El caso Grúas y cómo enreda a Clavijo

En 2003, Fernando Clavijo Batle se inició en la gestión pública como concejal de Seguridad Ciudadana en San Cristóbal de La Laguna. Se había afiliado en 1992 a la Agrupación Tinerfeña de Independientes (ATI), el pilar tinerfeño de Coalición Canaria, cuando solo tenía 21 años, y su primera experiencia política fue ejerciendo como secretario de las juventudes nacionalistas laguneras entre 1997 y 2001. De 2001 a 2003 ascendió en el escalafón y pasó a secretario de esas juventudes a escala insular.

Clavijo, que estudió Ciencias Económicas y Empresariales, tuvo hasta 2009 (cuando se convirtió en alcalde) una gestoría de fincas llamada Administración Ecológica, S.L, con sede en la avenida de Lucas Vega, número 13, en La Laguna, muy cerca de la Iglesia de La Concepción. Esta dirección postal podría ser crucial en la investigación judicial por el llamado caso Grúas, ya que, de confirmarse determinados extremos, conduciría al actual presidente del Gobierno de Canarias hacia la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

El caso Grúas es una causa que tuvo que reabrir (por mandato de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife mediante el auto 699/2017) el juzgado de Instrucción 2 de La Laguna. La titular del mismo, la magistrada Celia Blanco, archivó en junio pasado la denuncia interpuesta unos meses antes (abril de 2017), por Santiago Pérez, María José Roca Sánchez, Idaira Afonso Martín, Rubéns Ascanio Gómez y Juan Luis Herrera Pérez, concejales que ejercen la oposición en el consistorio lagunero en nombre de Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) y Unidos Se Puede.

Los denunciantes se opusieron al archivo y sobreseimiento provisional y sus recursos fueron admitidos por la sección segunda de la Audiencia Provincial. Ahora, los magistrados de Lo Penal del TSJC decidirán si hay o no caso, y si investiga o no al aforado Fernando Clavijo. El Fiscal jefe del Alto Tribunal, Vicente Garrido, informará al respecto, aunque su informe no es vinculante.

El grueso del asunto radica en un posible trato de favores. Para entenderlo hay que regresar a esa etapa inicial de Clavijo como concejal de Seguridad Ciudadana. El 6 de octubre de 2003, a los pocos meses de acceder a ese cargo, Clavijo formuló una propuesta relativa a la gestión pública del servicio de recogida de vehículos en la vía pública, ya que en su opinión ese servicio y su deposito no daban satisfacción a las necesidades que se planteaban; no se daba cobertura a la totalidad del municipio y además, había que echar mano de empresas privadas para dar abasto en la zona centro, que por aquel entonces no estaba peatonalizada.

La propuesta de Fernando Clavijo fue la externalización del servicio mediante una concesión del mismo con una vigencia equivalente a la amortización de los vehículos grúa y sin incorporar personal municipal.

El 12 de febrero de 2004, el Pleno del Ayuntamiento de la Laguna respaldó esa propuesta y acordó aprobar el expediente de contratación en régimen de concesión administrativa, mediante concurso abierto para la gestión de los servicios de retirada, la inmovilización y el desplazamiento de vehículos en la vía pública en el municipio lagunero, con un presupuesto máximo de licitación de 4.460.695,35 euros.

De esa forma, se aumentó el número de grúas (de dos a cinco) y casi se cuadriplicó el número de operarios que pasaron de seis a veintidós. El concurso público lo ganó José Padilla González en julio de ese año, que habría de percibir 72.634,67 euros mensuales, IGIC incluido, pero las irregularidades no tardarían en llegar.

Se había acordado no aportar personal municipal, aunque según denunció Padilla a la Guardia Civil años más tarde, en 2013, le impusieron “con presiones” el nombre de siete de las personas que tenía que contratar y aseguró que todos ellos tenían relaciones de amistad o afinidad con el mismo Clavijo.

Bodas y entrenamientos de kárate

Esas siete personas son Santiago Ramón Casanova; Felipe Casanova Medina; Leopoldo Santana Hernández; Pablo Bartolomé Ginovés Sierra; Carmelo Jesús Reyes González; Esteban Jesús Hernández González y José Luis Conde López. Todos ellos declararon como testigos el pasado 21 de noviembre tras la reapertura de las diligencias previas de investigación 1213/2107.

Según Padilla González, esas relaciones de afinidad no dejaban lugar a dudas. Clavijo es padrino de la novia en la segunda boda de Santiago Ramón Casanova; la esposa de Pablo Ginovés trabajaba en la gestoría de Clavijo, y tres de los ya apodados “Los Siete”, aparte de conocer al presidente del Gobierno canario desde la infancia, fueron sus compañeros de kárate durante años, tanto que competían juntos en la Península.

Catorce meses después de que se firmara el contrato de concesión, Padilla lo traspasó a una empresa que acababa de crear, Autogrúas Poli S.L., que quedó subrogada en todos los derechos y obligaciones.

La concesión funcionó sin demasiados altibajos hasta 2010, pero a partir de 2011 Autogrúas Poli S.L. dejó de recibir los cerca de 73.000 euros mensuales contratados, hasta acumular un año de impagos a los trabajadores, la Seguridad Social y la Hacienda estatal por unos 200.000 euros.

El empresario declaró a la Policía Judicial que su asfixia económica era conocida en el Ayuntamiento.

Así consta literalmente en el acta de esa comparecencia: “Informé al concejal de Hacienda del Ayuntamiento de La Laguna, Juan Antonio Alonso Barreto, varios meses antes del mes de abril de 2011, que me pagase lo que el Consistorio me adeudaba, contestando el citado concejal que había alguien que quería comprarme la empresa y que se la vendiera, siendo uno de ellos Esteban Jesús Hernández González, sabiendo que esta persona era muy amigo del citado concejal; que otro de los compradores, Santiago Ramón Casanova Pérez, era muy amigo del alcalde, sabiendo que iban a competir en kárate a la Península, que además, según creía, el alcalde fue padrino de boda de la segunda mujer de Casanova, haciéndole también el mantenimiento al alcalde de los edificios de los que era administrador de fincas, teniendo la oficina en la calle La Parra, número 13 de La Laguna, donde también trabajaba M. que es la mujer de Pablo Bartolomé Ginovés Sierra, otro de los compradores, queriendo hacer constar que el resto de las personas que le adquirieron la empresa tenían vinculación directa o indirecta con Fernando Clavijo, hablando estas personas delante de mí por teléfono con el citado alcalde, llegando esta persona a obligarle a que metiese a varios de ellos a trabajar en la empresa, añadiendo además que, en una ocasión que contrató a una persona para su empresa, el alcalde Clavijo me llamó por teléfono para reprocharme que hubiese contratado a una persona sin su consentimiento”.

Padilla González es uno de los principales testigos de la causa que finalmente resolverá el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, después de la solicitud de inhibición en su instrucción de la titular del juzgado 2 de La Laguna, petición que elevó al alto tribunal el pasado 23 de noviembre, y desde el que se le ha requerido a que acabe con las diligencias que tenía previstas y eleve una nueva exposición razonada que cumpla con los requisitos.

El empresario añadió a la Guardia Civil que el propio Barreto le aconsejó en 2011 vender la empresa, ya que había un grupo de trabajadores (los siete afines a Clavijo) dispuestos a montar una cooperativa y hacerse con la concesión. Padilla dijo asimismo que detrás de las presiones que sufrió estaban Clavijo; el que fue concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Antonio Pérez-Godiño, y su sucesor en el cargo y actual alcalde de la ciudad, el nacionalista José Alberto Díaz Domínguez.

Pero regresemos un poco en el tiempo para hilar el Caso Grúas: tras la renuncia de Ana Oramas a la Alcaldía en 2008 para centrarse en su carrera como diputada nacional, Fernando Clavijo Batlle se convirtió en el regidor de San Cristóbal de La Laguna. El tranvía que conecta el intercambiador de Santa Cruz de Tenerife con la Avenida de La Trinidad era un hecho desde 2006 y la peatonalización de su casco histórico había rebajado la demanda del servicio municipal de retirada y depósito de vehículos.

Así que entre la peatonalización del casco histórico de La Laguna y la llegada del tranvía, Padilla cedió y vendió Autogrúas Poli a Los Siete, de entre quienes destaca alguien con más peso en el grupo: Esteban Hernández González, que en 2009 puso en marcha Sonotec Tejina S.L., una empresa franquiciada dedicada a la sonorización de actos públicos que tiene entre sus principales clientes al Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.

El amigo Esteban

Esteban Hernández González compaginaba la conducción de las grúas con la gerencia de Sonotec Tejina S.L, que en dos años recibió unos 35.000 euros a través de pequeños contratos con el Ayuntamiento para los que no era necesario el concurso público.

El hilo conductor de estos pequeños contratos era Juan Antonio Alonso Barreto, aunque en el Caso Grúas no hay que perder de vista a quien asumió la Concejalía de Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad en 2011, José Alberto Díaz, que pasó de ser abogado especialista en Laboral (aún es abogado en ejercicio) a mano derecha de Fernando Clavijo en el corporación municipal. Los denunciantes también le consideran sospechoso de haber cometido los delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales

Padilla se vio impelido a vender la empresa, pero algunos de los trabajadores de Grúas Poli S.L. se opusieron a formar parte de la cooperativa de Los Siete ya que les parecía irregular que la concesión cambiara de manos sin pasar por un nuevo concurso público.

De acuerdo con la documentación aportada en la denuncia de los concejales de Unidos se Puede y Por Tenerife-Nueva Canarias, a los dos días de formalizarse -en abri lde 2011- la venta de Autogrúas Poli, el Ayuntamiento de La Laguna abonó los 200.000 euros que se debían a la empresa, pese a que ninguno de los nuevos propietarios estaba en posesión de la llamada tarjeta de transporte, esto es, el título de capacitación al transporte que se requiere para la retirada e inmovilización de vehículos en la vía pública. La nueva sede social de la mercantil se trasladó a la avenida de Lucas Vega, número 13, la misma dirección en la que Clavijo tuvo su gestoría hasta 2009.

Estos incumplimientos del pliego de condiciones fueron advertidos en varios informes por los interventores municipales Alejandro Cordero y Antonio Vera, que deberán declarar como testigos ante la magistrada Celia Blanco este lunes. En tres escritos fechados el 4 de noviembre de 2013, y el 22 y 30 de enero de 2015, dirigidos a los entonces titulares de la concesionaria, se les comunica que el Cabildo de Tenerife conoce que las autorizaciones de la etapa anterior (las autorizaciones de José Padilla) “han decaído y, por tanto, no pueden proceder a la retirada de vehículos en la vía”.

Los escritos de 2015 se emitieron cuando la empresa ya había sido intervenida por el Ayuntamiento. Enseguida llegaremos a ese punto. El caso es que fue el mismo Cabildo de Tenerife, en concreto su área de Movilidad, el que denunció la irregularidad al Ayuntamiento lagunero.

Pese a que en 2011 los nuevos propietarios de Grúas Poli cobraron los 200.000 euros que se adeudaban por el Ayuntamiento, acumularon hasta 12 meses de impagos de nóminas y nuevas deudas por más de 30.000 euros a la Seguridad Social y de 76.000 euros a Hacienda. La concesionaria tenía la obligación de certificar el pago de los salarios antes de los días 15 de cada mes, lo que no ocurría, y suponía otro incumplimiento del pliego de condiciones.

Robos en el depósito municipal de vehículos

Aparte de la ausencia de la tarjeta de transporte y de acumular deudas, entre 2011 y 2014 se detectaron robos de piezas en los vehículos retirados de la vía pública y que eran llevados al depósito principal de las grúas, en la calle Espinero. Se trata de un caso paralelo que se investiga en el juzgado de Instrucción número 4 de La Laguna y en la que están investigados (imputados) Los Siete.

Los propios trabajadores de Autogrúas Poli fueron quienes denunciaron a la Guardia Civil el robo de las piezas hasta que la empresa fue intervenida por el Ayuntamiento de La Laguna en enero de 2014. Algunos de estos empleados se negaron a trabajar en ese depósito, precisamente para no verse involucrados, por lo que fueron despedidos. Uno de estos denunciantes, Francisco Ramos, tuvo que ser readmitido tras ganar el juicio por despido nulo.

Las piezas se vendían a través de internet con un teléfono de enlace: el corporativo de Autogrúas Poli. Estos robos son una muestra del descontrol en la gestión de la empresa que acabó por reducir su flota a tres grúas y 11 empleados. En 2012, cuando Autogrúas Poli ya había cambiado de manos, se revisaron las condiciones de la concesión, que se rebajó de 72.634,67 euros a 54.166,67 euros al mes.

La formalización del nuevo contrato se llevó a cabo en 2013. El servicio ya no tenía tanta demanda por la peatonalización de las calles del centro y había disminuido la cifra de retirada de coches en las calles, que pasaron de cerca de 2.500 al año a menos de 1.400.

En 2009, todavía con José Padilla como dueño de la empresa, el Pleno del Ayuntamiento había acordado prorrogar la concesión por cinco años, pero en enero de 2014, y dados los numerosos impagos a Hacienda, a la Seguridad Social y a los trabajadores, además de la carencia de la tarjeta de transporte, mal estado de las grúas y falta de material esencial para llevar a cabo el servicio, el Ayuntamiento intervino la empresa y puso al frente de la misma a dos interventores municipales: Alejandro Cordero y Antonio Vera.

Los reparos que fueron levantados

Según se recoge en el auto de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, “dichos técnicos municipales ya advirtieron de la inestable situación económica-financiera de la

entidad concesionaria en sus informes de 12 de marzo de 2014 y 8 de abril de 2014, en los que señalaron que las deudas pendientes de pago a corto plazo superaban los 300.000 euros y que se observa un problema de liquidez que arrastraba deudas con la agencia tributaria de los años 2012, 2013 y 2014, así como destacaron la existencia de embargos de créditos, teniendo la sociedad bloqueados sus ingresos y que tenía deudas a corto plazo por importe de 347.691,87 euros“.

Se añade que según estos funcionarios “la sociedad Autogrúas Poli S.L. no se encontraba en condiciones de poder prestar el servicio de grúa municipal en esa fecha ( 8 de abril de 2014). En ese contexto, mediante decreto de 18 de junio de 2014 del Sr. Alcalde–Presidente del Ayuntamiento de La Laguna, Fernando Clavijo, se resolvió levantar los reparos formulados por la Intervención Municipal con respecto a la concesión a Autogrúas Poli, S.L. de un préstamo en dinero de 120.000 euros, dentro del ámbito de la medida cautelar de intervención y asunción temporal del servicio de retirada e inmovilización de vehículo en la vía pública”.

Los informes desfavorables de la intervención municipal fechados el 9 de junio de 2014 y el 17 de marzo de 2014 recogían los siguientes reparos:

-El expediente que servía de antecedente a la proposición de la ayuda de 120.000 euros carecía de incoación por el órgano municipal competente.

-La propuesta carecía de fundamentación jurídica, con lo que se vulneraban el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.-El anticipo propuesto, así como su regulación, carecían de cobertura legal.-De la regulación contenida en la propuesta se deducía que la cuenta a abrir sería municipal de lo que se derivan varias circunstancias no previstas en el expediente. -No constaba un tercero concreto con un CIF al quien efectuar el pago, y además, la incautación de la garantía para cubrir el anticipo era contraria a la Ley de Contrato de las Administraciones Públicas.

Los funcionarios fueron informados de una propuesta de resolución por parte del área de Seguridad Ciudadana pero esa propuesta no solventó los reparos la Intervención Municipal porque la normativa de administraciones locales no contempla el pago de anticipos a empresas concesionarias, y aún si se concedía ese préstamo, faltaban detalles esenciales para formalizarlo, como el plazo para su devolución.

Más o menos, era una pescadilla que se mordía la cola. Los interventores se preguntaban cómo se iba a adelantar dinero a una empresa intervenida y con un futuro incierto, tanto que el plazo de concesión renovable cada cinco años no se había renovado y no se podía garantizar que la facturación futura cubriese la devolución del dinero.

El apoyo de los expertos externos

Para solventar estos reparos y aclarar la disparidad de criterios, los servicios jurídicos del Ayuntamiento encargaron un estudio a dos catedráticos de la Universidad de La Laguna, a través de la Fundación General de la ULL, que a finales de abril emitieron un informe que avalaba la concesión del préstamo de 120.000 euros con cargo al presupuesto de gastos corrientes.

En abril de 2014 se prolongó la intervención municipal de Autogrúas Poli, que según los interventores no tenía capacidad para prestar el servicio. Incluso propusieron que se abriera un concurso de acreedores. En junio, la Junta de Gobierno local aprobó la concesión del dinero a un 4% de interés con un informe de Seguridad Ciudadana, pese a los reparos de los interventores, que fueron levantados con el aval del informe de los profesores universitarios.

Mediante otro decreto (el 1284 /2014 de 26 de agosto) Clavijo prorrogó la concesión por otros cinco años, en contra de nuevo de un reparo de la Intervención Municipal.

Unos meses después, ya en 2015, Autogrúas Poli fue vendida por un euro a un empresario del sur de Tenerife, José Luis Tacoronte, que asumió deudas por encima de los 700.000 euros.

Sobreseimiento precipitado

El auto dictado el 17 de octubre por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife hace un relato de los hechos que componen el Caso Grúas y que podrían sentar en el banquillo de la Sala de lo Penal del TSJC al presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo (CC) por los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y/o tráfico de influencias.

El fallo es respuesta a la estimación de los recursos de apelación que los denunciantes del Caso Grúas (los concejales de Por Tenerife-Nueva Canarias y Unidos Se Puede: Santiago Pérez, María José Roca Sánchez, Idaira Afonso Martín, Rubéns Ascanio Gómez y Juan Luis Herrera Pérez), después de que la magistrada del Juzgado de Instrucción 2 de La Laguna, Celia Blanco, archivara su denuncia sin haber iniciado siquiera las mínimas diligencias para esclarecer los posibles delitos.

Celia Blanco archivó la denuncia tras estudiar los decretos que firmó como alcalde y los que se dictaron desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana.

“Y entiende la instructora que respecto a los mencionados Decretos no consta la falta de competencia, ni de las normas esenciales del procedimiento, ni que el fondo contravenga lo dispuesto en la Ley , ni que fueran dictados a sabiendas de su injusticia , constituyendo una ilegalidad evidente y por tanto arbitraria”.

Sin embargo, el tribunal le recuerda que solo puede archivar una causa si la misma carece de ilicitud penal de forma inequívoca, lo que no era el caso. “Examinadas las actuaciones, no hemos de compartir el criterio del juzgado de Instrucción, por cuanto los hechos relatados en la denuncia presentada pudieran revestir caracteres de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y/o tráfico de influencias, entendiendo precipitado en este momento inicial de la instrucción decidir el sobreseimiento provisional y archivo de la causa, sin practicar diligencias de investigación encaminadas al esclarecimiento de los hechos y personas responsables (...)”

De acuerdo con los magistrados, el sobreseimiento fue precipitado, ya que sí hay indicios de posible delitos que, insisten, deben esclarecerse con la investigación judicial y llegado el momento, con la prueba de juicio oral.

En concreto, en el auto se aclara que “el juzgado de Instrucción argumenta que el sr. Alcalde resolvió una discrepancia de criterios pero no valora la adecuación o contravención de la legislación vigente sobre la materia, del criterio acogido por el Decreto n.º 858/2014. Es más, se alude a dictámenes de expertos externos, para fundamentar el levantamiento de los reparos de la Intervención Municipal, que no han sido recabados ni valorados por el Juzgado de Instrucción, desconociéndose el contenido y los términos en que fueron emitidos”.

Y se añade que “dicha valoración sobre la legalidad de los criterios mantenidos por los informantes resulta esencial a efectos de determinar la ilicitud penal de la conducta , pues no cabe duda de que ante criterios dispares de los informantes, la autoridad deberá decidir, pero la resolución que adopte deberá ser conforme a las normas del ordenamiento jurídico, no pudiendo ampararse en informes cuyas conclusiones contravengan dichas normas”.

También le recuerdan a la jueza instructora que algunos de los nuevos socios de la empresa concesionaria “pudieran tener vinculaciones personales con el Sr. Alcalde D. Fernando Clavijo, que tampoco han sido investigadas por el Juzgado de Instrucción”, y como indicio se esa posible afinidad señalan que los siete socios que se hicieron con Autogrúas Poli indicaron en escritos dirigidos a órganos judiciales en 2012, cuando se investigaba el robo de piezas de coches en el depósito municipal, que la sede de la mercantil a efectos de notificaciones estaba en el número 13 de la Avenida Lucas Vega.

Y aún más: los magistrados indican a la jueza que igualmente es necesario investigar por qué a los dos días de que José Padilla, el primer propietario de Autogrúas Poli, traspasara su empresa a Los Siete, el Ayuntamiento se puso al día en sus pagos con la empresa y qué otras condiciones del pliego de cláusulas administrativas se incumplieron, como el de ejercer el servicio sin contar con la tarjeta de transporte de mercancías.

El auto judicial es contundente al concluir que “a la vista de la situación expuesta, no cabe en este momento excluir que las resoluciones administrativas mencionadas por las que levantaron los reparos formulados por la Intervención Municipal a la concesión de un préstamo de 120.000 euros a la entidad concesionaria del servicio público y a la prórroga del contrato, no atenten deforma patente y grosera contra la legalidad y la normativa vigente sobre contratos del sector público y haciendas locales que menciona en sus informes la Intervención Municipal, como señala el Juzgado de Instrucción. Así como tampoco cabe excluir en este momento que, en su caso, la autoridad que las dictó, a quienes siquiera se ha oído, no haya actuado con plena conciencia de que resolvía al margen del ordenamiento jurídico y voluntad de hacerlo.

El primer paso de la jueza instructora al reabrir el caso fue tomar declaración el 21 de noviembre a Los Siete, cinco de los cuales reconocieron tener o haber tenido un trato personal con el ahora presidente regional. El pasado 24 de noviembre, Celia Blanco elevó al TSJC una exposición razonada para inhibirse de esta instrucción y que recaiga en la Sala de lo Civil y Penal del alto tribunal dada la condición de aforado de Fernando Clavijo.