Los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura rechazan las zonas de aceleración de renovables
Los presidentes de los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura, Oswaldo Betancort y Lola García, ambos de CC, han expresado este lunes su rechazo al modelo de Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR) impulsadas por la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias.
En un comunicado conjunto, ambos cabildos destacan su “posicionamiento firme y compartido en defensa del territorio, del paisaje y de un modelo de transición energética adaptado a la singularidad de ambas islas” y piden al Ejecutivo canario “diálogo y reflexión” para que se tengan en cuenta las realidades de sus islas.
Asimismo, los dos cabildos expresan su profunda preocupación por la decisión adoptada por el Gobierno de Canarias (de Coalición Canaria y el PP) mediante decreto aprobado en enero de 2026, por el que se eliminó la evaluación ambiental para determinados proyectos de energías renovables ubicados en ZAR.
Por este motivo, tanto el Cabildo de Lanzarote como el de Fuerteventura solicitan al Parlamento de Canarias que restituya la obligatoriedad de la evaluación ambiental para todos los proyectos de energías renovables que se pretendan implantar en ZAR.
Del mismo modo, ambos cabildos consideran “imprescindible” que las instituciones insulares recuperen plenamente su capacidad de decisión en la planificación energética del territorio.
Para estos dos cabildos, la publicación de los mapas de delimitación de estas zonas ha generado una preocupación social en Lanzarote y Fuerteventura, al advertir que se podría favorecer una implantación acelerada de grandes instalaciones energéticas en suelo rústico, con afecciones directas sobre el paisaje, el territorio y el modelo de desarrollo insular.
Aseguran que la filosofía que inspira las ZAR, basada en la aceleración administrativa para la implantación de grandes proyectos energéticos, “resulta incompatible con la realidad territorial, ambiental y paisajística de Lanzarote y Fuerteventura”.
Según exponen en el comunicado, el paisaje constituye no solo un valor ambiental, sino también cultural, económico y social que ha sido cuidadosamente preservado por generaciones, por lo que “la transición energética no puede realizarse a costa de la degradación del territorio ni del paisaje insular”.
Desde la presidencia de ambos cabildos se recuerda que el marco normativo autonómico vigente ya establece “de manera clara la priorización de la implantación de energías renovables en cubiertas y edificaciones existentes” y consideran imprescindible que, antes de plantear la ocupación de suelo para instalaciones energéticas, se deben efectuar estudios “objetivos y rigurosos” que determinen el potencial real de implantación de energías renovables.