El PSOE denuncia que el Gobierno no incluye cláusulas sociales en sus contratos
La diputada del grupo parlamentario Socialista Patricia Hernández ha afirmado este martes en el pleno del Parlamento de Canarias que el Gobierno de Canarias no incluye cláusulas sociales en sus contratos públicos y ha dicho al vicepresidente del ejecutivo canario, Pablo Rodríguez, que deberían justificar siempre que un contrato no tenga esas cláusulas.
Hernández ha afirmado que “está muy bien” que las cláusulas se lleven a rango de ley, como pretende hacer el Gobierno de Canarias, pero que, a no ser que el vicepresidente demuestre lo contrario, el Gobierno autonómico “lleva más de un año sin aplicar ni una cláusula social”.
La socialista ha precisado que hay que evitar que se saque ventaja “a costa de los trabajadores” aprovechándose de la desigualdad de las mujeres y la precariedad en las condiciones laborales y para ello, el uso de las cláusulas “es imprescindible”.
Pablo Rodríguez ha negado que haya habido contratos sin cláusulas sociales y ha enumerado varias licitaciones públicas elaboradas por varias consejerías del Gobierno de Canarias que sí las han incorporado.
El vicepresidente ha manifestado que el comisionado de inclusión social y lucha contra la pobreza trabaja en un borrador de ley sobre cláusulas sociales para que se genere capital social y medioambiental y se incluyan criterios de producción ecológica y fortalecer la inserción laboral.
En ese anteproyecto de ley, ha asegurado Rodríguez, se abrió un proceso participativo para recabar la opinión de las organizaciones sociales afectadas por la futura norma pero no se registraron aportaciones y se continuó con el procedimiento establecido.
El diputado del grupo Mixto Jesús Ramos Chinea ha expresado que a pesar de la utilidad de estas cláusulas no se han implementado en todos los contratos, especialmente entre los contratos menores que es la modalidad de contrato más utilizada en el sector público.
Ramos Chinea ha indicado que la administración debería fomentar, si de verdad está comprometida, únicamente aquellos contratos que incluyan cláusulas sociales porque el sector público “debe dar ejemplo”.
El diputado de Nueva Canarias Luis Alberto Campos ha señalado que la realidad es que el fracaso con las cláusulas sociales es “absoluto” porque “probablemente” pocas consejerías las están llevando poco a cabo esto.
“Muy pocos contratos han tenido estos elementos como guía a la hora de elaborar los pliegos y aquellos que la han tenido, su capacidad de seguimiento ha sido nula”, ha agregado Campos.
Manuel Marrero, del grupo parlamentario de Podemos, ha estimado “oportuna” la petición de esta comparecencia porque “a veces se hacen leyes que se convierten en papel mojado y no se llevan a la práctica”.
Marrero ha incidido en que las cláusulas sociales son una “conquista social” y ha dicho que a su grupo parlamentario le gustaría saber si esas cláusulas sociales que Rodríguez dice que se han incluido en algunos contratos de la administración canaria han sido de obligado cumplimiento y si se ha hecho una vigilancia expresa para ver si se han cumplido.
José Tomás Estalella, del grupo Popular, ha reseñado que se encuentran en nueva de la contratación pública en donde los procesos de licitación deben ser más simples para reducir la carga administrativa para todos los actores implicados.
Estalella ha aseverado que es cierto que el gobierno “no ha sido diligente” a la hora de aplicar las cláusulas que había pactado con el PSOE en su acuerdo de gobierno y ha asegurado que para su grupo es una “obligación” mejorar este ámbito.
Socorro Beato, de Coalición Canaria, ha asegurado que es verdad que en algunos contratos se ha primado el precio y que, incluso, algunas empresas “han conculcado los derechos de los trabajadores”.
“La ley estatal sobre cláusulas sociales no es obligatoria sino potestativa y el gobierno de Canarias aboga no porque sea una directriz sino que sea una ley y, por esto, obligará a los licitadores a cumplir unas condiciones mínimas”, ha concluido.
