Hay comunicados de la Fiscalía que tienen premio para su autor: el que inició la cacería a Victoria Rosell es uno de ellos

No hubo querella contra el autor, ni la carrera fiscal, ni los colegios de la abogacía pusieron el grito en el cielo. Ni mucho menos los tertulianos y medios de comunicación de la derecha hablaron de inaceptable injerencia de un órgano al servicio del Gobierno, como ocurre estos días con el comunicado de la Fiscalía sobre la causa penal abierta al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por dos delitos de fraude fiscal y uno de falsedad documental. Él mismo acaba de anunciar a los cuatro vientos que se querella contra la fiscal jefa de Madrid “por revelación de secretos”.

El caso es que el 3 de diciembre de 2015, justo un día antes de que diera comienzo de manera oficial la campaña para las elecciones de ese año, el fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García-Panasco Morales, emitió un comunicado oficial anunciando que el Ministerio Público había abierto “unas diligencias de carácter procesal” a la magistrada Victoria Rosell, candidata por primera vez a diputada por Las Palmas por Podemos. Era el pistoletazo de salida a la cacería contra la jueza que acabó con un juez corrupto en la cárcel y con el autor del comunicado, ascendido a puestos de relumbrón a Madrid.

La nota de prensa de la Fiscalía decía lo siguiente: “En esta Fiscalía se han incoado en pasadas fechas unas diligencias preprocesales de carácter informativo que tienen por objeto valorar la posible comisión de una infracción disciplinaria que, en su caso, sería puesta en conocimiento de los órganos competentes del Consejo General del Poder Judicial. Estas diligencias, que no tienen carácter penal, se encuentran actualmente en tramitación, sin que se haya llegado a conclusión alguna en el momento de emitir este comunicado”.

Aquella investigación no llegó a buen puerto: inicialmente se estampó contra el Consejo General del Poder Judicial, que no solo no apreció infracción disciplinaria alguna, sino que culpó directamente a la fiscal que investigó a Rosell -Evangelina Ríos Dorado- de ser la responsable de las dilaciones que el Ministerio Público quiso atribuirle a la magistrada. Además, tanto la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) como el Tribunal Supremo anularon tan extravagante investigación. En el caso del alto tribunal, lo hizo nada menos que por haber invadido “aspectos esenciales del procedimiento disciplinario a jueces y magistrados que está reservado al Consejo General del Poder Judicial” y por vulnerar “el derecho de defensa de la magistrada”. Pero el daño que se pretendía infligir a la candidata que se enfrentaba al por entonces todopoderoso José Manuel Soria, número uno del Partido Popular por la misma circunscripción, ya estaba hecho.

El periódico El Mundo, que ya tenía hilo directo con el entonces juez Alba (como quedó probado luego en el proceso contra él) comenzó el 3 de diciembre a publicar informaciones sobre la investigación de García-Panasco con titulares como “La Fiscalía investiga a Victoria Rosell, la 'ministra' de Justicia de Podemos”, o “La Policía sigue el rastro del dinero pagado a la pareja de la juez de Podemos” (4 de diciembre).

Las diligencias fueron abiertas oficialmente a partir de la recepción de un documento de procedencia teóricamente anónima que luego se supo que fue entregado a la Fiscalía por el exjuez corrupto Salvador Alba, por aquel entonces en plenitud de funciones y al servicio de José Manuel Soria, que fue quien se lo hizo llegar a él. Se trataba de un contrato suscrito a finales de octubre de 2015 entre la Productora Audiovisual UD Las Palmas, vinculada al club de fútbol, y Clan de Medios, Comunicación y Marketing, la empresa editora de Canarias Ahora, de la que soy administrador único, además de director del periódico.

Soria se había hecho con una copia de ese contrato tras enterarse de su existencia y creyó que con él podría relacionar a Victoria Rosell con el presidente de la UD Las Palmas, a quien la magistrada había investigado en su juzgado antes de pedir una excedencia para entrar en política. La relación se articularía a través de mí como pareja de Rosell.

La Fiscalía sostuvo siempre que el contrato, que regulaba el alquiler de una frecuencia de radio con opción a compra, le había llegado de manera anónima, pero, según hizo constar Salvador Alba en una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, “eso no es cierto”. Y lo explicó así: “Ese contrato se me hizo llegar a mí y yo mismo lo entregué a la fiscal de Delitos Económicos, doña Evangelina Ríos Dorado. Y ello pese a que nunca pedí que se mantuviera el anonimato. Es más, todo lo contrario”. 

El contrato tenía una errata que delataba a José Manuel Soria: la fecha. Por error, los servicios administrativos de la UD Las Palmas hicieron constar la fecha 26 de octubre de 2015, cuando en realidad la firma se produjo dos días más tarde, el 28. De hecho, se volvió a celebrar el acto de la firma ese día para subsanar el error. Pero quien atendió la reclamación del entonces ministro de Industria y Turismo le entregó la copia que contenía la errata, y esa es la que figura en los archivos de la Fiscalía.

El fracaso de esta intentona de Soria, Alba y García-Panasco provocó la segunda acción contra Victoria Rosell, la que a la postre provocó el procesamiento, la condena y el ingreso en prisión del ex juez corrupto, actualmente en la cárcel de Estremera, Madrid, cumpliendo una condena de seis años y medio por los delitos de cohecho, prevaricación judicial y falsedad en documento judicial. Alba consiguió que el TSJC le destacara como sustituto en el juzgado de Rosell, y desde allí conspiró para intentar de nuevo acabar con su carrera política y profesional.

El fiscal, letrado del Constitucional

Guillermo García-Panasco Morales, el fiscal que dirigió la investigación ilegal y emitió el polémico comunicado, no fue reprendido, ni pública ni privadamente, salvo por Victoria Rosell, que se plantó en su despacho para exigirle –sin éxito- una explicación por lo que estaba ocurriendo cuando estalló el asunto. 

En realidad, Panasco fue premiado: perteneciente a la mayoritaria asociación conservadora de fiscales, García-Panasco fue designado el 21 de julio de 2017 teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, a cuyo frente se encontraba el polémico José Manuel Maza. Solo habían pasado nueve días desde que el Supremo (12 de julio de 2017) declarara ilegal la investigación a Victoria Rosell que había promovido. Un segundo ascenso, también por nombramiento discrecional, se produjo en 2020, cuando García-Panasco Morales fue trasladado como letrado al Tribunal Constitucional, donde continúa prestando servicio a la justicia española. El ministro de Justicia era Rafael Catalá.

Fue Victoria Rosell la que interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la decisión de García-Panasco de promover unas diligencias de carácter procesal para investigarla ante una posible infracción disciplinaria. El recurso se vio inicialmente en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que en marzo de 2016 anuló la investigación de la Fiscalía por vulneración de derechos de la magistrada. 

En su sentencia, la Sala de lo Contencioso del TSJC concluye que “la nota informativa que el 4 de diciembre se emite por la Fiscalía dando cuenta pública de tales diligencias y de su finalidad de determinar la posible existencia de una infracción disciplinaria cometida por la Sra. Rosell en su actividad jurisdiccional (...) transgrede directamente la neutralidad informativa que deben mantener las instituciones públicas durante el proceso electoral, evitando aquellas que puedan influir en la orientación del voto”.

La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo declaró nula la investigación preliminar que realizó la Fiscalía a la jueza Rosell “porque invadió aspectos esenciales del procedimiento disciplinario a jueces y magistrados que está reservado al Consejo General del Poder Judicial, y vulneró además el derecho de defensa de la magistrada”.

Guillermo García-Panasco Morales y su subordinada Evangelina Ríos tenían sobrados motivos para querer hacer daño a Victoria Rosell. El primero, por sus vínculos directos con el Partido Popular del que entonces era presidente regional en Canarias y ministro del Reino José Manuel Soria. Su esposa, la funcionaria Lourdes Quesada, fue investigada por Rosell en su juzgado con motivo de una trama de corrupción en la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias cuando José Manuel Soria era su vicepresidente. La causa fue archivada a petición de la fiscalía, pero el auto de archivo dejó para la posteridad una descripción pormenorizada de cómo opera el PP con el objetivo privatizar servicios esenciales para la salud, en este caso, la hemodiálisis. 

Evangelina Ríos, por su parte, se enfrentó duramente a la magistrada en la instrucción de la famosa causa contra Miguel Ángel Ramírez, presidente de la UD Las Palmas. Tras querellarse contra él 24 horas antes de que prescribieran sus delitos, Ríos confabuló con un inspector de la Agencia Tributaria para que boicoteara resoluciones de la magistrada instructora que fueran en contra de su estrategia de acusación. Rosell descubrió la estrategia y se lo reprochó. La respuesta de Ríos fue elevar una queja al Consejo General del Poder Judicial, que fracasó, y a continuación protagonizar la investigación a partir del contrato que dejó caer anónimamente en la fiscalía el ya por entonces juez corrupto Salvador Alba a la orden de José Manuel Soria.