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Alerta Médica dice que el médico de Valle Tabares espera un documento

DEFIENDE EL HONOR Y EL PRESTIGIO DEL PROFESIONAL

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El administrador único de Alerta Médica Canaria SL, Gaspar Sierra, ha remitido un comunicado a los medios de comunicación en el que explica que el médico que tiene destinado a la atención sanitaria de los menores del centro de medidas judiciales de Valle Tabares (La Laguna) "tiene presentada en la Oficina de Extranjería toda la documentación necesaria para su legalización por arraigo profesional y familiar, estando sólo a la espera de un documento, de entrega inmediata, para conseguir de forrma definitiva su permiso de trabajo".

De esta forma, reconoce que en la actualidad no dispone de la autorización administrativa que le permitiría trabajar en España, algo que en el último punto del comunicado denomina "déficit documental". Sierra Fernández escribe textualmente: "Asumo como Administrador de Alerta Médica Canaria SL el déficit documental en que pudiera incurrir don Emilio Pérez Anchía, pero estoy obligado a salir en defensa del honor y prestigio profesional del médico, con el cual espero seguir contando en el futuro una vez aclarada esta situación, porque si lo perdiésemos tanto esta empresa como los Centros de Menores notarían su carencia por el excelente profesional que es".

Según el escrito, este facultativo presta sus servicios "de forma provisional y transitoria del turno de la tarde" en Valle Tabares desde el 1 de diciembre de este año como consecuencia de la baja médica de uno de los médicos que "asisten a los menores". La Unión General de Trabajadores (UGT) asegura que lo hace desde septiembre de 2005, algo que corroboró la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, y, en todo caso, el contrato mercantil que supuestamente une al médico con Alerta Médica tiene fecha de 16 de diciembre de 2004.

Además, en un fax remitido este mismo martes por Sierra al director gerente de la Fundación Canaria de Juventud Ideo, también en poder de la agencia, decía que Pérez Anchía "venía de forma provisional asistiendo en Güimar (Hierbabuena, y no en Valle Tabares) en régimen de relación mercantil con esta empresa". Según los trabajadores, desde septiembre de este año compatibilizaba de forma habitual los turnos de mañana (Hierbabuena) y tarde (Valle Tabares), algo que ha dejado de hacer hoy, informan.

En el comunicado, Gaspar Sierra anuncia, además, que "en defensa del honor de esta persona y por las graves imputaciones que se le han hecho presentará una querella contra los autores de esta intencionada información periodística que no busca la información contrastada sino la destrucción de una persona para hacer daño a la Consejería de Asuntos Sociales, a la Dirección General del Menor y a los encargados de la gestión de los Centros de Menores".

Además, en el encabezamiento apunta que su comunicado es a raíz de la información "que ha salido en los medios de comunicación procedentes de la agencia de noticias ACN referente a que el médico (...) podría estar incurriendo en falsedad documental, fraude y suplantación de personalidad".

Igualmente, Sierra puntualiza que Pérez Anchía está en posesión de la titulación y acreditación necesaria para el ejercicio de la medicina en España y está colegiado con el número 5990 (en realidad es, según el carnet que hizo llegar este martes la Consejería a ACN Press 383805990) del Colegio Oficial de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, hecho que ha sido también corroborado este miércoles por dicha entidad.

El PP amenaza con pedir la dimisión de Zamora

La ex consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias y coordinadora del Grupo Parlamentario Popular, Águeda Montelongo, aseguró este miércoles, que si la Inspección de Trabajo documenta que un médico sin permiso de trabajo en España presta sus servicios en centros de menores bajo medidas judiciales, de titularidad de la Comunidad Autónoma, "nos veremos obligados a pedir la dimisión de Marisa Zamora", su sucesora en el cargo y actual responsable del departamento.

Montelongo consideró "muy grave, hipócrita e incoherente" que sea precisamente la consejera de Empleo, que "debe perseguir que los trabajadores tengan las mismas garantías y derechos y eliminar la economía sumergida, en la que muchas personas se ven explotadas", la que tenga en centros de su titularidad empleados de forma irregular, "máxime cuando pertenece a un partido que defiende el discurso de que no venga nadie más a Canarias, que somos muchos y no cabemos todos". "La dimisión de la consejera ha de ser inmediata si eso es así", añadió.

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