Boicot al plan de choque por el empleo

Canarias sigue recibiendo dramáticos zarpazos a través de las cuentas públicas del Estado. Las referidas a políticas activas de empleo sufren una drástica reducción de más de 170 millones de euros, muy por encima del 10% de lo que baja la partida en toda España aún siendo esta la comunidad autónoma más castigada por el paro. El Gobierno de Canarias hace encaje de bolillos para tratar de mantener todas las acciones de formación y de inserción laboral que tenía en marcha, como las escuelas-taller, que ayuntamientos del PP como el de Las Palmas de Gran Canaria y el de Mogán han suspendido sin encomendarse a otra motivación que el forro de sus caprichos, dejando en la calle y sin posibilidad de acabar sus estudios a más de cien personas. Por si era poco el ataque que promueve el PP, desde la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife se ha tratado de boicotear el plan de choque puesto en marcha por la consejera de Empleo, Margarita Ramos, mediante el envío de cartas a los ayuntamientos para que advertirles de que puede ser ilegal acogerse a la contratación de desempleados por el plazo de seis meses. Ramos está que se sube por las paredes, porque mientras el PP se mofa en el Parlamento de un plan que asegura que no existe, el mismo partido lo trata de boicotear en una de sus primeras medidas, destinada a crear más de 6.000 puestos de trabajo. Ya que no arriman el hombro, al menos que dejen trabajar.