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Los técnicos ratifican que un tercio del suelo era de Costas cuando lo compró el Ayuntamiento

Tres testigos reafirman que el deslinde cuando se llevó a cabo la compraventa del frente de la playa era “muy similar” al de 1961, y que el Consistorio no realizó los trámites para hacer suyos los terrenos ganados al mar

Al menos 31.000 metros cuadrados del frente de la playa son de dominio público marítimo-terrestre

El acusado Manuel Parejo (CC) solicitó un informe urgente para indagar si Inversiones Las Teresitas podía estar exenta del pago de impuestos por la plusvalía de la venta.

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 Vista del juicio por el del caso "Las Teresitas" (Efe)

Vista del juicio por el del caso "Las Teresitas" (Efe)

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife compró a Inversiones Las Teresitas terrenos que eran de Costas. Así de claro lo dejaron el pasado martes los técnicos que intervinieron en el juicio por el caso Las Teresitas, y así lo han reiterado este miércoles otros tres testigos, Juan Antonio Troya, Josefina Martín y José Ramón Martínez Cordero, que no dudaron en afirmar que el deslinde vigente cuando se llevó a cabo la operación de compraventa del frente de la playa era “muy similar” al de 1961.

Aunque el Ayuntamiento pudo hacer suyos los terrenos ganados al mar tras transformar la playa de las Teresitas en una playa artificial, el caso es que el Ayuntamiento nunca cumplió con los trámites para que esos terrenos fueran de su titularidad, según afirmó Juan Antonio Troya, ex técnico de la Dirección General de Costas. Por lo que cuándo en 2001 se compraron las 11 parcelas del frente de la playa por casi 53 millones de euros a los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González Martín, dueños de Inversiones Las Teresitas, al menos un tercio de esos terrenos seguían siendo de dominio público marítimo terrestre.

En el mismo sentido se pronunció Josefina Martín, ex jefa del Servicio Jurídico de Costas y segunda testigo en la maratoniana sesión novena de este juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, y en el que se solicitan ocho años de cárcel para los principales acusados, el ex alcalde la capital tinerfeña y ex senador Miguel Zerolo por prevaricación administrativa y malversación. Son los mismos y por los mismos delitos para el que, según la Fiscalía, fue su mano derecha en esta operación, calificada como un “pelotazo”, Manuel Parejo.

Parejo era en 2001 concejal de Urbanismo y hombre de negocios sanitarios fuerte en el seno de Coalición Canaria. También se piden cuatro años para los demás once acusados, entre ellos los empresarios supuestamente beneficiados con 120 millones de euros sin haber movido un dedo, funcionarios y técnicos municipales que habrían hecho posible el gran negocio que se juzga.

Josefina Martín declaró a preguntas de la fiscal que “había muchas opiniones acerca de cuál era el deslinde” marítimo terrestre que regía en 2001. Había quienes defendían que la sentencia del Tribunal Supremo de 1998 había modificado ese deslinde, pero solo eran opiniones, Yo no opinaba así”.

A esta testigo no le constó nunca que el Ayuntamiento hubiera ejercido sus derechos para hacerse con la titularidad de los terrenos ganados al mar, lo que era posible tras haber realizado obras en los mismos. Y a preguntas de la acusación popular respondió que “la Junta de Compensación no podía tener como suyos esos terrenos ya que, por el deslinde, eran de Costas”. Y es que tampoco a ella le constó que el Ayuntamiento hubiera cumplido con los trámites pertinentes para cumplir con la concesión de los terrenos, otorgada en 1967, así que, en su opinión,seguían siendo titularidad de Costas.

El tercer testigo, que en 2009 era técnico de la Gestión Integral de Dominio Público de Costas, José Ramón Martínez Cordero, indicó que tras la sentencia del Tribunal Supremo de 2007, que anuló la compraventa del frente de la playa, el deslinde vigente era el de 1961.

Este técnico declaró durante la instrucción del sumario que, en efecto, al menos 31.000 metros cuadrados del frente de la playa (en la que los empresarios querían construir hoteles) eran terrenos afectados por dominio público.

O lo que parece ser lo mismo: tanto si el Ayuntamiento hubiera hecho suyos los terrenos ganados al mar como si no y eran terrenos de Costas, se compraron a Inversiones Las Teresitas, que a su vez los compró a la Junta de Compensación, parcelas que nunca pertenecieron a manos privadas, aunque esas manos privadas se quedaran con ellos.

El cuarto testigo de los ocho que han intervenido este miércoles en la vista oral fue Ignacio González Palenzuela, extécnico del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a quien Manuel Parejo le pidió deprisa y para el mismo día, un informe sobre el monto de la plusvalía de las parcelas compradas y si la Inversiones Las Teresitas estaba exenta del pago o no.

“El modo alguno estaba (ILT) exenta del pago”, aseveró. Este técnico hizo un cálculo del valor del parcelas para calcular la plusvalía de las parcelas, pero dejó claro que el cálculo lo hizo mal, porque habría que añadirle un 40%, que cada parcela valdría unos 14 millones de pesetas, pero de valor catastral del suelo "que en nada tiene que ver con el precio del mercado”.

En efecto, la fiscal hizo un cálculo por el que el valor de las 11 parcelas compradas sería de unos 606 millones de euros (se pagaron por ellas más de 8.000 millones), pero Palenzuela insistió en que la normativa es que “el valor catastral no puede superar el valor del mercado” y también, y muy llamativo, que “la normativa dice que el valor catastral debe ser la mitad del valor del mercado”.

Las plusvalías que no quería pagar Inversiones Las Teresitas fueron recurridas “y confirmadas”. La empresa, finalmente, las pagó, dijo el técnico.

​Uno de los testigos sesión 9 Las Teresitas, Basilio Franco, ex concejal de CC en 2001. ​

​Uno de los testigos sesión 9 Las Teresitas, Basilio Franco, ex concejal de CC en 2001. ​ Tenerife Ahora

Los pequeños detalles y la amnesia generalizada

Palenzuela también fue preguntado insistentemente sobre la Comisión informativa que se llevó a cabo en el Ayuntamiento, con presencia de todos los grupos municipales, 15 días antes de que se celebrara un pleno para aprobar el convenio de la compraventa del frente de la playa. El testigo asistió como secretario del área de Economía y lo que recordó este miércoles es que nadie planteó reparos, ni se insinuó siquiera la posibilidad de una prevaricación administrativa. “La comisión se justificó por la urgencia por interés público”.

Los restantes testigos eran concejales cuando votaron a favor de la compraventa del frente de la playa. Antonio Bello, José Alberto Díez-Estabanez y Basilio Franco. Lo tres militan en Coalición Canaria y los tres mostraron tener muy mala memoria.

Antonio Bello fue concejal durante 30 años y es uno de los personajes “históricos” de la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI) en los años de la fundación de Coalición Canaria. Arropado en sus 80 años, negó acordarse siquiera de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Carla Bellini, que le interrogó en Las Palmas de Gran Canaria.

“No tengo memoria para los pequeños detalles”, dijo en referencia al Pleno municipal en el que se aprobó el convenio para la compraventa. “Como concejal no participaba en el precio”. “Se acordó la compra de la playa pero sin el precio. El precio se fijó después y se llevó a pleno”.

La fiscal centró sus preguntas en si hubo directrices del partido para votar a favor de la compra (un plan preconcebido para que toda la operación saliera bien) pero Bello dijo, por enésima vez, que no recordaba nada.

Diéz-Estébanez, que en 2001 era consejero de Hacienda y portavoz de CC (sigue como concejal de CC) tampoco tiró de mucha memoria. Negó que hubiera convocado al grupo municipal para hablar del voto para la aprobación de la compra, negó presiones y no recordaba que el presupuesto municipal hubiese tenido que ser modificado para llevar a cabo la adquisición (más de 8.000 millones de pesetas, unos 53 millones de euros), sino que el dinero salió del remanente de la Tesorería (unos 5.000 millones) y el resto, de un crédito.

“No se puso en riesgo la salud del Ayuntamiento”, sostuvo. Negó haber sabido del informe de la arquitecta municipal, Pía Oramas, que valoró los terrenos en un tercio de lo que se pagó, y aseguró que votó a favor “por el interés general”.

Es el mismo interés general que esgrimió otro testigo Basilio Franco, que en 2001 era concejal por CC del área de Medioambiente, para justificar su voto a favor del convenio para la compra. “No recuerdo si Emilio Fresco (exconcejal socialista) preguntó si estaba completo el expediente”, en respuesta a la ausencia del informe de Oramas en el mismo.

“Puede que nos reuniéramos (el grupo municipal de CC) antes de votar. No lo recuerdo”.

La declaración del testigo Juan Bertolo Cárdenas, promotor inmobiliario y que en 2001 era director ejecutivo del Ayuntamiento y asesor de Manuel Parejo, no arrojó información alguna. Como le ocurre a Antonio Bello, los años pasan factura a la memoria. O eso parece.

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