Juan Fernando López Aguilar ha dado instrucciones a los suyos para que tiren la toalla en el caso de Lali Guerra. Debe ser que para el secretario general del PSC la regeneración que necesita Canarias no alcanza a todas las instituciones públicas (las cajas lo son, aunque se rijan por el derecho privado). Porque debemos descartar que de repente le haya embargado el miedo, que como todo el mundo sabe, es libre y gratuito. No hay que descartar sin embargo que haya acciones judiciales antes de que los presuntos delitos cometidos en la última asamblea de La Caja (delitos societarios, fraude de ley...) prescriban. Mientras, seguimos a la espera de que alguien de Nueva Canarias explique a los suyos ese indecente intercambio de estampitas con el PP: Larry apoyó a Román para entrar en el consejo y el PP en el consejo apoyó a Román para que fuera vicepresidente. A cambio, Román puso de vicepresidenta de La Caja a una imputada por el feo asunto de las torres del canódromo, una tal Pepa Luzardo. ¿Hubiera hecho lo mismo si el imputado fuera socialista? ¿Por qué se guarda un sospechoso silencio en torno a este asunto? Pronto lo sabremos.