La larga mano del empresario y promotor Juan Francisco Rosa tiene una traducción penal en el sumario del caso Unión: el juez César Romero Pamparacuatro le imputa al menos un delito de tráfico de influencias ante el Ayuntamiento de Yaiza, en concreto con el concejal de Urbanismo, Leonardo Rodríguez (CC), para que prospere en el planeamiento urbanístico del municipio turístico del sur de la isla de Lanzarote sus intereses particulares, directamente ligados a la propuesta de cometer un cohecho que formula el empresario Fernando Becerra, en nombre del máximo propietario de los terrenos de Costa Roja, Luis Lleó, al consejero socialista del Cabildo del Lanzarote Carlos Espino, principal denunciante del caso.
Gran parte de la investigación judicial concerniente a Juan Francisco Rosa Marrero se mantiene bajo secreto de sumario. Sin embargo, la alusión a su condición de imputado en varios autos judiciales se explica con todo lujo de detalles en un informe-diligencia de la Guardia Civil fechado el 22 de mayo de 2009, el viernes previo al lunes en que se desatara la parte operativa del caso Unión con las detenciones de los principales implicados, con Dimas Martín (PIL) al frente.
Señala el amplio operativo montado en torno a esta multitrama corrupta en Lanzarote, que Rosa Marrero “habría influido sobre Leonardo Rodríguez García, teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Contratación, Economía y Hacienda de Yaiza, manteniendo varias reuniones y almuerzos con él, supuestamente con la finalidad de convencerle para que los terrenos de los que Juan Francisco Rosa es propietario dentro de la promoción llamada Costa Roja, fuesen incluidos en el nuevo PGOU de Yaiza en la clasificación urbanística más beneficiosa para sus intereses económicos, así como también habría recurrido a la intermediación de Dimas Martín para que, tanto directamente como a través de su hijo Fabián Ataman Martín, vicepresidente del Cabildo de Lanzarote, influyese sobre Gladys Acuña Machín, alcaldesa de Yaiza, con idéntico fin”.
El presunto delito de tráfico de influencias cometido por Rosa Marrero se sustenta no sólo en sus múltiples contactos con el concejal de Urbanismo de Yaiza, sino en los pinchazos teléfonicos a Luis Lleó Khunel, que desde junio de 2008 hasta prácticamente el estallido público del caso, en mayo de 2009, detalla a través de su móvil la operación de compra-venta que está a punto de cerrar con Juan Francisco Rosa por el 100% de la parcela de Costa Roja, que para que se lleve a cabo, debe contar con el “desbloqueo” de su situación legal, tanto con la participación del Cabildo de Lanzarote, a través de su inclusión en el futuro Plan Turístico (PTEOTI) por medio del ofrecimiento de un cohecho a Carlos Espino, como del Ayuntamiento de Yaiza, dando carta de desarrollo urbanístico al 100% de la parcela a través del Plan General (PGOU) en diseño.
Es en esta pata municipal de Costa Roja donde entra en juego la figura del influyente empresario. Como principal beneficiario del intento de “desbloqueo” desde el Cabildo que hace Fernando Becerra en nombre de Luis Lleó, incluyendo los 22 hoteles declarados ilegales por el TSJC, se trabaja desde el ámbito municipal el futuro de los terrenos de Costa Roja. Tanto, que no sólo recurre al concejal de turno, sino al poder fáctico de la isla, Dimas Martín.
Figura en el sumario del caso Unión que el 6 de marzo de este año, en el teléfono pinchado de Dimas Martín desde el 23 de febrero anterior, el líder fundador del PIL recibe una llamada de Juan Francisco Rosa en la que el empresario intenta que el político en la sombra le ayude a solucionar todos los problemas que tiene en Yaiza con los hoteles ilegales, y con la redacción del PGOU, diciéndole que debe imponerse con su hijo Fabián, vicepresidente y responsable de la Oficina Técnica del Cabildo, y decirle: “Fabián, se acabó esto ya, ¿me entiendes?, no puede ser esto, ¿me entiendes?”. Dimas y Rosa quedaron en verse personalmente el lunes siguiente.
Los investigadores del caso resaltan en este presunto tráfico de influencias de Rosa Marrero ante el Ayuntamiento de Yaiza la vinculación contractual de Dimas Martín con las empresas de Juan Francisco Rosa, ya que el ex presidente del Cabildo de Lanzarote logró el tercer grado al ser contratado para ello por el empresario.
En la actualidad, el Plan General de Ordenación Urbana de Yaiza sigue sin salir adelante. La entrada en vigor de la Ley de Medidas Urgentes del Gobierno de Canarias, precisamente en mayo pasado, ha llevado al municipio turístico lanzaroteño a solicitar al Ejecutivo autónomo que asuma la redacción del planeamiento ante el gran retraso que lleva, según anunció el pasado 17 diciembre el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Domingo Berriel.