El derecho al buen trato frente a la sacralización de los vínculos biológicos

Hace unos meses leí la novela autobiográfica Todo lo que no ves, de Aranzazu G. Butler, una trabajadora social canaria, y desde entonces no me quito la historia de la cabeza. Su relato en primera persona sobre las zonas oscuras de su propia familia pone palabras a un tabú que lleva décadas blindado. Lo que hace Butler es tirar de la manta y dejar al descubierto, desde la crudeza de lo vivido, esa grieta enorme que hay entre la ficción idílica que nos vendemos y la realidad de muchos hogares. Coincido con ella palabra por palabra. Y lo sé también por mi propia experiencia profesional, porque he visto decenas de casos idénticos al que ella relata, donde el guión se repite de forma casi milimétrica.

Vivimos bombardeados por una narrativa oficial. La publicidad, la cultura popular y las conversaciones de café insisten en retratar la maternidad como un territorio idílico, un espacio de entrega absoluta y cuidado perfecto. Pero esto no es solo una mentira biológica; es una forma de violencia simbólica que genera consecuencias destructivas. Este mito del instinto maternal universal opera como un mandato de género perverso que asimila mujer a madre y madre a santa, encorsetando a las mujeres y, de paso, desprotegiendo por completo a la infancia más vulnerable. Cuando nos empecinamos en no ver que una madre puede ser negligente, violenta o incapaz de construir un vínculo sano, ¿quién paga el pato? Los hijos y las hijas. A estas criaturas las empujamos a habitar el silencio y la culpa, obligándolas a justificar el vacío o el maltrato bajo esa cantinela tan cobarde de que cualquier madre, por el mero hecho de serlo, te quiere a su manera.

Esta idealización se vuelve especialmente peligrosa cuando saltamos del ámbito privado al institucional y miramos la realidad de las madres que llegan a tener la patria potestad suspendida por resolución judicial o administrativa. Conviene pararse aquí. Quienes trabajamos en el sistema de protección de menores sabemos que suspender una patria potestad no es un castigo aleatorio ni una rabieta de la Administración. Es una medida drástica, el último recurso absoluto para salvar la integridad física y psicológica de niños y niñas cuyas vidas están en riesgo real dentro de su propia casa. Detrás de esa decisión hay meses de evaluaciones exhaustivas de equipos profesionales multidisciplinares que constatan que los deberes mínimos de protección están completamente rotos. No hay alternativa.

Sin embargo, da pavor ver qué pasa cuando uno de estos casos salta a la opinión pública o a los medios de comunicación. Se activa una resistencia social automática y visceral. La gente, cegada por ese mito de la madre infalible, se lanza a defenderlas de forma acrítica. Se montan campañas de simpatía colectiva y solidaridad mediática que ignoran olímpicamente el calvario, el maltrato o el desamparo real que han sufrido esas criaturas en la intimidad del hogar. Es muy revelador. Se prefiere linchar la intervención institucional, tachándola de fría, desalmada o funcionarial, antes que encajar la dolorosa realidad de que esa madre ha destrozado los derechos de sus propios hijos e hijas. Preferimos proteger la mentira antes que mirar el daño.

Supongo que este corporativismo cultural ocurre porque las violencias hacia la infancia se dan en un plano oculto que preferimos ignorar para no dinamitar nuestras propias certezas familiares. Y aquí es vital matizar los conceptos. La negligencia es, de lejos, la desatención más invisible y la causa principal de la pérdida de tutela. Pero ojo, no hablo de falta de recursos económicos o de situaciones de pobreza estructural; eso se soluciona con ayudas sociales, no quitando hijos. Hablo de la negligencia real y grave, por acción o por omisión, de las necesidades físicas, médicas y emocionales de las criaturas.

La negligencia por acción la identificamos rápido: conductas activas que dañan, como el consumo de sustancias tóxicas delante de menores anulando la capacidad de cuidado, o instrumentalizarlos en guerras adultas. Pero la negligencia por omisión es mucho más sutil y dañina. Es el no estar, el no mirar, la ausencia de una seguridad afectiva básica, el abandono emocional crónico, la falta de escolarización o de supervisión. Esto no deja un moratón en la piel que puedas fotografiar para una denuncia, pero su capacidad de destrucción psicológica es masiva. La neurobiología y la psicopedagogía lo repiten constantemente: la falta prolongada de respuestas afectivas estables altera el desarrollo neurológico en etapas críticas, desestructura la capacidad de vincularse en el futuro y genera un estado de hipervigilancia extrema. Es el trauma complejo. Niños y niñas que crecen asumiendo que si nadie los mira ni los cuida es porque no valen nada. Eso fractura cualquier identidad en construcción.

Hacer esta reflexión a raíz del libro de Butler no significa, ni mucho menos, simplificar el debate o criminalizar a las mujeres en bloque. Detrás de una madre que no cuida suele haber historias de vida no resueltas, mochilas de salud mental o carencias estructurales. Pero madurar como sociedad implica tener la honestidad ética de reconocer que existen madres que ejercen violencias devastadoras. Seguir protegiendo la mística de la biología sagrada es revictimizar de forma cruel a los supervivientes de estas crianzas disfuncionales, negándoles el derecho a procesar su historia, a nombrar el daño recibido y a sanar sus heridas sin que el entorno les devuelva una mirada de reproche o sospecha.

Butler da en el clavo al demostrar que el amor maternal no es un automatismo de la naturaleza, sino una construcción compleja que a veces, sencillamente, no llega a edificarse. Su testimonio abre la puerta a entender que la hostilidad o la distancia afectiva de una madre no son anomalías de laboratorio, sino realidades humanas reales que urge nombrar para liberar a las hijas y a los hijos de una culpa heredada que jamás les perteneció.

La conclusión, para mí, es nítida: el respeto a la infancia y la garantía efectiva de sus derechos humanos tienen que estar siempre por encima de la sacralización de la familia de origen o de cualquier lazo de sangre. La capacidad de cuidar, de acompañar y de ofrecer un entorno seguro no viene de serie en la genética ni se otorga automáticamente en el parto; se demuestra en el buen trato diario, en la presencia consciente y en la responsabilidad asumida. Necesitamos con urgencia sociedades maduras que dejen de romantizar los árboles genealógicos obligatorios y empiecen a validar los entornos que de verdad protegen.