Han sacado la patita
Las pensiones tienen memoria. Y hay quienes preferirían que los ciudadanos votaran sin hacer demasiadas preguntas.
Hay casas en Canarias donde la pensión llega antes que la tranquilidad.
El día que se cobra, alguien hace cuentas. La luz, el agua, la compra, los medicamentos. Quizá también una ayuda para un hijo que no encuentra trabajo o para un nieto que, aun trabajando, no consigue pagar un alquiler.
A veces no sobra nada. Pero aquella pensión mantiene la casa en pie. Por eso, cuando alguien anuncia desde un despacho o un plató de televisión que el sistema va a colapsar, no está pronunciando una frase cualquiera. Está entrando en miles de hogares, sentándose a la mesa sin haber sido invitado y dejando una preocupación que no desaparece cuando termina el programa.
En Canarias tenemos una expresión para esos momentos en los que alguien deja entrever algo que quizá prefería mantener oculto.
Ha sacado la patita. Y estos días, hablando de pensiones, hemos visto asomar unas cuantas.
La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha advertido de que el sistema actual acabará colapsando. También ha defendido la necesidad de cambiar el modelo y tomar decisiones valientes.
¿Valientes? De acuerdo. Pero díganos cuáles, porque resulta relativamente fácil hablar de valentía cuando las consecuencias pueden recaer sobre el bolsillo de otros.
Alberto Núñez Feijóo ha salido después a garantizar que las pensiones son innegociables y que mantendrá su actualización conforme al IPC.
Me parece bien que lo diga. Pero entre anunciar un colapso y prometer tranquilidad hay una explicación pendiente.
Y esa explicación no puede sustituirse por una frase de campaña. Sobre todo, porque las pensiones tienen memoria, aunque algunos discursos políticos parezcan confiar en que nosotros no la tengamos.
En 2013, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó una reforma que desvinculó la revalorización de las pensiones del IPC y estableció un incremento mínimo anual del 0,25%. La pensión subía sobre el papel mientras perdía valor en el supermercado.
En 2021, otra reforma recuperó la actualización conforme a la inflación y derogó el factor de sostenibilidad introducido en 2013.
No son opiniones. Son leyes publicadas en el Boletín Oficial del Estado.
Y hay otra historia que merece contarse: la de la famosa hucha de las pensiones.
Al terminar 2013, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social disponía de unos 53.744 millones de euros. Al finalizar 2021 quedaban 2.138 millones.
Una caída enorme.
Conviene decirlo con rigor: aquel dinero se utilizó para atender obligaciones del sistema durante años difíciles. Sería incorrecto atribuir todo el descenso a una única reforma o a una sola decisión política. Pero también sería incorrecto detener ahí la historia, porque la hucha ha vuelto a crecer.
A finales de 2025 superaba los 14.000 millones de euros y, a 31 de marzo de 2026, alcanzaba los 15.267 millones. Parte de esa recuperación procede de las aportaciones del Mecanismo de Equidad Intergeneracional.
¿Significa que todos los problemas están resueltos? Naturalmente que no. El envejecimiento de la población, los salarios, el empleo y la financiación futura exigen respuestas serias.
Pero tampoco estamos ante una hucha vacía ni ante la desaparición inminente de las pensiones. Los números son los que son y una democracia merece que se cuenten completos, no solamente cuando sirven para asustar o para presumir.
Vox, mientras tanto, ha planteado avanzar hacia un modelo mixto que combine el reparto público con la capitalización individual. Sus dirigentes aseguran que las pensiones seguirán pagándose.
La cuestión es cómo. ¿Quién financiaría la transición? ¿Qué ocurriría con quienes tienen salarios bajos o carreras laborales interrumpidas?
Porque hablar de ahorro individual resulta sencillo cuando uno dispone de dinero para ahorrar.
Hay personas para quienes llegar a fin de mes ya constituye una proeza.
No se puede construir una propuesta de futuro fingiendo que todos partimos del mismo lugar.
Hasta aquí, un debate político que necesita explicaciones. Muchas.
Pero entonces llegó la televisión.
En Horizonte, Eduardo Inda recomendó al Partido Popular que dejara de hablar de pensiones hasta después de las elecciones del 29 de noviembre. Lo dijo sin demasiados rodeos: “Que se callen con las pensiones en el PP”. Y añadió que ya podrían hablar cuando estuvieran formando Gobierno.
Ahí apareció, para mí, la patita más reveladora. No porque un periodista tenga prohibido opinar. Tiene todo el derecho del mundo, sino porque una cosa es analizar si una declaración perjudica electoralmente a un partido y otra aconsejarle que guarde silencio sobre un asunto que afecta a millones de personas hasta que estas ya hayan votado.
Si una reforma es necesaria, habrá que explicarla. Y si puede resultar impopular, con más razón.
El cuarto poder no debería convertirse en el departamento de estrategia electoral de quienes aspiran al primero.
El periodismo tiene una tarea bastante más importante: preguntar, contrastar, investigar y contar lo que descubre, aunque incomode al Gobierno o a la oposición. Como hizo Silvia Intxaurrondo cuando, en una entrevista de 2023, cuestionó a Feijóo por afirmar que su partido siempre había revalorizado las pensiones conforme al IPC.
Eso es ejercer el periodismo. No se trata de desacreditar a toda una profesión. Sería injusto con quienes trabajan con rigor y soportan presiones por hacer preguntas incómodas. Se trata de recordar que los ciudadanos necesitamos periodistas que nos ayuden a conocer los hechos, no tertulianos que enseñen a los políticos cuándo conviene esconderlos.
Y esta exigencia también alcanza a quienes gobiernan.
Pedro Sánchez y su Ejecutivo defienden la actualización de las pensiones conforme al IPC, como establece la legislación vigente. Pero tienen igualmente la obligación de explicar cómo afrontar los desafíos de financiación de las próximas décadas.
La sostenibilidad no puede despacharse con un eslogan, venga de donde venga, porque el debate no consiste en elegir entre cerrar los ojos ante los problemas o anunciar el apocalipsis cada vez que alguien abre la boca. Consiste en encontrar soluciones sin convertir a los pensionistas en rehenes del miedo.
A veces tengo la impresión de que hablamos de las pensiones como si fueran una gráfica sin rostro. Pero detrás hay personas que empezaron a trabajar siendo casi niños. Mujeres que compaginaron empleos mal pagados con cuidados que apenas les fueron reconocidos. Trabajadores que levantaron este país y que ahora escuchan con preocupación que quizá todo aquello por lo que cotizaron está en peligro.
Y también hay jóvenes que se preguntan si algún día tendrán una jubilación digna. No deberíamos enfrentarlos, porque el futuro de los jóvenes y la tranquilidad de nuestros mayores forman parte del mismo compromiso entre generaciones.
Volvamos a aquella casa canaria del principio. A la persona que comprueba si ya ha llegado la pensión.
Quizá no sepa qué es la capitalización individual ni cómo funciona el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, pero sabe perfectamente cuánto cuesta llenar la nevera y, sólo por eso, tiene derecho a conocer qué propone cada partido antes de decidir su voto.
No me escandaliza que se hable de reformar las pensiones. Me preocuparía más que nadie quisiera debatir su futuro.
Lo que me indigna es que alguien considere más conveniente esconder esa conversación hasta después del 29 de noviembre, porque entonces el problema deja de ser exclusivamente económico y se convierte en democrático.
No sabemos qué reformas se aprobarán después de las elecciones generales. Sería irresponsable presentar como decidido un recorte que todavía no está acreditado.
Pero sí sabemos qué se hizo en 2013, qué cambió en 2021, cómo ha evolucionado la hucha y qué se ha dicho esta semana.
Tenemos motivos suficientes para exigir respuestas, porque las pensiones no son una limosna que los gobiernos conceden cuando les conviene. Son un derecho construido con décadas de trabajo y un compromiso colectivo que debe sostenerse con responsabilidad.
Y, sobre todo, con verdad.
Porque cuando una persona mayor llega al supermercado, nadie le permite aplazar el precio de la compra hasta después de las elecciones.
La factura llega hoy.
La electricidad se paga hoy.
La vida ocurre hoy.
Y las explicaciones también deberían llegar hoy.
Así que sí, han sacado la patita.
Pero lo verdaderamente preocupante no es que alguien la haya enseñado.
Es que haya quien aconseje esconderla hasta que los ciudadanos ya hayan votado.