Presupuestos canarios 2026: a peor la mejoría

Los Presupuestos expresan las prioridades del Gobierno y de los grupos que le apoyan, señalando cuáles son sus preocupaciones esenciales y su modelo de país. Reflejan si se plantean propuestas transformadoras a corto, medio y largo plazo o si se intenta mantener lo que hay. Si se pretende alcanzar una mayor equidad social o conformarse con la actual y elevada desigualdad. Si se apuesta por la sostenibilidad y la lucha contra la Crisis Climática o por el desarrollismo sin límites. En ese sentido, las cuentas públicas canarias para 2026 muestran una orientación conservadora en los ingresos, con una fiscalidad que beneficia a los que más tienen; y un escaso compromiso con la inversión, con los servicios públicos y con sectores, como el primario, tan alabado en discursos como castigado por este Ejecutivo de las dos derechas en esta trascendental ley presupuestaria.

Se elabora en un marco económico marcado por el crecimiento del PIB, que puede estar este año por encima del 3,5%, y con positivos datos de empleo, en lo que son determinantes los récords en facturación turística. Sin embargo, todo eso convive con los bajos salarios y la elevada pobreza de las Islas, a lo que se añaden los altos precios de la vivienda o la muy cara cesta de la compra. Lo que confirma que hacen falta políticas desde las administraciones públicas, al margen del mercado, para luchar conta la desigualdad y contra la pobreza. Y este Gobierno suspende completamente en este ámbito.

Para empezar, se trata de unos presupuestos que han sido elaborados con un elevado grado de ficción. Unas cuentas de casi 12.500 millones de euros, con un aumento de 813,2 millones respecto al de 2025, pero en las que la mayor parte de este incremento, 498 millones (61%), corresponde a fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que en lo que va de legislatura el Gobierno de CC y PP ha demostrado sobradamente que es incapaz de ejecutar. Volverá a suceder.

Respecto a los ingresos, se mantiene la eliminación del impuesto de Sucesiones y Donaciones. Medida que supone una pérdida de 50 millones de euros anuales para la Comunidad canaria y un beneficio para las grandes herencias, las situadas por encima de 1,2 millones. Continúa la eliminación de la deducción por alza de precios que pusimos en marcha en 2022 y 2023 para las rentas menores de 30.000 euros. Su eliminación perjudica a los 514.053 contribuyentes que se beneficiaron en 2022 de estas deducciones o a los 363.375 que lo hicieron en 2023. Por otra parte, siguen sin cumplir su irresponsable promesa electoral de bajada del IGIC del 7% al 5%.

Abandono de sectores claves

El sector primario es el gran castigado por este Ejecutivo. Por ejemplificar, se incrementan más las partidas de publicidad y propaganda de Presidencia del Gobierno (25 millones de aumento), que los presupuestos de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, solo 12 millones más que en el presente ejercicio. Y sigue estando 12 millones por debajo de lo que tenía en el presupuesto del Pacto de Progreso del año 2023.

Las partidas de turismo potencian claramente la promoción, olvidando la renovación y transformación de los espacios turísticos obsoletos. Persisten sin retoque alguno en el actual modelo: el del incremento del número de visitantes que no impacta en una mejor distribución de la riqueza en la sociedad canaria.

Por otra parte, con un presupuesto incrementado en 2.300 millones en tres años, apenas 3 millones adicionales se destinan al organismo encargado de promover el empleo. Con recortes, además, para colectivos vulnerables y para la integración laboral de personas con especiales dificultades.

Respecto a Transición ecológica se construye un presupuesto ficticio y con consecuencias para el futuro. Del crecimiento anunciado, 453 millones de euros, unos 311 millones provienen de fondos europeos. El esfuerzo real del Ejecutivo de CC y el PP con fondos propios se reduce a 142 millones de euros. Lo que conducirá a un auténtico precipicio financiero una vez finalice el marco temporal de los fondos europeos, en agosto de 2026.

En Educación, el conjunto de la legislatura aleja a Canarias del compromiso con el 5% de inversión establecido en la Ley Canaria de 2014. Si el último presupuesto del Pacto de Progreso lo dejó en el 4,63%, este Gobierno lo cifra en un 4,07% para 2026. Con asuntos muy graves, como la desaparición de las becas del alumnado NEAE. Y sin que se posibilite superar nuestro retraso en la implantación de la infantil 0-3 años. Con una escasa inversión, por otra parte, en infraestructuras educativas, entre ellas las destinadas a adaptar a los centros a las consecuencias del cambio climático.

Además, y actuando en modo ayuso, se maltrata a nuestras dos universidades públicas. Incumpliendo los compromisos de financiación de estas, cuyos rectores habían venido reclamando 25,6 millones de euros adicionales para garantizar el funcionamiento básico de las universidades de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria. Tampoco ha sido capaz el Ejecutivo de sacar adelante el contrato programa plurianual, que les ofrezca estabilidad financiera. Y, por otra parte, se produce un recorte de 12,5 millones de euros en materia de I+D+i, incumpliendo, por tanto, el Pacto Canario por la Ciencia.

En el ámbito de la cultura, a la que denominan “pilar de identidad y cohesión social”, el pilar queda muy deteriorado cuando no se cumple con el 2% del presupuesto que establece la Ley Canaria de Cultura, ni se recupera lo retrocedido en anteriores ejercicios respecto a las cuentas públicas del último año del Pacto de Progreso.

Mala gestión y les sobra el dinero

Vuelven a producirse incrementos en sanidad, alcanzando los 4.837 millones de euros -3.000 millones de euros para la Atención Especializada y 1.488 millones a Primaria-, pero no se evalúa el sistema ni se afrontan sus problemas y déficits, como las persistentes listas de espera para pruebas diagnósticas o la crisis en las urgencias. Y sigue sin abordarse con decisión la salud mental, con un gran incremento de la demanda en esta materia y que precisa de más recursos y de más profesionales para dar respuesta a uno de los mayores y crecientes problemas sociales. El cambio de modelo es urgente: la sanidad debe moverse hacia un enfoque basado en los cuidados, la prevención, la salud comunitaria y el fortalecimiento real de la Atención Primaria.

Aunque, como señalábamos antes, los presupuestos se han incrementado globalmente en 2.300 millones de euros en el acumulado de 2024, 2025 y 2026, el Gobierno hace bien poco en materia social. Así, mantiene bloqueada la Renta Canaria de Ciudadanía, cuya dotación pasa de 104,3 millones en 2025 a 113,3 millones en 2026. Y, además, sin ejecución real ni desarrollo reglamentario de los complementos de vivienda, educación o pensiones. Además, en la quinta comunidad con más casos de violencia machista, el Ejecutivo de CC y el PP recorta fondos esenciales y disfraza las cifras del Instituto Canario de Igualdad.

Igualmente, en plena crisis habitacional, constituye un incuestionable fracaso el ámbito de la vivienda, una de las principales preocupaciones ciudadanas, al destinar apenas 25 millones de euros en las cuentas canarias para 2026, una cantidad que no da ni para construir 300 nuevas viviendas públicas.

Y, mientras eso sucede, y no se destinan los recursos que se precisan para educación, vivienda, universidades, sector primario, ciencia, cultura o políticas de empleo, al Gobierno de Canarias le van a sobrar tres mil millones presupuestados y no ejecutados en los ejercicios de 2023 (1.090 millones), 2024 (1.286) y 2025 (calculamos que unos 800). Van sobrados.

Como acertadamente denunció el portavoz parlamentario de NC-bc, Luis Campos, los presupuestos para 2026 potencian un modelo económico desarrollista que perpetúa la desigualdad y concentra la riqueza en unas pocas manos, ese 1% de la población del Archipiélago que aglutina el 30% de la riqueza de las Islas. Si se quiere combatir la elevada desigualdad, la pobreza y la exclusión social que padece Canarias, resulta esencial actuar sobre los salarios, los impuestos y la inversión pública.

La Ley de Presupuestos tienen que servir para mejorar la vida de la gente. Un instrumento transformador que, a través de una fiscalidad progresiva, la inversión, las diferentes políticas públicas, contribuya a un mayor y más justo reparto de la riqueza. Situados en el proceso de debate y aprobación del penúltimo presupuesto de la legislatura, esta necesidad transformadora no figura

en la hoja de ruta del gobierno conservador canario. Por eso, NC-bc presenta, justificadamente, una enmienda a la totalidad a estas cuentas públicas.

Román Rodríguez es secretario nacional de Estrategia, Programas y Formación de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc).