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La Fiscalía pide prisión para un exedil del PP tinerfeño que gastó 9.000 euros al año en llamadas privadas

El exconcejal en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz Luis Miguel Rodríguez en el último mandato del fallecido Marcos Brito gastó, solo en 2011, 9.304 euros en “llamadas privadas” con una línea de móvil que pagaba la Corporación

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Foto de archivo de Luis Miguel Rodríguez Rodríguez

Foto de archivo de Luis Miguel Rodríguez Rodríguez

El fiscal de la causa que se sigue en el Juzgado de Primera Instancia Nº 4 de Puerto de la Cruz contra el exconcejal del PP en este mismo municipio Luis Miguel Rodríguez Rodríguez, por supuesta malversación de caudales públicos, ya ha presentado escrito a las partes con su solicitud de penas.

Esto se ha hecho con fecha de 1 de agosto pasado. En el documento, el fiscal argumenta y define su petición de penas, que son: 15 meses de cárcel, inhabilitación especial para el derecho de sufragio durante el mismo periodo (15 meses) y tres años y seis meses de inhabilitación especial para empleo y cargo público, a lo que se une el abono de las costas del proceso judicial.

Luis Miguel Rodríguez Rodríguez fue denunciado por un supuesto uso indebido de una línea de teléfono móvil de la que era titular el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, donde la persona hoy procesada formaba parte del grupo de Gobierno, gracias a un pacto entre CC y PP, con el ya fallecido Marcos Brito, de los nacionalistas, como alcalde. Los hechos que se juzgan ocurrieron en 2011.

Según señala el fiscal en su escrito de justificación de las penas propuestas, está acreditado que Luis Miguel Rodríguez Rodríguez, que ya no ocupa cargo público, utilizó una línea de teléfono móvil que pagaba el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz para darle uso privado, con un gasto contabilizado de 9.304,01 euros en llamadas a un mismo número, solo en 2011, del que era titular una mujer. Con esa línea comunicó “2.496 veces, de ellas 130 con más de 30 minutos de duración”.

Tal y como describe el informe del fiscal, tales comunicaciones “nada tenían que ver con su labor de concejal dentro del grupo de Gobierno en Puerto de la Cruz”.

Esa conexiones telefónicas “se producían a cualquier hora del día o de la noche, tanto en días laborables como en sábados, domingos o festivos”. “Todas ellas - afirma el fiscal- tenían naturaleza estrictamente privada y totalmente ajena al ejercicio de su cargo y a las funciones derivadas” de él.

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