Diez años de ‘La manada’ de Pamplona

Hoy hace diez años de la violación grupal en los sanfermines de 2016. Un crimen que cambió muchas cosas en este país. “No es abuso, es violación” junto con “Yo sí te creo” fueron dos poderosos gritos feministas que sacaron a la calle a cientos de miles de personas y se convirtieron, respectivamente, en el resumen de una sentencia del Tribunal Supremo de 2019 y de una ley feminista de 2022. Ahora este país es otro. Pero merece la pena recordar el camino recorrido y no dar ni un paso atrás.

En 2016 era jueza en un juzgado de Instrucción y opiné en varias ocasiones antes de la sentencia firme que jurídicamente no era abuso, era violación. Realmente eran violaciones, en plural.

Recuerdo debates en los que se me recriminaba esa opinión como magistrada, porque el caso estaba pendiente de sentencia o de recurso -muy lejos de mi jurisdicción- mientras en tertulias en prime time se invitaba al abogado defensor de los agresores, presentándole no como parte interesada, sino como supuesto experto. Y a los -entonces presuntos- violadores, como chicos normales, uno de ellos militar y otro guardia civil -el que cometió, además, el robo del teléfono móvil de la víctima-. Mientras tanto, a la opinión pública apenas llegaban las voces de las auténticas expertas en violencia sexual de este país. Y sin saberlo, se estaba tragando todos los estereotipos de la cultura de la violación: el de la mujer mentirosa, interesada; el de la mujer decente que tras una violación no puede salir ni reír ni ir a la piscina, ni recuperar su vida.

Como resultado, parte de la sociedad empatizaba más con los agresores y sus familias que con la víctima, que tuvo que marcharse de España por la persecución y la revictimización a la que fue sometida. Quince años después de Nevenka.

Jurídicamente, la Audiencia Provincial de Navarra condenó por un solo delito de abuso, no violación. La agresión sexual exigía no solo falta de consentimiento, sino violencia o intimidación, y no se consideró probada esa misma intimidación que sí se apreciaba en cualquier tribunal si cinco hombres rodeaban a una joven y le robaban el teléfono móvil. Hubo un voto favorable a la absolución. El del jolgorio. En apelación, ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, sí hubo un voto por la calificación jurídica de violación, pero quedó en minoría. La víctima y las demás acusaciones tuvieron que llegar al Tribunal Supremo para que, finalmente, se dictara sentencia diciendo: “No es abuso, es violación”. Por intimidación ambiental.

También dijo el Tribunal Supremo algo que poca gente sabe: que, por la garantía del principio acusatorio, no podía ya juzgar e imponer a cada uno las penas que, conforme a la jurisprudencia, habrían resultado de acusar no solo por sus actos individuales, sino también por cooperar en las violaciones cometidas por los otros cuatro partícipes. Por ese fallo de la justicia, se habían librado de cuatro penas de violación cada uno. De treinta años más de condena. Hubo mucha especulación y noticias sobre si con la posterior ley de 2022 se les iba a rebajar un año o dos, ya que el Tribunal Supremo les había impuesto casi la mínima; pero ese error anterior les había rebajado la pena treinta años. En vez de quince, el límite del triple de la pena mayor eran cuarenta y cinco años de prisión. De eso se habló tan poco que aún hoy sorprende cuando juristas recordamos ese fallo judicial.

La ley de garantía integral de la libertad sexual de 2022 sustituyó el sistema de la violencia e intimidación por el del consentimiento afirmativo- “solo sí es sí”- como recomendaba el Consejo de Europa, valoraron positivamente todos los informes de los órganos constitucionales y adoptaron los países más desarrollados en igualdad y derechos humanos.

En el ámbito penal, ya sabemos que la ley sufrió una ofensiva mediática y jurídica, comparable a la de la ley de violencia de género de 2004, que unida a la proximidad electoral, motivó su reforma en 2023, y se frenó la implementación de muchos de los avances que contenía.

Pero, más allá del contenido penal, (prácticamente lo único que conoció la opinión pública) esa ley hizo algo mucho más importante para la vida de las mujeres: adoptar medidas de prevención y protección integral, y dotarlas de recursos.

El Derecho Penal siempre llega tarde, por definición, cuando el delito ya se ha cometido. Lo vital es poner los medios y recursos públicos para prevenir, formar, concienciar, y en caso de producirse, atender a las víctimas y reparar el daño. Un Estado que dice “yo sí te creo” no vulnera la presunción de inocencia del agresor, pero sí pone a disposición de toda la sociedad la necesaria formación, el imprescindible personal especializado, y garantiza los derechos de las víctimas y supervivientes de violencia sexual a acudir a esos servicios públicos, como los centros de asistencia integral 24 horas. El derecho a la asistencia jurídica gratuita. La obligación del Estado, cuando una víctima acude a la sanidad pública, de recoger y conservar las pruebas biológicas e imágenes para su custodia y análisis aunque en ese momento ella no pueda denunciar. Unas garantías que muchas mujeres aún no saben que tenemos gracias a esa ley.

Diez años después, algunos que vivían felices en la cultura de la violación y su impunidad intentan que volvamos atrás. Menosprecian la lucha feminista que consiguió todo esto, y que continúa (r)evolucionando del #MeToo al #Cuéntalo. Esta misma semana hemos leído un pacto de gobierno para Andalucía que es negacionista, no contiene ni una palabra sobre la violencia contra las mujeres. Me gustaría asegurar que no vamos a retroceder en derechos y libertades, pero tendremos que luchar por ello. Mirar el camino y seguir avanzando. Demasiado lejos ha ido el fascismo, no el feminismo.

Hay dos frases de C., la víctima de La Manada, que deberíamos llevar grabadas a fuego. Una la escribió en una carta: que el proceso, lo que vino después, fue aún peor que el portal. Y otra que me contó su madre: aún con la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo, se preguntaba si mereció la pena.

Querida C., sí. Quizá a ti no, porque fue devastador; pero en España y también fuera, millones de mujeres y niñas te debemos muchísimo. Diez años después, querría volver a decirte: perdón, y gracias.