La justicia avala la retirada del permiso de armas a un hombre que fue acusado de malos tratos y al final absuelto

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha avalado la decisión tomada por la Guardia Civil en Canarias de retirar el permiso para tener armas de caza a un hombre que en su momento fue acusado de maltratos en el ámbito familiar, pese a que finalmente resultara absuelto.

La Guardia Civil le retiró el permiso porque en los hechos probados de la sentencia absolutoria se recogía que el acusado utilizó expresiones “cuanto menos soeces o despreciativas” hacia su pareja, lo que interpretó como un indicador de riesgo en el uso de armas hacia terceros y hacia él mismo.

El TSJM cree que tomó una medida acertada, aunque el interesado alegara que la acusación se basaba solo en informes médicos “inespecíficos” y en una serie de mensajes telefónicos.

A este hombre ya se le había retirado cautelarmente el permiso de armas cuando fue denunciado por violencia machista.

Aunque luego resultó absuelto, la Guardia Civil siguió adelante con el proceso para revocar definitivamente su licencia, al apreciar que el hombre no reunía las condiciones psíquicas y físicas necesarias para poseer armas de caza.

El demandante, sin embargo, consideró que la decisión no estaba motivada puesto que había quedado absuelto en la vía penal, por lo que sostenía que era legalmente imposible tomar esa medida con apoyo en una denuncia que creía reducida a “meras conjeturas”.

La legislación sobre tenencia de armas establece que a la hora de otorgar esta clase de permisos se debe tener en cuenta la conducta y antecedentes del interesado y, de hecho, este debe permitir que se recaben sus antecedentes penales.

También es preciso aportar un informe de aptitudes psicofísicas, acreditar la dedicación real del interesado en el ejercicio de la caza y estar en poder de las licencias y tarjetas federativas correspondientes.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM indica que no toda infracción penal supone de forma automática que una persona condenada carezca de condiciones físicas o psíquicas necesarias para utilizar un arma, sino que hay que examinar si concurren o no hechos o circunstancias que revelen agresividad, inestabilidad psicológica o emocional.

En este caso concreto, apoya la decisión de la Guardia Civil al tener en cuenta que el hombre ha estado involucrado en un asunto “de tanta sensibilidad social” como es la violencia de género.