La jurista municipal ratifica que el centro comercial El Trompo incumplió el PGO
El juicio por la construcción del centro comercial El Trompo, en el municipio tinerfeño de La Orotava, dejó atrás este lunes las cuestiones de forma que marcaron la sesión inicial para dar paso a las declaraciones de los protagonistas: los tres acusados, que incluso aceptaron contestar a las preguntas de la Fiscalía, y varios de los testigos vinculados con el polémico expediente urbanístico.
Tal vez porque su testimonio llegó después de más de dos horas de debate jurídico sobre la clasificación del suelo, urbanizable para las defensas y rústico para las acusaciones, o quizás por sus respuestas pragmáticas, lo cierto es que la declaración de la técnico municipal Adela Díaz supuso un punto de inflexión en una jornada cargada de confusión. La testigo manifestó que “el Plan General de Ordenación (PGO) de aplicación era el de 1990”, por lo que “no se podía construir un centro comercial, salvo circunstancias que a mí se me escapen”.
La jurista Adela Díaz fue la encargada de realizar el informe que en mayo de 2002 pidió la suspensión de las obras que se habían iniciado en los terrenos que ocupa El Trompo. La testigo explicó que lo hizo porque “no tenía licencia”. El permiso urbanístico no fue concedido hasta cinco meses después por decreto del exalcalde Isaac Valencia, que ahora se sienta en el banquillo junto al secretario municipal, Juan Carlos de Tomás, que informó a favor, y el constructor Ambrosio Jiménez.
Entre las principales preguntas que tiene que aclarar el juez de refuerzo del Juzgado de lo Penal Número 5 de Santa Cruz de Tenerife, Marcos Díaz, destaca la relacionada con el uso que tenía el suelo donde se levantó un centro comercial de más de 56.000 metros cuadrados. Tanto la jurista municipal como el exconcejal de Urbanismo Juan Jesús Martín, que también declaró este lunes, reforzaron la tesis de las acusaciones sobre que el instrumento de ordenación aplicable era el PGO de 1990, que clasificaba los terrenos como “rústicos potencialmente productivos”. Para los abogados de los acusados, el suelo perdió esa condición, como después estableció el planeamiento que se aprobó en 2004, antes de que se concediera la licencia gracias a la “cooperación interadministrativa”.
La teoría de las defensas se apoya en las relaciones que mantuvieron el Ayuntamiento y la Consejería de Obras Públicas para llevar a cabo el desarrollo del nuevo vial de la zona, necesario tras el crecimiento que experimentó el tráfico con la construcción del centro comercial Alcampo La Villa y de nuevas áreas residenciales. El exalcalde Isaac Valencia, al que la Fiscalía pide tres años de cárcel por delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio, declaró que los terrenos “de facto eran urbanizables porque estaba urbanizado todo su entorno”.
La respuesta, sin saberlo, también la dio la jurista municipal: “Urbanísticamente no existen las cosas de facto; deben ser aprobadas”. La técnico también fue tajante a la hora de aseverar que “todos los convenios deben formar parte del planeamiento”, al igual que “los planes parciales conllevan una modificación del PGO”. Estas afirmaciones contradijeron algunas de las afirmaciones que minutos antes habían sostenido las defensas, que también se apoyan en la posibilidad de urbanizar el suelo en base a a un plan parcial anexo, el del Sector 10 Las Arenas, y a un convenio que se firmó en 1999.
La Fiscalía llevó sus interrogatorios a intentar demostrar que ninguno de los instrumentos a los que recurrieron los abogados se plasmaron en una modificación del PGO vigente, que mantuvo la clasificación de los terrenos como rústicos hasta que entró en vigor el planeamiento de 2004, ya con las obras casi finalizadas. En medio, la madeja que poco a poco tejieron los letrados de los acusados para llevar las declaraciones hacia la tan mencionada “cooperación interadministrativa” que habría, según su versión, legalizado en la práctica la construcción.
Pragmático también quiso ser el abogado del exalcalde, Esteban Sola, con sus ejemplos: “Es como si dijéramos que las obras de la autopista, que también modifican el PGO, son ilegales”. Ni el también letrado del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ni sus compañeros de defensa, sin embargo, fueron insistentes cuando les llegó el turno de preguntar a la jurista municipal.
Declaraciones
De los tres acusados, el primero que tuvo que declarar fue el constructor Ambrosio Jiménez. Antes, el juez le informó de que un informe forense concluye que el promotor debe asistir a todas las sesiones del juicio pese a los problemas de salud que había alegado. El empresario explicó que compró los terrenos de El Trompo antes de 1998, y aseguró que tiene una licencia “desde 1999”, en base a un convenio urbanístico que no estaba aprobado en el PGO, según la fiscal.
Ambrosio Jiménez relató que las obras que suspendió el Ayuntamiento antes de que obtuviera la licencia no eran del centro comercial, sino de “un muro de contención que me encargó la Consejería de Obras Públicas”. Durante algunos momentos de su declaración, el empresario mostró su nerviosismo, especialmente cuando, ante la reiteración de la fiscal en sus preguntas, le contestó que “sabe usted de urbanismo más que yo”. Pero la declaración del constructor, en líneas generales, fue tranquila y rápida, sobre todo en comparación con el testimonio del secretario municipal. La Fiscalía pide para Jiménez dos años de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio.
El único de los acusados que se sienta en el banquillo, pero delante de una mesa, es el máximo responsable jurídico todavía hoy del Ayuntamiento de La Orotava, Juan Carlos de Tomás. El funcionario fue el más extenso y, por descontado, el más técnico de los tres. El secretario afirmó una y otra vez que el suelo del centro comercial había dejado de ser rústico tras la “cooperación interadministrativa” con el Gobierno de Canarias, lo que, según su criterio, “eliminaba cualquier barrera”.
“Es un suelo urbano porque la clasificación no está en el planificador, sino en los elementos que constituyen ese suelo”, aseveró de forma categórica, a lo que añadió que “se puede modificar por vía de hecho”. Todo ello bañado con un extenso discurso que en más de una ocasión llevó al juez a llamar su atención para que se centrase “en responder solo a las preguntas de la fiscal”, que mantuvo con el acusado un tira y afloja que se prolongó durante algo más de una hora.
Tanto el secretario, al que la fiscal solicita tres años de cárcel por delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio, como el exalcalde, que fue el último en declarar, defendieron la necesidad de encargar un informe externo al catedrático de Derecho Urbanístico Luciano Parejo, de la Universidad Carlos III. Después de dar varias vueltas, el funcionario aclaró que lo hicieron “para dar seguridad jurídica”, y destacó que es una práctica “habitual” en este tipo de expedientes.
Isaac Valencia dejó claro también que el informé que elaboró “nada más y nada menos que Luciano Parejo”, hermano del exconcejal de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife Manuel Parejo, “era necesario para consolidar lo que se estaba construyendo”. El exalcalde fue breve en sus respuestas, pero reconoció que no comprobó si la licencia era legal porque “tiene plena confianza en los técnicos” y siempre se fía “cuando los informes son favorables”.
Los dictámenes en los que se basó el exalcalde para conceder la licencia del centro comercial en octubre de 2002 fueron, precisamente, los informes emitidos por el secretario municipal y por Luciano Parejo. Pese a la tan mencionada cooperación interadministrativa, admitió Valencia que “no consideró necesario” reunirse con el consejero de Obras Públicas del Gobierno canario, aunque sí lo hizo varias veces con el constructor Ambrosio Jiménez, como se encargó de recordarle la fiscal.
En la segunda sesión del juicio por la construcción de El Trompo también declararon dos miembros de la Policía Local, que ratificaron el acta que levantaron en 2001 cuando comenzaron las obras en los terrenos del centro comercial; así como Antonio Hernández, denunciante y exconcejal de Iniciativa por La Orotava. La vista oral se reanudará este jueves con la declaración de los peritos.
