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El Cabildo pide al Estado la suspensión del concurso de líneas marítimas

DEMANDA ESCALAS OBLIGADAS EN EL PUERTO

La Junta de Portavoces exige a Fomento la paralización del proceso para evitar que la Isla quede fuera de las conexiones subvencionadas para el tránsito de mercancías y pasajeros con la Península.

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La Junta de Portavoces del Cabildo de La Palma, presidida por el titular de la institución insular, Anselmo Pestana, acordó este jueves solicitar al Ministerio de Fomento y a su responsable, Ana Pastor, la inmediata suspensión del proceso de licitación de la Obligación de Servicio Público Marítimo, que excluye la línea marítima entre La Palma y la Península y que afecta en la misma medida a las islas de Fuerteventura y Lanzarote, según se informa en una nota de prensa.

El presidente del Cabildo, Anselmo Pestana Padrón, expresó la necesidad, compartida con los responsables de todos los grupos políticos con presencia en la institución, de que "se proceda por parte del Ministerio de Fomento a la elaboración de unos pliegos de licitación que contemplen la obligatoriedad de las escalas en Fuerteventura, Lanzarote y La Palma, un derecho irrenunciable para esta isla y para sus ciudadanos".

El pasado 8 de enero el Boletín Oficial del Estado publicó la licitación del concurso para la gestión de servicios de la línea marítima de Obligación de Servicio Público entre Canarias y la Península, en la que no aparecía la conexión marítima con estas islas menores sino como una mejora en las ofertas de las navieras.

Este cambio, según expresaron este jueves con rotundidad los portavoces de los tres grupos políticos (PSOE, CC y PP) presentes en el Cabildo, supone que se deje de ofrecer la conexión entre la Península con las islas no capitalinas, lo que repercutirá directamente en el incremento de los costes derivados de la doble insularidad, así como la pérdida de competitividad de empresas e industrias de La Palma.

La Junta de Portavoces solicita la paralización del proceso de licitación de este concurso público desde la certeza de que el Gobierno central tiene y debe recapacitar en una decisión que supondría una importante desigualdad de oportunidades para La Palma, que vería mermada su capacidad de conectividad marítima tanto para mercancías como para pasajeros.

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