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CC reclamará al Gobierno protección para intereses españoles tras las expropiaciones en Venezuela

SANTA CRUZ DE TENERIFE

Coalición Canaria (CC) llevará este martes al pleno del Senado dos importantes cuestiones para el Archipiélago, como son las expropiaciones de empresas canarias en Venezuela, y la protección del sector agrícola isleño de importaciones ilegales y sin garantías fitosanitarias.

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SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 (EUROPA PRESS)

Coalición Canaria (CC) llevará este martes al pleno del Senado dos importantes cuestiones para el Archipiélago, como son las expropiaciones de empresas canarias en Venezuela, y la protección del sector agrícola isleño de importaciones ilegales y sin garantías fitosanitarias.

En concreto, el senador tinerfeño Alfredo Belda preguntará al Gobierno qué actuaciones está llevando a cabo para proteger los intereses de los ciudadanos españoles en relación a las expropiaciones por parte del Estado venezolano de empresas, en concreto, de la compañía Agroisleña, según ha informado en un comunicado.

Cabe recordar que el pasado 5 de octubre la Gaceta Oficial de Venezuela publicó el decreto de "adquisición forzosa", firmado por el presidente, Hugo Chávez, que oficializó la incorporación al patrimonio del Estado de la firma Agroisleña. Agroisleña es una compañía de capital hispano-venezolano fundada por emigrantes canarios con 52 años de existencia, sucursales en 20 estados de Venezuela y una nómina cercana a los 2.000 trabajadores.

Por otra parte, el senador herreño Narvay Quintero preguntará qué medidas ha impulsado el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino para garantizar la protección fitosanitaria en los puertos canarios y evitar la entrada fraudulenta de productos agrarios.

Según pone de manifiesto Quintero en el texto de su pregunta, las importaciones en Canarias de fruta sin identificar, que se vienen sucediendo desde hace más de una década, constituye un riesgo para la sanidad vegetal del archipiélago por el número de plagas que se han introducido y que han afectado gravemente a los cultivos isleños.

Además, la entrada ilegal de estos productos merma igualmente la economía de los agricultores así como la calidad y garantía de los productos canarios.

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