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El juez acota con más pruebas el fraude de subvenciones en Las Chumberas

En un nuevo auto judicial llama a declarar a técnicos municipales y de la Gerencia de Urbanismo por las ayudas para alquiler que desde hace cuatro años reciben un asesor de CC y una concejal socialista de La Laguna

Los informes señalaron que las viviendas de los dos beneficiarios sólo precisaban ser apuntaladas en algunas zonas, sin necesidad de desalojo

El alcalde Fernando Clavijo, la ex concejal de Bienestar Social y Vivienda, Blanca Pérez, y la edil María José Castañeda, están imputados por prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y/o malversación de fondos públicos

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El alcalde de La Laguna y candidato de CC a la Presidencia del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en su llegada al juicio donde declara ante el juez César Romero Pamparacuatro por el caso Corredor. EFE/Ramón de la Rocha

El alcalde de La Laguna y candidato de CC a la Presidencia del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, en su llegada al juicio donde declara ante el juez César Romero Pamparacuatro por el caso Corredor. EFE/Ramón de la Rocha

Varios técnicos del Ayuntamiento de La Laguna serán llamados a declarar por el juez que instruye el caso Corredor, en relación a los posibles tratos de favor que habrían recibido una concejal de esa corporación y un asesor de Coalición Canaria, cuyas viviendas en Las Chumberas estaban afectadas por aluminosis, y que fueron realojados en nuevos inmuebles, con subvenciones a las que no habrían tenido derecho.

Esos favores se encuadran en un fraude de subvenciones con indicios de prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental y/o malversación de caudales públicos, de los que aparecen como imputados el alcalde de La Laguna y aspirante a la Presidencia del Gobierno de Canarias por CC, Fernando Clavijo; la concejal de Bienestar Social y Vivienda en 2010, Blanca Pérez, y la propia María José Castañeda.

En un auto fechado el 30 de enero y que fue trasladado este miércoles a las partes, el magistrado Romero Pamparacuatro acuerda a petición de la fiscal anticorrupción María Farnés Martínez que sea llamado a declarar como testigo, en próximos días, José María Reyes, que fue el técnico que llevó a cabo la inspección del edificio en que vivía Ricardo González, asesor municipal de CC y que participó en 2011 en la lista electoral de Fernando Clavijo. González es además portavoz de la comisión de afectados por la aluminosis.

También deberán testificar todos los técnicos que visitaron los 40 bloques de La urbanización Las Chumberas, en el barrio de San Miguel de Geneto, afectados por ese problema del fraguado del hormigón, así como el primer teniente de alcalde, Javier Abreu y el Gerente de Urbanismo, Roberto Remiro, entre otros

Otra de las diligencias que se ordena judicialmente es la localización de un tal Domingo, “persona con la que habló Fernando Clavijo para apuntalar en demasía el piso de Ricardo González, permitiendo así el desalojo del mismo”. Asimismo, se deberán aportar al juzgado, bien por la Gerencia de Urbanismo o bien por la empresa municipal de vivienda de La Laguna (MUVISA), las resoluciones por las que se acordó el desalojo de González y de María José Castañeda, que en la actualidad es concejal de Cultura por el partido socialista, así como las resoluciones por las que se desalojaron otras viviendas dañadas.

Según el auto judicial de 11 de noviembre pasado, los informes técnicos tan sólo detectaron daños en el baño del inmueble de Ricardo González, que podían subsanarse con un apuntalamiento, sin necesidad de desalojo, pero González habría manifestado a Blanca Pérez su deseo de mudarse a una vivienda de alquiler, lo que le fue concedido con una ayuda anual que en 2011 fue de 6.175 euros, pese a que su renta excedía en cerca de 18.000 euros las bases reguladoras para ese tipo de subvenciones.

Un fondo “especial”

Otro tanto pasó con Castañeda, que pidió una ayuda de emergencia social para un realojo de alquiler, pese a que ella y su pareja sumaban ingresos de más de 3,000 euros mensuales, y pese a que los informes técnicos no consideraban necesario el desalojo. Castañeda obtuvo un informe favorable de una trabajadora social de Muvisa, María Cristina Afonso (quien declarará como testigo este viernes), por el que se le concedió una ayuda inicial de 1.425 euros.

En ese informe se afirma que Castañeda y su familia tuvieron que desalojar su hogar “debido a la necesidad de apuntalamiento” del mismo, pero los técnicos de la Gerencia de Urbanismo sólo detectaron el abombamiento de dos nervios que debían apuntalarse. En junio de 2011, la ayuda ascendía a 4.500 euros, pese a que la unidad familiar de la concejal sobrepasaba en 28.768 euros anuales los requisitos para ello.

Según el auto judicial de noviembre de 2014, la razón de ser de las subvenciones por emergencia social es ayudar a unidades familiares en aquellos gastos ordinarios o extraordinarios a los que no pueden hacer frente, “para prevenir, evitar o paliar situaciones de marginación social”, situaciones que no se daban en los casos de Castañeda y González. Este último, en conversación con Clavijo, le transmitió su contento por su nuevo alojamiento en la muy céntrica calle La Carrera, a unos metros de la catedral lagunera.

Para solventar el problema de los ingresos económicos, Blanca Pérez, en conversación telefónica, propuso a Clavijo crear un fondo de subvenciones para los vecinos de Las Chumberas sin límite de ingresos, a lo que Clavijo accedió. Y eso que pocas horas antes, también en conversación grabada por la Policía Judicial, la propia Pérez advirtió al alcalde que se podría estar incurriendo en un delito de prevaricación.

Nueva prueba pericial

Pamparacuatro también ha ordenado que se lleve a cabo un informe pericial para comparar los daños de las viviendas de González y Castañeda con los de las demás viviendas afectadas por la aluminosis.

Además, el Ayuntamiento de La Laguna deberá informar si, en efecto, se creó un fondo de ayudas para los vecinos de Las Chumberas, sin requisitos económicos para acceder a las mismas, y dar cuenta de a dónde fue a parar la financiación del convenio suscrito entre el Cabildo de Tenerife, el Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado. Asimismo deberá informar de cuánto ascienden en la actualidad las subvenciones recibidas en los últimos cuatro años por González y Castañeda.

 

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