El expediente que nunca existió
En septiembre de 2025 entré en un edificio del Gobierno de Canarias con una carpeta bajo el brazo. Dentro había informes médicos, documentación y una solicitud muy sencilla: incorporar a mi certificado de discapacidad una nueva patología reconocida.
La funcionaria que me atendió fue correcta, profesional y cercana. Recogió la documentación y, antes de despedirme, me transmitió tranquilidad: “En un plazo máximo de seis meses tendrá una resolución. Puede consultar el estado de su expediente a través de la sede electrónica o llamando al 012”.
Salí de allí convencido de que la Administración podía tardar, pero de que el procedimiento ya había comenzado.
Me equivoqué. Pasaron seis meses. Luego siete. Después ocho. Nueve. Diez.
En varias ocasiones llamé al 012 para interesarme por el estado de mi expediente. Siempre encontraba respuestas parecidas. Hay mucho trabajo. Todavía no está informatizado. Debe esperar.
Y uno espera.
Porque entiende que detrás de cada mesa hay profesionales que hacen cuanto pueden con los medios de los que disponen.
Porque sabe que la Administración no siempre avanza al ritmo que necesitan los ciudadanos.
Y porque, casi sin darse cuenta, termina normalizando lo que nunca debería ser normal.
Hasta que hace unas semanas ocurrió algo que cambió por completo mi manera de entender este proceso.
La operadora del 012, cuya amabilidad merece ser reconocida, intentó localizar mi expediente. Buscó. Volvió a buscar. Guardó silencio. Yo también.
Finalmente me pidió el número de registro de la solicitud presentada hacía casi un año.
¿Por qué?
Porque el expediente ni siquiera aparecía en el sistema. No estaba pendiente. No estaba retrasado. No estaba en tramitación. Simplemente, para la propia Administración, todavía no existía.
Y en ese instante comprendí que el verdadero problema no era la demora. Era otro mucho más inquietante.
¿Cómo puede confiar un ciudadano en una Administración que, once meses después de presentar una solicitud, todavía no sabe que existe?
Una Administración puede pedir paciencia. Lo que no puede pedir es fe. Porque presentar un expediente es un trámite. Descubrir casi un año después que ese expediente nunca llegó a existir para quien debe resolverlo es una forma de abandono.
Ese día entendí que el tiempo no es lo único que se pierde.
También se pierde la confianza.
Y cuando una institución pierde la confianza de quienes dependen de ella, pierde una parte esencial de su razón de ser.
Detrás de cada expediente no hay un número.
Hay una persona.
Hay un diagnóstico.
Hay informes médicos.
Hay tratamientos.
Hay derechos.
Hay familias esperando.
Hay decisiones que condicionan la vida de alguien.
Y, sobre todo, hay dignidad.
Porque nadie presenta una solicitud por capricho. Se presenta para mejorar su calidad de vida. Para acceder a un derecho. Para obtener un recurso. Para poder seguir adelante.
Ninguna persona debería sentir que su vida puede quedarse detenida porque un expediente todavía no ha encontrado un ordenador donde existir.
Nos hemos acostumbrado a escuchar que la Administración está desbordada. Que faltan medios. Que hay demasiados procedimientos pendientes. Quizá sea cierto. Pero ninguna de esas explicaciones puede convertirse en una excusa permanente para aceptar lo inaceptable.
Porque cuando una Administración pierde el rastro de un expediente, no pierde un papel. Pierde la confianza de un ciudadano. Y esa confianza cuesta mucho más recuperarla que cualquier documento.
No escribo estas líneas porque crea que mi caso sea excepcional. Las escribo precisamente porque temo que no lo sea. Porque detrás de cada llamada al 012 puede haber otra persona esperando. Otra familia pendiente de una resolución. Otro ciudadano intentando entender por qué su vida depende de un expediente que todavía no existe para quien debe resolverlo.
La Administración perdió un expediente. Yo no. Yo sigo aquí.
Esperando.
Porque los expedientes no esperan.
Esperan las personas.