El Centro Nacional de Vulcanología: cinco millones, doce sillas y un consorcio que no termina de arrancar
El futuro Centro Nacional de Vulcanología (CNV), con sede principal en La Palma y apoyo científico en Tenerife, no está detenido porque falte dinero. Eso, al menos, no es hoy el principal problema: la partida de cinco millones de euros vinculada al proyecto figura en el marco presupuestario heredado de las cuentas del Estado de 2023 y, según el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el compromiso económico se mantiene. Lo que falta no es tanto el dinero como la fórmula para gastarlo sin que el expediente siga dando vueltas de despacho en despacho.
Más de un año después de que el Consejo de Ministros designara a La Palma sede física del futuro consorcio, dentro de una candidatura conjunta con Tenerife, el convenio que debe constituirlo formalmente sigue sin firma. El bloqueo tiene tres focos: el remanente presupuestario, el reparto de puestos en el consejo rector y el papel del Instituto Geográfico Nacional (IGN). A ellos se ha sumado, en los primeros días de julio, una disputa pública sobre si la financiación prometida se ha reducido en la práctica.
El proyecto prevé instalar su sede en una zona empresarial del municipio de El Paso, próxima a la colada del Tajogaite, con una segunda ubicación en la Casa Massieu, en el Valle de Aridane. La candidatura, impulsada conjuntamente por los cabildos de La Palma y Tenerife y respaldada por el Gobierno de Canarias, fue la única presentada y fue avalada por la comisión consultiva correspondiente. Tenerife acogerá una subsede de apoyo científico, apoyada en instituciones como el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), el supercomputador Teide, el CSIC y la Universidad de La Laguna.
La partida presupuestaria
La parte económica tiene menos misterio del que aparenta, aunque tampoco conviene despistarse. La partida está, no se ha gastado, y eso la convierte en una pieza que entra en la revisión de créditos no ejecutados de los ministerios. Cada verano, los departamentos revisan qué partidas no han usado, calculan el margen disponible y, hacia septiembre, valoran propuestas para reasignar remanentes a otros fines antes de que acabe el ejercicio.
Que una partida no ejecutada pueda ser revisada no significa que sea políticamente sencillo tocarla. Mover esos cinco millones a otro destino resultaría legalmente discutible según el trámite, administrativamente incómodo y políticamente costoso: la creación del CNV está asociada directamente a La Palma, a la reconstrucción posterior al Tajogaite y a una promesa institucional repetida por el Estado y por Canarias. Fuentes conocedoras de la negociación consideran que la partida es difícilmente desviable, no porque el dinero esté especialmente protegido, sino porque el coste político de reasignarlo sería alto. El Cabildo de La Palma ha denunciado retrasos y recortes, y el Gobierno de Canarias ha advertido de que el acuerdo debe quedar formalizado antes de final de año para evitar riesgos sobre los fondos.
El consejo rector y el reparto de puestos
El segundo nudo está en la gobernanza. El consejo rector del futuro consorcio se plantea con doce miembros: seis por la parte estatal y seis por la parte canaria. En el lado del Estado, el reparto está más encarrilado: la representación quedaría distribuida entre el Ministerio de Ciencia y organismos científicos y técnicos que ya participan o tienen funciones relacionadas con la vigilancia, la investigación o la gestión de riesgos, como el IGN, la AEMET, el CSIC y sus institutos especializados, el IGME o el IEO, además de la representación ministerial correspondiente.
El problema está en la otra mitad de la mesa. Canarias cuenta con seis puestos y más aspirantes que sillas: el Gobierno autonómico debe ordenar la presencia del Cabildo de La Palma, el Cabildo de Tenerife, la Universidad de La Laguna, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el sector científico canario, la consejería competente en ciencia y las reclamaciones de Involcan, que lleva años defendiendo su papel en la vigilancia y la investigación volcánica en las islas.
La Palma reclama centralidad porque sufrió la erupción y porque la sede principal se le asignó formalmente. Tenerife defiende el peso de su ecosistema científico, con universidades, institutos y capacidades técnicas acumuladas durante años. Las universidades públicas reclaman presencia, los cabildos también, y la comunidad científica no quiere quedar al margen. Involcan considera necesaria una presencia clara de quienes llevan décadas trabajando sobre el terreno. El resultado es una negociación en la que ningún actor sobra, pero no todos caben en el reglamento del consejo rector.
El papel del Instituto Geográfico Nacional
El tercer bloqueo es más profundo y afecta al modelo del centro. El IGN, organismo adscrito al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, mantiene hoy un papel central en la vigilancia volcánica, sísmica y geodésica: en virtud del Real Decreto 253/2024, de 12 de marzo, tiene atribuidas las competencias estatales en materia de vigilancia sísmica, volcánica y geodésica, que ejerce en el conjunto del territorio nacional, y su Plan Nacional de Vigilancia Sísmica, Volcánica y de otros Fenómenos Geofísicos fue aprobado por el Consejo de Ministros el 4 de marzo de 2025 a propuesta de ese departamento. La dirección y coordinación de estos servicios corresponde a la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, con sede en Madrid.
La expectativa política en La Palma y en sectores del Gobierno canario era que el nuevo CNV no fuese solo una marca, sino una verdadera descentralización de capacidades hacia Canarias: que las decisiones y el trabajo técnico sobre volcanes se hicieran desde el territorio volcánico activo del país, y no a distancia. Ahí aparece la resistencia: el IGN no parece dispuesto a trasladar de forma significativa personal y funciones desde Madrid a La Palma o Tenerife.
Esa fricción se ha plasmado ya en el propio texto del convenio. Según ha explicado el Ministerio de Ciencia, el 20 de marzo de 2026 remitió al Gobierno de Canarias un borrador que retiraba de los objetivos del consorcio la función denominada “gestión integral del fenómeno volcánico”, por entender que esa expresión podía generar ambigüedad competencial y solaparse con funciones que la ley ya atribuye al IGN y a otros organismos estatales. El Gobierno canario no respondió hasta el 30 de junio, más de tres meses después, con una propuesta que insistía en mantener esa función dentro del futuro consorcio. Fuentes del Ministerio sostienen que la controversia responde a una cuestión de seguridad jurídica, ya que ningún convenio puede alterar competencias fijadas por ley, y no a una falta de voluntad política. En Canarias la lectura es distinta: el Cabildo de La Palma plantea la posición contraria, que sea el organismo que legalmente tiene atribuida la vigilancia volcánica el que se integre en la estructura canaria, de forma que la competencia se ejerza desde el propio territorio activo y no desde Madrid. El Cabildo de Tenerife se ha sumado a esa posición y ha calificado de preocupante cualquier intento de recentralizar la dirección científica del proyecto.
La preocupación de fondo es que el futuro consorcio nazca con sede física en Canarias pero con las palancas principales fuera. Nadie discute que el IGN cuente con experiencia, redes y personal cualificado; la cuestión es si el nuevo centro debe reforzar la presencia técnica en las islas o limitarse a coordinar desde allí lo que se decide en otro lugar.
Para evitar un choque frontal con la Relación de Puestos de Trabajo y con funcionarios que no desean trasladarse, se estudia una vía progresiva: vincular a La Palma y Tenerife las plazas nuevas que se vayan generando en los próximos años a medida que se extingan puestos por jubilaciones o vacantes en el IGN. Nadie tendría que mudarse por la fuerza, pero las nuevas incorporaciones podrían nacer ya con destino en Canarias. Es una solución más lenta y menos vistosa que una mudanza masiva, pero se considera más viable.
El precedente de la Agencia Espacial Española en Sevilla pesa en la conversación. Allí, el traslado de funciones y personal desde Madrid se encontró con resistencias, plazas no cubiertas y la necesidad posterior de convocar nuevos puestos. La experiencia sugiere que descentralizar organismos públicos no se resuelve solo cambiando la dirección postal en el BOE: exige mover talento, carreras profesionales, incentivos y estructuras, un proceso que, si no se hace bien, la sede llega antes que la plantilla, y eso es como inaugurar un observatorio sin telescopio: queda bonito, pero observa poco.
Una semana de reproches cruzados
El choque entre administraciones se ha intensificado en los primeros días de julio. El 1 de julio, el Cabildo de La Palma acusó al Gobierno de España de dilatar deliberadamente la firma del convenio y de reducir la sede canaria a una función administrativa sin capacidad real de decisión. Al día siguiente, el Ministerio de Ciencia respondió rechazando esa lectura y sosteniendo que es el Gobierno canario quien, al insistir en modificar el reparto de competencias, retrasa innecesariamente el acuerdo. Ese mismo día, fuentes parlamentarias de Coalición Canaria en el Congreso registraron una pregunta escrita al Ministerio de Ciencia, una proposición no de ley y una solicitud de comparecencia de la titular del departamento para que informe sobre el calendario de puesta en marcha del centro. Desde esa formación se ha recordado, además, que la actividad sísmica registrada en Tenerife durante 2026, sin implicar una erupción inminente, confirma que Canarias es un territorio volcánicamente activo que no puede permitirse más demoras en este ámbito.
Al día siguiente, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática calificó la disputa de “artificial” y recordó que fue el propio Gobierno de España quien decidió ubicar el centro en Canarias, a petición del Gobierno autonómico durante la erupción del Tajogaite. Ese mismo día, la Presidencia del Gobierno de Canarias confirmó que continúan los intercambios de borradores entre las administraciones y que el Ministerio de Política Territorial se comprometió a revisar un informe técnico remitido esa semana por el Gobierno autonómico.
Qué queda por resolver
Está prevista para los próximos días una reunión, presencial o telemática, entre representantes del Gobierno de Canarias, los cabildos de La Palma y Tenerife y los ministerios implicados. El objetivo declarado por el Gobierno de Canarias es formalizar el convenio antes de que finalice el año, tanto para evitar el riesgo de que los fondos comprometidos queden sin ejecutar como para resolver el reparto de sillas canarias y la transición de competencias con el IGN.
La salida pasa por ordenar las sillas canarias, asegurar que la partida presupuestaria no se toca y pactar con el IGN una transición realista pero efectiva hacia las islas. Sin imposiciones imposibles, pero también sin convertir la descentralización en una palabra decorativa. Canarias no pide un souvenir volcánico. Pide que el centro que se prometió tras el Tajogaite tenga contenido, personal, capacidad científica y arraigo territorial.
Porque si el único territorio español con vulcanismo activo no puede albergar de verdad el centro nacional que estudia los volcanes, habrá que reconocer que el problema no está bajo tierra. Está bastante más arriba, en los despachos.