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La Policía Judicial detectó hasta siete posibles delitos en la venta del Puerto Deportivo de San Andrés a Fórum Filatélico

Los investigadores creen que se pudo cometer cohecho por los regalos realizados a determinadas personas "claves" en el desarrollo del proyecto

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Proyecto para el puerto deportivo de San Andrés, en Santa Cruz de Tenerife.

Proyecto para el puerto deportivo de San Andrés, en Santa Cruz de Tenerife.

Hasta siete posibles delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, amenazas, prevaricación y tres irregularidades detectó la policía judicial en la venta de los activos del Puerto Deportivo de San Andrés a la entidad Fórum Filatélico. En concreto, se considera que la Autoridad Portuaria no dio cumplimiento a lo recogido en la Ley de Costas para este tipo de operaciones. Este hecho levantó sospechas de un posible trato de favor hacia la empresa Parque Marítimo de Anaga (PMA), propiedad del empresario José Ana Labajos.

La entidad vendedora también podría haber incurrido en el incumplimiento de la cláusula que obligaba a que el organismo estatal autorizara la operación, hasta el punto de que podría haber ejercido los derechos de tanteo y retracto. Este requisito es imprescindible cuando, como ocurrió en esta ocasión, se traspasa el 100% del accionariado.

Al entonces presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Suárez Trenor, se le achaca un presunto delito de amenazas hacia PMA, al obligarle a cumplimientar determinados pagos a la empresa que redactó el proyecto o en caso contrario advertía con retirar la concesión. Al entonces director general del Puerto, José Manuel Pintado Joga, se le atribuye un presunto delito de prevaricación al emitir dos informes, en los que consideraba que no era preciso que la modificación del puerto fuera sometida a evaluación de impacto ambiental, por no tratarse de un cambio sustancial.

Suárez Trenor y Pintado Joga podrían haber cometido otro presunto delito de prevaricación al haber aprobado la modificación de la concesión administrativa, "a sabiendas de la ilegalidad", básicamente por no haberse llevado a cabo el procedimiento adecuado. Una situación que tendría su origen, según las investigaciones policiales, "en el pacto previo entre la Autoridad Portuaria y Labajos, en cuanto al procedimiento a seguir para el otorgamiento de la modificación administrativa".

Los promotores de la obra sólo presentaron ante la Autoridad Portuaria un proyecto básico, cuando estaban obligados a elaborar la definición de las obras con el detalle necesario para su ejecución. Al exdirector del Puerto, Marcos Hernández Acosta, se le atribuye un presunto delito de prevaricación, "al negar sistemática y reiteradamente" el derecho de PMA SA el acceso a los terrenos de la concesión otorgada legalmente en dos ocasiones. Y todo ello pese a que tanto desde la fase inicial de la concesión administrativa como en el proyecto de construcción, la finalidad era dar acceso a las instalaciones, una vez que estuvieran en funcionamiento. Por el contrario se pretendía que sirvieran como única vía a los terrenos de la concesión, durante la fase de ejecución y realización de las obras.

A Labajos se le atribuye un supuesto delito de cohecho, al hacer regalos a las personas que participaban en el proyecto del Parque Marítimo y de Valle Tahodio, también vendida a Fórum. En un escrito, Labajos informaba que los beneficiarios de los regalos eran personas claves para el buen resultado de la concesión, que justo en aquellos momentos se encontraba paralizada. Por estos mismos, hechos se estima que el arquitecto de Fórum, Julio Aumente, también podía haber cometido un presunto cohecho, al haber sido el responsable de la entrega de los regalos, que en total sumaron 6.000 euros.

Por último se pudo haber producido un supuesto delito de malversación de caudales públicos en relación al pago de cánones de la concesión administrativa, ya que por un error se introdujo una determinada superficie de plano de agua, menor de la real. Sin embargo, la Autoridad Portuaria nunca reclamó luego que el canon se adecuara a las nuevas condiciones que eran las correctas.

En el mes de junio de 2002, Labajos vendió los activos de este proyecto a distintas sociedades vinculadas a Fórum por un total de seis millones a pagar en dos años. Los investigadores consideran que se cometió un presunto fraude de ley, al no haberse reflejado el correspondiente cambio de titular, lo que evitaba que la Autoridad Portuaria pudiera proceder a rescatar la concesión.

Por su parte, Labajos siempre ha defendido la limpieza de la operación y como prueba señala que todo el procedimiento se llevó a cabo a través de bancos de primera línea. La razón por la que apareció siempre como propietario es que firmó una reserva de dominio de manera que hasta que no se pagase el total de la cantidad acordada seguía formalmente siendo el propietario de las sociedades. Negó haber recibido o pagado en algún momento dinero en negro.

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