El Cabildo de Tenerife insiste en que el Parlamento debe tramitar la Ley Plasencia
El Cabildo de Tenerife ha aprobado este viernes en pleno una moción en la que insta al Parlamento de Canarias a promover una iniciativa legislativa que permita retirar el uso minero a los barrancos de Güímar, informó Efe.
Esta iniciativa política, que contó con el respaldo de CC y PSOE en su totalidad y en algunos apartados del resto de los grupos, se ha aprobado en el pleno del Cabildo después de que el Parlamento haya rechazado tomar en consideración la iniciativa legislativa promovida por la Corporación insular para en teoría restaurar los barrancos de Güímar, la conocida como Ley Plasencia.
La iniciativa legislativa, aprobada por unanimidad en el Cabildo de Tenerife, fue únicamente apoyada en la Cámara regional por CC-PNC, contó con la abstención de Agrupación Socialista Gomera y registró el rechazo de PP, Nueva Canarias, PSOE y Podemos, que aludieron al hecho de que tres consejerías del Gobierno de Canarias habían emitido informes “contundentes” en los que se albergan serias dudas sobre la constitucionalidad de la propuesta y sobre el impacto económico “abismal” que tendría para las arcas autonómicas.
La moción propuesta por CC-PNC y el PSOE acuerda que el Cabildo colaborará con el Gobierno canario poniendo a su disposición los medios técnicos de los que dispone la Corporación insular para que, en cumplimiento de las sentencias penales, se dé prioridad a la restauración de las explotaciones mineras en el ámbito extractivo de Güímar.
Asimismo, solicita al Ejecutivo regional que, en el marco establecido por la legislación territorial, conjuntamente con el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Güímar, analice la viabilidad de buscar usos alternativos en los ámbitos minero agotados, una vez que estos hayan sido restaurados, lo que tiene que ver con la posibilidad de permitir la actividad turística (demanda del PP en el Ayuntamiento de Güímar para sumarse a la iniciativa).
El consejero insular de Política Territorial, el socialista Miguel Ángel Pérez, se ha mostrado en contra de que su partido en el Parlamento de Canarias haya rechazado tomar en consideración la iniciativa legislativa, en la que se proponía la forma más pertinente de solucionar el problema.
Miguel Ángel Pérez ha aclarado que el Cabildo no puede clasificar suelos, y menos un suelo minero que todavía no está agotado, como es el caso de los barrancos de Güímar.
Es el Gobierno de Canarias el que tiene competencias en minas, ha añadido el consejero del PSOE, que ha explicado que las minas tienen carácter estratégico para el Estado.
No obstante, ha valorado que el Gobierno canario haya anunciado que creará una mesa de trabajo en la que también estén presentes el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Güímar para trabajar sobre la sentencia que obliga a las administraciones a diseñar un plan de restauración que sea sufragado por los condenados, entre ellos el empresario Antonio Plasencia (también condenado por la Audiencia Provincial en el caso Las Teresitas, con cinco años y tres meses de cárcel).
En relación con este mismo asunto, la diputada del PP y consejera insular Ana Zurita ha exigido que no se haga demagogia con los barrancos sino que haya voluntad para resolver problema. Según el PP, las competencias para delimitar el ámbito de protección ambiental y retirar el uso minero son del Cabildo y no del Gobierno, que no tiene “ninguna competencia para establecer los usos en un territorio”.
Los planes de restauración los tienen que pagar los condenados, tal y como dicta la sentencia, y el Cabildo no puede eximir a los condenados de cumplir esta sentencia. Ha asegurado que el PP no ha cambiado el discurso, aunque votaron a favor de la iniciativa legislativa propuesta al Parlamento “por respeto al anterior grupo popular que había en el Cabildo” y había trabajado en ella.
El consejero de Podemos Fernando Sabaté ha valorado que el Cabildo haya vuelto a abordar el problema de los barrancos, después de que de forma mayoritaria el Parlamento haya decidido no llevar adelante la iniciativa legislativa de la Corporación insular.
Ha admitido que la iniciativa legislativa presentada por el Cabildo era “manifiestamente mejorable” en sus explicaciones técnicas y políticas sobre las indemnizaciones, de ahí que el Parlamento tuviese “dudas razonables”.
Además, ha pedido al Gobierno de Canarias que regule la extracción minera y que, una vez se restaure, se potencie la agricultura en la zona, donde también se puede practicar senderismo y actividades relacionadas con la naturaleza.
El consejero de CC Félix Fariña ha lamentado que el Parlamento canario rechazase tomar en consideración la iniciativa legislativa promovida por el Cabildo de Tenerife, “cuyo único objetivo era que, de una vez por todas, cesen las extracciones en los barrancos”.
