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Belén Molina

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El juicio por el caso Corredor, otra vez en 'modo pausa'

Evaristo González Reyes esquiva una vez más a la justicia, aunque sea de forma provisional y por unos meses. El que ha sido conocido como el amo de la noche en la ciudad universitaria de La Laguna, el hombre que pudo acabar con la carrera política de Fernando Clavijo o quizá quien lo salvó de un juicio, ha recusado por falta de confianza en su imparcialidad al tribunal de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que debe juzgarlo por cuatro supuestos delitos de estafa, otro de intento de estafa y otro de presentación de testigos falsos.

Estos casos de estafa son lo que quedan, en esencia, del que fue llamado caso Corredor, después de que se anulara parte de las escuchas telefónicas por desaparición del auto judicial que las autorizaba, lo que libró de sospecha al actual presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.

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La Fiscalía defiende la legalidad de las escuchas telefónicas que se mantienen en el caso Corredor

El caso Corredor, o lo que queda de él, ha llegado por fin a los tribunales y ha sentado este lunes en el banquillo al abogado y empresario del ocio nocturno y juegos de azar Evaristo González Reyes, el hombre  que estuvo a punto de acabar con la carrera política de Fernando Clavijo que cuando era alcalde de La Laguna y candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias en 2015. Entonces fue investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación, falsedad en documento público y malversación. 

Esta primera sesión, previa a la vista oral prevista para los días 4, 5, 6, 12 y 13 de junio, estuvo centrada en las cuestiones previas y, como era previsible, los abogados de la defensa basaron sus alegatos en la nulidad de todas las actuaciones por la nulidad de las escuchas telefónicas. Por contra, y como también era lo esperado, la Fiscalía defendió la legalidad de estas. 

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Astor Landete, presidente de la Audiencia Provincial tinerfeña: “Ya tenemos una justicia penal muy dura; no hace falta la prisión permanente”

Joaquín Astor Landete, magistrado presidente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, reiteró este lunes uno de los pensamientos que más ha expresado ante la prensa con cada reforma penal que ha habido en los últimos 20 años: “No se puede legislar en caliente. Ahora mismo no hay sosiego para abordar si es necesaria o no la prisión permanente revisable. No es el momento”.

En un encuentro informal con la prensa, Astor Landete matizó que, en su opinión, “tenemos una de las justicias penales más duras de toda Europa. Tenemos una de las mayores poblaciones reclusas de toda Europa. ¿Necesitamos agravar más esta situación?”.

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El Supremo falla a favor de la banca en el pago del impuesto por constitución de hipoteca

Quienes tengan una hipoteca, da igual si con cláusula suelo o no, de si se trata de fincas urbanas o rústicas, pueden reclamar a su banco los gastos de constitución de hipoteca, como los de notaría y registro de la propiedad, pero queda fuera el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, según ha fallado este miércoles el Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, que considera que ese tributo corresponde al cliente bancario. 

Era un pronunciamiento esperado desde que en 2015 la misma Sala de lo Civil del TS avaló que cargar sobre el cliente hipotecario todos los gastos de constitución de una hipoteca era abusivo, y por lo tanto, la cláusula que los imponía era nula. En la mayoría de los contratos hipotecarios se incluía en la misma el controvertido impuesto de Actos Jurídicos Documentados. 

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El Supremo aclara este miércoles si los gastos hipotecarios deben o no abonarlos los bancos en su totalidad

El Tribunal Supremo dará a conocer este miércoles, 28 de febrero, la sentencia en la que aclara si son los bancos o los clientes quienes deben abonar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados de una hipoteca. Se trata del mayor gasto, con una media de entre 900 y 2.500 euros, que hasta ahora han tenido que afrontar los consumidores al firmar un crédito hipotecario.

La sentencia tiene repercusión ya que afecta a la totalidad de las hipotecas firmadas, con cláusula suelo o sin cláusula suelo, lo que diversas asociaciones de consumidores estiman en unos 15 millones en toda España (entre millón y medio y dos millones en Canarias), y sin prescripción para su reclamación, ya que otra  reciente sentencia del Alto Tribunal establece que el periodo de cuatro años para reclamar a los bancos computa desde que el contrato se extingue y no a su firma.

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A juicio por suplantar la identidad de otra persona para contratar una línea de telefonía

Una mujer será juzgada el próximo 9 de marzo en Santa Cruz de Tenerife por usar el nombre y el DNI de otra persona para contratar una línea de telefonía. La empresa Orange efectuó el contrato por teléfono, sin cerciorarse de la verdadera identidad de la contratante y ahora exige una deuda de 334 euros a la denunciante.

En octubre de 2017 Carmen N. T. recibió una llamada de Orange en la que le requirió el pago de la deuda. Extrañada, solicitó que le fuera remitido el contrato y las facturas por las que se le reclamaba esa cantidad, ya que las facturas llegaban al domicilio de la suplantadora, Vanesa A. E., que nunca las abonó.

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El interventor de La Laguna se ratifica en la ilegalidad de los decretos de Clavijo en el caso Grúas

El interventor general del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, Gerardo Armas Davara, se ha ratificado este lunes ante la jueza Celia Blanco en que la concesión de un préstamo por parte del Consistorio a Autogrúas Poli S.L. era ilegal, al igual que lo fue la prórroga del contrato a esa empresa por sus deudas a la Seguridad Social y las administraciones tributarias estatal y canaria.

Armas Davara - que en realidad es viceinterventor del Ayuntamiento de La Laguna con funciones de interventor - declaró como testigo durante cerca de cuatro horas en el Juzgado de Instrucción en el que se investiga el llamado caso Grúas por los supuestos delitos de tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos. Ello debido a un préstamo de 120.000 euros y a la prórroga de la concesión del servicio municipal de retirada de vehículos a una empresa gestionada por personas que podrían ser afines al actual presidente del Gobierno de Canarias y exalcalde de  La Laguna, Fernando Clavijo.

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El caso Grúas se reanuda este lunes con la declaración del interventor general

La investigación judicial del llamado  caso Grúas se reanuda este lunes con la declaración como testigo ante el Juzgado de Instrucción nº 2 de La Laguna del responsable de la Intervención General de Ayuntamiento de ese municipio tinerfeño, Gerardo Armas Davara, que en 2014 y 2015 se opuso a los decretos del exalcalde y actual presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo Batle, que permitieron a Autogrúas Poli, SL, mantener el servicio municipal de grúas pese a incumplir las condiciones del contrato.

Para la acusación particular, los concejales de la oposición Santiago Pérez, María José Roca Sánchez, Idaira Afonso Martín, Rubéns Ascanio Gómez y Juan Luis Herrera Pérez (de Por Tenerife-Nueva Canarias y Unidos Se Puede), Armas es un testigo clave que apuntalará lo que consideran sobrados indicios de delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación que habrían cometido tanto Clavijo como su sucesor José Alberto Díaz (CC), en la etapa en que este era concejal de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad de San Cristóbal de La Laguna.

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Dos funcionarios confirman que Clavijo y su sucesor en La Laguna hicieron la vista gorda en el caso Grúas

Autogrúas Poli, la empresa concesionaria del servicio municipal de grúas en San Cristóbal de La Laguna que en 2011 pasó a manos de siete trabajadores afines a Fernando Clavijo, debería haberse quedado sin esa concesión si desde el área de Seguridad Ciudadana se hubiese hecho caso al primer informe que elaboraron en abril de 2014 los dos funcionarios a los que se les encargó la gestión de la empresa cuando fue intervenido el servicio, a comienzos de ese año.

Esos dos funcionarios, Antonio Vera y Alejandro Cordero, declararon este lunes como testigos ante la jueza de instrucción del Juzgado Nº 2 de La Laguna, Celia Blanco, quien lleva a cabo la investigación judicial del llamado caso Grúas, un asunto que podría suponer la investigación a Clavijo y al actual alcalde de La Laguna, el también nacionalista José Alberto Díaz Domínguez, por los supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y/o malversación de caudales públicos.

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El caso Grúas y cómo enreda a Clavijo

En 2003, Fernando Clavijo Batle se inició en la gestión pública como concejal de Seguridad Ciudadana en San Cristóbal de La Laguna. Se había afiliado en 1992 a la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI), el pilar tinerfeño de Coalición Canaria, cuando solo tenía 21 años, y su primera experiencia política fue ejerciendo como secretario de las juventudes nacionalistas laguneras entre 1997 y 2001. De 2001 a 2003 ascendió en el escalafón y pasó a secretario de esas juventudes a escala insular.  

Clavijo, que estudió Ciencias Económicas y Empresariales, tuvo hasta 2009 (cuando se convirtió en alcalde) una gestoría de fincas llamada Administración Ecológica, S.L, con sede en la avenida de Lucas Vega, número 13, en La Laguna, muy cerca de la Iglesia de La Concepción. Esta dirección postal podría ser crucial en la investigación judicial por el llamado caso Grúas, ya que, de confirmarse determinados extremos, conduciría al actual presidente del Gobierno de Canarias hacia la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

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