“¿Qué presencia se dio en los medios de comunicación a la manifestación en Madrid del pasado 7 de noviembre?”. Mertxe Leránoz Goñi (Pamplona, 1966), licenciada en Psicología, con un doctorado en sexualidad, pareja y familia, y extécnica de igualdad en Berriozar, lanza esta reflexión al analizar qué pasos quedan por delante contra la violencia de género. Leránoz, en su primera entrevista desde que fue nombrada directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad, repasa las novedades que supondrá la ley foral contra la violencia contra las mujeres, con qué margen presupuestario contará y cómo puede llegar la educación afectivo sexual a los centros educativos.

El pasado 4 de noviembre, presentó ante el Parlamento de Navarra la hoja de ruta de un plan de acción para poner en marcha la ley foral contra la violencia contra las mujeres. Lo que faltó fue concretar de qué presupuesto dispondrá.4 de noviembre

Ahora estamos en una fase de preparación del borrador de ese presupuesto y, en cualquier caso, hay que matizar que el plan de acción estructurará las líneas estratégicas para trabajar en esta ley, y de ahí habrá que pasar a unos planes sectoriales donde se determinarán las medidas, así que es muy difícil anticipar el presupuesto cuando todavía estamos en ese proceso.

Entre diversos colectivos sociales, al presentarse esta ley, se valoró que era pionera en el texto pero que faltaban el reglamento y los recursos disponibles.el reglamento y los recursos

Nuestro reto es concretar esa ley, y se está haciendo de forma muy rápida. La ley se aprobó en abril y ya la estamos desarrollando. Es cierto que la anterior tardó cinco años en hacerlo, pero ahora estamos dentro de los plazos. Entiendo las dudas, porque es importante que lo que está escrito se lleve a la práctica, para que no se quede en el papel.

Las asociaciones también han coincidido en un punto: la valoración positiva de esta ley, que la promovió el anterior gobierno de UPN. ¿Usted también la destaca así?

Sí, se hizo durante la legislatura de UPN y se aprobó por todo el acto parlamentario y con un proceso participativo. Y lo que está bien hecho está bien hecho.

Algunas de las novedades de esta ley es que especifica los tipos de violencia, como la psicológica, la sexual o la económica. ¿Qué otras novedades destacaría?especifica los tipos de violencia

Es fundamental que recoja todas las violencias hacia las mujeres, y no solo la que se ejerce por parte de las parejas. Otras novedades es que abarca una atención muy amplia, incluye medidas como la prevención y la sensibilización, pero también la protección y la reparación.

¿Los recortes han afectado a la igualdad?

Claramente. El Instituto, por ejemplo, estaba dentro del área de familia, y eso supuso una pérdida que también redujo su presupuesto.

En comisión parlamentaria se aprobó reflotar las partidas para colectivos de mujeres. ¿Se recuperarán en su totalidad?

Consideramos que el trabajo con el movimiento social es uno de los que más se han visto afectados, y es una prioridad recuperarlo. Entendemos que hemos hecho el esfuerzo hasta donde era posible, e iremos progresivamente.

Este jueves participó en unas jornadas sobre violencia de género organizadas por Médicos del Mundo. ¿Qué tiene que cambiar para que la sensibilización también se traduzca en una reducción de los casos de violencia?

Los asesinatos de mujeres son la punta del iceberg, y lo que más se ve, lo que refleja que la desigualdad sigue presente y desde una base estructural. Trabajar en ello es trabajar en igualdad, en los derechos humanos. Y este tema está más presente de lo que nos gustaría, aunque hay avances: por ejemplo, el pasado 7 de noviembre con la movilización en Madrid, que fue una manera de demostrar que muchas personas estábamos ahí, con personas de todas las edades y mucha gente joven. Luego me llevé la sorpresa con la repercusión que tuvo en los medios de comunicación, porque no se recogió lo importante que fue esa marcha.

¿Por qué cree que fue así?

Porque no se da a la violencia de género y a la desigualdad que vivimos las mujeres la relevancia que realmente tienen. Es claro que, mientras se ha avanzado contra el machismo y el sexismo más evidente, y ya no es tan fácil mostrarlos de forma tan visible, hay formas más sutiles que se mantienen y que, por otro lado, siempre han estado ahí. Hablamos de la invisibilidad de las mujeres, el lenguaje sexista, la brecha salarial, la falta de conciliación porque las que conciliamos somos las mujeres, los estereotipos en publicidad y en la televisión…

Beatriz Sagrado, representante de la Junta Directiva de Médicos del Mundo, alertó esta misma semana de la presencia de casos de violencia en parejas muy jóvenes. ¿A qué lo atribuye?

El sistema patriarcal tiene siglos de antigüedad, y es lo que tenemos que cambiar aunque está muy arraigado. Y sabemos que hay nuevas violencias y más control a través de las nuevas tecnologías, también surge por la concepción del amor romántico, por lo que la juventud ve a través de la televisión… Todo influye.

¿Cuál es su valoración sobre el respeto a la diversidad en Navarra? La plataforma LGTB (lesbianas, gays, transexuales y bisexuales), por ejemplo, ha pedido cambios en el decreto sobre salud sexual en el que trabaja el Gobierno para dejar claro qué servicios se dirigen a este colectivo.cambios en el decreto sobre salud sexual

En Navarra hablamos de un colectivo muy activo pero muy poco reconocido por las instituciones. También en este tema ha habido socialmente avances, pero se tiene que visibilizar, ese es el gran objetivo y así está recogido en el acuerdo programático.

Históricamente, se ha reivindicado que la educación en igualdad llegue a los centros educativos de Navarra, pero no se ha concretado en medidas para todos los colegios. ¿Se habla de coeducación por imagen?

La coeducación exige trabajar en contenidos, lenguaje, estructura…

Pero en ese borrador del decreto sobre salud sexual y reproductiva se habla de apostar por incluir en el currículo no universitario la educación afectivo sexual. ¿Y cómo se va a hacer? Porque es una medida ambiciosa y no se concreta cómo.la educación afectivo sexual

Es una medida ambiciosa, pero también histórica. Para empezar, este tema de educación en igualdad debería estar dentro de la formación de profesionales del mundo educativo.

Abordar la educación sexual en los colegios es un tema sensible. ¿Qué reacción espera entre el profesorado, madres y padres?

Esto genera susceptibilidades, pero Navarra también ha sido pionera en este tema. Si entendemos la educación afectivo sexual, la educación en igualdad, poca gente va a estar disconforme.

¿Y con el hecho de que los abortos se realicen en el sistema público de salud? El director general de Salud, Luis Gabilondo, ha reconocido que espera un aumento “notable” del personal registrado en la lista de objetores (ahora hay apuntadas cuatro personas).un aumento “notable”

Se trata de conjugar el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo no deseado con el del personal profesional a no llevarlo a cabo. Pero la institución tiene que garantizar que, aunque haya profesionales que objeten, ese servicio pueda llevarse a cabo [Leránoz trabajó en Andraize, uno de los dos primeros centros de salud sexual en los que se realizarán IVE farmacológicas]. El objetivo tiene que ser que el número de abortos disminuya. Cuando hay que interrumpir un embarazo no deseado es porque ese embarazo no tendría que haberse producido, por eso hay que enlazarlo con la educación afectivo sexual.

La economía social, en sus diferentes formas, como por ejemplo cooperativas, sociedades laborales o fundaciones, representa en 2014 el 11,1% del Producto Interior Bruto en Navarra. En total, hay 1.064 empresas y entidades, que facturaron 1.977 millones de euros al cierre del ejercicio. Y desde la Confederación Empresarial de Economía Social, CEPES Navarra, auguran aún más crecimiento para este sistema. La presidenta de Navarra, Uxue Barkos, incluso aseguró durante la celebración este pasado 11 de noviembre del Día de la Economía Social, que este es “un modelo a seguir”. ¿Y en qué consiste? Según la legislación, aboga por primar antes a las personas y el fin social que el capital, dos cuestiones, ese compromiso y el beneficio económico, que a menudo parecen contrapuestas.

El presidente desde este año de la entidad, así como desde 2013 de la Asociación de Empresas de Economía Social de Navarra (ANEL), Ignacio Ugalde (Buenos Aires, 1970), repasa las claves y las suspicacias de este sistema. El director de Recursos Humanos de Fagor Ederlan Navarra, sociedad cooperativa en Tafalla, analiza también cómo ha afectado la situación de Fagor Electrodomésticos a las cooperativas, por qué ha habido un aumento de este modelo con la crisis y si puede haber cooperativas, por así decirlo, para todo.

Economía social. Solo esas dos palabras unidas parecen generar debate. ¿Percibe que esa apuesta genera suspicacias?

La ley de Economía Social recoge la primacía de las personas y el fin social, dependiendo de cada caso, porque la mayoría del capital social de nuestras empresas está en manos de los trabajadores. Y eso es una gran diferencia con la economía tradicional.

Y en cuanto a esas suspicacias que puede generar que una empresa apueste por la primacía de las personas frente al capital…

Nosotros no estamos en contra del capital, pero la diferencia es que los beneficios que obtenemos de nuestras empresas se reinvierten en la propia empresa con el fin de mantener, sobre todo hoy en día, los empleos. La clave es que una persona joven que empieza en una empresa tenga la visión de jubilarse en ella. No buscamos un resultado a corto plazo, sino la sostenibilidad en el tiempo.

¿Y cuál es el estado actual? Este pasado día 11, al presentar los resultados de 2014, habló de un aumento de las cooperativas en Navarra del 8%.

Es un estado bastante bueno. Las cooperativas y sociedades laborales crecieron en Navarra más que en ninguna otra comunidad autónoma. Ese 8% es cinco veces la media nacional. En 2007, cuando empezó la crisis, se decía que la economía social era algo coyuntural, pero ahora se ve que estamos dando una respuesta estructural y mantenida en el tiempo.

Con la crisis precisamente, ¿cuántas empresas han desaparecido y se han reconvertido en cooperativas por iniciativa de sus plantillas?

En los últimos 36 meses, en Navarra se han realizado más de 20 transformaciones y no solo por la crisis, sino también por ejemplo porque un dueño se jubila y sus trabajadores la transforman en una empresa de economía social. Este es un modelo de emprendimiento y nos estamos dando cuenta de que es bueno porque es motivador y genera un sentido de pertenencia.

El catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Pública de Navarra, Emilio Huerta, ha defendido anteriormente que el modelo es “positivo”, pero también advierte a las plantillas de que, con él, se lo juegan todo a una carta. La duda, entonces, es si la cooperativa puede ser una solución para todo.Emilio Huerta

La cooperativa está en todos los negocios y tenemos de todos los tamaños, desde dos personas [Anel defendió durante la pasada legislatura la creación de estas micro-cooperativas de dos personas, porque antes se exigía un mínimo de tres; el cambio fue permitido por el Parlamento] a, por ejemplo, en la que me muevo yo, Fagor Ederlan Tafalla, en la que somos más de 800. Todo depende de la gestión que se haga, por eso queremos tender a profesionalizarla.

Si la mayoría de la plantilla de una cooperativa son socios o socias, ¿no resulta difícil trabajar siendo empleado por cuenta ajena o pasar a ser socio?

En una cooperativa hay un porcentaje de personas por cuenta ajena, que no sean socios, y que no se puede superar; si lo hace, tienen que pasar a ser socios. Y sobre si es difícil entrar en las cooperativas… honestamente no se está dando. Porque muchas veces ocurre al revés, hay miedo a trabajar y arriesgar, entre comillas, por ejemplo la capitalización del paro.

Hablaba antes del tamaño de las cooperativas. Cuando crecen mucho, ¿no es más difícil que se mantengan sus principios de economía social y, por tanto, que se parezcan más a una empresa al uso?

Nosotros invertimos mucho en desarrollar a las personas. Si desde los cimientos está claro el concepto de cooperativa, después se toma más responsabilidad, siente más esa pertenencia al mundo cooperativo.

¿No puede haber casos en los que se hable de economía social únicamente por imagen?

No, en Navarra no. No te digo que no exista, pero sí se habla, que es una cuestión diferente, de cómo las grandes empresas hablan de la responsabilidad social, pero es otro mundo diferente a la economía social.

Si en una plantilla la gran mayoría son socios o socias, ¿una cooperativa puede garantizar unas mejores condiciones laborales?

No las garantiza, sino que garantiza los principios que tenemos. Por ejemplo, nosotros apostamos por la conciliación y, en nuestros contratos indefinidos, el 45% corresponde a mujeres. Casi el 80% de nuestros contratos son indefinidos. Y la clave es que uno en una cooperativa participa en la toma de decisiones: la apuesta es de una persona, un voto. Y por eso la información de la plantilla es clave.

¿Qué margen hay para el sindicalismo en una cooperativa?el sindicalismo en una cooperativa

En los trabajadores por cuenta ajena por supuesto, e incluso los socios tenemos el Consejo Social.

Dado que usted es trabajador de Fagor Ederlan, quería preguntarle por Fagor Electrodomésticos. ¿Cómo ha afectado su desaparición a la imagen de las cooperativas?Fagor Electrodomésticos

El tema de Fagor Electrodomésticos por supuesto no es algo que nos haya beneficiado, pero también tiene una lectura posterior: más del 90% de la plantilla de Fagor Electrodomésticos fue reubicada, y eso después nos ha fortalecido.

Barkos destacó esta semana las bondades del mundo cooperativo. ¿Qué futuro augura en Navarra para este modelo?esta semana

Seguirá creciendo. Antes de la crisis, las empresas de economía social representaban un 3,5% de las que se creaban en Navarra; hoy en día superamos el 7%. Ha dado un salto y su crecimiento es algo constante.

“Es una barbaridad, pero es la realidad”. El presidente del Consejo Navarro de la Juventud, Eduardo Alonso, valora de esta forma los últimos resultados del Observatorio Joven del Gobierno de Navarra que, tras un estudio realizado entre 500 jóvenes de entre 15 y 30 años, ha concluido que el 48,5% depende en la actualidad de los ingresos de otras personas (lo que apunta a madres y padres), otro 34% dispone de retribuciones pero depende también de la ayuda de terceros y, finalmente, solo el 17,5% puede decir que (sobre)vive con sus propios ingresos.

El observatorio realiza cada año estudios sobre la juventud navarra y, esta vez, según ha precisado el Ejecutivo foral a través de un comunicado, se ha centrado en cuestiones como sus hábitos de consumo (como compras o gastos en ocio), su integración social y su situación económica. Por ejemplo, en esta investigación se determina que la juventud administra al mes unos 375 euros de media, que van desde un mínimo de 101 euros entre estudiantes o unos 806 euros entre quienes ya se han incorporado al mundo laboral.

Los datos, en realidad, más que una novedad son una constatación de otros estudios que ya alertaban de esta situación. Por ejemplo, el sindicato CCOO advirtió en agosto de que, pese al descenso del desempleo juvenil en el segundo trimestre del año (afectaba entonces a 14.600 personas de entre 16 y 34 años, 6.000 menos que en el trimestre anterior y 10.100 menos que un año antes), había que revisar las condiciones de los trabajos logrados, que la central describía como “precarios, parciales y remunerados con bajos salarios”. UGT también apuntó que el empleo a tiempo parcial había crecido un 49,54% desde 2008 entre la población navarra menor de 34 años.

Alonso, por su parte, argumenta que el informe “no descubre nada” (el propio Consejo Navarro de la Juventud es una de las fuentes habituales del Observatorio), pero sí supone una nueva “llamada de atención”. Porque la pregunta que plantea ahora es ¿cómo van a responder las instituciones y el mundo empresarial? La subdirectora de Juventud del Gobierno Foral, Adela González, apunta que este tipo de informes serán claves para el diseño del segundo Plan de Juventud, que prevé estar listo para 2016. Preguntada sobre si datos así pueden generar frustración entre la juventud, González afirma que “estas investigaciones tienen que servir para que todos tomemos conciencia de cuál es la situación de la juventud y se le dé visibilidad”.

En cualquier caso, desde el Consejo Navarro de la Juventud ya ponen sobre la mesa diferentes propuestas. Por ejemplo, pide que se flexibilice el sistema universitario para “matricularte en menos créditos” y que así la población estudiante pueda plantearse compaginar su formación con un trabajo. Para quienes prefieran centrarse en sus estudios, Alonso recuerda que se necesitan más becas o que se contemplen otros modelos para abonar esa formación, que por ejemplo permitan lograr créditos y, después, saldarlos tras el acceso a un trabajo.

Esta es otra de las grandes batallas del Consejo: ¿se puede acceder a un empleo, y en buenas condiciones? Alonso lamenta que mucha gente joven se queda fuera del mercado laboral por la necesidad de una experiencia que, por otro lado, nunca se logrará sin esa primera oportunidad; si se llega a entrar en una empresa, a menudo es mediante unas prácticas “en malas condiciones, sin remuneración o muy baja, metiendo muchas horas y con escasas posibilidades de lograr el trabajo después”; y, si por fin se consigue un empleo, el empleo parcial o temporal hace que “sea inviable plantearse la emancipación”.

Sobre la emancipación

Por ejemplo, uno de los informes realizados por el Consejo de la Juventud de España, bautizado como Juventud necesaria, calculó que en Navarra solo el 20% de los jóvenes menores de 25 años se independiza, cifra que aumenta hasta el 47,8% entre jóvenes de 25 a 29 años. Esta última media es superior a la estatal (46,2%), pero queda muy alejada de la europea (61%).

El acuerdo programático acordado por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra, y que marca las actuaciones del gobierno, incluye por ejemplo medidas como crear un área específica dentro del Observatorio de la Juventud sobre emancipación que analice, según se recoge en el documento, sus “necesidades reales”. Y, a la vista de estudios como el ahora presentado, parece difícil que prosperen medidas si no son integrales, como reivindica Alonso, que habla de un mercado laboral que parece “un círculo vicioso” y de un sistema de prácticas también “viciado”, en los que “la gente joven siempre sale perdiendo”.

Por el momento, cuatro personas están apuntadas en el registro de profesionales que regula la objeción de conciencia en el Servicio Navarro de Salud, el sistema impulsado en 2010 para conocer qué parte de la plantilla estaba dispuesta a practicar interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) y cuál no. Otra cuestión es que la cifra se vaya a quedar ahí. Desde la Administración siempre han reconocido que auguran un aumento “importante” del número de personas apuntadas y, tras los primeros sondeos verbales entre el personal, parece que será así. El director general de Salud, Luis Gabilondo, reitera ahora que se espera un aumento “muy notable” de ese listado pero insiste en que, por ahora, ese personal no ha dado el paso para apuntarse y, con todo, asegura que la Administración “tiene alternativas” para garantizar la prestación del servicio. Por el momento y hasta conocer los recursos disponibles, no aclara cuáles.

Antes de anunciarse la voluntad del Gobierno Foral, recogida en el acuerdo programático firmado por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E, de practicar abortos en el sistema público (hasta ahora se derivan en los supuestos recogidos en la ley al sistema privado, mayoritariamente a la clínica Ansoáin), únicamente había una persona en ese registro. Al concretarse el borrador del decreto de salud sexual y reproductiva en el que se recoge cómo se prestará este servicio, eran tres. En la actualidad, llegan a 4. Sin embargo, tras las primeras consultas verbales recogida entre el personal, se habla de una voluntad mayoritaria de apuntarse a ese registro. Gabilondo reconoce que le ha llegado esa información, pero recalca que hay que tomarla con cautela hasta que ese personal figure formalmente en el registro, y defiende que está pulsada antes de la presentación del borrador.

El tema es sensible y sigue generando debate dentro de la plantilla, entre quienes no querían que se siguieran derivando este servicio a clínicas privadas y el personal que no está dispuesto a realizar abortos, un tema que en Navarra ya generó movilizaciones de grupos católicos contra los profesionales sanitarios que lo prestaban tras la despenalización del aborto, en 1985. Si ese número de profesionales diera el paso de apuntarse al registro, algo para lo que tienen que rellenar una declaración (de lo contrario, matiza Gabilondo, solo son rumores; la cuestión es si influyen en la decisión del personal), la pregunta es en qué situación quedaría la realización de las IVE.

El jefe de Ginecología y Obstetricia del Complejo Hospitalario de Navarra, Ricardo Ezcurra, ya reconoció que tenía que conocer de cuánto personal disponía para poder organizar esta prestación. Las alternativas, en caso de no disponer de ese personal, pasarían por contratar plantilla o por hacer derivaciones, pero desde la Administración no mencionan estas posibilidades. Insisten en esperar hasta conocer el número de objetores y objetoras, y el listado está abierto hasta una semana antes de que se tenga que realizar una intervención de este tipo.

Un pacto tácito para no apuntarse

La razón para entender por qué este registro sigue, por el momento, sin aumentar fueron las dudas mostradas por el personal médico sobre la necesidad de figurar en un listado de este tipo, una fórmula que cuestionó el Colegio Oficial de Médicos. Incluso, entre el personal médico hubo un pacto tácito de no apuntarse en el listado hasta que realmente llegara el momento de realizar las IVE en el sistema público.

El sistema del registro, en cualquier caso, cuenta con el aval del Tribunal Constitucional, y pretende garantizar, por un lado, la decisión del personal de no realizar los abortos por cuestiones de conciencia pero, por otro, asegurar también que se realiza ese servicio. Gabilondo, en este sentido, recalca que “esta práctica no le gusta a nadie, pero quien la hace toma esa decisión por una cuestión de convicción, por su compromiso con las mujeres que deciden hacerlo”. Gabilondo defiende, además, que la clave de este modelo es que se haga de forma “normalizada” dentro del sistema y no con un personal especialmente dedicado a ello.

La ONG Médicos del Mundo Navarra organiza este 12 de noviembre, a partir de las 09:30 horas en el recinto Civican de Pamplona, una jornada sobre derechos humanos y violencias contra las mujeres. La cita pretende repasar cuestiones como la mutilación genital femenina, la violencia sexual o la trata con fines de explotación sexual. En este último caso, la ponente será Beatriz Sagrado Roberto (Montevideo, 1953), fisioterapeuta, consultora en género, violencia y salud, y vocal de Derechos Humanos, Género e Incidencia Política dentro de la Junta directiva de Médicos del Mundo España.

Un día después de la marcha del 7 de noviembre en Madrid contra la violencia machista se confirmaba el asesinato de cuatro mujeres en 72 horas. Y la estadística oficial del Ministerio de Sanidad apuntaba a 44 víctimas mortales en lo que va de año por violencia de género. ¿Cuál es su valoración?en 72 horas

Pues que, lamentablemente, la cifra es mayor. El Gobierno siempre da datos inferiores, porque toma unos determinados modelos, como el asesinato de mujeres dentro de una relación familiar o de una relación personal, pero varias organizaciones calculamos que serían entre 81 y 82 mujeres asesinadas.

¿Qué cree que tiene que cambiar?

Tememos que cambiar de modelo. El actual es el machismo, y está relacionado con la formación de los hombres como eje central de una masculinidad mal entendida. También tiene que haber una desaprobación social, que la hay, y políticas públicas específicas en esta materia, así como una conciencia de que este es un problema de todas las partes. Estamos ante una cuestión de Estado.

¿Cuál es su balance del 7N? La organización habló de 200.000 personas.200.000 personas

Movilizaciones así ayudan a visibilizar esta lacra y a decir que hay una parte importante de la ciudadanía que quiere un cambio. Y este hay que hacerlo desde que las nuevas generaciones son pequeños y pequeñas.

Desde juzgados de violencia como el de Pamplona o la asesoría jurídica gratuita a mujeres maltratadas de la capital navarra se advierte de la presencia de este tipo de conductas machistas en la juventud. ¿Qué falla?el de Pamplonala asesoría jurídica gratuita

Es lamentable que cada vez se vea la violencia en parejas cada vez más jóvenes, y todas las partes tenemos nuestra cuota de corresponsabilidad. Este tema debería estar clarísimo en las agendas políticas y, ahora que estamos en periodo preelectoral, cabe preguntarse cuántos partidos son los que abordan este tema. Porque no creo que lo hagan con la importancia que tiene. Unos lo mencionan más que otros, no digo que no, y en la marcha estaban, pero yo soy muy crítica, y me da igual el color político, porque sí aparecen el día de la foto pero después está lo que se hace durante todo el año, y este tema no se incorpora con la importancia que tiene y con su urgencia. Porque los recortes también han afectado a este tema. Se aprobó, por ejemplo, el segundo plan contra la trata de mujeres [el gabinete Rajoy lo anunció en septiembre de este año, tras emplear desde 2012 el que preparó el gobierno Zapatero], pero tras más de dos años de retraso. Esperamos que haya cambios, y no solo en periodos pre-electorales.

En Navarra, también al final de la pasada legislatura, se aprobó una ley foral contra la violencia hacia las mujeres que, por ejemplo, especifica los tipos de violencia como la física, la psicológica, la sexual o la económica. Leyes que son avanzadas en teoría, ¿después logran resultados en la práctica?al final de la pasada legislatura

Primero debe haber una evaluación y un seguimiento de las medidas que se vayan tomando. Y luego hay que rendir cuentas.

En su caso, usted hablará en la jornada en Pamplona sobre un tema en concreto: la trata de personas con fines de explotación sexual.

La ciudadanía está sensibilizada sobre la trata, pero hay otra parte que sí lleva a un debate político, que es la prostitución. No podemos hablar de una sin la otra. La prostitución está sumergida en un mercado del sexo en el que los primeros que ganan son los estados y, luego, hay unos actores que mueven muchísimo dinero. Se calcula, según la fundación Scelles en un informe realizado en 2011, que entre 20 y 40 millones de personas están prostituidas en el mundo, y el 75% tienen entre 13 y 25 años. En España, según fuentes como la Guardia Civil o la Policía Nacional, se calcula que hay entre 300.000 y 500.000 personas prostituidas, que generan 18.000 millones de euros. Y si se mueven esas cifras es porque hay una demanda. La gente piensa habitualmente que una mujer puede decidir prostituirse, pero no pensamos en qué la lleva a ello.

Médicos del Mundo es una entidad abolicionista con la prostitución, pero otros colectivos sociales (como Amnistía Internacional, que ha apostado por su despenalización en el mundo) no. Y el debate persiste.una entidad abolicionista

Sí es cierto que se necesita un debate en profundidad. No todas las mujeres que ejercen la prostitución son víctimas de trata, pero las causas por las que ejercen van más allá. Hablamos de pobreza, situaciones de vulnerabilidad, no igualdad de oportunidades, conflictos armados, catástrofes naturales…Y hay que analizar esas causas estructurales que llevan a una mujer a tomar esa decisión. ¿Es una opción libre o una alternativa de supervivencia? Yo creo que la respuesta es bastante clara.

Por el momento, sigue sin haber novedades sobre la acogida en Navarra de personas refugiadas, pese a la llegada a España de las primeras siete personas (de las 19 originalmente anunciadas) reubicadas desde Italia. Esta falta de concreción ha motivado nuevas acciones por parte de la plataforma Iruña ciudad de acogida, que agrupa a casi una veintena de colectivos sociales y entidades: una de las primeras será redirigir las muestras de solidaridad en Navarra de personas interesadas en colaborar ante esta crisis humanitaria hacia Calais, en Francia. El objetivo es, a mediados de diciembre, enviar entre 15 y 20 toneladas en un camión de comida y ropa para las personas refugiadas. Y, para ello, diversas ONG habilitarán puntos de recogida, en principio también para recabar donaciones económicas.

Iruña, ciudad de acogida, es una plataforma ciudadana (informal, se presentará en próximas fechas) que reúne a diversos colectivos que habitualmente abordan temas migratorios, como SOS Racismo, la Coordinadora de ONGD en Navarra o Amnistía Internacional, entre otras, que se reúne para coordinar la ayuda que había ofrecido la ciudadanía diversas ONG y para mantenerse al tanto de los avances en el plan de acogida prometido por el Gobierno Foral, que ofreció a la Comunidad Foral para acoger a personas refugiadas tras la situación, entre otros, del conflicto sirio. Desde la plataforma ya han pedido al Ejecutivo navarro que realice más medidas de presión al Gobierno central, ante la falta de avances a la hora de recibir a estas personas: hasta el momento, se anunció la llegada de un primer grupo de 16 personas refugiadas, procedentes de Ceuta y Melilla, pero esa noticia se ha retrasado, sin concretarse nuevas fechas.

Por ahora, según anunciaron desde el Gobierno Foral en unas recientes jornadas sobre la situación de las personas refugiadas por el Colegio de Médicos de Navarra, sí han venido a la Comunidad Foral dos mujeres procedentes de Honduras desde Barcelona pero, según detallan desde Cruz Roja Navarra, se trata de dos personas que han seguido el sistema habitual para solicitar asilo y, por tanto, no están vinculadas al plan de acogida para la crisis de refugiados. Fuentes forales afirman, por otro lado, que sigue sin haber novedades sobre nuevas llegadas.

Desde la ONG Sodepaz, también integrante de Iruña, ciudad de acogida, ya adelantaron que los colectivos sociales navarros se planteaban cambiar de estrategia y, en lugar de pensar en el plan de acogida, ante su falta de avances y la cercanía del invierno, canalizar por ahora esas muestras de solidaridad hacia zonas fronterizas. El portavoz de la entidad en Euskadi y Navarra, Xabier Aguirregabiria, ya avanzó que se planteaban una recogida de comida y mantas, y este pasado día 9, en una nueva reunión de la plataforma, se empezó a dar forma a esa campaña. Por el momento, se ha hablado ya con el Banco de Alimentos de Navarra, según detallan fuentes de la entidad, para poder contar con productos básicos (arroz, por ejemplo), como los que se facilitan a otras entidades benéficas.

El día 21, manifestación en Pamplona

Así, diversas ONG aspiran a recabar dinero, ropa y alimentos para destinar entre 15 y 20 toneladas en un camión hacia Calais (Francia). El destino se ha escogido después de que personas participantes en las reuniones conocieran la zona en una reciente marcha en Bruselas y comprobaran (en la zona operan organizaciones como, por ejemplo, Médicos del Mundo) que no disponen de campamentos al uso (eldiario.es ya contó en este reportaje cómo es el campamento de La nueva Jungla) y que, según expone Aguirregabiria, las autoridades locales hayan puesto dificultades para realizar este tipo de campañas de donación en la zona, pero no impiden su llegada desde fuera.

En cualquier caso, desde Iruña, ciudad de acogida hablan de este proyecto como “una primera experiencia”, aunque se plantean llegar a más zonas. Tampoco es la única actividad prevista en Pamplona. La plataforma, además de presentarse oficialmente, prevé convocar una manifestación el próximo 21 de noviembre, a partir de las 12:00 horas, que quiere partir del Ayuntamiento de Pamplona, pasar por la sede del Gobierno de Navarra y acabar ante la Delegación del Gobierno en Navarra. El objetivo de la marcha es exigir más celeridad a las instituciones en la respuesta a esta situación y sensibilizar a la ciudadanía sobre la crisis humanitaria.

“Soy consciente del lío en el que estamos desde el primer minuto”. La concejala pamplonesa de Bienestar Social e Igualdad, Edurne Eguino, se ha referido de esta forma a las diferencias dentro de la Junta de Gobierno local sobre cómo designar la ya antes polémica plaza Conde de Rodezno de la capital navarra, después rebautizada por el equipo de gobierno como Serapio Esparza. Eguino, la única edil de I-E dentro del Ayuntamiento y de la Junta, se desmarcó de esa propuesta y ahora ha vuelto a hacerlo, en este caso de la medida contemplada por EH Bildu y Geroa Bai para intentar reconducir la situación: que el nuevo nombre de esta céntrica plaza, situada en el Segundo Ensanche de Pamplona, se decida mediante una consulta popular. Eguino ha defendido que, si se organiza una medida de este tipo, debería ser “más amplia” para decidir qué ocurre, por ejemplo, con el Monumento a los Caídos, una de las grandes polémicas planteadas por las asociaciones vinculadas a la memoria histórica.

Las diferencias, por tanto, dentro de las cuatro fuerzas que apoyan al alcalde de Pamplona, Joseba Asiron (EH Bildu), y que han suspuesto la primera fisura pública dentro del equipo de gobierno de la ciudad, se mantienen. Eguino, no obstante, ha empezado su conferencia de prensa insistiendo en que no hay “en absoluto” una crisis de gobierno en Pamplona, pero sí ha mantenido sus discrepancias con la decisión que anunció en su día la Junta de Gobierno, cuando decidió rebautizar la plaza Conde de Rodezno, que hacía referencia al que fuera ministro de Justicia con Franco, como Serapio Esparza. Este fue un arquitecto municipal y uno de los principales referentes del Segundo Ensanche, pero también siguió trabajando después de 1936, cuestión que, por ejemplo, destacó la asociación de familiares de fusilados de Navarra, affna36, para proponer otro nombre alternativo: plaza de la Libertad.

Esa propuesta, finalmente recogida en una moción y presentada por el PSN, fue debatida la semana pasada en el pleno municipal y aprobada con los votos de UPN, PSN, la abstención de parte de la representación de Aranzadi y el voto, también a favor, de la propia Eguino. Así las cosas, ahora mismo la plaza se denomina Serapio Esparza tras la decisión adoptada en la Junta de Gobierno (según Eguino, por decisión únicamente de EH Bildu y Geroa Bai), pero una moción insta a que se llame plaza de la Libertad y la competencia, cabe recordar, es exclusivamente de Alcaldía.

¿Y qué pasa con el Monumento a los Caídos?

En este “fregado”, como lo ha denominado Eguino, la puerta de salida que se planteó por parte del gobierno fue que el nombre se decidiera en una consulta ciudadana. Y a Izquierda-Ezkerra, la coalición que conforman Izquierda Unida y Batzarre (y que también tiene integrantes dentro de la mencionada affna36) no le convence. En un comunicado, recuerdan que su apuesta electoral fue por el derribo del Monumento a los Caídos (del bando nacional), y en el que aún descansan los generales Mola y Sanjurjo, y por ello cree que, si se convoca un proceso de participación, este debería ser más extenso y abordar qué ocurre con todo este espacio.

Tras más de dos meses de dimes y diretes, la sensación por tanto es que el debate en torno a la plaza Conde de Rodezno se ha sustituido por el de la plaza Serapio Esparza. Y Eguino insiste en que ha habido una “mala gestión” de este tema por parte de la Alcaldía y que ello “ha desembocado en esta falta de apoyo”, incluida la de las asociaciones memorialistas, que han propuesto nombres alternativos (caso de Affna36 o Txinparta) o un proceso de consulta (la coordinadora de pueblos por la memoria Amapola del Camino).

¿La ciencia puede ser divertida? Buena parte de la audiencia televisiva se habrá replanteado la respuesta tras el éxito de la serie The Big Bang Theory. Pero el objetivo de la semana de la ciencia, que entre el 9 y el 15 de noviembre se desarrolla en Pamplona, va más allá de convertir una sitcom sobre un grupo de físicos en una moda. Se trata de hacer la ciencia accesible en un doble sentido: en un lenguaje comprensible para un público de todas las edades y con unas actividades se desarrollan, por así decirlo, fuera del laboratorio (aunque no todas, porque también se incluyen jornadas de puertas abiertas a diversos recintos, como el Centro de Investigación Médica Aplicada de la Universidad de Navarra).

“El mantra que siempre nos acompaña, y que otra vez intentamos romper, es que la ciencia es aburrida, difícil o que se hace únicamente dentro de un laboratorio. Queremos romper ese mito y demostrar que de difícil no tiene nada, que puede ser divertida y que resulta apasionante”, explica Fernando Jáuregui, astrofísico del Planetario de Pamplona. Y, para el mundo científico, el resto está en acercarse a todo tipo de público en un lenguaje que no deje de ser preciso pero que sea fácilmente comprensible. Porque la comunicación, según reconocen desde la organización, es uno de los grandes debes de la ciencia.

La cita, que viene celebrándose (y en toda España) desde 1993 (habitualmente, está organizada en la semana en la que se celebra San Alberto Magno, porque también hay un patrón de la ciencia, que tiene lugar el 15 de noviembre), en Navarra está preparada por el Club de Amigos de la Ciencia, la Universidad Pública de Navarra (UPNA), la Universidad de Navarra, el Gobierno Foral y el Planetario de Pamplona. Todos los actos son gratuitos.

Por ejemplo, según ha explicado el Gobierno Foral a través de un comunicado, durante esta semana se organizarán en la capital navarra conferencias muy diversas, sobre cuestiones como la malaria, los neutrinos, la resistencia a los antibióticos o una revisión del éxito de las películas de ciencia ficción desde el punto de vista de la Biología. Entre las actividades más llamativas recogidas en el programa, destacan actividades como la ponencia del catedrático de Microbiología de la Universidad de Navarra Ignacio López-Goñi sobre Ciencia y humor: tres lecciones de los microbios (día 10, 12:30 horas, en el salón de actos del edificio del hexágono); una charla, muy al estilo de la iniciativa ciencia en el bar, que invita al público a preguntar Lo que siempre quisiste saber y no te atreviste a preguntar (día 11, 20:00 horas, en el Kafe Zentral); la charla divulgativa Los misteriosos fenómenos desde que enciendes el fuego hasta que la patata está cocida (día 12, 19:00 horas, en la cafetería de El Sario de la UPNA); o el paseo científico por Pamplona (día 13, 18:00 horas, salida desde la puerta del Archivo General de Navarra).

Uno de los últimos actos de la semana, por cierto, será el espectáculo (en este caso, es necesario recoger antes la invitación) The Big Van Theory (día 14, 19:00 horas, en el Planetario de Pamplona), en el que científicos repasan con monólogos las claves de su campo de investigación. En este caso, la palabra van hace referencia a su tour en furgoneta por diferentes ciudades. Humor y ciencia lejos del televisor.

¿Puede cambiarse el uso de las Bardenas Reales, si este está acordado durante años? La clave, aseguran desde la Asamblea Antipolígono, está en que el Ministerio de Defensa elimine la declaración de interés preferente para la Defensa Nacional (ZIDN) de parte de este entorno, tramitación aprobada en el año 2000. En realidad, el terreno funciona como polígono de tiro desde 1951, gracias al acuerdo (el primero se produjo en periodo no democrático) entre los diversos gobiernos centrales y los pueblos e instituciones de la zona (los llamados entes congozantes) y la correspondiente compensación económica que reciben estas entidades locales, que ha permitido los continuos ejercicios del ejército en esta zona de unas 2.244 hectáreas (las Bardenas tienen una dimensión total de unas 41.800).

El último acuerdo entre ambas partes se firmó en 2008 y, en principio, se cerró hasta 2018, con una posibilidad de prórroga prácticamente automática hasta 2028, razón por la que diversas voces contrarias a estas operaciones militares se cayeron de la oposición al recinto. Esta oposición, por otro lado, también ha estado marcada por intereses políticos que han dividido las movilizaciones. Ahora, coincidiendo con las maniobras de la OTAN que se han desarrollado hasta este comienzo de noviembre, las Bardenas han vuelto a ser el blanco del debate.

Preguntados sobre su posición en torno al polígono y a las últimas movilizaciones, desde el Ministerio de Defensa defienden que la Defensa Nacional “es una competencia del Estado”, así como “los acuerdos en virtud de los cuales España es miembro de organizaciones internacionales”, como en este caso la OTAN, impulsora de las maniobras bautizadas como Trident Juncture. Ya en julio, el Ministerio de Defensa confirmó estos ambiciosos ejercicios militares, que incluyen a 30.000 militares de 30 países diferentes. Entre sus múltiples emplazamientos en España, Italia y Portugal, el mar Mediterráneo y el Océano Atlántico, figura el polígono de las Bardenas, al menos desde el 19 de octubre y hasta el 6 de noviembre. En este caso, según precisan desde el Ejército del Aire, se ha tratado de ejercicios de disparo aire-suelo y estos se programan según las necesidades de la instrucción: hay semanas sin disparos y otras en las que ocurren cada día. La clave en la que han insistido es en que se hacen sin cargas explosivas. Estas se reservan para un ejercicio al año: el bautizado como tormenta, que habitualmente tiene lugar en mayo o junio.

Desde organizaciones como la asamblea de antimilitaristas Bardenas Ya! también criticaron recientemente, antes de la celebración de una manifestación en Tudela contra el polígono de tiro, este tipo de ejercicios, porque el espacio es usado de forma asidua para el adiestramiento de pilotos del Ejército del Aire, de ahí que las críticas al polígono disten mucho de ser algo puntual.

Desde Ejea de Caballeros (Aragón) lo conocen bien, porque en sus terrenos se han producido algunos de los accidentes sufridos a raíz de estos ejercicios militares. El 13 de marzo de 2000, por ejemplo, dos F18 colisionaron y cayeron a unos dos kilómetros de Ejea de los Caballeros, según se recuerda en este artículo de El País. Un capitán falleció en el siniestro. El alcalde de la pedanía de Pinsoro, José Luis Ruiz Baines (IU), explica que su pueblo se encuentra a apenas siete kilómetros de la instalación militar y, dado que los vuelos parten de la base de Zaragoza, a menudo se escucha su paso. “Los militares, por ejemplo, dicen que no sobrevuelan núcleos urbanos, pero hay mucho oscurantismo”, sostiene.

Ruiz es, además, a título personal, integrante de la plataforma No a la Guerra, de Ejea y pueblos, que cada primero de junio participa en la marcha contra el polígono organizada (desde 1988) por la Asamblea Antipolígono. Se da la circunstancia de que, pese a la cercanía de esta localidad zaragozana a la zona, no es una de las 22 entidades que conforman la Junta de las Bardenas, las llamadas localidades congozantes, que son el ente tradicional que firma el acuerdo con el ministerio y el que recibe una compensación económica por ello. Entre ellas, se incluyen municipios del entorno, el valle del Roncal, el de Salazar y el monasterio de la Oliva. Según los cálculos que recordó la Asamblea Antipolígono recientemente ante el Parlamento de Navarra y que confirman fuentes de la Junta, tras la renovación del acuerdo de 2008, estas pasarán a cobrar 7 millones de euros al año (más IPC) durante los diez primeros años y 14 al año durante la década siguiente. Cabe recordar que solo el municipio de Peralta votó en contra dentro de la Junta. Y en el anterior acuerdo, en 2001, hubo 15 votos a favor, seis en contra y uno nulo.

“Estaría ahí de una u otra manera”

Alfonso Mateo es exalcalde (PSN) de Valtierra y actual miembro de la comisión permanente de Bardenas, dentro de la comunidad que se encarga de firmar esos acuerdos con el ministerio. Asegura que en la oposición al polígono ha habido “muchos bulos”, pero también matiza que “yo también soy antipolígono”. ¿Cómo se entiende, entonces, que la instalación se mantenga en activo? Mateo defiende que “yo no estoy a favor del polígono, pero tengo que actuar de la mejor manera posible, porque iban a estar aquí de una manera o de otra, así que lo que intentamos es que sea con el acuerdo más beneficioso posible”. De lo contrario, cree que el Gobierno optaría por la expropiación. Y, por ello, defiende que el único con capacidad para derogar ese contrato es el Estado, de ahí que 2018, el momento en que se duplica el pago del canon, se presente como una fecha clave, aunque quienes critican el recinto temen que se opte por una prórroga automática.

Las razones para oponerse al polígono son, según coinciden diversas fuentes críticas consultadas, el riesgo que suponen esos ejercicios, por la apuesta antimilitarista, por el impacto para la ciudadanía de la zona (insisten en la contaminación ambiental y acústica) y, también, por la contradicción que supone que esta instalación perviva al situarse junto a una zona desértica pero turística, a menudo conocida por ser escenario de rodajes y que, desde 1999, es parque natural y, desde 2000, Reserva Mundial de la Biosfera. Desde Defensa defienden que la existencia del polígono “ha favorecido la conservación” de este hábitat, mientras desde Ecologistas en Acción, integrantes de la Asamblea Antipolígono, se preguntan por qué “si hay una joya que preservar, se permite que sigan estas instalaciones (militares)”.

“Esta es una carrera de fondo”

Pese a estas razones, y pese a que muchas entidades coinciden en ellas, otra cuestión es que eso las reúna a todas en las movilizaciones. Bardenas Ya!, junto a diversas asociaciones y partidos como EH Bildu, Geroa Bai, Podemos o Equo, participaron el pasado día 25 en una manifestación en Tudela que, no obstante, no ha estado apoyada por ejemplo por la Asamblea Antipolígono, señal de que las (históricas) diferencias en la oposición al polígono todavía se mantienen.

La entidad está ahora integrada por Izquierda-Ezkerra, el Partido Carlista, Ecologistas en Acción y personas independientes, e insisten en que, más allá de estas diferencias y de intereses electorales, es clave que las instituciones se movilicen para desmantelar el polígono porque, recuerdan, esta es “una carrera de fondo”. Por los años que han pasado desde aquel 9 de junio de 1951, cuando la Junta de Bardenas y el Ministerio del Aire firmaron el primer contrato de alquiler por medio siglo (en dos periodos de 25 y 25 años) y alrededor de 20.000 pesetas más el IPC, hasta los que quedan por delante de funcionamiento, por el momento acordados hasta 2028 con un coste total de 210 millones de euros. Si el polígono sigue activo.

“La sexualidad es importante y no la podemos obviar. De una forma o de otra, la juventud recibe mensajes. Por eso la escuela es importante”. La educadora del centro Andraize Montse Velasco explica de esta forma por qué este servicio, el primer centro de planificación familiar público que se impulsó en España hace 37 años, y por presión popular, reivindica la necesidad de incluir en el currículo escolar la educación afectivo sexual. Pero no para hablar únicamente del uso del preservativo y los riesgos, sino sobre todo para reflexionar sobre “sexualidad, emociones, deseo, enamoramiento, de ligar…”. Porque insiste en que ahí la juventud recibe mejor el mensaje.

Andraize es, precisamente, uno de los centros que, en el borrador del decreto sobre salud sexual y reproductiva que ha preparado el Gobierno Foral, pasaría a ser uno de los nueve servicios de salud sexual y reproductiva, y uno de los dos primeros donde podrían realizarse interrupciones voluntarias del embarazo farmacológicas en el sistema público navarro. Pero ese borrador del Departamento foral de Salud también apuesta por colaborar con Educación para que se trabaje la educación afectivo sexual, la coeducación y la educación en valores en las aulas, algo que ahora depende más de cada profesorado o cada centro educativo.

Que Andraize, centro situado en el barrio pamplonés de la Chantrea, es un referente en ese borrador es evidente. Y que, de llevarse adelante, puede afectar de alguna manera a esos talleres que organizan colectivos sociales, también. No obstante, según explica el integrante de la coordinadora Gozamenez/Con mucho gusto Ángel Leranoz, siempre puede haber cabida para realizar diversas funciones, aunque reconoce que sería “una buena noticia que tuviéramos que desaparecer porque se aborda la educación afectivo sexual en los colegios”.

Gozamenez es un programa sobre sexualidad y juventud con financiación del Gobierno Foral y que cumple 15 años. Se trata, explica Leranoz, de no centrarse tanto en las relaciones en torno al coito y las enfermedades o riesgos que puede conllevar, sino de hablar de la sexualidad también como algo vinculado al placer, a los sentimientos y a conocerse a uno mismo. Esto se organiza a través de talleres, por ejemplo en diferentes ayuntamientos, en los que se forma a monitores y monitoras de otras actividades para que puedan abordar esta materia.

¿Cuesta hablar de sexualidad?

Es, por tanto, una forma menos habitual de hablar de algo que aún es un tabú, y que a menudo genera debate en una sociedad como la navarra. El borrador del decreto del Gobierno Foral habla de promover una educación en valores, pero también contempla promover medidas de prevención de embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, abortos o la violencia de género. Desde diversos sindicatos ya se preguntan cómo se llevará a cabo la medida, si dentro del currículo (así se recoge en el borrador), como parte de las tutorías o con una nueva asignatura.

Leranoz, por su parte, opina que “estamos en un momento complicado, porque cada vez se tiene más acceso a los contenidos sexuales (menciona la televisión o Internet), pero a la vez cuesta que la juventud hable de la sexualidad”. Afirma que, hasta la fecha, no le consta una reacción negativa por parte de padres o madres de los y las participantes, pero en todo caso recuerda que optar por no hacer educación sobre ello “también es educación”. Es lo que Velasco, que colabora con el programa (que incluye a los centros Andraize e Iturrama, y a asociaciones como Hegaok, Sare, el Consejo de la Juventud, Kattalingorri o la Comisión Ciudadana Antisida), describe como “la sexualidad del silencio”. Y argumenta que hablar de sexualidad también es “hablar de diversidad, de que somos diferentes, de hacer que la gente se quiera”.

Una de las iniciativas en este sentido es el concurso de cortometrajes organizado a través de Gozamenez. La cita, que afronta ahora su tercera edición (en la actualidad hay 15 propuestas inscritas, aunque el plazo se han prolongado hasta mediados de mes) pretende que la juventud cuente a través de un corto cómo ve la sexualidad, qué le atrae o le gusta. Y cuenta con dos categorías, entre 12 y 17 años y de 18 a 25. Javier Gorraiz e Idoia Ilzarbe ganaron la de mayores en 2014. Gorraiz, de 24 años, que estudió Trabajo Social y realizó un Master de Intervención Social, colaboró en el programa Gozamenez y vio el concurso como una oportunidad para probar en la realización de una obra audiovisual. Y, sí, de hablar de sexualidad, que es algo que ocurre a menudo pero “de forma muy reduccionista”. Y lamenta que hablar sobre relaciones es “un discurso que todo el mundo conoce, pero que en la práctica no se nota”. Percibe un cambio, eso sí, y confía en que “sigamos en esa línea”.

Desde el Ministerio de Defensa confirman que esta 6 de noviembre terminan los ejercicios y empieza la fase de repliegue

Desde el pasado 19 de octubre, Bardenas Reales era uno de los puntos en los que se ha desarrollado este ambicioso operativo, en este caso con ejercicios de disparo sin carga explosiva

La Asamblea Antipolígono y el colectivo Bardenas ya! insisten en que no se puede esperar hasta 2028, cuando termina el acuerdo entre Defensa y la Junta de Bardenas, para encontrar una solución

Las maniobras de la OTAN llegan este 6 de noviembre a su final; el debate sobre el uso del polígono de tiro de las Bardenas Reales continúa. Diversos colectivos que piden el desmantelamiento del recinto insisten en que es necesario mantener las acciones de protesta contra un polígono que, ahora, según confirman fuentes del Ministerio de Defensa, recuperará su calendario habitual. Desde la Asamblea Antipolígono insisten, no obstante, en que este no ha sido un año al uso en las Bardenas Reales, especialmente tras uno de los accidentes registrados, el que tuvo lugar el pasado mes de julio y en el que una persona resultó herida leve tras el rebote de un disparo fuera del perímetro de seguridad.

Desde el Ministerio de Defensa aseguran que “no había precedentes” de este caso. Según relatan, se produjo después de que una bala disparada desde un helicóptero en un ejercicio de ametrallamiento rebotara e impactara en un vehículo que circulaba por un camino que rodea al polígono. El afectado resultó herido leve en el homoplato izquierdo, según se precisó entonces desde SOS Navarra. Desde el Ministerio insisten en que a este accidente se respondió suspendiendo entonces los ejercicios y, después, aumentando la altura y la distancia a la que se realizan este tipo de disparos.

El accidente provocó críticas por parte de diversos partidos políticos, que pidieron en el Parlamento de Navarra que se desmantelara esta instalación, creada en 1951 y situada junto a un parque natural reconocido como tal en 1999. En principio, tras el acuerdo entre Defensa y las llamadas entidades congozantes de la zona, el acuerdo de uso se prolonga por lo menos hasta 2018, prorrogable después hasta 2028. ¿En qué situación deja eso a la oposición al recinto?

Milagros Rubio, portavoz de la Asamblea Antipolígono, insiste en que “seguiremos movilizándonos como hemos hecho durante 30 años”. Desde el colectivo, integrado por I-E, el Partido Carlista, Ecologistas en Acción y personas independientes, insisten en que esas movilizaciones pasan por pedir el desmantelamiento, defender la apuesta pacifista y por el medio ambiente y presionar a la Junta de Bardenas, formada por esas entidades de la zona (son 22 entidades, desde ayuntamientos al Valle de Salazar, el del Roncal y el monasterio de la Oliva).

La asamblea, no obstante, no participó el pasado día 25 en la manifestación contra el polígono que tuvo lugar en Tudela, por, entre otras cuestiones, considerar que era electoralista. La iniciativa antimilitarista Bardenas ya! sí lo hizo, y uno de sus integrantes, Óscar Rodríguez, insiste en que “no tenemos miedo a que, ahora que se terminan las maniobras, el foco deje de estar encima del polígono”.

Ejercicios de tiro aire-suelo

Desde el Ministerio de Defensa confirman que las maniobras de la OTAN, que arrancaron el pasado 19 de octubre en diversos puntos de España (con Albacete y Zaragoza como referentes), Italia y Portugal, así como en el mar Mediterráneo y en el Océano Atlántico, terminarán como estaba previsto este 6 de noviembre, fecha tras la que se iniciará la fase de repliegue. Durante las últimas semanas, en el caso de las Bardenas Reales se han programado ejercicios de tiro aire-suelo en ocasiones en dos periodos al día, bien durante la mañana y la tarde o durante la tarde y la noche. En todo caso, han insistido desde Defensa, eran disparos sin cargas explosivas, con los llamados cartuchos fumígeros que sirven para localizar dónde ha impactado el disparo.

Desde las entidades contrarias al polígono ya han subrayado que este tipo de maniobras no les tranquilizan y tampoco que, durante las jornadas, la maniobras no se hayan hecho notar tanto como se temía. No obstante, recuerdan que en otros ejercicios, como el llamado tormenta que se organiza una vez al año, sí se usa armamento real. Desde el Ejército del Aire no aclaran ahora cuáles son las próximas actividades planificadas en el polígono de tiro, y Rodríguez recuerda que esta situación, gracias al acuerdo firmado entre Defensa y la Junta de Bardenas en 2008, se puede extender al menos hasta 2028. E insiste: “No podemos esperar hasta entonces para encontrar una solución”.

UPN y PP han firmado, a un día de expirar el plazo para lograrlo, el acuerdo para concurrir juntos a las próximas elecciones generales por Navarra. Y ambas formaciones han vuelto a defender que este pacto “trunca” los planes nacionalistas en la Comunidad Foral. Pese a reconocer los dimes y diretes que ha habido en torno a este acuerdo, anunciado la semana pasada, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha insistido en que “hemos hecho lo que teníamos que hacer”, y ha asegurado que “en los temas esenciales vamos a estar de acuerdo”, a pesar de que la formación regionalista se ha cuidado de estar obligada mediante este pacto únicamente a apoyar a un candidato popular a la presidencia del Gobierno central en el caso de que se produjera esa votación.

Rajoy ha acudido este 5 de noviembre a Pamplona, en una visita a la carrera para sellar el pacto, ya que después debía hacer la misma operación en Zaragoza con el PAR y tenía previsto volver a Madrid para, en la Junta Directiva Nacional de su partido, ratificar estos acuerdos. Y el presidente lo ha hecho repitiendo sus promesas en clave electoral, la creación de 2 millones de puestos de trabajo en la próxima legislatura, la bajada de impuestos, la necesidad de “evitar experimentos” y de defender la unidad nacional.

Rajoy ha afirmado, poco después de la firma oficial y frente a la plana mayor de UPN y del PPN, que la firma contribuye a respaldar “los intereses de los navarros”. Ha asegurado que esta coalición defenderá “que Navarra es Navarra, la Comunidad Foral, la Navarra española y el bienestar de los ciudadanos”. Además, Rajoy, pese a las voces en contra del régimen foral escuchadas dentro de su propio partido, ha manifestado, al igual que ha subrayado en las últimas jornadas, su defensa del Convenio Económico.

Esta firma en Navarra, pese a ser el acuerdo tradicional (desde 1982) entre ambas formaciones de cara a unas elecciones generales, sorprende por lo manifestado por el propio presidente de UPN, José Javier Esparza, unos días antes de anunciar el acuerdo: Esparza apostó por contar con una voz propia en Madrid y con más margen de maniobra para apoyar a otras formaciones más allá del Partido Popular, pero nunca cerró la puerta del todo a reeditar el pacto. Así, la formación regionalista después justificó ese coalición como una forma de “blindar” a Navarra frente “al independentismo”.

“Tocaba unir fuerzas”

Esparza ha repetido ahora ese discurso, al asegurar que “tocaba unir fuerzas” frente a esas ambiciones nacionalistas (en Cataluña y en Navarra, ha precisado) y ambos partidos han reiterado su apuesta por eliminar la disposición transitoria cuarta, que dentro de la Constitución permite a la comunidad anexionarse a Euskadi. “El Gobierno de Navarra no cree en una Navarra diferenciada”, ha asegurado Esparza. “Por eso les ha dolido tanto este acuerdo, porque trunca sus planes”, ha recalcado, a la par que ha asegurado que en este pacto no han influido las conversaciones (que prosperaron después en pacto) entre Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E para acordar una lista unitaria para el Senado. Cabe recordar que esa posibilidad no salió adelante en la plancha para el Congreso.

“Los navarros, en su inmensa mayoría, estamos con el estado de derecho, con la Constitución y con la convivencia”, ha apuntado Esparza, en unas valoraciones en la misma línea que las realizadas el pasado viernes, cuando el Consejo Político de su partido ratificó (con un apoyo del 75%) el acuerdo con el Partido Popular.

Este pacto mejora las condiciones de UPN con respecto al firmado en 2011, al darle los dos primeros puestos en la lista de la coalición al Congreso, mientras que el PPN tendrá la cabeza de lista al Senado. Además, el compromiso de la formación regionalista es el de apoyar la candidatura popular a la Presidencia del Gobierno central en el caso de una hipotética votación. Rajoy, preguntado por los medios de comunicación sobre estas condiciones, les ha restado importancia y ha augurado que en los temas esenciales y en los económicos ambas formaciones “vamos a estar de acuerdo”.

“Son las personas excluidas dentro de las excluidas”. Ikerne Arizcuren, técnico de empleo de la Federación navarra de discapacidad física y orgánica (Cocemfe), se refiere de esta forma a las personas con discapacidad en situaciones de exclusión social. El informe Foessa presentado por Cáritas en 2014, con datos de 2013, calculaba que en Navarra alrededor del 25% de los hogares en exclusión severa tenían a una persona con discapacidad (en España era el 20,8%), un perfil que ese estudio consideraba, por tanto, especialmente afectado por la exclusión social. Una de las causas principales es la dificultad de acceso al empleo porque, como explica Arizcuren, puede haber ayudas para las empresas para contratar a este perfil, pero “se exigen contratos de un año y, ahora, ¿quién se compromete a eso?”.

Arizcuren es la responsable en Cocemfe de un programa sobre Discapacidad e inclusión sociolaboral, que se desarrolla desde 2010 mediante subvenciones del Gobierno Foral, a través del Servicio de Atención al Desarrollo e Inclusión de las Personas. El presupuesto ronda los 27.066 euros. Habitualmente atiende a unas diez personas, además de seguir los casos del anterior ejercicio (este año, en concreto, son cinco), y entre sus diferentes actividades está el desarrollo de un taller para que las personas atendidas logren más autoestima. Esta técnico de empleo reconoce que habitualmente la han perdido tras tanto tiempo sin entrevistas de trabajo: “Son personas que están hartas y que, a poco que levantan la cabeza, sienten que vuelven a caer”. Otra de las funciones del proyecto es que orientadores y orientadoras laborales acompañen a las personas participantes en su búsqueda de trabajo, a encontrar cursos de preparación o, simplemente, a preparar su currículo.

Se trata, según detallan desde la federación, de analizar los problemas personales que han llevado a las personas con discapacidad a esta situación, intervenir en aquellos que más las afectan, facilitarles herramientas para intentar superarlas y, de esta manera, mejorar esa confianza en sí mismas y, en general, lograr que tengan más posibilidades de incorporarse al mundo laboral, que es la gran meta.

En Navarra se calculaba, según la encuesta sobre discapacidades, autonomía personal y situaciones de dependencia realizada en 2008 (y, por tanto, bastante desfasada) por el Gobierno Foral, que hay unas 41.600 personas con discapacidad. En cuanto al perfil de las atendidas en este programa, según precisan desde la organización a través de un comunicado, es el de personas con discapacidad física u orgánica, que ha agotado sus prestaciones, no encuentra trabajo y que destina buena parte de su presupuesto a cuestiones de salud (la federación calcula que destinan habitualmente la mitad de su salario a ello), derivadas precisamente de su discapacidad. Y la mayoría son mujeres. Ellos suelen trabajar más en empleos como operario o relacionado con la seguridad, mientras que ellas están más vinculadas a trabajos de servicios o cuidados, con jornadas parciales y, por tanto, menos ingresos, cuando ya de por sí esos empleos, denuncian, son de salarios medios o directamente bajos.

Recuperar la motivación

El programa trabaja por tanto en el empleo, la autoestima y las habilidades sociales. Porque si han perdido la motivación, eso se refleja en las entrevistas de trabajo. Las personas usuarias del servicio llegan derivadas desde servicios sociales, unidades de barrio, centros de salud mental y otras entidades sociales. La mayoría, según puntualiza la gerente de la federación, Edurne Jáuregui, han pasado “de un recurso a otro”, se sienten perdidas, agobiadas por la crisis y con una red familiar que “aguanta hasta donde aguanta”.

En esa situación, afirman desde la entidad, la discapacidad parece convertirse en un obstáculo insalvable. Desde Cocemfe, no obstante, reconocen que ven alguna mejoría en la contratación de personas con discapacidad, pero insisten en que la situación de quienes llaman a su puerta es “límite”. Y la crisis, puntualizan, sigue dejando “huella”.

Hay que “pasar de las palabras a los hechos” en el desarrollo de la nueva ley foral contra la violencia contra las mujeres (la 14/2015). Así lo ha manifestado la parlamentaria de EH Bildu Bakartxo Ruiz y esta es la posición en la que han coincidido la mayoría de los grupos parlamentarios tras la presentación, por parte de la responsable del Instituto Navarro para la Igualdad (INAI), de la situación de esta medida, ya aprobada al final de la pasada legislatura y que ahora afronta un plan de acción, con un proceso participativo para recoger aportaciones. Esta hoja de ruta fue el paso que echaron en falta colectivos sociales al aprobarse esta medida legislativa avanzada, pero que no había concretado sus medidas. Y, por el momento, falta también por conocerse el presupuesto.

La directora gerente del instituto, Mertxe Leránoz, ha explicado en la comisión de Relaciones Ciudadanas e Institucionales de la Cámara foral los pasos que afronta ese plan, para el que ya se ha contratado una asistencia técnica ante la “carencia” de personal en el área (se optó por la consultoría Likadi, de Madrid), que entre noviembre y diciembre desarrollará grupos de trabajo (desde responsables de los departamentos de Salud, Justicia, Derechos Sociales y Educación a entidades locales, universidades...), y que vivirá una fase clave en enero de 2016, cuando se redactará el mencionado plan. Los siguientes pasos serán en febrero, cuando se presente a los departamentos forales, la fase de exposición pública y, por último, se llegará al texto definitivo entre mayo y junio de 2016.

Más allá de este proyecto, Leránoz también ha afirmado que dentro del instituto “se trabaja en temas formativos, en servicios de atención, en las campañas de concienciación…”, ha destacado, a la par que ha defendido que “este es un tema, claramente, enmarcado dentro de los Derechos Humanos”.

Desde los grupos parlamentarios, por su parte, se ha destacado la sintonía en torno a esta ley. UPN, no obstante, ha considerado que no ha habido avances con respecto a lo que dejó hecho el anterior ejecutivo; por su parte, Geroa Bai, EH Bildu, PSN, PPN e I-E han afirmado que las medidas que se implanten contarán con su apoyo y, desde Podemos, se ha recordado que ya en la anterior ley sobre violencia de género, en 2002, también se acertó en el diseño pero no así en su desarrollo, que tardó demasiado (estaba previsto que durara cuatro meses y lo hizo cuatro años) y, según ha apuntado la parlamentaria Tere Sáez, acabó vulnerando el espíritu original.

Falta detallar el presupuesto

Esta nueva ley de violencia contra la mujer, tramitada con UPN al frente del Gobierno Foral durante la pasada legislatura, plantea diversos avances como especificar los tipos de violencia, desde el físico al psíquico, el sexual o el económico, y porque considera a las mujeres titulares de derechos y obliga, por tanto, a las instituciones a plantear medidas. No obstante, diversos colectivos sociales ya advirtieron de que, pese al acierto en la teoría, era necesario concretar las medidas, así como su dotación económica.

El próximo presupuesto del Gobierno Foral aclarará esta materia. Leránoz no ha adelantado el contenido del anteproyecto, porque “va a ser conocido en breve”, pero sí ha destacado que habrá partidas para el desarrollo de la ley, así como para asociaciones de mujeres (la propia comisión ha aprobado una iniciativa, propuesta por el PSN, para mejorar las ayudas a colectivos de mujeres y el presupuesto del propio Instituto Navarro por la Igualdad, afectado por los recortes durante la pasada legislatura), alegando en este caso que será “dentro de las posibilidades que ahora teníamos”.

¿Cómo se puede reducir la lista de espera del Servicio Navarro de Salud? El consejero del ramo, Fernando Domínguez, ha reconocido en diversas ocasiones que los datos le preocupan. En septiembre de este año, por ejemplo, la demora en el Complejo Hospitalario de Navarra (CHN) para acceder a una primera consulta era de una media de 64 días naturales, según datos facilitados por el Servicio Navarro de Salud. En quirúrgica, de 99. Un año atrás, eran de 88 y 109, respectivamente. Sin embargo, fuentes del personal dudan abiertamente de los balances. No obstante, hay coincidencia entre Administración y sindicatos en la necesidad de reducir las cifras de espera, otra cuestión es cómo cobra forma la solución que la Dirección ha puesto sobre la mesa: avanzar en los servicios que se prestan por la tarde en los hospitales navarros. Por ejemplo, en los quirófanos.

En una entrevista realizada por el dominical sanitario Redacción Médica este pasado 1 de noviembre, al consejero Domínguez le preguntaban sobre la posibilidad de implantar esta medida de contar no solo con un horario de mañana sino también con otro de tarde en los quirófanos, como ya se aborda en otras comunidades, y reconocía: “Lo tengo muy claro, hay que hacerlo. Abrirlos por las tardes o, al menos, prolongar la jornada de la mañana. No se puede acabar a las tres de la tarde cuando hay lista de espera. Vamos a optimizar los recursos propios, y una vez hecho esto, acudir a conciertos con otros centros si fuera necesario”.

La medida ya la ha sugerido la Dirección del CHN a la Comisión de Personal, el órgano que agrupa a los sindicatos, en la reunión que ha tenido lugar este 3 de noviembre. La cuestión ahora es aclarar cuáles serían los objetivos asistenciales, para qué tipo de operaciones, durante cuánto tiempo se mantendría y cómo se compensaría al personal (el consejero habló de horarios y de compensaciones económicas).

El director gerente del CHN, Antonio Merino, matiza que ya durante la pasada legislatura hubo momentos con ese tipo de horario en los quirófanos, pero se cerró la puerta a la posibilidad de hacer consultas externas o pruebas complementarias en esa modalidad. Merino asegura ahora que el objetivo es ampliar ese tipo de prestaciones, “mejorarlas y extenderlas”. “Seguiremos creciendo por la tarde”, apunta. ¿Durante cuánto tiempo? Insiste en que son cuestiones extraordinarias, y por tanto puntuales, pero descarta muy pocas medidas: por ejemplo, asegura que se plantearían contrataciones “en función de las necesidades”, que se seguirá operando con recursos propios en el Hospital San Juan de Dios (como si fuera un quirófano satélite del Servicio Navarro de Salud), y que se pueden estudiar ampliaciones de horarios.

La medida genera debate. Por ejemplo, el Sindicato de Enfermería (SATSE) apunta que estaría de acuerdo con unas horas extraordinarias si fuera una solución provisional mientras se amplía la plantilla (un proceso menos inmediato, por tanto) para que los quirófanos puedan funcionar también por las tardes. El representante de la central Joaquín Fernández explica que “estamos de acuerdo en rentabilizar los quirófanos, sobre todo si hay necesidad, y la hay. Pero durante la última legislatura de María Kutz (la penúltima) ya se tiró de jornadas especiales y, al final, se consiguió disminuir el problema, pero no resolverlo”.

¿Se puede mejorar en eficiencia?

En la actualidad, el horario más habitual de los quirófanos centrales y de maternidad (no los de Urgencias, que operan durante toda la jornada) es de mañana, de las 08:00 a las 15:20 horas. La posibilidad de extender ese horario, mediante las llamadas jornadas especiales (o, comúnmente, peonadas u horas extra) es ya habitual, afirman fuentes del personal, en los quirófanos, en áreas como maternal o radioterapia. Y, para reducir la lista de espera, por ejemplo desde el Sindicato Médico consideran que “hay tres opciones: derivar a otros centros, contratar más personal o aumentar los tiempos de trabajo”, enumera el secretario general del sindicato, José Luis Lera. Este, por cierto, apuesta por esa prolongación del horario.

Todas esas opciones, en cualquier caso, pasan por una mayor dotación económica, para lo que será clave conocer la dotación del departamento en el próximo Presupuesto de Navarra. No obstante, el representante sindical de ELA en el Complejo Hospitalario Javier Pérez también cree que hay alternativas para mejorar la eficiencia que podrían plantearse. Para, por ejemplo, exprimir mejor ese horario de 08:00 a 15:20 horas. Desde el Sindicato Médico afirman que se han probado ya todo tipo de medidas y, por tanto, dan esta opción por descartada, pero desde la gerencia del Complejo Hospitalario también se hace referencia a esa mejora de la actividad ordinaria, clave para actuar ante la actual situación de las listas de espera.

Perder el trabajo, quedar “en la ruina”, agobiado por las deudas, volver a casa en el pueblo (en Ezkaroz, en el Pirineo navarro) con un padre y una madre mayores y grabar un documental. Este es el recorrido que afrontó Arturo Cisneros Samper (Pamplona, 1969) para rodar I know where the money is Mom (Mami, ya sé dónde está el dinero), el largometraje documental (70 minutos, aunque tendrá una versión para televisión de 50) que finalmente prevé estrenar entre finales de noviembre y comienzos de diciembre de este año. Ese primer pase será el colofón a cuatro años de trabajo, desde que Cisneros cerró el proyecto de la sala de conciertos Artsaia hasta que ha realizado esta obra para explicarle a su madre dónde está el dinero que se perdió, en general, con la crisis económica. Y, como reza la sinopsis de la película, cuando una madre pregunta, hay que buscar la respuesta como sea.

El objetivo, explica ahora Cisneros, fue buscar a expertos en diversas partes del mundo que explicaran en qué ha consistido la crisis económica. El cine ha sido bastante prolífico en esta materia en los últimos años, con proyectos ambiciosos y bastante esclarecedores, como Inside Job (2010, en clave documental) o Margin Call (2011, en ficción), pero la clave de I know where the money is Mom está en su cercanía. Eso y su ironía, porque Cisneros se refiere a la crisis como “una estafa” y esa contundencia se refleja en el resultado, con una voz en off muy presente y un humor que, reconoce, “a veces es más fino y otras veces más grueso, pero el objetivo es que el público sonría al verla”.

Este documentalista, autor de Bagdad Rap (2004, una película muy crítica con la segunda guerra de Irak), habla de la obra como una “road movie autobiográfica”, que le ha llevado a comparar la vida en el campo en Ezkaroz con la gran ciudad, la ambición de los brokers con “las personas que sufren las consecuencias de la crisis”. Por ejemplo, en el vídeo de la canción principal de la película, To pa mí, obra de Mikel Salas, han colaborado las Plataformas de Afectados por la Hipoteca, y en la película uno de los testimonios es el de la actual alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Financiación española y mexicana

La película ha contado con financiación española (Navarra de cine) y mexicana (La Maroma), y también con la participación de TVE. Cisneros destaca que lo que captó la atención de la televisión pública fue que intentara hacer comprensible la crisis a personas mayores, en este caso a su propia madre, Fulgen Samper, que ahora cuenta 90 años. La pregunta que cabe hacerse es si finalmente lo consiguió, y el autor reconoce que su madre ha entendido la película a partes. Cuestión de la edad, o de una crisis que aún hoy en día sigue analizándose.

Aún no se puede hablar de la cantera de Zilbeti como un caso cerrado. Pese a que todas las partes han coincidido en señalar la “contundencia” de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra contra los trámites que se hicieron en pasadas legislaturas en el Gobierno Foral para tramitar el proyecto, pese a que el actual gabinete Barkos decidió no recurrir esa sentencia, ya que el Ejecutivo era el principal demandado, la vía judicial aún afronta un nuevo capítulo y el debate político, también. A la decisión de la empresa, Magnesitas de Navarra (Magna), y de varias de las entidades locales de recurrir la decisión del TSJN se suma ahora una propuesta de UPN en el Parlamento, en la que pide que el proyecto sea declarado “de interés público”.

Desde la Coordinadora Monte Alduide, una de las demandantes del caso, ya han considerado ambas respuestas como una muestra de “los últimos coletazos” de este caso. Así los interpreta el integrante de la entidad, Juan Luis Martínez Sagardia, quien duda de los recorridos de ambas vías. Desde la otra entidad denunciante, la Sociedad Española de Ornitología SEO/Birdlife, ya se insistió en que el recurso de casación a la decisión del TSJN no tenía sentido porque la sentencia estaba “blindada”: el tribunal consideró que los propios informes con los que contaba el Gobierno Foral advertían de que la explotación afectaba, y de forma grave, a un entorno, dentro del monte Alduide, protegido como Zona de Especial Conservación (ZEC).

Desde las propias entidades locales reconocieron, en primera instancia, la dureza del texto y, sin embargo, finalmente y como ya adelantó eldiarionorte Navarra, presentaron recurso tanto la propia Magna (la empresa continúa sin hacer declaraciones), el Valle de Erro, el concejo de Zilbeti y el de Eugui. El presidente de la entidad de Zilbeti, Pedro Garrido, justifica la decisión porque se trata de defender el mercado laboral que la empresa representa para la zona; y la misma opinión manifiestan desde el concejo de Eugui, que finalmente sí han presentado recurso aunque en un primer momento la Junta apostó por no hacerlo o, al menos, únicamente por apoyar el recurso de Magnesitas. Según apunta su presidente, Rafa Ventura, “parece que la vía judicial no tiene futuro, pero hay que agotarla, aunque lo veo complicado”. En principio, según apuntan fuentes judiciales, tanto si se acepta ese recurso o no como su fondo podrían resolverse en el Tribunal Supremo en un plazo de entre seis y siete meses.

Se da la circunstancia de que estos cuatro recursos de casación los han presentado entidades co-demandadas por el caso, a pesar de que el Gobierno Foral, principal demandado, ya adelantó que no lo haría porque los servicios jurídicos consideraron que no había margen en la sentencia para hacerlo. Ahora, desde las entidades locales esperan que el Gobierno dé un paso y ponga sobre la mesa alternativas laborales para una zona en la que Magna tiene un peso específico. El comité de empresa ya calculó que la firma cuenta en la actualidad con 203 empleos directos y unos 220 eventuales.

Las entidades demandantes, sin embargo, insisten en que se pueden plantear otras alternativas laborales. Por el momento, el sindicato UGT en Magnesitas calcula que en la actual mina de Eugui, cercana a la ya agotada de Azkarate y diferente a la planteada en Zilbeti, tienen trabajo para alrededor de diez años, aunque la empresa ya ha iniciado sondeos en la zona para hallar más material.

UPN defiende el “interés público” del proyecto

En cuanto al plano político, ya en un primer momento tanto UPN como PSN criticaron la decisión del Gobierno Foral de no recurrir y, ahora, la formación regionalista ha presentado una moción, ya admitida a trámite en la Mesa y Junta de Portavoces, en la que pide al Ejecutivo que declare el proyecto “de interés público”. En el texto, se justifica que esa vía es posible, y compatible con la protección de Red Natura 2000 de la zona, si se plantean “medidas compensatorias” para realizar la actividad. E insiste en que se puede llegar a esa solución “si existe voluntad por parte del Gobierno”.

La decisión de apoyar la cantera o de defender el monte ha generado tensiones entre los propios vecinos y vecinas de esta zona del Pirineo navarro. Ahora, y según apuntan desde la Coordinadora Monte Alduide, es necesario que “al final, se pase página”. Por el momento, no se puede decir que sea así.

“Lento, tarde, una respuesta rezagada…”. Daniel López-Acuña (Ciudad de México, 1954) utiliza sinónimos para repetir la misma crítica: que en la crisis de refugiados, las instituciones están respondiendo tarde y “de forma tibia”. Y lo dice un doctor en Medicina que, durante muchos años, ha sido funcionario, asesor y ha ocupado diversos cargos dentro de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo siendo director (de 2006 a 2011) de Políticas, Estrategias y Gestión de Recursos de Acción Sanitaria en las Crisis. En la actualidad, ya retirado de esas funciones, es asesor independiente y reside en Gijón. Este 27 de octubre, visita Pamplona dentro de la mesa redonda organizada por el Colegio Oficial de Médicos de Navarra con el título 'Construyamos puentes, no vallas: el drama de las personas refugiadas en Europa' (19:00 horas, en el Colegio de Médicos, entrada libre). Le acompañarán en el foro Francisco Garrido, de Médicos del Mundo Illes Balears, y Josune Legal, responsable del Plan de Acogida a Refugiados de Navarra.

Esta semana hemos podido ver imágenes de personas fallecidas en la playa de Lesbos, después de que intentaran acceder desde Turquía a costas griegas. ¿Cómo hemos llegado a esta situación?en la playa de Lesbos

El tema de los refugiados y desplazados internos que buscan asilo ha incrementado de forma impresionante en los últimos años. No hay precedentes. Se estima que, al término de 2014, había 60 millones de personas refugiadas desplazadas forzosamente en todo el mundo por persecución, conflictos, violencia generalizada o violaciones de Derechos Humanos. Si fueran un país, serían el 24 en tamaño en el mundo. Estamos ante un crecimiento logarítmico: en 2010 eran 10 millones de personas en esa situación, en 2011 fueron 14, en 2012 llegaron a 23 millones, en 2013 ya eran 32 millones… Esto refleja mundialmente un serio problema de conflictos no resueltos que se han extendido en el tiempo y han sido un caldo de cultivo para gente que se está moviendo forzosamente simplemente para sobrevivir. Y los principales países de acogida ni siquiera son los europeos: hablamos de Turquía, Pakistán, Líbano, Irán…

Pero solo parece que se reacciona cuando el problema ha estado a las puertas de Europa.

De alguna manera, la gran atención mediática y la preocupación social surgen cuando están a las puertas de casa. Más de la mitad de los refugiados vienen de tres países: Siria, Afganistán y Somalia. Son tres conflictos cronificados que es donde está el origen de la crisis, y no la podremos atajar sin que haya acciones que reduzcan ese conflicto y sin que haya espacios de distribución y seguridad para las personas en estos países.

Hablaba del interés mediático que ha surgido al estar a las puertas de Europa, pero ¿y el institucional?

Las instituciones han reaccionado tarde y muy tibiamente. Y hablamos de todas, de las Naciones Unidas y sus dispositivos humanitarios e, incluso, políticos de paz y seguridad. Han sido terriblemente ineficaces. La Unión Europea, además, no ha tenido celeridad para responder a una crisis de esta magnitud con los marcos de seguridad que serían necesarios.

Tras anunciarse el reparto de 120.000 personas, no parece haber habido avances. Las personas refugiadas no llegan a las comunidades autónomas.el reparto de 120.000 personas

Los avances son muy lentos y las cosas se empantanan en laberintos kafkianos de discusiones. Aún en octubre hubo una reunión de líderes europeos para tomar resoluciones más inmediatas, pero uno observa que no se ve que el goteo llegue a los países de la Unión Europea.

Colectivos sociales han advertido, además, que el invierno apremia y hay que tomar decisiones.el invierno apremia

Solo en el mes de octubre han cruzado el Mediterráneo 218.000 personas. Las instituciones deberían anticiparse, no para dar remedios de última hora para atender a los grandes flujos de inmigrantes que pasan por los Balcanes Occidentales hacia Alemania o Austria, sino para tener mecanismos de coordinación europea que acojan a las personas sin que pasen por los riesgos que están pasando.

Usted ha ocupado diversos cargos precisamente en una institución. ¿Esta situación no genera suspicacias sobre el papel de las instituciones?

Muchísima. Muchas voces se han preguntado dónde están las instituciones y por qué no reaccionan con más premura. Pero también lo vimos con la epidemia de ébola: a veces las instituciones se ven desbordadas por estas realidades y no reaccionan con la velocidad que se requiere. Esto plantea una gran crisis institucional de gobernanza de muchos problemas. Uno de ellos es este de los refugiados.

En Pamplona, las asociaciones de atención a personas inmigrantes ya se plantean que, en lugar de hablar de planes de acogida, habría que hacer llegar mantas y comida a donde ahora se afronta esta situación: en las fronteras.hacer llegar mantas y comida

Esta situación va a alcanzar las proporciones de una crisis humanitaria y no solo de una crisis de refugiados.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) calcula que 70 menores se han ahogado en el Egeo en las últimas ocho semanas. ¿Hablamos de responsabilidad o de vergüenza?

Es una mezcla de ambas, de falta de rendición de cuentas de las instituciones. Debería haber un plan de choque más avanzado, una decisión más activa de Naciones Unidas, llevando al tema al Consejo de Seguridad…

¿Qué soluciones apoya? ¿Crear corredores humanitarios, cambiar el estatus de refugiado para que se conceda de forma más rápida?

Habría que tener en cuenta ambas cosas: crear corredores humanitarios para resolver problemas agudos y, por otro lado, flexibilizar la figura de refugiados y solicitud de asilo. Y aquí la Unión Europea podría anticiparse, estableciendo una especie de programa agilizado de documentación de desplazados forzosos. Habría que volcar recursos y atención en Turquía, en las zonas de salida, en las de entrada… para dar soluciones más humanas a lo largo del camino y desde el comienzo.

¿La Unión Europea cambiará después de esta crisis?

Siento que la respuesta ha sido muy rezagada. Parece que va a dar una reunión especial de ministros de salud europeos para discutir el tema… pero el invierno está llegando más rápido que las deliberaciones. No hay más remedio que, ante el invierno y a pesar del rechazo de muchos países receptores, montar un dispositivo humanitario transfronterizo en la zona de los Balcanes y en países como Grecia o Italia, aunque también participen otros países.

“Una cláusula suelo puede ser legal, pero no cómo se ha comercializado”. Alberto Lazcoz (Pamplona, 1977), periodista y responsable de comunicación de la asociación de consumidores Irache, en Pamplona, hace esta precisión para evitar confusiones al hablar de las cláusulas suelo, un límite por lo bajo en las hipotecas que garantiza a las entidades bancarias cobrar un mínimo en el caso de que el diferencial (por ejemplo, el Euríbor) caiga por debajo de ese límite. Hasta el momento, Irache ha presentado 309 demandas por este tema y, en la actualidad, ultima otra que reúne a 165 personas. E insiste en que la idea es seguir haciéndolo, a pesar de que en España el Tribunal Supremo pone un límite a esa reclamación (mayo de 2013). La cuestión ahora es si la Justicia europea abre la puerta (más aún) a una reclamación total. Lazcoz explica, paso a paso, la situación.

¿Cómo valora el informe de la Comisión Europea (para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea) sobre las cláusulas suelo?el informe de la Comisión Europea

El informe de la Comisión Europea ha llegado a una conclusión diferente a la del Tribunal Supremo, porque este apuntó que las cláusulas suelo con faltas de transparencia se consideraban nulas por abusivas, pero que la retroactividad solo se podía aplicar desde su sentencia [mayo de 2013, y no antes]. Y no deja de ser curioso que lo argumentase justificando que, de lo contrario, se podía provocar un trastorno al orden económico. Y es curioso porque no sé si es el Supremo el que debe velar por la economía, o más bien por los bancos. De ahí la polémica. Ahora estamos muy atentos a ver qué dice el Tribunal europeo, que será muy importante. Pero este informe sí concluye que si algo es nulo no debería haberse puesto y, por tanto, no debería tener efectos desde el momento en que se puso.

Ha habido audiencias provinciales que han optado por ampliar esa retroactividad, pero no es el caso de Navarra.

Había expectación por ver qué pasaba, y al final [el 20 de marzo de 2015] siguió el rumbo del Supremo. Otras audiencias consideraron que había una legislación europea que prevalecía, y por eso optaron por la retroactividad total. Pero aquí la audiencia siguió al Supremo, que quizá era lo más previsible.

CaixaBank, poco antes de conocerse ese informe de la Comisión Europea, anunció que retiraba las cláusulas suelo. ¿Lo previsible es que otras entidades financieras hagan lo mismo?retiraba las cláusulas suelo

La actitud de las entidades financieras responde, en mi opinión, a que pueden llevarse muchos reveses en el ámbito judicial. Y, probablemente, temían que en Europa se diera razón a los consumidores y se declararan nulas esas cláusulas.

Caja Rural de Navarra ha apuntado que, desde agosto, ha optado por ofrecer a su clientela otras vías para sustituir las cláusulas suelo. Y han recordado que la clave que se pone en cuestión de las cláusulas suelo fue su falta de transparencia, pero no el sistema en sí.

Sí, es cierto. Lo abusivo no es que haya esa cláusula, sino esa falta de transparencia, que no te hayan informado ni te hayan hecho entender qué ponía. Porque no bastaba con ponerlo en las escrituras. Hablamos de un lenguaje complicado, que la gente no entiende, y se acaba fiando de lo que le dice el del banco. Y se lo explicaron a poca gente, de hecho, en eso es en lo que se basan la mayoría de las sentencias.

Desde la Federación de Servicios de CCOO defendieron la “profesionalidad” del personal de las entidades financieras, y que si se firmaban estas era porque ofrecían unas condiciones atractivas, aunque ahora aplaudan que se devuelva el dinero si se considera que hubo abuso. Lo que cabe preguntarse es ¿quién tomaba la decisión de vender productos así?la “profesionalidad”

No lo sé, y no pondré en cuestión lo que dice CCOO. Sí da la sensación de que se respondía a una estrategia comercial del banco, como una forma de tener más beneficios. El problema es que no se informó al consumidor. Y los tribunales están diciendo ahora que debían haberlo hecho porque era algo sustancial del contrato. Se habla de media, desde 2013, de haber pagado de más entre 2.000, 3.000 y 4.000 euros.

¿Ahora cuesta menos explicar en qué consiste la cláusula suelo?

A veces, ante tanta información, y de tantos puntos de vista diferentes, cuesta que la gente entienda qué pasa, porque, por un lado, los bancos dicen que es legal, y es verdad, y a las asociaciones de consumidores nos oyen que es abusivo, y se hacen un lío. La abundancia de noticias a veces no asegura una buena información.

Y, en este momento, a la espera de que llegue la decisión desde Europa, con la retroactividad con límite del Supremo y con los bancos moviendo ficha para buscar acuerdos, ¿qué recomienda hacer a una persona afectada?

Nosotros siempre decimos que si firmaste la hipoteca hace no muchos años, y tienes la sospecha de que tu cuota hipotecaria no responde a lo que lo pone el diferencial, es probable que tenga un suelo hipotecario. Que vaya a una asociación de consumidores, donde sea, que le asesore y lo reclame.

Parece que las entidades bancarias contienen la respiración ante la posibilidad de una retroactividad total.contienen la respiración

Ahora se dice que es un crimen que los bancos puedan perder tanto dinero, pero la gente ya lo ha perdido. Si pierden tanto dinero es porque se trata de un dinero que antes se han embolsado. No creo que sea desproporcionado pedirles que lo devuelvan.

Pero, ahora, toca decidir entre reclamar con la retroactividad del Supremo o esperar a una decisión desde Europa.

Es un tema delicado. Y hay que tener en cuenta que si aceptas una propuesta del banco, es probable que figure que renuncias a hacer una posterior reclamación. Todos miramos de reojo a Bruselas pero, en cualquier caso, lo que tiene que hacer cualquier persona es asesorarse.  

“Lo que piensas que no te va a pasar nunca en la vida, que eso le pasa a otros, llega un momento en el que te pasa a ti; nunca pensé que alguien tendría que venir con una docena de huevos a mi casa”. Belén (nombre ficticio), ama de casa, resume de esta forma cómo ha acabado, con su marido, siendo usuaria del Fondo Foral de Vivienda Social del Gobierno de Navarra, un parque de (en la actualidad) 55 viviendas que se creó en 2014 para personas empadronadas que no podían acceder a una vivienda libre o protegida y que, por ejemplo, han perdido su vivienda habitual por un desahucio o una dación en pago. En el caso de este matrimonio, es el segundo caso. Y, para darlo, asegura que tuvieron que pelear mucho con Caja Laboral para lograr ese cambio. También dieron “muchos palos de ciego” porque no sabían a dónde acudir, y pasaron por pedir comida a Cáritas, a la familia y a algún vecino, y por buscar el respaldo de las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH) hasta lograr un nuevo hogar. Eso sí, Belén confiesa que todavía no puede visitar su antiguo barrio, el de toda la vida: “Quedarte sin piso es lo más duro que te puede pasar”.

La Fundación Santa Lucía, impulsada por el movimiento de comunidades cristianas Adsis, es en la actualidad la que gestiona, subcontratada por el Gobierno Foral, el Equipo de Incorporación Social en la Vivienda. Atiende a personas derivadas desde los servicios sociales de base y a las que proponen diferentes soluciones de vivienda, desde el acceso a VPO a pisos o habitaciones compartidas. El fondo foral mencionado es una de esas opciones, y, en la actualidad, tiene lista de espera; el alquiler se oferta por 150 euros al mes y la estancia máxima es de tres años.

El Gobierno Foral se ha comprometido ahora a impulsar este fondo, que durante su creación, con Yolanda Barcina al frente del Ejecutivo, recibió críticas por el escaso número de viviendas incluidas. La normativa de uso de este sistema marca que se ofrezca a personas que han perdido su vivienda en un desahucio, cuya integridad física o psíquica peligra, que viven en viviendas insalubres o que han hecho un proceso de recuperación social (como superar una adicción) y, sin embargo, tienen problemas de acceso a una vivienda. Además, tienen que comprometerse a mantener una convivencia sana y a, con el tiempo, ganar autonomía para incorporarse a una vivienda.

El director de la fundación, Gilberto Padrón, remarca que los casos atendidos (la fundación, además de gestionar ese equipo de incorporación social, cuenta con 34 casas del fondo; el resto han sido cedidas a otros colectivos, como el comedor social París 365, Cruz Roja o la asociación Síndrome de Down) son variados, aunque en alrededor de nueve de cada diez casos suelen tener una baja cualificación, a menudo trabajaban en el sector servicios y se han visto afectados por la crisis hasta agotar los subsidios.

“Cuando debes, todavía debes más”

En el caso de Belén, los problemas de la familia (tiene dos hijos mayores de edad independizados) arrancaron cuando, hace diez años, decidieron tomar las riendas del bar/restaurante en el que el marido había estado trabajando. El acuerdo con otro socio acabó en conflicto y, en torno a 2008, asumieron todas las deudas. De hecho, afrontaban una doble hipoteca por la misma casa en la que habían estado viviendo 28 años. Así, el 31 de diciembre de 2014 se vieron con el bar cerrado, con una cuota de 1.100 euros al mes por la vivienda que no podían pagar, sin paro y sin ingresos. Y “cuando debes, todavía debes más. No puedes pagar la hipoteca, haces frente a los intereses, dejas de pagar el móvil que era con tarjeta… todo se va sumando”.

En estudios como los realizados por la cátedra CIPARAIIS, de la Universidad Pública de Navarra, han definido esta situación como el círculo de la escasez, donde las necesidades se retroalimentan. Y en el caso de Belén, para salir de ahí, decidieron cerrar el bar y, de hecho, todavía tendrán que hacer frente a los pagos que asumió el Fogasa (Fondo de Garantía Salarial) por el despido de tres trabajadoras. Para ello, tiraron de la Renta de Inclusión Social (dirigida a personas en exclusión), hasta que en julio, el marido logró un trabajo en un bar de cara a los sanfermines y ahora tiene un contrato de un año que, según su mujer, “es un milagro, porque entonces cumplía 61 años”.

“Busco lo más barato, no puedo pagar más”

Desde el pasado 1 de julio, residen en una de las viviendas cedidas por el Ayuntamiento de Pamplona en el barrio de San Pedro al Fondo de Vivienda Social, y ahora aspiran a una vivienda en alquiler a la que Belén solo pone una condición: que no sea en los nuevos barrios de la ciudad, porque en ellos se siente más perdida. María (también, un nombre ficticio), por su parte, vive en San Jorge desde hace diez meses, en una de las llamadas casas de camineros, donde residía antiguamente la plantilla que arreglaba los caminos en Navarra, que quedaron desocupadas tras sus jubilaciones y que el Gobierno Foral empezó a rehabilitar para estos fines sociales. Su caso es diferente. Vino hace nueve años sola desde Bolivia a Pamplona y empezó a trabajar limpiando hogares y cuidando a personas mayores. Sin embargo, tras un accidente de tráfico y ante la posibilidad de que una de sus tres hijas perdiera un pie en Bolivia, hace dos años decidió traerlas a la capital navarra. Así, la más pequeña afrontó una operación, con un injerto, para intentar recuperar la funcionalidad de la extremidad.

Durante un tiempo, las cuatro vivieron en casa de su hermano, tres de ellas en el mismo cuarto, pero estaba dispuesta a irse “donde fuera” y buscó ayuda en los servicios sociales. Ahora, tiene un trabajo por las mañanas cuidando a personas mayores y, por las tardes, se encarga de sus hijas de 19, 12 y 11 años. Cobra un sueldo de alrededor de 700 euros al mes, no tiene días libres, recibe comida en la parroquia y cuenta con una ayuda por tener hijas a cargo y con un bono social para los pagos del suministro. Asegura que la familia tiene que privarse de muchas cosas porque “apenas llego” y, por eso, “busco lo más barato, no puedo pagar más. Mis hijas quieren estudiar inglés o hacer deporte en horario extraescolar, pero no puedo dárselo”, explica.

Sus planes ahora son solicitar una vivienda de protección y buscar un segundo trabajo por las tardes, durante unas horas. Aunque puntualiza que “dicen que la situación económica está mejor, pero yo todavía no lo he notado”. Subraya, eso sí, que su familia es “feliz”.