El interventor de Arrecife frena el intento de pagar facturas por casi 3 millones por ''irregularidades'' y falta de crédito

La Intervención del Ayuntamiento de Arrecife ha emitido un reparo contra el intento del gobierno municipal (PP-CC) de pagar cientos de facturas que suman 2,9 millones de euros mediante un reconocimiento extrajudicial de crédito. Esta herramienta tiene carácter excepcional y permite a las administraciones locales pagar, con cargo a las arcas del municipio, facturas pendientes correspondientes a obras, servicios o gastos en general que se realicen en el año natural del propio ejercicio presupuestario. En un rotundo informe del 11 de agosto, el interventor fundamenta el reparo en la inexistencia de crédito y en una serie de irregularidades administrativas detectadas en el expediente.

El documento, adelantado por La Voz de Lanzarote y al que ha tenido acceso Canarias Ahora, concluye que no se tramitaron ni la oportuna retención de presupuesto ni la propuesta de gasto a la hora de contratar los servicios, faltando “el rigor que debe acompañar a la ejecución de gastos municipales que supone el uso de los fondos públicos municipales”. De esta manera, se impidió que la Intervención pudiera ejecutar la fiscalización previa sobre la procedencia de los gastos así como la comprobación de existencia de crédito adecuado y suficiente para su pago.

Las facturas, a cuya relación ha accedido este periódico, se corresponden a múltiples servicios diferentes prestados por empresas distintas. Los importes también son muy diversos, pasando de una factura de 8,56 euros de Canal Gestión Lanzarote S.A., la empresa responsable de la gestión del agua en la isla hasta junio de 2026, hasta una de 73.975,04 euros de Preventos Media S.L. por los servicios prestados en una gala de entrega de premios de turismo en 2025.

En la relación de facturas que suman estos 2,9 millones de euros hay también pagos pendientes a la agencia de viajes Viajes Insular S.A. o a la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote.

El interventor incide en la nota de reparo en que este modus operandi es habitual en el Ayuntamiento de Arrecife. “Se reitera en este informe de la (sic.) necesidad de cese en dicha forma de actuar”, subraya. La Intervención también advierte de que algunos servicios incluidos en estas facturas deben salir a licitación, por superar los 15.000 euros anuales, de acuerdo con la Ley de Contratos Públicos. En concreto, menciona los servicios de iluminación y sonido.

En el informe, el interventor concluye que corresponde al Pleno de la Corporación resolver este asunto. Por ello, el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Alfredo Mendoza, ha dirigido un escrito preventivo tanto a la Secretaría General como a la Intervención, con el objetivo de “extremar las garantías” antes de adoptar un acuerdo plenario.

En este escrito hace referencia al contenido del informe de la Intervención y propone la comprobación individualizada de las facturas. Mendoza ejemplifica que una de las empresas aparece con 57 facturas que suman un importe agregado de 633.612,98 euros. De ellas, apunta, el importe más alto asciende a los 73.975,04 euros y carece de contrato.

Para justificar el escrito y la necesidad de extremar las garantías, Mendoza recuerda que existe una investigación abierta en la Fiscalía sobre presuntas irregularidades en determinados procedimientos de contratación municipal. Tal y como publicó este periódico, el Ministerio Público se querelló contra el alcalde, Yonathan de León, y el concejal de Fiestas, Echedey Eugenio, por presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude a la Administración por la organización de diferentes fiestas de la capital: la feria navideña ‘Navilan’, la Feria de Abril, Carnaval y la feria inspirada en el circo Billy Capers.

Así, el PSOE ha pedido a la Secretaría General y a la Intervención que aclare si el expediente está completo para ser sometido a resolución en el Pleno, que precise qué efectos jurídicos produce la aprobación del reconocimiento extrajudicial de crédito respecto a las irregularidades que pudieran afectar al procedimiento originario de contratación. También pide que determine si es posible excluir del reconocimiento las facturas en las que existan dudas sobre su procedimiento de contratación.