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Los sindicatos impugnarán el Plan de Empleo de Gáldar

PROPUESTO POR TEODORO SOSA

Lo consideran "manifiestamente ilegal".

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El Ayuntamiento de Gáldar entregó este miércoles a los sindicatos el documento del Plan de Ordenación de Recursos Humanos (Plan de Empleo), firmado por el alcalde, Teodoro Sosa, por el que se pretende la suspensión del contrato de trabajo a 87 trabajadores y el despido de otros 51, argumentando causas económicas. Dicho Plan contempla además que, a medio plazo, el Ayuntamiento realizará una Relación de Puestos de Trabajo y a largo plazo una funcionarización o consolidación.

Los sindicatos con representación legal en el Ayuntamiento de Gáldar (UGT, SI Canarias y CCOO) impugnarán en los Tribunales de Justicia el Plan en cuestión, al considerarlo "manifiestamente ilegal", ya que las medidas de suspensión y extinción de contratos de trabajo recogidas en el mismo, por supuestas causas económicas, "no están permitidas legalmente en los Ayuntamientos, como han declarado ya los Tribunales de Justicia".

Los sindicatos apuntan en un comunicado que el Servicio Público de Empleo Estatal, dependiente del Ministerio de Trabajo, emitió ya un informe en contra de las mencionadas suspensiones y extinciones de contrato pretendidas por el alcalde de Gáldar, "advirtiendo, además, que dicho organismo impugnaría, por ilegal, las mismas en caso de aprobarse, incluso aunque se hubiese acordado con los sindicatos".

La representación legal de los trabajadores impugnarán en los Tribunales el Plan de Empleo propuesto por el alcalde de Gáldar, cuando se produzca su aprobación en el Pleno del Ayuntamiento por los concejales del grupo de gobierno, si bien se reconoce "la jugada maestra" del alcalde en este asunto.

Sobre este punto explican que, si bien hasta ahora la responsabilidad legal de adoptar las medidas de suspensión y extinción de los contratos de trabajo recaía exclusivamente en su persona, a partir de su aprobación por el Pleno dicha responsabilidad legal recaerá también en los concejales que levanten la mano en el Pleno, "a sabiendas de la existencia de sentencias judiciales e informes que dejan claro la ilegalidad de dichas medidas recogidas en el Plan de Empleo".

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