¿Han sido rescatados los ayuntamientos?

En principio, nada que objetar: facilitar liquidez a las empresas que están teniendo graves dificultades de acceso al crédito, especialmente pymes y autónomos, y contribuir así a reactivar la economía.

Sin embargo, el Gobierno del PP ha introducido una novedad: que no es necesario que las deudas provengan de contratos que reúnan los requisitos exigidos por la Ley de Contratos del Sector Público. Esto quiere decir que si los acreedores han efectuado la obra, prestado el servicio o entregado el suministro a la entidad local, se les paga --cosa a la que tienen derecho-- con independencia de que quien les contrató haya actuado dentro o al margen de la legalidad.

Ésta es una de las diferencias entre el Decreto-Ley 8/2011 (art. 5.1) y el Decreto-Ley de Rajoy (art. 2.1.c).

El establecimiento de ese mecanismo de pago, dotado inicialmente con 6.000 millones de euros, impone a los Ayuntamientos la obligación de aprobar un Plan de Ajuste que condicionará sus presupuestos, es decir toda la actividad municipal, hasta 2022. En el caso de La Laguna, el Plan de Ajuste va a significar a partir de 2013 el establecimiento generalizado de tasas, precios públicos o modalidades de copago en la prestación de los servicios municipales.

Y, además, efectuar una operación de endeudamiento por el importe de todas las obligaciones con proveedores pendientes de pago que se van a saldar a través de ese “mecanismo ágil de pago”.

En garantía del cumplimiento del pago de intereses y la devolución de esa deuda, el Gobierno estatal podrá efectuar retenciones en las transferencias a los Ayuntamientos por su participación en los tributos del Estado. Es decir, se convierte en prioritario el pago de una deuda que puede proceder, al menos en parte, de obras, servicios o suministros adjudicados por alcaldes y concejales al margen de la legalidad. En qué proporción no se sabe. Al menos, por lo que se refiere a La Laguna, mis intentos de averiguarlo han sido hasta ahora infructuosos.

En las entidades locales se ha generalizado un procedimiento forzado, y que en mi opinión consiste en un fraude de ley, para regularizar buena parte de los contratos ilegales: es el “reconocimiento extrajudicial de crédito” por parte del Pleno de obligaciones que provienen de contratos ilegales, ya que se adjudicaron sin cobertura presupuestaria o incumpliendo las reglas de contratación pública que aseguran la concurrencia de varias ofertas y la obtención de las mejores condiciones calidad-precio para la Administración.

La justificación chusquera de ese reconocimiento es más o menos así: como el proveedor ha cumplido, si no se le paga se le ocasiona un perjuicio económico. Y, al tiempo, la Administración se enriquece injustamente a costa del proveedor. Este argumento valdría si se empleara para regularizar adjudicaciones efectuadas realmente en circunstancias de urgencia o excepcionalidad y para resolver problemas o necesidades importantes. Pero cuando se utiliza casi a diario para pagar contrataciones ilegales en materia de fiestas o de publicidad y propaganda, ustedes dirán.

Todos los acuerdos del Pleno de reconocimiento extrajudicial de crédito llevan una cláusula ritual, exigida por la Intervención, que es la de “sin perjuicio de las responsabilidades en que haya podido incurrir quien contrató en nombre del Ayuntamiento” al margen de la legalidad. Pero ahí se queda. Nunca, que yo recuerde, esa parte del acuerdo del Pleno ha tenido el menor recorrido.

Con lo que ahora resulta que el pago de esos contratos ilegales se convierte en una obligación preferente, ya que el préstamo que los Ayuntamientos asumen va a condicionar toda su actividad presupuestaria, los recortes en servicios públicos municipales o el establecimiento de precios, tasas o modalidades de copago que deberán satisfacer los usuarios.

El lenguaje y normas sobre presupuestos y hacienda emplean una jerga que a casi todos los ciudadanos les suena a swajili. Y también a quienes estamos familiarizados con esos asuntos, pero no somos especialistas.

A pesar de ello, el paralelismo entre lo que acabo de comentarles y el rescate (¿o línea de crédito?) a la banca es evidente: compromisos económicos debidos al menos en parte a una gestión irregular o simplemente ilegal se convierten en prioritarios y, por uno u otro vericueto, los acabarán pagando los contribuyentes. Se está exigiendo con toda razón la creación de comisiones parlamentarias de investigación y la determinación de responsabilidades, incluso penales, a los banqueros. Y me pregunto si se exigirá algún tipo de responsabilidades por las reiteradas contrataciones ilegales y el despilfarro de dinero público en los Ayuntamientos.

*Concejal de Por Tenerife (IU,Los Verdes de Canarias-Equo, SocialistasXTenerife)

Santiago Pérez*