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Guía rápida para entender la Ley Plasencia

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Las canteras de áridos de Güímar están paralizadas en la actualidad.

El Parlamento regional rechazó este martes la conocida como Ley Plasencia, nombre que recibe en honor a uno de los condenados por la extracción ilegal de áridos en los barrancos de Güímar, Antonio Plasencia. La iniciativa nació, creció y se reprodujo para favorecer los intereses de los areneros, los mismos que provocaron uno de los mayores atentados ecológicos que se han cometido en Canarias. Como nadie se atrevería a defender un cambio de uso que pudiera provocar indemnizaciones millonarias a las arcas públicas, el Cabildo de Tenerife ha camuflado la propuesta durante años bajo el discurso de la protección de los barrancos. Este martes, los grupos del PSOE, PP, Podemos y Nueva Canarias votaron en contra, mientras que la Agrupación Socialista Gomera se abstuvo. De nada sirvieron los esfuerzos que minutos antes había desarrollado encima de la tarima Carlos Alonso, presidente de la Corporación insular y padre político de la criatura. Solo Coalición Canaria, con Fernando Calvijo ausente, apoyó el texto elevado a la Cámara.

Para entender la importancia de la decisión que tomó ayer el Parlamento Autónomo, que además supuso que los diputados del PSOE y de Podemos llevaran a sus compañeros del Cabildo a un ridículo espantoso, es necesario plantear una serie de preguntas que merecen ser respondidas. Cuando la ingeniería administrativa se pone al servicio de los intereses privados, lo habitual es tejer una red jurídica que impide ver la realidad que se esconde debajo. Ya se sabe: a río revuelto, ganancia de Antonio Plasencia.

-¿Por qué las extracciones de áridos provocaron un atentado ecológico si se llevaron a cabo en un suelo donde se permitía la actividad minera?

El atentado ecológico que se produjo en Güímar no fue generado por que los empresarios extrajeran áridos en un suelo donde no estaba permitido. Al contrario, podían haber desarrollado la actividad minera sin problemas. Esto es muy importante para entender todo lo que pasó después. El delito contra el medio ambiente, como ratificaron la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y el Tribunal Supremo, se consumó porque los areneros llevaron a cabo la extracción de áridos sin los permisos oportunos. Es decir, sacaron todo el material que pudieron sin tener las correspondientes licencias. Esto les permitió no cumplir con algunos requisitos básicos que van ligados a este tipo de prácticas, como la necesaria regeneración del terreno en paralelo a la actividad. De haber hecho las cosas bien, no habría existido el queso gruyere que dibuja el paisaje de Güímar, pero tampoco hubiera sido posible obtener tanta piedra en tan poco tiempo. Y el tiempo es oro cuando hay un boom inmobiliario y media isla está en obras. No hay que perder de vista los años más intensos en los que se llevó a cabo el crimen: entre 1999 y 2005. En total, la superficie destruida ocupa 158 campos de fútbol y con el árido que salió de los barrancos de Güímar se podrían rellenar 22 millones de metros cúbicos. Hubo días que se contabilizaron más de 1.000 camiones durante una sola jornada de trabajo.

-¿Qué hicieron las administraciones mientras se extraían áridos sin control de los barrancos de Güímar?

Mirar para otro lado. Las instituciones públicas que tenían que conceder los permisos para llevar a cabo la actividad minera, y que por tanto conocían que los empresarios carecían de las obligatorias licencias, no se preocuparon nunca de frenar los trabajos. Solo cuando un vecino y un concejal del Ayuntamiento denunciaron, y las sentencias empezaron darles la razón, las administraciones mostraron algún impulso por arreglar la situación. Es más, en plena extracción minera, el Consistorio de Güímar llegó a firmar acuerdos con los areneros, auspiciados por el Cabildo de Tenerife, pese a ser conscientes de la ilegalidad que se cometía día tras día en los barrancos. Esto forma parte de la extraña manía que tenía Ricardo Melchior de solucionar la corrupción con diálogo en vez de con querellas. La respuesta de los empresarios demostró cuáles eran sus verdaderas intenciones: usaron los acuerdos para presionar y exigir que les dieran los permisos. Argumentos no les faltaban cuando acababan de estrecharse la mano con los políticos que debían vigilar sus actuaciones. Por cierto, el presidente del Gobierno regional en el momento álgido de los delitos era Román Rodríguez, que ayer votó en contra de la Ley Plasencia como portavoz de Nueva Canarias.

-¿Qué ha dicho la Justicia?

Después de una instrucción que se prolongó durante casi 10 años, que llegó a ser archivada y reabierta, la Audiencia Provincial condenó a los cuatro areneros acusados (eran cinco pero uno de ellos falleció) por un delito ecológico. Al juicio solo se presentó el empresario Francisco del Rosario, ya que el resto (Antonio Plasencia, Enrique Morales y Pedro Sicilia) llegó a un acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular para declararse culpables, lo que les permitió eludir la cárcel a cambio de pagar la restauración de los barrancos. Del Rosario está en prisión y, más de un año después, todavía no se han presentado los planes para rehabilitar las canteras. Seis meses antes de la sentencia, el Cabildo de Tenerife había aprobado el texto de la propuesta que este martes tumbó el Parlamento.

-¿Quiénes apoyaron la Ley Plasencia en el Cabildo de Tenerife?

En el pleno celebrado el 31 de julio de 2015, la propuesta recibió el apoyo unánime del salón de plenos. Eso incluye a todos los grupos de la Corporación insular: CC, PP, PSOE y Podemos. Menos los nacionalistas, el resto de partidos votó en contra de la Ley Plasencia en el Parlamento. Cierto es que el PP rectificó cuando comenzaron a encenderse las alarmas de posibles indemnizaciones, aunque la verdadera razón del giro de los conservadores está relacionada con las fantasías urbanísticas de Luisa Castro, alcaldesa de Güímar, que un día soñó con llenar los barrancos de hoteles y parques de atracciones. Para salvar el escollo del PP, Carlos Alonso anunció el domingo, a través de una medida filtración al periódico El Día, un supuesto acuerdo con la alcaldesa para desarrollar los proyectos turísticos a través de la disposición transitoria segunda del texto legal. Dicen los que saben de derecho que las leyes hay que empezar a leerlas por el final, que es donde se cuelan las excepciones en forma de disposiciones transitorias.

-¿Qué dice el texto legal que rechazó el Parlamento?

La Ley Plasencia, de aprobarse como está planteada, lo que de momento no será posible al haber sido rechazada su toma en consideración, tiene como principal consecuencia el cambio de uso del suelo que ocupan las canteras de Güímar. Esto supone que todos los ámbitos donde se llevaron a cabo las extracciones ilegales de áridos pasarían a ser clasificados como rústicos de protección ambiental, lo que viene a ser lo mismo que decir que ya no se podría volver a extraer una piedra, más allá de las que cabrían en el bolsillo del pantalón de los areneros. Pero como toda ley que se precie, esta también tiene sus excepciones. La citada disposición transitoria segunda permite que, antes de la entrada en vigor de los planes de restauración, puedan llevarse a cabo actuaciones que redunden en el “interés general”, una expresión donde caben desde hoteles hasta toboganes. El sueño de Luisa Castro a tiro de árido.

-¿Qué consecuencias tendría la Ley Plasencia en caso de que entrara en vigor?

La primera e irremediable consecuencia sería la necesidad de indemnizar a los dueños del suelo. No sorprende que el 80% de los terrenos pertenezcan a tres de los condenados: Antonio Plasencia, Enrique Morales y Francisco del Rosario. Muchos agricultores vendieron sus fincas a precio de saldo cuando las palas de los areneros comenzaron a agujerear las canteras sin piedad. Tampoco cabe duda de que no vale lo mismo un suelo rústico que otro donde se permite una actividad económica como la minería. Ese perjuicio hay que pagarlo. Así lo advirtieron hasta tres informes de distintos departamentos del Gobierno de Canarias. Así lo terminó por reconocer el creador del texto legal, el prestigioso catedrático Francisco Villar, a quien recordarán por encargos tan llenos de polémica como la Ley del Suelo. El jurista de cabecera de Coalición Canaria, que ya fraguó una estrecha relación profesional con Fernando Clavijo en el Ayuntamiento de La Laguna, admitió la semana pasada, durante una excursión organizada por el Cabildo de Tenerife a los barrancos de la discordia, que podrían generarse derechos a indemnizaciones. El guía de la visita, a su vez presidente de Tenerife, Carlos Alonso, dio un paso más allá durante su intervención este martes en la Cámara regional y, por primera vez, planteó que las contrapartidas “no necesariamente se tienen que pagar con fondos públicos”. Lo que quería decir el dirigente nacionalista es que hay más vías para compensar a los condenados, ya sea mediante aprovechamientos urbanísticos u otras fórmulas que tiene la administración pública en la mano. Pero pagar, ya no quedan dudas de que habría que pagar.

La segunda consecuencia se produciría a raíz del desarrollo de los proyectos de interés general que, con mucho cuidado y calzador en mano, podrían meterse en la disposición transitoria. Como ya advirtió Luisa Castro en el  programa de Despiertos Hoyos de ambición, los promotores tendrían que llegar a acuerdos con los dueños del suelo. Los condenados, después de conseguir beneficios incalculables por la extracción ilegal de áridos durante más de 15 años, volverían a ganar.

-¿Qué ocurrirá con la restauración de los barrancos?

La sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife es muy clara en su redacción. Los areneros condenados tienen que adoptar todas las medidas encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado en los barrancos y el resto de áreas degradadas por la actividad minera. Para ello, las administraciones competentes, o sea todas, deben aprobar los correspondientes planes de restauración. Pues bien, más de un año después, todavía no se han presentado estos documentos, necesarios para llevar a cabo la rehabilitación. Es decir, con la excepción del arenero encarcelado, al resto la condena aún no les ha costado ni un céntimo. No hay que olvidar que los peritos judiciales tasaron los trabajos de relleno en unos 209 millones de euros; una cantidad que, previsiblemente, será mayor, según algunos informes elaborados por el Consejo Insular de Aguas. El abogado de la acusación particular, Carlos Álvarez, ha anunciado que pedirá la entrada en prisión de los empresarios en el caso de que no se ejecute la sentencia en dos años. Lo curioso es que, de haber prosperado la iniciativa legislativa, la Ley Plasencia permitiría desarrollar proyectos de interés general en las zonas objeto de la restauración, incluso antes de que se aprobaran los planes. ¿Cómo tenían pensado llevar a cabo la regeneración del terreno si se desarrolla un complejo hotelero en la zona?

-¿Que pasaría si se mantiene el suelo como está?

En principio, no pasaría nada. De hecho, en las canteras no se podría extraer ni una piedra hasta que no se llevara a cabo la ejecución de la sentencia y se restauraran los barrancos. Después, si todavía les quedase saldo en la cuenta una vez desembolsados los más de 200 millones, cosa poco probable salvo en el caso de Plasencia, los areneros podrían volver a extraer. En esa hipótesis, nunca sería posible hacerlo con el desenfreno del pasado, ahora que todos los ojos que antes miraron para otro lado están puestos en ellos. Tendrían que mantener un equilibrio ecológico durante la actividad, a lo que se suma, o más bien se resta, que ya no podrán flotar sobre la burbuja del boom inmobiliario. Los beneficios, de tenerlos, ni de lejos llegarían a los registrados en la década prodigiosa. El negocio está en el cambio de uso del suelo. Eso lo sabe Plasencia, al que no le cuesta nada quejarse cuando una ley va contra sus intereses. La hemeroteca habla por sí sola, tanto como el sospechoso silencio del constructor en esta cuestión.

-¿No necesita áridos la isla de Tenerife?

Esta es otra de las grandes contradicciones. La semana pasada, la directora insular de Carreteras, Ofelia Manjón, reconoció que el Cabildo tiene problemas por la escasez de áridos que existe en Tenerife. Unas palabras que contrastan con la iniciativa legislativa que ha rechazado tomar en consideración el Parlamento. Mientras que se reconoce la escasez de materiales para la construcción, la Corporación insular fomenta el cambio de uso del principal suelo minero de la Isla. El planteamiento del absurdo se basa en buscar otra zona que degradar cuando ya existe un ámbito completamente destruido. Es tan sencillo como esperar por la ejecución de la sentencia, que es viable, aunque costosa, según los peritos judiciales, y permitir después las extracciones controladas.

-¿Hay alternativas para cambiar el suelo sin recurrir a la Ley Plasencia?

Según los impulsores de la propuesta, es decir, CC y PSOE en el Cabildo de Tenerife, la vía ideal es la tramitación de un texto legal en el Parlamento. Pero no es la única. Como argumenta un informe elaborado por la Consejería de Agricultura, el uso del suelo también se podría cambiar mediante una modificación del Plan Insular de Ordenación Territorial, algo que hasta ahora ha descartado de forma tajante la Corporación insular. Habrá que estar atentos a lo que digan a partir de ahora. El PP adelantó que va a pedir la creación de una comisión de estudio para buscar un remedio al deterioro de los barrancos de Güímar. No tendrán que estrujarse mucho el cerebro sus señorías. La solución está en la sentencia de la Audiencia Provincial. Solo hay que ejecutarla.

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