La ‘caja negra’ del Tajogaite: la arquitectura de la opacidad y la sospecha en la reconstrucción

La diputada socialista Alicia Vanoostende ha formulado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) contra la negativa de la Consejería de Presidencia del Gobierno canario, que preside Nieves Lady Barreto, a facilitarle el listado de beneficiarios de las ayudas económicas a los damnificados por la erupción del Tajogaite en 2021. El TSJC ha emplazado en agosto a los perceptores de estas subvenciones para que, en un plazo de cinco días, puedan intervenir en el procedimiento y defender su derecho a la privacidad.

Resulta altamente esperpéntico que esta parlamentaria haya tenido que recurrir a la justicia, incluso contando con un informe de los servicios jurídicos del Parlamento canario que avala su derecho a conocer esta información: “La decisión gubernamental controvertida, de no dar traslado directo de la información relativa la 11L/SD-3164 a la diputada del GP Socialista Canario Dª Alicia Vnoostende Simili, no parece tener fundamento jurídico suficiente”.

¿Qué razones esconde la consejera y el Gobierno de Canarias para negarse a facilitar el derecho reconocido jurídicamente de conocer todos los expedientes de concesión de las ayudas? Esta cabezonería, preocupante en un estado de derecho democrático, ya estaba judicializada antes del recurso promovido por Vanoostende, ya que la consejera se negó a cumplir una resolución del Comisionado de Transparencia según la cual esta información no puede ser confidencial. Lady Barreto prefirió presentar un recurso judicial antes que cumplir esta resolución. En esta demanda de la consejera me he presentado como demandado, ya que he sido la persona que denunció ante Transparencia la no publicidad de las subvenciones de ayudas por las pérdidas sufridas por el volcán.

El comportamiento de la consejera, y, por ende, de todo el Gobierno Canario puede calificarse de trumpista. El uso y abuso del poder para negarse a cumplir con el derecho y la justicia es algo que estamos observando continuamente con Trump. En el caso del Gobierno de Canarias el hecho es aún peor, porque calla, miente y esconde una práctica de prepotencia y arrogancia que espero que algún día tenga su castigo en los tribunales.

La gestión de la mal llamada “reconstrucción” de La Palma tras la erupción del volcán Tajogaite ha dejado de ser un ejercicio de solidaridad institucional para convertirse en el mayor experimento de ingeniería de la opacidad administrativa en Canarias. La conclusión de los hechos de la reiterada negativa a la publicidad de información me lleva a concluir que, detrás del relato oficial de la recuperación de la zona afectada, se oculta una “caja negra” donde cientos de millones de euros de dinero público se adjudican y distribuyen bajo un manto de secretismo sistemático, silencios administrativos y maniobras legales diseñadas ad hoc para eludir cualquier atisbo de control democrático.

La transparencia no es una concesión graciosa de la Administración, es la principal garantía contra la arbitrariedad. Sin embargo, en La Palma el modelo de gestión parece configurado para blindar los flujos de dinero público frente al escrutinio ciudadano. E incluso el propio escrutinio de la oposición en el Parlamento de Canarias.

¿Qué maniobras se esconden detrás del laberinto del silencio y el bloqueo institucional? La fiscalización ciudadana del dinero público se enfrenta a un muro infranqueable. La Administración ha optado por el bloqueo como estrategia defensiva. Empiezo por contar mi periplo personal exigiendo este derecho.

En octubre de 2024 formulé una reclamación y queja solicitando la modificación de la Orden de 2 de julio de 2024, que regulaba el régimen de subvenciones, mal llamadas compensaciones. Nunca la Consejera ha respondido a dicho escrito ni a los requerimientos formulados. Silencio y mutismo.

Decidí formular una reclamación, el 7 de enero de 2025, a la Intervención General de Canarias para que facilitara el acceso a los informes de fiscalización y auditorías, petición que fue ignorada, forzando la presentación de un recurso potestativo de reposición el 19 de febrero de 2025 y una solicitud de acto presunto el 23 de marzo de ese mismo año.

Después de meses, y dado el silencio también de la Intervención General, en mayo de 2025, formulé la queja al Diputado del Común, expediente que aún está abierto y que lleva más de un año sin resolver. Y recientemente recibo una notificación de respuesta a dicho recurso, un año y seis meses después, donde un oficio informa de la desestimación del derecho que reclamo. Pero lo más sorprendente es que la propia resolución no existe. Por eso aún cabe seguir reiterando qué hay detrás de la caja negra de las ayudas, que ni la Intervención cumple con sus deberes.

La tardanza en la resolución del expediente del Diputado del Común es una evidencia clara de la gravedad de la situación, ya que esta institución ha tenido que emitir sucesivos requerimientos, llegando a cursar un “recordatorio del deber legal de colaborar” ante la desidia de las consejerías implicadas. Un Gobierno canario que ignora sistemáticamente a todos los órganos de control administrativo y fiscal es un gobierno sospechoso.

El Parlamento ha desmontado la falsedad de la “protección de la intimidad”. La coartada del Ejecutivo autonómico para negar el acceso a los datos ha sido la supuesta salvaguarda de la intimidad de las víctimas. Pero el mencionado Informe del Servicio Jurídico del Parlamento de Canarias (11L/SD-3164) ha desmantelado esta tesis. Los letrados de la Cámara dictaminaron que la condición de afectado por el volcán no constituye un dato especialmente protegido que justifique el secreto y que la negativa al acceso vulnera derechos fundamentales y el ius in officium del cargo electo. Cuando el propio Parlamento desautoriza al Gobierno, la opacidad deja de ser una opción legal para convertirse en un desafío institucional.

Para profundizar en el preocupante desafío del Gobierno Canario a la justicia y a los órganos de control administrativo y fiscalizador, nada mejor que desnudar las cifras. Como expondré, los datos que hay de la publicidad de dichas subvenciones se formulan con importes, pero con una columna totalmente en blanco, la identidad de los beneficiarios, salvo en el caso de que sean empresas.

Las pruebas de la arbitrariedad se encuentran analizando dichas cifras y aquellos beneficiarios identificados. El análisis de los datos oficiales, tanto del primero y segundo trimestre de 2026 como de los trimestres previos, confirma la existencia de una gestión discrecional que no puede ampararse en la protección de datos. Mientras se ocultan millones de euros a beneficiarios anónimos, la misma Administración pública con total naturalidad da los nombres de empresas y entidades jurídicas.

Aquí aporto algunas cifras. En el primer trimestre de 2026, los datos de los beneficiarios que sí se publican, mientras otros importes similares permanecen en el anonimato expresan cantidades relevantes. La Sdad. Coop. Ltda. de Ganaderos de La Palma: 1.331.633,16 euros,Sella Edificios y Promociones, S.L.U.: 1.011.676,70 euros, Sosobano, S.L.: 665.813,62 euros, Constructora Taburiente, S.L.: 189.249,13 euros, Los Roquitos Management, S.L.: 139.879,44 euros, Tropifruit, S.L.: 56.118,04 euros o Payan Inversiones, S.L.: 120.719,48 euros.

Entre los beneficiarios identificados hay dos casos de enorme relevancia. La empresa unipersonal El Despertar Agrario S.L aparece de forma duplicada con dos importes, que suman más de medio millón de euros (Orden n.º 467 de 23 de diciembre de 2025).

Al superar los 500.000 euros acumulados, este beneficiario (persona jurídica) y todos los beneficiarios personales, entran de lleno en la obligación de publicidad del Reglamento UE 651/2014. El hecho de que aparezca fraccionado en dos apuntes bajo la misma orden podría interpretarse como un intento de evitar controles automáticos si se analizaran por separado.

Otro caso enigmático es la subvención a la empresa unipersonal Construcciones Marcos Antonio Rodríguez González: con una ayuda superior al millón de euros (Orden n.º 477 de 29 de diciembre de 2025): 1.143.083,90 euros. En este caso, la pérdida se refiere al edificio donde estaba la farmacia de Todoque. Curiosamente, el nombre del beneficiario es obvio y evidente. Entonces, ¿por qué no se da el nombre de una persona física que recibe 2,3 millones, por ejemplo.

En otro boletín, que se publica trimestralmente, aparece la Orden nº 126 del 27 de mayo de 2025, que concede 420.000 euros a Los Roquitos Management S.L. que, casualmente, recibe otra cantidad posteriormente. Además, la empresa Faloca S.L. recibe 612.000 euros. En esa misma orden se oculta a un beneficiario que recibe 1,54 millones de euros y a otro de 619.000.

¿Qué justifica que una sociedad mercantil limitada (SL) tenga menos “intimidad” que un particular que recibe el triple de dinero público? ¿Acaso la protección de datos ampara recibir 1,5 millones de forma opaca?

Siguiendo con el análisis de los datos publicados, hay un hecho sorprendente: la publicación de ayudas en el segundo trimestre de 2025 muestra una exactitud repetitiva de ciertas cifras (ej. 425.318,11 euros repetido siete veces; 399.850,08 euros repetido ocho veces). Esto sugiere la aplicación de un baremo o tope máximo automático. Si el cálculo es objetivo y reglado (1504,08 euros euros por metro cuadrado perdido), decae aún más el argumento de la “intimidad”, pues la cifra no revelaría la situación económica real del afectado, sino el valor catastral del daño tasado.

Precisamente, una de las dudas razonables se refiere a los procedimientos y los métodos para la tasación de las pérdidas. Por ejemplo, se ha tasado igual la pérdida de una vivienda, cualesquiera que fuera su valor catastral o de mercado anterior a la erupción (1504,08 euros por m2), que un edificio que no fue derribado, como es la Sociedad Velia de La Laguna, que ha recibido una subvención de 822.031,97 euros (Orden N.º 467 de 23 de diciembre de 2025).

Mientras, en el lado de los beneficiarios anónimos llegamos a una inconsistencia flagrante al comparar las entidades anteriores con el agujero negro de los beneficiarios anónimos detectados en órdenes recientes: 2.305.042,96 euros (Orden n.º 457, dic. 2025), 549.220,07 euros (Orden n.º 126, mayo 2025), 1.500.000,00 euros (Orden n.º 239, ago. 2025), 2.305.042,96 euros (Orden n.º 457, dic. 2025), 1.549.220,07 euros (Orden n.º 126, mayo 2025), 1.500.000,00 euros (Orden n.º 239, ago. 2025), 1.197.404,12 euros (Orden n.º 199, julio 2025), 970.483,58 euros (Orden n.º 457, dic. 2025), 934.776,96 euros (Orden n.º 425, dic. 2025), 934.512,60 euros (Orden n.º 427, dic. 2025), 822.264,04 euros (Orden n.º 25, feb. 2025), 818.546,68 euros (Orden n.º 415, dic. 2025), 778.138,00 euros (Orden n.º 226, dic. 2024), 744.569,94 euros (Orden n.º 408, dic. 2025); y así otras veinte beneficiaros más, con cantidades relevantes que superan el medio millón de euros.

Si la ley permite publicar el nombre de una cooperativa o una S.L. que recibe más de un millón de euros, ¿qué justificación legal queda para ocultar a una persona física que recibe más del doble? Esta discriminación selectiva sugiere que la “protección de datos” no es más que una pantalla para evitar la trazabilidad de los fondos públicos.

A esta opacidad se suma un riesgo devastador: la tributación de las ayudas. Es decir, la amenaza de la indefensión fiscal. No existe norma con rango de ley que declare específicamente exentas de tributos las ayudas de la Orden de 2 de julio de 2024. Aunque la Disposición Adicional Quinta de la Ley del IRPF permite la no integración en la base imponible si se acredita la reparación de daños por catástrofe, la omisión de información oficial por parte de la referida Consejería deja a miles de ciudadanos en una situación de indefensión frente a Hacienda. La Administración ingresa cientos de miles de euros y desentiende las consecuencias fiscales de sus actos, arrojando a los damnificados a una posible vorágine de requerimientos y sanciones por desinformación.

Ante este escenario, en mi insistencia por lograr que se informe de la trazabilidad de todas las ayudas, planteo una hoja de ruta ciudadana para forzar la claridad y transparencia. Es necesario presentar una consulta tributaria vinculante ante la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda, para que informe sobre si estas ayudas no deben tributar como ganancias patrimoniales ordinarias. Además, la exigencia de transparencia ante la consejería lleva a requerir la emisión de una circular informativa y el acceso a los modelos informativos (Modelo 346) remitidos a Hacienda para verificar cómo está catalogando el Gobierno estas ayudas.

El Valle de Aridane ha vivido la mayor catástrofe habida en toda su historia. Ha sido el volcán más devastador jamás conocido en Canarias, junto a la erupción en Timanfaya. Ambos, sin apenas impacto en vidas humanas de forma directa, sepultaron y enterraron para siempre viviendas, fincas y tierras de cultivo, de manera irreversible. El actual Gobierno canario ha optado por una “reconstrucción” a la carta, mediante la entrega de subvenciones directas y personales, y la ejecución de obras y vías interminables sobre las coladas. Nunca podrán decir que lo están haciendo bien. Nunca nadie podrá alardear de que siguen la vía correcta. Todas las personas afectadas tienen derecho a recuperar su vida. Pero la mejor recuperación debe ser comunitaria, transparente y solidaria, Sin embargo, la caja negra esconde probablemente todo lo contrario.

Este artículo refleja una parte del análisis que he hecho de los únicos datos publicados sobre las ayudas personales. Durante meses, mis días y mis noches se han consumido en el escrutinio minucioso de boletines, dictámenes y entramados burocráticos que asfixian la dignidad de nuestro pueblo. Cual Quijote, después de haber hecho mi inmersión en los libros de caballería, descifrando una arquitectura de la opacidad que oculta la verdad, llega un momento en que la contemplación de los agravios ya no basta. Hoy me revisto con una armadura forjada, no con metales, sino con principios de ética, dignidad y justicia. Los gigantes que tenemos enfrente -silencios administrativos, leyes redactadas a medida y sociedades mercantiles que operan en la penumbra- son los molinos que debemos asaltar.

Mi implicación en la búsqueda de la transparencia y la justicia es una lucha por una reconstrucción comunitaria, genuinamente empática y revalorizable, por encima de los intereses personales espurios. Es hora de salir a la llanura: la palabra, sustentada en la verdad de los datos, es nuestra única lanza.