El Gobierno canario firma con las notarías un convenio para reducir plazos en las expropiaciones
El Gobierno de Canarias ha firmado este martes un convenio de colaboración con el Consejo General del Notariado (CGN), el Colegio Notarial de Canarias (CNC) y el Centro Tecnológico del Notariado para mejorar la gestión pública en materia de expropiaciones.
Así lo ha anunciado el Ejecutivo autonómico, que señala asimismo que el acuerdo permitirá a la Comisión de Valoraciones de Canarias acceder a información real, actualizada y anonimizada sobre operaciones inmobiliarias, con el objetivo de ajustar la fijación del justiprecio a la realidad del mercado.
El consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, ha destacado que esta alianza supone “un paso decisivo para modernizar la gestión pública y garantizar procesos más justos y transparentes”, al incorporar datos objetivos en la valoración de los bienes expropiados.
“Más datos significa mejores decisiones”, ha señalado, a la par que ha apuntado que esta herramienta permitirá reducir la incertidumbre en los expedientes y evitar discrepancias en la determinación de los precios, uno de los principales focos de conflicto en los procedimientos expropiatorios.
“En este sentido, el convenio refuerza la seguridad jurídica tanto para la Administración como para la ciudadanía afectada, al basar las valoraciones en referencias de mercado fiables y contrastadas. Además, contribuirá a agilizar la tramitación de los expedientes, al disponer de criterios más claros y homogéneos”, añade el comunicado.
El sistema facilitará asimismo información sobre compraventas de inmuebles -como tipología, superficie o precio por metro cuadrado- que permitirá a la Administración afinar sus valoraciones con mayor precisión.
La presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Pilar Barrio Del Olmo, ha señalado que “la base de este convenio son los datos contenidos en el Índice Único Informatizado Notarial, es decir, referencias de las escrituras que autorizamos los notarios”.
“Por tanto, hablamos de datos auténticos y actualizados”, ha apostillado.
Con esta iniciativa, el Gobierno de Canarias ha dicho avanzar en su objetivo de reforzar la confianza en lo público, “garantizando procesos de expropiación más ágiles, más transparentes y con mayores garantías para la ciudadanía”.
“La firma del acuerdo no supone ningún coste económico para la Administración y tendrá una vigencia inicial de cuatro años, prorrogables por otros cuatro, en el marco de una apuesta por la colaboración institucional y el uso de la tecnología al servicio de una gestión pública más eficaz”, ha concluido Elena Zárate, viceconsejera de Planificación Territorial y Reto Demográfico del Gobierno de Canarias.