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Santiago Pérez: "Me he enfrentado al sistema de poder desde 1987 y sigo sin arrojar la toalla"

El histórico líder del PSC-PSOE ahora candidato a la Alcaldía de La Laguna con X Tenerife-NC asegura que "la deuda de 70 millones de euros por pagos a proveedores ha hipotecado los presupuestos municipales hasta 2023"

"Esa deuda a servicios esenciales hay que pagarla, pero también hay que dirimir responsabilidades"

"A Urbaser se le adeudan 15 millones de euros de los años 2003 a 2008. En esos años la regidora era Ana Oramas, que dedicó los recursos ordinarios a conveniencias electorales"

"Nadie puede decir que soy ‘de la casta’. No todos los políticos estamos en ese saco"

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El concejal de XTF en La Laguna, Santiago Pérez.

El concejal de XTF en La Laguna, Santiago Pérez.

Santiago Pérez califica de nefasta la gestión municipal del Ayuntamiento de La Laguna, con una deuda de 70 millones de euros que estaba oculta y que afloró en 2012 cuando el Gobierno estatal aprobó el Plan de Pagos a Proveedores. El histórico líder del PSC-PSOE, ahora candidato a la Alcaldía de La Laguna con X Tenerife-NC, añade al agujero lagunero el derroche en sueldos para un Consistorio sobredimensionado en cargos públicos; el pago por vericuetos fuera de control para publicidad y propaganda; un nulo control de la gestión del agua, en manos privadas, y un Plan General de Ordenación Urbana pensado para acabar con el suelo rural y permitir su masiva urbanización. 

Los mencionados son sólo algunos de los puntos en los que el político progresista basa su aspiración a la alcaldía de San Cristóbal de La Laguna, ciudad con la que asegura que mantiene un compromiso vital que no es nuevo. "Nadie puede decir que soy de la casta. No todos los políticos estamos en ese saco. Lo que no me pueden negar es que me he enfrentado al sistema de poder desde 1987 y sigo sin arrojar la toalla".

Irá a las elecciones con el respaldo de Nueva Canarias, partido que ha dado cobijo a algunas de sus últimas iniciativas al Parlamento regional, como la Propuesta de Ley para la defensa del suelo agrario de ese municipio tinerfeño, recién aprobada por unanimidad por los grupos parlamentarios para su tramitación con carácter de urgencia. 

Pérez insiste desde hace más de un año en su independencia y niega cualquier posibilidad de militancia en Nueva Canarias, formación con la que comparte (aparte de un aprecio personal por Román Rodríguez) algunos principios, pero no el nacionalismo como única vía para defender los intereses del Archipiélago.

"Me encuentro muy cómodo en mi estatus de independiente. Encuentro esa independencia muy apropiada para mi momento vital, para mi momento intelectual, y no quiero cambiar esa condición”, dice tajante en una entrevista en la que no oculta que le apetece más trabajar para la gestión municipal que para la vida parlamentaria. 

"Todo depende del respaldo de otras fuerzas progresistas que logre para concurrir a las elecciones municipales. No sería honesto que tras un esfuerzo conjunto con otras fuerzas para alcanzar la alcaldía, se use ese esfuerzo para un único partido en su carrera al Parlamento. Si sólo tengo el respaldo de Nueva Canarias me vería más comprometido para ir con ese partido a las listas autonómicas". 

Un Ayuntamiento hipotecado hasta 2023

Su discurso lo centra, por tanto, en una declaración de principios con dos pilares: una mejor gestión de los presupuestos de La Laguna y un Plan General de Ordenación "que sea sostenible, que aproveche las potencialidades y preserve el patrimonio rural y agrícola. Sin obsesiones inmobiliarias, porque hemos visto que en el Plan presentado era tanta la cantidad de suelo urbanizable previsto, que La Laguna podría albergar una población de 338.000 habitantes, que es más del doble que en la actualidad. Es una barbaridad". 

"Lo esencial es que San Cristóbal de La Laguna, que es un municipio con mucho peso en Tenerife y en el conjunto de Canarias, ha estado muy mal administrada en los últimos veinte o treinta años, en los que la alternancia política ha sido impracticable y ello ha dado como resultado que los gobernantes se hayan sentido liberados de la obligación de dar cuentas a los ciudadanos, han perdido el rumbo, y los intereses públicos han quedado al pairo".

Y una prueba de ello son esos 70 millones de euros de deuda invisible, de los que se tuvo conocimiento cuando ya estaba iniciada la actual legislatura, de forma que los presupuestos han quedado hipotecados hasta 2023.

"Es una deuda que hay que pagar, eso sin duda, pero también hay que estudiarla para dirimir responsabilidades, porque muchos componentes de esa deuda son compromisos adquiridos ilegalmente, y otros componentes son pagos de servicios públicos esenciales que debieron hacerse en época de bonanza y no se hicieron. Si los laguneros me respaldan y me eligen como su alcalde, esa será uno de mis primeras actuaciones".

"Técnicamente La Laguna está intervenida", añade Santiago Pérez. "Hay pagos a Urbaser, que presta un servicio público esencial como es la recogida de basuras, pendientes desde los ejercicios de 2003 a 2008 y que alcanzan los 15 millones de euros. En esos años la regidora de la ciudad era Ana Oramas, que dedicó los recursos ordinarios a conveniencias electorales en vez de atender esos servicios básicos, y de esto hay que hablar".

A su juicio, otro ejemplo de mala administración de la cosa pública es que haya cuarenta asesores como cargos de confianza que se suman a 17 concejales. "No es necesario tanto personal para administrar 150 millones de euros, sobre todo con la plantilla de funcionarios municipales con que contamos y que supone en sueldos 41 millones de euros al año. Sólo con eliminar esos cargos de confianza y dejar los esenciales, el ahorro anual puede rondar los dos millones de euros que se pueden destinar a asuntos sociales".

Manipulación presupuestaria

¿Y que pasa con la publicidad pagada bajo cuerda, como es el caso de un periodista que cobra 1.000 euros mensuales por editar en un periódico tinerfeño una página un domingo al mes dedicada a La Laguna?

"Es un asunto muy grave, porque esa publicidad y propaganda contratada se lleva más de un millón de euros anuales y lo que es peor, se interfiere el pluralismo informativo, con lo que no hay democracia", asevera Pérez.

"Para efectuar ese gasto se ha diseñado un mecanismo de manipulación presupuestaria que, en mi opinión, podría ser hasta delictivo. Se consigna una cantidad limitada para publicidad en los presupuestos, pero mediante toboganes internos y, sin participación ni control del Pleno, ese presupuesto se manipula hasta alcanzar esa cifra que también puede ser liberada para servicios sociales, que nunca hay que olvidar que son la prioridad cuando se vive una crisis como la actual".

Y, como no, la gestión del agua, que en muchas ciudades se ha demostrado contraria a los intereses generales de los ciudadanos, con los mismos vericuetos de contrataciones externas, que a su vez generan subcontratas, con lo que el gasto se dispara y el servicio público se merma. Como Emalsa, en Gran Canaria, Emmasa, en Santa Cruz de Tenerife, o Teidagua, en La Laguna.

"No soy contrario a que la iniciativa privada participe de un servicio publico, pero con una condiciones y las cuentas claras desde el primer día. Entre las condiciones, que la gestión sea pública. En La Laguna, sin embargo, la gestión del agua la lleva Aquagest, de Aguas de Barcelona, que es la empresa asociada a Teidagua, y que cobra por esa gestión, que debería ser municipal, 995.000 euros al año".

Esas son las prioridades que le gustaría asumir como alcalde, "y si es como concejal, como concejal, aunque sea el último de los concejales, que siempre será un honor". Sabe que tiene tirón popular, lo que las encuestas atribuyen a su coherencia y su honestidad. Lleva a gala que nunca ha cobrado más que su sueldo como profesor universitario y asegura que así continuará.

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