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El Gobierno canario quiere fraccionar la construcción de los trenes de Gran Canaria y Tenerife por la falta de fondos

Efe / Canarias Ahora

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Los primeros tramos de los trenes previstos en Gran Canaria y Tenerife pueden comenzar a construirse antes de que finalice la presente legislatura, en 2027, según ha previsto este miércoles el consejero regional de Obras Públicas y Movilidad, Pablo Rodríguez.

Antes de presentar, junto con las directoras generales de Transportes e Infraestructuras Viarias, María Fernández y Rosana Melián, la hoja de ruta definida por este departamento con el horizonte de 2040, cuando el Ejecutivo regional se plantea la descarbonización del archipiélago, Rodríguez ha aludido a las infraestructuras ferroviarias previstas en estas dos islas, que tienen un coste estimado de más de 4.000 millones de euros.

“Llevamos dos décadas hablando de los trenes, pero tengo que reconocer que estamos en el punto más próximo a verlos de manera real, entre otras cuestiones porque se han fragmentado en fases. Ya no estamos planteándonos que hacen falta 4.000 millones para verlos, sino que estamos hablando de tramos por unos 300 o 400 millones, que se pueden afrontar”, ha referido, sin explicar qué garantías hay de disponer de financiación para los sucesivos tramos una vez iniciada la construcción.

Respecto al tren de Gran Canaria, ha recalcado que existe la posibilidad de que el Cabildo sea beneficiario de fondos europeos para afrontar los primeros tramos (los siguientes no) y también, “por primera vez” (según el consejero) el Gobierno canario tiene “una interlocución con el Gobierno de España que ve con buenos ojos la posibilidad de incorporar la red ferroviaria canaria a la estatal y que, por lo tanto, dispongamos de una financiación estable”.

Aunque ha admitido que la financiación “bastante limitada” con la que Canarias ha contado hasta ahora en cada presupuesto general del Estado para estos fines “ha permitido redactar los proyectos”, Rodríguez ha dicho que “con los fondos europeos y la posibilidad de incorporarnos a la red estatal, vamos a poder licitar obras”.

Los primeros tramos en Gran Canaria están bastante claros, entre Vecindario y el aeropuerto, donde está la cochera, y en Tenerife se están definiendo que estén entre San Isidro y Las Américas, en el sur, ha precisado.

Pablo Rodríguez ha asegurado que la licitación que, en el caso de Gran Canaria, tiene que hacer Ferrocarriles de Gran Canaria, va a depender en gran medida del éxito que tenga la petición de subvención europea que haga esta corporación.

“Si los fondos de la subvención europea están y se dan, estoy convencido de que en esta legislatura se podrá licitar ese primer tramo” del tren proyectado en Gran Canaria.

Sobre este asunto, la directora general de Transportes la comunidad autónoma, María Fernández, ha recalcado que el Gobierno canario “está luchando, de la mano de los cabildos, con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para que, por primera vez en la historia, se reconozcan los trenes de Gran Canaria y Tenerife en la propia inversión del Estado”. Cabe recordar que, en el caso de Tenerife, el Plan Insular de Movilidad Sostenible de Tenerife elaborado por el propio Cabildo insular priorizaba los carriles bus y relegaba los trenes a un segundo plano. El documento analizaba 17 alternativas que incluían infraestructuras de transporte a estudiar por el Cabildo y concluyó que la más idónea es la que planteaba hasta tres vías exclusivas para guaguas, aparcamientos disuasorios y ampliación del tranvía, no trenes.

Menos coches, sin mencionar los de alquiler

“Hemos tenido, por primera vez en la historia también, una mesa técnica con el Ministerio en la que hemos sentado las bases de que estamos de acuerdo en que tenemos que tener una herramienta legislativa que reconozca nuestros trenes y que los incluya en sus estrategias de inversión y una herramienta de financiación estable, como un contrato programa o un convenio, porque no podemos afrontar unas infraestructuras de estas características negociando financiación presupuesto a presupuesto, dependiendo de si nuestro voto es necesario o no”, ha aseverado.

Fernández ha destacado que al ministro del área, Óscar Puente, “no se le hace ajena la necesidad de tener trenes en las islas”.

“Cuando hemos hablado con él ha aludido a la variante de Pajares (León/Asturias), que mueve una densidad de población que no llega ni al 8% de la que tenemos en Canarias, no solo propia, sino de turistas. No hay mayor rentabilidad que la de los trenes en el archipiélago y el necesario acompañamiento a los modos de transporte para acabar ya con esa movilidad de mucho vehículo, atasco y pérdida de tiempo en las carreteras”, ha apostillado, sin hacer ninguna mención al impacto que suponen los vehículos de alquiler o si se prevé implantar alguna medida para su limitación.

La Consejería que dirige Rodríguez prevé definir en los próximos meses la herramienta que dote de financiación estable a los trenes canarios, con el fin de que los próximos presupuestos generales y la Ley de Movilidad Sostenible que está a punto de aprobar el Congreso de los Diputados la contemplen.

Además, la directora general de Transportes ha aludido a la Ley de Movilidad Sostenible en la que trabaja este departamento del Ejecutivo canario que, frente a la de 2007, que no contempla el transporte guiado, “va a ser una oportunidad para incluir esos modos de transporte que son el presente”.

“La primera Ley de Movilidad Sostenible de Canarias hablará de movilidad, desarrollo y sostenibilidad. Tenemos que partir de una participación ciudadana muy activa, para lo que nos vamos a tomar el tiempo que sea necesario porque esto ya no se trata de gobiernos que se encierran en un despacho para elaborar leyes alejadas de la sociedad. La que trabajamos tiene que servir, representar, estar a disposición del ciudadano y del sector profesional y tiene que contemplar las infraestructuras viarias e intermodales, que son elementales para tener una movilidad más eficiente, sostenible y amable con el medio ambiente”, ha resaltado.

Fernández ha manifestado que “la movilidad es un derecho social, un elemento cohesionador”.

“Con esa perspectiva de diálogo y de poner el ciudadano en el centro vamos a arrancar una etapa en la que lo que construyamos, si lo hacemos de manera adecuada, va a tener una mayor utilidad y permanencia en el tiempo, que es lo que tenemos que buscar los servidores públicos”, ha apostillado.