseguraban haber dejado de lado su vida homosexual tras el “encuentro” con Jesús e incitaban al público a seguir sus pasos.

Tras la denuncia interpuesta a principios de año contra el apostolado, ahora el Ministerio de Igualdad acaba de acordar el inicio de un expediente sancionador con una propuesta de multa que suma 75.000 euros.

El dictamen, al que ha tenido acceso elDiario.es, considera que el proyecto incurre en una infracción muy grave tipificada en la Ley Trans y le acusa de “promoción” de métodos o terapias de conversión que tienen “por finalidad modificar la orientación, la identidad sexual o la expresión de género”. En su caso, el apostolado lo ha hecho a través de los eventos y también de material publicado en Internet en diferentes formatos. Preguntado al respecto, el Ministerio de Igualdad ha rechazado hacer declaraciones.

La sanción se dirige contra la impulsora del proyecto, a la que plantea imponer 45.000 euros de multa, y contra la empresa que sitúa como “distribuidora” y organizadora de los eventos, a la que quiere sancionar con 30.000 euros. Las charlas se celebraron en templos y centros religiosos vinculados a siete diócesis españolas y varios curas de la llamada “fachosfera católica” fueron señalados por acogerlas, pero el expediente no se dirige contra ninguna institución religiosa. Ahora, los acusados tendrán 15 días para hacer alegaciones y, en un máximo de seis meses, el Ministerio decidirá si impone finalmente la sanción.

El expediente apunta a la existencia de “una actuación sostenida, organizada y prolongada en el tiempo” dirigida a difundir un mensaje que presenta la homosexualidad “como una condición susceptible de cambio mediante prácticas de naturaleza religiosa”. El discurso se articula específicamente en diferentes formatos y es difundido “a través de testimonios personales y con la participación o apoyo de entidades eclesiásticas” dirigidos a personas LGTBI con el objetivo de “promover itinerarios” que se orientan al “abandono o la renuncia de su orientación sexual o su vida afectivo sexual”.

La propuesta de sanción llega en pleno debate sobre las terapias de conversión, después de que el Congreso haya aprobado este jueves la ley para llevarlas al Código Penal y convertirlas en delito con el voto en contra de Vox y la abstención del PP. Actualmente, están vetadas a la luz de la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, que es la norma que, según el Ministerio de Igualdad, ha vulnerado el apostolado tras ser denunciado el pasado mes de enero por la Asociación Española contra las Terapias de Conversión.

El “retorno” a la cisheterosexualidad

El material analizado es un compendio de vídeos, artículos, entrevistas y charlas hechas públicas durante varios años en diferentes medios de comunicación y plataformas. La mayoría son canales católicos en los que la impulsora de la iniciativa conversa con otras personas sobre la finalidad del proyecto, en ocasiones con títulos como “Homosexualidad ¿se puede salir?”. Según ella misma explicó, su método está dirigido a quienes “quieran abandonar o dejar atrás este estilo de vida” y añadió que la mayoría “no se lo plantean” porque “se les ha inoculado que han nacido así y no van a salir”.

En otro momento, ella afirma que quienes supuestamente han dejado de ser homosexuales “retornan a una heterosexualidad” después de “sanar las heridas”. “Retornan al estado natural”, añade.

En general, el objetivo de las publicaciones es “la difusión del apostolado” y de documentales y testimonios asociados al mismo. Entre otros, está el documental difundido desde el año 2022 en distintas plataformas y que, según el expediente, “propone y promociona” un proceso de “retorno” a la cisheterosexualidad “de tipo religioso” mediante la castidad o el “acercamiento” a Dios.

El vídeo atribuye el origen de la identidad LGTBI a “experiencias traumáticas de la infancia”, como abusos sexuales, carencias afectivas, sentimientos de inferioridad o baja autoestima, así como a la influencia del entorno, los medios o “la normalización” de la diversidad sexual. En este marco, el documental incluye los testimonios de tres hombres que “pretenden evidenciar la posibilidad de modificar la orientación sexual” siempre que exista “un compromiso firme” con el objetivo de “desarrollar atracción hacia personas del sexo opuesto y conformar un proyecto vital de carácter heterosexual y familiar”.

A este ecosistema multimedia se le añade la más de una decena de eventos organizados en siete diferentes diócesis —Archidiócesis de Madrid y Barcelona y las Diócesis de Getafe, Sigüenza-Guadalajara, Valencia, Jérez de la Frontera y Málaga— coincidiendo con fechas cercanas al Orgullo. Los eventos, bajo títulos como “De la 'vida gay' a la vida en Cristo”, se dirigían sobre todo a jóvenes, familias y personas “con dudas” sobre su orientación o identidad sexual y en ellos participaron supuestos “exhomosexuales” que asociaban “experiencias de sufrimiento, rechazo, soledad y confusión personal” a su anterior identidad LGTBI.

Según consta en el expediente, la base de su discurso es que lograron modificar su orientación o identidad “tras un encuentro con Cristo y un proceso de carácter religioso”, de forma que presentaban esta supuesta modificación “como una transformación vinculada a la fe, la oración y el acompañamiento espiritual”. “En definitiva, se difundía la idea de que la homosexualidad o la identidad trans pueden superarse o modificarse mediante la práctica religiosa”, apunta el texto.

Una “estrategia organizada”

Todo lo analizado hace concluir a la Dirección General para la Igualdad Real y Efectiva de las personas LGTBI, organismo encargado del expediente, que los eventos “no constituyen actuaciones aisladas o meramente testimoniales” sino que formaron parte de una “estrategia organizada de divulgación” de mensajes y discursos “asimilables” a las terapias de conversión, “con capacidad de incidir en la dignidad, la integridad moral y el libre desarrollo de la personalidad de las personas destinatarias, especialmente en contextos de vulnerabilidad o conflicto personal”.

Uno de los encuentros fue celebrado en una parroquia de Ciempozuelos (Madrid), en el que participó un hombre que aseguró haber descubierto con médicos, psiquiatras y otros católicos “que lo que había provocado” su homosexualidad fueron “heridas y traumas”, por lo que decidió “dejar el mundo gay” y “ofrecerle” su castidad “a Dios”, algo que, afirmó entonces, “no es poca cosa después de tener un trastorno sexual”.

El apostolado al que propone sancionar el Ministerio de Igualdad ahora se reviste en todos sus vídeos e intervenciones públicas de “acompañamiento y apoyo”.

El pleno del Congreso ha dado el visto bueno este jueves a la ley que castiga con penas de cárcel las terapias de conversión LGTBI. El texto, presentado por el PSOE hace justo un año, ha contado con los votos a favor de 178 diputados y 32 en contra, los de Vox. El Partido Popular se ha abstenido. La norma pretende incorporar al Código Penal este tipo de métodos que buscan cambiar la orientación sexual o identidad de género de las personas y contempla penas de prisión de seis meses a dos años para quienes “los apliquen o practiquen”.

Promover terapias de conversión es considerado actualmente una infracción administrativa muy grave, con multas de hasta 150.000 euros, según la Ley Trans de 2023. La norma que se debate en el Congreso pretende “elevar la respuesta” y “dar un paso más” para incorporarlas al Código Penal debido a se consdieran “una de las formas más graves de ataque y denigración del colectivo LGTBI”. El objetivo, según los grupos que han apoyado el texto, es fundamentalmente que se convierta en una herramienta “disuasoria” de este tipo de métodos.

Tanto la ministra de Igualdad, Ana Redondo, como el diputado del PSOE Víctor Guitérrez han celebrado el “paso adelante” que supone la norma, que ha llegado al pleno a las puertas del Orgullo LGTBI. “A estas personas les hicieron creer que era un error, pero el error no eran ellas, lo eran la vergüenza que les impusieron, el silencio y la impunidad”, ha afirmado Gutiérrez, que ha reivindicado la ley como una forma de “cerrar una puerta que nunca debió estar abierta, la de la culpa y el miedo” que “les hicieron sentir” a quienes les dijeron “que había algo malo en ellos”.

El texto propone la inclusión de las terapias de conversión en el artículo 173 del Código Penal, que persigue las torturas y los delitos contra la integridad moral. El objetivo es castigar con pena de prisión y/o multa de ocho a 12 meses a quien “aplique o practique” actos, métodos, programas, técnicas o procedimientos “de aversión o conversión” destinados a “modificar, reprimir, eliminar o negar” la identidad de una persona “aún con su consentimiento o el de su representante legal”.

Con esta redacción llegará la norma al Senado después de haber estado varios meses en la Comisión de Igualdad, donde el debate ha girado entre otras cosas en torno al consentimiento. Finalmente, la ley establecerá que estas terapias sean perseguidas independientemente de que la persona que acuda a ellas lo haga con consentimiento y por su propio pie, un extremo contra el que se han opuesto ferréamente tanto el Partido Popular como Vox.

El diputado popular Jaime de los Santos ha asegurado que la ley “es necesaria” pero ha defendido la validez del consentimiento apelando a Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA en 1997, y a la ley del solo sí es sí. “El consentimiento está en la base de nuestro Estado y es imprescindible. ¿Consistió Miguel Ángel Blanco que le quitaran la vida?”, ha preguntado antes de culpar al Gobierno de la salida de “violadores y pederastas” de la cárcel debido al “sectarismo” de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que ha calificado de “ley nefasta” de la que “fue base el consentimiento”.

El “acompañamiento psicológico y espiritual”

El objetivo del PP es que se prohíban las terapias de conversión, pero solo las de “naturaleza coercitiva” y dejando fuera aquellas que se practican con el consentimiento de la víctima. Su propuesta, presentada vía enmiendas que no han salido adelante, introduce así una interpretación más restrictiva y delimita como delito solo aquellas intervenciones que impliquen “violencia física, psicológica o moral”, abriendo una excepción explícita para el “acompañamiento psico-social o espiritual” que no persiga modificar la identidad y cuente con el consentimiento de la persona que acude.

En la misma línea se ha expresado Vox, que diferencia entre “tratamientos forzados contra la integridad física y psicológica” y el hecho de “acudir a un psicólogo o sacerdote” a los que “los homosexuales acuden a pedir ayuda porque han decidido libremente que quieren vivir acorde a su fe”. En estos casos, “no estamos hablando de terapias forzadas”, ha apuntado la diputada María Ruiz Solá, que ha acusado a los grupos de “eliminar la posibilidad de que alguien pueda si quiera dudar de su homosexualidad”. “Lo que quieren es que nadie cuestione ssus preceptos sobre la homosexualidad o la transexualidad”, ha añadido.

Para el PSOE, Sumar y el resto de los socios, la propuesta de la derecha implica dificultar la persecución de prácticas que habitualmente se presentan como “ayuda” o “asesoramiento” pero que en el fondo buscan también modificar la identidad de una persona aunque de forma más sutil. “Señorías, no existe consentimiento libre cuando lo que está en juego es una práctica que nace de la presión social, familiar y religiosa para corregir identidades, cuando la persona está inmersa en un entorno que le dice que es un error”, ha señalado Bel Pozueta, de Bildu.

En el mismo sentido se ha expresado el PNV, que ha apuntado a que el ordenamiento jurídico “reconoce que el consentimiento no legitima cualquier actuación contra la persona y que existen límites cuando están en juego otros derechos”, en palabras de Maribel Vaquero. “Estas terapias no son una ayuda, un acompañamiento o una opción terapéutica. Son violencia ejercida contra personas por ser quiénes son. Durante demasiados años ha habido jóvenes encerrados en despachos, consultas o grupos de prisión escuchando que su identidad era un problema o una desviación y su manera de vivir tenía que ser corregida”, ha sostenido Teresa Jordà, de ERC.

Los socios han celebrado la aprobación de la norma, pero todos han reprochado al PSOE que haya votado en contra de la enmienda impulsada por Sumar, ERC, Bildu, BNG y Compromís que reclamaba ayudas económicas y la garantía de una alternativa habitacional a las víctimas de las terapias de conversión. “Somos muchos los que queríamos ir más allá porque sabemos qué pasa después de la violencia, cuando una persona es rechazada por su familia o se le expulsa de su casa. La justicia no consiste solo en castigar al que hace daño, también en garantizar que las víctimas puedan reconstruir sus vidas”, ha defendido Jordà.

La posición de Junts es la que ha estado en duda hasta estos últimos días, después de haber mostrado dudas sobre la redacción del texto. La parlamentaria Pilar Calvo ha aclarado que su grupo suma sus siete votos “a que el Código Penal haga justicia con las personas LGTBI”, pero también ha defendido como una oportunidad la tramitación en el Senado “para encontrar el consenso”. Su apuesta es un texto que “aclare qué es o no una terapia de conversión” con el objetivo de que “los espacios de ambigüedad no sean espacios para la injusticia”. “Tenemos que hallar un redactado que acote el espacio de interpretación sin abrir la puerta a la impunidad”, ha remachado sobre el “acompañamiento por parte de psicólogos o psiquiatras”.

“Soy del PP y maricón”

Los populares han utilizado su intervención para erigirse como baluarte de los derechos LGTBI pese a que ha votado en contra de todas las leyes estatales en materia LGTBI, desde el matrimonio igualitario de 2005 a la Ley Trans de 2023, según ha recordado la parlamentaria de Sumar Tesh Sidi. De los Santos se ha revindicado como un gay “orgulloso” de militar en la formación conservadora y ha “agradecido” a Alberto Núñez Feijóo “no mirar a nadie por a quién ama o con quién se acuesta”. “Soy del PP y maricón y me siento muy orgulloso de ambas cosas”, ha dicho en un momento del debate especialmente tenso.

De los Santos ha asegurado que su formación “celebra el Orgullo” y que, en los pactos de Gobierno, “pone sus líneas rojas” en la “defensa de los derechos del colectivo”, ha dicho al respecto de sus acuerdos con Vox. “Allí donde gobierna [el PP], celebra nuestros derechos con determinación y vehemencia”, ha añadido poniendo como ejemplo Madrid o Valencia, a pesar de que los Ejecutivos de estas dos comunidades han recortado las leyes LGTBI autonómicas y de que en muchos territorios en los que gobierna el bloque de la derecha, esta se niega a colgar la bandera arcoíris durante el Orgullo.

La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha inaugurado este miércoles el acto de conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBI, que ha contado con un coloquio y la proyección del documental Un hombre libre, dirigido por la cineasta Laura Hojman, columnista en elDiario.es Andalucía, sobre la figura de Agustín Gómez Arcos. En el evento ha estado presente la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

El acto se ha celebrado en la Sala Constitucional con un discurso de la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, y un coloquio posterior entre Hojman, la escritora Alana S. Portero y el periodista David Martos. A su término, se ha proyectado el documental sobre Agustín Gómez Arcos, escritor exiliado en Francia durante el franquismo y cuyas obras abordaron cuestiones como la memoria democrática y la identidad de género.

Aquel fue un viaje hacia su libertad creativa y personal. El escritor, nacido en un pueblo de Almería, vivía en represión junto a la comunidad homosexual de Madrid, pero se fue a París. Allí escribió, en francés, algunas de las mejores novelas de la literatura española del último siglo como El cordero carnívoro o María República. Sin embargo, su nombre sigue siendo un desconocido para la gran mayoría de españoles, mientras que en Francia es una institución, sus libros se estudian en los colegios y hasta se han adaptado en óperas.

Según ya informó este periódico, para la cineasta siempre estuvo la idea de conseguir, a través de Gómez Arcos, hablar de “la memoria de nuestro país”. Por eso es importante que la obra del escritor “naciera del dolor, de la rabia y de la necesidad de dar un relato a todas aquellas historias que el franquismo pretende aniquilar, no solo expulsándolas físicamente de nuestro país, sino poniéndoles encima una losa de silencio”. 

La directora de Un hombre libre ha reconocido que hay preguntas que solo podría contestar el protagonista del documental, pero se aventuró a compartir su propia hipótesis: “Supongo que no volvió por ese dolor tan profundo que le dejó la infancia en la posguerra, el señalamiento de su familia republicana... hay heridas a las que es muy difícil volver, lo hacía con sus libros, pero físicamente es otra cosa”.

Este junio las calles volverán a llenarse con el Orgullo LGTBIQ+ para celebrar las libertades conseguidas. Desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía volvemos a señalar que las violencias y la vulneración de derechos siguen presentes y que por ello, y más que nunca, es necesario reconocer a quienes sostienen y luchan por esos derechos y señalar a quienes los ponen en peligro. Este 2026 continúa marcado por los intentos de recortar y mermar el cumplimiento de derechos, con ayuntamientos eliminando ayudas a colectivos LGTBI, con instituciones que vacían de reivindicación fechas que se constituyeron para visibilizar al colectivo y con, ahora más que nunca, la alerta por el crecimiento de las agresiones.

La normalización de discursos que animan a esconderse, a vivir en silencio, a no denunciar las desigualdades, permite y legitima acciones que castigan expresarse y exigir los mismos derechos. Ser y existir. Muestra de ello da el informe Estado del Odio 2026, que recoge que más del 50% de las personas LGTBIQ+ ha sufrido algún acto de odio en el último año. Más del 20% han sido agresiones físicas. La preocupación por una agresión se ha triplicado en los últimos 2 años, especialmente en espacios públicos: calles, espacios de trabajo y de ocio. Las personas trans, con cifras de agresiones muy superiores al resto del colectivo, seguidas por las jóvenes, las más precarias, las racializadas, las que tienen alguna diversidad funcional. La pertenencia a varios colectivos vulnerables multiplica la exposición a sufrir actos de odio.

Vemos que se perpetúa un sistema que vertebra las desigualdades. Desigualdades territoriales, con leyes por la no discriminación en un territorio y el vacío absoluto en el colindante. Institucionales, con la gran falta de formación en diversidad sexual y de género en profesionales que deben garantizar el cumplimiento de derechos. Desigualdades sociales, que señalan que de tu dirección depende un acceso más o menos igualitario a servicios públicos básicos. Desigualdades en el propio cumplimiento de derechos, pues la comunidad LGTBIQ+ también vive el proceso de Regularización, personas que demandan que se garanticen sus derechos fundamentales. La falta de rotundidad en el rechazo a actos discriminatorios hacia la comunidad LGTBIQ+, medios de comunicación que presentan la vulneración de derechos como casos aislados e irrelevantes, o la irresponsabilidad de representantes políticos que criminalizan actos homofóbicos al mismo tiempo que mantienen discursos contra la igualdad, son ejemplos cotidianos.

Los derechos alcanzados se han logrado por todas, todes y todos los que han luchado y luchan, y los avances que están por venir también pertenecerán a esta lucha, la que garantizará una igualdad real en nuestra sociedad

De ahí que no sorprenda que las propuestas por parte de las instituciones continúen siendo pasos diminutos. En gran medida, porque cualquier avance que sea planteado sin un proceso de escucha al colectivo, reconociéndolas como agentes políticos activos con demandas, y desde un planteamiento crítico, no podrá construir medidas concretas que sí impacten en la sociedad. El Informe mencionado muestra que solo el 15% de las víctimas de odio LGTBIfóbico acudió a la policía, frente al 40% que, antes de la denuncia en la policía, consultaron con alguna organización LGTBIQ+. En particular las mujeres lesbianas, el colectivo que menos denuncia ante las instituciones. La falta de formación específica en sectores policiales, judiciales o sanitarios se sigue percibiendo, y viviendo, como una realidad. Qué pasa en los espacios de trabajo, también sujetos a la legislación: el 7% de las personas LGTBI+ declara sufrir trato desigual en su ámbito laboral, y el 4% denuncia que se les ha negado algún servicio por su orientación sexual o identidad o expresión de género.

Se multiplican las voces que alertan de que mayores recortes de derechos están por venir y que será imposible pararlos. El miedo a la represión, a las condenas, a la estigmatización, a la agresión, al silencio y a la propia muerte no es inocente. Lo que sí parecen olvidar estas voces alarmistas es que estas amenazas ya están siendo frenadas por los cuerpos de quienes siempre han defendido la igualdad. Los derechos hoy garantizados fueron las luchas de ayer. Las redes que paran los discursos de odio, y sus violencias, ya están creadas. Esa red que frena, que alerta ante el incumplimiento de derechos, que es conocedora de que los retrocesos son posibles, continúa avanzando para ampliar derechos.

El Orgullo hoy no puede ser celebrado sin la dignidad de quienes construyeron una sociedad que sale a la calle para reivindicar más libertad sexual, más garantías sobre los derechos a la identidad, más medidas que protejan de las discriminaciones. Reclamamos un Orgullo Crítico que demande mayores avances y que sea la resistencia frente a los ataques y vulneraciones. Los derechos alcanzados se han logrado por todas, todes y todos los que han luchado y luchan, y los avances que están por venir también pertenecerán a esta lucha, la que garantizará una igualdad real en nuestra sociedad.

Mientras que muchos escritores noveles empiezan con un compendio de cuentos y luego dan el salto a la novela, Irene Cuevas lo hizo al revés. En 2024 apareció por primera vez en las librerías con Un momento de ternura y de piedad, que Pedro Almodóvar señaló como su “novela femenina favorita del año” y ahora regresa con el libro de relatos Animal Print (ambos en Reservoir Books). Historias de personajes que se enfrentan a una sociedad que intenta domesticar su manera de ser, de desear o de sentir y que, de manera literal o metafórica, conectan con el mundo de los animales no humanos para resistir.

“Yo había empezado este libro hace seis años, pero en la editorial me pidieron que primero sacase una novela. Soy cuentista y estaba rabiosa porque me preguntaba por qué nadie lee relatos”, dice durante una entrevista que tiene lugar en Barcelona. Como le explicaron, la decisión respondía a las lógicas del mercado, algo de lo que se ha dado cuenta con la promoción de este nuevo trabajo, que ha resultado más complicada que la anterior.

“La palabra cuento echa para atrás. Luego gusta mucho, pero cuesta que la gente se acerque”, afirma, aunque también ve que el público cada vez se abre más a este género. Autoras tan conocidas como Eider Rodríguez o Samanta Schweblin, ganadora del Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana, han ayudado a abrir el camino en los últimos tiempos.

Cuevas, que concibe su último libro “como un disco, porque todos los textos suenan a una música parecida”, explica que escribir un volumen de cuentos “es un proceso que requiere mucha destilación”. No cree que se pueda hacer una antología de relatos cada uno o dos años, porque necesita mucha investigación y trabajo. El germen del primero, que da nombre a toda la recopilación, fue la idea de una chica que caminaba sola por la calle vestida con un disfraz de leopardo. Se le ocurrió sin haberla visto, algo que sucedió tiempo después. “Iba por mi barrio con un grupo de amigas y la vi. Yo me dije ‘pero qué es esto’, porque además ese cuento es como muy estadounidense. Y entonces me vino el título: Animal Print”.

Ese texto primigenio que envió a la editorial y le consiguió un contrato se ha publicado sin cambiar ni una palabra aunque hayan pasado seis años desde que lo redactó. Lo que sí hizo fue continuarlo en otro cuento porque quería imaginar lo que le había pasado a la protagonista. Es un modus operandi que, hasta ahora, le ha servido: recuperar pensamientos antiguos para desarrollarlos en la actualidad.

“Con la novela también me sucedió, era una idea que yo había tenido diez años atrás. Hubo una época en la que era muy imaginativa y tenía muchas ideas. Las apunté todas y ahí se quedaron porque no era su momento”, desarrolla. Ahora se encuentra de expedición por ese cajón de textos del pasado por si alguno merece ser rescatado.

Animales, monstruos y otros referentes

Una de las cosas que tienen en común sus personajes es que pertenecen al colectivo LGTBIQ+, como la propia escritora, que es lesbiana. Para ella que su trabajo sirva para visibilizar esa realidad y pueda servir de referente para otra persona es “el sueño” pero, en realidad, quería escribir sobre lo que le pasa a ella y la gente que la rodea.

“Mucha gente hetero me dice que escribo unas cosas muy fantasiosas y muy extrañas pero es que esa es la realidad de mi vida”, afirma. En uno de sus relatos, un chico le echa en cara a su hermana que le aburre con sus cuentos woke, una palabra que utilizó uno de sus profesores para comentar su trabajo. “Para la gente es extraño lo que para mí es lo normal. Mis personajes van a ser LGTB, aunque les pasen muchas cosas que no tienen del todo que ver con su identidad”, comenta.

Sus cuentos contienen trazas de realidad, aunque ella no considera que se puedan categorizar como autoficción. Cuevas los define como “ficciones de mis fantasías”. “El otro día comentaba con la escritora Estela Sanchís que siempre que escribimos hacemos como un Frankenstein de muchísima gente. Nadie es alguien en concreto, tampoco somos nosotras mismas, pero obviamente todos los personajes tienen algo nuestro”, sostiene.

Además, de su día a día también menciona a referentes que le han servido para su trabajo como Donna Haraway y su Manifiesto para cíborgs o Suniti Namjoshi con su libro Fábulas feministas, en el que reinvierte fábulas orientales y occidentales. Su preferido se titula Cuento con moraleja y en él: “Le da la vuelta a la fábula de La Bella y la bestia porque habla de que la bestia era la mujer porque estaba enamorada de otra mujer y eso es monstruoso”.

Cuevas toma el testigo de ambas autoras e invita a agarrar la monstruosidad para crear nuevas existencias. “Haraway acuña el término desde una visión positiva, como algo a lo que tenemos que tender las mujeres para liberarnos de esta mierda patriarcal. Como la salamandra a la que le cortan un trocito de cola y después se regenera, nosotras tenemos que ser así y permanecer fuertes. Somos monstruosas para afuera, pero dentro somos un pedazo de ternura”, determina.

En los últimos tiempos se ha publicado una buena cantidad de libros relacionados, de una u otra manera, con los animales. Cuevas ha añadido una lista con algunos de esos títulos en un apéndice al final del libro, entre los que se encuentran Olor a hormiga, de Júlia Peró; El ataque de las cabras, de Laura Chivite; Leche cruda, de Ángelo Néstore o Animales pequeños, de Mercedes Duque Espiau, entre otros. Y desde que se cerró su libro, hace unos cuatro meses, aún han salido más como Zorra, de Gabriela Jauregui. “Tengo la sensación de que, como estamos yendo a una sociedad cruel y horrible que da lugar a un colapso tecnológico, nos estamos rebelando un poco y dirigiendo a lo animal para ver si ahí encontramos empatía”, explica.

Baile y resistencia

En el mencionado apéndice, la autora también incluye una lista de canciones que han sido importantes para ella y quiere compartir con sus lectores. La música está muy presente en su día a día y a veces también ejerce de DJ. “Este libro lo escribí bailando, me puse muchísima música y hay textos que escribí con música techno de fondo con luces de discotecas”, declara. Las protagonistas de uno de sus cuentos, que han pasado por un proceso muy traumático, van a Berlín a un templo del baile como Berghain y consiguen aprobar el criterio de selección de los porteros. Una vez allí, entran en comunión con el resto de personas presentes, incluida una que ha sido determinante para la vida de ambas.

“Para mí era muy importante porque estos dos últimos años el baile me ha salvado mucho, he conectado con un montón de gente preciosa”, manifiesta la escritora y remarca: “Los refugios hay que construirlos con amigos y el baile es el gran lugar de refugio ahora mismo para mí”. A este respecto menciona a Mckenzie Wark y su libro Raving, en el que cuenta que la rave “es un sitio muy queer, donde puedes generar un poco tu familia”, resume Cuevas. La lista musical que incluyó en el volumen es también un homenaje a dicha autora y una herramienta de acompañamiento para quienes entren en sus relatos. “Si después de leerlos estás emocionalmente rara, igual esto te ayuda porque suena a lo mismo que suena mi libro. En realidad es una playlist que es su atmósfera”, esclarece.

Además de novelas y cuentos, Cuevas también tiene una columna semanal en El Mundo. Aquel profesor que definió sus relatos como woke, volvería a hacerlo con los textos que publica en dicho medio y que generan polémicas encendidas. “Soy muy incómoda, me han criticado un montón, me han insultado mucho con comentarios muy bestias. Pero qué voy a hacer, eso no me va a callar”, manifiesta. De hecho, considera que esas agresiones verbales la hacen más combativa y cree que hay que contestarlas: “Estoy dando en los lugares de abuso de poder y la mayoría los cometen hombres. También hablo de mujeres que cometen abusos, pero la mayoría son hombres. Hay que decirlo y sobre todo si se tiene un altavoz tan grande”.

Ella se define como “una tía de izquierdas superbollera” y no tiene claro cómo ha acabado con un espacio en ese periódico, pero cuando se lo propusieron aceptó porque pensó: “Si no, va a venir alguien de derechas a escribirla. Pues ya ocupo yo el espacio”. Y quién sabe, quizá ese estiércol de insultos acabe por ser abono para que florezcan nuevos relatos.

El Ministerio de Sanidad y el Centro de Investigaciones Sociológicas han publicado los resultados de la segunda edición de la Encuesta Nacional de Salud Sexual, 16 años después de su primera edición en 2009. En ella se recoge una radiografía de los hábitos y experiencias relacionadas con la salud sexual en España, con una muestra de 9.009 entrevistas representativas (4.615 hombres y 4.394 mujeres). 

Entre sus datos más significativos se encuentra el aumento de la aceptación social de las relaciones entre personas del mismo sexo, que ha crecido casi el doble. Frente al 41% de 2009, hoy en día el 88,1% de la población considera que una relación entre personas del mismo sexo es tan respetable como una heterosexual. Es la cifra que más ha crecido desde la primera edición de la encuesta, y muestra un consenso casi idéntico entre hombres (87,1%) y mujeres (89,0%). Este año, España se ha situado por primera vez como mejor país de Europa en derechos LGTBI, según el Mapa Arcoiris de ILGA, algo que respaldan los datos. 

La Encuesta Nacional de Salud Sexual ha preguntado también por el pago por mantener relaciones sexuales y por el consumo de pornografía. Respecto a la prostitución, el CIS asegura que su consumo sigue concentrándose mayoritariamente entre los hombres: el 27,5% ha pagado alguna vez por mantener relaciones sexuales. Un 9,6% de ellos lo ha hecho una sola vez en la vida y un 17,9% más de una vez. El 79,1% afirma que fue hace más de cinco años, mientras que el 9,5% lo ha hecho en el último año.

Por otro lado, el 71,9% de los hombres declara haber visto pornografía en el último año, frente al 24,9% de las mujeres. Un 2,3% de la población asegura que la consume de manera diaria. El consumo más frecuente se sitúa en personas de entre 25 a 34 años, franja en la que se supera el 60%, y disminuye progresivamente a partir de los grupos de mayor edad.

Si hablamos del consentimiento en las relaciones sexuales, casi el 30% de las mujeres afirma haberse visto forzada alguna vez a hacer algo que no quería en una relación sexual, frente al 12,8% de los hombres. Por su parte, solo el 13,6% de los hombres admite haber tenido la sensación de obligar a su pareja en alguna ocasión.

Al mismo tiempo, más de la mitad de los hombres (un 54,3%) está bastante o muy de acuerdo con la afirmación de que hay que llegar hasta el final en un encuentro sexual si la otra persona quiere, frente al 36,6% de las mujeres. De manera contraria, el 60,5% de las mujeres se muestra poco o nada de acuerdo con esta afirmación. Destaca también la extendida aceptación de que se imparta educación sexual en Primaria, ESO y FP: el 91,1% de la población lo respalda.

En cuanto a la salud sexual y la protección, tan solo el 25% de la población usó preservativo en su última relación con penetración vaginal. Un 50% utilizó otros métodos anticonceptivos o de prevención del embarazo, y el 25% restante no utilizó ningún tipo de protección ni método anticonceptivo. A pesar de esto, el 62,3% de la población nunca se ha realizado una prueba de VIH. La encuesta también refleja que un 2,4% de la población recibió un diagnóstico de ITS en el último año. 

Este año, Amnistía Internacional se moviliza bajo el lema Orgullo de Ser: una reivindicación del derecho a existir, amar, expresarse y vivir sin miedo, sin que eso dependa del país en el que naces, de la ciudad o pueblo en el que vives o de cuánto encajes en la normatividad.

Por eso este Orgullo pone nombre y rostro a tres luchas distintas, pero conectadas por una misma raíz.

En Argentina, Sofía Castro sigue reclamando verdad y justicia tras sobrevivir al triple lesbicidio cometido el 6 de mayo de 2024 en Buenos Aires. Aquella noche, un vecino lanzó un explosivo casero contra la habitación donde dormían Pamela Cobas, Roxana Figueroa, Andrea Amarante y la propia Sofía. Pamela, Roxana y Andrea murieron. Sofía sobrevivió para contarlo ocurrido y para exigir que la justicia reconozca que aquel horror estuvo motivado por el odio.

En Hungría, Géza Buzás-Hábel representa otra forma de resistencia: la de quienes defienden el derecho a reivindicar el Orgullo en un país donde el gobierno ha convertido los derechos LGTBI en objetivo político. Organizar, acompañar o sostener espacios de visibilidad se transforma allí en un acto de valentía frente a leyes y discursos que buscan expulsar a las personas LGTBI de la vida pública.

En Marruecos, Betty Lachgar, activista feminista y defensora de los derechos humanos, encarna el coste que aún puede tener defender públicamente derechos y libertades fundamentales: hoy está en prisión. Su caso recuerda que, en demasiados lugares, expresar una idea o defender una causa puede acabar ante los tribunales.

Tres países. Tres contextos. Tres historias diferentes.

En Argentina, el odio mató. En Hungría, reivindicar la libertad afectivo-sexual puede convertirse en riesgo. En Marruecos, expresarse puede costar la cárcel. Y en Andalucía, aunque el marco legal sea distinto, la memoria y el presente nos obligan a mirar de frente

Pero una misma advertencia: los derechos no avanzan solos ni están protegidos por igual en todas partes. En algunos lugares son reconocidos formalmente, pero atacados en la práctica. En otros, ni siquiera cuentan con una protección suficiente. Y en demasiados, quienes los defienden siguen pagando un precio personal, judicial o social.

En Argentina, el odio mató. En Hungría, reivindicar la libertad afectivo-sexual puede convertirse en riesgo. En Marruecos, expresarse puede costar la cárcel. Y en Andalucía, aunque el marco legal sea distinto, la memoria y el presente nos obligan a mirar de frente.

Andalucía también tiene memoria

Podría resultar cómodo pensar que estas historias pertenecen a otros lugares. Que son realidades lejanas.Que aquí ya hemos pasado página.

Pero Andalucía sabe bien lo que significa que el Estado convierta la diferencia en condena.

No hace tanto tiempo, en Huelva, existió una cárcel destinada a castigar a quienes se apartaban de la norma sexual y de género impuesta. La antigua prisión provincial, situada en el barrio de Isla Chica, funcionó como espacio de represión durante el franquismo y la transición. Bajo el amparo de la Ley de Vagosy Maleantes y de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, aprobada en 1970, muchas personas fueron detenidas por su orientación sexual o identidad de género.

La homosexualidad no dejó de ser perseguida legalmente hasta 1979. Hasta entonces, no se castigaba a las personas por lo que habían hecho. Se las castigaba por quienes eran.

La antigua cárcel de Huelva no es solo un edificio ni una referencia incómoda de nuestra memoria democrática. Es una advertencia. Recuerda que los derechos que hoy consideramos evidentes fueron, durante décadas, en esta tierra, negados por la ley, por las instituciones y por una sociedad que aprendió a mirar la diversidad como amenaza.

Una sociedad no es plenamente igualitaria solo porque reconozca derechos en sus leyes. Lo es cuando esos derechos pueden ejercerse sin miedo

Por eso la memoria importa. Porque cuando olvidamos cómo se conquistaron los derechos, corremos el riesgo de asumir que siempre estuvieron ahí.

Y no estuvieron. Hubo personas perseguidas, humilladas, encarceladas, silenciadas y asesinadas para que hoy otras puedan vivir con más libertad.

Las leyes importan, pero no bastan

Andalucía y España han avanzado mucho desde entonces. La aprobación del matrimonio igualitario, las leyes de igualdad y las normas de protección de los derechos a la diversidad afectivo-sexual han situado al país entre los referentes internacionales en materia de reconocimiento legal. En Andalucía, como en el conjunto del Estado, existen derechos que hace apenas unas décadas parecían imposibles.

Pero la historia de los derechos humanos demuestra una realidad incómoda: el reconocimiento jurídico es imprescindible, aunque nunca suficiente.

Una ley puede abrir una puerta. Pero no impide que alguien tengamiedo al cruzarla. Una ley puede reconocer derechos. Pero no siempre garantiza que esos derechos se ejerzan sin insultos, amenazas, agresiones o asesinatos.

Y Andalucía ofrece demasiados ejemplos recientes como para permitirnos la complacencia.

En mayo de 2026, cuatro jóvenes denunciaron una agresión homófoba durante la romería de San Isidro en Maro, en la provincia de Málaga. En febrero de ese mismo año, se conoció en El Ejido, Almería, el caso de una banda que utilizaba aplicaciones de citas para localizar, agredir y robar a jóvenes homosexuales.

En junio de 2025, un joven denunció una agresión homófoba en Jaén tras participar en actividades relacionadas con el Orgullo. Un año antes, en Almería, un matrimonio denunció haber sido víctima de una agresión homófoba durante la noche de San Juan. También en 2024, en Sevilla, se denunció otra agresión en pleno centro de la ciudad.

No son todos los casos. Probablemente ni siquiera son la mayoría.

Una sociedad no es plenamente igualitaria solo porque reconozca derechos en sus leyes. Lo es cuando esos derechos pueden ejercerse sin miedo.

No es cosa del pasado

A vecesse habla de derechos como si fueranuna conquista cerrada.Como si la historia avanzarasiempre en línea recta. Como si cada generación heredara más libertad que la anterior sin posibilidad de retroceso.

Pero los derechos no funcionan así. Los derechos se conquistan, se ejercen y se defienden.

También se erosionan. Se debilitan cuando los discursosde odio se normalizan o se presentan como simples opiniones. Se vacían cuando la igualdad se retrata como un privilegio o una amenaza. Se ponen en riesgo cuando quienes discriminan se sienten legitimados por el clima político, mediático o social.

La cárcel de Huelva demuestra que la persecución institucional no pertenece a una historia tan lejana. Sofía Castro nos recuerda que el odio puede matar. Géza Buzás-Hábel evidencia que el derecho a la visibilidad puede ser restringido. Betty Lachgar muestra que la libertad de expresión sigue siendo frágil cuando desafía el orden impuesto. Y las agresiones recientes en Andalucía confirman que la violencia LGTBIfóbica no es una sombra del pasado, sino una realidad que camina por nuestras calles.

Orgullo de Ser, también desde Andalucía

El Orgullo nació como una respuesta a la persecución. No nació solo como una celebración ni como una moda. Nació como una afirmación de dignidad frentea quienes querían imponer vergüenza y miedo.

Por eso Orgullo de Ser significa mucho más que visibilidad. Significa decir que ninguna persona debería esconderse para estar a salvo. Que ninguna pareja debería medir dónde puede darse la mano. Que ninguna joven debería calcularsi su forma de vestirla expone. Que ninguna persona trans debería justificar su existencia ante cada institución o ante cada mirada que convierte su vida en interrogatorio. Que nadie debería agradecer como privilegio lo que le corresponde como derecho.

Desde Andalucía, ese mensaje tiene una fuerza especial. Porque aquí también hubo persecución. Aquí también hubo cárceles. Aquí también hubo silencio. Y aquí también sigue habiendo agresiones, insultos y miedo.

Pero también hay memoria, activismo, redes de apoyo y una historia de dignidad que no puede borrarse. La justicia no es un privilegio reservado a quienes encajan en la norma.

Es un derecho.

Y mientras haya personas obligadas a esconderse, justificarse o vivir con miedo, el Orgullo seguirá siendo necesario: este mes de junio y todos los meses del año, en Andalucía, en sus pueblos y en cualquier lugar del mundo.

Los grupos han llegado a un primer acuerdo para sacar adelante la ley que castiga con penas de cárcel las terapias de conversión LGTBI. La Comisión de Igualdad del Congreso ha aprobado este miércoles por la tarde el dictamen de la norma que lleva al Código Penal este tipo de prácticas que buscan cambiar la orientación sexual o identidad de género La ley tendrá que seguir ahora su tramitación en el pleno, donde podrá ser sometida aún a cambios.

Promover terapias de conversión es considerado actualmente una infracción administrativa muy grave, con multas de hasta 150.000 euros, según la Ley Trans de 2023. La norma que se debate en el Congreso pretende “elevar la respuesta” y “dar un paso más” para incorporarlas al Código Penal debido a que “no estamos ante casos aislados, sino ante una de las formas más graves de ataque y denigración del colectivo LGTBI”, justifica la propuesta.

La ley propone su inclusión en el artículo 173 del Código Penal, que persigue las torturas y los delitos contra la integridad moral. El objetivo es castigar con la pena de prisión de seis meses a dos años al que “aplique o practique” actos, métodos, programas, técnicas o procedimientos “de aversión o conversión” destinados a “modificar, reprimir, eliminar o negar” la identidad de una persona.

Los grupos alcanzaron posturas el pasado 17 de mayo y casi hasta este miércoles han estado negociando para lograr el apoyo de Junts al texto, que junto al PNV mostró dudas sorbe algunos puntos de la redacción, según fuentes parlamentarias. Finalmente, la norma ha salido adelante con el voto en contra de PP y Vox y ha incorporado una enmienda transaccional que suma a la redacción una frase que apunta a que será independiente el consentimiento de la persona afectada para que la terapia sea considerada perseguible. También añade multa de ocho a 24 meses para quien lleve a cabo estos métodos.

“Criminalizar las terapias es la única manera de frenarlas”, ha justificado el diputado Víctor Gutiérrez, del PSOE, partido impulsor de la iniciativa. “Son una forma de violencia, de tortura psicolóica y a veces física, que han aprendido a adaptarse y se disfrazan de consultas, grupos de acompañamiento o de retiros espirituales”, ha proseguido. Gutiérrez ha señalado que “ninguna persona LGTBI tiene que ser reparada ni corregida” y ha cargado contra los recortes de las leyes LGTBI y Trans que PP y Vox han llevado a cabo en algunas comunidades como Madrid o Valencia. “Lo que han hecho con eso es abrir la puerta a las terapias de conversión a las personas trans”, les ha dicho.

“Un paso incompleto”

Por su parte, los socios del Gobierno han coincidido en reclamar al PSOE una mayor ambición de la norma y que no solo se limite al abordaje penal. “No basta. Cuando se envía a un retiro a un chico de 16 años para corregirle, decide denunciar y se queda solo sin familia y sin recursos, ¿qué le vamos a ofrecer? ¿Qué pasa después? La condena penal es imprescindible, pero no paga un alquiler y no garantiza la independencia económica”, ha afirmado la diputada de ERC Teresa Jordà.

A lo mismo se ha referido Tesh Sidi, de Sumar, que ha apuntado a la “victoria a medias” que supone la votación de este miércoles y ha afeado al grupo parlamentario socialista su oposición a la enmienda que propone ayudas económicas y la garantía de una alternativa habitacional a las víctimas de las terapias de conversión. Una medida que, junto a ERC y Sumar, apoya Compromís y EH Bildu y que se mantendrá viva de cara al pleno.

En este sentido, Bel Pozueta, diputada de Bildu, ha recordado que Naciones Unidas califica estos métodos como “tortura” y ha lamentado que la ley sea “exclusivamente” una reforma penal. “Nuestro grupo no es punitivista, no creemos que la respuesta a todas las violencias pase por endurecer el Código Penal”, ha afirmado la parlamentaria, que ha definido la votación como “un paso incompleto”.

La oposición de PP y Vox

El Partido Popular, que en su momento votó a favor de la toma en consideración de la ley, se ha opuesto al dictamen porque a pesar de afirmar que la formación “comparte el principio básico de que ninguna persona debe ser sometida a prácticas coercitivas que atenten contra su integridad física o moral”, el grupo apela a la “seguridad jurídica” que a su juicio no garantiza la norma. “Apostamos por una regulación más garantista, precisa y respetuosa con los principios fundamentales del Estado de derecho”, ha afirmado Sofía Acedo.

Los populares mantendrán por eso vivas sus enmiendas en el pleno del Congreso, con las que buscan entre otras cosas sustituir el término “identidad de género” por el de “identidad sexual” en todo el texto o incorporar al artículo del Código Penal la coerción como elemento clave con el objetivo de “delimitar con rigor y proteger las actuaciones de acompañamiento y apoyo legítimas” a las personas LGTBI.

También Vox ha afirmado estar en contra de las terapias de conversión, pero “entendiéndolas como tratamientos forzados e impuestos”, ha afirmado María Ruiz Solás, que asegura que la ley pretende “limitar libertades” y el Gobierno busca “imponer su ideología a golpe de Código Penal”. La diputada ha defendido “la libertad y el derecho de los padres para velar por sus hijos” y ha acusado a los grupos que apoyan la norma de “acabar con la libertad de las personas homosexuales al acabar con el consentimiento”, ha dicho en referencia a la enmienda incorporada al texto.

La ley que pretende llevar al Código Penal las pseudoterapias de conversión contra personas LGTBI está a punto de pasar su primera prueba en el Congreso. Tras el acercamiento de posturas al que llegaron hace tres semanas, los grupos debatirán y votarán este miércoles el dictamen en la Comisión de Igualdad. Aun así, quedan flecos pendientes y continúa negociándose la redacción definitiva de una norma que busca endurecer la respuesta frente a estas prácticas, dirigidas a tratar de modificar la orientación sexual o la identidad de género.

Sobre la mesa hay una enmienda transaccional en la que confluyen el PSOE, impulsor de la ley, Sumar, ERC, Compromís, BNG y Bildu, a la que, según fuentes parlamentarias, ya se ha sumado el PNV. Los grupos de izquierdas intentan ahora que Junts dé también el visto bueno para que una primera versión del texto salga adelante. Según las mismas fuentes, las dudas versan sobre la intención de incorporar a la redacción una frase que apunta a que será independiente el consentimiento de la persona afectada para que la terapia sea considerada perseguible. El partido catalán no ha respondido a las preguntas de este medio.

Los grupos, sin embargo, confían en que de la Comisión de Igualdad salga este miércoles una primera versión con el mayor consenso posible. El Congreso inició el trámite en junio del año pasado con 311 votos a favor, incluidos los del Partido Popular, que no ha adelantado qué hará este miércoles. La enmienda transaccional que se está negociando incorpora, además, a la pena de cárcel una multa de ocho a 24 meses, algo que no figuraba en la redacción inicial.

Promover terapias de conversión es considerado actualmente una infracción administrativa muy grave, con multas de hasta 150.000 euros, según la Ley Trans de 2023. La norma que se debate en el Congreso pretende “elevar la respuesta” y “dar un paso más” para incorporarlas al Código Penal debido a que “no estamos ante casos aislados, sino ante una de las formas más graves de ataque y denigración del colectivo LGTBI”, justifica la propuesta.

La iniciativa considera que, “a pesar de los avances”, está todavía “pendiente” una actuación “más enérgica” contra estas terapias pseudocientíficas, consideradas un riesgo grave para la salud física y mental de las personas LGTBI. La ley propone su inclusión en el artículo 173 del Código Penal, que persigue las torturas y los delitos contra la integridad moral. El objetivo es castigar con la pena de prisión de seis meses a dos años al que “aplique o practique” actos, métodos, programas, técnicas o procedimientos “de aversión o conversión” destinados a “modificar, reprimir, eliminar o negar” la identidad de una persona.

Así consta la redacción en el informe de la Ponencia, al que ha tenido acceso elDiario.es, sobre el que previsiblemente se harán cambios este miércoles debido a que los grupos mantienen todavía varias enmiendas vivas. El texto incluye una salvaguarda en la exposición de motivos acordada el pasado 17 de mayo a raíz de una transaccional del PSOE que aclara que la respuesta penal “no está referida” a los métodos o técnicas que “proporcionen apoyo y comprensión” y se apliquen conforme a los estándares profesionales internacionales.

“Un paso importante”

La Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+) se muestra optimista con este primer paso en el Congreso y asegura que, si esta ley llega finalmente a ser aprobada —tras la Comisión de Igualdad deberá pasar por el pleno del Congreso y el Senado—, supondrá “un paso importante en la protección de la integridad de las personas LGTBI+”, explica su presidenta Paula Iglesias. Aunque desde 2023 las prácticas de conversión están prohibidas en España, las sanciones “son fácilmente asumibles por organizaciones” que, en ocasiones, “están financiadas internacional o eclesiásticamente”, prosigue Iglesias, que justifica la necesidad de la respuesta penal.

La presidenta de la FELGTBI+ también avala que se incorpore a la redacción que la pena de cárcel sobre las terapias podrá ser impuesta aunque exista consentimiento de la persona LGTBI o de su representante legal. “Establecer la nulidad del consentimiento es esencial. En estos casos, el consentimiento está viciado, ya que se da desde una situación de vulnerabilidad y desde un contexto hostil que es usado por un supuesto profesional para ofrecer una salida en forma de sufrimiento”, explica Iglesias.

Varios son los casos que se han hecho públicos en los últimos años. En 2025 el Ministerio de Igualdad inició una investigación tras la denuncia de la Asociación Española Contra las Terapias de Conversión contra siete diócesis españolas. La denunciaba señalaba específicamente a un proyecto llevado a cabo en al menos 13 parroquias entre 2023 y 2024 bajo la idea de que la homosexualidad es fruto de un trauma y que puede cambiarse. La iniciativa prescribía una vida “en castidad” y prácticas religiosas diarias para alcanzar ese supuesto objetivo.

Otro de los casos con más trascendencia pública ha sido el de la 'coach' Elena Lorenzo, que según adelantó elDiario.es, será juzgada por delito de odio para responder por artículos y vídeos de 2022 en los que patologiza la homosexualidad y oferta cursos de “coaching de identidad” para superarla.

Su nombre trascendió por primera vez en 2016 cuando fue denunciada ante la Comunidad de Madrid por promover, en esencia, terapias contra la homosexualidad. La multa de 20.000 euros que le impuso el ejecutivo regional tras años de procedimiento terminó anulada por defectos de forma pero, en paralelo, un juzgado abrió un proceso penal contra ella por el que la Audiencia Provincial de Madrid la sentará en el banquillo próximamente.