La mayoría de la patronal del plátano rechaza las medidas de control de la producción del Gobierno canario

Las organizaciones de productores de plátanos (OPP) de Canarias, todas menos una de las seis que forman la entidad Asprocan, no lo ven claro, nada claro. Así lo han trasladado en diversas consultas internas, y además esa información inicial ya la conocen de manera extraoficial en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, antes de la reunión clave que celebrará el consejero de Agricultura, Narvay Quintero, con Asprocan este miércoles, cita confirmada de forma oficial por la Consejería, para analizar a fondo la que será nueva norma reguladora del cultivo del plátano y de sus ayudas directas en las islas, en principio a través de la modalidad de decreto territorial. Asprocan ha remitido a esa cita para dar a conocer su opinión oficial.

Las respuestas de las OPP, aún consideradas informales (al menos hasta este miércoles), al borrador de nueva norma reguladora del sector platanero en Canarias, la que recogerá la batería de medidas legales que ha articulado el Ejecutivo autonómico con el objeto de poner orden a toda prisa en el cultivo del plátano en el archipiélago, son contrarias a ese futuro texto legal, al menos para cinco entidades de las seis que integran Asprocan, con lo que conforman una clara mayoría en el seno de esta organización.

El plátano es la principal actividad agraria local y un negocio que en la actualidad pasa por uno de sus peores momentos en cuanto a rentabilidad obtenida por los agricultores, con un 2023 calificado de desastroso (480 millones de kilos de plátano producidos y 39 millones de ellos con pica solicitada a la Consejería).

Como se ha indicado, de las seis OPP que forman parte de Asprocan, según han señalado diversas fuentes cercanas a esa negociación clave en estos momentos, solo la que maneja más producción comercializada, Coplaca (origen en Tenerife), con algo más del 30,8% del total canario (datos de Asprocan de 2022), se ha mostrado a favor, en términos generales, del planteamiento de la Consejería de Agricultura, mientras que el resto de OPP, Europlátano (La Palma), Cupalma (La Palma), Plataneros de Canarias (Gran Canaria), Agriten (Tenerife) y Llanos de Sardina (Gran Canaria), en principio se oponen a los cambios reguladores que proyecta el Gobierno autonómico y que afectan a la producción y a las condiciones para recibir la ayuda directa de la UE, 141,1 millones de euros al año.

En contactos mantenidos con carácter previo a la cita de este miércoles, que estará presidida por el consejero de Agricultura, Narvay Quintero, se han avanzado las medidas ideadas por este departamento autonómico y las posturas de cinco OPP de las seis han tenido como resultado general el ya expuesto.

Antes esta coyuntura, con la oposición inicial y mayoritaria de las OPP que constituyen Asprocan al planteamiento que defiende Narvay Quintero, y si antes no se concretan fórmulas de consenso entre estos interlocutores, los cambios legales propuestos por la Consejería solo podrán salir adelante con el apoyo de Coplaca y de las cuatro organizaciones profesionales agrarias (queda por ver qué hará Asaga-Asaja: si comparte la la decisión mayoritaria de Asprocan o no), que en su manifiesto de medidas a adoptar en el sector agrario de Canarias ante las protestas convocadas para el 21 y 24 de febrero, en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife, y el 1 de marzo, en Santa Cruz de La Palma, dedican un apartado específico a lo que se debe hacer con el cultivo del plátano para intentar sacarlo de su honda crisis de precios; esto es, de la pérdida de renta acentuada que arrastran los cosecheros.

En ese documento, se dedica un epígrafe a ese cultivo, con el título Crisis del sector platanero. En el citado apartado, las cuatro organizaciones profesionales agrarias (OPA) con representatividad en las islas, COAG-Canarias, Asaga-Asaja (en la que está integrada Asprocan), UPA y Palca-Unión de Uniones, concretan el camino que entienden debe seguir la Consejería de Agricultura para poner orden en el cultivo del plátano y salvar los muebles de al menos los productores llamados tradicionales, para lo que se entiende que habrá que llevar la producción isleña a niveles, como mínimo, en torno o por debajo de los 400 millones de kilos al año. En 2023 estuvo en 480.

En esta línea, las OPA aseguran que “el hundimiento de las rentas en este sector en los últimos meses obliga a adoptar decisiones por parte de la Administración regional que contribuyan a mejorar la gestión de la ayuda y del propio mercado”. Por ello, se sostiene en ese mismo escrito, “es necesario reformar el diseño de la ayuda [directa de la UE] que actualmente recibe el sector en el marco del programa Posei [141 millones de euros/año], incluyendo algunas cuestiones, que luego pasa a detallar.

Estas peticiones tienen que ver con que se haga pública la totalidad de las superficies en las que se producen plátanos que reciben ayuda, aportando transparencia al sistema; con la limitación de la entrada en el sistema de nuevas plantaciones de plátano con derecho a la ayuda del Posei [unos 0,30 euros por kilo, hasta 141,1 millones de euros/año]; con la fijación de la producción máxima por hectárea con derecho a ayuda [se baraja un volumen máximo de 65.000 kilos por hectárea]; con la ampliación del periodo de cálculo de las cantidades de referencia, para desincentivar las nuevas plantaciones; con el mayor control de la Administración regional sobre la fruta retirada, su calidad y la presentación del producto que va a los mercados, y con la exigencia de la aplicación estricta de la normativa y la existencia de más controles, para que se cumplan escrupulosamente las condiciones de comercialización exterior, además con mayor vigilancia y seguimiento del comercio interior.

Ante este panorama y sabiendo que pocas veces el Gobierno de Canarias ha actuado al margen de lo defendido por Asprocan en materia de plátano, en la reunión de este miércoles, la presidida por el consejero Narvay Quintero, Agricultura deberá decidir qué hacer, lo que será más fácil si al final hay arreglo o consenso final entre las partes. Si no fuera así, la Consejería, con los apoyos que ahora tiene, es posible que tome la decisión de actuar de forma rápida y eficaz con la nueva regulación, que es lo que Narvay Quintero ha dicho que iba a hacer, sí o sí, incluso con algo más de antelación, pues esa nueva norma la quiso tener preparada y aprobada para publicar en el BOC a finales de diciembre pasado. Ya se retrasa dos meses, y la crisis de precios y el subidón en la marca de corte de la fruta se mantiene. En una entrevista reciente publicada por este mismo periódico digital, Quintero afirmó que “con el plátano hay que tomar medidas por el bien de todos, que esta pica no se puede sustentar”.

En las seis primeras semanas con envíos de este 2024, la exportación ha aumentado el 13,4% respecto al mismo periodo de 2023, con 45,4 millones de kilos en enero de 2023 y dos semanas de febrero de ese mismo año, por los 51,6 millones de idéntico periodo del ejercicio anual en curso. Los precios percibidos por el agricultor, en términos generales, siguen igual de malos.

En relación con estas cuestiones, la Consejería de Agricultura ha confirmado la convocatoria de la reunión de este miércoles con Asprocan, presidida por Narvay Quintero. Oficialmente, la Consejería asegura que, pese a sí conocer que hay OPP que se han reunido para conocer el futuro decreto, nada conocen sobre sus posturas.

La consulta realizada a Asprocan sobre este mismo particular en la mañana de este lunes ha sido respondida por esta organización en los siguientes términos: “Asprocan no ha mantenido reuniones en ese sentido [con altos cargos de la Consejería, para ver el contenido de la futura norma reguladora del plátano]”, aunque sí se reconoce que “la Consejería les informará de las medidas previstas [este miércoles], pero, mientras no lo haga, no hay postura [oficial] del sector”.