Hijos que estorban, adultos que dimiten

En los últimos días se ha instalado en el debate público un relato inquietante: padres y madres que, desbordados, acuden a la Administración porque dicen no poder “controlar” a sus hijos y piden que sea el sistema de protección quien se haga cargo. El mensaje se lanza desde instancias institucionales como si estuviéramos ante una “nueva realidad” inevitable, casi natural, ante la que poco cabe hacer más allá de asumirla y gestionarla. Y ahí empieza el verdadero problema.

Porque no es inocente cómo se nombra lo que ocurre. Hablar de “renuncias” a la patria potestad no solo es jurídicamente incorrecto, sino profundamente revelador del marco mental desde el que se interpreta la crianza. La patria potestad no es un derecho opcional ni una carga que se pueda devolver cuando pesa demasiado. Es un conjunto de deberes irrenunciables hacia los hijos e hijas, establecidos precisamente para protegerlos cuando los adultos fallan. Presentar estas situaciones como una suerte de decisión voluntaria de los progenitores banaliza la responsabilidad parental y genera una peligrosa confusión social.

Más preocupante aún es el enfoque que reduce todo a una supuesta incapacidad de “controlar” a los menores. Controlar. Como si educar fuera someter, como si criar consistiera en dominar conductas y no en acompañar procesos. Este lenguaje no es neutro: coloca el foco en niños y adolescentes como sujetos problemáticos y desplaza la responsabilidad de los adultos y del propio sistema. No se habla de acompañamiento, de vínculos, de límites coherentes, de presencia adulta. Se habla de control, y cuando este falla, de derivación.

Lo que brilla por su ausencia en este discurso institucional es cualquier análisis estructural. No se menciona el uso masivo y desregulado de pantallas desde edades cada vez más tempranas. No se habla de la falta de alfabetización digital de las familias ni de la sustitución de la presencia adulta por dispositivos. No se alude al deterioro de la salud mental infantojuvenil, ni a la precariedad vital de muchas familias, ni a la soledad con la que hoy se ejerce la crianza. Tampoco aparece la corresponsabilidad de las políticas públicas en esta situación.

Desde los poderes públicos se constata el síntoma, pero no se asume ninguna responsabilidad política sobre sus causas. No se anuncian programas sólidos de acompañamiento a la parentalidad, ni estrategias preventivas, ni una coordinación real entre servicios sociales, educación y sanidad. No hay propuestas de intervención temprana ni de fortalecimiento comunitario. Solo un relato descriptivo, casi resignado, que normaliza que cuando la crianza se vuelve difícil, el sistema de protección actúe como contenedor final.

Este planteamiento enlaza con una crisis más profunda que llevamos tiempo arrastrando: la de una sociedad que ha trivializado la decisión de tener hijos. Se tienen hijos “porque toca”, porque forma parte del guión vital esperado, pero sin una reflexión real sobre lo que implica sostener un proceso de crianza a largo plazo. Criar no es delegar, ni externalizar, ni esperar que otros arreglen lo que no se sostiene en el ámbito familiar. Criar exige tiempo, límites, implicación emocional y responsabilidad adulta. Y también exige apoyos públicos cuando estos fallan.

El problema no es que existan familias desbordadas; eso ha ocurrido siempre. El verdadero problema es que desde las instituciones se responda con un discurso pobre, sin horizonte político, sin atisbo de soluciones estructurales. Nombrar el fenómeno sin cuestionar el modelo es una forma elegante de eludir responsabilidades. Y cuando hablamos de infancia y adolescencia, esa evasión tiene consecuencias graves.

La crianza no es un asunto privado que, cuando fracasa, se deriva al sistema de protección. Es una responsabilidad social que requiere políticas públicas valientes, preventivas y sostenidas en el tiempo. Mientras sigamos aceptando discursos que gestionan el síntoma pero no afrontan las causas, seguiremos cronificando el problema. Y en ese proceso, quienes pagan el precio más alto no son los adultos desbordados, sino los niños, niñas y adolescentes a los que decimos proteger.